Un terremoto de 7.0 grados sacudió parte de Venezuela la tarde de este miércoles, 24 de junio, y dejó varias edificaciones destruidas en Caracas, así como estructuras afectadas en otras ciudades del país. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo ocurrió a las 18:04 (hora local) cerca de la población de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 km al oeste de Caracas.El movimiento telúrico, que ha sido seguido por varias réplicas, impactó al menos a una decena de estados.Las zonas más afectadas de Caracas son Los Palos Grandes, Altamira, Sebucán y algunos urbanismos del centro de la ciudad.
El temblor se sintió en Caracas, pero también en los estados Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Zulia y Yaracuy donde se ha mencionado a San Felipe como lugar del epicentro.
En redes sociales los usuarios han difundido videos e imágenes de lo ocurrido y se pueden ver grandes afectaciones en la zona del noreste de Caracas, especialmente en Los Palos Grandes y Altamira.
Rodeada de militares en el marco de la conmemoración de la Batalla de Carabobo, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, felicitó al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.
“Hoy felicitamos al gobierno electo de Colombia y ratificamos nuestra fe en relaciones de respeto, cooperación y amistad como corresponde entre dos pueblos hermanos”, señaló Rodríguez flanqueada por militares y civiles en un acto transmitido por el canal de propaganda estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Pese a que de la Espriella dijo que no iba a tener trato directo con el interinato chavista sino a través de la administración de Donald Trump, Rodríguez sentenció que espera tener una relación bilateral de respeto.
Rodríguez, cuyo periodo de reemplazo presidencial de 180 días vence el venidero 2 de julio, pidió no mirar al pasado en el que, a su juicio, los gobiernos colombianos anteriores al de Gustavo Petro agredieron a Venezuela.
“La diplomacia bolivariana de paz que ha tomado rumbo en Venezuela ha encontrado espacio para las relaciones internacionales con todos, incluyendo los Estados Unidos”, hizo hincapié la mandataria.
Precisamente este miércoles, el candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Otro día que pasa y otra persona privada de libertad que muere bajo custodia del Estado. Van 6 presos fallecidos en junio. Parece un carrete fatal indetenible el del sistema penitenciario venezolano.
Nuevamente la cuenta en X del Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de otro recluso. Esta vez se trata de Rafael José Vásquez García, quien estaba detenido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de Julio”, en el estado Guárico.
Con el fallecimiento de Vásquez García se elevó a 29 el número de muertos entre abril y junio de este año.
De acuerdo con el OVP, el recluso murió como consecuencia de un shock hipovolémico y otras complicaciones de salud.
Según la lista que lleva la organización, solo en junio murieron: Yosevet de Jesús Lozada en la cárcel del Rodeo III; Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Reclusión “Dr. Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite en Zulia; Fabiana Desiree Páez Fernández, en La Crisálida; Yonny José Bastidas Briceño, en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro en Táchira; y José Gregorio Mendoza Guzmán en el Centro Penitenciario de la Región Andina.
En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP denunció que la falta de atención médica integral sigue siendo la principal causa de muerte en las prisiones venezolanas.
“Reiteramos que es responsabilidad estricta de las autoridades venezolanas velar por la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Exigimos que se garantice el derecho humano a la salud y a la atención médica oportuna en las cárceles”, puntualizó la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
De cara a ocupar los cargos vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el Comité de Postulaciones inició la fase de entrevistas, que tendrán lugar en el Museo Bolivariano.
De acuerdo al programa para escoger miembros del TSJ, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura las entrevistas se llevarán a cabo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde y se aspira recibir a un promedio de 70 aspirantes por día.
El pasado 19 de junio, la Asamblea Nacional publicó el listado con más de 500 aspirantes, en vista que varios aplicaron por varios cargos.
De acuerdo al medio digital Tal Cual, 63 personas aparecen postuladas a más de un cargo: 36 buscan ser magistrados o inspectores, 12 optan a magistrados o directores de la Escuela Nacional de la Magistratura, y 36 persiguen alguno de los tres tipos de cargos disponibles.
Entre los postulados hay personas con vínculos partidistas, protagonistas de escándalos políticos pasados y a funcionarios que intentan pegar el salto de un poder público a otro.
Al menos 15 ONG, emitieron un comunicado conjunto para exigir que el proceso de renovación de los magistrados se apegue a la independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas pública.
De acuerdo a las organizaciones civiles la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial debe responder a una evaluación técnica y ética, y no a dinámicas partidistas.
Según el artículo 263 de la Constitución para ser jurista es necesario “gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En el marco del 62° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), este viernes 26 de junio, está previsto que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, presente una actualización a los Estados Miembros sobre la situación en Venezuela, seguida de un diálogo interactivo.
Desde 2019, tanto la oficina del Alto Comisionado, como la Misión de Determinación de los Hechos y el Examen Periódico Universal, han emitido más de 180 recomendaciones al Estado venezolano, en temas de justicia y condiciones institucionales, consejos que el régimen chavista no ha acatado.
De acuerdo a la documentación hecha por organizaciones de la sociedad civil, los abusos no han cesado y que la aparente apertura política carece de reformas institucionales reales que garanticen un sistema judicial imparcial.
Las organizaciones advirtieron que la maquinaria de represión y la estructura estatal de persecución siguen desplegadas, activas y operando bajo un patrón sistemático que mantiene a las víctimas en condiciones de grave vulnerabilidad.
Entre las demandas que exige la sociedad civil al Estado venezolano destacan: apertura de un proceso judicial sobre supuestas violaciones graves a los derechos humanos, liberaciones plenas de presos políticos, cierre de los centros de detención y tortura y acceso a relatores especiales de las Naciones Unidas y la Misión de Determinación de los Hechos.
De acuerdo a ONG, la sesión constituye además un espacio fundamental para incidir en los Estados miembros, representantes permanentes y misiones diplomáticas que tienen en sus manos el poder de voto para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de los mandatos de monitoreo.
También hicieron un llamado a los medios de comunicación para contrarrestar la narrativa desde el poder y asegurar que los testimonios de las víctimas y la documentación de la sociedad civil sean escuchados.
La organizaciones puntualizaron que la continuidad de mecanismos como la Misión Internacional Independiente y el monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado resultan fundamental para preservar evidencia, acompañar a las víctimas y evitar la normalización de la represión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El activismo de la Generación Z -las personas que nacieron entre 1997 y 2010- en Venezuela y Nicaragua enfrentan un panorama hostil que busca anular la capacidad que tienen de organización e impacto público en la sociedad. Así lo concluyó un informe elaborado en junio de 2026 por el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Autonomía Universitaria de Aula Abierta, el cual fue presentado ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
A través de este documento se denunció como las estructuras del Estado han desarrollado mecanismo normativos, policiales y judiciales para bloquear el espacio público de los movimientos juveniles.
El estudio resalta que, a pesar de las restricciones, los jóvenes organizan estrategias para defender la democracia de las universidades autónomas del país.
A continuación, en claves, los hallazgos principales del informe sobre la situación del activismo juvenil:
La representación estudiantil
Uno de los principales obstáculos administrativos y políticos que se le presenta al movimiento juvenil en Venezuela es la suspensión de sus propios procesos electorales universitarios. A través de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Aula Abierta, el Estado ha emitido más de 50 decisiones judiciales que vulneran la autonomía universitaria. Al menos 18 de ellas han impedido la celebración de proceso electorales relacionados con estudiantes.
El documento menciona casos emblemáticos como la anulación de la elección de Marlon Díaz en la Universidad de Carabobo en 2018 mediante la sentencia Nº 102 y la paralización de los comicios en la Universidad de Oriente (UDO) desde el año 2012. Indican que estas situaciones demuestran una política que busca despojar a los estudiantes de sus capacidades de autogobierno y la libre práctica de defender intereses comunes.
Barreras legales
Para los grupos juveniles que buscan formalizar sus agrupaciones fuera del ámbito estudiantil, en Venezuela existen marcos legales que imponen barreras para la creación y la organización de las mismas. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) aplica discrecionalmente resoluciones internas y trabas burocráticas que impiden la inscripción jurídica de asociaciones integradas por jóvenes activistas.
A este problema administrativo se le suman dos herramientas de control que se denuncian en la investigación: la Ley Constitucional contra el Odio, utilizada por los organismos de seguridad para encasillar cualquier situación ciudadana ya sea física o virtual como “incitación al odio”, así como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro o conocida como la “Ley anti-ONG”, la cual obliga a registros obligatorios de control y la entrega de datos sensibles de los activistas.
Detenciones y difamaciones
El informe expone una violenta organización entre los diferentes entes públicos donde el Estado ejecuta discursos de odio y detenciones arbitrarias que son después procesadas por el Poder Judicial en los tribunales por terrorismo, todo esto bajo la idea de sentenciar a los jóvenes activistas y universitarios como “terroristas”,
Entre enero y octubre de 2025, la organización Aula Abierta documentó al menos 22 miembros, en su mayoría estudiantes, que fueron víctimas de arrestos arbitrarios y hostigamiento criminal.
El impacto sobre estos espacios públicos para los jóvenes es preocupante ya que más de la mitad de estos casos incluyeron el delito de desaparición forzada unido a una tasa de judicialización de universitarios bajo cargos de terrorismo, la cual ascendió del 20% en 2024 al 37% en 2025.
Hostigamientos
La persecusión en contra de los desacuerdos estudiantiles no se queda solo en las calles, ya que también ha dificultado el movimiento dentro de los recintos universitarios, como por ejemplo el pasado 12 de febrero de este año.
El informe relata que tras finalizar una manifestación pacífica por el Día de la Juventud para exigir la amnistía de los presos políticos, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) MiguelÁngel Suárez fue perseguido y hostigado por funcionarios policiales y civiles armados.
Los organismos de seguridad entraron de manera ilegal en el campus universitario y utilizaron tácticas de amedrentamiento para desmotivar el rol histórico que han representado las universidades por décadas como refugios de pensamiento libre.
La situación en Nicaragua
El estudio de Aula Abierta destaca paralelismos con la situación en Nicaragua, donde el modelo de represión hacia los jóvenes se materializa en que el Estado elige a los miembros de las universidades por medio de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).
Este organismo funciona como un sindicato autónomo encargado de la vigilancia, acusaciones y persecución de estudiantes que no están de acuerdo con el mismo pensamiento. De esta misma forma, también controlan la entrega de becas y beneficios académicos según la fidelidad e ideología del estudiante.
La vulneración más grave a la libertad de estas agrupaciones se encuentra dentro de los propios reglamentos de la UNEN, los cuales establecen que cualquier joven que ingresa a la educación superior en Nicaragua queda afiliado automáticamente y por defecto a la organización. Es así como esta ley anula por completo el principio a la libertad y convierte el participar en estas asociaciones en algo militar y político controlado por el Estado.
Recomendaciones
La contribución de Aula Abierta ante las Naciones Unidas plantea medidas de carácter político y normativo para ayudar al activismo juvenil, entre ellas, que los Estados se asbtengan de manipular los tribunales para intervenir en los procesos electorales universitarios.
El informe propone crear comités de derechos humanos donde las organizaciones y los jóvenes puedan trabajar de la mano. Tambié, piden que haya leyes que prohíban por completo que la policía, los militares o carros sin placas entren a las universidades cuando haya protestas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 24 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
En una de las jornadas electorales más reñidas y polarizadas de la historia reciente de Colombia, el abogado penalista Abelardo de la Espriella logró consolidar un vertiginoso ascenso político que lo llevará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
A finales de mayo de este año, de la Espriella aseguró que cualquier gestión diplomática relacionada con Venezuela se hará exclusivamente a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.
Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el colombiano declaró: “Yo con esos malandros no me voy a sentar. Eso lo hacemos a través de Estados Unidos”.
Vanessa Nunes, psicóloga: “No se sienten suficientes, pero no necesariamente son ellos sino la realidad que los envuelve. De manera inconsciente, el bajo salario docente se internaliza como ‘mi trabajo no vale nada’, lo que lleva a sentimientos de inutilidad y vergüenza”.
Se denuncia la alarmante situación del preso político José Sánchez “Mazuco”, quien continúa injustamente privado de libertad desde el 30 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Internado Judicial El Rodeo I. De acuerdo con sus familiares, el ex… pic.twitter.com/mPZl2QjcOu
Con los triunfos políticos definidos recientemente en las elecciones presidenciales de Colombia y Perú, al ser electos por votación popular Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, pareciera invertirse aquel parágrafo del preámbulo del Manifiesto comunista de Marx y Engels, que rezaba: «Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo».
Un continente que cambia de signo
En esta oportunidad, en pleno siglo XXI, es la derecha neoliberal la que arrasa el territorio que alguna vez proclamó la frase «¡Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina!». Si observamos que en Sudamérica solo Brasil y Uruguay son presididos por mandatarios de izquierda –ya que Venezuela es gobernada por una tutela norteamericana inédita en nuestra historia continental–, el resto de los siete países –Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay y Ecuador– están representados por jefes de Estado y candidatos recién electos afines a la democracia liberal y al capitalismo de libre mercado.
En el resto de Latinoamérica destacan por su orientación conservadora los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador. En el caso de Nayib Bukele y de Nasry «Tito» Asfura, ambos manifiestan una orientación cercana al movimiento MAGA del presidente norteamericano Donald Trump.
El espejismo del fin de la historia
En ese contexto, algunos analistas se han atrevido a retomar al politólogo Francis Fukuyama, quien en su ensayo El fin de la historia y el último hombre, escrito en el verano de 1989, durante el fragor del derrumbe del bloque soviético, argumentaba que el fin de la Guerra Fría marcaba el triunfo definitivo de la democracia liberal y el capitalismo occidental; es decir, que tras la victoria de un modelo ideológico en lo económico y en lo político, era solo cuestión de tiempo que todo el mundo terminara adoptándolo.
¿Será aplicable esta visión a América Latina? En nuestro continente se observa una sobrada ligereza para caracterizar a las diferentes formaciones políticas de la izquierda continental, al intentar ubicar en un solo campo al castrismo, al PT de Brasil, al Frente Amplio de Uruguay y a la izquierda chilena, confundiendo así la solidaridad cómplice que todas mantienen con la Revolución cubana con la visión de Estado propia de cada una de ellas. Y en esto hay matices de sobra.
Las dos izquierdas
En realidad, se identifican dos izquierdas en el continente. La primera la integra el club de las dictaduras, representado por el estalinismo castrista, que no admite la alternancia en el poder al considerarse heredero eterno de «revoluciones» fracasadas, como son los casos del orteguismo en Nicaragua, el chavomadurismo venezolano y el castrismo cubano. Sus modelos económicos propugnan la eliminación total o parcial del capital y la concentración estatal absoluta, sostenidos por un feroz aparato policial que convierte el terror en política de Estado.
La otra izquierda, cuyo perfil se aproxima a la socialdemocracia europea, asume la reforma como modelo de gobierno, la alternancia en el poder y la economía social de mercado. La caracterizan las políticas públicas en materia social y el reconocimiento de la libertad de expresión, rasgos propios de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, de Lula en Brasil y de las coaliciones socialistas en Chile, desde los gobiernos de Michelle Bachelet hasta el de Gabriel Boric.
En el caso de Colombia, el Pacto Histórico ―creado en 2021 y convertido en partido político en 2025― está definiendo aún su rumbo histórico, algo que esperamos quede demostrado con las elecciones en el país cafetero y con el debido respeto a los resultados electorales del domingo 21 de junio. Una estimación similar señalamos para el Perú, con la coalición Juntos por el Perú, que respalda al candidato Roberto Sánchez; en ambos países, los resultados agrupan a casi el cincuenta por ciento del electorado.
El ocaso de las dictaduras y la nueva alternancia
En resumen, el destino de las dictaduras castroestalinistas es cada día más evidente: irán al lugar que les corresponde por haberse convertido en las estafas más prominentes de la historia continental, repudiadas por los pueblos que pretendían liberar y a los que, por el contrario, condujeron a la ruina y a la miseria.
Para América Latina es totalmente saludable este nuevo escenario, en el que los pueblos votan por sus elegidos y, al mismo tiempo, construyen la alternancia necesaria entre fuerzas cuyas fuentes ideológicas son de diferente origen, todas compitiendo por lograr una mejor condición de vida para sus pueblos.
En este escenario, liberales, conservadores y socialistas, junto a las nuevas expresiones políticas que vayan surgiendo, construyen la nueva historia política del continente, sin proferir exclusiones ni conjuros como aquel que planteaba el chavismo al proclamar «no volverán». Sería lamentable repetir ese apartheid.
¿Es esto posible? No estamos en planetas diferentes: basta observar los procesos políticos de la Unión Europea desde la posguerra hasta el siglo XXI, donde los gobiernos socialistas se han alternado con gobiernos conservadores y centristas sin que ello haya significado tragedias. Más bien, hay que entender que así es la democracia.
Para América Latina, esta redistribución del poder representa un salto cualitativo, totalmente distinto de aquel siglo XX que transcurrió entre dictaduras, golpes de Estado, decenas de miles de desaparecidos, asesinatos y todo ese sinfín de desgracias que asolaron al continente.
