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Los presos del 11 de abril: el costo humano de 23 años de prisión política

La historia de los agentes de la Policía Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 años que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generación que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.

En abril de 2009, cuando ya tenían seis años en prisión, Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 años de cárcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones. Los delitos supuestamente los cometieron contra los manifestantes de oposición que pretendían llegar al Palacio de Miraflores hasta que varios pistoleros civiles los emboscaron en Puente Llaguno, en el centro de Caracas. 

Abogados defensores de derechos humanos e Investigaciones periodísticas señalan que los tres funcionarios, que participaron en el operativo de seguridad de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt, fueron víctimas de procesos viciados en los que nunca se comprobó que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registró ese día. 

Mientras que los otros seis funcionarios salieron de la cárcel a través de beneficios procesales, Rovaín, Bolívar y Molina llevan casi 23 años presos, solo cuatro menos que el preso político más conocido del mundo: Nelson Mandela. Ni siquiera el Decreto de Ley de Amnistía dictado por Hugo Chávez en 2007 para los delitos vinculados al golpe de estado en su contra en abril del 2002 pudo beneficiarlos porque los presuntos crímenes que cometieron eran de lesa humanidad.

Al sufrimiento de los PM se unen las voces de sus familias, que han tenido que lidiar con largos procesos judiciales y defensas costosas que no han podido reducir las penas de los agentes, pese a que los beneficios procesales, que quedaron asentados en sus sentencias, debieron concedérselos hace más de 15 años.

Los testimonios de Katherine Molina, hija de Luis Molina; y Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, revelan el desgaste físico, emocional y económico de las familias en medio de una espera que parece no tener fin.

Ambas reclaman las carreras y vidas productivas que los suyos perdieron tras las rejas, pero también rechazan que el Estado haya sumado un castigo adicional: el traslado en 2021 desde el Centro de Procesados Militares (Cepramil), conocido como Ramo Verde, al Centro Penitenciario Fénix, en Lara, una cárcel a más de 400 kilómetros de sus familias, que les impone un aislamiento de facto por la distancia física y la prohibición de que ingresen hombres y niños a visitarlos.

Las cicatrices del cautiverio

Hubo un momento en el que Héctor Rovaín pidió a su familia que dejara de pagar a sus abogados y no lo visitara más. En ese momento,  el Estado -en lugar de otorgarle los beneficios procesales que ha retrasado durante años sin justificación- lo envió a una cárcel en Barquisimeto, a casi cinco horas en carro de sus familiares. Era octubre de 2021.

“Allá la visita son dos horas, lo ves por un vidrio y mira toda la plata que te tienes que gastar”, contó Elba Rovaín, su hermana. A ese esfuerzo se suma la larga fila que debe hacer bajo el sol antes de entrar al penal en donde solo pueden ingresar mujeres durante los encuentros semanales.

Pese a la decisión de Héctor de no ver más a su familia, su hermana aseguró que él no pierde la esperanza de salir pronto de la prisión. “Él tiene mucha fe, mucha fe que Dios va a meter su mano para su libertad… No hay que perder la fe, de verdad“, recalcó la mujer.

Formaciones de presos en uno de los patios de la cárcel Fénix, en Lara. Foto: Prensa Presidencial

Pero esa fe no frena el lamento de Elba por todo lo que ha perdido su hermano a lo largo de 23 años tras las rejas. “Le robaron toda su vida y nosotros lo que hemos hecho es sufrir por mi hermano”, sentenció.

Héctor Rovaín tenía 34 años cuando lo apresaron, una esposa y un hijo de solo 5 años. Durante su presidio, sus padres murieron al igual que todas sus tías, su pareja se divorció de él y su hijo migró porque fue firmado como pitcher por un equipo de béisbol estadounidense cuando era un adolescente. Y aunque se lesionó, sigue fuera del país. 

“Mi hermano perdió toda su vida en esa situación… Mi mamá se murió con el deseo de ver a su hijo libre“, relató la hermana mientras la voz se le volvía un hilo delgado a punto de reventarse. 

A Elba Rovaín le duele tanto la prisión de su hermano –un hombre al que describió como dulce, noble, educado y cariñoso– que el pasado 8 enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que excarcelarían a un “número importante” de presos políticos y se corrió el falso rumor de la liberación de los PM, los nervios le atacaron con dolores estomacales durante dos días. 

“A nosotros no nos ha tocado nada fácil, nada. Cuando supimos que no era cierto que lo habían liberado, todo el mundo se fue contra el suelo. Yo no me quería ilusionar, pero me lo dijeron con tanta firmeza que yo creí que lo habían soltado y mira, nada. Mi hermano para mí es como un hijo porque siempre, desde pequeño, fue muy pegado a mí”, comentó.

Elba Rovaín afirmó que mientras Héctor estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Miranda, ella podía visitarlo todos los fines de semana, desde la mañana hasta la tarde. Hasta allá también iban sus padres, sus otros hermanos, su exesposa y su hijo. Hace 13 años, su madre murió de cáncer. Su padre falleció hace seis años. Aunque estaba ciego, todavía esperaba abrazar a su hijo en libertad. 

En Ramo Verde, Héctor aprendió sobre agricultura, tapicería, costura, panadería. Incluso llegó a hacer panes para la venta, así como patacones y hasta cachapas. Así logró mantenerse tan activo que, en ocasiones, pudo enviar dinero a su familia cuando lo necesitaba.

“¿Qué aprendizaje no ha tenido ahí? Y a mi hermano no le han bajado ni un día de condena, ¿tú crees que esto es posible?”, reclamó Elba Rovaín.

Nada ha sido suficiente para que al agente Rovaín le rebajen la pena o le permitan obtener beneficios procesales como libertad condicional, un régimen abierto que le deje salir a trabajar y dormir en el penal por las noches o la suspensión de sus años tras las rejas.

Además, las condiciones de reclusión empeoraron cuando lo enviaron a la cárcel de Lara. Allí, los presos deben comprar hasta el agua que consumen porque la poca que sale de las tuberías no es apta para el consumo. Tampoco hay espacio para que puedan cocinar y, cuando los familiares les llevan comida, solo pueden hacerla pasar en bolsas transparentes. 

En todos estos años, una de las pocas cosas que Héctor no ha perdido son las ganas de cantar. Elba recordó que, cuando estaba libre, la “preciosa” voz de su hermano acompañaba a conjuntos de gaitas cada diciembre. Hoy, su instrumento lo pone al servicio de la iglesia cristiana que funciona en el penal.

La ausencia de un papá que es inocente

Al menos hasta octubre de 2021, los fines de semana de Katherine Molina fueron para descansar y visitar a su papá en Ramo Verde. Ella, que apenas tenía un año y medio cuando lo apresaron, rememoró que cuando iba a verlo junto a sus hermanos mayores y su madre, pasaba allá los sábados y domingos para intentar recuperar el tiempo que no lo tenía en casa.

“Yo hacía las cosas (del colegio), y entonces me las llevaba, los regalos del Día del Padre, las manualidades. Pero no es lo mismo, porque siempre hacen actos en el colegio por el Día del Padre, y yo quería que él siempre estuviera conmigo, pero entendía la situación en la que estaba mi papá”, dijo.

El miedo de su padre en aquellos días, confesó Katherine Molina, era que en la calle o en la escuela alguien le hablara mal de él y que ella lo creyera. Por eso, el agente se esmeraba en explicarle a su hija que todo lo que había hecho aquel 11 de abril fue proteger a la gente que estaba en la marcha. Y ella, que debió madurar más rápido para comprender todo, sabía que le decía la verdad.

Con esa ausencia pasaron sus primeros días en la escuela, sus graduaciones, sus 15 años, sus enamoramientos, y hasta el nacimiento de su hijo. Su padre, Luis Molina, todavía no ha cargado a su nuevo nieto, apenas lo conoce por las fotos que le muestran sus hermanas cuando van a verlo. Tampoco ha podido seguir el crecimiento de sus dos nietos mayores.

Visitar a su papá en Ramo Verde era una costumbre para Katherine Molina hasta que el traslado a Fénix le quitó la oportunidad de verlo cada fin de semana. Los costes de los pasajes y el tiempo escaso que le dejan las rutinas del bebé la han mantenido lejos del padre que admira por su fortaleza e integridad.

Pero esa fuerza se ha visto mellada en los últimos años. El deterioro de las condiciones de reclusión hizo que, al igual que sus compañeros, Luis Molina perdiera las pocas comodidades que tenía en la cárcel militar de Ramo Verde, donde podía usar hasta sus propios electrodomésticos. En Barquisimeto, la alimentación la provee el penal, las condiciones son precarias y el contacto familiar es limitado.

A esto se suma la nueva situación de su padre: en mayo de 2025 lo operaron de urgencia por una peritonitis. “Él no se ha recuperado del todo. Esa es una operación delicada y la recuperación es un poco riesgosa”, comentó Katherine Molina, preocupada por la salud de su padre. 

Luis Molina tampoco tiene en Fénix una de las actividades que le permitía sentirse útil: hacer y dictar cursos de herrería, soldadura y barbería, con lo que podía generar ingresos para costear sus gastos dentro del penal. Hoy, son sus hijos mayores quienes envían dinero para que se pueda comprar comida.

Después de una vida sin su padre junto a ella, Katherine Molina solo puede decir “ya basta”. “Yo siento que ellos se merecen terminar de vivir su vida tranquilos, pasar su vejez tranquilos. La verdad es que ya está bueno, ya es mucho pasar trabajo”, apuntó. 

Junto a esas palabras, la certeza que la ha acompañado siempre:  “la mayor enseñanza que me ha dejado mi papá es ser valiente, ser fuerte… yo sé que soy hija de un papá inocente”, concluyó.

Si los agentes de la Policía Metropolitana son incluidos en la Ley de Amnistía que discute la Asamblea Nacional, podrán salir en libertad, pero nunca recobrar los 23 años que pasaron en prisión. No recibirán ningún tipo de reparación por los años que perdieron en presidio porque el Estado los considera “culpables” de unos homicidios a los que no están vinculados. Tampoco tendrán garantías de que hechos como estos no se repitan.

Policías Metropolitanos
Lorena Meléndez
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La historia de los agentes de la Policía Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 años que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generación que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.

En abril de 2009, cuando ya tenían seis años en prisión, Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 años de cárcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones. Los delitos supuestamente los cometieron contra los manifestantes de oposición que pretendían llegar al Palacio de Miraflores hasta que varios pistoleros civiles los emboscaron en Puente Llaguno, en el centro de Caracas. 

Abogados defensores de derechos humanos e Investigaciones periodísticas señalan que los tres funcionarios, que participaron en el operativo de seguridad de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt, fueron víctimas de procesos viciados en los que nunca se comprobó que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registró ese día. 

Mientras que los otros seis funcionarios salieron de la cárcel a través de beneficios procesales, Rovaín, Bolívar y Molina llevan casi 23 años presos, solo cuatro menos que el preso político más conocido del mundo: Nelson Mandela. Ni siquiera el Decreto de Ley de Amnistía dictado por Hugo Chávez en 2007 para los delitos vinculados al golpe de estado en su contra en abril del 2002 pudo beneficiarlos porque los presuntos crímenes que cometieron eran de lesa humanidad.

Al sufrimiento de los PM se unen las voces de sus familias, que han tenido que lidiar con largos procesos judiciales y defensas costosas que no han podido reducir las penas de los agentes, pese a que los beneficios procesales, que quedaron asentados en sus sentencias, debieron concedérselos hace más de 15 años.

Los testimonios de Katherine Molina, hija de Luis Molina; y Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, revelan el desgaste físico, emocional y económico de las familias en medio de una espera que parece no tener fin.

Ambas reclaman las carreras y vidas productivas que los suyos perdieron tras las rejas, pero también rechazan que el Estado haya sumado un castigo adicional: el traslado en 2021 desde el Centro de Procesados Militares (Cepramil), conocido como Ramo Verde, al Centro Penitenciario Fénix, en Lara, una cárcel a más de 400 kilómetros de sus familias, que les impone un aislamiento de facto por la distancia física y la prohibición de que ingresen hombres y niños a visitarlos.

Las cicatrices del cautiverio

Hubo un momento en el que Héctor Rovaín pidió a su familia que dejara de pagar a sus abogados y no lo visitara más. En ese momento,  el Estado -en lugar de otorgarle los beneficios procesales que ha retrasado durante años sin justificación- lo envió a una cárcel en Barquisimeto, a casi cinco horas en carro de sus familiares. Era octubre de 2021.

“Allá la visita son dos horas, lo ves por un vidrio y mira toda la plata que te tienes que gastar”, contó Elba Rovaín, su hermana. A ese esfuerzo se suma la larga fila que debe hacer bajo el sol antes de entrar al penal en donde solo pueden ingresar mujeres durante los encuentros semanales.

Pese a la decisión de Héctor de no ver más a su familia, su hermana aseguró que él no pierde la esperanza de salir pronto de la prisión. “Él tiene mucha fe, mucha fe que Dios va a meter su mano para su libertad… No hay que perder la fe, de verdad“, recalcó la mujer.

Formaciones de presos en uno de los patios de la cárcel Fénix, en Lara. Foto: Prensa Presidencial

Pero esa fe no frena el lamento de Elba por todo lo que ha perdido su hermano a lo largo de 23 años tras las rejas. “Le robaron toda su vida y nosotros lo que hemos hecho es sufrir por mi hermano”, sentenció.

Héctor Rovaín tenía 34 años cuando lo apresaron, una esposa y un hijo de solo 5 años. Durante su presidio, sus padres murieron al igual que todas sus tías, su pareja se divorció de él y su hijo migró porque fue firmado como pitcher por un equipo de béisbol estadounidense cuando era un adolescente. Y aunque se lesionó, sigue fuera del país. 

“Mi hermano perdió toda su vida en esa situación… Mi mamá se murió con el deseo de ver a su hijo libre“, relató la hermana mientras la voz se le volvía un hilo delgado a punto de reventarse. 

A Elba Rovaín le duele tanto la prisión de su hermano –un hombre al que describió como dulce, noble, educado y cariñoso– que el pasado 8 enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que excarcelarían a un “número importante” de presos políticos y se corrió el falso rumor de la liberación de los PM, los nervios le atacaron con dolores estomacales durante dos días. 

“A nosotros no nos ha tocado nada fácil, nada. Cuando supimos que no era cierto que lo habían liberado, todo el mundo se fue contra el suelo. Yo no me quería ilusionar, pero me lo dijeron con tanta firmeza que yo creí que lo habían soltado y mira, nada. Mi hermano para mí es como un hijo porque siempre, desde pequeño, fue muy pegado a mí”, comentó.

Elba Rovaín afirmó que mientras Héctor estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Miranda, ella podía visitarlo todos los fines de semana, desde la mañana hasta la tarde. Hasta allá también iban sus padres, sus otros hermanos, su exesposa y su hijo. Hace 13 años, su madre murió de cáncer. Su padre falleció hace seis años. Aunque estaba ciego, todavía esperaba abrazar a su hijo en libertad. 

En Ramo Verde, Héctor aprendió sobre agricultura, tapicería, costura, panadería. Incluso llegó a hacer panes para la venta, así como patacones y hasta cachapas. Así logró mantenerse tan activo que, en ocasiones, pudo enviar dinero a su familia cuando lo necesitaba.

“¿Qué aprendizaje no ha tenido ahí? Y a mi hermano no le han bajado ni un día de condena, ¿tú crees que esto es posible?”, reclamó Elba Rovaín.

Nada ha sido suficiente para que al agente Rovaín le rebajen la pena o le permitan obtener beneficios procesales como libertad condicional, un régimen abierto que le deje salir a trabajar y dormir en el penal por las noches o la suspensión de sus años tras las rejas.

Además, las condiciones de reclusión empeoraron cuando lo enviaron a la cárcel de Lara. Allí, los presos deben comprar hasta el agua que consumen porque la poca que sale de las tuberías no es apta para el consumo. Tampoco hay espacio para que puedan cocinar y, cuando los familiares les llevan comida, solo pueden hacerla pasar en bolsas transparentes. 

En todos estos años, una de las pocas cosas que Héctor no ha perdido son las ganas de cantar. Elba recordó que, cuando estaba libre, la “preciosa” voz de su hermano acompañaba a conjuntos de gaitas cada diciembre. Hoy, su instrumento lo pone al servicio de la iglesia cristiana que funciona en el penal.

La ausencia de un papá que es inocente

Al menos hasta octubre de 2021, los fines de semana de Katherine Molina fueron para descansar y visitar a su papá en Ramo Verde. Ella, que apenas tenía un año y medio cuando lo apresaron, rememoró que cuando iba a verlo junto a sus hermanos mayores y su madre, pasaba allá los sábados y domingos para intentar recuperar el tiempo que no lo tenía en casa.

“Yo hacía las cosas (del colegio), y entonces me las llevaba, los regalos del Día del Padre, las manualidades. Pero no es lo mismo, porque siempre hacen actos en el colegio por el Día del Padre, y yo quería que él siempre estuviera conmigo, pero entendía la situación en la que estaba mi papá”, dijo.

El miedo de su padre en aquellos días, confesó Katherine Molina, era que en la calle o en la escuela alguien le hablara mal de él y que ella lo creyera. Por eso, el agente se esmeraba en explicarle a su hija que todo lo que había hecho aquel 11 de abril fue proteger a la gente que estaba en la marcha. Y ella, que debió madurar más rápido para comprender todo, sabía que le decía la verdad.

Con esa ausencia pasaron sus primeros días en la escuela, sus graduaciones, sus 15 años, sus enamoramientos, y hasta el nacimiento de su hijo. Su padre, Luis Molina, todavía no ha cargado a su nuevo nieto, apenas lo conoce por las fotos que le muestran sus hermanas cuando van a verlo. Tampoco ha podido seguir el crecimiento de sus dos nietos mayores.

Visitar a su papá en Ramo Verde era una costumbre para Katherine Molina hasta que el traslado a Fénix le quitó la oportunidad de verlo cada fin de semana. Los costes de los pasajes y el tiempo escaso que le dejan las rutinas del bebé la han mantenido lejos del padre que admira por su fortaleza e integridad.

Pero esa fuerza se ha visto mellada en los últimos años. El deterioro de las condiciones de reclusión hizo que, al igual que sus compañeros, Luis Molina perdiera las pocas comodidades que tenía en la cárcel militar de Ramo Verde, donde podía usar hasta sus propios electrodomésticos. En Barquisimeto, la alimentación la provee el penal, las condiciones son precarias y el contacto familiar es limitado.

A esto se suma la nueva situación de su padre: en mayo de 2025 lo operaron de urgencia por una peritonitis. “Él no se ha recuperado del todo. Esa es una operación delicada y la recuperación es un poco riesgosa”, comentó Katherine Molina, preocupada por la salud de su padre. 

Luis Molina tampoco tiene en Fénix una de las actividades que le permitía sentirse útil: hacer y dictar cursos de herrería, soldadura y barbería, con lo que podía generar ingresos para costear sus gastos dentro del penal. Hoy, son sus hijos mayores quienes envían dinero para que se pueda comprar comida.

Después de una vida sin su padre junto a ella, Katherine Molina solo puede decir “ya basta”. “Yo siento que ellos se merecen terminar de vivir su vida tranquilos, pasar su vejez tranquilos. La verdad es que ya está bueno, ya es mucho pasar trabajo”, apuntó. 

Junto a esas palabras, la certeza que la ha acompañado siempre:  “la mayor enseñanza que me ha dejado mi papá es ser valiente, ser fuerte… yo sé que soy hija de un papá inocente”, concluyó.

Si los agentes de la Policía Metropolitana son incluidos en la Ley de Amnistía que discute la Asamblea Nacional, podrán salir en libertad, pero nunca recobrar los 23 años que pasaron en prisión. No recibirán ningún tipo de reparación por los años que perdieron en presidio porque el Estado los considera “culpables” de unos homicidios a los que no están vinculados. Tampoco tendrán garantías de que hechos como estos no se repitan.

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