El abogado aclaró que la Misión no es un organismo condenatorio -la Misión de la ONU no condena a nadie- pero que sí recauda información con una metodología que es la misma metodología que la del Estatuto de Roma
Este martes, 27 de septiembre, el abogado y director de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó varios aspectos del reciente informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela que son importantes para la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI).
En entrevista para el programa Son Derechos de la ONG Provea, Daniels aclaró que el órgano máximo de defensa de los derechos humanos de la Naciones Unidas es el Consejo de Derechos Humanos que, específicamente, en el caso de Venezuela, ha investigado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, delitos que juzga la CPI.
Alí Daniels apuntó que a partir del año 2019, la Misión ha elaborado cuatro informes, uno en 2020, otro en 2021, y dos ahora en 2022 con el Arco Minero del Orinoco y las cadenas de mando de los cuerpos de seguridad del Estado.
El abogado aclaró que la Misión no es un organismo condenatorio -la Misión de la ONU no condena a nadie- pero que sí recauda información con una metodología que es la misma metodología que la del Estatuto de Roma con lo cual esas pruebas podrían posteriormente servir a CPI.
Para ejemplificar como funciona el mecanismo de la Misión de la ONU, el director de Acceso a la Justicia citó el caso de Myanmar, donde al gobierno lo acusaron de cometer genocidio.
«El Consejo operó así, tal cual, como en el caso venezolano, nombró una Misión de determinación de hechos, esta Misión estudió los casos, hizo entrevistas a víctimas del holocausto en Myanmar, hizo un informe y gracias a ese informe, la señora Fatou Bensouda, que todavía era fiscal en esa época de la CPI, abrió una examen preliminar y ahora ese caso esta en fase de investigación», explicó Daniels.
Sobre el caso de Venezuela, indicó que los cuatro informes que se han realizado se han hecho con pruebas directamente dadas por las víctimas, familiares de víctimas, abogados, incluso con ex funcionarios de los cuerpos de seguridad, de manera tal que todas sus fuentes son directas.
Explicó que su esperanza es que esos informes pueden ser utilizados en un juicio y que los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad que ha documentado la Misión de la ONU, sean juzgados ante el máximo tribunal internacional, y aunque reiteró que son largos los procesos, afirma que son positivos para el país.
