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¿Y en las negociaciones quién representa al país descontento con el gobierno y la oposición?

Víctor Álvarez R.
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¿Y en las negociaciones quién representa al país descontento con el gobierno y la oposición?

Las negociaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición no comenzaron como se esperaba y no hay segunda oportunidad para dejar una primera buena impresión. Estas negociaciones son impulsadas por un actor externo que ―más que un mediador― ha deciido unilateralmente quiénes se sientan en la mesa y quiénes quedan excluidos. Por eso se cuestiona la representación y legitimidad de los participantes. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Para que las negociaciones y los acuerdos tengan reconocimiento y respaldo nacional e internacional, el proceso tiene que ser más incluyente y abrirse a otros actores que representan al país descontento con el gobierno y la oposición. Por lo tanto, el proceso no puede ser forzado ni excluyente, tiene que resultar de la convicción y compromiso de los actores en pugna con una solución pactada, democrática y pacífica del largo conflicto político venezolano.

María Corina Machado y Edmundo González marcaron distancia con este nuevo intento de negociación política.

A través de un comunicado conjunto, informaron que no fueron llamados a participar en el diseño y ejecución de las negociaciones entre el gobierno interino y la AN-2015. Ambos reclaman el reconocimiento a su liderazgo que surgió en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Llaman a los partidos de la oposición a que cumplan los “acuerdos de Panamá” en los que aceptaron la jefatura de MCM en las negociaciones con el gobierno interino y EE. UU. Dinorah Figuera aclaró que la iniciativa de impulsar las negociaciones que excluyen a MCM no surgió de una dinámica parlamentaria interna, sino del Departamento de Estado, y que las directrices provienen directamente de Marco Rubio. 

Sin embargo, MCM-EGU dijeron que no serán un obstáculo y que evaluarán el proceso con base en los avances en materia de recuperación de las instituciones democráticas, liberación de los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusión, fijación del cronograma electoral presidencial y el respeto a la soberanía popular. Y aunque no han sido autorizados por Trump, anunciaron que regresarán al país para recorrer las regiones y trabajar en un gran acuerdo nacional para la reconstrucción de la República.

María Corina Machado y Edmundo González: se desmarcan del diálogo pero no serán un obstáculo

Los asesores electorales de Vente Venezuela afirman que es viable organizar una elección presidencial en siete meses y presionan para que se fije una fecha. MCM ya no pide que se haga valer el resultado de las Presidenciales de 2024 y ahora anuncia que será candidata a la presidencia. Pero Trump ha vuelto a decir que Venezuela todavía no está preparada para unas elecciones. Desde Washington le han advertido a MCM que no puede regresar a Venezuela a calentar la calle para reclamar elecciones, antes de que concluya la segunda fase de recuperación económica. A los activistas de MCM los relacionan con las protestas frente a la embajada de EE. UU. y con las críticas al encargado de negocios, John Barrett, por su cooperación con el gobierno interino.

En el Departamento de Estado y en la embajada de EE. UU. en Venezuela hay malestar por las declaraciones de MCM. Mientras Trump cada vez que puede elogia el trabajo de Delcy Rodríguez y dice que ―a pesar del terremoto― los venezolanos están felices y bailan en las calles, MCM lo contradice y afirma que el país está de mal en peor, que Venezuela sigue en manos del mismo gobierno corrupto e incapaz de sacar al país de la crisis, ahora agravada por el terremoto. No está de acuerdo con el apoyo de Trump al interinato y dice que la reconstrucción del país requiere “un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial”.

Así, MCM se ha convertido en la aguafiestas de la narrativa triunfalista de Trump sobre Venezuela. Y sus seguidores temen que, si reta a Trump y regresa a Venezuela sin autorización, EE. UU. les quitará a todos el apoyo y se impondrá una nueva narrativa en la que MCM terminará acusada de ser una líder egoísta que solo exige elecciones para lograr su ambición personal de ser presidenta. La tensión entre la prioridad económica de Trump y la urgencia política de MCM para forzar un calendario electoral antes de que su liderazgo se desinfle, la ha alejado del modelo transaccional de Trump y le ha quitado a ella el protagonismo.

Sin efecto el Manifiesto de Panamá

MCM representa un liderazgo radical no transaccional que la Casa Blanca teme pueda recrudecer el riesgo de violencia política que se consideró superado al declarar concluida la primera fase de estabilización política. Para conjurar esta amenaza, el Departamento de Estado prefiere interactuar con los debilitados partidos del G4 que controlaron la AN 2015 y que ahora muestran una acción política más burocrática y moldeable a las exigencias del modelo transaccional de Trump. Por eso Voluntad Popular y Primero Justicia han sido incorporados a la delegación del sector de la oposición que se sentará a negociar con el interinato.

Ahora no solo es la diatriba entre quienes se arrogan la condición de “oposición verdadera” que no pacta con el gobierno y los “alacranes” colaboracionistas que se sientan a negociar con el régimen. Con la decisión de Voluntad Popular y Primero Justicia de integrar la delegación de la AN-2015 surgen nuevas tensiones en el seno de la propia PUD. Los que se desmarcan del Manifiesto de Panamá no se afanan por obtener la “certificación de lealtad a MCM” y aprovechan que ella no se atreve a regresar al país sin permiso de Trump para disputarle en el terreno la dirección política de la oposición.

El Manifiesto de Panamá

Por instrucciones de Trump y Rubio, las negociaciones comenzarán sin MCM en una mesa en la que se sentarán 10+10, la mayoría figuras poco conocidas que carecen de legitimidad de origen y de desempeño. Tienen la tarea de lograr unos acuerdos básicos para preparar las condiciones de la tercera fase de transición política, en el marco del plan de las tres fases del plan de Trump para Venezuela.

Marco Rubio no le habla a Venezuela, le habla al Senado de EE. UU.

Para aliviar las presiones de los senadores de EE. UU. que presentaron una resolución bipartidista para exigir elecciones libres en Venezuela, Marco Rubió declaró que “espera que la transición política en Venezuela se produzca en meses y no en años”.

Rubio no les habla a los venezolanos, sino a los senadores estadounidenses que en un comunicado plantearon: “El pueblo venezolano merece elecciones libres, justas y transparentes, y es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que dichas elecciones se celebren con prontitud. Un gobierno legítimamente elegido sentaría las bases para la libertad y la prosperidad en Venezuela y establecería el fundamento de una alianza profunda y duradera con Estados Unidos”. Estas declaraciones ejercen una presión para anunciar los siguientes acuerdos:

  • Reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) con cambios profundos en la composición de sus rectores y gerentes, y en el funcionamiento del poder electoral, en función de asegurar su institucionalidad, imparcialidad y credibilidad en la organización de elecciones limpias y trasparentes.
  • Apertura del Registro Electoral Permanente (REP) para actualizar los datos e inscripción de los nuevos votantes en el territorio nacional, así como la inscripción y participación en las próximas elecciones de los venezolanos que migraron y hoy se encuentran en otros países.
  • Reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la elección de nuevos magistrados en la Sala Electoral para establecer y respetar las nuevas reglas que regirán los futuros procesos electorales, y así garantizar su transparencia y credibilidad.
  • Revisión de inhabilitaciones políticas con el objetivo de levantar las restricciones arbitrarias e injustificadas que impiden a los actores políticos participar en los comicios que se convoquen.

La oposición está en su peor momento. La AN-2015 ―a pesar de estar integrada por solo 167 diputados y no por los 277 de ahora―, ni siquiera puede hacer el quorum de 84 diputados. La mayoría de los diputados principales que fueron electos reconocen que su período constitucional venció el cinco de enero de 2021 y no representan la soberanía nacional ejercida a través del voto. Por lo tanto, la actual representación de diputados suplentes de lo que fue la AN-2015 actuará como un interlocutor de EE. UU. Y así, el país descontento se queda sin una auténtica representación en el proceso de negociación.

@victoralvarezr | Director de Pedagogía Económica y Política.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Estamos mejor o peor?

Alejandro Armas
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¿Estamos mejor o peor?

Normalmente comienzo mis artículos en esta columna con alguna floritura verbal. Una metáfora, una anécdota o una breve disertación teórica que se relacione con el asunto que me concierne en cada ocasión. Hoy no. Hoy iré directo al grano. Ni en el título habrá insinuaciones. Lo repito: ¿Estamos mejor o peor? Con respecto a lo que teníamos en Venezuela antes de enero, quiero decir. Si no me permito divagaciones, es porque la pregunta apremia. Apremia, a su vez, porque millones de mis conciudadanos la están pasando muy mal, y no creo que tengan disposición a hablar de otra cosa, así sea tangencialmente. Los apagones diarios de varias horas les hacen la vida de cuadritos. La angustia comprensible que ese calvario les produce ha llevado a muchos a hacerse aquella pregunta comparativa.

Comparemos, pues. No pretendo decirle a nadie cómo debe sentirse. Sobre todo, no pretendo dictar emociones, desde mi admitidamente privilegiada ubicación en una Caracas exenta de cortes de luz, a quienes están entre tinieblas en Maracay, Valencia, San Cristóbal o Maturín. Pero sí voy a presentar un conjunto de datos y hechos públicos, notorios y comunicacionales que son insumos para responder a la pregunta titular. No de forma incuestionable, sin duda, pues yo, humano colmado de imperfecciones al fin, nunca soy incuestionable. Sí les aseguro que es el producto de mi mejor esfuerzo, como siempre. Es posible que algunas de las cosas que diga a continuación suenen repetitivas con respecto a un artículo de hace unos meses, sobre los tiempos de espera razonables para cambios en Venezuela. Pero dada la inquietud colectiva sobre la cuestión titular, creo que vale la pena reiterar lo que haya que reiterar.

Lo primero que hay que decir es que la variable técnica que responde a nuestra pregunta es la calidad de vida. Esta a su vez se desglosa en distintas variables más estrechas. Entonces, para tener una buena visión sobre la calidad de vida antes y después, es necesario considerar la mayor cantidad posible de estos elementos. La luz es uno de ellos, muy importante, pero no el único. A grandes rasgos, los podemos agrupar en tres bloques: libertades civiles y políticas, condiciones macroeconómicas y estatus de los servicios públicos.

Comencemos con las libertades civiles y políticas. Este es sin duda el ámbito en que ha habido mejoras más notables. Ya que por años el miedo al castigo por oponerse al poder ha sido el principio rector de la política venezolana y que el castigo por antonomasia ha sido la cárcel, la situación de los presos políticos es un buen punto de partida. Según cifras del Foro Penal, en diciembre de 2025 había 893 presos políticos. Hoy, según esta misma ONG, hay 379. Eso es una reducción de 58 %.

A diferencia de momentos previos en los que hubo una excarcelación importante de presos políticos, en esta oportunidad no se ha registrado una reactivación de la temida “puerta giratoria”: pasan y pasan meses sin reportes de nuevos cautiverios por razones políticas. Hay no obstante un nuevo patrón de castigo arbitrario más laxo que ha sido aplicado a un puñado de individuos en estos meses: se les arresta por unas horas y luego son puestos en libertad restringida, bajo régimen de presentación en tribunales.

Desde enero se han registrado algunas protestas contra el gobierno. Algunas no fueron reprimidas. Otras sí, pero de forma considerablemente menos brutal que en años previos, sin personas que hayan quedado gravemente heridas o peor. Mientras, varios políticos opositores y periodistas han regresado del exilio. Dirigentes como Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas, ambos presos hasta enero, han podido entrar y salir del país libremente. Las televisoras han cubierto en vivo protestas contra el gobierno y entrevistado a opositores de una manera que antes era impensable. Al mismo tiempo, por otro lado, portales de periodismo que molestan a la elite gobernante, nacionales y extranjeros, permanecen bloqueados por Conatel.

La razón por la que este bloque es el que puede lucir más progreso es que el desempeño de sus variables depende de decisiones de efecto inmediato por parte de la elite gobernante. Por desgracia, no pasa lo mismo con los otros dos bloques. Porque incluso si se toman las decisiones correctas en pro del bienestar público, se necesita no poco tiempo y esfuerzo para corregir un inmenso daño material acumulado. Además, son estos dos otros bloques los que inciden más en la cotidianidad del ciudadano común. Ese ciudadano que, a diferencia del político o el periodista, no tiene que relacionarse con la política todos los días. Al no tener que hacerlo, es posible que no sienta las mejoras ya discutidas y que por eso piense que estamos peor que antes de enero.

¿La transición paralizada?

Veamos ahora las condiciones macroeconómicas. Si bien no es el único problema de este bloque, sin duda el que más impacta negativamente en la vida de la gente es la inflación. El poder adquisitivo sigue estando por el piso porque los precios aumentan mucho más que los ingresos de los hogares. Así que me voy a limitar a considerar esa variable. Este año el Banco Central de Venezuela reanudó la publicación de sus cifras de inflación. Justamente porque el año pasado no lo hacía y llegamos al extremo de que economistas que lo hacían por cuenta propia fueron “casualmente” detenidos por horas o días, es difícil comparar.

Pero hay formas de hacernos una idea. Por años en Venezuela, uno de los principales factores detrás de la inflación, tal vez el mayor de todos, ha sido la brecha cambiaria. Esa brecha tuvo un incremento vertiginoso durante el año pasado. A finales de 2025, estaba en alrededor del 100 %. Al momento de la redacción de estas líneas, es 12 %. Puede que la paralización de actividades económicas por el terremoto doble haya producido una caída ilusoria que pronto se revertirá. Pero en los meses antes de los sismos la brecha cambiaria osciló entre 30 % y 40 %, Malo, sin duda. Pero no tanto como el año pasado.

Por último, tenemos los servicios públicos. Pongamos el foco en la luz y el agua. Ciertamente, 2026 ha sido un año bastante negativo en cuanto a la provisión de electricidad. Se han agudizado los cortes en buena parte del país. Sin embargo, quien haya observado atentamente la evolución del problema eléctrico en Venezuela sabe que este no es el primer agravamiento. Ha habido varios ciclos de agravamiento y alivio en los últimos 16 años. Hace precisamente una década, durante la primera mitad de 2016, tuvimos un agravamiento severo, en medio de una sequía prolongada que hizo bajar el nivel del Embalse de Guri.

Cómo es vivir cada semana esperando que llegue el agua 

En 2025, por cosas del azar en un país muy mal administrado, tocó, en simultaneidad con otros problemas que (ya vimos) estaban peores que hoy, una etapa de alivio en el problema eléctrico. Ahora tenemos una de agravamiento. Pero es eso: una de tantas etapas de agravamiento. No un deterioro sin precedentes que solo puede apuntar a empeorarse. Yo no diría que es siquiera la peor etapa de agravamiento que hemos vivido, pues ese título corresponde, a mi juicio, a 2019, con el megaapagón nacional. Es posible que a personas angustiadas por los problemas del presente la memoria solo les alcance para el pasado inmediato y que por lo tanto solo comparen con la etapa de alivio de 2025 y se hayan olvidado de los agravamientos previos. Pero el registro de los segundos está ahí.

Con el agua pasa lo mismo que con la electricidad. Ciclos de alivio y agravamiento en distintos lugares del país que no necesariamente coinciden entre ellos. A Cumaná, muy lamentablemente, le tocó este año un agravamiento abismal. Por desgracia, reparar los servicios de luz y agua es algo que va a tomar años, por, como dije, el daño acumulado. Nunca fue una expectativa realista creer que el problema se resolvería en unos meses.

Por instinto de supervivencia, las personas tenemos un sesgo de fijación en lo negativo. Eso siempre nos llama más la atención. Ténganlo en cuenta a la hora de evaluar variables de calidad de vida. Me ha pasado que, cuando remito a todos estos datos y hechos para comparar, algunos interlocutores prefieren taparse los oídos para así empecinarse en que la mera sugerencia de que no estamos peor que antes es ridícula. Eso me recuerda algo que decía Cioran: quien sufre cree tener un monopolio sobre el sufrimiento. Solo su sufrimiento merece ser reconocido por los demás. Parece que este celo se extiende incluso contra el “yo” pretérito. “Solo yo, hoy, debo ser visto sufriendo”. No sigo por este camino porque me comprometí a no decirle a nadie cómo sentirse. Pero igual extiendo la invitación a que tenga en cuenta los datos y los hechos.

Bienvenido optimismo responsable

@AAAD25

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En la CIDH exigieron al rodrigato respetar derechos de afectados por los terremotos

Yakary Prado
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En la CIDH exigieron al rodrigato respetar derechos de afectados por los terremotos

Cierre forzado de centros de acopio de iniciativa ciudadana, obstaculización del trabajo humanitario, intimidación de agentes de seguridad e inteligencia en refugios y presiones de los colectivos para invisibilizar la emergencia humanitaria fueron algunas de irregularidades detectadas tras los sismos del 24 de junio y que organizaciones de la sociedad civil venezolana expusieron en una audiencia durante el 196° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 6 de agosto.

En la audiencia – la primera en varios años en la que las organizaciones civiles del país participan de forma directa- se presentó un balance crítico sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y se denunció que el aparato represivo y los patrones de violación de garantías siguen intactos en el país pese a la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero y a promocionados procesos de reforma institucional por parte del interinato apoyado por Estados Unidos.

Mario D’Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, comentó que una muestra de que en Venezuela “han cambiado los cargos, pero no la respuesta institucional” fue el cierre violento de centros de acopio en las horas y días posteriores a los movimientos telúricos que se habían conformado por iniciativa ciudadana.

“Hay un cierre y desmonte de centros de acopio independientes, se ha documentado varias intervenciones de cuerpos de seguridad e inteligencia ciudadana que han forzado el desmonte y cierre de estos espacios gestionados por la sociedad civil”, alertó. Precisó que la ONG tiene ejemplos concretos de estas medidas arbitrarias en sectores capitalinos como Plaza Venezuela, Chapellín, Altamira, Campo Elías en Mérida y en Barinas, todo esto bajo “la lógica de centralización estatal de la ayuda”.

En la reunión también se comentó como el gobierno militarizó el estado La Guaira y, mediante mecanismos cuestionados y procesos de acreditación engorrosos, controló el acceso a la entidad en días en los que los sobrevivientes de los sismos necesitaban más ayuda, lo que causó “embotellamiento” en el trabajo humanitario voluntario.

Otra irregularidad revelada fue el control de tres refugios transitorios por parte de agentes de inteligencia en Caracas y Petare: “Se conoce además de presiones para el desalojo de grupos irregulares o colectivos a personas en carpas o asentamientos informales para invisibilizar a quienes rechazan ir a albergues oficiales”.

Impacto en infancia y mujeres bajo la sombra de la opacidad

La CIDH también fue notificada de la situación de vulnerabilidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes afectados por los sismos y la falta de estadísticas sobre el impacto diferenciado tanto en ellos como en las mujeres víctimas.

Los datos recopilados por Civilis hasta la fecha indican que hay al menos 1405 niños, niñas y adolescentes (NNA) afectados por el doblete sísmico del 24 de junio. 221 de ellos fallecieron (15.7% del total): 437 resultaron heridos (31.1%), 273 permanecen desaparecidos (19,4%) y 233 resultaron desplazados por afectación en sus viviendas (16,6%). Al menos el 42,5% de los NNA afectados son varones y el 34 % son niñas o adolescentes mujeres.

“De acuerdo con información disponible, no por el Estado venezolano, sino por las propias Naciones Unidas, hay 36 700 mujeres embarazadas en las zonas afectadas, de las cuales 4000 requerirían parto en los meses posteriores y, al menos, 1800 atención por complicaciones posteriores”, agregó Mario D’Andrea, director de la ONG.

Ante las denuncias presentadas por la sociedad civil, Sofía Macher, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela, recordó que “las emergencias no suspenden las obligaciones fundamentales de los Estados” y pidió garantizar los derechos de los familiares de desaparecidos y fallecidos tras los terremotos.

“Los recientes terremotos han añadido una nueva dimensión a los desafíos que hoy enfrenta Venezuela (…) Es fundamental que la respuesta a la emergencia se desarrolle con transparencia, sin discriminación y con la participación de las comunidades afectadas”, recalcó.

Insistió en que dentro del enfoque de protección derechos humanos, los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de las personas fallecidas y desaparecidas en desastres socioambientales se deben realizar “con criterios técnicos y preservando la dignidad de las víctimas, y garantizando el derecho de los familiares a conocer la suerte de sus seres queridos”.

Macher destacó que la atención a esta emergencia postsísmica ha puesto de relieve el papel esencial que juegan en Venezuela las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias, de derechos humanos, asociaciones comunitarias, organizaciones religiosas, universidades y redes de voluntariado, por lo que insistió en el necesario acompañamiento de estos grupos por parte de la comunidad internacional y de los mecanismos complementarios internacionales de protección.

CIDH reitera que está lista para una visita in situ

Gloria de Mees, relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, expresó la solidaridad del organismo con las víctimas de persecución en Venezuela y con quienes sufrieron los efectos de los terremotos. Al mismo tiempo, reafirmó la disposición del la CIDH para realizar una visita in situ al país: “Estamos listos; la solicitud ya fue enviada”.

“La ruta hacia una transición democrática real tiene como cimientos normas e indicadores basados en derechos humanos; esa es la condición para un diálogo verdadero”, insistió.

Por su parte, la comisionada Rosa María Payá, comentó la ausencia de representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez, lo que calificó como algo “muy elocuente”, debido al tenor de las denuncias elevadas ante esa instancia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El espejismo del cambio después del #3Ene: Verdad, justicia y garantías siguen en rojo

Una pose ante las cámaras dio inicio a la «Danza de Asambleas» bajo una carpa en La Carlota

Redacción Runrun.es
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Una pose ante las cámaras dio inicio a la «Danza de Asambleas» bajo una carpa en La Carlota

No fue el castillo de Desembarco del Rey, sino una carpa instalada en la Base Aérea de La Carlota el lugar en el que las dos facciones antagónicas de la política venezolana instalaron este jueves, 6 de agosto, la mesa de un nuevo intento de diálogo promovido por Estados Unidos.

Sin discursos, el evento existió únicamente para una foto sin sonrisas. La mesa de diálogo se instaló con la sobriedad calculada de un drama televisivo, donde las delegaciones —que parecen emular a los verdes y a los negros de La Casa del Dragón— posaron en absoluto silencio antes de cualquier debate.

A un lado de la bandera tricolor figuró la comitiva oficialista. Liderados por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuan y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante, posaron con la postura sobria de quienes administran las llaves del castillo.

Al otro flanco se alineó la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. Dinorah Figuera encabezó la representación opositora flanqueada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Este Parlamento cuenta con el apoyo directo del gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, promotor de esta mesa de diálogo.

A la actividad solo permitieron el ingreso de fotógrafos. No hubo acceso para periodistas, como inicialmente había trascendido. Ninguno de los voceros ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Desde hace días trascendió que los primeros tres puntos a tratar en este nuevo intento de negociación serían la “atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas”.

Próximos pasos

Tras el encuentro, ambas delegaciones informaron que se mantendrán en “sesión permanente” hasta el 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria.

“Las partes suscriben los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto recíproco entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa, cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y de los derechos políticos de todas las fuerzas”, se lee en el comunicado.

Ausencias notables

El diseño de ambas delegaciones llama la atención por grandes ausencias. En el bloque opositor no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, al igual que los demás integrantes del Comando ConVzla y dirigentes de peso territorial que hacen vida dentro del país como Juan Pablo Guanipa.

Por el lado oficialista, la alineación responde de forma estricta al esquema directivo de la administración de Delcy Rodríguez, dejando fuera a fichas clave del ala dura del PSUV vinculadas al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Las piezas en el tablero del nuevo intento de diálogo en Venezuela

El espejismo del cambio después del #3Ene: Verdad, justicia y garantías siguen en rojo

Redacción Runrun.es
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El espejismo del cambio después del #3Ene: Verdad, justicia y garantías siguen en rojo

Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Venezuela; Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea, Civilis, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Realidad Helicoide, Foro Penal y Amnistía Internacional elaboraron el informe “Termómetro de la Justicia, verdad y Estado de Derecho en Venezuela“, con la finalidad de exponer los supuestos avances hacia la democracia que se han dado a partir de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero. 

Este documento sobre el estado de la justicia, la verdad y el estado de derecho en el país fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 196 Período de Sesiones. Las ONG firmantes son enfáticas en afirmar que aunque la aprehensión de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez abrieron un debate sobre amnistías, reformas judiciales y el cierre de El Helicoide, este giro en la cúpula no equivale a una transición democrática.

Advierten que desde la perspectiva del derecho internacional y la justicia transicional, cualquier cambio político resulta insuficiente mientras el aparato represivo permanezca intacto, las leyes que criminalizan la disidencia sigan vigentes, las instituciones carezcan de independencia y los presos políticos continúen esperando justicia y libertad incondicional.

De acuerdo con estas organizaciones, hasta el momento, los gestos del gobierno venezolano tutelado por Estados Unidos han sido insuficientes, con excarcelaciones a cierta escala, un proceso sin agenda clara de reforma de la justicia penal, nuevas leyes aprobadas, así como el cambio de algunas autoridades en materia de justicia y derechos humanos. 

Según las organizaciones, el balance hasta ahora es negativo y el sistema represivo se mantiene intacto con cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) continuando sus operaciones de persecución contra la sociedad civil. 

“Algunas instituciones importantes como la Fiscalía general y la Defensoría del Pueblo fueron designadas a través de un proceso irregular, sin transparencia ni criterios de independencia verificables. Los mecanismos internacionales siguen sin acceso pleno al territorio. Y el gobierno interino no ha mostrado esfuerzos por investigar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos”, reza el informe.

El informe se basa en cuatro pilares: el cese de la represión, la rendición de cuentas y la reforma institucional, el espacio cívico y las libertades y el multilateralismo y la cooperación internacional.

Las ONG establecieron un sistema de “termómetro” que evalúa cada medida con un doble registro: color y tendencia.
Rojo — Retroceso documentado o sin avance sustantivo.
Amarillo — Avance parcial verificable que no alcanza el estándar completo.
Azul — Avance pleno, verificable, sostenido e independientemente corroborado.

Cese de la represión: “Avance parcial e insuficiente, sin cambio estructural”

De acuerdo con las ONG, las excarcelaciones que se produjeron en el período comprendido entre enero y mayo 2026 constituyen un avance significativo, sin embargo, no cumplen con los estándares de incondicionalidad, verificabilidad y no discriminación exigidos por el derecho internacional.

Luego de la aplicación de la Ley de Amnistía, organismos nacionales e internacionales denunciaron la discrecionalidad de este instrumento anunciado por la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

Para junio de este año, el Foro Penal Venezolano registraba 187 personas con libertad plena que estaban encarceladas, mientras que contabilizó 580 libres que antiguamente tenían medidas cautelares. Por su parte, JEP registró 565 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas 48 enfermos graves sin atención médica y 19 adultos mayores en condiciones que violan los estándares mínimos de protección humanitaria. Aunado a eso, documentó 23 ciudadanos extranjeros y 29 venezolanos con doble nacionalidad.

La ONG Acceso a la Justicia detectó cuatro fallas estructurales en la Ley de Amnistía: alcance limitado, discrecionalidad judicial, ausencia de garantías de no repetición y que los mismos órganos que reprimieron aplican el perdón.

Según Provea, más de 200 militares siguen detenidos, al igual que 103 mujeres: “La ley no incorporó perspectiva de género ni mecanismo diferenciado. Quedaron fuera trabajadoras judiciales, campesinas y mujeres con procesos vinculados a hechos no contemplados”. 

Asimismo, con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia ascendió a 27 desde 2014, adicionalmente cinco madres de presos políticos venezolanos han muerto en los últimos seis meses.

Luego de que Delcy Rodríguez anunciara el cierre de El Helicoide el pasado 30 de enero, Foro Penal confirmó posteriormente el traslado de al menos 90 presos políticos desde ese sitio de reclusión a otras cárceles del país como La Planta, Yare, El Rodeo y Tocuyito. Las mujeres fueron reubicadas en el INOF y Las Crisálidas.

Las 20 ONG que elaboraron el documento concluyeron que este pilar del cese de la represión, a excepción de la excarcelación de algunos presos políticos, no tuvo una reforma estructural, por lo que lo sitúan en color amarillo-rojo en el termómetro de medición.

Rendición de cuentas sin avance y reforma institucional muy cuestionada

De acuerdo al informe, el proceso de designación del fiscal general de la República, Larry Devoe y la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, estuvo marcado por la opacidad y la ausencia de participación ciudadana.

“Los procesos de designación se desarrollaron sin convocatoria pública, sin criterios transparentes y sin espacio para el escrutinio ciudadano”, denunciaron.

La organización JEP evaluó los perfiles designados y concluyó que las nuevas autoridades representan un retroceso en el Estado de derecho.

Devoe fue durante años el representante del Estado venezolano ante instancias internacionales de derechos humanos. Por su parte, González Lobato ha recibido a varias víctimas en su despacho, sin embargo, esos actos no se han traducido en acciones verificables.  

Acceso a la Justicia y Provea advirtieron que la anunciada reforma al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ofrece garantías de transparencia ni independencia.

Por su lado, Acceso a la Justicia documentó problemas estructurales del proceso. En primer lugar, la opacidad en las vacantes; pues aunque el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) anunció 20 cargos disponibles, no especificó a qué salas corresponden ni si son principales o suplentes.

La Comisión Internacional de Juristas expuso que el gobierno de Venezuela ha usado los cambios en la composición del TSJ (en 2004, 2010, 2015 y 2022) para consolidar control político y no para garantizar independencia.

“La reforma no aborda las responsabilidades institucionales del TSJ como instrumento de represión política. El máximo tribunal avaló detenciones arbitrarias y sirvió de respaldo judicial al Sebin y la Dgcim”, expuso el comunicado. 

En el termómetro de las ONG, este pilar también quedó en categoría amarillo-rojo, puesto que la remodelación del TSJ “reproduce los vicios del pasado”, la impunidad “es una política activa, no una inercia” y “no hay muestras de que las autoridades tengan intención de investigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad”. Además, consideran que las instituciones de control siguen sin independencia y que las renovaciones concretadas han sido de forma, no de fondo.

Protección del espacio cívico en rojo 

Según las organizaciones, el espacio cívico en Venezuela fue desmantelado de forma deliberada y sistemática a través de un andamiaje legal y judicial construido entre 2000 y 2024.  La organización Civilis ha identificado al menos 38 instrumentos legales que han sido dictados por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, contrarias a la Constitución y al derecho internacional.

Las leyes que más atentan contra el Estado de Derecho según las organizaciones que elaboraron el informe son: Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley en Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, Ley Resorte, Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, Ley contra el Odio, Ley Antibloqueo, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Fiscalización de las ONG y Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.

A propósito de la Ley Resorte, en marzo de 2026 el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y VE Sin Filtro documentaron que al menos 43 medios de comunicación nacionales e internacionales registraron bloqueos de internet en Venezuela. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes contra activistas en el primer trimestre de 2026, con un pico de 64 solo en enero, casi el triple del promedio mensual de 2025. Espacio Público contabilizó 29 detenciones arbitrarias de periodistas entre enero y abril mientras que el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, regostró 97 agresiones contra comunicadores sociales y medios entre enero y mayo de 2026.

Mientras se produjeron nuevas detenciones, en menos de 15 días, retornaron al país figuras como Carlos Ocariz de Primero Justicia, Lester Toledo y Yon Goicoechea de Voluntad Popular, Wilmer Azuaje, Roberto Marrero, Richard Blanco, José Guerra y Marcos Velasco de Vente Venezuela, entre otros. También regresó la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue excarcelada en enero con medidas cautelares. 

Acceso a la Justicia también reportó la eliminación del habeas corpus: “Es la forma en que el sistema de justicia venezolano procesa, o más precisamente, bloquea, las garantías constitucionales de las personas detenidas por razones políticas”. 

Las organizaciones defensoras de derechos humanos concluyeron que El andamiaje legal que el chavismo construyó entre 2000 y 2024 “para criminalizar la disidencia, restringir a la sociedad civil y concentrar poder discrecional en el Ejecutivo no fue tocado durante el período entre enero y mayo de 2026”.

Las ONG consideran que este pilar está en rojo, pues la arquitectura legal de la represión permanece intacta” y la sociedad civil “opera pese al marco adverso y bajo todos los riesgos, no porque el contexto haya cambiado radicalmente”.

Multilateralismo y cooperación con organismos internacionales: contactos exploratorios sin cooperación plena

Las organizaciones reiteraron que el gobierno chavista no coopera con los organismos internacionales y pusieron como ejemplo el caso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que opera exclusivamente desde Ginebra, sin acceso al territorio venezolano ni a los archivos del Estado.

Recordaron que en febrero de 2024, el gobierno de Maduro dio 72 horas a 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para abandonar Venezuela.

Pese a que las relaciones se reanudaron después del 3 de enero, Rodríguez utilizó a la oficina del Alto Comisionado para pedirle que verificara las excarcelaciones recientes: “No para abrir archivos, no para inspeccionar centros de detención, sino para validar una narrativa”, se denuncia en el documento, en el que también se resalta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha podido realizar una visita in loco con acceso pleno al territorio venezolano desde 2002.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió ante el Consejo Permanente que se permita la visita in loco, señalando que esta proporcionaría la transparencia y la rendición de cuentas que el pueblo venezolano merece. 

“La sociedad civil y los mecanismos internacionales han sido consistentes: sin presencia efectiva en el territorio, sin acceso a archivos y sin cooperación real con la Corte Penal Internacional (CPI), ningún avance anunciado por el gobierno puede ser verificado de forma independiente”, insistieron.

El color asignado a este pilar en el termómetro fue amarillo-rojo, ya que aunque hubo contactos exploratorios reales no se tradujeron en cooperación plena. Como hitos positivos, destacan la primera presencia física de la OACNUDH en el territorio venezolano desde su expulsión, el aumento significativo de testimonios a la FFM, y el reconocimiento explícito por parte de mecanismos internacionales de que el contexto ha cambiado gracias al trabajo de las organizaciones y grupos de víctima. Resaltan que aunque esto debe ser reconocido, son movimientos “insuficientes”.

A pesar de estos discretos avances, la CIDH lleva 24 años sin visita in loco plena; la FFM opera sin acceso al territorio; la OACNUDH negocia una reinstalación que tres meses después no se ha concretado y no ha habido ninguna acción dirigida al cumplimiento de sentencias internacionales.

¿Cómo mejorar la justicia, verdad y estado de Derecho en el país?

Las 20 organizaciones de la sociedad civil añadieron al informe un decálogo de exigencias prioritarias para encauzar una transición democrática genuina. Entre los puntos propuestos, se encuentran:

–Liberar a todos los presos políticos de forma plena e incondicional

-Reconocer los crímenes de Estado cometidos

-Nombrar, erradicar y sancionar las violaciones normalizadas

-Derogar y reformar el marco normativo restrictivo del espacio cívico

-Garantizar la independencia del sistema de justicia como condición previa a cualquier reforma institucional

–Designar un contralor general con perfil independiente y siguiendo los pasos constitucionales

-Firmar un nuevo memorándum de entendimiento con la OACNUDH que garantice mandato pleno

-Cooperar activamente con la Corte Penal Internacional (CPI)

-Invitar y aceptar las visitas de la CIDH, los relatores especiales de la ONU y la FFM durante 2026

-Abrir investigaciones penales inmediatas sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Sin reestructuración de la deuda no hay paraíso 

Meganálisis: Imagen positiva de Trump entre los venezolanos cayó 70,6 % entre enero y julio de 2026

Bryan Granado
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Meganálisis: Imagen positiva de Trump entre los venezolanos cayó 70,6 % entre enero y julio de 2026

La imagen positiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre los venezolanos, cayó 70,6 % entre enero y julio de 2026, según los resultados de la encuesta Verdad Venezuela, elaborada por Meganalisis. El estudio refleja un aumento de sentimientos negativos hacia el mandatario estadounidense, mientras el país continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio y una compleja situación económica y social.

Venezolanos expresan decepción e indignación ante postura de Trump

De acuerdo con la medición, el respaldo de la administración Trump a figuras vinculadas con la cúpula chavista generó decepción en 77,5 % de los encuestados, confusión en 71,6 % e indignación en 69,9 %.

Además, 57,7 % de los venezolanos afirmó no confiar en que el presidente estadounidense busque lo mejor para el pueblo venezolano.

La encuesta Verdad Venezuela fue realizada por Meganalisis entre el 18 y el 28 de julio de 2026, con una muestra de 1187 personas mayores de edad de ambos sexos, pertenecientes a distintos estratos sociales y con cobertura nacional en Venezuela.

Trump insiste en una Venezuela “feliz”

Los resultados del estudio se conocen luego de declaraciones de Trump en las que aseguró que Venezuela atraviesa una nueva etapa de bienestar, pese a las consecuencias dejadas por el terremoto y los problemas que todavía afectan a la población.

Durante una entrevista con el periodista Trace Gallagher de la cadena Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que, aunque el país había sufrido “un terremoto muy malo”, Venezuela era “muy feliz de nuevo”.

“Tuvieron la tragedia el otro día, un terremoto, supongo que así se le llamaría. Fue uno muy malo, pero aparte de eso, tienen un país que es muy feliz de nuevo”, expresó Trump.

El presidente estadounidense atribuyó ese supuesto cambio a sus decisiones posteriores a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, al asegurar que sus acciones generaron beneficios económicos tanto para Washington como para Caracas.

Una narrativa que contrasta con la percepción ciudadana

Las declaraciones de Trump ocurren mientras Venezuela continúa afrontando las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6000 fallecidos según datos oficiales, viviendas afectadas y daños materiales de gran magnitud.

El Banco Mundial calculó que los daños físicos directos ocasionados por la emergencia alcanzan los 19 600 millones de dólares, con afectaciones principalmente en viviendas residenciales, infraestructura y edificios no residenciales.

Además, comunidades venezolanas siguen reportando dificultades relacionadas con servicios públicos, condiciones económicas precarias y limitaciones para la recuperación tras la tragedia.

Desconfianza frente al escenario venezolano

La medición de Meganalisis muestra que la percepción sobre Trump se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad ciudadana por la emergencia sísmica y sus consecuencias.

Los resultados de Verdad Venezuela reflejan una brecha entre el discurso del mandatario estadounidense sobre una supuesta recuperación del país y la valoración de los venezolanos sobre su realidad actual, marcada por la preocupación, la incertidumbre y la demanda de respuestas ante la crisis.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

En los venezolanos predomina la indignación por manejo de la crisis postsismo, según Meganálisis

En los venezolanos predomina la indignación por manejo de la crisis postsismo, según Meganálisis

Bryan Granado
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En los venezolanos predomina la indignación por manejo de la crisis postsismo, según Meganálisis

Ocho de cada diez venezolanos aseguran sentir indignación tras los sismos registrados el 24 de junio de 2026, mientras que la impotencia y la tristeza completan el panorama emocional de una población que evalúa negativamente la gestión de la crisis. Así lo refleja la encuesta Verdad Venezuela, elaborada por Meganálisis entre el 18 y el 28 de julio, que midió las percepciones ciudadanas sobre el impacto del desastre, la actuación de las autoridades y la respuesta humanitaria.

La encuesta fue aplicada a 1187 personas mayores de edad de ambos sexos, pertenecientes a los estratos sociales A, B, C, D y E, con cobertura nacional en el Distrito Capital y los 23 estados del país. El levantamiento se realizó mediante entrevistas telefónicas asistidas por computadora (CATI), con un margen de error de ±2,84 % y un nivel de confianza de 95 %.

Indignación, impotencia y tristeza marcan el impacto emocional

Según el estudio, 80,2 % de los consultados manifestó sentir indignación después del evento sísmico, seguido por 73,8 % que expresó impotencia y 70,5 % que señaló tristeza como una de sus principales emociones.

Entre los aspectos que la población considera más dolorosos destacan la pérdida de hijos, con 98,4 % de las respuestas; la percepción de que el sufrimiento pudo haberse evitado, con 93,1 %; y la cantidad de personas fallecidas, con 92,6 %.

Los resultados reflejan que las consecuencias del desastre no solo son percibidas desde el daño material, sino también desde una dimensión emocional vinculada al duelo, la pérdida y la respuesta institucional.

Rechazo a la gestión oficial de la emergencia

La evaluación ciudadana sobre la actuación del Gobierno durante la crisis fue mayoritariamente negativa. De acuerdo con lo recolectado por la organización, 91,6 % de los encuestados calificó como mala o muy mala la respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Además, 95,9 % considera que las autoridades pudieron haber hecho más frente a la emergencia y sus consecuencias.

La falta de información oficial también aparece como uno de los principales factores de desconfianza. El 93 % de los participantes afirmó que la información entregada por las autoridades fue insuficiente o inexistente, mientras que 94,1 % aseguró no confiar en los datos proporcionados por el Gobierno.

Ciudadanos cuestionan actuaciones durante la tragedia

La medición también consultó sobre hechos que generaron indignación durante la atención de la emergencia. En total, 95,4 % de los encuestados manifestó rechazo ante presuntas fallas éticas en el manejo de la crisis.

Entre las situaciones que provocaron mayor molestia se encuentra la denuncia de robos y saqueos por parte de funcionarios de seguridad en zonas afectadas, mencionada por 98,3 % de los consultados.

Asimismo, 97,4 % expresó indignación ante la supuesta obstaculización de ayuda humanitaria proveniente de civiles, mientras que 96,9 % cuestionó limitaciones para la llegada de rescatistas.

Solidaridad ciudadana como principal activo

Aunque la percepción sobre la respuesta institucional fue negativa, los venezolanos valoraron la capacidad de organización y apoyo comunitario durante la emergencia.

La solidaridad de los ciudadanos fue considerada el aspecto más admirable por 90,3 % de los encuestados, seguida por la generosidad de la población, con 88,4 %.

El respaldo recibido desde otros países también fue reconocido positivamente por 85,8 % de los participantes, como parte de los elementos que contribuyeron a la atención de las comunidades afectadas.

Redes sociales desplazaron a los canales oficiales

Ante la percepción de falta de transparencia, las redes sociales asumieron un papel central durante la emergencia. El 86,2 % de los venezolanos consultados indicó que utilizó plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y X como principales fuentes para informarse sobre lo ocurrido.

Los resultados de la encuesta Verdad Venezuela reflejan que, tras los sismos del 24 de junio, la población venezolana mantiene como principales demandas una mayor transparencia en la gestión pública, información confiable y una respuesta humanitaria capaz de atender las consecuencias del desastre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Voluntarios apoyan a personas con discapacidad en la reconstrucción de sus rutinas tras los sismos
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