Un informe de Transparencia Venezuela reporta un aumento del peso de estas actividades en el país
El volumen de las operaciones de las economías ilícitas equivale al 21% del PIB, según estos datos
Las redes de corrupción pueden generar al menos $1.900 millones en contrabando de combustible, $4.919 millones por tráfico de drogas y $825 millones por la extorsión en los puertos
Un reciente informe concluyó que las economías ilícitas en Venezuela como el contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas, generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales.
El informe que elaboró Transparencia Venezuela, al que titularon «Economías Ilícitas al amparo de la corrupción», reporta un aumento en el peso de estas actividades en el país.
El documento se elaboró a partir de un análisis realizado por la firma de economía y finanzas Ecoanalítica.
Según el estudio, el volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que se ubica en USD 43.440 millones, según la firma.
Transparencia advierte que el país se convirtió en uno de los «epicentros del crimen organizado de la región».
Mientras que los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados «a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos».
El informe consta de ocho capítulos en los que se explora la existencia de organizaciones con redes nacionales e internacionales y con participación de grupos «criminales», así como también de «funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones».
«A la par, aumentan la brecha de desigualdad, la migración y el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población que no tiene acceso a servicios básicos de calidad», remarcan.
A continuación, algunas conclusiones relevantes de esta investigación:
Combustible, narcotráfico y puertos: las tres principales economías ilícitas
Un primer hallazgo resaltante es que la red de corrupción en estas áreas es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con las actividades de contrabando de combustible; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos.
El reporte indica que desde 2020 se agudizó el problema con el abastecimiento de la gasolina en Venezuela y que aún persiste, sobre todo en los estados fronterizos.
Esto, indican, creó un mercado paralelo en el que la gasolina puede alcanzar $3,5 por litro.
«Las personas que no pueden conseguir gasolina en estaciones de servicios formales y deben acudir al mercado negro pagan en Venezuela la gasolina más cara del mundo«, resalta la ONG.
Añaden que el control del suministro de gasolina lo tiene la Guardia Nacional Bolivariana y que algunos de sus integrantes «permiten y participan activamente en el
mercado negro del combustible y el cobro de sobornos».
Sobre el narcotráfico, indican que grupos irregulares de Colombia como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC «transportan y almacenan grandes cantidades de cocaína en zonas rurales de Venezuela».
Asimismo, denuncian que utilizan el país como punto de transbordo para envíos con destino a México, Centro América, África Occidental, Europa, y el Caribe, de acuerdo con reportes de la DEA.
Extorsión en alcabalas y puertos
Por otra parte, el capítulo también aborda el problema de la extorsión que existe en las alcabalas venezolanas.
Precisan que se convierte en «otra oportunidad para captar rentas de manera ilegal y provoca graves impactos en la población».
Esto pese a exhortos públicos de solucionar el tema de autoridades como el propio Nicolás Maduro.
Aún así, un estudio de Transparencia y Ecoanalítica reveló que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión.
Respecto a las actividades ilícitas en los puertos del país, Transparencia describió en una infografía el modus operandi de los grupos corruptos al recibir los puerta a puerta.
Los cálculos de la ONG indican que los grupos en los puertos reciben anualmente unos $825 millones en esquemas delictivos.
GRUPOS EN LOS PUERTOS
RECIBEN USD 825 MILLONES
ANUALMENTE
EN ESQUEMAS DELICTIVOS
La convergencia de varias economías ilícitas en el Arco Minero
Transparencia destaca las «atroces consecuencias sociales y ambientales» de la explotación del oro en el Arco Minero, así como los importantes cambios de los últimos dos años en los mecanismos y estructuras de poder formal e informal.
Aunque la actividad de exploración y explotación de minerales solo se permite en 12% del territorio nacional, y las leyes establecen que el oro debe ser vendido de manera preferencial al Banco Central de Venezuela, en la práctica, ocurre otra cosa.
«La mayoría de los yacimientos auríferos se explota de manera ilegal, con el uso de sus juncias prohibidas y tan solo una mínima porción ingresa a las arcas nacionales», denuncia Transparencia Venezuela.
Según la ONG, la extracción de oro de forma ilegal en el sur del país produjo en 2021 unos 2.385 millones de dólares. Y solo 25 % de este monto ingresó a las arcas del Estado.
Lo anterior significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializó por canales irregulares.
La investigación concluye que el contrabando de oro por parte grupos irregulares y corruptos genera rentas anuales entre $1.500 millones y $1.700 millones anuales.
Reportan también que los mineros deben entregar a grupos criminales entre 10% y 30% de los sacos que extraen.
Organizaciones criminales se benefician de estas actividades
De acuerdo con Transparencia Venezuela, al menos trece de las principales organizaciones criminales que tienen presencia en Venezuela se benefician de actividades de economías ilícitas.
Entre ellas, mencionan al Tren de Guayana; la banda de “el Toto” y “Zacarías”; La organización R; el sistema de “Negro Fabio”; la banda de “Juancho” y sus lugartenientes; los colectivos; el sindicato de Barrancas; el Cartel de Paraguaná; el grupo armado Yeico Masacre; el Tren de Aragua; las megabandas de El Koki y Richardi; así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Desinformación que oculta las actividades ilícitas
El quinto capítulo del informe de Transparencia Venezuela aborda cómo la desinformación favorece las actividades de las economías ilícitas.
De esta forma, advierten, se oculta la participación de integrantes de las estructuras oficiales en Venezuela.
«Existe casi opacidad total en cuanto a las actividades que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco, igual pasa con los temas relacionados con las irregularidades en los puertos venezolanos. Hay manipulación en las declaraciones sobre narcotráfico, se suele desviar el foco del problema y se traslada a terceros. Abundan las medias verdades y la propaganda, al dar a conocer solo parte de la historia en casos de tráfico de combustible y se procura lucir como paladines de la justicia», denuncia la ONG.
Fuentes lícitas pero irregulares de obtención de recursos
En el sexto capítulo del reporte, Transparencia abordó cómo el Gobierno recurrió a figuras lícitas pero irregulares para obtener recursos y mantener sus operaciones.
Por ejemplo, el «traspaso opaco de activos del Estado y las exportaciones de chatarra».
También, refieren el traspaso «bajo condiciones de opacidad» de empresas públicas o activos estatales a privados durante 2020 y 2021, que según denuncian, «generaron grandes pérdidas para el país», por encima de los 148,2 millones de dólares.
Entre estos casos están la venta de la filial de Pdvsa en República Dominicana, las negociaciones con diversas estaciones de servicio de Pdvsa y los casos del Hotel Alba Caracas y del Central Azucarero Sucre.
Ciudadanos en estado de indefensión
Tal y como reporta Transparencia en los capítulos séptimo y octavo de la investigación, los ciudadanos están indefensos frente a los delitos de redes criminales trasnacionales que participan en la economía ilícita.
Además, denuncian la «ausencia de un sistema de justicia imparcial y transparente».
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