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El Mañanero del 20 de mayo: Excarcelados los tres policías metropolitanos del 11A

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 20 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Después de 24 años, los presos políticos más antiguos del gobierno chavista fueron excarcelados. Así lo informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X.

El Foro Penal posteó que Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín quienes estaba privados de libertad desde el 2003, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. “Nunca debieron estar tras la rejas”, indicó la ONG.

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Recién salido del horno: otras noticias

El reencuentro que el sistema de “justicia” le negó a Carmen Navas

Jorge Rodríguez anunció que serán liberados 300 presos políticos: “Solo pedimos que aprecien el gesto”

Después de varias semanas sin excarcelaciones liberan a 13 presos políticos en Yare II

En asambleas intergremiales se definirá ruta de acción tras paro universitario de 24 horas

El aterrizaje forzoso de Zapatero, el “campeón de la paz” de los Rodríguez

La FMV pide activar protocolos de Minnesota y Estambul tras el fallecimiento de Carmen Navas

Falleció uno de los trabajadores heridos tras explosión en planta de gas operada por Pdvsa

Sistema de salud pública enfrenta una reducción de hasta 80 % en sus capacidades operativas

Transparencia Venezuela exige investigar a quienes favorecieron a Alex Saab

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Así fue la despedida de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político fallecido bajo custodia del Estado, Víctor Hugo Quero Navas.

Azuquita pa’l café

Este joven sale del colegio a trabajar vendiendo tortas. Es un ejemplo admirable.

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal del 18 al 24 de mayo del Centro Cultural Chacao.

Cronología | Excarcelación de los policías metropolitanos del 11A llegó con 8760 días de retraso

Después de 24 años, los presos políticos más antiguos del gobierno chavista fueron excarcelados. Así lo informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X la noche del 19 de mayo.

El Foro Penal posteó después de las 9:00 de la noche que Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, quienes estaba presos desde el 2003, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. “Nunca debieron estar tras la rejas”, indicó la ONG.

La tarde de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— Jorge Rodríguez anunció que entre este 18 de mayo y el próximo viernes 19, serán liberadas 300 personas, entre ellas los Policías Metropolitanos de 2002.

Tras abandonar la Comunidad Penitenciara Fénix, en el estado Lara, los policías se arrodillaron para agradecer a Dios. El Observatorio Venezolano de Prisiones difundió extractos de las declaraciones de los excarcelados.

“A uno creo que le faltarían palabras para expresar tantas cosas que vivimos. Hay que darle gracias a Dios primeramente, nos mantuvo fuertes todo este tiempo. Y a todas esas personas que han sido leales con nuestros casos, leales, a todos esos venezolanos, gracias (…)No ha sido fácil, esto ha sido un gran vía crucis”, declaró Erasmo Bolívar.

Luis Bolívar, por su parte, relató que el propio director los llamó aproximadamente a las 6:00 p.m. para decirles que saldrían en libertad y que sí tenían quién los fuera a buscar. “No lo esperábamos”, admitió. Dijo que ni siquiera hizo maletas y que solo quería ir a abrazar a su “viejita”.

El 11 de abril que cambió sus vidas

Han pasado más de dos décadas de los sucesos del 11 de abril de 2002. Una fecha inolvidable para todos los venezolanos y también para Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) a quienes, a pesar de haber cumplido más de la mitad de su pena y tener beneficios vencidos, el sistema judicial les negó la libertad durante todo este tiempo. 

En el año 2002, Hugo Chávez aprobó por decreto un paquete de 49 leyes que abarcaban desde la Ley de Tierras hasta la Ley de Hidrocarburos. Sectores empresariales como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) consideraron que las medidas atentaban directamente contra la propiedad privada y la libertad económica lo que derivó en un paro nacional que se agravó con la intervención de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El 11 de abril de 2002, la oposición convocó a una gran marcha en rechazo a las medidas políticas y económicas aprobadas por el Gobierno. El destino de la movilización sería el Palacio de Miraflores; sin embargo, en los alrededores del palacio, específicamente a la altura de Puente Llaguno, pistoleros detuvieron la manifestación. El saldo: 19 muertos y cientos de heridos. Los sucesos derivaron en una breve salida de Hugo Chávez del poder. 

Por los hechos, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín (inspector jefe), Luis Molina (patrullero) y Erasmo Bolívar (distinguido) fueron juzgados por dos de las 19 muertes registradas ese día. 

Con excepción de Hurtado y Pérez, quienes recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, el resto fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.

Cabe recordar que “los pistoleros de Puente Llaguno” -entre ellos Richard Peñalver y Rafael Cabrices– aun cuando fueron grabados disparando en contra de los manifestantes opositores desde el puente hacia la Avenida Baralt, resultaron absueltos bajo el argumento de que actuaron en “defensa propia” contra la Policía Metropolitana.

A continuación una cronología del caso de los policías metropolitanos: 

2003-2006: Juicio sin pruebas

Entre los años 2003 y 2006 se llevó a cabo un largo proceso judicial en contra de Rovaín, Bolívar y Molina. Pese a que las experticias criminalísticas y balísticas no lograron determinar la vinculación de los funcionarios con las víctimas mortales, el juicio en contra de los tres prosiguió. 

2009: La pena máxima 

Luego de tres años de juicio  -considerado el más largo de la historia- y 230 audiencia,  la jueza Marjorie Calderón condenó a 30 años de prisión a Rovaín, Bolívar y Molina, acusados de “complicidad correspectiva” en los homicidios.

2011-2021: Medidas humanitarias ausentes

En 2011, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero recibieron medidas humanitarias por problemas de salud. Continuaron cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario.

En abril de 2012, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, aseguró que el propio Hugo Chávez dio la “orden” de sentenciar a los policías involucrados en los hechos de abril de 2002, con especial énfasis en los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas   .

El comisario Iván Simonovis, en 2014, también recibió la medida humanitaria de casa por cárcel tras un deterioro notable de su salud. En 2019 logró salir del país y se radicó en los Estados Unidos. 

En octubre de 2021 Bolívar, Rovaín y Molina quienes permanecían en la cárcel Militar de Ramo Verde en el estado Miranda, fueron trasladados sorpresivamente al Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, alejándolos por completo de sus familiares. 

2022: derecho ignorado

En abril de 2022 se cumplieron 20 años de la detención de los policías metropolitanos. Según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, las personas que han cumplido las dos terceras partes de la condena califican para el beneficio de libertad condicional, pero para Bolívar, Rovaín y Molina esta medida fue ignorada por el Gobierno.

En diciembre de 2022, bajo el lema “20 años es suficiente”, organizaciones defensoras de derechos humanos vienen pidiendo la liberación de los exfuncionarios quienes han padecido los embates del precarios sistema penitenciario venezolano. 

2026: Fin del cautiverio

En el marco de las excarcelaciones de los presos políticos, luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero que terminaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, los familiares de los policías metropolitanos se volvieron a pronunciar para exigir la liberación de los policías metropolitanos. 

El anuncio de Jorge Rodríguez al referirse por primera vez a los policías metropolitanos, quienes pasaron un cuarto de siglo tras las rejas, dejó ver una luz al final del túnel para ellos y sus familiares. Y su salida de prisión se materializó este 19 de mayo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El reencuentro que el sistema de “justicia” le negó a Carmen Navas

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Fotos: María Gracia Lacruz

Bajo un cielo encapotado que calcaba el ánimo reinante, el Cementerio del Este fue el escenario de un reencuentro, aunque no debió serlo. La madre buscadora Carmen Teresa Navas fue sepultada junto a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, el preso político que falleció bajo custodia y cuyos restos habían sido exhumados y trasladados a ese mismo lugar hace apenas 12 días.

Tras un año y medio de recorridos infructuosos, pasillos vacíos, de un reclamo que ignoraron en todas las instancias y dependencias penales y judiciales a las que acudió, la madre cedió ante un dolor insondable hace dos días, ese que desató el conocer el pasado 7 de mayo que el hijo que tanto buscó, por el que tanto preguntó, había fallecido, y que durante nueve meses en los que tocó incluso las puertas que podían haber tenido conocimiento de la situación, no se lo informaron.

La señora Navas fue velada durante día y medio en la Funeraria Vallés. Su cuerpo descansaba en un ataúd blanco, “como una madre impecable que fue”, escribió en sus redes sociales la periodista Maryorin Méndez, quien la acompañó durante sus últimos meses de vida.

El cortejo fúnebre se trasladó hacia el Cementerio del Este, donde las notas del himno nacional se mezclaron con el ondear de banderas y el llanto silencioso de otras madres de presos políticos que comparten la misma cruz. En sus rostros se reflejaba la tristeza y, también, el temor ante las condiciones de reclusión de los presos políticos que han sido denunciadas por organizaciones defensoras nacionales e internacionales: insuficiente alimentación, celdas reducidas, negativa de atención médica y, en algunos casos, aislamientos, malos tratos y/o torturas.

“El dolor no acaba con la esperanza de una madre”, sentenció entre lágrimas Francis Quiñones, madre del también preso político Jonathan Franco Quiñones, quien hizo acto de presencia en el camposanto.

Foto: María Gracia Lacruz

El sentido de hermandad del dolor trascendió los lazos de sangre. La comunidad y los ciudadanos de a pie arroparon a los deudos y los acompañaron en este último adiós. Con flores, pancartas, cánticos y lágrimas se sumaron al duelo por quien se convirtió, de alguna manera, en madre y abuela de los venezolanos. Una de las asistentes, con la voz quebrada pero firme, resumió el sentir de la calle:

“No era nuestra familia, pero nos duele su pérdida porque luchó y nos acompañó en las calles (…) Queremos justicia”, expresó.

Un panteón para la memoria histórica

El sepelio congregó a figuras políticas y estudiantiles, entre ellos Miguelangel Suárez, presidente de la FCU-UCV, el dirigente de Acción Democrática, Williams Dávila, el expreso político, Carlos Azuaje, y grupos defensores como representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

La ubicación de las tumbas de Carmen y Víctor está cargada de un profundo simbolismo: ahora reposan junto a los restos del general Raúl Isaías Baduel, el emblemático preso político que también encontró la muerte bajo la custodia del Estado. En un terreno contiguo también descansan las víctimas de la masacre del Junquito. Es un rincón donde convergen las memorias en un mismo y silencioso reclamo de dignidad.

Foto: María Gracia Lacruz

Tras el entierro, Dávila acudió a sus redes sociales para amplificar el eco de este luto: “Oremos para que doña Carmen descanse en paz. Tanto ella como su hijo, Víctor Quero Navas, necesitan JUSTICIA... Que las madres dejen de sufrir, de buscar y de llorar por sus hijos a quienes se les ha quitado la libertad. Que la señora Carmen y Víctor permanezcan con nosotros. Y que se haga justicia”, reclamó.

La sombra de la intimidación

La solemnidad y el respeto que exigía un evento de esta naturaleza se vieron empañados por la intimidación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció una nota discordante que ocurrió en la Funeraria Vallés: una persona desconocida se dedicó a grabar de manera hostil a los periodistas que daban cobertura al sepelio.

Esta práctica de perfilamiento y vigilancia busca inhibir el trabajo informativo en momentos donde documentar la verdad es vital para la memoria del país. “Registrar, perfilar o exponer a periodistas afecta el derecho de la sociedad a recibir información”, advirtió el SNTP en sus redes sociales, al tiempo que exigió el cese inmediato de estos hostigamientos contra los equipos de prensa.

Piden oración por las madres que esperan respuestas

Hoy, Carmen Teresa Navas ya no marcha en las calles ni exige respuestas frente a los tribunales. Su lucha terrenal culminó al recibir la amarga respuesta del sistema que detuvo arbitrariamente a su hijo y que le ocultó durante meses que había fallecido. En el Cementerio del Este, bajo esa tierra húmeda y compartida, madre e hijo descansan juntos. Y la tarea pendiente para la sociedad es evitar que sus nombres se pierdan en el olvido.

“Hace días estuve aquí, acompañándola y pidiéndole a Dios por su hijo, y también por su alma, por su espíritu. Ese día presentó la mayor fortaleza, a pesar de estar despidiendo a un hijo. Hoy esa buena mujer por fin se encuentra como María, con su hijo amado en el cielo. Hoy por fin se hace realidad lo que le dijo a una periodista en una entrevista: que le daría un fuerte abrazo si lo encontraba”, expresó el sacerdote oficiante. “Hoy, nuestra hermana Carmen le da ese fuerte abrazo a su hijo amado. Sé que los que se quedan en este valle de lágrimas siguen teniendo ese dolor dentro, pero recuérdenla siempre en el amor y la bondad, a esa gran luchadora y mujer, que hasta el último momento dio testimonio de lo que significa ser familia, eso lo supo ser Carmen. En ella va el peso de muchas madres en nuestro país”, agregó.

Foto: María Gracia Lacruz

El cura también instó a mantener la oración activa por las madres venezolanas que siguen esperando respuesta sobre sus hijos, petición que fue secundada por la periodista Maryorin Méndez, quien siguió de cerca este proceso y acompañó a la señora Navas hasta sus últimas horas.

“Este caso debe servir para revisar tanto las causas de los presos políticos como de quienes no lo son (…) Personas que tienen a alguien detenido saber que cualquier día puede ser el último, por eso, el caso de Carmen Navas pasa a ser relevante para la opinión pública, mucha gente ve en ella la posibilidad de un desenlace fatal”, advirtió.

Jorge Rodríguez anunció que serán liberados 300 presos políticos: “Solo pedimos que aprecien el gesto”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes, 19 de mayo, que entre el lunes y el próximo viernes 300 presos políticos serán puestos en libertad a través de medidas de beneficio que, según sus palabras, “van más allá de la Ley de Amnistía”.

Rodríguez detalló que, aunque algunos de los beneficiarios están“incursos en delitos demostrados”, se les está otorgando la libertad por cumplir con criterios específicos de vulnerabilidad como personas menores de edad, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con patologías de salud.

“No le estamos pidiendo nada a nadie, ni estamos pidiendo ningún quid pro quo con esto, solamente que sepan apreciar el gesto”, enfatizó.

Las víctimas del Sippenhaft

Durante su alocución, Rodríguez mencionó el caso de la adolescente Samantha Hernández, a quien acusó con un discurso estigmatizante de portar supuestos explosivos “para volar la Plaza Venezuela y la Plaza de la Victoria de Mayo”. Bajo argumentos similares, el parlamentario también se refirió a la ciudadana Merys Torres de Sequea, señalando que recibe la medida por ser mayor de 70 años de edad.

Hernández, de 16 años, fue excarcelada este lunes, 18 de mayo, y había sido detenida tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.

Es importante recordar que, defensores de derechos humanos han denunciado que tanto la adolescente Samantha Hernández como la señora Merys Torres de Sequea fueron víctimas de Sippenhaft, una táctica de castigo colectivo de origen nazi empleada para doblegar a objetivos políticos mediante el secuestro o detención de sus familiares.

Los presos políticos más antiguos del país

Jorge Rodríguez también informó que dentro de este grupo de excarcelaciones se incluirá a los funcionarios de la Policía Metropolitana que permanecían condenados por los hechos de abril de 2002.

Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina son los presos políticos más antiguos del país, acumulando más de 23 años tras las rejas. Detenidos en el año 2003 y sentenciados en 2009 a la pena máxima de 30 años en un juicio plagado de irregularidades viciadas de motivación política, los exfuncionarios han cumplido más del tiempo requerido por la legislación venezolana para optar a medidas alternativas a la condena.

A pesar de sufrir graves deterioros de salud tras más de dos décadas de reclusión en el Centro Penitenciario Ramo Verde, el Estado les había negado sistemáticamente los beneficios procesales y las medidas humanitarias que por ley les correspondían.

Adultos mayores con estado de salud crítico

Diversas organizaciones no gubernamentales han alertado de manera sistemática sobre el crítico estado de salud de los detenidos de la tercera edad, quienes sufren patologías crónicas agravadas por las precarias condiciones de reclusión.

Uno de los casos es el de Orlando Laufer Hernández (70 años), a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de otorgarle medidas cautelares debido al riesgo inminente que corre su vida al padecer un tumor cerebral sin atención médica adecuada.

Asimismo, activistas han denunciado de forma continua el ensañamiento contra otros ciudadanos de avanzada edad con cuadros severos de hipertensión, diabetes o problemas oncológicos, a quienes el Estado les ha negado la aplicación del artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, que prohíbe la prisión común para personas mayores de 70 años.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Después de varias semanas sin excarcelaciones liberan a 13 presos políticos en Yare II

La tarde de este martes, 19 de mayo, el abogado y director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero informó la excarcelación de 13 presos políticos del Complejo Penitenciario Yare II.

Estas liberaciones ocurren tras un periodo prolongado sin excarcelaciones, justo después de que se anunciara el fin de la ley de amnistía.

A través de su cuenta en X, Romero indicó que las personas liberadas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

Las excarcelaciones se volvieron tendencia en redes sociales y la cuenta en X ¿Porqué es Tendencia? publicó la noticia a través de un video, en el que se observa a decenas de familiares esperando en la puerta del penal a sus seres queridos.

“Bienvenidos a la libertad”, gritaban los familiares a los liberados.

Liberados del caso Pdvsa obrero

El portal web TalCual reseñó que al menos 20 presos políticos del caso “Pdvsa obrero” fueron excarcelados la mañana de este martes 19 de la cárcel de Yare II, informaron sus familiares.

Los familiares comentaron que todos son trabajadores de Pdvsa Amuay, que fueron detenidos entre los años 2024 y 2025 por supuestos daños patrimoniales y peculado contra la estatal.

Según Zimarú Fuentes, vocera de familiares del caso “Pdvsa Obrero”, hasta el momento 153 personas personas estaban detenidas por los presuntos cargos de asociación para delinquir, tráfico de material estratégico, legitimación de capitales, contrabando agravado y evasión en el control de licitaciones.

Los detenidos son trabajadores, militares y civiles que laboraban en las refinerías de Amuay y Cardón (estado Falcón), El Palito (Carabobo) y el terminal marítimo en el estado Anzoátegui y están reunidos bajo un solo expediente: 4020-25.

Tras las excarcelaciones del pasado 17 de abril y de este martes, indicó Fuentes, al menos 85 personas permanecen detenidas por estas acusaciones.

Liberadas dos víctimas de Sippenhaft

La noche de este 18 de mayo se anunciaron las excarcelaciones de dos mujeres presas políticas víctimas del Sippenhaft, castigo implementado por la Alemania nazi que consiste en secuestrar o detener a familiares de objetivos políticos para hacerlos doblegar.   

La primera excarcelada fue Samanta Hernández, la última adolescente que permanecía detenida por razones políticas. A la niña se la llevaron tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.

La adulta mayor Merys Torres de Sequea, madre del capitán de la GNB, Antonio Sequea, preso político también fue excarcelada. En redes sociales se difundió el momento en el que se abraza junto a una familiar.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su detención califica igualmente dentro de la táctica de castigo familiar Sippenhaft. A la señora Sequea la detuvieron individuos encapuchados en Guatire, estado Miranda, el 20 de septiembre de 2025. El arresto ocurrió junto al de su sobrina, Zoris Gutiérrez Torres, cuando salían con la intención de llevar alimentos y medicinas a su hijo en el Centro Penitenciario El Rodeo I. Torres también estuvo en situación de desaparición forzosa y con riesgo vital, ya que a sus 71 años padece hipertensión y artritis crónica que requieren atención constante.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En asambleas intergremiales se definirá ruta de acción tras paro universitario de 24 horas

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Este martes 19 de mayo se llevó a cabo un paro nacional de 24 horas, acatado por 20 universidades públicas del país. Convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (Fapuv), el paro representa una medida de protesta por el pago incompleto del Bono de Responsabilidad Profesional, recibido solo por el 25 % del personal docente, así como por la petición de una mejora salarial digna para el sector.

El gremio docente ya había protestado el pasado 12 de mayo frente a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin recibir respuestas ni información respecto a sus solicitudes. Argelia Castillo, presidenta de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat-UCV), resaltó que siguen esperando una comunicación de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, ni del ministro de la OPSU.

“No son capaces de firmar un acta desde hace dos semanas”, expresó Castillo. Asimismo, convocó a una asamblea universitaria el próximo 21 de mayo.

Carlos Suárez, presidente del Sindicato Obrero de la UCV y de los sindicatos no federados a nivel nacional, aseguró que el paro fue un éxito. Las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela se sumaron a la convocatoria de este martes, al igual que 20 universidades públicas. Sin embargo, un video en X de Tal Cual mostró cómo varios profesores de la Facultad de Ingeniería continuaron dando clases.

Un llamado de atención que puede escalar 

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, insistió en que el gremio docente está cansado de la política de bonificaciones impuesta por el Ejecutivo. Por otro lado, confesó que la paralización podría extenderse si no reciben una respuesta efectiva a sus peticiones. “Estamos en conflicto. El Gobierno sabe lo que significa conflicto: paralizaciones, asambleas, acciones de calle. Todo eso está contemplado a nivel nacional”, aseguró el presidente de la Apucv. También subrayó que el 80 % de la actividad científica se produce en las universidades, las cuales se verán afectadas si la paralización se prolonga.

“Hoy es un llamado de atención. Esperamos que respondan; de no hacerlo, estas medidas se profundizarán”, declaró el presidente de la Apucv. 

Afonso condenó los hechos violentos cometidos contra los estudiantes durante la protesta por la liberación de presos políticos del día lunes.

También, exhortó a la comunidad universitaria, al movimiento estudiantil, a los sectores laborales y a la sociedad civil a participar en la asamblea intergremial pautada para el miércoles 27 de mayo en la Sala de Conciertos de la UCV. Esta asamblea se realizará a nivel nacional, según aseveró Afonso. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La historia no se repite como solía

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La historia política rara vez se comporta como una ciencia exacta. Tratar de sumergir, empotrar o someter la transición venezolana en un modelo prêt-à-porter [a la medida] de otros eventos, es falaz como también es ilusorio seguir una receta.

Sin duda habrá desenlaces similares a otros procesos. Pero a solas, a lo interno, no podremos. Los Walesa, Mandela, Suárez, Geisel, Neves, Sarney o Sanguinetti fueron líderes que correspondieron a otros tiempos, otras circunstancias, un orden internacional menos interconectado.

La captura del Estado no son cuentos

Los grandes procesos de transición entre regímenes autoritarios y democracias no responden a fórmulas lineales. La tentación de muchos historiadores, politólogos o actores políticos ha sido interpretar cada crisis contemporánea a la luz de precedentes históricos conocidos: la transición española después de Franco, la caída del bloque soviético, el plebiscito chileno contra Pinochet, la democratización brasileña, la derrota de las juntas militares argentinas o la salida negociada del Apartheid sudafricano.

Uno de los errores más frecuentes del análisis político consiste en asumir que la historia opera por analogías automáticas. Cada transición ocurre bajo condiciones culturales, geopolíticas, económicas y sociales distintas.

Los actores cambian, las estructuras internacionales mutan y las sociedades producen respuestas inéditas frente a contextos inéditos.

Autores como Samuel Huntington, en The Third Wave, intentaron identificar patrones generales de democratización durante el siglo XX. Huntington observó ciclos históricos donde las democracias emergían en “olas” impulsadas por factores económicos, crisis de legitimidad, presión internacional y fracturas internas dentro de las élites autoritarias.

No obstante, Huntington advertía que las transiciones no podían entenderse como modelos exportables mecánicamente. Las democracias nacen de contextos específicos. De hecho, la insistencia en comparar procesos distintos conduce a diagnósticos equivocados.

A fin de cuentas, no es difícil diferenciar el caso venezolano. Un Estado penetrado no solo por sables y boinas, sino por grupos criminales que se apoderaron de una gran riqueza y del territorio. Alianzas policiales y corsarias saquearon al país. La represión llegó acompañada de miseria, tortura y hambruna. Y la retórica diplomática —expectante pero inocua a la vez— demostró que el crimen paga mientras no sea castigado con una fuerza superior a la de ellos. Debutó entonces la legítima defensa internacional, extracción incluida.

Nuestra historia aún no termina. La transición está por verse. Y la tendencia a producir paralelismos genera una dificultad interpretativa que nos atrapa en expectativas no cumplidas.

Las dictaduras militares del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980 respondían a una lógica distinta de los regímenes populistas-autoritarios del siglo XXI. Las juntas militares de Argentina, Chile, Uruguay, Perú o Brasil mantenían estructuras relativamente institucionales, jerarquías verticales y una relación más clásica con las FF. AA.

En otra dirección, regímenes contemporáneos como el venezolano mezclan elementos de militarización, redes criminales transnacionales, control social asistencialista, hegemonía comunicacional, inteligencia cubana y captura estructural del Estado por élites híbridas político-económicas. Esto hace que las categorías tradicionales de dictadura militar o autoritarismo clásico resulten insuficientes.

El caso chileno suele citarse como paradigma exitoso de transición democrática negociada. La derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 permitió una apertura progresiva respaldada por acuerdos institucionales, presión internacional y una oposición cohesionada. Sin embargo, Chile conservaba instituciones relativamente funcionales, una economía estable y unas FF. AA. que —aun siendo represivas— mantenían una racionalidad institucional. El propio Pinochet buscaba garantías para preservar ciertos intereses militares y económicos. Existía además una sociedad civil robusta y una élite empresarial interesada en la normalización democrática.

Venezuela: diferencias radicales y la purga cultural

El aparato estatal no solo administra el poder político, sino también economías ilícitas, minería irregular, narcotráfico, estructuras paraestatales y alianzas geopolíticas con actores extrahemisféricos.

El régimen venezolano no se agota en una disputa electoral. Enfrenta un problema existencial. Para el régimen abandonar el control del Estado podría significar cárcel, pérdida patrimonial o incluso riesgos personales. Esta variable altera completamente los incentivos de transición.

Pertinente recordar la teoría de Guillermo O’Donnell sobre los “autoritarismos burocráticos” y las “transiciones pactadas”. O’Donnell sostenía que muchas aperturas democráticas surgen cuando sectores moderados del régimen concluyen que el costo de permanecer en el poder supera el costo de negociar una salida. Pero en casos donde el poder está profundamente asociado a redes de protección criminal o geopolítica, el cálculo racional y diacrónico cambia drásticamente. La permanencia deja de ser únicamente ideológica: es supervivencia.

Esto lo comprende Washington, por lo que acertadamente prioriza estabilización vs. democratización. Invertir esta ecuación es una fantasía. El costo del Delcy et all de no obedecer sería salir de inmediato del poder. Por eso acepta su autodepuración. Sin control sobre las redes criminales, de las estructuras básicas del Estado [FF. AA., policiales, justicia, forasteros] no existe transición sostenible. La propia María Corina sabe que un evento electoral supone tanto actos preparatorios y orgánicos, como un proceso depurado y vigilado, que permita cobrar.

Otro error común de historiadores y analistas consiste en creer que los pueblos reaccionan siempre igual ante la opresión. La experiencia latinoamericana demuestra exactamente lo contrario. La Revolución cubana produjo una narrativa continental donde la lucha armada se convirtió en símbolo romántico de emancipación. Décadas después, las dictaduras militares del Cono Sur generaron sociedades exhaustas que privilegiaron pactos civiles y reconstrucción institucional. Más tarde, el ascenso del chavismo en Venezuela ocurrió no mediante un golpe clásico sino a través de elecciones democráticas y una narrativa populista basada en exclusión social, resentimiento histórico y redistribución petrolera.

Esto demuestra que las transiciones dependen profundamente de marcos culturales específicos. Antonio Gramsci entendía el poder no solo como coerción, sino como hegemonía cultural. Los regímenes sobreviven mientras logren construir narrativas legitimadoras capaces de penetrar emocionalmente a sectores sociales.

En Venezuela, el chavismo no se sostuvo únicamente por represión; también desarrolló una identidad política simbólica vinculada al antiimperialismo, al militarismo bolivariano y a la idea de redención popular. Aunque esa hegemonía tuvo su parteaguas el 3E-26, su secuela impide un salto inmediato a un proceso electoral. La depuración también es cultural, ideológica y pragmática.

Disrupción a la venezolana. La diplomacia de la fuerza

La misma historia demuestra que muchas transformaciones políticas consideradas “imposibles” terminaron ocurriendo mediante eventos disruptivos no previstos por los modelos académicos tradicionales.

La caída del Muro de Berlín tomó por sorpresa a numerosos especialistas soviéticos y occidentales. Pocos anticiparon la velocidad del colapso de la Unión Soviética. Del mismo modo las revoluciones árabes [primaveras de Twitter] mostraron cómo nuevas tecnologías de comunicación alteran repentinamente el equilibrio político regional. Sin embargo, también revelaron que la caída de un dictador no garantiza automáticamente una democracia funcional.

El caso venezolano representa una transición atípica e inédita dentro de América Latina. No existe un precedente exacto de un Estado petrolero profundamente militarizado, con colapso económico masivo, migración superior a ocho millones de personas, injerencia de actores extranjeros y coexistencia simultánea de mecanismos electorales con autoritarismo estructural.

Aquí emerge otro elemento central: el papel de los actores externos. Numerosas teorías clásicas de democratización subestimaron la influencia decisiva de factores internacionales en tiempos de mayor integración internacional. La historia demuestra que pocas transiciones relevantes ocurrieron completamente aisladas del contexto geopolítico.

La democratización europea posterior a la II Guerra Mundial fue inseparable de la influencia estadounidense y del Plan Marshall. La caída de las dictaduras latinoamericanas coincidió con cambios en la política exterior norteamericana y europea respecto a los DD. HH. Incluso el fin del Apartheid sudafricano estuvo condicionado por sanciones internacionales, aislamiento diplomático y presión económica global. En cada caso precedió una guerra [externa o interna]. Nada en Venezuela —incluso la confrontación civil— ha sido convencional.

El concepto de “diplomacia de la fuerza” resulta particularmente relevante para comprender ciertos procesos contemporáneos. Henry Kissinger sostenía que el orden internacional se fundamenta tanto en legitimidad como en equilibrio de poder. Cuando un régimen autoritario logra neutralizar costos internacionales las posibilidades de transición disminuyen considerablemente.

La experiencia venezolana parece confirmar esta premisa. Durante años, amplios sectores opositores apostaron casi exclusivamente por salidas electorales o negociaciones internas mientras el régimen fortalecía alianzas con Rusia, China, Irán y Cuba. Estas alianzas no fueron meramente diplomáticas. Constituyeron redes de soporte financiero, militar, tecnológico e inteligencia estratégica. En consecuencia, el conflicto venezolano dejó de ser exclusivamente doméstico para convertirse en un asunto geopolítico regional. Y llegó el 3 de enero 2026.

La retórica paga. Soberanía y propaganda vs. modernidad

En Panamá, la caída de Manuel Noriega no ocurrió únicamente por protestas domésticas, sino por la causa justa estadounidense. En República Dominicana la crisis de 1965 desembocó en intervención internacional. En Haití distintos procesos políticos estuvieron condicionados por presencia extranjera. Experiencias controvertidas que evidencian una realidad histórica incómoda: ciertos regímenes no abandonan el poder por persuasión moral o competencia electoral, sino por la fuerza.

Esto no implica justificar intervenciones indiscriminadas ni desconocer el principio de soberanía. Significa reconocer que algunos sistemas autoritarios contemporáneos se estructuran para impedir cualquier transición democrática autónoma. La diplomacia clásica pierde eficacia cuando el régimen considera que la retórica paga.

El politólogo Juan Linz diferenciaba entre regímenes autoritarios y totalitarios. Los totalitarismos buscan controlar no solo las instituciones políticas, sino también la vida cultural, simbólica y psicológica de la sociedad. Venezuela probablemente no constituye un totalitarismo clásico como Corea del Norte, pero sí desarrolla elementos híbridos de control social integral: dependencia económica, propaganda ideológica, persecución selectiva, fragmentación opositora y colonización institucional.

Estas características producen una resistencia distinta —idealista e insuficiente— en comparación a las transiciones tradicionales.

Otro aspecto fundamental es el fenómeno migratorio. La diáspora venezolana constituye uno de los desplazamientos humanos más grandes de la historia contemporánea latinoamericana. Este hecho altera profundamente las dinámicas políticas internas.

En otros procesos históricos, las clases medias opositoras permanecían dentro del país presionando por cambios institucionales. En Venezuela millones de ciudadanos emigraron, reduciendo capacidad organizativa interna. La diáspora se convierte así en actor político transnacional.

La historia latinoamericana no es suficiente para anticipar como será la ruptura definitiva de la coalición dominante en Venezuela. El PRI mexicano cayó por erosión progresiva de consensos internos. En Brasil la apertura militar ocurrió por sectores empresariales y tecnocráticos. En Argentina, la derrota en la guerra de las Malvinas destruyó legitimidad militar. ¿Y Venezuela? Decantación estratégica por un agente externo, tutela, obediencia, estabilización (…) elecciones vigiladas, justicia transicional y salida del hegemón de fachada revolucionaria.

¿Cuál podría ser entonces el detonante venezolano?

Precisamente allí radica la dificultad de los historiadores para interpretar procesos inéditos. La transición no ocurrirá mediante elecciones convencionales inmediatas ni levantamientos populares clásicos. De hecho, ya se intentó y no pasó.

La filósofa y teórica política Hannah Arendt sostenía que los regímenes excesivamente dependientes de coerción terminan revelando su fragilidad estructural. Fragilidad que no garantiza colapso inmediato. Algunos sistemas sobreviven gracias al control de aparatos represivos y apoyo externo, hasta que un agente, interno o externo, les voltea la tortilla. Y llegó Trump a barrer la casa.

En este contexto, la diplomacia de la fuerza adquiere relevancia estratégica: miedo creíble a otras olas de extracción y captura; el costo de resistir vs. el costo de desobedecer al Estado tutor; la fragmentación forzada, el quiebre y la purga inevitable de la coalición dominante y el “sálvese quien pueda”.

La lección central es que la historia no ofrece moldes exactos. Cada transición redefine las categorías con las cuales intentamos comprenderla. Los actores políticos que insisten en repetir recetas históricas sin entender singularidades culturales y geopolíticas terminan atrapados en diagnósticos obsoletos e inaplicables.

Comprender Venezuela exige abandonar analogías fáciles y aceptar que nuestra transición a la democracia requiere de un fuerte patrocinio internacional [hoy lo es EE. UU.] para hacer sostenible un proceso real de reconstrucción institucional y cultural profunda.

No seremos el estado 51. El reto es otro: es volver a ser un Estado libre y soberano. Así de simple y complejo a la vez. Y EE. UU. sabe que él representa “el otro espanto” a quien el leviatán le teme, por lo que deberá irse, como no solía…

La historia tampoco será escrita por un actor, ni por un mesías. El salto a la democratización viene unido a un nuevo concepto de ciudadanía donde se funden gremios, ONG, sindicatos, vecinos, artistas y universidades. Esos serán los nuevos Mandela, Walesa o Václav Havel. La historia dejó de ser de quijotes, superhéroes o de Cid campeadores. La historia ya no es de nombres y apellidos. Es de prosa libre y colectiva. Cambia el tiempo y cambian las voluntades, y cambia el ser y cambia la confianza, decía el poeta.

La historia no se reedita. Es genuina, es auténtica y verdadera por legítima y honesta. Actores, pueblos y circunstancias cuyas historias no se repiten, se hacen, y a más de cambiarse cada día —sentenció Luis de Camões en sus sonetos— otro cambio hace de mayor espanto, que no cambia ya como solía…

@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Exembajador en Canadá.

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El aterrizaje forzoso de Zapatero, el “campeón de la paz” de los Rodríguez

El panorama judicial y político en España se encuentra bajo una intensa sacudida tras las últimas ramificaciones del “caso Plus Ultra”, una investigación que ha alcanzado su punto álgido con la imputación del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que comenzó en el año 2021 como una controvertida ayuda financiera pública a una aerolínea de escasa relevancia ha derivado en una causa penal de gran envergadura en la Audiencia Nacional. Las pesquisas del magistrado José Luis Calama apuntan ahora a la existencia de una supuesta red organizada que, bajo el presunto liderazgo del exjefe del Ejecutivo español, habría utilizado fondos públicos y conexiones internacionales para fines ilícitos. El magistrado también reveló que Washington participó en la investigación y que le suministró la información que contenía el teléfono móvil de exdueño venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas.

Según las tesis que manejan los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central Operativa (UCO) de España, la aerolínea Plus Ultra pudo haber sido utilizada presuntamente como un vehículo financiero para conectar los intereses económicos de altos funcionarios del gobierno con entramados empresariales en España.

En ese contexto, la Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno, quien era el mediador “estrella” del chavismo en distintos procesos de diálogo, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posibles conexiones con blanqueo de capitales. Calama decidió citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio.

La instrucción judicial sospecha que el expresidente Zapatero pudo haber aprovechado sus contactos personales y su capacidad de acceso a la Administración española para favorecer intereses privados y para servir supuestamente a la estructura para el desvío y blanqueo de capitales a gran escala.

La presunta implicación de Zapatero: Una estructura bajo investigación

Según el auto judicial de 85 páginas, la investigación apunta a que la supuesta organización a la que se le vincula a Zapatero tendría como fin obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de terceros, situando a Plus Ultra como el principal beneficiario.

La línea de investigación sostiene la hipótesis de que Zapatero pudo poner sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración española al servicio de intereses privados. Para ello, según las pesquisas, la red se habría servido de un presunto reparto funcional de tareas que incluiría a su secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, a Manuel Aaron Fajardo García, y al empresario Julio Martínez, quien presuntamente actuaba como intermediario directo con los clientes.

El rescate de Plus Ultra: Crónica de una irregularidad financiera

La polémica central se remonta a marzo de 2021, cuando el Gobierno de España aprobó una inyección de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra, tras alegar que era una “empresa estratégica” afectada por la pandemia. Sin embargo, los indicios y los informes sectoriales cuestionan esta premisa.

Desde el año 2015, diversos informes financieros señalaban que la aerolínea presentaba una situación de quiebra técnica: su flota se había reducido de seis aviones a solo uno.

Asimismo, Plus Ultra apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español, lo que generó dudas en el Parlamento Europeo sobre su real carácter estratégico.

También, investigaciones incorporadas a la causa apuntan a que presuntamente no existía justificación para el rescate, bajo la sospecha de que la empresa presentaba un “agujero en la caja” de 42 millones de euros antes de la pandemia y estaba al borde del concurso de acreedores.

La respuesta de Zapatero: Negativa rotunda y defensa de la legalidad

Tras recibir la notificación de la Audiencia Nacional, Rodríguez Zapatero negó cualquier participación en hechos ilícitos. El expresidente garantizó a través de un video remitido a los medios que «jamás» ha realizado gestiones ante ninguna administración o sector público para favorecer el rescate de la aerolínea.

Zapatero afirma que toda su actividad, tanto pública como privada, se ha desarrollado con “absoluto respeto a la legalidad” y subrayó que no posee ninguna sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Sin embargo, la investigación judicial maneja la sospecha de que los beneficios económicos habrían sido presuntamente canalizados hacia su entorno más próximo, específicamente a la sociedad Whathefav SL, propiedad de sus hijas, la cual ha sido objeto de registro por la UDEF en busca de indicios.

El presunto ciclo de blanqueo de capitales y sus nexos con Caracas

El juez Calama identifica a Julio Martínez Martínez como el presunto testaferro de Zapatero y pieza clave en la conexión con Venezuela. Martínez, que era directivo de la aerolínea y broker aéreo, utilizaba supuestamente teléfonos de alta seguridad restringidos para comunicarse con el expresidente.

Las investigaciones de la UCO apuntan a la sospecha de que Zapatero y Martínez viajaban anualmente a Caracas en aviones presuntamente proporcionados por la administración de Maduro entre 2020 y 2025.

Estos viajes tendrían supuestamente como fin cerrar acuerdos comerciales que luego habrían derivado en pagos de Plus Ultra a las sociedades de Martínez, como Análisis Relevante, la cual habría transferido presuntamente cerca de medio millón de euros a Zapatero y más de 230.000 euros a la empresa de sus hijas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también está en el foco judicial. Se investiga la presunta existencia de un pacto secreto y una cláusula de confidencialidad que el Gobierno español habría intentado mantener oculta incluso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que el expediente del rescate prohibía indiciariamente a los accionistas venezolanos abandonar la compañía sin devolver el dinero, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, habría autorizado supuestamente su salida del capital justo antes de que se produjeran las detenciones de la cúpula de la aerolínea, en diciembre de 2025.

Esta maniobra bajo sospecha habría permitido a los accionistas vinculados al chavismo recuperar su inversión y salir de España en plena investigación policial, rastreándose una posible filtración.

Gobierno y funcionarios de Venezuela mencionados

Figuras clave del madurismo han sido mencionadas en esta trama. Según sospechas de La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), Plus Ultra habría realizado una transferencia de más de 519 000 dólares a una red financiera presuntamente vinculada al empresario colombiano Alex Saab, señalado como supuesto operador financiero de Maduro y recientemente extraditado a suelo estadounidense. Esta transferencia se habría realizado a través de un banco suizo bajo investigación por blanqueo a gran escala.

Además, el accionariado de la empresa revela conexiones bajo sospecha con el poder en Caracas. El 47,2% del capital de Plus Ultra estaba en manos de Snip Aviation, cuyo consejo incluía a directivos venezolanos presuntamente vinculados a Camilo Ibrahim (señalado como cercano a Delcy Rodríguez) y al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, actualmente en proceso de juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

Las autoridades investigan si la aerolínea pudo ser utilizada para transportar oro supuestamente proveniente de la minería ilegal en el estado Bolívar y fondos presuntamente desviados de los programas de alimentos CLAP, los cuales son imposibles de bancarizar por vías legales debido a las sanciones internacionales.

Flores entre Rodríguez desde hace una década

Desde el año 2016, Rodríguez Zapatero ha ejercido como el principal mediador en los diversos procesos de diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, una labor que, si bien en su momento fue presentada como estrictamente humanitaria y diplomática, ha sido objeto de intensos debates políticos.

A lo largo de estos años, la figura de Zapatero ha contado con el respaldo incondicional y público de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, dos de los pilares civiles más poderosos del chavismo. Mientras que la oposición venezolana y diversos analistas internacionales han cuestionado con frecuencia su neutralidad, los hermanos Rodríguez siempre han elogiado su papel de interlocutor y han sostenido una estrecha vía de comunicación con el exmandatario socialista.

Justo hace una década, la ahora presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, se despedía calurosamente de Rodríguez Zapatero tras una de esas reuniones en las que él era mediador de diálogo. Al despedirse frente a la prensa, Delcy Rodríguez le dio dos besos a José Luis Rodríguez Zapatero y le lanzó el afectuoso: “Ciao, mi príncipe”.

Más recientemente, en marzo de 2026, el expresidente del gobierno español viajó a Caracas para participar en una sesión de la Comisión de la Ley de Amnistía. Cuando se le preguntó por su rol en el proceso de amnistía, aseguró que solo quería “ayudar a Venezuela”. Segundos antes, Jorge Rodríguez se había anticipado en responder y validó su presencia en el país al calificarlo el “campeón de la paz”.

“Rodríguez Zapatero es el campeón de la paz en Venezuela, no es un asesor. Se ha ganado interpelaciones en el Congreso de su país, insultos e incomprensiones y nunca lo hemos visto presa de desaliento. Espero ser yo quien cuente todos los desvelos de José Luis Rodríguez Zapatero para abonar a la paz en Venezuela. Es algo natural y más que merecido”, dijo Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.