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Consejo de Derechos Humanos

ONU aprueba crear comisión que investigue violaciones de Derechos Humanos en Venezuela

EN UNA HISTÓRICA RESOLUCIÓN, EL Consejo de Derechos Humanos ha creado una Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, mecanismo que empezará a funcionar antes de finalizar 2019 y está previsto inicialmente por un periodo de un año.

La decisión establece que la misión será enviada urgentemente a Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. La misión debe presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante el 45° período de sesiones en septiembre de 2020.

La resolución fue aprobada este 27 de septiembre de 2019 por 19 votos a favor. En ella se otorga un nuevo mandato a la Alta Comisionada para seguir investigando y para presentar dos actualizaciones verbales durante los períodos de sesiones 43º y 45º en 2020 y para que prepare un informe escrito completo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, dedicado en especial, pero no exclusivamente, a la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, y para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Este informe escrito debe ser presentado y discutido en el 44° periodo de sesiones en junio-julio 2020.

Ante la gravedad de la situación, el Consejo ha pedido a la Alta Comisionada que presente un informe oral antes del finalizar este año 2019. Ese informe será presentado fuera de las sesiones ordinarias, pues el próximo período ordinario es el 43° en febrero-marzo 2020. Este informe en urgencia es una respuesta a la necesidad de monitorear la situación en Venezuela en el corto plazo antes de que se instale completamente la Misión de Determinación de los Hechos.

Además, establece que “si la situación sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina del Alto Comisionado” el Consejo va a considerar la posibilidad de establecer una Comisión de Investigación, un mecanismo de investigación aún más vigoroso que la Misión de Determinación de los Hechos.

Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos da un espaldarazo a la Alta Comisionada al instar a las autoridades venezolanas a dar “cumplimiento íntegro y oportuno de todos los compromisos contraídos durante la visita de la Alta Comisionada, en particular el de permitir que la Oficina del Alto Comisionado mantenga una presencia en el país y conceder a su personal sobre el terreno y al de la sede un acceso íntegro, ilimitado y no supervisado, y el de velar por que todas las personas tengan un acceso ilimitado a las Naciones Unidas y a otras entidades de derechos humanos y puedan comunicarse con ellas sin temor a sufrir represalias, intimidaciones o agresiones”.

Esta resolución fue posible gracias al esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y sociales en Venezuela, a la lucha de las víctimas y sus familias, y al apoyo contundente de la Comunidad Internacional. Es una categórica respuesta a la emergencia humanitaria compleja y a la grave crisis de derechos humanos que padece el pueblo venezolano. Pone en evidencia que la situación venezolana y sus consecuencias en la región necesitan de los mecanismos más vigorosos para establecer especialmente las responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos, una de las principales tareas de la Misión de Determinación de los Hechos.

Para ver la resolución, haga clic aquí

¿Por qué es necesaria una comisión de investigación de la ONU sobre Venezuela?

En Venezuela no quedan instituciones estatales independientes en pie que puedan ponerle un freno al poder ejecutivo. A través de medidas adoptadas por los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces que no tienen siquiera la más mínima pretensión de independencia. Las autoridades también han despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Al no contar con un poder judicial independiente, los responsables de graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir delitos conforme alderecho internacional, no han sido llevados ante la justicia por sus acciones.

Una comisión de investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivasdurante la crisis que persiste en el país.

Una comisión de investigación sobre Venezuela debería investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación.

Debería encargarse de establecer los hechos y las circunstancias en las que se cometieron los abusos desde, al menos, 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando. 

Una comisión de investigación no tiene por objeto reemplazar las investigaciones penales de delitos específicos, pero la información que recabe puede ser relevante para procedimientos penales. Por ende, su mandato debería incluir compartir pruebas con autoridades judiciales competentes para determinar la posible responsabilidad penal individual, siempre que exista consentimiento y existan garantías de debido proceso, incluyendo el derecho a un juicio justo y medidas para proteger a testigos y víctimas.

¿Por qué una comisión de investigación podría ser decisiva?

Al recabar testimonios de víctimas, sus familiares y testigos, y reunir toda la información disponible, una comisión de investigación podría producir el relevamiento mejor documentado a la fecha de los patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela y contribuir así a asegurar justicia, verdad y reparación a las víctimas de esta crisis sin precedentes. También podría facilitar el seguimiento diplomático y político necesario en Ginebra, así como instar a los gobiernos a considerar la adopción de otras medidas específicas destinadas a proteger los derechos humanos en Venezuela.

Asimismo, podría recomendar medidas concretas para abordar estos abusos a nivel nacional e internacional. La divulgación pública de este informe dejaría en claro a los responsables de estas atrocidades que las violaciones de derechos humanos que cometieron serán objeto de escrutinio público y, eventualmente, juzgamiento. También respaldaría esfuerzos que busquen disuadir la comisión de nuevos abusos y favorecería que se respeten los derechos humanos en el futuro.

Información de Provea y Civilisac 

Grupo de Lima pide a la ONU crear comisión para investigar violaciones de DDHH en Venezuela

LOS PAÍSES QUE INTEGRAN el Grupo de Lima solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una comisión para investigar las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en el país desde el año 2014.

La solicitud fue planteada a través de un proyecto de resolución sobre Venezuela, el cual será discutido a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).

En el listado de solicitantes figuran nueve de los 11 países que forman parte del Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú, además de Guyana.

El proyecto solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y proporcionará los recursos necesarios para este fin.

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En el caso de aprobarse el proyecto, el mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los DDHH y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.

“Con información de EFE”

Países rechazaron intervención de Jorge Arreaza en la ONU

UNA VEINTENA DE GOBIERNOS boicotearon este miércoles el discurso de Jorge Arreaza, afecto a Nicolás Maduro, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y abandonaron la sala apenas este ingresó en ella.

La acción fue coordinada previamente por los países del llamado Grupo de Lima, que han reconocido al presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela hasta la realización de elecciones.

La acción fue secundada por la Unión Europea (UE), que en lugar de abandonar la sala optó por rebajar el nivel de su representación diplomática durante la intervención de Arreaza.

 

Consejo de DDHH de la ONU aprobó resolución que insta a Venezuela a recibir ayuda humanitaria

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU aprobó hoy la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que insta al gobierno del presidente Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población.

En un gesto político firme hacia el gobierno por parte de este órgano intergubernamental, creado en 2006, 23 países votaron a favor de la resolución, siete en contra y 17 se abstuvieron.

El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró “el comienzo de una escalada intervencionista” para conseguir la caída del gobierno y “establecer un mecanismo de tutela” foráneo sobre Venezuela.

Acusó a los países que promovieron la resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de su país.

 

Las anteriores tentativas de introducir el caso de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado, pero esta vez el llamado “Grupo de Lima” (compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del Gobierno venezolano) consiguió este objetivo .

En nombre de una decena de países latinoamericanos patrocinadores del texto, el embajador de Perú, Claudio de la Puente, dijo que había llegado el momento de que el Consejo atienda a una situación que ha provocado el éxodo de unos dos millones de venezolanos que han buscado acogida en otros países de la región.

Aseguró que el propósito de esta iniciativa era “dar voz a millones de venezolanos que padecen una crisis humanitaria” y que de ninguna manera tenía un ánimo de injerencia.

Jun 19, 2018 | Actualizado hace 2 años
EE.UU. se retira del Consejo de DD.HH. de la ONU

FOTO: AFP

 

Estados Unidos se retiró el martes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condenando la “hipocresía” de sus miembros y su supuesta “parcialidad implacable” contra Israel.

El anuncio lo hicieron en el Departamento de Estado, en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo y la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, quien llamó al organismo “un protector de los abusadores de los derechos humanos y un sumidero de parcialidad política”.

La embajadora Haley, dijo que la decisión se tomó después de que ningún otro país “tuvo el valor de unirse a nuestra lucha” para reformar el “hipócrita y egoísta” organismo.

El anuncio se produjo luego de que el principal funcionario de derechos humanos de la ONU criticara a Washington por separar a los niños migrantes de sus padres que buscan asilo luego de cruzar al país desde México.

Pero Haley y Pompeo hicieron hincapié en que la decisión se tomó después de un largo año de esfuerzos para avergonzar al Consejo con la reforma y para eliminar a los Estados miembros que ellos mismos cometen abusos.

“Estas reformas fueron necesarias para hacer del consejo un defensor serio de los derechos humanos”, dijo Haley.

“Al hacerlo, quiero dejar en claro que este paso no es un retroceso de nuestros compromisos de derechos humanos “, dijo la diplomática.

Haley recordó que hace un año dejó en claro que EE.UU. permanecería en el Consejo solo si “se lograban reformas esenciales”, pero añadió que está claro que esas llamadas de cambio no fueron escuchadas.

Haley denunció la membresía en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de países como China, Cuba y Venezuela que están acusados de violaciones de derechos, y afirmó que el panel internacional también tiene un “prejuicio crónico contra Israel”.

Sin embargo, la embajadora señaló que si el Consejo se reforma, Estados Unidos “estaría feliz de volver a unirse”.

El organismo con sede en Ginebra se estableció en 2006 para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, pero sus pronunciamientos e informes a menudo chocan con las prioridades de los Estados Unidos.

En particular, el enfoque del consejo sobre el comportamiento israelí hacia los palestinos en el territorio que ocupa en Cisjordania y en Gaza ha enfurecido a Washington.

Pero, como Haley enfatizó, Washington también cree que no critica ni siquiera los abusos flagrantes de opositores estadounidenses como Venezuela y Cuba.

“Los países se han coludido entre ellos para socavar el método actual de seleccionar miembros”, dijo Pompeo.

“Y el sesgo continuo y bien documentado del Consejo contra Israel es desmesurado”, dijo.

“Desde su creación, el Consejo adoptó más resoluciones condenando a Israel que al resto del mundo en conjunto”.

Alto Comisionado Zeid: “Decepcionante”

Tras el anuncio, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó la “decepción” del funcionario por la decisión estadounidense.

“Noticias decepcionantes, si no realmente sorprendentes. Dado el estado de los Derechos Humanos en el mundo de hoy, EE.UU. debería avanzar, no dar un paso atrás” – Jefe de derechos humanos de la ONU Zeid tras la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión de Estados Unidos y agregó: “La arquitectura de derechos humanos de la ONU juega un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo”.

El organismo independiente de control Human Rights Watch criticó la medida y advirtió que la ausencia de Washington en el Consejo pondría la responsabilidad en otros gobiernos para abordar los problemas de derechos humanos más graves del mundo.

“La retirada de la administración Trump es un triste reflejo de su política de derechos humanos unidimensional: defender los abusos israelíes de las críticas tiene prioridad sobre todo lo demás”, dijo el director ejecutivo Kenneth Roth.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha desempeñado un papel importante en países como Corea del Norte, Siria, Myanmar y Sudán del Sur, pero a Trump parece importarle la defensa de Israel”.

Israel elogia decisión

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió con beneplácito la medida de Estados Unidos y calificó al Consejo como “una organización hostil, anti-israelí y tendenciosa que ha traicionado su misión de proteger los derechos humanos”.

Antecedentes

Estados Unidos está a la mitad de un período de tres años en el principal organismo de derechos humanos de la ONU, y desde hace mucho tiempo había amenazado con abandonarlo si no era reformado, acusando al cuerpo de 47 miembros con sede en Ginebra de estar prejuiciado contra Israel.

La semana pasada activistas y diplomáticos dijeron que las conversaciones con Estados Unidos sobre las reformas fracasaron al no haberse cumplido las demandas de Washington.

Es el más reciente abandono de un compromiso multilateral de Washington durante la administración de Donald Trump, después de que se retiró del acuerdo climático de París y el acuerdo nuclear de Irán.

Estados Unidos boicoteó al Consejo de Derechos Humanos por tres años durante el gobierno de George W. Bush antes de volver a unirse bajo Barack Obama en 2009.

La embajadora Haley dijo hace un año que Washington estaba revisando su membresía en el Consejo de Derechos Humanos, y pidió la reforma y la eliminación de un “sesgo crónico anti-Israel” en el panel.

El cuerpo, creado en 2006, tiene un ítem de agenda permanente sobre sospechas de violaciones cometidas por Israel en los territorios palestinos ocupados, que Washington quiere eliminar.

El mes pasado, el Consejo votó para investigar los asesinatos en Gaza y acusó a Israel de uso excesivo de la fuerza. Estados Unidos y Australia fueron los únicos que votaron “no”. El embajador de Israel en Ginebra criticó al Consejo por “difundir mentiras contra Israel.”

Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó desaparición forzada de Aristeguieta

enriquearistiguieta

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó este viernes a través de un comunicado la desaparición forzada del otrora miembro de la Junta Patriótica, Enrique Aristeguieta Gramcko de 85 años.

“Condenamos la detención de Enrique Aristeguieta (un conocido, 85 años, opositor político) hoy por los servicios de inteligencia. Su detención, sin una orden de detención, trae el número total de personas detenidas por razones políticas a 232. Llamamos a su liberación”, destacó la cuenta oficial del organismo en tuiter.

Aristeguieta fue detenido este viernes en la madrugada por Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En principio se desconoce su paradero, pero se presume puede estar en la sede de El Helicoide.

 

Presentan en la ONU primer informe independiente sobre violencia por identidad de género

EL EXPERTO INDEPENDIENTE VITIT MUNTARHBHORN, presentó el primer informe sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El tema del informe es “Diversidad en la humanidad, humanidad en la diversidad”.

El fenómeno de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es tanto local como mundial, y requiere la adopción de contramedidas sólidas en los planos nacional e internacional para promover el respeto de la diversidad sexual y de género en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Al reconocer que todas las personas tienen alguna forma de orientación sexual o identidad de género surge la lamentable realidad de que algunos grupos y personas se ven afectados por la violencia y la discriminación precisamente porque se considera que tienen una orientación sexual o identidad de género diferentes con respecto a una determinada norma social.

El informe contiene reflexiones esenciales en respuesta al mandato, en particular sobre el panorama de la situación, y abarca la aplicación de los instrumentos internacionales, así como la identificación de las buenas prácticas y las deficiencias; la concienciación acerca de la cuestión de la violencia y la discriminación, y la vinculación con las causas fundamentales; el diálogo, la consulta y la cooperación con los Estados y otras partes interesadas; la identificación de formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación, así como el apoyo a la cooperación internacional y los servicios conexos para respaldar las iniciativas nacionales.

Se presta atención específica a diversas cuestiones fundamentales con miras a ayudar a prevenir y superar los elementos negativos que fomentan la violencia y la discriminación, que se abordarán con mayor detalle en futuros informes, a saber, la despenalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo; las medidas específicas de lucha contra la discriminación; el reconocimiento jurídico de la identidad de Naciones Unidas A/HRC/35/36 Asamblea General Distr. general 19 de abril de 2017 Español Original: inglés A/HRC/35/36 2 GE.17-06261 género; la eliminación de la estigmatización vinculada a la eliminación de la patologización; la inclusión sociocultural, y la promoción de la educación y la empatía.

Con información de Fundación Reflejos 

 

 

ONG exigieron a Venezuela respetar libertad de expresión al final del EPU

Delegación venezolanba EPU marzo 2018

Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, encabezó la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra

 

Maru Morales P.

Gitanjali Wolfermann

 

Este jueves cerró para Venezuela el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión se realizó en Ginebra y contó con la participación de los 47 miembros del Consejo, 14 ONG y la delegación oficial del gobierno de Nicolás Maduro. La sesión sirvió para que Venezuela confirmara cuáles de las 274 recomendaciones que recibió durante su segundo EPU, realizado en noviembre de 2016, serían aceptadas o anotadas por el país.

La misión gubernamental estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien defendió enfáticamente la existencia de garantías para la libertad de expresión en el país.

“En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, información, reunión y asociación pacifica y de conformidad con las leyes”, dijo este jueves ante el Consejo de DDHH.

Sin embargo, las cifras y los hechos contradicen tal afirmación de la ministra Varela. De acuerdo al registro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, entre 2012 y 2015, hubo 2030 violaciones a la libertad de expresión. En 2016 se contabilizaron 763 violaciones a este derecho y en lo que va de 2017 se registran 86 denuncias. Por si fuera poco, la mayoría de las violaciones, son cometidas por el Poder Ejecutivo.

De hecho, las ONG y los países que abordaron el tema de libertad de expresión durante la sesión de cierre del EPU mostraron estar al tanto de esa información. Fue así como la representación de Estados Unidos señaló: “Realizamos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que los medios de comunicación independientes puedan informar”.

Más específicos fueron los planteamientos de Amnistía Internacional, Cívicus y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

AI señaló: “Muchos Estados hicieron recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y garantizar un  ambiente de libertad social. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión, eventos recientes demuestran que en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho”.

El defensor de derechos humanos venezolano, Feliciano Reyna, también tomó la palabra en nombre de Civicus, ONG que consultó a 170 organizaciones venezolanas para presentar su informe ante el Consejo. “Las libertades de asociación, la manifestación pacífica y de expresión están seriamente restringidas en Venezuela. Periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y políticos son objeto de estigmatización y persecución”, señaló Reyna.

Por su parte, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos advirtió que Venezuela atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y advirtió que ha habido un incremento de “ataques a la libertad de expresión y atentados contra el derecho de reunión pacífica”.

En respuesta, la ministra Varela señaló que el Estado decidió rechazar ciertas recomendaciones –algunas de ellas sobre libertad de expresión- por considerar que las mismas fueron “esgrimidas de manera politizada y sin ningún marco que las sustenten” Consideró el Estado que determinados planteamientos provenientes de otros gobiernos “fueron realizados de manera sesgada”, con “un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

 

Libertad de expresión y acceso a la información pública

 

“La libertad de expresión se encuentra entre las tres principales recomendaciones que hicieron los Estados durante el Examen Periódico Universal 2016 de Venezuela”, apuntó Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), al finalizar la presentación de la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el jueves 16 de marzo de 2017.

 

 

 

Muñoz Castro argumentó que la preocupación de las ONG internacionales sobre el estado de la libertad de expresión en Venezuela,  “se desprende de informes presentados por la sociedad civil que denuncian un contexto restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y opinión, que afecta a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general. Con espíritu de diálogo, invitamos al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la libertad de opinión y expresión como una de las piedras angulares de toda democracia”.

El director de la RIDH agregó que es necesario emprender acciones para garantizar el libre acceso a la información pública. “Periodistas y organizaciones solicitan la difusión de estadísticas oficiales y la posibilidad de consultar documentos públicos que generarán un mayor espacio de transparencia en el país. Por ejemplo, los indicadores de inflación de 2016, la actualización de las cifras de mortalidad y de epidemiología, y las Memorias y los informes de gestión del año 2016”.

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