Este año 2026 se cumplen 24 años de los hechos del 11 de abril de 2002, por los que tres policías metropolitanos —Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar— permanecen privados de libertad, en un caso marcado por cuestionamientos judiciales, denuncias de irregularidades y el reclamo persistente de sus familiares por su excarcelación.
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina son los rostros de una justicia suspendida. Con el 75% de su pena cumplida y beneficios procesales que nunca llegan, sus familias denuncian que su libertad depende de una “orden política” que el chavismo se niega a firmar.
Los agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) son hoy los últimos de su grupo que permanecen en prisión, convertidos en símbolos de lo que sus allegados califican como un ensañamiento político.
Aquel día, la marcha opositora que se dirigía al Palacio de Miraflores terminó en hechos de violencia, tras ser confrontada por oficialistas civiles en Puente Llaguno. Tras un juicio cuestionado y calificado como el más largo de la historia venezolana, once funcionarios fueron condenados. Hoy, mientras otros han recibido medidas humanitarias o cumplido su condena, Bolívar, Rovaín y Molina siguen esperando.
Para Katherine Molina, hija de Luis Molina, cada negativa a sus solicitudes representa una nueva fractura emocional, “una nueva caída, un golpe al corazón y a la razón, demasiado brutal para mí y mi familia”, expresó, en nota de prensa.
Insiste en que no se trata de una concesión, sino de un derecho: la libertad que, afirma, le corresponde a su padre desde hace más de una década.
“Ellos saben que son inocentes”
María Isabel Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, alzó su voz recientemente en una misa por la libertad de los presos políticos en La Guaira. Su reclamo tiene destinatarios directos: la presidenta encargada con el aval de EE.UU., Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
“Ustedes saben que son inocentes, que las leyes no se pueden utilizar de la manera como la están utilizando, pisoteando al pueblo, haciéndonos sufrir esta agonía”, sentenció María Bolívar.
Insistió en que ya al haber cumplido el 75% de la pena impuesta, por ley, los policías deberían ser beneficiarios de las medidas alternativas que otorga el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Sin embargo, la respuesta en los tribunales es siempre la misma: “Están esperando una orden”.
“Es tanta gente que sufre cuando deja a sus familiares tras las rejas, mientras esperan una ley que nunca llega, una orden que no se da, porque esa gente del gobierno parece que no tiene palabra”, expresó.
La sombra de una sentencia política
Los once funcionarios procesados por los hechos del 11 de abril fueron sometidos a lo que sus allegados califican como el juicio más largo de la historia judicial venezolana. Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron juzgados por dos de las 19 muertes registradas ese día.
Con excepción de Hurtado y Pérez, quienes recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, el resto fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.
Sin embargo, la sentencia estableció que no fueron hallados culpables de delitos de lesa humanidad ni de homicidio intencional. La responsabilidad atribuida fue por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, una figura que implica participación indirecta en los hechos. A pesar de ello, la condena impuesta fue la máxima prevista en la legislación venezolana.
Familiares de los funcionarios sostienen que el caso estuvo influenciado por decisiones políticas. Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, afirma que la condena no fue estrictamente judicial. “Fue una orden”, repite.
Sus declaraciones se apoyan, entre otros elementos, en la confesión del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien años después admitió haber recibido instrucciones políticas en decisiones judiciales relacionadas con estos hechos.
También ha sido cuestionada la actuación de la jueza Marjorie Calderón durante el proceso.
Lejos de casa, lejos de la familia
Actualmente, los tres funcionarios están recluidos en la cárcel Fénix de Barquisimeto, estado Lara, a cientos de kilómetros de sus hogares en Miranda y La Guaira. Sus familiares describen este traslado como un castigo adicional. Las visitas se dificultan por la distancia y la situación económica.
“Hoy en día Erasmo está ansioso, nervioso, a veces se me cae un poquito y yo lo entiendo, porque son 23 años esperando la bendita libertad, que no llega. Todas las puertas se nos han cerrado, la famosa orden no llega”, relató María Bolívar.
Las consecuencias se acumulan con el paso del tiempo: hijos que crecieron sin sus padres, nietos que no los conocen, celebraciones familiares ausentes. En el caso de Erasmo Bolívar, su tía señala que tiene tres nietos que no ha podido conocer.
Para las familias, el tiempo se mide en ausencias. Katherine Molina expresa el anhelo de reconstruir la vida junto a su padre: “Quiero armar vivencias y recuerdos bonitos, ya no detrás de una reja, sino, en libertad plena”.
Ese deseo se repite en otros hogares marcados por la misma historia. María Bolívar también lo resume en una frase: “Hoy hay tanta gente pasando trabajo, tantas madres, esposas, hijas llorando, pues junto con ellos estamos presos los familiares”
A pesar del desgaste, los familiares continúan organizándose para visibilizar el caso. En La Guaira, vecinos impulsan una campaña por la liberación de Erasmo Bolívar, incluyendo acciones en redes sociales y actividades comunitarias. También se creó una Comisión Pro Derechos Humanos que articula estas iniciativas.
Para sus allegados, el caso de los policías metropolitanos no solo representa una lucha individual, sino un símbolo más amplio.
“No es solamente Erasmo, es Molina, es Rovaín”, insiste María Bolívar.
*La nota fue estructurada con declaraciones de los familiares remitidas a esta redacción
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