Recostada en el mesón de la cocina, Ángel Gómez miró a su madre, Belkis Ramírez, alistándose para ir a trabajar. Se fijó en sus botas lustradas, en su uniforme, en ese detalle cosido en la manga —destacaba el emblema de la Policía del Municipio Zamora, el cuerpo de seguridad del estado Miranda del que formaba parte desde hacía 26 años— y pensó que estaba presenciando el momento en que una superheroína se vestía para salir a enfrentar el día. 

Hacía mucho que Ángel no experimentaba la calidez, el confort, esa sensación acogedora que solo sentía en la casa materna. Un tiempo atrás había migrado a Colombia. Estaba en Venezuela de visita porque necesitaba renovar su pasaporte vencido. Aunque a decir verdad ese trámite era una excusa: ella anhelaba volver al país para abrazar a su gente. Los extrañaba tanto. De hecho, aquella mañana del 15 de abril de 2022, acababa de volver de compartir con unos familiares. 

Aunque llegó cansada, le preparó el desayuno a su madre, que estaba por salir a su jornada. Y cuando terminó de comer, la acompañó hasta la entrada del edificio. 

—Hija, nos vemos más tarde. Te amo mucho, cuídate —le dijo Belkis. 

Ángel le dio un abrazo y la vio marcharse con el alba. 

Fue el instante en el que arrancó esta historia de cuatro años de horror. 

Le extrañó no tener noticias de su madre durante el día. No se preocupó, sin embargo, porque pensó que estaba ocupada. Belkis era comisionada jefe y directora de patrullaje de la policía. Por aquellos días, el organismo estaba lidiando con un procedimiento administrativo por un altercado ocurrido días atrás por los presuntos invasores de un terreno. Y justamente ese viernes ella debía declarar ante la comisión de la Policía del Estado Miranda que llevaba el caso. Una mera formalidad, le habían dicho. 

No fue sino hasta bien entrada la tarde que Belkis llamó a la casa.

—Hija, cuídate mucho, cuida a los niños. Soy inocente, nunca dudes de eso —le alcanzó a decir. 

Después colgó.

Ángel no entendió esas pocas palabras. No dejaba de pensar en ese tono angustioso que percibió en la voz de su madre. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde ir? 

En la noche volvió a sonar el teléfono. Era un funcionario diciéndole a Ángel que fuera al comando a buscar las cosas de su mamá, pues había quedado detenida. 

¿Pero detenida por qué? Ángel conocía bien a su madre. Jamás le habían puesto una sanción ni amonestación. Había recibido la orden al mérito, y reconocimientos como un premio Tamanaco de Oro por su trayectoria profesional y como defensora de los derechos de la mujer. Belkis había sido jefa de varios departamentos y coordinaciones de la institución, y por un tiempo fue directora de la Policía del Municipio Andrés Bello de su estado. Había sido subdirectora del núcleo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en el eje Guarenas-Guatire. 

“¿Qué está pasando?”, se preguntaba Ángel. 

Esa noche, al llegar al comando de Polimiranda en Guarenas, le dijeron que Belkys no estaba allí, por lo que se dirigió a la sede de Polizamora, donde le respondieron que no sabían nada de ella. Volvió entonces a Polimiranda, y nuevamente la despacharon sin darle información precisa sobre su paradero. Ángel estaba aturdida y cansada de moverse de un lugar a otro y de recibir respuestas vagas y malos tratos de parte de aquellos que, hasta hace unas horas, habían sido colegas de su madre.

Se quedó sentada en el estacionamiento, sin saber ya qué hacer, y comenzó a hablar con unas funcionarias que estaban paradas allí. Al cabo de un rato, admitieron que sí tenían a Belkis bajo custodia. Aceptaron, de mala gana, llevarle la comida y la muda de ropa que Ángel había preparado para ella. 

Eso sí, no dejaron que la viera.

Pasaron tres días. 

Tres días que Ángel sintió como muchos más. 

Fue entonces cuando le permitieron entrar. Su madre estaba en una suerte de oficina. Ángel sintió mucha rabia cuando descubrió que jamás entregaron la comida que le había llevado la primera noche. 

Belkis no estaba sola. En la habitación la acompañaban la directora de Polizamora, Neile Martínez, así como el supervisor jefe Raúl Romero y el comisionado jefe José Martín Ramos. 

Con el tiempo, Ángel entendió la razón por la que estaban allí: en torno a ellos, se tejía una compleja trama política. Una historia en cuyo núcleo estaba el alcalde del municipio Zamora, Raziel Rodríguez.

Rodríguez apenas llevaba cinco meses de gestión en abril de 2022. Su triunfo causó revuelo: era el primer opositor en llegar a la alcaldía tras 21 años de gobiernos chavistas. Un par de días antes de los arrestos, desde su programa semanal de televisión, el entonces diputado Diosdado Cabello reprodujo un supuesto audio en el que el alcalde ordenaba desalojar a 13 familias de Villa Zamora 2021, un terreno de la Zona Industrial Terrinca.

El desalojo en cuestión se había ejecutado el 12 de abril, y de acuerdo con los denunciantes, un grupo de policías irrumpió en el terreno, que era reclamado por una empresa textil vecina como parte de su propiedad. Arrestaron a sus supuestos invasores, entre ellos ancianos y niños, destruyeron sus casas, y también las plantaciones de su “unidad de producción familiar”. El fiscal general, Tarek William Saab, le imputó al alcalde abuso de poder, mientras Cabello llevó el caso hasta la Asamblea Nacional, que encargó una “Comisión Especial para Investigar Actos Fascistas”.

¿Pero qué tiene que ver mi mamá con eso, si ella no estuvo presente en el desalojo y el departamento bajo su supervisión ni siquiera se involucró?, se preguntaba Ángel. 

Los funcionarios que participaron pertenecían a la Brigada Motorizada fueron destituidos, pero no los detuvieron. 

En cambio, todo el castigo recayó sobre los directivos de Polizamora: fue así que Belkis terminó encarnando ese dicho cruel que reza: “Por uno pagan todos”.

El 26 de abril, tras 11 días presos, se llevó a cabo la audiencia de presentación ante el Tribunal 4° de Control de Miranda. Ángel vio a cuatro fiscales distintos recitar como un rosario los 13 cargos que les imputaban: abuso de poder, corrupción propia, contravención de los planes y ordenación del territorio, e incluso delitos ambientales como degradación de suelos aptos para la producción de alimentos y afectación de especies de patrimonio forestal. 

Mostraban como pruebas las fotos: un terreno arrasado, unos árboles supuestamente centenarios talados, unas maquinarias que tenían ya tiempo ahí por la disputa entre los campesinos y la empresa textilera. 

A Neile Martínez le sumaron además los delitos de privación ilegítima de libertad y simulación de hecho punible, mientras que Belkis recibió los mismos en calidad de cómplice necesario.

El juez les dictó privativa de libertad mientras continuaba su juicio. A los hombres, en la cárcel de Rodeo III, ahí mismo en Guatire; y a las mujeres, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. Pero esta parte de la sentencia nunca se cumplió, pues los cuatro siguieron detenidos en el mismo comando de Polimiranda. 

El sueño de unas vacaciones acogedoras en su tierra se convirtió para Ángel en una pesadilla: estaba viendo una cara oscura de su país que hasta ese momento solo había visto en algunas noticias. 

Acabó también prisionera de su propia situación. No podía dejar sola a su madre, pues era la encargada de llevarle comida todos los días y de velar por sus necesidades. Tampoco quería dejar sola a su sobrina de 10 años de edad, a quien Belkis cuidaba, pues los padres de la niña no podían hacerlo por problemas de salud. 

Decidió entonces quedarse en Venezuela. Claro que guardaba esperanza de que la justicia actuara rápido para regresar a Colombia. 

Pero las semanas se convirtieron en meses. 

Los meses se convirtieron en años. 

En cuatro años. 

Los primeros días de reclusión fueron los más agobiantes. Como ya no podían estar hombres y mujeres compartiendo la misma oficina, los separaron y los enviaron a los calabozos con los presos comunes. Al ser policías, Belkis y Neile estaban en riesgo permanente de ser atacadas, por lo que debían cuidarse entre sí, incluso turnándose para dormir. La ansiedad pronto hizo estragos en la salud de Belkis, quien sufría problemas de tensión y en varias ocasiones se descompensó por ataques de nervios. Un miércoles de visita, Ángel llegó al comando y se enteró de que a su madre la habían llevado de emergencia al hospital después de convulsionar en su celda. 

En medio de todo, Ángel debía lidiar con el martirio al que la sometían los funcionarios de Polimiranda. Desde la actitud hostil y maltratos, hasta protocolos que si bien entendía que eran por seguridad, le resultaban invasivos. Como cuando los veía hurgar con las manos en la comida que le llevaba a su madre. O como cuando le pedían que se desvistiera para revisar que no tuviera ningún objeto extraño escondido en la ropa. 

La situación en los tribunales era otra cara de la misma moneda. A Belkis y sus compañeros no les permitieron tener abogados privados, y el defensor público que le asignaron parecía haber dado ya la batalla por perdida “por ser un caso político”. Su único apoyo vino de parte del alcalde Rodríguez, quien dispuso de sus asesores para guiarla en el laberinto judicial en el que se encontraba, además de ayudarla con algunas necesidades particulares de su familia. 

Tras cumplir un año detenida, Belkis y Neile fueron trasladadas a la sede de Polimiranda en Ocumare del Tuy. Allí los policías eran menos agresivos y el ambiente era mucho más tranquilo, aunque para Ángel resultaba complicado tener que viajar de Guatire a los Valles del Tuy cada semana para visitarla. Mientras tanto, el juicio seguía en un punto muerto en el que las audiencias eran diferidas una y otra vez por la ausencia del juez, del fiscal, y a veces simplemente no daban ninguna razón. Cada vez que ocurría, el abogado público solo se encogía de hombros y decía que había que esperar “las instrucciones de arriba”.

El 2 de junio de 2022, Ángel vio en su teléfono el video de una sesión de la Asamblea Nacional. Desde su asiento, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dictaba el veredicto del comité y aprobaba con el voto de sus diputados establecer la responsabilidad política de Raziel Rodríguez y otras nueve personas en el desalojo de Villa Zamora 2021. Ángel sintió un escalofrío cuando lo escuchó pronunciar el nombre de su madre. 

“Sería una vergüenza que en unos días nos miremos en un espejo, y este señor siga siendo alcalde (…), tienen que ir presos. Sería una vergüenza que esa fiscal, que esa jueza, sigan en sus cargos, que los policías no estén presos, tenemos que dar una lección verdadera”, dijo Rodríguez, ordenando al Poder Ciudadano tomar las medidas judiciales y administrativas respectivas contra el alcalde de Guatire.

Ángel entendió allí que su madre había quedado atrapada en el fuego cruzado de una pugna entre políticos y empresarios. Pensaba en las placas y títulos en la pared de su casa, en todos los años de servicio de Belkis opacados por un puñado de voces que ni siquiera la conocían, pero que se referían a ella usando palabras como “mafiosa”, “fascista” o “corrupta”.

Con el tiempo, Belkis y Neile volvieron a ser trasladadas, ahora al comando de Polimiranda en San Pedro de los Altos, cerca de Los Teques. Los oficiales Raúl Romero y José Martín Ramos jamás se movieron del calabozo en Guarenas. Ángel notaba cómo la luz en los ojos de su mamá se apagaba lentamente, cómo su voz cada vez sonaba más bajita. 

Ángel quería gritarle al mundo que Belkis era inocente. En una ocasión contactó a una organización defensora de los presos políticos, pero tras llenar los formularios y contar su caso no tuvo respuesta en los días siguientes. 

Eso la desanimó de seguir intentando. También porque sabía que el monstruo podía mostrarle sus colmillos: varias veces notó cómo al salir de sus visitas, camionetas sin matrícula la seguían en la calle. Llegó a ver patrullas apostadas cerca de su casa, como si estuvieran vigilándola. Y algunos comentarios amenazantes de los custodios parecían sugerir que, ante cualquier denuncia o protesta que hiciera, ella, su familia o su madre podrían verse afectados. 

Ángel vivía aterrada. Había escuchado historias de desapariciones forzadas, de familiares de presos políticos secuestrados. Y pensaba en su hijo, en su sobrina, en que de ella dependían demasiadas personas como para permitirse ser un dígito más en las estadísticas de la represión. 

Decidió quedarse callada. Esperar. Esperar pacientemente. Esperar a que quizá el monstruo algún día cediera y le devolviera a su madre.

El tiempo siguió su curso. El alcalde Raziel Rodríguez no sólo logró librarse de los intentos de ser destituido y apresado, sino que en las elecciones municipales del 27 de julio de 2025 fue reelecto para un segundo periodo. Para los otros señalados por la Asamblea Nacional tampoco hubo mayores represalias, y el caso pareció quedar en el olvido, excepto para las familias de los cuatro policías detenidos.

Sin embargo, el 8 de enero de 2026 un nuevo video despertó en Ángel una chispa de esperanza. Otra vez veía a Jorge Rodríguez, pero ahora con una actitud muy diferente, anunciando la excarcelación de “un número importante” de presos políticos como parte de un gesto de paz del nuevo gobierno encargado. Esa misma noche vio por las redes sociales a decenas de familiares lanzarse a las cárceles a esperarlos en vigilias con velas y con la convicción de no moverse de allí hasta ver a todos sus seres queridos finalmente libres. 

No podía describir con certeza lo que pasaba, pero Ángel sentía que algo había cambiado irreversiblemente en el país después de ese anuncio. El monstruo comenzaba a perder los dientes y pronto iniciaría un proceso del que sabía que tenía que ser parte, pero su madre no figuraba en ninguna lista de presos políticos y su caso ya no era tan recordado. Si quería que los Polizamora fueran tomados en cuenta en las excarcelaciones, debía tener el valor de salir de la oscuridad del anonimato.

Ahora le tocaba a ella salvar a su superheroína. 

Ángel tomó su celular y grabó un video contando su historia, resaltando que no tenía ninguna afiliación política, y que tanto su madre como sus compañeros habían sido los chivos expiatorios de una retaliación contra un alcalde que ya ni siquiera era perseguido. “Que estos casos sean escuchados y se permita una decisión justa y oportuna. No son cifras, no son expedientes, son personas, son familias esperando respuestas. No pedimos privilegio. Pedimos justicia. Pedimos una revisión y humanidad”, dijo. 

Si bien mantenía contacto frecuente con los familiares de los otros policías detenidos, muchos aún tenían miedo y no se animaban a hablar. Ella respetaba esa decisión porque entendía el sentimiento, por lo que llevaría sus voces en su propia lucha para lograr la liberación de todos.

El video obtuvo suficiente alcance y fue replicado por varias cuentas y portales informativos. En los días siguientes, Ángel siguió atenta a las noticias, viendo en cada preso político excarcelado la libertad de su madre aproximarse. El abogado público también comenzó a volverse optimista. Ya no esperaba por las órdenes de arriba, sino por la Ley de Amnistía anunciada por el gobierno encargado el 30 de enero, y que propone conmutar todas las causas judiciales por razones políticas de los últimos 27 años. 

Navegando en las redes sociales, Ángel ve las manos de los diputados de la Asamblea Nacional alzarse de forma unánime para aprobar la primera discusión de la Ley de Amnistía. Sonríe y mira el mesón de la cocina. Se ve a sí misma lavando los platos mientras Belkis ayuda a los niños con la tarea. 

Espera que ese sueño de un nuevo reencuentro sea un presagio de lo que está por venir. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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