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Trabajadores y jubilados exigen al MP frenar despidos ilegales y “pensiones de hambre”

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Un grupo de trabajadores activos, despedidos y jubilados solicitó este 20 de mayo una audiencia urgente con el fiscal Larry Devoe ante la política de despidos ilegales y “pensiones de hambre” que arropa tanto a ministerios como a empresas públicas y privadas.

El caso de la dirigente sindical de Sitraenseñanza, Nelly Medina, retrata la realidad de muchos trabajadores públicos: es docente de la Unidad Educativa Pedro Manuel Ruiz y tiene 13 meses con el sueldo suspendido sin razón. A pesar de haber acudido reiteradamente al Ministerio de Educación, la única respuesta que ha recibido es “hay que esperar” o la promesa de que cobrará “el próximo mes”. Mientras tanto, la educadora sigue asistiendo a las aulas. “Sigo laborando. Así como estoy yo, hay muchos trabajadores”, denunció.

A este reclamo se sumaron voceros de otros sectores estratégicos. El presidente del Bloque Patriótico Petrolero, Eduardo Yaguaracuto, informó que ante la gravedad de la situación constituyeron un comité nacional para revisar formalmente las órdenes de reenganche emitidas por tribunales que han sido incumplidas sistemáticamente por el Estado.

Por su parte, Jesús Mesa Díaz, vocero nacional de los trabajadores de Empresas Polar, detalló que además de solicitar una reunión con el Fiscal General, se expuso por medio de un documento las demandas de reenganche de la empresa privada y del sector público; una lucha de resistencia que Jhony Guerra, trabajador azucarero del estado Sucre, resumió al recordar que este es el viaje número 36 que realizan a la capital: “Queremos reenganche y que se respeten los derechos laborales”, señaló.

Despidos y listas negras en PDVSA

La denuncia central del documento apunta al “exterminio del valor del trabajo” y al desamparo en el que quedan quienes son desincorporados de forma arbitraria o empujados al retiro forzoso. Es la realidad de Ángel Castro, trabajador con 20 años de servicio en Pdvsa Monagas, quien fue botado en 2022 y desde entonces espera ejecución de su caso.

Según el texto consignado, los trabajadores sufren la crisis en su peor versión, atrapada entre el desempleo, despidos, pensiones de hambre, jubilaciones exprés y liquidaciones que hoy representan menos de un dólar por 20, 25, 30, y hasta 35 años de servicio.

A la crisis económica se suma una política de persecución. Los voceros del sector petrolero alertaron sobre la existencia de “listas negras” en la estatal y aseguraron que los trabajadores que denuncian las arbitrariedades son víctimas de un veto que les impide ser contratados en otra empresa aliada de la industria.

Esta medida deja sin ingresos a familias vulnerables, afectando directamente a empleados con hijos o parientes con discapacidad y enfermedades graves que requieren tratamientos de alto costo.

Desacato y complicidad en el sector público

Los afectados señalan que el principal obstáculo es la impunidad de los empleadores públicos en entidades como Pdvsa, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cantv, los ministerios de Educación y Salud, centrales azucareros y cuerpos de bomberos.

El documento advierte que se ha creado un “círculo vicioso” penal: los directivos que desacatan las sentencias de amparo constitucional son detenidos por apenas 48 horas debido a que sus faltas son procesadas como “delitos menos graves”, quedando libres casi de inmediato para seguir esquivando la ley.

Los trabajadores exigieron a la Fiscalía acusar formalmente a los jefes y gerentes que, en presunta complicidad con otros funcionarios, violan los derechos laborales, ejecutan despidos ilegales y afectan la vida de miles de familias.

Con información de Nota de Prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Ricardo Ríos: El “Rodrigato” está pasando por un momento difícil de estabilidad 

Para el presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, la expectativa sobre una eventual transición en Venezuela se ha deteriorado debido a que después del 3 de enero de este año, fecha en la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, el pueblo albergaba un sentimiento de euforia, que posteriormente pasó a moderación y hoy día, a más de cuatro meses de la captura, roza niveles de frustración. 

A juicio del politólogo, el estatus quo, la presencia de las mismas autoridades, a pesar de algunos cambios cosméticos en los ministerios, el estancamiento del salario mínimo, la precariedad económica y el mantenimiento del aparato represivo del Estado, permiten al venezolano proyectar un futuro inmediato igual o peor al presente.

Ríos fue el invitado este martes 19 de mayo de  La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual y sostuvo que el chavismo está pasando por uno de sus momentos más críticos en cuanto a credibilidad y a cohesión de su base, ahora en torno a la figura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. 

“Y ya ni siquiera digo el chavismo, sino el oficialismo, yo considero que el sustrato ideológico, que siempre fue muy heterodoxo, pero que de alguna manera construía una narrativa, se ha ido deshilachando”, dijo el experto a Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes.

Ríos calificó la deportación, extradición o expulsión del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos como uno de los peores controles de daños manejados por el chavismo.

Amaya recordó que Saab tuvo dos pasaportes, uno diplomático y otro normal, además hubo una sentencia donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que era venezolano, su nombre aparece como contribuyente en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y aún cotiza en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Blanco sentenció que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, admitió que portando una cédula supuestamente “fraudulenta”, Saab fue ministro, diplomático y hasta votó en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 con 

“Creo que es una de las peores cosas que ha podido inventar el chavismo. Si uno hace seguimiento de todos los cargos que han sido sustituidos del 3 de enero para acá, más del 80% de los puestos con gente de Maduro y Flores fueron reemplazados por personas del equipo de Delcy”, apuntó el politólogo.  

Ríos indicó que lo único que parece soportar al gobierno de Rodríguez es el tutelaje de parte del gobierno de Estados Unidos.

10% de aprobación para Delcy

El analista indicó que una encuesta elaborada por Poder y Estrategia elaborada apenas en marzo de este año arrojó que 34% de la población venezolana reconoce a Estados Unidos como el principal socio comercial del país y confía en un avance hacia la democracia, otro 28% dice que hay que esperar y un 17% no tiene mayores expectativas.

Ríos también expresó que la figura de Delcy Rodríguez apenas cuenta con 10% de aprobación. 

“Hicimos la siguiente pregunta, le dijimos a la gente, si hoy fueran las elecciones, ¿Por quién le gustaría votar? 40% por ciento de la gente prefirió no responder, eso habla de prudencia, 10% por Rodríguez y el resto por alguien de la oposición”, dijo el experto.

Ríos expuso que con perspectivas de recuperación leves para la población y una transición democrática que no se avizora en el corto plazo, el “Rodrigato” está pasando por un momento difícil de popularidad.  

Para el experto, la prosperidad económica de Venezuela solo es posible con democracia y estabilidad política.

“Si no hay la intención de una transición hacia la democracia, una mejora económica puede bajar la presión y generar cierta estabilidad política durante los próximos meses, el problema está en el cuestionamiento a la tres fases que ha planteado Estados Unidos”, dijo el politólogo. 

Ríos expuso que como la gente no consigue respuestas y menos soluciones a sus problemas, en vez de organizar marchas y protestas pacíficas hacia la Defensoría del Pueblo ha emprendido reclamos frente a la embajada de Estados Unidos.

“Si hay una mejora económica, un mini boom, entonces la gente puede empezar a ver con menos importancia el tema de la democracia y en ese sentido ha habido una intención agresiva con la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas. El asunto es que es poco probable que consigas cambios con los mismos actores. No se está generando un bienestar con la velocidad que se necesita”, dijo Ríos

Oposición desaprovecha oportunidad

Ríos dijo que no se trata de un tema de oportunismo, sino de la naturaleza política del adversario, y en ese sentido, la oposición democrática en Venezuela no ha podido definir una estrategia ante esta situación de descontento. 

“El presidente de Estados Unidos Donald Trump dice que la gente en Venezuela está bailando en las calles, pero nadie de la oposición se atreve a desafiarlo, creo que el único en hacer un comentario fue Juan Pablo Guanipa”, dijo el politólogo en referencia a María Corina Machado y al excandidato presidencial, Edmundo Gonzalez Urrutia.

Ríos explicó que no se trata de contradecir la propuesta diplomática de Estados Unidos, simplemente de aprovechar la debilidad del chavismo y el desdibujamiento de su propuesta política.

“Los recientes días han sido muy fuertes para el chavismo, la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, el posterior fallecimiento de su madre, la extradición o deportación de Alex Saab después de haber ejercido altos cargos en el gobierno y ahora la acusación contra el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero”, indicó Rios. 

Ríos sentenció que hace un par de años entre un 25% y 30% de la población tenía intenciones de emigrar. El politólogo aseguró que de acuerdo a un estudio de Poder y Estrategia, después del 3 de enero esa cifra cayó a 11%, sin embargo ha empezado a escalar hasta en un 15%.

Rísquez dijo que con la deportación o extradición de Alex Saba a territorio norteamericano el chavismo manda una señal a todo sus militantes, de que cualquiera que no esté con el gobierno de Rodríguez puede ser execrado y pasar al ostracismo. 

“Delcy y Jorge Rodríguez fueron los máximos paladines defensores de Alex Saab en 2022. No fueron Maduro ni Flores, no hay forma de aminorar comunicacionalmente la gravedad del asunto, el tema del control de daños es muy difícil, porque es como ponerle una curita a una fractura abierta”, sentenció el analista.

El analista expresó que las jugadas a destiempo como la excarcelación de la adolesecente Samantha Hernández o los policías metropolitanos no le están sumando puntos al gobierno porque “el daño ya está hecho”.

“Parecieran medidas para tratar de bajarle el costo al enardecimiento e indignación que causó la muerte de Víctor Quero y su madre”, expuso el experto. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Carlos Carrasco: sin garantías de reinserción no habrá retorno de la migración

Para Carlos Carrasco, el fenómeno de la diáspora venezolana es un asunto en primera persona y no un simple objeto de estudio. En una nueva edición de Espacio Runrunes, conducido por Luis Ernesto Blanco, el periodista e investigador del Ininco de la UCV trazó líneas para comprender las complejas dinámicas de quienes deciden regresar. Carrasco, quien vivió en Chile entre 2018 y 2024 antes de retornar al país , ofreció una perspectiva integral basada tanto en su experiencia como en sus líneas de investigación 

El limbo migratorio

El investigador del Ininco explicó que la percepción y las condiciones de la migración venezolana dieron un giro radical a partir de 2018. “Atrás quedó la política de fronteras abiertas y los mecanismos especiales de regularización que caracterizaron los primeros años de la crisis humanitaria. Hoy, una estricta muralla de visados se extiende desde Chile hasta Canadá, lo que, lejos de frenar los flujos, ha disparado la migración irregular”.

Carrasco alertó sobre el «limbo migratorio» en el que se encuentran cientos de miles de venezolanos en países como Chile, Perú o Ecuador. Esta situación no solo responde a trabas institucionales de los países de acogida , sino a la desatención consular del propio Estado venezolano. “Esta irregularidad forzada genera una grave consecuencia política: de los cerca de 4.8 millones de venezolanos mayores de edad en el exterior, apenas unos 100 000 pudieron inscribirse para votar en las presidenciales de 2024, dado que la ley exige residencia legal”. 

El también periodista insistió en la necesidad de garantizar la participación política de la diáspora, lo cual debe entenderse no sólo como un derecho, sino como una forma de «reparación» ante el daño causado por la crisis.

El mito del retorno masivo y la «doble expulsión»

Al ser consultado sobre el impacto de los acontecimientos políticos recientes y las expectativas de retorno , el investigador desmitificó la narrativa de un regreso masivo de capitales y profesionales de alto nivel. Citando datos recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), Carrasco demostró que quienes están retornando son, en su mayoría, los perfiles con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Son personas que regresan por desesperación, tras fracasar en sus intentos de inserción laboral o de reunificación familiar debido a los altos costos consulares (como los 200 o 300 dólares que cuesta un pasaporte. El drama, advierte el periodista, es que al cruzar la frontera se topan con una «doble expulsión» : el Estado venezolano carece por completo de políticas públicas de reinserción social y laboral para los retornados.

Polinización cruzada frente al rezago cultural

Uno de los puntos más agudos de la entrevista abordó el rezago de la legislación y la discusión pública en Venezuela respecto a derechos civiles, equidad de género, minorías LGBTQ+ y racismo. A raíz del polémico cántico racista («Fuera la mona») registrado semanas atrás en una concentración política en Madrid , Carrasco lamentó que en el país el racismo se aborde de manera implícita, camuflado bajo el mito de que «todos somos mestizos».

Aportando datos de la CEPAL y de ENCOVI, el profesor del ININCO visibilizó cómo las poblaciones afrodescendientes en Venezuela sufren mayores tasas de mortalidad infantil y menor acceso a la educación superior, desmintiendo que sea un problema inexistente. Sin embargo, Carrasco ve una luz de esperanza en lo que denominó una «polinización cruzada» : la juventud venezolana actual muestra una mentalidad mucho más abierta y conectada globalmente , y el intercambio de aprendizajes entre quienes vivieron afuera y quienes resistieron adentro está empujando un cuestionamiento profundo de los prejuicios nacionales.

Un tejido social que resiste en la intimidad

Finalmente, Carrasco coincidió con análisis sociológicos que destacan la resiliencia del tejido social venezolano. Aunque desgastado, este tejido mutó hacia una «solidaridad comunitaria e intergeneracional» : abuelos que se cuidan entre sí al quedar solos, y vecinos que asumen la crianza de niños cuyos padres migraron.

La entrevista cerró con una exhortación clara: Venezuela ya es una sociedad multicultural y trasnacional. El reto del futuro no es esperar que los ocho millones de migrantes vuelvan , sino construir un Estado democrático e institucional que deje de asfixiar a la sociedad civil con trabas e impuestos , y que permita canalizar el inmenso potencial político, económico y cultural que la diáspora tiene para ofrecer.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 21 de mayo: Son más de 300 y piden que sean liberados todos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 21 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Defensores de derechos humanos se pronunciaron ante el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez en el que informaba que en las próximas horas serían liberados 300 presos políticos.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en entrevista con el periodista Román Lozinski ue el anuncio “es insuficiente”, ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos.

El Foro Penal y Laboratorio de Paz también insistieron en que todos deben ser liberados.

Recién salido del horno: otras noticias

La sociedad civil construye una agenda para restituir derechos en Venezuela

Cuestionan revictimización y criminalización pública de adolescente excarcelada

“Ni un muerto más”: Exigen destitución de ministro Julio García Zerpa tras protesta

Rechazan que ministra responsabilice a universidades por exclusión en pago de bonos

Nahuel Gallo señala a dos directivos de El Rodeo I como responsables de torturas

Opinión | Urge abordar la crisis laboral

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Ellos -la oposición- no podrían gobernar este país con esta Constitución, ellos necesitan derogarla, eliminarla, y tengan por seguro que si alguno de ellos llega a gobernar este país dentro de 300 años, lo primero que harán es llevarse por delante esta Constitución”, dijo Diosdado Cabello.

Lo que rompe en redes

En un mensaje que se hizo viral, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció al pueblo cubano una “nueva relación” con Estados Unidos. Sus claves principales critican la incompetencia económica del régimen, señalan la corrupción y apuntan al conglomerado militar GAESA como el verdadero controlador de los recursos de la isla.

Azuquita pa’la café

El receptor venezolano Jhonny Pereda conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas.

La ñapa (recomendamos…)

Michael Jackson sigue haciendo historia en la música, aún después de casi 17 años de su muerte. Tras el estreno de su biopic, ha escalado en las carteleras musicales y de streaming. Su éxito musical “Billie Jean” se coronó como la canción más importante a nivel mundial al alcanzar por primera vez el número uno de la prestigiosa lista Billboard Global 200.  Según datos auditados, la composición acumuló 51,5 millones de reproducciones vía streaming a nivel global.

Te invitamos a escuchar esta inmortal pieza del Rey del Pop.

Arcoíris sobre el asfalto: el lienzo de una comunidad que resiste ante la discriminación

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Bajo un cielo nublado y un pronóstico de lluvia, la tarde de este miércoles, 20 de mayo, el asfalto de La Castellana, en el municipio Chacao, recuperó sus colores vivos con el tradicional repintado de la ciclovía arcoíris.

La organización PP Foundation y la Embajada del Reino de los Países Bajos coordinaron esta actividad pública a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (Idahobit, por sus siglas en inglés), una efeméride global que se conmemora cada 17 de mayo.

Con esta acción urbana, activistas y organizadores buscaron visibilizar la discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+ y exigir la defensa de sus derechos humanos en el país.

Personas de la sociedad civil pintan la ciclovía de La Castellana / Foto: Andrea González

La jornada congregó a un frente de la sociedad civil venezolana y el cuerpo diplomático acreditado en el país, incluyendo a representantes de las embajadas del Reino Unido, Japón, Italia, México, Portugal, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De manera simultánea a la pintura de la vía, el equipo del proyecto VIHvos y VIHsibles de PP Foundation desplegó una jornada asistencial de salud sexual realizando pruebas gratuitas de despistaje de VIH y sífilis, distribuyendo material educativo sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y entregando kits de prevención combinada con preservativos y lubricantes.

Miembros del equipo del proyecto VIHvos y VIHsibles de PP Foundation / Foto: Andrea González

La educación comunitaria y las expresiones artísticas también ocuparon un lugar protagónico durante el encuentro. Los organizadores diseñaron una ruleta interactiva para responder dudas y sensibilizar a los asistentes sobre orientación sexual, identidad de género y derechos fundamentales de la población diversa.

Asimismo, integrantes de la subcultura del ballroom, movimiento artístico creado por las comunidades LGBTIQ+ afroamericanas y latinas en Nueva York durante la década de los 70, ofrecieron una demostración de baile y expresión corporal, que transformó la calle en un espacio de celebración, diversidad y apropiación del espacio público caraqueño.

Miembros de ballroom / Foto: Andrea González

“Cada trazo de pintura simboliza una causa de libertad”

La embajadora del Reino de los Países Bajos en Venezuela, Carmen Gonsalves, resaltó el vigor de los defensores de derechos humanos en el país al alcanzar la quinta edición de esta iniciativa. Además, agradeció la presencia de delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, México, Italia, Japón, el Reino Unido y Portugal, así como de los representantes de la ONU y de la comunidad internacional.

La diplomática enmarcó el evento dentro del panorama internacional y recordó el deber global de proteger la libre identidad de todas las personas, tras señalar que en el mundo todavía existe “mucha discriminación y falta de respeto”. La embajadora recordó que en más de 60 países la homosexualidad sigue siendo criminalizada.

Carmen Gonsalves, embajadora del Reino de los Países Bajos en Venezuela / Foto: Andrea González

“Las personas no pueden vivir su vida amorosa ni su identidad de género libremente en muchos lugares del mundo. Eso es una locura que tenemos que combatir, porque es nuestro deber asegurar que este mundo sea diverso, respetuoso, inclusivo y con libertad para todos y todas”, señaló Gonsalves.

La embajadora concluyó reafirmando que la Embajada mantendrá su portafolio de cooperación activo para respaldar de forma constante el trabajo de los activistas. “Esta ciclovía arcoíris no es solamente algo fortuito. Cada trazo de pintura que se está poniendo aquí simboliza y visibiliza una causa muy, muy importante: la causa de la libertad. La libertad de amar a quienes queremos y la libertad de ser quienes queremos ser”, expresó.

María Antonia Calvo Puerta, jefa de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela / Foto: Andrea González

La visibilidad como acto de resistencia

Lya Ortiz, vicepresidente de PP Foundation y coordinadora MEAL del proyecto VIHvos y VIHsibles, reivindicó la importancia de la presencia activa de las organizaciones sociales en las calles venezolanas, describiendo el evento como un acto de permanencia y resistencia. “Es importante para nosotros como sociedad civil poder seguir existiendo y seguir conquistando los espacios públicos”, declaró Ortiz a Runrun.es.

Ortiz también alertó sobre los riesgos que aún corren las personas LGBTIQ+ en el territorio nacional e invitó a la colectividad a informarse para combatir la intolerancia: “Han sido, lamentablemente, reducidos [los espacios públicos], y el estar aquí todos, no solamente para mostrar nuestra cultura, sino para que la gente entienda que existimos y que nosotros tenemos derechos, al igual que todas las personas por igual, es muy importante para nosotros”.

La invitación que hace la activista es a seguir apoyando esa lucha por la no discriminación en contra de todas las formas, recordando que aún siguen existiendo “crímenes de odio” en Venezuela.

Activistas asistieron al repintado de la ciclovía de La Castellana / Foto: Andrea González

Una agenda de derechos postergada

A pesar de las constantes exigencias de la sociedad civil organizada, Venezuela se mantiene como uno de los más rezagados de la región en materia de igualdad legal y reconocimiento de derechos fundamentales para la población sexodiversa.

En la actualidad, el ordenamiento jurídico venezolano no contempla ninguna figura de unión civil ni matrimonio igualitario para parejas homosexuales. Esta carencia institucional deja a miles de familias diversas en un estado de absoluta desprotección jurídica, impidiéndoles acceder a derechos patrimoniales, sucesorios, habitacionales o de decisiones médicas conjuntas.

Activistas y miembros de la sociedad civil pintan la ciclovía de La Castellana / Foto: Andrea González

La situación resulta especialmente crítica para la población trans en el país. Aunque el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil (vigente desde 2009) faculta a cualquier persona a modificar su nombre propio si este afecta su reputación o no se corresponde con su género, y a pesar de la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratifica la viabilidad de esta norma, el Estado venezolano sigue sin habilitar el procedimiento.

En la práctica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impide que las personas trans obtengan documentos de identidad que coincidan con su identidad de género, lo que perpetúa su exclusión y dificulta su libre acceso a la educación, la salud y el empleo formal.

Vestimenta con un mensaje contra la homofobia / Foto: Andrea González

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Ni un muerto más”: Exigen destitución del ministro Julio García Zerpa tras protesta

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Familiares de presos políticos marcharon este miércoles 20 de mayo para exigir la destitución del ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. En una movilización que comenzó en Plaza Venezuela, las personas se dirigieron primero a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en rechazo a las muertes bajo custodia del Estado.

Bajo la consigna “Ni un muerto más” y con una enorme urna negra que contenía los nombres de los fallecidos bajo custodia, los familiares se dirigieron luego hasta la entrada del Ministerio del Servicio Penitenciario para exigir la destitución inmediata del actual ministro. Muchos de los presentes llevaban cubiertas sus bocas con cinta negra en forma de “X”, como forma de protesta.

Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, junto al resto de familiares presentes, entregó un documento al Servicio Penitenciario en el que exigen condiciones de reclusión dignas, atención médica urgente, entre otras peticiones. Baduel ha denunciado en diversas oportunidades el precario estado de salud de su hermano y cómo no ha recibido más que negativas por parte de las autoridades.

Baduel aseguró que esta sería la cuarta vez que se dirigen al ministerio para alertar sobre cómo las condiciones de reclusión y la falta de atención médica pueden acabar con la vida de los detenidos. Según relató, fueron atendidos por el director del Departamento de la Familia, quien negó que los presos políticos se encuentren recluidos en condiciones inhumanas o que sean víctimas de tortura.

“Hoy, lamentablemente, el tiempo nos da la razón. Se suma un preso político más a la larga lista de muertos bajo custodia del Estado”, declaró. Con el reciente deceso, ya son 27 personas fallecidas bajo la supervisión del Estado, afirmó Baduel.

“Desde octubre de 2024 estuvimos aquí como colectivo denunciando que en el Rodeo, I el DGCIM utilizaba al SESMA para torturar y delinquir, y el ministro no hizo nada diferente para que eso cambiara”, aseveró.

Un minuto de silencio por los caídos

El Servicio de Seguridad y Custodia del Estado Mayor (SESMA) es un órgano del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Baduel ratificó la exigencia de los familiares de una investigación independiente del actual ministro.

“Si tiene un poquito de respeto por sí mismo y compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar”, expresó.

Los familiares de los detenidos realizaron una parada simbólica en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en memoria del fallecido concejal Fernando Albán, que murió bajo custodia en esa estructura. Funcionarios intentaron impedir la permanencia de los familiares en el sitio; no obstante, las personas realizaron el minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

Principios constitucionales que no se cumplen

El artículo 43 de la Constitución venezolana establece que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado deberá proteger la vida de las personas privadas de libertad. Por otro lado, el artículo 272 estipula que el sistema penitenciario debe garantizar el respeto por los derechos humanos, principios constitucionales que no se están cumpliendo, como en el caso de Víctor Hugo Quero y otros presos que han muerto bajo supervisión de las autoridades.

Andreina Baduel recordó que existen 42 privados de libertad en condiciones críticas de salud. Respecto al anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre las 300 excarcelaciones, indicó que “no es la primera vez que hacen promesas”. Por su parte, exigió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los centros de detención.

Gestión que “maquilla” y manipula comunicacionalmente”

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también exigió en un comunicado este 20 de mayo la destitución de Julio García Zerpa, y lo señaló de “encubrir la grave crisis” del sistema carcelario, mediante una “gestión que prioriza el maquillaje y la manipulación comunicacional”.

La ONG denunció una vulneración sistemática a los derechos humanos, tras documentar al menos 17 muertes en distintos penales del país en un lapso menor a un mes.

La organización destacó tres casos recientes que evidencian la indolencia estatal. El primero fue el manejo de la masacre en el Centro Penitenciario Yare III en abril, donde fueron asesinados cinco reclusos. Según el OVP, el Ministerio intentó reducir los hechos a un motín entre bandas, minimizó la gravedad de la violencia, ocultó balance de heridos e ignoró la angustia de los familiares mediante un “profundo silencio institucional”.

Asimismo, la ONG condenó la actuación de García Zerpa ante la muerte del preso político Víctor Quero Navas en el Internado Judicial Rodeo I. El OVP desmintió la versión oficial que afirmaba que el recluso no había recibido visitas y recordó que su madre acudió reiteradamente al penal solicitando información sin éxito. Para la organización, este caso demuestra que la asistencia médica en las cárceles venezolanas es “inexistente o discrecional” y representa el “fracaso absoluto del deber de custodia del Estado”.

Finalmente, el OVP repudió el uso no consensuado de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña oficial por el Día de la Familia. La ONG calificó de “cinismo” y “violencia institucional” que se utilice como rostro de unión familiar a una mujer que ha sido víctima de torturas, aislada de su entorno y con la salud quebrantada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Urge abordar la crisis laboral venezolana

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Luego de la abrumadora frustración generada el pasado primero de mayo entre los diferentes sectores de los trabajadores, ante el desafortunado documento firmado por la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales el 30 de abril —cuyo contenido sepultó aun más el salario, sustituido como política de Estado bajo el concepto de ingreso—, se vislumbra un escenario de movilizaciones y de confrontación sociolaboral.

Cuando el panorama político se transformó en los albores de 2026 con la abrupta salida del exmandatario Maduro —hoy prisionero en una cárcel de Brooklyn, Nueva York—, se generaron en el país expectativas de cambio político, económico y social. Sin embargo, transcurridos casi cinco meses, estas permanecen como asignaturas pendientes ante el pronunciado deterioro de las condiciones de vida de la población.

Restituir los convenios colectivos y la dignidad

Si nos centramos en el contexto sociolaboral, se ha pretendido normalizar la percepción de que los trabajadores solo aspiran a un salario equivalente a la canasta básica alimentaria. Sin embargo, en realidad las exigencias de los sindicatos, gremios, federaciones y centrales sindicales se extienden también al restablecimiento de los convenios colectivos y de los diferentes componentes del sistema de relaciones de trabajo —ante el pésimo servicio de las inspectorías y tribunales del trabajo. También se aspira a la construcción de un sistema de seguridad social integral que dote al trabajador, al pensionado y al jubilado de asistencia médica y pensiones dignas.

La respuesta de los diferentes actores laborales durante el presente año es diversa, como destacaré a continuación.

La posición del Gobierno

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el 23 de febrero que la denominada «Constituyente laboral» garantizará los derechos y beneficios de los trabajadores venezolanos. Esto ocurrió luego de encabezar una reunión de revisión sobre los avances del proceso, en la que informó que se evaluó el desarrollo de esta instancia y reiteró que su objetivo central es «fortalecer la protección social» de la clase trabajadora. La llamada Constituyente laboral comenzó formalmente el 15 de diciembre de 2025 con la realización del Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera.

¿Qué se dice en la AN?

Por otra parte, el 23 de abril el diputado opositor Luis Augusto Romero anunció que el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, prevé debatir una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, en medio de crecientes protestas por el deterioro del salario mínimo, equivalente hoy a veintisiete centavos de dólar al mes, según la tasa oficial. «Vienen nuevos debates. Tendremos que debatir la Ley Orgánica del Trabajo. […] Ese debate vendrá, y toda una serie de reformas paulatinas que el país requiere», afirmó.

El Consejo Administrativo de la OIT

En ese contexto cabe señalar las declaraciones del 11 de marzo del integrante del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, quien propuso una nueva dinámica para el cobro de prestaciones sociales. En la entrevista destacó que no es justo que leyes como la de inamovilidad laboral protejan a un «mal trabajador», y planteó la desconexión entre los beneficios legales y el establecimiento de un sistema temporal o provisional que permita al trabajador decidir si acumula o no las prestaciones sociales, con el fin de flexibilizar su cobro.

Posición de Fedecámaras

Asimismo, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) planteó el 12 de mayo la necesidad de actualizar la Ley Orgánica del Trabajo para incluir nuevas dinámicas laborales. Por medio de su vicepresidenta, Tiziana Polesel, señaló que «el debate en torno a la normativa no debe enfocarse solamente en los salarios y en las prestaciones sociales, sino también en la inclusión de otras modalidades como el teletrabajo y las contrataciones por horas».

El movimiento sindical: movilización callejera

Por el lado del movimiento sindical, el 15 de abril el Encuentro Nacional de Trabajadores —en el que participaron las principales centrales y gremios del país— concretó una alianza estratégica para exigir ingresos dignos. Más de 300 dirigentes provenientes de 19 estados acordaron una hoja de ruta que prioriza la movilización callejera como mecanismo de presión inmediata.

En esta alianza sin precedentes participaron representantes de las centrales CTV, CUTV, ASI, UNETE, CGT y CODESA, la Federación Venezolana de Maestros, el Colegio de Enfermería de Caracas, los trabajadores universitarios y las federaciones de jubilados; todos acordaron «la defensa del salario como parte de la lucha por las libertades democráticas en el país».

Esta articulación busca poner fin a la bonificación de la economía y rescatar la dignidad de quienes sostienen el aparato productivo nacional. Es evidente que la firma del documento de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales del 30 de abril, suscrita en nombre de los trabajadores por representantes de ASI y CTV, constituye una ruptura alevosa con el acuerdo del Encuentro Nacional de Trabajadores.

La AN sin legitimidad para discutir la reforma de la LOTTT

También en el ámbito sindical cabe señalar la contradictoria y confusa convocatoria de una agrupación denominada «La Coalición Sindical Nacional de Trabajadores», que organizó una movilización pacífica el 2 de mayo hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas para «exigir salarios dignos, pensiones justas, libertad sindical, liberación de presos políticos y el cese de la represión laboral» ante un gobierno extranjero.

Por lo expuesto, abordar las aspiraciones sociolaborales señaladas implica promover espacios que convoquen al liderazgo legítimo actual del país. Esa tarea no puede ser encomendada a la actual Asamblea Nacional, pues este organismo no refleja el verdadero país político y social de hoy. Reformar la Ley Orgánica del Trabajo —normativa que es la segunda en importancia después de la Constitución Nacional— es tarea del nuevo Estado de derecho que surja de elecciones generales que legitimen a todos los poderes públicos.

Ahora bien, esto no implica paralizarnos. Todos estos enunciados apuntan a que se trata de un asunto esencial para la sociedad venezolana, que debe atenderse de inmediato y con urgencia.

Se requiere la conformación de un espacio de amplia convocatoria y sin exclusiones para abordar los temas señalados en el ámbito de las relaciones de trabajo; un espacio sin cortapisas ni prejuicios que permita alcanzar un acuerdo transitorio orientado a la concreción de políticas públicas de emergencia que doten de poder adquisitivo y de seguridad social integral a un país que sobrevive en medio de la ruina y la precariedad.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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“Anuncio de 300 es insuficiente”: Defensores piden liberación plena de todos los presos políticos

Defensores de derechos humanos se pronunciaron ante el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez en el que informaba que en las próximas horas serían liberados 300 presos políticos.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo en entrevista con el periodista Román Lozinski que el anuncio “es insuficiente”, ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos.

“Hay que insistir en que el registro de nuestra organización es de 654 presos políticos, son muchos más que los anunciados ayer. Las exigencias de todas las organizaciones defensoras de derechos humanos es que todos los presos políticos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, dijo Tineo.

La coordinadora de JEP enfatizó que las excarcelaciones actuales mantienen judicializadas a todas las personas enfrentando cargos muy graves y con violaciones al debido proceso, por lo que pide liberaciones plenas.

“Total y sin restricciones”

Por su parte, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, espera que el anuncio de Rodríguez no se limite a números discrecionales, sino que incorpore a todos los presos políticos que al día de hoy superan las 400 personas.

A través de un video difundido en X, Romero aclaró que la liberación de presos políticos “no se trata de gestos”, sino de una obligación del Estado de básicamente respetar el Estado de Derecho. 

El defensor de derechos humanos mencionó el caso del general Antonio Lozada, quien lleva más de nueve años detenido sin juicio y sin condena y padeciendo graves problemas de salud.

“Esperemos que realmente esto no sea simplemente gestos y retórica, sino que se trabaja en el fondo, que es lo que queremos los venezolanos, para lograr una verdadera paz social, un verdadero Estado de Derecho y un verdadero camino hacia la democracia”, dijo Romero.

“La libertad no es un gesto. La libertad es un derecho.”

La ONG Laboratorio de Paz también se pronunció por las declaraciones de Jorge Rodríguez y resaltó que la “la libertad no es un gesto” sino un derecho”.

La ONG recordó que Rodríguez, hace más de tres meses, ya había prometido que “todos” los presos políticos serían liberados y que hoy cientos de personas siguen detenidas arbitrariamente.

“Ninguna familia debería agradecer el fin de una injusticia. La reciente muerte de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero —fallecido bajo custodia del Estado— evidencia el profundo dolor y desgaste que viven cientos de familias venezolanas”, se lee en el post de la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.