El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recibió este jueves 7 de marzo el premio de Derechos Humanos de la embajada de Canadá en Venezuela, galardón otorgado a las personas que luchan en defensa de la democracia en Venezuela.
Por segundo año consecutivo, Daniels se adjudicó este premio que otorga el órgano diplomático norteamericano.
“Ser defensor de derechos humanos en Venezuela exige una reafirmación constante y un cuestionamiento permanente que permitan seguir la luz de la justicia con fidelidad y sin extravíos”, dijo Daniels en su discurso donde agradeció a la también fundadora Laura Louza y abogó por la inmediata liberación de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel y del director de Fundaredes, Javier Tarazona.
Daniels con diversas publicaciones en derecho militar, bancario y administrativo, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España.
“El miedo tiene infinitas causas, pero en el caso de Venezuela, tiene un origen indiscutido: la arbitrariedad. Una arbitrariedad que se inició renegando de sí misma, mal vistiendo los atuendos de la legalidad y la democracia, al punto que, a pesar de tantos intentos por parecer otra cosa, tanto más evidente y nítida es su imagen real ante el espejo. La arbitrariedad en nuestros tiempos ha evolucionado, y ya no se esconde detrás de gacetas, sentencias o de popularidad, sino que transmite en cadena su furia ante la necesidad de aumentar el uso de su arma más eficaz, esto es, el miedo”, agregó Daniels.
Voceros de la embajada de Canadá, elogiaron la labor de Daniels. “Ha sido una referencia para organizaciones de la sociedad civil venezolana; muchas esperan e incorporan sus análisis sobre asuntos jurídicos de actualidad. Ha liderado proyectos y ha generado importantes datos relacionados con el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, y el debido proceso”.
Alí Daniels señaló que con el proyecto de Ley contra las ONG, el gobierno está perjudicando a millones de venezolanos que están en «una situación muy difícil»
El codirector de la organización venezolana Acceso a la Justicia, Alí Daniels, analizó las consecuencias de la eventual aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
El pasado 12 de enero de 2024 la Asamblea Nacional retomó la discusión del proyecto que plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. El mismo contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Daniels enumeró, en entrevista a Provea, varias consecuencias que podría traer esta ley y que recaerán principalmente en la sociedad civil más vulnerable producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años:
«Implicará, si se aprueba, la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella, afectará otros muchos derechos porque al hacer prácticamente imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, se impide que la soberanía se organice y ejerza».
«La participación en asuntos públicos también se verá afectada porque expresamente el proyecto de ley señala que, si una organización no ha cumplido con toda la infinidad de requisitos que allí se exigen, no puede participar porque no está registrado en el Registro que pretenden crear y que es adicional al ya existente».
El proyecto de ley implicará que al final solo las organizaciones que el gobierno quiera tendrán personalidad jurídica y el resto serán declaradas de acuerdo a los propios términos de la Ley, inexistentes.
«Esta Ley no reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, las que ya se registraron, las que ya han cumplido con todos los requisitos de la ley actual y a esas organizaciones se les ilegalizan y se les obliga, a partir de cero, como que si nunca hubieran existido».
«La ley obliga a que todas las organizaciones reescriban sus actas constitutivas, incorporen nuevos fines que la ley establece, nuevos objetivos que la ley establece que incorporen actividades con el gobierno, ente otros aspectos». De acuerdo con la ley, se obliga a que las asociaciones incluyan como miembro a funcionarios públicos, algo que es realmente insólito».
«Las consecuencias, sobre todo para las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos, es que lo más probable no se les permita constituirse, no se les dé la posibilidad de continuar».
«Si una organización trabaja con indígenas waraos, por ejemplo, eso implica que debería estar inscrita, no solo en el estado Delta Amacuro, sino también en los otros estados donde ellos habitan, con lo cual la organización debe estar inscrita en Monagas, Bolívar y, si por ejemplo, no está inscrito en alguno de estos estados y si tiene una medicina en el Delta, pero tiene que enviarlas al estado Bolívar porque lo necesitan, no los puede trasladar porque la ley obliga que deben estar inscritas en los tres estados para poder hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de sutilezas legales, ni de cosas leguleyas. Estamos hablando de vicios que atentan contra los más elementales derechos humanos».
Los costos de mantenimiento de las organizaciones, que tendrán que tener estructuras fijas para renovar constantemente estos permisos, serán muy onerosos y eso tiene una repercusión práctica. «Por ejemplo, si un donante da un dinero para alimentar personas o dar medicinas, si antes daba 10 dólares, por poner un caso, y de esos 10 dólares los costos administrativos eran 0,5; ahora puede ser uno o dos dólares por cada 10. Entonces eso implica que, en vez de llegarle más ayuda, le va a llegar menos ayuda a la gente porque los costos operativos para mantener la organización se encarecen», explicó Daniels.
«La ayuda humanitaria se ejecuta a través de Naciones Unidas, esa ayuda no la ejecuta directamente Naciones Unidas sino que quienes están en el terreno ejecutando esa ayuda humanitaria son las ONG y de ahora en adelante, muchas dejan de operar y Naciones Unidas no va a poder suplir esa falta y de esto estamos hablando, de las vidas en riesgo que pone este proyecto».
Para el abogado Alí Daniels, el artículo 13 de la ley habla de «participar directa o indirectamente», lo cual, aseguró, viola «el principio de tipicidad» porque los delitos tienen que ser «claramente señalados»
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, manifestó que la nueva ley de protección de activos, que aprobó el Parlamento chavista, «no otorga nuevas competencias o unidad especiales capacidades al Estado para actuar».
En un audio difundido por la organización, Daniels explicó que en Venezuela, una noticia sería una ley que dé poderes al gobierno que no tenga.
Ante eso, explicó que decir que esta ley «habilita» o da «competencias al Estado» no es correcto y que no se entiende «cuál es la finalidad de la ley» porque no otorga esas nuevas competencias.
Por otra parte, indicó que son preocupantes los últimos tres artículos que incluyen la parte sancionatoria, lo que considera que «realmente corresponden a los fines de la ley».
«En el artículo 12 se habla de que toda persona que es usurpador, atribuyéndose la representación de la República, participe de cualquier modo de actuación en negociaciones ofertas vinculadas al tema de los manejos del manejo de activos en el exterior será sancionado penalmente (…) Y entonces se agrega un párrafo aparte, que dice que los bienes efectos de personas que se hace referencia en este artículo será un objeto al procedimiento de extinción de dominio», señaló Daniels.
Para el abogado, es que la ley no dice es «lo preocupante», porque la norma debió decir que «si esa persona tiene beneficios» y esos podrían ser objeto de la ley de extinción de dominio.
«Tal y como está el artículo pareciera que todos los bienes de una persona vinculada a estas actividades pueden ser objeto de la de la Ley de Extinción de Dominio», alertó Daniels.
Asimismo, explicó que esa situación podría generar sanciones que no han tenido «ningún lucro por este tipo de actividades», pero que por participar en las mismas puedan perder bienes que hayan generado de sus actividades lícitas.
Penas sumamente altas
Alí Daniels señaló que el artículo 13 de la ley establece que cualquier persona que directa o indirectamente haya actuado en este tipo de actuaciones de manejo de activos en el exterior, «serán sancionados con prisión de 15 a 20 años».
«En todo lo que tiene que ver con persecución política, las penas son altísimas, en este caso de 15 a 20 años. Pero, por ejemplo, las penas para la corrupción en el país son muchísimos más bajas, es decir, el que roba 3.000 millones, la pena máxima será de 3 de 10 años», cuestionó.
Además, dijo que lo más preocupante de este artículo es que habla de «participar directa o indirectamente», lo cual, aseguró, viola «el principio de tipicidad» porque los delitos tienen que ser «claramente señalados».
«Al hablar de que se participa de manera indirecta, queda entonces ahí una gran discrecionalidad a considerar ¿qué es indirecto?», señaló.
Lo más grave
Para el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo «más grave» de la ley de protección de activos en el exterior está en el artículo 11.
«El Ejecutivo creará un registro de personas que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contraposición de las disposiciones de la ley», señaló.
Sobre lo anterior, explicó que este no es un registro hecho con «condenados por la ley de personas que hayan sido objeto de un juicio y que haya sido condenados por ellos, sino personas que pretenden es decir que tengan la intención de», dijo.
En ese sentido, advirtió que «con una simple sospecha de que alguien va a actuar en una negociación de activos en el exterior puede ser incluida en el registro». y eso además genera una consecuencia de formar parte.
El abogado aclaró que la Misión no es un organismo condenatorio -la Misión de la ONU no condena a nadie- pero que sí recauda información con una metodología que es la misma metodología que la del Estatuto de Roma
Este martes, 27 de septiembre, el abogado y director de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó varios aspectos del reciente informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela que son importantes para la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI).
En entrevista para el programa Son Derechos de la ONG Provea, Daniels aclaró que el órgano máximo de defensa de los derechos humanos de la Naciones Unidas es el Consejo de Derechos Humanos que, específicamente, en el caso de Venezuela, ha investigado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, delitos que juzga la CPI.
Alí Daniels apuntó que a partir del año 2019, la Misión ha elaborado cuatro informes, uno en 2020, otro en 2021, y dos ahora en 2022 con el Arco Minero del Orinoco y las cadenas de mando de los cuerpos de seguridad del Estado.
El abogado aclaró que la Misión no es un organismo condenatorio -la Misión de la ONU no condena a nadie- pero que sí recauda información con una metodología que es la misma metodología que la del Estatuto de Roma con lo cual esas pruebas podrían posteriormente servir a CPI.
Para ejemplificar como funciona el mecanismo de la Misión de la ONU, el director de Acceso a la Justicia citó el caso de Myanmar, donde al gobierno lo acusaron de cometer genocidio.
«El Consejo operó así, tal cual, como en el caso venezolano, nombró una Misión de determinación de hechos, esta Misión estudió los casos, hizo entrevistas a víctimas del holocausto en Myanmar, hizo un informe y gracias a ese informe, la señora Fatou Bensouda, que todavía era fiscal en esa época de la CPI, abrió una examen preliminar y ahora ese caso esta en fase de investigación», explicó Daniels.
Sobre el caso de Venezuela, indicó que los cuatro informes que se han realizado se han hecho con pruebas directamente dadas por las víctimas, familiares de víctimas, abogados, incluso con ex funcionarios de los cuerpos de seguridad, de manera tal que todas sus fuentes son directas.
Explicó que su esperanza es que esos informes pueden ser utilizados en un juicio y que los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad que ha documentado la Misión de la ONU, sean juzgados ante el máximo tribunal internacional, y aunque reiteró que son largos los procesos, afirma que son positivos para el país.
A pesar de que el cobro ilegal e injustificado en las alcabalas es una de las prácticas de extorsión más comunes, también hay otras relacionadas con bienes y servicios que ofrece el Estado
La ciudadana Yuleima Bravo contó que la primera vez que fue a la Universidad Bolivariana tras ser convocada a vacunarse contra la COVID-19, muchas personas que entraban en los primeros días, lograron hacerlo porque decían que le pagaban a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
@Andrea_GP21
En todo el territorio nacional los ciudadanos son víctimas de extorsiones o cobros ilegales por parte de funcionarios y prestadores de servicios, conocido comúnmente como «matraca», siendo la de las alcabalas las más populares. Los cuerpos de seguridad instalan estos puntos de control en todo el país y su propósito debería ser contribuir con la seguridad de la población, pero en muchos casos es el punto más aterrorizante de todo el trayecto.
El texto advierte que muchos de estos puntos de control se han convertido en espacios donde los funcionarios retienen a los ciudadanos y muchas veces, sin justificación, los obligan a realizar pagos al margen de la ley: “matraqueo”.
Los cobros ilegales en alcabalas, aunque no son nuevos, se incrementaron a partir de la cuarentena que se implementó en 2020 por la pandemia de COVID-19.
Durante el primer semestre del año 2022, Transparencia Venezuela y Ecoanalítica evaluaron 20 empresas de servicios de transporte y distribución del país. Del estudio, se levantaron datos efectivos de 10 de esas compañías y se constató que la probabilidad de extorsión se ubica en 25%.
Asimismo, se identificó que los cuerpos de seguridad más involucrados son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías municipales y policías estadales.
Con miedo a denunciar
En julio de 2022, Nicolás Maduro se refirió a las matracas en las alcabalas y pidió a la Vicepresidencia que se elimine esta práctica ilegal.
“He dado la orden, señora vicepresidente, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le imponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela”, señaló Maduro.
También, el oficialista instó a las alcaldías, gobernaciones y a todos los entes del Estado a denunciar los abusos policiales “vengan de quien vengan”.
Pese a que el propio Maduro pidió denunciar estas prácticas ilegales, no todos los integrantes del gabinete ejecutivo parecen estar de acuerdo. Así lo evidenció Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, ante una denuncia de la periodista Valentina Quintero.
“El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las alcabalas, la matraca”, fueron las palabras de Quintero que no gustaron a Ceballos y por las cuales fue criticada por el ministro.
Quintero reportó que los transportistas de alimentos “han denunciado el hecho hasta la saciedad”, asegurando que los extranjeros y los jóvenes son los más vulnerables ante la extorsión en las carreteras venezolanas.
En su denuncia, Quintero hacía referencia a la extorsión de algunos funcionarios de cuerpos policiales a quienes viajan por Venezuela.
Ceballos no fue precisamente receptivo a la crítica: “Es una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”.
Según Ceballos, el sistema de justicia venezolano está en la capacidad y tiene la estructura para sancionar a aquellos funcionarios que incumplan las leyes.
“Regálame una harina, que no tengo comida”
Johana Ramírez vive en Filas de Mariches, en el municipio Sucre del estado Miranda. Ella dice que en las adyacencias de la Urbanización Miranda, cerca de la Universidad Santa María (USM), siempre hay una alcabala que los habitantes mandan a poner “por seguridad”.
“Era un domingo como a las 3:00 de la tarde. El tipo nos para, no había nadie. Le pidió papeles a mi pareja, certificado y todo. Como él está legal le entregó todo”, contó Ramírez en entrevista con Runrun.es.
“El policía nos dijo ‘ábreme la maleta del carro’. Mi novio se tuvo que bajar y le dice: ‘estás legal, no puedo hacer nada. ¿Será que me puedes regalar una harina para llevar para la casa?, porque no tengo nada’ (…) Él le dijo que no porque si le daba una nos quedamos con poca comida, pero después hasta nos pidió cinco dólares y le dijimos que tampoco”, agregó Ramírez.
Afortunadamente, según contó la joven, el funcionario no pudo poner más trabas debido a que tenían todos los papeles del vehículo al día y pudieron irse tranquilamente.
Si no le pagas a la cuadrilla, olvídate de Cantv
Otras prácticas de extorsión muy comunes tienen que ver con la instalación, suministro o reparación de bienes y servicios que ofrece el gobierno.
Enrique León, de 38 años, trabaja desde su casa para una empresa extranjera. Actualmente vive en Caracas. Él utiliza el servicio de ABA Cantv para ejecutar sus labores. Necesita conexión a Internet en todo momento y que además sea estable.
León comentó que en junio de este año estaba trabajando y el Internet dejó de funcionar. Esperó unas horas y, al cabo de un día entero, el servicio no volvió. “Decidí llamar a un técnico de Cantv que conocen mis vecinos. Los llamé y allí mismo vinieron. Me cobraron 10 dólares por una revisión y me dijeron que había un problema con el puerto de la central”, contó.
Según dijo, la opción que le dieron los técnicos fue pagar para “agilizar el proceso” en la central de Cantv, pues si hacía un reclamo por los canales regulares, no obtendría ninguna respuesta.
“El técnico llamó a la central y le dijeron que tenían que cambiar el puerto. Me pidieron 130 dólares para arreglarlo. Allí mismo busqué el dinero y lo pagué. Era esa la única opción que tenía para poder trabajar y que no me despidieran”, confesó.
Pagar por una vacuna
Cuando comenzaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19, en muchos casos ni siquiera importó que las personas estuvieran convocadas a través del Sistema Patria.
Así lo reveló Yuleima Bravo, quien contó que la primera vez que fue a la Universidad Bolivariana tras ser convocada a vacunarse, muchas personas que entraban en los primeros días, lograron hacerlo porque decían que le pagaban a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Aceptamos punto, pago móvil y Zelle. Esas cosas yo las escuché en la Bolivariana en los primeros días de las jornadas de vacunación”, decían los funcionarios a los ciudadanos que iban a vacunarse, según contó Bravo.
Bravo contó que cuando había escasez de las vacunas rusas Sputnik V, un tío de ella tenía un contacto en un centro de vacunación en la zona de El Cementerio.“Él guardó el teléfono de alguien allí y la persona por avisarle cuándo llegaban las vacunas le pedía una colaboración. Dio como cinco dólares”, añadió.
Cabe recordar que, cuando comenzaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19, fueron múltiples las denuncias en redes sociales de cobros irregulares que hacían funcionarios de seguridad y quienes estaban en los centros de vacunación para permitir a las personas vacunarse con prioridad y que no hicieran colas.
Soltar 20 dólares para que te den la cédula
Tramitar documentos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) puede ser bastante engorroso. Desde los “gestores” que cobran para agilizar el trámite del pasaporte hasta cobros para poder tener una cédula de identidad.
La joven Dayana Rosales, consultada por Runrun.es, contó que en el año 2021, cuando se reactivaron las jornadas para tramitar las cédulas de identidad, tuvo que pagar para poder tener el documento de su hija.
“Cuando retomaron los operativos de cedulación tras salir del confinamiento fue un desastre. La gente tenía que amanecer. Un día fui a Plaza Caracas y llevé a la niña, dieron unos números y al final dijeron que no iban a atender”, comentó Rosales.
Después de que informaran que no atenderían a los asistentes, cuenta la joven, un funcionario del Saime salió a “hablarle por debajito a la gente de la cola a decirles que tenían que pagar 15 y 20 dólares por las cédulas”.
“Tuve que pagar 20 dólares para que me pasaran y le sacaran la cédula rápido, saltándome los números y la cola. Y me querían mandar al día siguiente después de hacer una cola de cinco horas”, denunció.
Además, dijo que varias personas hicieron lo mismo porque necesitaban tramitar las cédulas de sus hijos para poder inscribirlos en los colegios.
¿Qué puede hacer una víctima de matraca?
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, señaló que cuando los ciudadanos son víctimas de matraca, por ejemplo, en alcabalas, lo primero que deben hacer es ubicar tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos, así como identificar “en la medida de lo posible” a los funcionarios.
“Ellos (los funcionarios) deberían tener una identificación con el apellido a nivel del pecho. De no tener, cosa que es poco común, buscar otros elementos de identificación como podrían ser el número de la patrulla, de las placas de las motos o vehículos en los que se están desplazando y algunos elementos distintivos de identificación”, señaló Daniels en entrevista con Runrun.es.
Además, señaló que grabar a algún funcionario no es ilegal y puede hacerse, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad del ciudadano, esto a fines de individualizar una denuncia.
“Un papel vencido no es razón para que una persona sea detenida o el vehículo sea detenido. La detención del vehículo solamente puede ocurrir si se considera que hay un riesgo para la seguridad vial y el tener un documento vencido no es un riesgo en sí mismo para la seguridad vial”, acotó Daniels en referencia a los funcionarios policiales que retienen vehículos y personas por tener algún documento vencido.
¿A qué lugar acudir?
Cuando se producen situaciones irregulares como petición de dinero o que a las personas les quiten cosas de los vehículos, Daniels señaló que la persona puede ir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo para dar constancia de lo que ocurrió.
“También hay instancias de las policías pero son de difícil ubicación, sobre todo en los estados. No sabemos dónde quedan.
Daniels recomienda como primer lugar acudir a la Fiscalía, señalando que, en el caso de detención de vehículos o personas en alcabalas constituye un delito, “porque se trata de una detención arbitraria”. Dijo además que la solicitud de sobornos es ilegal y representa un delito.
“Si la persona puede hacer público lo que ocurrió, eso es muy importante en las redes sociales porque deja constancia de lo que ocurrió, de su testimonio. Ya hemos visto que en algunos casos donde se hace público, esto trasciende y pone en evidencia a los funcionarios (…) Es muy importante la denuncia pública porque hace ver el patrón sistemático y generalizado de este tipo de actuaciones”, agregó.
Hacer conciencia
Para Daniels, es necesario hacer conciencia y entender que no se trata de que un “funcionario pueda hacer lo que él quiera” y que tampoco el ciudadano “está a merced de un funcionario”.
“Un funcionario es un servidor público y como servidor público el que se debe al ciudadano es él y no al revés. Son principios republicanos que en Venezuela lamentablemente hemos perdido por el principio de autoridad”, aseguró.
En ese sentido, Daniels señaló que es importante que los ciudadanos no se sientan “sojuzgados ni sometidos, porque no es así”.
“Los funcionarios no son superiores de nadie (…) En la medida en que la ciudadanía se organice y pueda defender sus derechos como colectivo, puede hacerse una lucha mucho más efectiva sobre este tipo de prácticas que tan generalizadas son a nivel nacional”, finalizó.
«Quiero alentar a que se haga más», dijo Bachelet tras reconocer las condenas a funcionarios de seguridad que mataron a manifestantes en 2017
Foto: EFE
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, aseguró que el último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela reitera que se mantiene la violación a los DDHH en el país.
Bachelet, alta comisionada de la ONU, presentó su informe el miércoles, 29 de junio. De acuerdo con Daniels, esta presentación no se puede calificar de informe, porque «tiene elementos agregados al informe que hizo público la semana pasada».
Daniels señaló que Bachelet reconoció que «los elementos estructurales de represión y violación sistemática y generalizada de derechos humanos se mantienen”.
A juicio de Daniels, se reiteraron «violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de las personas y desacatos de las autoridades administrativas a boletas de excarcelación».
«Esta presentación pone de manifiesto que la situación de represión en Venezuela sigue manteniendo sus elementos estructurales básicos”, alertó Daniels.
Por otra parte, consideró que Bachelet fue optimista sobre las reformas, pero consideró que hubo un elemento de «inconstitucionalidad» sobre la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
También, Daniels consideró que Bechelet señalaó que los magistrados electos «tienen fuerte vinculación con el oficialismo, lo que evidencia su falta de independencia e imparcialidad”.
A su vez, recordó que la alta comisionada se refirió al «cierre del espacio cívico», enfatizando en el sobreseimiento de los activistas de Azul Positivo que.
«Es la mejor manifestación de cómo se reprime en Venezuela a las organizaciones que trabajan en temas de cooperación internacional», añadió Daniels
Bachelet alentó a que “se haga más” por los DDHH en Venezuela
En el informe, que se hizo público el pasado 23 de junio, Michelle Bachelet adelantó que persistían las torturas en Venezuela, así como las detenciones arbitrarias.
Bachelet reconoció algunos «avances», pero alentó al gobierno a «cambios estructurales» y a «hacer más» para lograr justicia en el país y reparación de víctimas.
«Quiero alentar a que se haga más», dijo Bachelet tras reconocer las condenas a funcionarios de seguridad que mataron a manifestantes en 2017.
Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, centros académicos, entre otros
El Observatorio Social Humanitario (OSH) discutió en un foro junto a expertos que si el anteproyecto de la ley de cooperación internacional, planteado por la Asamblea Nacional, se lleva a cabo, afectará principalmente a los beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos.
El foro «Venezuela en Emergencia Ley de Cooperación Internacional: una amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela» se realizó el 13 de mayo de 2021 y contó con la participación de Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia.
Romero indicó que cuando se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección.
«La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional, más allá de un tema de recursos económicos, permite interactuar con organismos internacionales, «, explicó Romero.
Según Romero, este instrumento busca ir en contra de ese derecho.
Daniels señaló que los principales afectados, en caso de que esta Ley se implemente, serían los cientos de miles de beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos como de la acción humanitaria.
Por su parte, Van Berkel, reiteró que la Ley de Cooperación Internacional busca quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho.
Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas.
Los expositores alertaron que esta ley amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.
Obstáculos y limitaciones
Alí Daniels mencionó que el obstáculo principal que genera este anteproyecto de ley es la confusión terminológica y falta de coherencia interna que hay en él.
En cuanto a las limitaciones concretas que establece la Ley contra las ONG, Daniels mencionó las siguientes:
La instauración de un registro. Se somete a las organizaciones a tener que inscribirse en ese registro porque si no no responde a tener cooperación internacional.
La cooperación del Estado. Según Daniels, la mención en varios artículos sobre la cooperación del Estado preocupa, porque da a entender, que toda la cooperación es pública. De acuerdo con Daniels, esto podría implicar que la cooperación solo pueda ser a través del manejo del dinero por el gobierno venezolano. «Sería terrible, porque no se rinden cuentas», dijo.
«Aunque venga de agentes privados del exterior, al entrar en Venezuela debe ser público. Es muy peligroso porque se trataría de estatización de la cooperación internacional», reiteró el director de Acceso a la Justicia.
El derecho a información. Daniels explicó que, con esta Ley, cualquiera podría pedir información de estatutos y actividades que realizan las organizaciones. Por lo que sería algo arbitrario.
Estas preocupaciones le llevan a afirmar que la ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos: «Se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué».
«Una violación más a los derechos de las víctimas»
Romero señaló que además de los obstáculos y limitaciones que causa la ley a las organizaciones, este tipo de controles también afecta el trabajo de la sociedad civil, y principalmente, a los beneficiarios de sus programas.
«Más allá del impacto directo que tiene en las ONG, es una violación más a los derechos de las víctimas», reiteró.
Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, organizaciones religiosas y de atención social de iglesias, centros académicos, organizaciones que trabajan con formación política, y redes de organizaciones de base comunitarias que no están registradas formalmente pero que actúan en trabajo social verán limitadas sus funciones de llegarse a aprobar.
Según la presidenta de la red Sinergia, desde el punto de vista las organizaciones, no solo hay preocupación, hay acción y una acción que siempre ha sido justamente el registro de denuncia y exigencia de derechos humanos.
«Hay más 600 organizaciones que están con una acción de atención de necesidades fundamentales de los venezolanos en una diversidad de proyectos y lo que busca la solidaridad entre los pueblos», explicó Van Berkel.
«La Ley de Cooperación Internacional es una ley para quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de la solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho», afirmó Van Berkel.
De acuerdo con Daniels, «la Fiscalía tiene razón en pedir la continuación de la investigación pues no hay cambios genuinos en la mal llamada justicia venezolana»
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señaló este jueves, 21 de abril, que la Corte Penal Internacional (CPI) podría ampliar su marco temporal de investigación en Venezuela.
Así lo explicó en un hilo publicado en Twitter, donde recordó que Karim Khan, fiscal de la CPI, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de continuar la investigación en el caso Venezuela I.
Pese a que el régimen de Nicolás Maduro pidió que se aplazara la investigación, el fiscal de la CPI dice que la solicitud de la administración chavista “no adjuntó soporte material” a la misma, «sino que remite a información que ya dada antes del cierre del examen preliminar, así como información estadística y de reformas legales y regulatorias».
En ese sentido, dado que el régimen no ha proveído a la Fiscalía de de material adicional en soporte a su solicitud, «no hay razones que justifiquen reconsiderar su posición previa de continuar la fase de investigación, y así la Fiscalía pide a la Sala la reanudación de la investigación».
Además, la comunicación de la administración de Maduro resalta: «Se señala que de los 124 casos de los que se le pidió información, 116 se están en fase preparatoria, 5 en juicio y sólo 3 tienen sentencia condenatoria. No se dice si estas últimas son firmes o no».
Según Daniels, lo anterior significa que de los 124 casos, el 93,5% están en fase preparatoria y apenas el 2,4% tienen condena, «pero no se sabe sin son definitivas o están sujetas a apelación o a casación», recordando que se trata de casos con 5 o más años de existencia, por lo que no se justifica tanto retraso.
«Un elemento muy importante a destacar es que el gobierno hace referencia a casos del 2014 con lo que se abre la posibilidad de que la Fiscalía amplíe el marco temporal que inicialmente era a partir de los hechos del 2017″, enfatizó Daniels.
Otra cifra que da el régimen y que, según Daniels, muestra lo contrario de lo que quiere, «es la que indica que de los casos aludidos apenas hay 30 funcionarios imputados, 27 acusados y sólo 14 están detenidos».
«En un típico alegato gubernamental que pretende pasar casos individuales como muestra de una política pública, se cita el caso de la violación y “trato cruel” de un joven en Maracaibo en el 2017, en el cual 8 funcionarios fueron condenados a penas de 24 años», añadió Daniels.
Sin embargo, acota Daniels, no dice el régimen que la víctima señaló a 11 funcionarios y no solo 8, y que la representación de esta pidió que se imputara por el delito de tortura, «tampoco que la víctima tuvo que interponer un amparo para acceder al expediente entre otros vicios del juicio».
El Fiscal de la CPI ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares de continuar la investigación en el caso Venezuela I, pues en el último día para dar información (el 16 de abril),el gobierno entregó una comunicación al Fiscal pidiéndole que se inhiba de continuar la misma
Daniels señaló que la administración de Maduro que se reformó el Código de Justicia Militar prohibiendo el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, pero no menciona la sentencia de la Sala Constitucional del 9 de septiembre de 2021, es decir, 3 meses después de esa reforma, «confirmó que si un juez militar quiere juzgar a un civil, sólo debe motivar su decisión, obviando de este modo la prohibición del código».
También, el oficialismo hace alusión a que se dio titularidad en el cargo a 42 fiscales, «sin aclarar qué se hace con funcionarios ya designados de forma discrecional, lo que es discriminatorio pues los concursos deberían ser abierto a todos los que cumplan los requisitos».
Agrega Daniels que tampoco hace alusión a que se hagan concursos para jueces, lo que no ocurre desde el 2003.
«Refiere el gobierno que se reformó el COPP para ampliar la participación de las víctimas y ‘fortalecer las garantías’ de los imputados pero no aclara que ya existen denuncias de ONG a las que se les ha negado representar víctimas, una de las reformas hechas, por no tener el violatorio registro de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo ni tampoco a que existen detenidos a pesar de superar los lapsos de detención preventiva reducidos con la reforma», añadió Daniels.
En conclusión, de acuerdo con Daniels, «la Fiscalía tiene razón en pedir la continuación de la investigación pues no hay cambios genuinos en la mal llamada justicia venezolana».
