cárceles de venezuela

Aseveran que las principales causas de muerte hasta ahora entre 2020 y 2021 fueron la desnutrición y la tuberculosis

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció que «la información oficial sobre casos de COVID-19 en las cárceles del país no ha sido compartida».

«Al parecer, Venezuela es el único país donde en las cárceles no llegó el COVID-19. No hay información oficial por parte del Estado», dijo. «Sabemos que sí han habido vacunaciones. No sabemos si se ha hecho el esquema completo o qué tipo de vacuna se suministró».

La directora del OVP destacó que desde el año 2020, durante la pandemia, las muertes dentro de los centros penitenciarios del país aumentó, pero no se especifican las condiciones de manera oficial y el observatorio «no está en las capacidades para corroborar la información». 

«La capacidad instalada de los centros penitenciarios en el país es para 21.000 personas. Sin contar los calabozos policiales, existen alrededor de 32.000 privados de libertad», explicó.

«La comida no está llegando a los detenidos. El suministro de agua potable, aseo personal, ropa y comida recae en los familiares»,  agregó Girón.

La vocera del OVP remarcó que existe una vulnerabilidad al contagio por COVID-19 en las cárceles debido al aislamiento, la poca ventilación e higiene.

Desnutrición en las cárceles 

El OVP identificó en su informe anual del 2021 que, de las 126 personas que murieron dentro de los centros penitenciarios, 96 mueren por desnutrición. La mayoría de las muertes son por tuberculosis. 

Girón aseveró que el Estado destina un presupuesto para la alimentación de los centros penitenciarios, pero no hay registro a dónde se destina. 

«El Estado tiene la responsabilidad de mantener saludables a esa población. Estamos hablando de derechos, no de privilegios», dijo.

En una entrevista a la plataforma VPItv, Girón destacó que las condiciones del sistema penitenciario en Venezuela son «graves y precarias», porque no existe un modelo que vele por la salud, espacio e higiene de los privados de libertad a lo largo del país. 

«En vista de que la pirámide de penitenciaría está al revés: hay mayor cantidad de personas procesadas que las que están condenadas. Los problemas del sistema carcelario generan un riesgo mayor a esa población», dijo. 

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Solo las mujeres pueden visitar

Las medidas que ha tomado el Estado en las cárceles frente a la pandemia del COVID-19 ha sido restringir las visitas.

Pero el OVP constató que no se está cumpliendo los protocolos de bioseguridad en ninguna fase de las citas.

«En Venezuela, solo las mujeres pueden visitar a los privados de libertad. Eso es una violación de derechos, porque no se sabe si la persona solo tiene algún familiar como un padre o hermano. Además, la responsabilidad de brindar los servicios de agua y comida que mencioné anteriormente recae exclusivamente en ellas», explicó Girón. 

La directora del Observatorio constató que el Estado no deja a la institución entrar a los centros penitenciarios para brindar acompañamiento y asesoría legal a los familiares de los reos. 

«Todo esto pasa bajo la mirada del Estado y no hay ninguna reacción», dijo. «La situación para analizar es complicada, más cuando el Estado tiene el monopolio de la información», concluyó. 

Cuando se implosionó al Retén de Catia, ya se tenían 2 cárceles nuevas: las del Rodeo II y Yare II, eso evitó un caos carcelario. Mirelys Contreras retorna hoy a la improvisación de Iris Valera con el cierre de Yare I

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Realmente el sistema penitenciario venezolano camina hacia atrás como el cangrejo. El pasado 21 de junio del 2021, el mismo Nicolás Maduro en cadena nacional anunciaba la creación de una Comisión para la Revolución Judicial, cuya misión principal era descongestionar las cárceles y centros de detención preventiva, por los altos niveles de hacinamiento que existían.

El pasado domingo 6 de febrero de 2022, la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, anuncio el cierre del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, ubicado en los Valles del Tuy en el estado Miranda.

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Desde hace varios años he denunciado que el cierre de cárceles no es la solución al caos carcelario. Menos en un sistema penitenciario donde los centros de detención preventiva se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

Es importante destacar que desde que fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, esta es la undécima cárcel que clausura sin ningún tipo de planificación al cierre. Para que lo recuerden, se los refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta): febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial Los Pinos, San Juan de los Morros (Guárico): septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure): abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA), Puerto Ayacucho (Amazonas): agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare, (Portuguesa): mayo 2020. Y ahora el Centro Penitenciario Metropolitano Yare II.

En lo personal, no estoy en desacuerdo con el cierre de cárceles, que por sus estructuras se han convertido en ranchos carcelarios. Solo que debe haber una planificación previa que incluya el menudo detalle de dónde llevar a los presos.

Siempre recuerdo cuando se implosionó al Retén de Catia (1997). Más allá de las críticas personales que pueda albergar por tal acción, hay que reconocer que se tenían dos cárceles nuevas: las del Rodeo II y Yare II, que recibieron a estos reclusos. Ello evitó un caos carcelario.

Lamentablemente, el cierre de la cárcel de Yare nos retorna a la improvisación a la que nos tenía acostumbrados la gestión de Iris Valera en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que creó el caos en los centros de detención preventiva, al convertirlos en las nuevas cárceles venezolanas. Aunado a que lanzaron por la borda la promesa de Nicolás Maduro el 21 de junio de 2021 de eliminar el retardo procesal en el sistema penitenciario venezolano.

La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, informó el pasado domingo 6 de febrero 2022, durante el desalojo del Centro Penitenciario Región Capital Yare I, que se otorgaron 70 libertades y se llevaron a cabo 780 traslados de privados de libertad a otros recintos carcelarios.

Esto deja claro que al menos 780 presos fueron trasladados a otros sitios, que ya están hacinados, para aumentar este flagelo penitenciario del hacinamiento carcelario.

Hasta que el régimen de Nicolás Maduro no aplique políticas serias para solucionar el problema penitenciario, seguiremos teniendo uno de los peores sistemas del continente.

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Para muchos, el problema penitenciario parece no tener solución. A medida que pasan los años, la situación se agrava, la corrupción aumenta y la indolencia hacia las personas privadas de libertad crece cada día.

Soy de los que piensa que el desastre que se vive en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela sí tiene solución. Solo falta voluntad política para eliminar el gran negocio que las mismas representan.

Siempre que toco este tema recuerdo a mi maestro Elio Gómez Grillo, que decía que las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA, eso por supuesto era antes que la revolución la destruyera.

El artículo 272 de la Constitución plantea soluciones

Indudablemente que la solución al problema penitenciario no es asunto de un día. Llevará tiempo la reconstrucción del devastado sistema penitenciario venezolano; estamos ante un monstruo de mil cabezas, que hay vencer poco a poco. Pero con buena voluntad, un plan realista y un equipo de verdaderos conocedores del tema se puede lograr.

Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, nos da un panorama de cómo debe ser nuestro sistema penitenciario en el artículo 272. Este consagra la descentralización del sistema penitenciario, la conducción del mismo por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, asistencia pospenitenciaria a reclusos liberados, establecer modalidades de privatización y otros puntos importantes, que hasta ahora no han sido tomados en cuenta por el régimen.

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Nos adelanta un poco el trabajo legislativo. Igualmente desde 28 de diciembre de 2015 está en vigencia el Código Orgánico Penitenciario, que aunque a mi parecer requiere de unas importantes reformas para adaptarlo a la Constitución Nacional, ya es un avance.

Mafias carcelarias, el peor flagelo

El verdadero problema de nuestro sistema penitenciario, más allá de lo legislativo, que como antes dije, ya está bastante adelantado, lo constituyen las mafias carcelarias que, con la anuencia de la dictadura, se han adueñado de nuestras cárceles y calabozos policiales.

Estas mafias, como siempre he dicho, no está compuesta solo de pranes y su equipo, sino que la forman funcionarios penitenciarios y de los cuerpos encargados de su custodia, bien sea del Ministerio para el Servicio Penitenciario o de los cuerpos policiales en el caso de presos que se encuentran en centros de detención preventiva.

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Después de esto, se requiere atacar los principales flagelos que afectan al sistema carcelario venezolano, como son el retardo procesal, el hacinamiento extremo, así como los problemas de salud y desnutrición que viven nuestros reclusos.

A pesar de los planes que han surgido desde el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, legítimas o no estas instituciones, ninguno ha solucionado el retardo procesal. Aun y cuando no hay cifras oficiales, se calcula que un 70 % de los presos venezolanos no tienen una sentencia definitivamente firme, esto significa que 7 de cada 10 reclusos son presuntamente inocentes al no haberse demostrado su culpabilidad.

Hacinamiento extremo en los calabozos

Por otra parte está el problema del hacinamiento extremo, que convierte los centros de detención preventiva o calabozos policiales en las nuevas cárceles de este siglo. Estos, concebidos en principio como espacios donde los presos deben estar un máximo de 48 horas, devinieron hoy en depósitos de seres humanos, alojando a más del 60 % de la población reclusa venezolana. Solucionar el problema de hacinamiento sería el primer paso para remediar los graves problemas de enfermedades y desnutrición que azotan a nuestros presos.

Comenzando a darle solución a estos problemas, podremos tener un sistema penitenciario que, como dice el artículo 272 de la Constitución nacional, asegure la rehabilitación o reeducación del interno y el respeto a sus derechos humanos.

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En el nuevo año carcelario no se vislumbra un cambio en las condiciones infrahumanas de los presos venezolanos. Foto voanoticias.com

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Antes que nada, quiero desearles a todos mis lectores un feliz año 2021, esperando que este año nos trate mejor que el pasado, y tengamos un año lleno de paz, armonía y libertad.

En esta primera quincena del nuevo año 2021, las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela han estado bastante movidos. Nada diferente a lo venimos viviendo desde hace varios años; un desastre que va en aumento y que lamentablemente no le vemos mejoría.

El Estado ha demostrado que le importa muy poco el tema de nuestros hombres y mujeres privados de libertad. Y lamentablemente a gran parte de la ciudadanía tampoco, que considera que los presos no tienen derechos y merecen vivir en las condiciones infrahumanas en que viven.

Ya en estos primeros días del mes de enero, hemos visto un movimiento importante en las cárceles y centros de detención preventiva.

 Motín por hambre en Carabobo

En horas de la noche de este 1 de enero de 2021, en el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador los presos se amotinaron por la alimentación precaria que reciben por parte de las autoridades de este penal ubicado en el municipio Libertador del estado Carabobo. Los reclusos iniciaron el reclamo a eso de las 8 de la noche del viernes 1 de enero y culminaron alrededor de la 1:30 de la tarde del sábado, segundo día de este año 2021. Como consecuencia de esta protesta, se realizó el traslado de unos cuantos reclusos a otros recintos y el castigo de varios de los protestantes.

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 Salvador Franco, un preso político que murió bajo custodia

El preso político de la etnia pemón, Salvador Franco, falleció el pasado domingo 3 de enero en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda y según el Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, murió a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses.

 El primer enfrentamiento del año entre reclusos

Para seguir con este inicio de año carcelario, el 6 de enero en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana, se registró una riña y posterior motín que dejó a un privado de libertad muerto y otro herido. Este fue el primer enfrentamiento entre reclusos en este año 2021.

 Fugados en Amazonas

Igualmente, en estos primeros días de enero, en Una Ventana a la Libertad registramos 6 reclusos fugados en el estado Amazonas y 3 en Mérida. También se reportaron conflictos en el estado Yaracuy.

 Las enfermedades acaban con 9 reclusos

Nueve (9) reclusos muertos inauguran este nuevo año en Anzoátegui, Lara, Guárico y Monagas, en su mayoría por enfermedades no atendidas entre ellas el paludismo.

 Tuberculosis en el retén de Cabimas

El Retén de Cabimas, en el estado Zulia, continúa con una grave situación, con un recluso fallecido por tuberculosis y una reclusa que dio a luz un bebé que está en graves condiciones de salud por una infección.

 Corrupción dolarizada

Mientras, las denuncias de los familiares del cobro de vacuna por parte de custodios penitenciarios y policías en centros de detención preventiva y cárceles, no paran. Ahora con tarifa dolarizada, les cobran por ingresar comida, visitar a sus familiares o un traslado a tribunales.

Como ven, el nuevo año 2021 no nos da mucha esperanza de que las cosas puedan ser diferentes en nuestros centros de reclusión.

El Estado venezolano se olvidó por completo de lo establecido en la Constitución Nacional, que consagra de manera especial la vida de los privados de libertad, porque estos están bajo su custodia absoluta, y el respeto de sus derechos humanos.

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El cine carcelario resurge con La causa, donde el cineasta Andrés Figuereo desvela la trágica vida presidiaria en Venezuela. Foto en Infobae

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Son las 5 de la mañana de un martes en Caracas. Una tarea pendiente no me dejaba dormir y era expresar mi beneplácito por el resurgimiento del cine carcelario en Venezuela. No tenía idea de cuán largo sería este escrito. Mis amigos saben que no me gusta hablar de boberías.

Ha nacido una nueva película del cine penitenciario llamada La causa (*), un documental dirigido por el joven cineasta Andrés Figueredo. Tras una década de grabación encubierta en las cárceles más peligrosas de Venezuela (11 en total, en las que obtuvo más de 400 horas de material audiovisual), el filme nos revela la compleja realidad vivida en el submundo venezolano del crimen.

Este documental nos transporta a una verdadera distopía en la cual los presos tomaron el control de los centros penitenciarios, establecieron sus propias leyes y organizaron sus ejércitos, creando Estados paralelos que han agravado la crisis humanitaria que experimenta la nación sudamericana. 

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Muchas veces hemos hablado del caos de las cárceles del país sin que el Estado Venezolano jamás haya hecho el mínimo caso. Porque los presos son los hijos de nadie, nunca se les hace caso.

Realmente felicito a sus realizadores, a la gente que dio su alma para “enseñarle al mundo lo que estaba pasando en las cárceles”, como dice Figueredo que se prometió hace 11 años, al visitar -invitado por Gilbert Caro, la cárcel El Rodeo. Allí quedó espantado al ver lo que parecía ser un esqueleto tirado en una esquina de la enfermería del presidio, hasta que de repente se movió… era un preso wayúu con una tuberculosis terminal. Por eso quiero agradecer a todo el equipo de Gran de Cine, a su director Bernardo Rotundo y a Beatriz Freire, que me metió en este lío.

Por último, quiero recalcar que en Venezuela se ha hecho cine en las cárceles; cine de excelente calidad rodado por presos, por allá en los años 90. O tal vez algunos años más, cuando una soñadora del país, de esas que marcan épocas, y cuyo nombre es Livia Montes, creó el Cine Club Waleker, una organización totalmente altruista para impulsar esta especie de locura que es el cine penitenciario. Y lo hizo en varias cárceles venezolanas. Fue una idea utópica de una mujer que murió hace tres años, el 25 de julio de 2017, pero que su corazón y legado permanecen con nosotros; una amiga fiel y querida y que desde el más allá, seguro aplaude estas líneas. Livia, no sabes cuánto te extraño, después escribiré más de eso y de nuestros pasteles de chucho y pisillos de chigüire.

Gracias a Andrés Figueredo, aún hay una tarea pendiente: crear la Escuela de Cine Penitenciario Livia Montes. Eso es contigo, Bernardo Rotundo; cuento con tu apoyo.

(*) La causa. Guion: José Cheo Ostos y Andrés Figueredo. Producción: Andrés Figueredo – Capitolio. Fotografía: Andrés Figueredo, Julio César Castro, José Cheo Ostos, Óscar Castillo. Montaje: José Cheo Ostos. Música: Armando Añez y Leo Aldrey.

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Tráiler de La causa, en el canal de Journeyman Documentaries de Youtube.

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Lágrimas de sangre. Obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919 – 1999).

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Apenas faltaban unas pocas horas para finalizar el año 2019, estaba disfrutando de unos días de descanso familiar, en mi amada isla de Margarita; cuando mi teléfono comenzó a recibir llamadas y mensajes de una grave situación que se desarrollaba en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, mejor conocido como Retén de Cabimas. Se encuentra ubicado en el sector La Misión, parroquia Ambrosio del municipio Cabimas, en el estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante todo ese año 2019, desde la organización que dirijo Una Ventana a la Libertad (UVL), habíamos denunciado, gracias al trabajo de monitoreo hecho por nuestra investigadora en esa zona del país, de la grave situación que se vivía en ese centro de detención preventiva venezolano. Fugas, motines, enfermos en situación de gravedad, en su mayoría tuberculosos, nos había hecho desde UVL ponerle atención especial a este centro.

Según los registros de UVL, lo que conocemos es que “un mes después de que el CONAS desalojara la entrada del penal, el 22 de diciembre de 2019, se inició una guerra entre los pranes».

Las investigaciones confirman que el ataque lo comenzó el líder del pabellón “B”. Durante la refriega le arrancaron parte de la cabeza a uno de sus líderes del pabellón “C” de un disparo. En esa ocasión los cadáveres permanecieron por más de 12 horas a la intemperie en el patio del recinto.

En respuesta a ese ataque, los pranes del Pabellón “C” organizaron, cercano a las 5:00 de la tarde del 30 de diciembre de 2019, su contraataque. Primero estallaron las granadas, luego las ráfagas de tiros y posteriormente se llevaron a los caídos para la parte posterior del penal. Desde allí intentaron incendiar todo el Pabellón “B”, donde están recluidos unos 200 internos.

“Las detonaciones hicieron correr a los oficiales de la garita”, detalló un interno. A los 40 minutos empezaron a circular por las redes los videos de los oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) refugiados en la pared frontal del penal. Uno de los que grababa decía mientras sostenía su móvil: “Plomo parejo. Tomaron el control. Tiraron cuatro granadas”.

Pocos minutos después se divulga una turba en medio de una humareda. Quien filmaba aseguraba: “Te quemé el pabellón”. Unas 20 horas más tarde arribó al penal una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Subdelegación Cabimas, y otra del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los primeros retirarían los cadáveres y los segundos una granada que no estalló”.

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Esto era parte del horror que se vivía en el Reten de Cabimas. De allí tomamos la decisión, en UVL, de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección a los reclusos de este recinto y el nuevo año 2020 nos puso de carreras para preparar esta solicitud, la cual materializamos el 8 de enero de este año.

El 6 de febrero de este año, la CIDH, otorgó las medidas que habíamos solicitado y exigió al Estado venezolano lo siguiente:

“a) adopte de forma inmediata las medidas que resulten necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Estas medidas deben ser adoptadas por el Estado atendiendo a las condiciones diferenciadas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en especial, las mujeres embarazadas y aquellas que sean madres;

b) adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, las cuales pueden incluir decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención; brindar atención médica a las personas que lo requieran, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro, separar a las personas condenadas de las que aquellas que no lo están, entre otras medidas;

c) concierte las medidas a adoptarse con la representación de la presente medida cautelar;

d) informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición”.

Hasta ahora el horror que se vive en el Reten de Cabimas continua, igual o peor que antes. Hemos visto protestas de presos en la calle, solicitando atención, como lanzar el cadáver de un preso muerto por tuberculosis a la calle. Y no dudo que seguiremos viendo cosas similares.

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Los presos venezolanos no son prioridad de este régimen, tampoco de muchos ciudadanos que celebran esta situación. Estamos ante un sistema penitenciario fracasado, donde los presos es lo que menos importa. El objetivo es mentirle al mundo diciendo que tenemos el mejor sistema penitenciario del mundo.

Después de esto, en el Macondo venezolano cualquier cosa es posible.

*cnietopalma@gmail.com

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Nelson Mandela, el conocido líder sudafricano que pasó 27 años en prisión, siempre comentaba “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada, a los presos”. Mandela no se equivocaba. Una gran muestra la tenemos en Venezuela, tristemente para los que aquí vivimos.

Y aunque soy optimista y no tengo dudas de que saldremos de esto, jamás supusimos en que llegara al deplorable estado que hoy vivimos. Las cárceles no se escapan de esto: hoy en día tenemos un aproximado de 110.000 privados de libertad, de los cuales el 7 % aproximadamente son mujeres. De este número, 65.000 aproximadamente están en centros de detención preventiva, que son espacios transitorios donde los reclusos no deberían estar por más de 48 horas, pero que lamentablemente se han convertido en cárceles permanentes. Y los 45.000 restantes en las cárceles tradicionales, que la ministra penitenciaria Iris Varela llama “las mejores del mundo”.

Mucho he escrito sobre la grave situación penitenciaria que vive Venezuela y la ausencia total de políticas públicas serias, para buscar soluciones y tener un sistema penitenciario donde los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad sean garantizados como lo dice la Constitución nacional y otras normas internacionales.

Aunque mucha gente crea que los presos no tienen derechos por ser delincuentes, gozan de ellos al igual que cualquier ciudadano común y el Estado está en la obligación de hacer respetar los mismos porque, al contrario de los que no estamos presos, los reclusos están bajo la tutela absoluta del Estado.

Lamentablemente, las autoridades penitenciarias venezolanas conocen poco o nada del tema, cada día manifiestan su ignorancia de la manera más abrupta, con “soluciones” que lo que hacen es agravar la situación cada vez más. Por momentos pienso (y ojalá me equivoque) que lo hacen como mecanismo de torturas, hechos con total premeditación y alevosía.

Actuaciones irracionales como esas que la Ministra Penitenciaria nos tiene acostumbrados, la vimos hace una semana cuando, a raíz de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) el pasado 1 de mayo donde fueron asesinados 47 presos y 75 resultaron heridos, la Sra. Varela buscó una de sus soluciones absurdas y ordenó el cierre del Cepella, enviando a los presos a otras cárceles del país con un hacinamiento extremo.

Para que lo recuerden, se los refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta). Febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros (Guárico), septiembre 2016; Internado Judicial Los Pinos. San Juan de los Morros (Guárico), septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure), abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA) en Puerto Ayacucho (Amazonas), agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare (Portuguesa), mayo 2020.

Nosotros tuvimos una experiencia interesante en 1996 cuando el presidente de la época, Rafael Caldera, decidió implosionar el Retén de Catia, en Caracas. Fue una especie de exorcismo medieval, a ver si de esta forma salíamos de la crisis penitenciaria, cosa que nunca ocurrió. Pero en esa época hubo planificación y tenía construidas las cárceles del Rodeo II y Yare II a donde fueron llevados los reclusos sin que esto ocasionara graves problemas. En la Venezuela actual las cárceles se cierran sin ninguna planificación y solo se trata de traspasar los problemas de un lugar a otro.

A veces creo que la Ministra Iris Varela se enteró de que en Suecia, Holanda y otros países del norte de Europa se estaban cerrando cárceles y quiere aplicar lo mismo en Venezuela, pero no supo que allá las están cerrando por falta de presos y una gran disminución de los niveles de criminalidad, mientras que de este lado del mundo ocurre todo lo contrario.

cnietopalma@gmail.com / @VentanaLibertad

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Reos del Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, secuestraron este viernes a cinco custodios del penal durante un motín que se produjo cerca del mediodía. La situación irregular dejó varios heridos.

La información fue difundida, vía Twitter, por Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, quien precisó que los lesionados, entre los cuales se encuentra un funcionario penitenciario y más de 10 internos, fueron trasladados en ambulancias a centros de salud cercanos.

Cárceles: Conflicto en desarrollo en Cárcel Rodeo 2, al parecer hay tiros, granadas y personal secuestrado… Pendientes…

— Carlos A Nieto Palma (@cnietopalma) octubre 16, 2015

Cárceles: 5 custodias secuestrados y varios reclusos heridos conflicto en desarrollo en Cárcel de Rodeo 2… Ya el @mspenitenciario lo niega

— Carlos A Nieto Palma (@cnietopalma) octubre 16, 2015

De acuerdo con El Pitazo, los presos tomaron la azotea del centro y desde allí amenazaron con lanzar a los custodios cautivos. El medio también reseñó que dentro del penal hubo una detonación.

La acción es una medida de protesta por el hacinamiento, retardo procesal y la mala alimentación que los reclusos reciben en el penal, el cual está desde 2012 bajo el “nuevo régimen” implantado por el Ministerio de Servicio Penitenciario, que contempla uniformes y la instrucción del orden cerrado militar para los privados de libertad.

16Oct Informan q presos de Rodeo II iniciaron protesta en contra del hacinamiento, retardo procesal y mala alimentación. GNB en las afueras. — Angélica Lugo (@Angelicalugob) octubre 16, 2015

#16Oct Llegan familiares de presos a Rodeo II. GNB mantiene un cordón en las afueras de la cárcel #Miranda pic.twitter.com/22GXxuqqCl

— Angélica Lugo (@Angelicalugob) octubre 16, 2015

16Oct Aseguran que hay presos heridos en Rodeo II. Pasadas las 12 del mediodía salieron dos ambulancias. pic.twitter.com/poNKPWAD12 — Angélica Lugo (@Angelicalugob) octubre 16, 2015

Los presos reclamaban traslados a dos de las cárceles del centro del país que no funcionan con el modelo implementado por el Ejecutivo: la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) y el Centro Penitenciario de Aragua o cárcel de Tocorón, cuyas refacciones, pagadas por los propios presos, lo acercan más a un resort que a un centro de reclusión.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Ministerio de Servicio Penitenciario se había pronunciado al respecto.