ONG registró 98 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de DDHH en el primer trimestre del 2022

Según la ONG, el movimiento de DDHH sigue ejerciendo sus actividades “en un entorno adverso y hostil”
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre del 2022.
De acuerdo con un informe de la ONG, entre enero y marzo de 2022, documentaron “cómo el Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos”.
Específicamente, el texto detalla que estos 98 ataques representan una disminución del 46% con relación al mismo período en el año 2021 cuando se registraron 183 situaciones.
A pesar de esa disminución, el CDJ señala que los niveles de riesgo “siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos”.
Características de los ataques
Los 98 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento los siguientes:
Sin tomarse medidas para garantizar el espacio cívico y democrático
Según la ONG, el movimiento de DDHH sigue ejerciendo sus actividades “en un entorno adverso y hostil”.
“El Estado mantiene las medidas autoritarias, de forma legal y fáctica. En este contexto, siguen ocurriendo agresiones en contra de quienes promueven defienden y exigen derechos”, agrega el informe.
Las organizaciones de DDHH registraron el 76% de los ataques, mientras que las personas defensoras el 24%.
En cuanto al total de ataques, la ONG determinó que se ejecutaron en el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través de medios gubernamentales y plataformas digitales de comunicación y redes sociales.
Asimismo, 23 ataques se realizaron a través de los medios de comunicación gubernamentales (24%); 23 hechos fueron perpetrados por funcionarios públicos a través de redes sociales y otras plataformas de comunicación (23%); 10 fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas (10%); y 7 por organismos de seguridad del Estado (7%)
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