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Defensores de DDHH piden a parlamentos del Reino de Países Bajos abordar situación de venezolanos en las islas
Las ONG extendieron esta solicitud con motivo de la Consulta Interparlamentaria del Reino de Países Bajos que tendrá a la migración como uno de los temas principales de la agenda

 

Amnistía Internacional (AI), Refugee Work Holanda y Human Rights Defense Curazao (HRDC) enviaron una carta a los presidentes de los parlamentos de Países Bajos, Curazao, Aruba y Sint Maarten para que presten atención especial a los refugiados y “migrantes en crisis” venezolanos que buscan “seguridad y estabilidad” en las islas del Caribe Neerlandés.

Las ONG extendieron esta solicitud con motivo de la Consulta Interparlamentaria del Reino de Países Bajos (IPKO), que comienza este 28 de febrero en Willemstad y que tendrá a la migración como uno de los temas principales de la agenda.

En el texto, los defensores de DDHH agregan que “las personas que trabajan en la construcción, la restauración, el cuidado de ancianos y la agricultura también son encarceladas y deportadas sin piedad. Miles de ellos están condenados a esconderse durante años y a ocupar una posición inferior, mal pagada y explotada en el mercado laboral”.

La ONG curazoleña critica al gobierno de Países Bajos por “financiar la renovación de los infames ‘cuarteles de extranjeros’”, advirtiendo que “la gente se equivoca gravemente al pensar que esto ha llevado a una recepción digna de los indocumentados encarcelados, de acuerdo con los estándares humanitarios internacionales”.

HRDC suscribe el último informe elaborado por AI, que arrojó como conclusión que la situación de los migrantes venezolanos que buscan protección en Curazao no ha mejorado de forma sustancial. “A pesar de los pequeños pasos que han dado las autoridades de Curazao, éstas continúan negando protección a las personas venezolanas, entre ellas niños y niñas, y las siguen deteniendo automáticamente en condiciones inhumanas”, aseveró Amnistía Internacional el pasado 7 de febrero.

*Con información de Crónicas del Caribe

Petro a Maduro: Reingrese a Venezuela al Sistema Interamericano de DDHH
La invitación a Maduro se produce tres días después de que Human Rights Watch le pidió a Petro que aproveche el reciente restablecimiento de relaciones con Venezuela para impulsar el respeto a los derechos humanos en ese país

 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo Nicolás Maduro que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual se retiró hace una década, para de esta forma fortalecer la democracia en la región.

«He invitado al presidente del país vecino (a) que reingrese su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (…) Yo le digo en solicitud respetuosa al vecino país: Fortalezcamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no haya persecución política en América del Sur; para que la democracia se pueda profundizar; para que la libertad sea el sinónimo del cambio político; para que la diversas expresiones de Suramérica se puedan encontrar, se puedan integrar», manifestó.

Petro añadió que espera «respuesta a esta solicitud» y dijo que él puede dar fe de la validez del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: en una sentencia del 8 de julio de 2020, la CorteIDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones a diversos derechos suyos.

«Le he dicho (a Maduro), yo soy presidente porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me defendió, porque de lo contrario aquí el fascismo me hubiera quitado mis derechos políticos, me había ya inhabilitado por 15 años», recordó el mandatario.

Lee también: Petro ordena cerrar trochas en frontera con Venezuela

HRW detrás de la invitación de Petro a Maduro

La invitación a Maduro se produce tres días después de que Human Rights Watch (HRW) le pidió a Petro que aproveche el reciente restablecimiento de relaciones con Venezuela para impulsar el respeto a los derechos humanos en ese país y al mismo tiempo abordar la crisis humanitaria que ha obligado al éxodo a más de 7,1 millones de personas.

«Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela», señaló HRW en una carta enviada a Petro el pasado 24 de octubre.

Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), mecanismos a los que el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013), acusó de estar manipulados por Estados Unidos.

La salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se hizo efectiva en septiembre de 2013, seis meses después de la muerte de Chávez, que fue sucedido por Maduro, quien señaló entonces que la Corte IDH y la CIDH «degeneraron y se creen un poder supranacional» por investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país.

Información de EFE

Espacio Público: Casos de violación a la libertad de expresión suben 28 %
De acuerdo con la ONG, septiembre «cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión» ha registrado en lo que va de 2022

 

Foto: Medianálisis

Un reporte de la ONG Espacio Público divulgado el 3 de octubre reveló que en Venezuela hubo 27 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión en septiembre, lo que representa un aumento del 28 % respecto a agosto, cuando se documentaron 21 hechos. 

De acuerdo con la ONG, septiembre «cerró como el mes que más casos de violaciones a la libertad de expresión» ha registrado en lo que va de 2022. En su mayoría, se documentaron censura, restricción administrativa e intimidación.

En enero de 2022, Espacio Público registró 24 casos; en febrero, 19; en marzo, 20; en abril, 8; en mayo, 11; en junio, 12; en julio, 15; y en agosto, 21. Fueron, en total, 157 casos en los primeros nueve meses del año.

Las «principales víctimas de violaciones a este derecho fundamental en septiembre fueron los medios de comunicación». A este grupo le siguen la «ciudadanía en general» y periodistas, mientras que los «principales victimarios» fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, «desconocidos» y funcionarios.

En todo 2021, esta organización documentó 244 casos de violaciones a la libertad de expresión. Esta cifra, si bien representa una reducción de 37 % respecto a 2020, «no implica una mejora estructural de la situación», según Espacio Público.

En 2020, se computaron 390 casos; en 2019, se contabilizaron 468; en 2018, se registraron 387; y, en 2017, se llegó a un pico de 708.

Espacio Público documenta interrupciones al servicio de internet

A finales de septiembre, Espacio Público presentó un informe en donde evidencia que entre enero y agosto de 2022 las interrupciones del servicio de internet no solo limitan el derecho de la población a acceder a información de forma oportuna, sino también la posibilidad de difundirla.

Según la ONG, durante esos ocho meses se documentaron al menos 50 interrupciones generales del servicio de internet, lo cual supone un incremento del 284% con relación al número registrado en el mismo periodo del 2021. 

«La alta incidencia de este tipo de casos sumó a las restricciones a la libertad de expresión en línea, los cuales ascendieron a 74 episodios, lo que se traduce en el 58% del total de los casos de violación a la libertad de expresión registrados en lo que va de 2022″, se lee en el informe.

Espacio Público indicó que las fallas fueron generadas principalmente por las constantes caídas del sistema eléctrico, administrado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y deficiencias en el servicio que presta el principal proveedor de telecomunicaciones del país, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Con información de EFE

Recrudecen ataques a defensores de DDHH en Venezuela, según ONG
El Centro para los Defensores y la Justicia detalló que, de los 27 hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, 9 fueron casos de estigmatización y 5 amenazas

 

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó este 19 de septiembre que en Venezuela se registraron 27 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos (DDHH) en agosto. Aunque se trata de 46 % menos que en julio, señala la organización, se trata de «agresiones más violentas».

La organización insistió, en su reporte mensual, en que los 27 ataques documentados en agosto dejan registro de «actos de intimidación, hostigamiento, amenazas bajo la aplicación de la lógica del enemigo interno en contra de quienes ejercen actividades de documentación y denuncian las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela».

Pese a que se registraron 23 ataques menos que en julio, cuando se contabilizaron 50 incidentes contra defensores y organizaciones de derechos humanos, se incrementó la violencia aplicada en la mayoría de casos.

La ONG detalló que de los hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, 9 fueron casos de estigmatización y 5 amenazas.

Apuntó que se mantiene la «política de criminalización en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos», al igual que las «campañas sistemáticas de estigmatización (…) señalamientos y descalificaciones».

«En agosto, persistió el discurso descalificatorio en contra de las organizaciones y personas defensoras, partiendo principalmente de expresiones de descrédito y acusaciones infundadas sobre el uso de la cooperación internacional con fines injerencistas», subrayó.

En cuanto a los victimarios, 12 de los hechos fueron responsabilidad de instituciones públicas, 7 fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, 4 por medios de comunicación estatales, 2 por funcionarios públicos y otros 2 por personas o grupos afectos al oficialismo, según la fuente.

ISHR pide mantener foco sobre DDHH en Venezuela

El Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), instó este martes, 30 de agosto, a mantener el foco sobre los DDHH en Venezuela.

En un texto firmado por Eleanor Openshaw, se recordó que la Misión de las Naciones Unidas ha trabajado energéticamente con “vistas a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Asimismo, se destacó que la Misión encontró pruebas de probables crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del gobierno.

También, resaltan, elaboró recomendaciones sobre cómo abordar las bases estructurales y sistémicas de una serie de «graves violaciones».

El ISHR señala, además, que han sido testigos de algunos cambios en la situación de los derechos humanos, incluso en lo que respecta al patrón de comportamiento de los autores. 

Sin embargo, consideran que esto es insuficiente. «El número de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela sigue siendo escandalosamente alto», advierten en el texto.

En ese sentido, citan cifras de la ONG Provea, quienes señalan que, a pesar de la reducción de las cifras, en 2021 hubo 1.414 ejecuciones extrajudiciales.

Con información de EFE

Fiscalía y Acnudh se reunieron para abordar temas de protección y defensa de DDHH
El pasado 5 de mayo, el gobierno de Maduro y la Acnudh se reunieron también para revisar los avances del memorando de entendimiento firmado en 2019 sobre cooperación y asistencia técnica

 

Foto: @TarekWilliamSaab

La Fiscalía General de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) sostuvieron este 2 de junio un encuentro en el que abordaron «temas de protección y defensa» de las garantías fundamentales, informó el fiscal Tarek William Saab.

Detalló, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que se trató de una reunión de «evaluación» y «coordinación» con el equipo de la alta comisionada, Michelle Bachelet, que tuvo lugar en la sede del Ministerio Público, en Caracas.

«Positiva reunión de evaluación y coordinación con el equipo internacional de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Avanzando en temas de protección y defensa de los Derechos Humanos», dijo Saab.

El pasado 5 de mayo, el gobierno de Nicolás Maduro y la Acnudh se reunieron también para revisar los avances del memorando de entendimiento firmado en 2019 sobre cooperación y asistencia técnica.

Con información de EFE

Lacava demanda a activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado por acusación de violación de DDHH
El abogado Joel García, especialista en derecho penal, explicó a Runrunes que no se comete el delito de difamación por pedir que se investigue a alguien

 

Los activistas Alfredo Infante y Marino Alvarado recibieron este 16 de mayo la notificación de una demanda por difamación del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, tras la solicitud de ambos de que se investigue su presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante (coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla), tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales», informó la ONG Provea en su cuenta en Twitter.

La organización aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».

El mensaje fue acompañado de un video en el que Alvarado indicó que la notificación fue recibida el día de hoy por parte de un tribunal penal de Carabobo.

«Supuestamente, lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», señaló Alvarado.

Apuntó que esta demanda es «la consecuencia» de ser exigentes en materia de derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.

Al respecto, insistió en que «pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad» en hechos de violación a garantías fundamentales y rechazó que estén acusando a Lacava de algún hecho.

«No estamos diciendo que el gobernador es responsable, estamos diciendo que debe investigarse su presunta responsabilidad y esa es la labor del Ministerio Público», añadió.

Finalmente, Alvarado hizo un llamado a que sean investigadas no solo las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo sino los 1.414 hechos de este tipo que tuvieron lugar en 2021 en todo el país y los 3.034 contabilizados en 2020, según afirmó.

No hay tal difamación

En Runrunes consultamos al abogado Joel García, especialista en derecho penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos, sobre la demanda a Infante y Alvarado.

El jurista indicó que no se comete el delito de difamación por pedir que se investigue a un funcionario público:

«Una cosa es hacer una imputación pública (decir que se investigue a alguien, como lo que están haciendo Alvarado e Infante) y otra cosa es hacer una denuncia. La denuncia la puede realizar cualquier persona cuando está en conocimiento de un hecho punible; si esa denuncia es maliciosa, es mentira, ahí sí es responsable [quien denuncia]. Pero en el caso de Alvarado él lo que está pidiendo es que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se investigue al gobernador Lacava por la responsabilidad de los mandos que tiene. Pero en sí no hay difamación alguna».

Añade García que cuando Infante y Alvarado se refieren a Lacava dicen ‘exhortamos al Ministerio Público y al defensor del pueblo a que contribuyan con estas investigaciones’. No están difamando, están pidiendo que se investiguen«.

Con información de EFE

Informe Anual Provea: Impunidad estructural favorece ejecuciones en Venezuela
14 derechos humanos fueron analizados en el más reciente Informe Anual sobre DDHH en Venezuela
Representantes de Provea señalaron que Venezuela sigue marcada por la violación masiva y sistemática del derecho a la vida
Múltiples denuncias hechas contra el Estado venezolano pudieran constituit crímenes de lesa humanidad

@ValeriaPedicini/ Foto: Valeria Pedicini

El Programa de Educación Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) presentó la más reciente edición de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2021.

Durante la presentación de la organización se mostraron los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país. 

Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, explicó que hubo cuatro tendencias en los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela:

  1. El afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas.
  2. El ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica.
  3. La actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo.
  4. Amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.

Uzcategui mencionó que Venezuela sigue viviendo bajo una política de Estado enmarcada en la violación masiva y sistemática del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.

Asimismo, señalaron que en Venezuela existe una ventana de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, asunto del que se encarga la Corte Penal Internacional (CPI).

A continuación, en Runrun.es presentamos un resumen con las claves más importantes del informe anual de Provea:

Derecho a la alimentación

  • El hambre continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable: La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021; 38,4% en 2021-2023 y 61,7% entre 2028-2030.
  • Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.
  • Los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua y electricidad. 
  • La escasez de combustible generó reducción en la producción de leche, impidió el traslado de alimentos hacia los mercados y ocasionó la pérdida de cosechas.
  • La crisis económica ha generado el empobrecimiento masivo de la población, con una reducción importante del ingreso real que ha impactado de forma directa en la alimentación.
  • Durante 2021, los hogares en pobreza extrema redujeron el gasto en alimentos en 13,3%.
  • 20% de los niños menores de 6 meses sufre de desnutrición, según la Sociedad Venezolana de Pediatría. 
  • La proporción de niños y niñas menores de 5 años con retraso del crecimiento fue 23% y en aquellos entre 5 y 17 años fue de 25%. 

Derecho a la educación

  • Según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos, 682.000 niños abandonaron la escuela básica desde 2018.
  • 45.6% de los niños que no asisten a la escuela dijeron que no cuentan con alimentos en el hogar, según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos.
  • La Encuesta Nacional sobre la Juventud reflejó que 821.000 jóvenes de entre 15 y 19 años y 880.000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.
  • De acuerdo con la información oficial, en 2021 se inauguraron apenas 13 nuevos planteles a nivel nacional. 
  • 92 incidentes de inseguridad se registraron en las universidades durante el primer trimestre de 2021. 

Derechos laborales

  • En 2021, la pobreza total por ingresos alcanzó 94,5%, mientras que la pobreza extrema subió hasta 76,7%.
  • Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a $2,18 de ingreso al mes.
  • 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.
  • En el sector privado, solo 10% no es pobre y en el sector público solo el 4%.
  • Las reiteradas violaciones laborales dieron origen a manifestaciones, en muchos casos reprimidas, ocasionando retaliaciones contra trabajadores y líderes sindicales.

Derecho a la salud

  • En 2021, Provea registró 71.186 denuncias sobre violaciones al derecho a la salud en centros de atención públicos. Un aumento de 340% respecto al año anterior.
  • Hasta diciembre de 2021, el gobierno notificó un total acumulado de 444.635 casos y 5.324 muertes por COVID-19, con un alza de 292% y 418% con respecto a lo registrado en 2020.
  • Venezuela bajó del puesto 176 al puesto 185 entre 195 países en el Índice Global de Seguridad Sanitaria con un puntaje de apenas 20 sobre 100. 
  • En 2021 aumentó a 70% el retiro personal médico y a 80% el del personal de enfermería de los centros de salud públicos en el país. 
  • Entre 2019 y 2021, Venezuela se ubicó en el grupo de países con bajas coberturas de vacunación contra el sarampión, rubéola y parotiditis, por debajo de 80%.

Derecho a la seguridad social

  • El beneficio recibido con los 28 bonos asignados durante todo el año equivale en la totalidad a la ínfima suma de $82,4; por lo tanto, cada beneficiario recibió $0,22 diarios. 
  • Durante 2021 hubo un aumento de 39.478 pensionados bajo la modalidad de pensionados contributivos. Sin embargo, tiene tendencia a la baja observando los años anteriores.
  • En 2021 hubo una disminución 73.334 en el número de pensiones otorgadas a través de la Gran Misión Amor Mayor, equivalente a 22,64%. 
  • Entre 15.000 y 20.000 pensionados venezolanos que residen en el exterior continúan a la espera del pago de sus pensiones que le adeudan desde el año 2016.
  • Jubilados, pensionados y adultos mayores fueron los actores que más se hicieron sentir en las protestas bajo el lema “Por una pensión justa”, siendo esta de 7 bolívares, equivalente a $1,8.

Derecho a un ambiente sano

  • En 2021, la gestión de Maduro reafirmó basarse en un modelo extractivista depredador del ambiente y de los derechos humanos.
  • 32 defensores ambientales fueron asesinados en Venezuela entre 2013 y 2021, a manos de militares y grupos irregulares armados.
  • En el Parque Nacional Yapacana, han sido arrasadas, al menos, 2.227 hectáreas producto del auge de la minería ilegal, atizada por el Arco Minero del Orinoco.
  • En el Parque Nacional El Ávila se reportaron ocupaciones ilegales, cuyo propósito sería la expansión de la frontera agrícola y la construcción de nuevas viviendas.

Derecho a la vivienda

  • Provea contabilizó que 4.182 viviendas nuevas habían sido construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela entre enero y diciembre de 2021. La diferencia con las cifras divulgadas por el gobierno es de 495.818 viviendas.
  • El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció que entre los meses de junio a septiembre de 2021 los bienes y servicios de vivienda y educación, equipamiento del hogar y los costos del transporte fueron los que más variaron de precios.
  • Desde 2019 se han construido 11.273 viviendas, mientras que el gobierno señala haber construido 1.453.338.
  • El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2021 ocurrieron 191 protestas en todo el país por demanda de servicios básicos.
  • Existen comunidades que no tienen acceso al servicio de agua desde hace ocho años y deben caminar kilómetros para llenar un tobo de agua desde un surtidor público.

Derecho a la integridad personal

  • En 2021, Provea registró 241 víctimas de torturas a nivel nacional. Un aumento de 148,4% respecto al año anterior. Es el segundo registro más alto de los últimos 33 años. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue responsable de torturar a 155 personas.
  • En el 60,9% de las denuncias de torturas registradas en 2021, las víctimas dijeron haber sufrido abuso sexual que en varios casos incluyó violación.
  • Provea registró 489 víctimas de tratos crueles a nivel nacional. El 44,3% de los afectados denunció haber sido expuesto a desnudez colectiva y amenazas de violación por parte de agentes de seguridad.
  • El 41,3% de las víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes registrados en 2021 fueron mujeres que denunciaron haber sido víctimas de golpizas y maltratos psicológicos, en su mayoría, a manos de agentes de seguridad del género masculino. 
  • Las sedes del CICPC de El Hatillo y de la DGCIM en Boleíta concentran el 43% del total de casos de torturas registrados entre 2018 y 2021, con al menos 441 personas torturadas en ambos recintos.

Derecho a la justicia

  • Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Venezuela quedó en el último lugar de 139 países examinados en materia de Justicia Penal y de penúltimo lugar en Justicia Civil.
  • En 2021 el Estado puso en marcha una estrategia engañosa para mostrar cooperación con la Corte Penal Internacional en el marco del examen preliminar sobre Venezuela.
  • Las instancias internacionales de derechos humanos pusieron de manifiesto su preocupación sobre las evidencias de tortura, malos tratos, violaciones la debido proceso y detenciones arbitrarias que se han ejecutado de forma sistemática en Venezuela desde 2014.
  • El sistema de justicia generó un punto de quiebre durante 2021, al incorporar un nuevo perfil de víctimas dentro de sus dinámicas de persecución: las organizaciones humanitarias. 
  • Durante 2021, la justicia venezolana continuó negando las demandas de la oposición y el chavismo disidente que tenían por objeto garantizar su derecho a la participación en el marco de eventos electorales.

Derecho a la libertad personal

  • En 2021, Provea registró un total de 771 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución de 95,4% respecto a 2020. 
  • El 91,8% de las detenciones fueron practicadas durante operativos policiales y militares, la mayoría de ellos, desplegados en el marco de las restricciones de movilidad generadas por la pandemia de COVID-19.
  • 62,7% de los afectados fueron hombres, en su mayoría trabajadores u obreros; dirigentes políticos y líderes sociales; miembro de ONG y personal de salud.
  • Se registraron 19 detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones, lo cual significa una disminución de 96,3% respecto a 2020.
  • En 2021, se registraron 22 casos y 39 víctimas de privación de libertad por razones políticas, una disminución de 98,7% respecto a 2020.

Derecho a la participación

  • Aumentaron las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, como consecuencia del recrudecimiento de la política de represión y el control social. 
  • La mayoría de las protestas registradas en 2021 fueron motivadas por la demanda de servicios públicos y mejores condiciones de vida.
  • Durante el 2021, se mantuvieron las mismas violaciones y condiciones de presión contra sindicatos, gremios y organizaciones de trabajadores de empresas e instituciones públicas.
  • La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 8 casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles.

Derecho a la vida

  • 1.414 personas fueron asesinadas por policías y militares venezolanos entre enero y diciembre de 2021.
  • El elevado número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad es consecuencia de la impunidad estructural que alienta la repetición de los hechos.
  • Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, 8.611 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. Un promedio de 1.076 asesinados cada año.
  • 13 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por agentes de la fuerza pública durante 2021.
  • El CICPC fue el organismo de seguridad más letal. Un total de 347 personas fueron asesinadas por ese organismo policial durante 2021. 

Mujeres, víctimas de desigualdad y discriminación

  • Un tercio de las venezolanas se encuentra fuera del mercado laboral y, entre las ocupadas, aproximadamente el 52% se encuentran en el mercado informal.
  • 68% de las víctimas de redes de tráfico en Venezuela son mujeres, 1 de cada 5 víctimas son niños, niñas y adolescentes y 7 de cada 10 personas son niñas mujeres. 
  • La desigualdad laboral y política sigue afectando a las mujeres venezolanas. En los comicios electorales de 2021, de 2,730 postulados para 335 alcaldías, solo 496 fueron mujeres (18%), resultando electas apenas 60 alcaldesas (18% de alcaldías). 
  • De las 183 personas postuladas para las 23 Gobernaciones, 20 fueron mujeres y de ellas solo 2 fueron electas (8,7%). 
  • Un 56,4% de las mujeres trabajadoras de la Administración Pública recibe una menor remuneración frente a los hombres en las mismas ocupaciones. 
  • Venezuela posee una de las tasas de embarazo adolescente más altas de la región alcanzando el 85,3%. 
  • Según AVESA, el 58,6% de las mujeres consultadas no pueden pagar el costo de una consulta médica ginecológica y su tratamiento, de 10 solo 3 han recibido asesoría médica y educación formal suficiente sobre Infecciones de Transmisión Sexual y métodos anticonceptivos y de prevención. 
  • Las mujeres de la tercera edad enfrentan en Venezuela grandes dificultades para alimentarse y adquirir medicamentos de uso regular, puesto que pagos como el que reciben por la jubilación o pensión, no son suficientes para cubrir las necesidades más básicas.
  • La ENCOVI 2020 registra una brecha de género salarial según la cual las mujeres devengan 18% menos que los hombres en un puesto de trabajo básico, pudiendo elevarse a 77% en un puesto gerencial.
Cofavic: Las obligaciones de verdad, justicia y reparación no pueden minimizarse
La ONG recordó que los derechos humanos no se someten «a la voluntad de las minorías ni de las mayorías, no pueden ser intercambiados, y su vulneración solo debe dirimirse en estrados judiciales y no en instancias políticas»

 

El Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) divulgó este 21 de abril un comunicado en el que manifiesta su preocupación por «las graves e irreversibles consecuencias que podría acarrear» el ofrecer «salidas políticas y económicas a cambio de silenciar la voz de de víctimas de violaciones de derechos humanos y la negación del dolor que han sufrido».

La ONG recuerda que «las obligaciones de verdad, justicia y reparación de parte del Estado no se deben minimizar ni embargar en nombre del futuro, ni de reformas que son insuficientes, o de la búsqueda de mejores tiempos políticos, sociales y económicos».

En este sentido, destacó que «no es posible construir bienestar ignorando tantas heridas abiertas por la violencia estructural del Estado, ni desoyendo el clamor de madres, padres y familias enteras a quienes se les ha negado sistemáticamente la justicia».

En el documento, Cofavic también señala que, tanto el derecho internacional como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «establecen que ni las graves violaciones de derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad prescriben, por tanto, quedan excluidos de recibir cualquier beneficio, sean indultos o amnistías, que conlleven su impunidad».

«En Cofavic consideramos que las complejas e inéditas circunstancias que atravesamos en Venezuela constituyen un momento decisivo en el que la sociedad civil y en particular las organizaciones y personas defensoras debemos estrechar filas en torno a las víctimas, para proteger su voz y sus derechos. Ha sido gracias al testimonio de ellas y su voluntad de justicia que se ha logrado reconocer la grave crisis de derechos humanos y se han impulsado diversos mecanismos de protección internacional para Venezuela, tal y como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos o el mandato especial sobre Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU», se lee en el comunicado.

De igual manera, la ONG resaltó que los derechos humanos no se someten «a la voluntad de las minorías ni de las mayorías, no pueden ser intercambiados, y su vulneración solo debe dirimirse en estrados judiciales y no en instancias políticas». Por ello, «el perdón y la reconciliación de una sociedad no se imponen, se construyen mediante el concurso voluntario de quienes desean establecer una nueva manera de convivir».