Aunque el Cicpc está a la cabeza de las ejecuciones extrajudiciales, la suma de las víctimas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad regionales lo superan por cinco puntos porcentuales
Los cuerpos de policías regionales -en conjunto– fueron los responsables de al menos 426 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2021 en Venezuela, lo que los convierte en las fuerzas del Estado más letales del país. La cifra fue revelada por el proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, del Centro Gumilla y Provea, que informó que el año pasado hubo 1414 personas (1620 menos que en 2020) que murieron en manos de los uniformados.
Aunque el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue, en solitario, el que registró el mayor número de víctimas (347, que representan 24,54% del total), las ejecuciones hechas por policías regionales alcanzan 30% de todas las muertes.
“A la policía científica le sigue la PNB, con 198 ejecuciones (13,58%)”, indica el informe divulgado este lunes. De estos casos, hay 111 que se atribuyen a las FAES. La Guardia Nacional Bolivariana sumó 152 víctimas (10,75%), mientras que las policías municipales cuentan con 119 homicidios (8%). Otras 139 (10%) personas murieron en operativos de actuación mixtos.
Según Lupa por la Vida, los cuerpos policiales de los estados Carabobo y Zulia fueron los que sumaron más víctimas. Poli Carabobo mató al menos a 132 personas y desplazó así a Poli Zulia, que registró 94 homicidios. Aragua (55), Anzoátegui (35) y Yaracuy (23) completan los cinco estados donde las fuerzas regionales cobraron más muertes.
Marino Alvarado, de Provea, destacó que la responsabilidad de las muertes a manos de estos cuerpos regionales recae directamente en los gobernadores de cada estado. En este sentido, pidió que se investigara la actuación de Rafael Lacava, en Carabobo, y de, Omar Prieto, ex gobernador de Zulia, en las ejecuciones hechas por las fuerzas de seguridad bajo su mando. Subrayó que en esta última entidad, pese al cambio de gobierno, la letalidad continúa.
Menos ejecuciones
El texto también aclara que la disminución de las matanzas por parte del Estado indica que estas cifras pueden bajar si existe voluntad política. “Hay una relación entre los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la baja de las ejecuciones en los meses siguientes”, subrayó Alvarado, quien precisó que el decrecimiento de estos asesinatos comenzó en el trimestre posterior (octubre, noviembre y diciembre de 2020) a la presentación del primer informe de septiembre de 2020. Lo mismo ocurrió durante 2021.
“Esto, por una parte, nos viene a demostrar la importancia que tiene para el país la existencia de una Misión (Independiente) de Determinación de los Hechos (del Consejo de Derechos Humanos) por los informes tan contundentes que publica (…) Pese a las descalificaciones, el gobierno le está prestando parcialmente atención a las recomendaciones y orientaciones de la Misión”, recalcó Alvarado, al tiempo que recordó que en sus presentaciones la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo énfasis tanto en la ocurrencia de las ejecuciones como en la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.
Precisamente la disminución de la participación de las FAES es un dato que destaca el trabajo de Lupa por la Vida.
“Ello hace presumir, pues no hay información pública, que este componente de la policía recibió órdenes de limitar su presencia en labores de seguridad ciudadana en zonas populares. Las FAES venían siendo el componente armado del Estado más letal transformado en una maquinaria de terror y muerte contra los más pobres”, reza el texto.
Lupa por la Vida añade que además de la descripción detallada de las actuaciones de las fuerzas militares y policiales en los barrios que se hizo en los informes, se señaló con nombre, apellido y cargo a quienes pudiesen ser los responsables.
“Ello está asociado al avance que se produjo en la Corte Penal Internacional sobre la posibilidad de que se pasara a una fase de investigación sobre los más altos responsables de los crímenes perpetrados al menos desde 2017 que obligó al gobierno a tomar medidas en varios ámbitos de la vida nacional. Todos estos factores y el temor de los altos funcionarios del Estado condujeron a disminuir la acción letal de los órganos de seguridad”, resalta la organización.
¿Dónde y cuándo matan los uniformados?
De acuerdo con los números presentados por Lupa por la vida, los estados donde se registraron más víctimas fueron Zulia con 234, Carabobo con 221, Aragua con 158, Anzoátegui con 119, Distrito Capital con 115, y Miranda con 103. En esos mismos estados, además de Lara, están también los municipios con más asesinatos: Libertador (Distrito Capital) con 115; Valencia (Carabobo) con 98; Maracaibo (Zulia) con 94; Iribarren (Lara) con 49, y San Francisco (Zulia) con 44.
El informe también resalta que hubo al menos 25 intervenciones policiales o militares donde se asesinaron a tres o más personas. Así, recuerdan la masacre de La Vega, Distrito Capital, con 23 víctimas; la de San Juan de Unare, en el estado Sucre, con 17; y la matanza del sector Los Robles, en El Valle, en Distrito Capital, con 12 muertos.
El documento repasa también los momentos en los que suelen suceder las ejecuciones. “Por segundo año consecutivo, los días martes y jueves fueron los de mayor actuación letal por parte de los órganos armados del Estado. Y los días domingos los de menor letalidad. Esto puede estar asociado a mayor cantidad de funcionarios en permiso laboral de fin de semana, incluyendo las cadenas de mando”, dice.
Las cifras de Lupa por la Vida indican que enero (228) y julio (141) de 2021 tuvieron la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales, justo cuando se practicaron operativos policiales en La Vega y la Cota 905 que dejaron decenas de muertes. Solo los últimos tres meses del año presentaron, cada uno, menos de 100 víctimas, pese a la flexibilización ampliada por la pandemia decretada por el gobierno.
La organización también dibuja el perfil de las víctimas. De las 1414 personas presuntamente ejecutadas, precisaron la edad de 575 víctimas (40,66% del total). “De esas, 395 (66%) son jóvenes entre los 18 y 30 años de sectores populares, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes. La letalidad policial también segó en 2021 la vida de 13 niños niñas y adolescentes (2%)”, se lee en el documento.
Lupa por la Vida precisa que dentro del total de muertos registrados hay 117 víctimas que recibieron impactos de bala en el tórax. La organización apunta que ese dato “puede interpretarse” para respaldar que se trató de una muerte por ejecución y no en medio de enfrentamientos.
La organización lamentó el silencio oficial en torno a las masacres cometidas por fuerzas policiales, en especial las posiciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, los cuales no se pronunciaron sobre matanzas como las de La Vega, en Caracas, y El Ripial, en Apure.
