La ley establece responsabilidades penales individuales y confiscación de bienes contra aquellos venezolanos que negocien con activos venezolanos en el exterior
Foto: EFE/Rayner Peña
Expertos advierten que la ley de protección de activos en el exterior, que aprobó la Asamblea Nacional chavista, podría originar una nueva ola de «persecución».
De acuerdo con un reportaje de EFE, esta persecución podría ser contra quienes residan en Venezuela y estuvieran relacionados de forma directa o indirecta con la gestión de dichos bienes.
Esta ley tiene por objeto «proteger» el patrimonio frente a cualquier «intento o acción de expolio» desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas.
Algo ilusorio
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, aseguró a la mencionada agencia que no hay una razón práctica para aprobar esta legislación, porque el gobierno ya tomó acciones para defender aquellos activos «que consideran les han sido burlados».
«Ya ha habido acciones del Gobierno venezolano para recuperar esos bienes, y pretender que por la promulgación de una ley en Venezuela otros países van a cambiar su posición sobre este tema de los activos es algo ilusorio», indicó.
Asimismo, explicó que el reconocimiento o no a un gobierno que mantienen esos países prevalece sobre el Poder Judicial.
«Porque se dicte una ley diciendo que ahora el Gobierno debe defender los activos, cosa que ha venido haciendo, no le da más instrumentos al gobierno venezolano para mejorar su posición ante otras jurisdicciones», apuntó.
Temor a la persecución
Daniels consideró necesario que todas aquellas personas que manejen activos o recursos del país rindan cuentas para determinar si las denuncias sobre presunta corrupción son reales.
El ejemplo más destacado entre los antichavistas es el de Juan Guaidó, quien gestionó bienes venezolanos en países donde fue reconocido como «presidente interino» entre enero 2019 y finales de 2022.
Durante enero, Guaidó aseguró, en su rendición de cuentas, que el gasto total durante el interinato fue de 150 millones de dólares.
Sin embargo, no detalló la cantidad de dinero destinado a sus propios gastos o a pagar los salarios de los miembros de su equipo.
Para Daniels, lo «peligroso» de esta ley está en no definir qué es participación directa o indirecta en la administración, negociación, o actos administrativos sobre los activos en el exterior.
«Hablar en estos términos tan grises, sin unas definiciones claras, da pie a que personas que actuaron de una manera absolutamente inocente en esta situación de manejo de activos en el exterior puedan ser objeto, no solamente de una persecución que conlleve a la pérdida de su libertad, sino incluso a la pérdida de sus bienes», alertó.
Prisión y confiscación de bienes
La Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el Extranjero establece responsabilidades penales individuales y confiscación de bienes contra aquellos venezolanos que negocien con activos venezolanos en el exterior.
Según el chavista Diosdado Cabello, la ley consta de 13 artículos que tienen como objeto fundamental «proteger cualquier activo que sea de interés del Estado o sus instituciones en cualquier lugar del mundo».
También, Cabello se refirió a que el artículo 13 de la ley, que establece que quienes participen en los actos descritos en el artículo 12 serán sancionados con prisión de 15 a 20 años.
*Con información de EFE
