Desmantelamiento del aparato represivo, renovación del sistema de justicia y del Ministerio Público, revisión del marco de aplicación de la Ley de Amnistía, protección a las víctimas y familiares y fortalecimiento del rol de las organizaciones de la sociedad civil, son algunas de las exigencias que hizo la ONG Foro Penal en su informe represión política en Venezuela correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026.
El informe expuso que desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, el régimen que controla la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha prometido paz y reconciliación a través de mecanismos como la Ley de Amnistía, sin embargo, persisten la represión, la desconfianza institucional y la opacidad judicial.
La ONG expuso que de acuerdo a su más reciente registro, en Venezuela todavía hay 573 presos políticos y se han verificado 436 excarcelaciones desde el 8 de enero y 109 libertades plenas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el pasado 19 de febrero.
Según Foro Penal, el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció un número importante de excarcelaciones sólo fueron salieron de centros de reclusión 42 personas y para finales de febrero se contabilizaron 436 excarcelaciones y 109 libertades plenas
“Aunque hubo avances, persiste la falta de transparencia en los listados oficiales y la ausencia de criterios jurídicos claros para estos procesos”, reza el reporte.
Aquí algunas claves del reporte:
–Sigue represión institucional: El Foro Penal ha documentado casos de abstención de familiares a denunciar detenciones por temor a represalias, señalando que la opacidad y el miedo persisten como rasgos estructurales. Expusieron que tras los anuncios de excarcelaciones surgieron un número creciente de casos postelectorales que no fueron denunciados oficialmente, debido a temor o desconfianza en las instituciones.
-Trump y Rubio meten presión: De acuerdo al reporte de la ONG después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, escribieran en sus redes sociales y declararan que el proceso de excarcelaciones iba “acelerado” en Venezuela, hubo un incremento en las liberaciones lo que sugiere que dichos mensajes ejercieron presión pública adicional sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
–Lo negativo de la Ley de Amnistía: Aunque abarca formalmente desde 1999 a 2026, en la práctica solo cubre períodos limitados, equivalentes a aproximadamente 20 meses de casi 28 años de persecución. Asimismo, para quienes están fuera del país, no garantiza que la amnistía sea otorgada antes de la comparecencia ante un tribunal; si es negada, la persona queda sujeta al proceso penal, lo que genera un riesgo real, mientras que el artículo 9 excluye a quienes puedan ser vinculados con acciones armadas contra la República, prestándose a interpretaciones discrecionales.
–Sugerencias: La ONG recomendó a la administración venezolana tutelada por Estados Unidos, desmantelar el aparato represivo y plantear una reforma profunda de los cuerpos de seguridad para eliminar prácticas abusivas. Renovar el sistema de justicia y el Ministerio Público con la designación de un nuevo Fiscal General de la República, que sea independiente, conforme a estándares internacionales de autonomía e imparcialidad. Revisar el marco de aplicación de la Ley de Amnistía, evitando discrecionalidad judicial. Proteger a las víctimas y familiares con una estrategia de reparación integral y garantías de no repetición, reconocer el rol de las organizaciones de derechos humanos y mantener la observación activa de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
