En el informe, Amnistía Internacional señaló que se intensificó la represión y criminalización de la sociedad civil y de quienes defendían los derechos humanos
De acuerdo con el informe, la compleja emergencia humanitaria de Venezuela siguió intensificándose
La organización Amnistía Internacional reveló que en Venezuela, la continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19.
En su informe anual titulado «Situación de los Derechos Humanos en el Mundo», Amnistía Internacional alertó que en el país continuó la «política de represión» que aplica el régimen de Nicolás Maduro.
Asimismo, señalan q se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos con personas críticas del régimen.
También, indican que defensores de DDHH, periodistas y activistas fueron sometidos a la intimidación, hostigamiento, agresiones y detenciones.
Este informe de Amnistía Internacional da cuenta del impacto dinámicas a escala global, regional y nacional, y trata, asimismo, de manera más extensa la situación de los derechos humanos en 154 países.
A continuación, un resumen en claves de los hallazgos más relevantes.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con el texto, las fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), «siguieron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales.»
Según la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, hasta marzo de 2021, las fuerzas de seguridad asesinaron a más de 200 personas.
En ese sentido, la Misión declaró que investigaría las circunstancias de los homicidios y la participación de la FAES.
Detenciones arbitrarias
Amnistía Internacional advirtió que las detenciones arbitrarias por motivos políticos continuaron, en el marco de una «política gubernamental de represión».
En ese sentido, recordaron que, según el Foro Penal Venezolano, se detuvo a otras 44 personas, con lo que la cifra total de presos políticos al final del año ascendía a 244.
Además, el Foro Penal informó que al menos dos personas que fueron detenidas arbitrariamente murieron en prisión sin recibir atención médica adecuada.
Por su parte, la familia y el abogado de Raúl Baduel, quien murió en octubre de 2021 presuntamente por complicaciones relacionadas con la COVID-19 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pidieron una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte.
Desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos
En su informe, Amnistía Internacional recordó que se abrió una nueva investigación penal sobre la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, pero sin incluir la responsabilidad de la cadena de mando.
Por otra parte, la Misión de la ONU informó en septiembre de 2021 que era habitual que las autoridades venezolanas no investigaran las denuncias de tortura.
Incluso, en algunos casos, las denuncias de tortura no figuraban en actas judiciales; en otros se ordenaba al Ministerio Público abrir una investigación formal.
En ese sentido, las familias y los abogados defensores dijeron a los representantes de la Misión que no tenían conocimiento de que se hubieran producido avances en esos procedimientos.
Uso excesivo de la fuerza
De acuerdo con el informe, en la ciudad de Caracas se llevaron a cabo varias operaciones de seguridad contra bandas delictivas, durante las cuales las fuerzas militares y policiales hicieron un uso innecesario e ilegal de la fuerza.
Al respecto, se tuvo noticia de varias muertes causadas por balas perdidas en dos operaciones practicadas en enero y julio.
Impunidad
Amnistía Internacional recordó que la Misión de la ONU expresó profunda preocupación en relación con la voluntad del Estado de procesar a las personas sospechosas de ser penalmente responsables de violaciones de derechos humanos.
También, la Misión y que “el Estado no ha[bía] adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos”.
En otros casos, como el del militar acusado de la muerte de David Vallenilla durante una manifestación en 2017 fue absuelto en septiembre. El Ministerio Público recurrió la decisión y en octubre se le impuso una pena de 23 años de cárcel.
Juicios injustos
De acuerdo con el texto, los procedimientos y tribunales penales seguían empleándose de forma indebida «para acallar la disidencia».
Además, señalan que era habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles, y también el uso de tribunales especiales contra el “terrorismo”.
A propósito de esto, la Misión de la ONU manifestó que el sistema de justicia “ha[bía] jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno” y que “[l]os efectos del deterioro del Estado de derecho se propag[aban] más allá de los directamente afectados, repercut[ían] en toda la sociedad”.
Derecho a verdad, justicia y reparación
A juicio de Amnistía Internacional, las iniciativas para pedir verdad, justicia y reparación a través de mecanismos internacionales, ante la falta de recursos efectivos en el ámbito nacional, seguían viéndose frustradas, debido a los intentos de las autoridades de evitar el escrutinio internacional.
Al respecto, señalan que el régimen de Maduro no reconocía la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «a pesar de las diversas sentencias y recomendaciones formuladas por ambos organismos».
En febrero visitó Venezuela la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Represión de la disidencia
Dentro de esa política de represión, Amnistía Internacional señala que aquellos que pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política al régimen de Maduro «sufrían ataques y actos de hostigamiento constantes y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos».
Además, los medios de comunicación próximos al partido oficialista, como el programa de televisión “Con el mazo dando”, siguieron estigmatizando y atacando a quienes defendían los derechos humanos y a otras personas percibidas como opositoras al gobierno.
Libertad de expresión y de reunión
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó de que, entre enero y junio, hubo 3.393 actos de protesta, en su mayor parte en relación con derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos laborales, los servicios médicos, los altos precios de los alimentos y la falta de servicios básicos, incluido el combustible.
A su vez, la ONG Espacio Público reportó que entre enero y agosto se registraron más de 292 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de hostigamiento e intimidación, detenciones arbitrarias, censura y ataques digitales.
Todos estos hechos fueron destacados por Amnistía Internacional, quien agregó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) prohibió varios programas y uno de los principales periódicos del país.
Asimismo, en octubre, la policía irrumpió en el domicilio de Roberto Deniz, del portal web Armando Info; la CIDH había dictado medidas cautelares en favor de Roberto y sus familiares en 2020.
Por su parte, el periodista Luis Carlos Díaz siguió sometido a graves restricciones y procesamiento.
Defensores y defensoras de DDHH
En el informe, Amnistía Internacional señaló que se intensificó la represión y criminalización de la sociedad civil y de quienes defendían los derechos humanos.
Uno de los casos mencionados ocurrió en enero de 2021, cuando cinco miembros de la ONG Azul Positivo fueron detenidos arbitrariamente y acusados de delitos que incluían el de “terrorismo”. Quedaron en libertad condicional en febrero, pero seguían sometidos a restricciones y enjuiciamiento al finalizar el año.
Sin embargo, la norma se mantuvo en vigor y las organizaciones locales se exponían a ser criminalizadas en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo si no se inscribían.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Pese a los cierres de fronteras y restricciones de circulación por la pandemia, el número de venezolanos que huían del país para escapar de la violación masiva de sus derechos humanos siguió aumentando y alcanzó los 6 millones al concluir el año pasado.
«Fueron muchas las personas que siguieron utilizando pasos fronterizos no oficiales, lo que se tradujo en notificaciones de muertes en el mar, así como en los pasos fronterizos», señala AI.
Derechos económicos, sociales y culturales
De acuerdo con Amnistía Internacional, la compleja emergencia humanitaria de Venezuela siguió intensificándose.
Según la OACNUDH, el acceso a los servicios básicos durante la pandemia era limitado y e iba empeorando.
Al respecto, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU anunció que, a 31 de agosto, 2,7 millones de personas habían recibido algún tipo de ayuda en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria.
Derechos sexuales y reproductivos
Durante el 2021 continuó preocupando la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, la CIDH instó a Venezuela a eliminar los obstáculos que impedían el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a revisar su restrictiva legislación en materia de aborto.
Vannesa Rosales, defensora de DDHH del estado Mérida —detenida arbitrariamente en octubre de 2020 por proporcionar a una niña de 13 de años, embarazada a consecuencia de una violación, información sobre procedimientos para interrumpir el embarazo—, quedó en libertad el 21 de julio después de permanecer detenida nueve meses, seis de ellos bajo arresto domiciliario.
Condiciones de reclusión inhumanas
En el 2021, y de acuerdo con lo que reseña Amnistía, Internacional, en las prisiones y otros centros de reclusión persistieron la falta de atención médica, la insuficiencia de comida y agua potable, las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la violencia.
Al respecto, el OVP informó de que 94 personas habían muerto bajo custodia, en su mayoría por desnutrición.
A su vez, Una Ventana a la Libertad denunció que el hacinamiento en los centros de detención preventiva era del 292%, mientras que el OVPseñaló que el de otros centros penitenciarios alcanzaba el 198% y que el 56% de la población reclusa se encontraba en espera de juicio.
Discriminación
En el caso de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), destacó AI que no existe legislación ni políticas públicas que garantizaran sus derechos.
Al respecto, la CIDH pidió al régimen que adoptara medidas eficaces para reconocer sus derechos y poner fin a la discriminación, la violencia y las situaciones de vulnerabilidad a las que estaban expuestas.
En cuanto a las mujeres, el Ministerio Público anunció que había 72 oficinas fiscales en todo el país especializadas en la investigación penal en materia de violencia de género.
No obstante, las ONG denunciaron que fiscales, jueces, agentes policiales y otras autoridades continuaban teniendo una mala preparación para proteger los derechos de las mujeres, y éstas a menudo sufrían revictimización a causa de la violencia institucional.
En el caso de los pueblos indígenas, la del Arco Minero del Orinoco y de la minería ilegal continuó afectando gravemente a los derechos de los pueblos indígenas, que sufrían abusos tales como explotación laboral y violencia de género.
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