EN UNA HISTÓRICA RESOLUCIÓN, EL Consejo de Derechos Humanos ha creado una Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, mecanismo que empezará a funcionar antes de finalizar 2019 y está previsto inicialmente por un periodo de un año.
La decisión establece que la misión será enviada urgentemente a Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. La misión debe presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante el 45° período de sesiones en septiembre de 2020.
La resolución fue aprobada este 27 de septiembre de 2019 por 19 votos a favor. En ella se otorga un nuevo mandato a la Alta Comisionada para seguir investigando y para presentar dos actualizaciones verbales durante los períodos de sesiones 43º y 45º en 2020 y para que prepare un informe escrito completo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, dedicado en especial, pero no exclusivamente, a la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, y para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Este informe escrito debe ser presentado y discutido en el 44° periodo de sesiones en junio-julio 2020.
Ante la gravedad de la situación, el Consejo ha pedido a la Alta Comisionada que presente un informe oral antes del finalizar este año 2019. Ese informe será presentado fuera de las sesiones ordinarias, pues el próximo período ordinario es el 43° en febrero-marzo 2020. Este informe en urgencia es una respuesta a la necesidad de monitorear la situación en Venezuela en el corto plazo antes de que se instale completamente la Misión de Determinación de los Hechos.
Además, establece que “si la situación sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina del Alto Comisionado” el Consejo va a considerar la posibilidad de establecer una Comisión de Investigación, un mecanismo de investigación aún más vigoroso que la Misión de Determinación de los Hechos.
Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos da un espaldarazo a la Alta Comisionada al instar a las autoridades venezolanas a dar “cumplimiento íntegro y oportuno de todos los compromisos contraídos durante la visita de la Alta Comisionada, en particular el de permitir que la Oficina del Alto Comisionado mantenga una presencia en el país y conceder a su personal sobre el terreno y al de la sede un acceso íntegro, ilimitado y no supervisado, y el de velar por que todas las personas tengan un acceso ilimitado a las Naciones Unidas y a otras entidades de derechos humanos y puedan comunicarse con ellas sin temor a sufrir represalias, intimidaciones o agresiones”.
Esta resolución fue posible gracias al esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos y sociales en Venezuela, a la lucha de las víctimas y sus familias, y al apoyo contundente de la Comunidad Internacional. Es una categórica respuesta a la emergencia humanitaria compleja y a la grave crisis de derechos humanos que padece el pueblo venezolano. Pone en evidencia que la situación venezolana y sus consecuencias en la región necesitan de los mecanismos más vigorosos para establecer especialmente las responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos, una de las principales tareas de la Misión de Determinación de los Hechos.
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¿Por qué es necesaria una comisión de investigación de la ONU sobre Venezuela?
En Venezuela no quedan instituciones estatales independientes en pie que puedan ponerle un freno al poder ejecutivo. A través de medidas adoptadas por los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces que no tienen siquiera la más mínima pretensión de independencia. Las autoridades también han despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Al no contar con un poder judicial independiente, los responsables de graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir delitos conforme alderecho internacional, no han sido llevados ante la justicia por sus acciones.
Una comisión de investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivasdurante la crisis que persiste en el país.
Una comisión de investigación sobre Venezuela debería investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación.
Debería encargarse de establecer los hechos y las circunstancias en las que se cometieron los abusos desde, al menos, 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando.
Una comisión de investigación no tiene por objeto reemplazar las investigaciones penales de delitos específicos, pero la información que recabe puede ser relevante para procedimientos penales. Por ende, su mandato debería incluir compartir pruebas con autoridades judiciales competentes para determinar la posible responsabilidad penal individual, siempre que exista consentimiento y existan garantías de debido proceso, incluyendo el derecho a un juicio justo y medidas para proteger a testigos y víctimas.
¿Por qué una comisión de investigación podría ser decisiva?
Al recabar testimonios de víctimas, sus familiares y testigos, y reunir toda la información disponible, una comisión de investigación podría producir el relevamiento mejor documentado a la fecha de los patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela y contribuir así a asegurar justicia, verdad y reparación a las víctimas de esta crisis sin precedentes. También podría facilitar el seguimiento diplomático y político necesario en Ginebra, así como instar a los gobiernos a considerar la adopción de otras medidas específicas destinadas a proteger los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, podría recomendar medidas concretas para abordar estos abusos a nivel nacional e internacional. La divulgación pública de este informe dejaría en claro a los responsables de estas atrocidades que las violaciones de derechos humanos que cometieron serán objeto de escrutinio público y, eventualmente, juzgamiento. También respaldaría esfuerzos que busquen disuadir la comisión de nuevos abusos y favorecería que se respeten los derechos humanos en el futuro.
Información de Provea y Civilisac
