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Paro de transporte y aumento en tarifas del Metro: así comenzó la semana en Caracas

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Paro de transporte, pasaje del metro más caro y lluvia. Este fue el panorama con el que los caraqueños iniciaron la semana laboral este lunes, 16 de marzo, luego de que con menos de 24 horas de antelación, un grupo de transportistas convocaran la medida de protesta para exigir un aumento de pasaje mínimo a 120 bolívares, así como la devolución de unidades retenidas.

Desde primeras horas de la mañana, se notaba la ausencia en las calles de las unidades de transporte público tras el anuncio hecho por el dirigente gremial Nelson Vivas y representantes de la Mesa Situacional del Sector Transporte. El Metro de Caracas y unidades de Metrobus reforzaron el traslado de los pasajeros, pero las unidades fueron insuficientes para cubrir las rutas.

Imágenes de personas esperando en colas y camionetas y buses atestados de pasajeros -aquellos que prestaron servicio de avance o que no se plegaron al paro– fueron comunes en las horas pico. Muchos optaron por caminar y otros por trasladarse en motos

En horas de la mañana, muy pocas unidades de transporte circulaban por la avenida Teherán, a la altura de Montalbán.

Pasadas las 8:00 a.m. una unidad de Metrobús pasó recogiendo pasajeros de manera gratuita para trasladarlos hasta La India. El conductor indicó que en esa zona habían habilitado otras unidades para cubrir rutas hacia el centro.

Ya en la Redoma de la India había disponible un autobús Youtong que llevaría a los pasajeros hasta Plaza Venezuela. Una mujer que subió abordo se quejó por la situación del paro de transporte y comentó con otra persona que era necesario que el Estado tomara el control del servicio porque “los transportistas hacen con nosotros los que les da la gana”.

En Plaza Venezuela uno de los autobuses que cubría la ruta de Petare cobraba 100 bolívares a los usuarios, tarifa superior a los 60 bolívares que cobran, como mínimo, a diario. Lo mismo sucedió con las unidades que trasladaron a varios ciudadanos de San Martín hasta Altamira.

En el Metro de Caracas, la gente debía dejar pasar hasta tres trenes para lograr subir con éxito durante la hora pico mañanera.

Foto: @https://x.com/Autopista_GMA

Adalisa Gil vive en Antímano y trabaja en Los Cortijos. Debió salir con casi tres horas de antelación para poder llegar a tiempo a su trabajo, y aún así, iba con retraso, según contó a Runrun.es desde la estación del Metro de Plaza Venezuela a las 10:00 a.m. de este lunes. Asegura que prefiere desplazarse muchas veces en transporte superficial porque la línea 2 del Metro “vive colapsada” y el trayecto -incluyendo las “largas esperas- puede ser superior a una hora y media. Pero el paro de transporte la obligó a desplazarse de esta forma, y se encontró además con la sorpresa de que el precio del viaje del Metro había subido sin aviso, ni protesto.

“Una no se opone a que aumenten los precios, pero primero, deberían aumentar los salarios, y luego, darnos un mejor servicio. Los trenes de la línea 2, por ejemplo, son un horno, nunca tienen aire acondicionado, sales casi desmayado si logras entrar. Y en las camioneticas es lo mismo, están en un mal estado, los choferes manejan como locos y casi ni escuchan cuando les pides paradas con las cornetas a todo volumen”, consideró.

Un adulta mayor que subió al metro en la Estación Ciudad Universitaria contó a esta redacción que fue trasladada desde el sector El Cementerio hasta ese punto en una unidad de la Policía Nacional Bolivariana, junto a otras personas: “Poco salgo sola y no me enteré del paro de transporte, me están esperando en Altamira”, contó. En esa misma estación, dos estudiantes de bachillerato contaban billetes y calculaban si podrían pagar el nuevo precio del pasaje del metro: “El viernes pagamos 60 bolívares”, recordaban.

La Policía del Municipio Libertador compartió en sus redes sociales un video en el que reseñaron el “despliegue especial de movilidad” que activaron “para fortalecer el sistema de transporte y garantizar el traslado seguro y eficiente de la ciudadanía”, sin hacer mención al paro de de transporte.

En las imágenes se observan a radiopatrullas y camionetas tipo pick-up del cuerpo policial recogiendo a pasajeros en zonas del centro de Caracas, pero aseguraron que el contingente de funcionarios “supervisó y apoyó la movilidad” en las 22 parroquias que conforman el Municipio.

El regreso de las perreras

Jesús Armas, quien fuera concejal por el Municipio Libertador entre 2013 y 2018 y expreso político, lamentó que en las calles de Caracas se volvieran a ver circulando este lunes a las tristemente célebres “perreras”, o vehículos de carga, volteo o cavas utilizados de manera informal o de emergencia para transportar pasajeros, en la mayoría de los casos, sin puestos.

Recalcó también que aunque el aumento de pasaje podría ser necesario para la sostenibilidad del servicio, el bolsillo de la gente siempre es el más afectado.

“Hoy las exigencias de los transportistas los llevaron a un paro. Si suben el pasaje se afecta la gente, sino lo suben se hace insostenible el servicio. El madurismo creó un dilema perder-perder en la sociedad. Esto no es una solución digna, los caraqueños no merecen ser transportados como animales. Venezuela merece un cambio económico y una transformación de su movilidad urbana”, opinó.

Tarde lluviosa y con transporte limitado

Pasadas las 3:00 p.m. en plena Av. Baralt, a la altura de Capitolio, una larga fila de personas aguardaba por los autobuses que cubren la ruta hacia Antímano. Cuando una de las unidades llegó luego de varios minutos de espera, los usuarios se aglomeraron en la puerta intentando abordar.

Foto: María Victoria Fermín

En la zona, los mototaxistas y taxistas voceaban sus servicios. Una moto con cabina se detuvo también y el conductor gritó “Bs. 100 hasta La India”, y varios pasajeros corrieron para irse con él.

Foto: María Victoria Fermín

En puntos de Bellas Artes, después de las 5:00 p.m., la espera en las filas para poder subir a las camionetas era larga. En San Martín, los vehículos de la Policía seguían trasladando a algunos civiles para que pudieran llegar a sus hogares.

Foto:Cortesía

Cerca de las 5:00 p.m. del 16 de marzo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, llegó al Terminal de Paso Rápido 421, en Plaza Venezuela, para supervisar el plan de despliegue de 20 unidades de SITSA, 20 del Metro y toda la flota institucional “para garantizar el traslado de los caraqueños”.

Esperan respuesta del Ministerio

En declaraciones a Globovisión Jelmira Jiménez,  presidenta de la Asociación de Conductores “La Voluntad de Gandhi” en la parroquia Caricuao, aseguró que hace quince días a los transportistas les ofrecieron aumentar al pasaje a 120 bolívares y que el Ministerio no se pronunció al respecto.

Aseguró que luego de haber acordado en asamblea extremar las medidas de protesta, se les notificó informalmente que podían cobrar 100 bolívares como pasaje, pero que ellos insistieron en que el aumento debe ser publicado en Gaceta Oficial, como lo exige la ley. Asegura que muchas unidades se están empezando a paralizar porque se les hace cuesta arriba hacer su mantenimiento: “El aumento de pasaje del 23 de diciembre se volvió agua y sal”.

Proponen también que los usuarios reciban un bono de movilidad mensual de 30 dólares para poder cubrir el excedente del incremento del pasaje.

Jiménez agregó que este lunes fueron atendidos por miembros de una sala situacional y que exigieron ser recibidos por el ministro de Transporte. Consignaron también un pedido para que sean devueltas las unidades retenidas “injustamente”, según alegan.

Los transportistas no descartan repetir el paro, o incluso, extenderlo, de no ser escuchadas sus propuestas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

A Laufer Hernández lo sacaron de La Planta y lo desaparecieron

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Zozobra es lo que padecen los familiares del preso político Orlando Alberto Laufer Hernández, de 70 años, quien fue sacado de manera arbitraria de la antigua cárcel de La Planta en la urbanización El Paraíso de Caracas sin que hasta ahora exista información oficial sobre su destino.

“Esta situación de incomunicación forzada vulnera el derecho fundamental a la información y constituye una grave amenaza a su integridad física”, denunció en sus redes sociales la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. 

Laufer, quien se encuentra detenido desde mayo de 2020 por el caso Gedeón II, padece una condición crítica de salud debido a un quiste aracnoideo en el cerebelo, hiponatremia y anemia severa. 

De acuerdo a sus familiares, esta patología le provoca a Laufer Hernández migrañas constantes, vómitos y un dolor cervical que requiere atención médica especializada inmediata.

“El traslado a un destino incierto, sumado a la falta de atención especializada, constituye un trato cruel e inhumano que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y la propia Constitución de la República”, subrayó la ONG.

Según la familia de Laufer, a este lo vincularon con el caso Gedeón II sin poseer prueba alguna y después de cuatro años aún no se ha iniciado juicio ni presentado evidencia formal.

En mayo de 2024, los tribunales venezolanos condenaron a 29 personas a penas de entre 20 y 30 años de prisión por la fallida incursión armada que se produjo en 2020. Entre los sentenciados se encuentra Josnars Adolfo Baduel, hijo del fallecido general Raúl Baduel.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Puntos clave para mejorar la situación de DDHH en Venezuela según alto comisionado de la ONU

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En su reciente actualización ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, el alto comisionado Volker Türk, analizó la compleja situación de Venezuela, poniendo especial énfasis en la Ley de Amnistía y en la urgente necesidad de una reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos fundamentales.

Durante la sesión de este lunes, 16 de marzo, si bien Türk reconoció que las autoridades han dado pasos para “corregir algunos de los errores del pasado”, manifestó abiertamente su decepción por la forma en que se gestó la norma. El alto comisionado alertó que la ley se realizó sin una consulta adecuada con la sociedad civil.

A pesar de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, con el aval de EE. UU., informó de unas 7 700 liberaciones, la falta de datos oficiales ha generado suspicacias, llevando al alto comisionado a pedir claridad institucional: “Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos”, dijo.

Se refirió a casos particulares como las excarcelaciones de figuras como Javier Tarazona, Ecuardo Torres, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas, señalando la libertad no borra la injusticia del arresto inicial. “Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y el de sus seres queridos, nunca debieron haber sido detenidos en primer lugar”, sentenció.

Reparación y verdad: el camino hacia la reconciliación

El alto comisionado subrayó que la liberación de presos es solo el comienzo de un proceso mucho más profundo. Para Türk, no puede haber paz duradera sin enfrentar el pasado con honestidad, advirtiendo que “sanar esas divisiones requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas”.

De acuerdo con el funcionario de las Naciones Unidas, este proceso exige que, incluso ante el cierre de centros de detención cuestionados como Rodeo 1 o Fuerte Guaicaipuro, se garantice que “todas las pruebas se conserven” para futuros procesos de justicia.

La reparación a las víctimas debe ir acompañada de reformas que garanticen la no repetición de los abusos. En este sentido, Türk hizo un llamado urgente para el “desmantelamiento de los marcos legales y las prácticas que han permitido la opresión del disenso político”, refiriéndose específicamente a la necesidad de reformar los sectores de justicia y seguridad para reconstruir la confianza en las instituciones.

Cinco pilares para el futuro de Venezuela

Para guiar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y el respeto a la dignidad humana, Volker Türk propuso las siguientes recomendaciones estructurales:

Libertad inmediata de todos los presos políticos

Türk estableció que la primera y más urgente área de acción para las autoridades venezolanas es la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas que aún se encuentran detenidas arbitrariamente. Al respecto, instó a que la práctica de la detención arbitraria “cese para siempre” y que el Estado adopte medidas reales para defender la libertad de opinión.

Protección y expansión del espacio cívico:

El alto comisionado instó a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, garantizando su participación en los asuntos públicos. Esto incluye la protección de ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques.

Reforma estructural de la justicia y la seguridad:

Türk recomendó el desmantelamiento de los marcos legales y las prácticas que han permitido la opresión de la disidencia política. Estas reformas son esenciales para reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar el acceso a una justicia imparcial. Como medida de protección a la población, señaló que el gobierno debe desarmar y disolver a los grupos civiles armados que han ejercido control e intimidación sobre los ciudadanos.

Garantía de derechos socioeconómicos:

Consideró imperativo asegurar el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo. Türk instó a garantizar salarios y pensiones adecuados que cubran las necesidades básicas, y exigió mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral y la seguridad alimentaria para generar confianza. Asimismo, recomendó que los ingresos por recursos naturales se utilicen para avanzar en los derechos sociales y culturales de todos los venezolanos.

Estrategia integral de justicia transicional:

Para sanar la polarización, Türk recomendó un acuerdo nacional sobre una estrategia de justicia que incluya la rendición de cuentas por todas las violaciones graves de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Indicó que el proceso debe incluir la reparación a las víctimas, el establecimiento de la verdad, reformas institucionales y garantías de no repetición.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Negaron también amnistía al esposo de la periodista Nakary Ramos

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que le negaron el beneficio de la amnistía al productor audiovisual y asistente de cámara, Gianni González.

Según información difundida en redes sociales por el sindicato, el Tribunal 22 en función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) declaró improcedente la solicitud de amnistía al camarógrafo, quien es esposo de la periodista Nakary Mena Ramos, a quien el mismo tribunal también le negó el sobreseimiento la semana pasada.

“Exigimos la libertad plena para ellos y para todos los periodistas y trabajadores de la prensa judicializados por hacer su trabajo”, posteó el SNTP.

Gianni González fue detenido el 8 de abril de 2025 junto a su esposa Nakary Mena por organismos de seguridad del Estado, tras la publicación de un reportaje sobre la percepción ciudadana del crimen en Caracas.

Durante al menos 70 horas permanecieron en desaparición forzada antes de ser presentados ante un tribunal.

Las autoridades los acusaron de “instigación al odio” y “difusión de información falsa”, cargos que en Venezuela se han utilizado para criminalizar el ejercicio periodístico independiente.

ONG rechaza la medida

La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció el uso de “excepciones” y trabas burocráticas para negar amnistías a periodistas.

A través de su cuenta en X, la ONG afirmó que “es una estrategia para mantener la censura y el miedo”. Ratificó que informar no es un delito de terrorismo ni de odio, es un derecho.

Un Mundo Sin Mordaza exigió que la comisión parlamentaria de seguimiento actúe con transparencia y que cese de inmediato el hostigamiento judicial contra Nakary y todos los trabajadores de la prensa.

*Puede leer también: Tribunal antiterrorista niega la amnistía a Perkins Rocha

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Denuncian empeoramiento de la salud de Josnar Baduel

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Margareth Baduel, hermana del preso político Josnar Baduel, alertó sobre el deterioro de la salud de su hermano, quien lleva casi seis años privado de libertad.

A través de un video difundido en X, Margareth Baduel explicó que la salud del hijo del Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa fallecido bajo custodia del Estado, se deteriora cada día más.

“Tiene hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro, producto de las torturas a las que fue sometido. Desde hace más de cuatro años una junta médica del propio Estado determinó que debía ser operado con urgencia, pero hasta hoy, no ha recibido atención médica especializada”, dijo Baduel.

La activista venezolana expresó que las condiciones en El Rodeo I son inhumanas: duerme sobre una cama de cemento, junto a una letrina, sin siquiera una almohada. Ha perdido peso, masa muscular y cada día su organismo se desgasta más.

Afirmó que sienten temor por la vida de Josnar “no queremos volver a vivir el dolor de perder a un ser querido bajo custodia del Estado”.

Baduel alertó a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que el Rodeo I es un centro de tortura, por lo que pidió la libertad para todos los presos políticos.

El 4 de marzo de 2026, Margareth Baduel solicitó formalmente una amnistía para Josnar, pero ha sido excluido de este beneficio.

Caso Josnar Baduel

Josnars Adolfo Baduel fue detenido en marzo de 2020 por la llamada operación Gedeón, un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Nicolás Maduro, según el Gobierno venezolano.

Se le acusa de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Su familia continúa denunciando su exclusión de procesos de amnistía y exige conocer su estado actual tras años de detención.

En mayo de 2025, se reportó que Baduel llevaba más de 100 días incomunicado en el centro penitenciario El Rodeo I. Circularon rumores sobre su posible fallecimiento, lo que llevó a sus familiares a exigir una fe de vida oficial.

rganizaciones y familiares han denunciado sistemáticamente que Josnar ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, resultando en lesiones graves que requieren intervenciones quirúrgicas. 

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El Mañanero del 16 de marzo: la reparación es un derecho constitucional que no se cumple

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 16 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad. 

Más información AQUÍ

Recién salido del horno: otras noticias

Red de falsos canales de noticias en YouTube intenta legitimar la imagen de Delcy Rodríguez

Machado: negar la amnistía selectivamente es represión

Kurios Competition 2026 convoca a los jóvenes a una misión de innovación

Delsa Solorzano exigió al Estado informar el paradero de Víctor Hugo Quero Navas

Tras sufrir una descompensación excarcelaron a Omar Escalante

Dólar/Euro BCV

La perla del día

María Corina Machado: “negar la amnistía selectivamente es represión”

Lo que rompe en redes

Confusión e incertidumbre entre los pasajeros luego del accidente en la estación La Rinconada del ferrocarril de los Valles del Tuy. Autoridades reportaron ocho heridos, todos en condición estable.

Azuquita pa’l café

Michael Jackson fue contratado por Pepsi para que grabara un anuncio para ellos, y se convirtió en un gran espectáculo.

La ñapa (recomendamos…)

Estos son las películas ganadoras a los Premios Oscar 2026.

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¿La vida vale un celular?

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Hay tragedias que no solo enlutan a una familia: estremecen la conciencia de toda una sociedad. La noticia de que dos niños —porque no han llegado a la adolescencia, el mayor tiene 12; y, el otro, 11 años— hayan asesinado a su padre y a su madre respectivamente, en este principio de año, tras ser castigados con la suspensión del celular y la consola de videojuegos, es una de esas realidades que nos obligan a mirarnos en el espejo colectivo.

No se trata únicamente de dos crímenes atroces: uno le disparó a su padre en la sien mientras dormía y el otro le dio un batazo en la cabeza a la mamá. Se trata de un síntoma. Un síntoma de algo que, silenciosamente, ha venido gestándose durante años en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras conversaciones —o en la ausencia de ellas—. Cuando la vida pierde valor frente a un objeto, cuando la frustración se transforma en violencia letal, algo esencial se ha resquebrajado en el tejido moral de la convivencia humana.

Quizá lo más perturbador no sea solo el hecho en sí, sino la frialdad con la que los niños habrían enfrentado las consecuencias de sus actos. Una frialdad que llevó a los jueces a tomar la difícil decisión de procesarlos como adultos. Esa determinación, más allá del debate jurídico que pueda suscitar, revela la magnitud del desconcierto social ante comportamientos que escapan a toda lógica emocional conocida.

Nos preguntamos entonces: ¿en qué momento dejamos de escuchar? ¿Cuándo sustituimos la formación del carácter por la satisfacción inmediata? ¿En qué instante permitimos que las pantallas se convirtieran en el principal interlocutor de la infancia?

Vivimos en una época de avances extraordinarios y, paradójicamente, de profundas carencias afectivas. La tecnología, que llegó para acercarnos, ha terminado muchas veces aislándonos. Los hogares, que deberían ser espacios de diálogo y contención, se transforman con frecuencia en territorios fragmentados donde cada quien habita su propio universo digital.

No se trata de demonizar a los padres, ni a los dispositivos, ni de idealizar un pasado que tampoco fue perfecto. Se trata de asumir la responsabilidad compartida de educar en límites, en empatía, en tolerancia a la frustración. Valores que no se descargan ni se actualizan con un clic, sino que se cultivan con tiempo, presencia y coherencia.

La verdadera tragedia no es solo la pérdida irreparable de dos vidas. Es la evidencia dolorosa de que estamos fallando en enseñar a nuestros niños a vivir en sociedad, a reconocer el valor del otro, a comprender que la libertad no puede existir sin responsabilidad.

Tal vez este comienzo de año nos deje una lección que no deberíamos ignorar. Porque cuando la violencia brota desde la infancia, no es únicamente la justicia la que debe actuar: es la sociedad entera la que tiene que replantearse sus prioridades.

De lo contrario, seguiremos contando tragedia sin entender que, en el fondo, todas hablan de nosotros mismos.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las frágiles columnas de la paz

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He escrito, desde 1999, algunos textos sobre la paz como derecho humano, desde cuando hiciese mi primera intervención sobre dicho asunto en la asamblea general de la UNESCO, en París, sumándome después, para su defensa, a un grupo de hombres eminentes y de mayor experiencia como el fallecido jurista checo-francés Karel Vasak, pionero de las generaciones sobre derechos humanos y el profesor noruego Absjørn Eide, que alertó a la ONU y a sus Estados miembros sobre “la inmensa dificultad de encontrar soluciones pacíficas una vez que la violencia escala”.

Bajo la dirección de Federico Mayor (1934-2024) hicimos lugar a un proyecto de declaración universal preparado en Oslo, de cuya elaboración participan, además, el brasileño A .A. Cançado Trindade (1947-2022), juez de la Corte de La Haya; Janusz Symonides (1938-2020), catedrático polaco; el excanciller uruguayo Héctor Gros Espiell (1926-2009); el tunecino Rafaâ Ben Achour, actual juez de la Corte Africana de Derechos Humanos; Raymond Ranjeva, jurista malgache también miembro que fue de la Corte Internacional de Justicia; Emmanuel Roucounas, exjuez ad hoc en La Haya y miembro de la Academia de Atenas; y Claudio Zanghi, profesor emérito de La Sapienza. Tal proyecto sensiblemente encalló en mis manos cuando presidí la Comisión Redactora instalada en la sede de la UNESCO, para su aprobación definitiva por los expertos de los Estados, en 1998.

Las democracias europeas y las industrializadas –no así los países del Sur, americanos, africanos, los del Medio Oriente– consideraron al pretendido derecho humano a la paz como una categoría moral, jamás reducible a obligaciones jurídicas. “La paz es una aspiración, más que un derecho”, predica la delegada finlandesa, mientras Francia cuestiona la intromisión en este asunto, por reservado a la ONU (La paz ¿un derecho?, UNESCO, Revista Fuentes, París, 1998). Uno que otro diplomático, en la circunstancia y en arresto de sinceridad, me hace saber que estaba bien lo de la paz como derecho, pero una vez como sus gobiernos concluyesen las acciones contra el terrorismo en avance.

Aun cuando el ruido de cañones no sea hoy tan estruendoso como en el siglo XX, ya que la guerra es distinta y diferente en su generación, deja víctimas, tantas como en el pasado pero instantáneas y deslocalizadas. Los teatros de la guerra no se delimitan y hasta la virtualidad de las redes sociales queda comprometida en el desempeño bélico, pues son, como paradoja, el teatro posmoderno de la violencia. Impone narrativas y las falsifica, mostrándolas como veraces, haciendo imperar y generalizar la lógica de poder y favoreciendo la instalación de los populismos y despotismos de nueva data. “Dictaduras del siglo XXI”, las califica el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado.

Viene a ser Donald Trump “el eco de un colapso más profundo. Un mundo que se hunde bajo el peso de sus propias contradicciones: inestabilidad geopolítica, democracias corruptas, imperios criminales, transnacionales y un planeta devorado por su propia negación”, escribe Armando Johan Obdola. Por lo mismo, en la reciente reedición de mi libro sobre El derecho humano a la paz (2023) hago propia la pertinente afirmación de papa Benedicto XVI: “Sabían –Adenauer, Schumann, De Gasperi, De Gaulle– que la política no puede ser mero pragmatismo, sino que debe ser un asunto moral: el objetivo de la política es la justicia y, junto con la justicia, la paz. El orden político y el mismo poder deben manar de los criterios fundamentales del derecho”.

Tras el cese inevitable de la violencia que anega y en su momento, como siempre llegará otro pacto por la paz. La necesaria revisión de las categorías del orden internacional que se han ido al fondo del abismo, y las razones de ello, se impondrá ante el drama o dilema que, al cabo, ha de afrontar el siglo XXI: ¿acaso medraremos entre la dictadura de lo digital, a manos de plataformas que serán siempre aristocráticas, y de un orden o «derecho internacional global» cuyas reglas solo podrán asegurarlas, dentro de sus espacios geopolíticos y en consonancia con sus intereses, las dos potencias supremas que emergen, Estados Unidos y China? ¿Qué espacio tendrá allí la gente y su aspiración connatural, la de ser libres para desarrollar libre y «soberanamente» sus personalidades, con mínimas interferencias por los poderes capaces de repartir potencias, disminuirlas, o negarlas a su arbitrio? 

Dos cuestiones están sobre la mesa y para su desbroce. Una es el mito de la soberanía y su desnaturalización o perversión a partir de 1945, concluida la Segunda Guerra Mundial. Tanto que, aguas abajo, llegado el siglo corriente se abandonó la idea del poder sujeto a competencias regladas. Y así como en lo interno el Estado desafía y desacata las decisiones adjudicativas y heterónomas adoptadas por sus órganos de control constitucional, en lo internacional viene desacatando, sin consecuencias eficaces, la jurisdicción que se les sobrepone de acuerdo con el Derecho de gentes. Los casos de Colombia y de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, las protestas de sus gobiernos como de Israel y El Salvador frente a sus propios tribunales constitucionales, y la sistemática denegación de justicia como la simulación de estar administrándola, por la Corte Penal Internacional, son más que ilustrativos. 

La otra es, la de las posibilidades de resurgimiento de esa idea matriz elevada a norma de orden público internacional, que ataba a los repartidores supremos o intermedios de los repartos de potencia en el mundo –quienes ahora se sientan en el cuadripléjico Consejo de Seguridad de la ONU– como a sus recipiendarios, los Estados sin potencia global y sus naciones, aspirantes a gozar de la potencia de la libertad, como es la del respeto universal de la dignidad humana. Todavía resuena, desde Oslo y en su Comité Nobel de la Paz, la admonición: “No habrá paz sin democracia”.

La democracia no es ni se reduce, como ayer, al procedimiento del voto o al discernimiento entre la potencia mayor y relativa de las mayorías. Como derecho humano totalizante y emergente: el derecho a la democracia, que han de garantizarlo todos los repartidores de poder sobre la base de reglas o repartos autónomos y no de mandatos autoritarios, implica siempre la garantía de la separación y del balance de poderes como de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Sin ello mal podría realizarse «la soberanía de la libertad». Y esta es, en suma, la ecuación que se ha roto. La que nos ha conducido a todos y, ante todo, a la reinante paz de los sepulcros, al imperio del miedo en un mundo más ganado para la cultura del relativismo, en medio de una instantaneidad adánica sin códigos genéticos.

El mito de la soberanía

Un clásico acerca de la soberanía, como variable dentro de la teoría clásica del Estado y en su relación fundacional con el derecho internacional moderno, es la obra del jurista alemán Hermann Heller (1891-1933). Era crítica de la célebre teoría pura del derecho escrita por su colega y filósofo, el checo Hans Kelsen (1881-1993). El primero, situado dentro de su perspectiva vital, asumiendo una visión «trialista» acerca del derecho y las normas, aun siendo el maestro Werner Goldschimidt, citado repetidas veces, quien la desarrolla como método, aborda en su texto la problemática entre el poder y el orden. Es el dilema contemporáneo. Es otra vez la cuestión central de actualidad.

Heller, justamente, reclama que se tenga un claro entendimiento de que las cuestiones del poder son siempre sociológicas. Un verdadero jurista, tanto como los que se ocupan de las relaciones internacionales, no puede obviarlas cuando se aproxima al estudio del orden normativo al que estas se sujetan, a menos que decida abstraerse de los elementos causales implicados para no resolver los problemas de fondo.

La cuestión puede resultar escabrosa para la opinión general. No obstante, esta, como observadora de la dinámica del poder, inevitablemente sesgada, incluso al mostrarse neutral, de ordinario simplifica las circunstancias de nuestro tiempo; como cuando afirma o niega su apoyo a las acciones bélicas, de nueva generación, emprendidas como respuestas al caos deconstructivo; o como cuando declara, sin más y sin motivo, que estas son o no son abiertamente violatorias del derecho internacional vigente.

La cuestión de la efectividad o no, o de las lagunas por el cambio de las realidades, es algo que la tiene sin cuidado. No pocos juristas, incluso, no elevaron su voz con el mismo tono a como lo hacen frente a Estados Unidos o Israel, cuando Rusia, en 2022, repite su agresión contra Ucrania y su pueblo, iniciada en 2014. 

Todo problema jurídico, sostiene el autor del texto La soberanía (Universidad de Costa Rica, 1982), “sin excepción, tiene sus raíces, de un lado, en la sociología y del otro, mirando hacia arriba, en la esfera de lo ético-político”. Cuando menos, tal como lo pensamos, se trata de una aproximación necesaria e insoslayable al momento de valorarse las crisis de las normas o sus faltas de aplicación –pensemos en las constituciones de cada Estado o en los tratados internacionales– a fin de rescatarlas, relegitimarlas, y volver a dotarlas de eficacia.

En tiempos de paz es dable y razonable que los juristas dejen de lado lo heurístico, concentrándose en lo exegético y formal de las normas con vistas a exigir sus cumplimientos, ora por los poderes de los Estados, ora por los ciudadanos, y para demandar responsabilidades y reparaciones de daños cada vez que sean incumplidas por estos. Mas no es el caso desde 1989, cuando por el mismo avance del fenómeno posmoderno de la deconstrucción cultural y de los patrones de comportamiento conocidos, no pocos arguyen la debilidad sobrevenida en el Estado y el desencanto con las instituciones de la libertad; al punto que han propiciado en lo interno movimientos constituyentes y de reforma iliberal de sus propios sistemas constitucionales, al margen de los mandatos de constituciones precedentes.

La comunidad jurídica internacional moderna, la emergida tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX, al término la forman estos mismos Estados soberanos en crisis terminal. Son los que integran las organizaciones internacionales universales y regionales, desde las que administran sus posiciones de poder e intereses ideológicos sobrevenidos, tamizando la autoridad del orden público estatuido, como el relativo a la protección universal de derechos humanos. Huelgan los casos.

Lo cierto es que, de cara al olvidado Holocausto y sus juicios de Nuremberg, al aceptarse hasta ayer que las soberanías alegadas por los Estados para decidir sobre las cuestiones internacionales le permitían a estos el hacer privar al pragmatismo del poder y sus intereses evitándose conjugar conforme a la función categorial de la Justicia, el propio mundo le puso pies barros a la utopía soberana.

Una mala lectura de la obra de Juan Bodino (1530-1596), que afirmó el poder “absoluto y perpetuo de una república” al objeto de que cada nación pudiese separarse de la teocracia romana, pudiese librarse del confesionalismo para hacer emerger Estados laicos como expresión del derecho a la libertad de conciencia y de religión, es lo que igualmente ha llevado a la traición de los fundamentos contemporáneos del derecho internacional.

Lo de observar en forma conclusiva, ante la volatilidad de los tiempos por venir, es que, así como a inicios del corriente siglo y sobre el desafío que planteó el «quiebre epocal» de 1989 sin ser atendido, el Informe Caputo del PNUD sobre la democracia (2004) y la misma ONU, con su Agenda 2030, se han propuesto rescatar y volver como solución, ante la globalización, al fortalecimiento del Estado soberano, en una hora en la que la soberanía, como ejercicio de poder absoluto, ha desaparecido. Y esa agenda, paradójicamente, mientras las potencias globales se alinean y/o se tensan para controlar al mundo desde las aceras de la economía, optó y se limita a defender derechos humanos al arbitrio, de novísima generación, sin Estado de derecho ni democracia, a los que estima de irrelevantes.

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