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DDHH Olvidados | Carlos Salazar, desaparecido por grabar a Alex Saab comprando en una tienda

El abogado Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar por lo que se introdujo ante la Fiscalía Quinta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha responsabilizarse sobre el paradero de Salazar

@yeannalyfermin

 

La última vez que vieron a Carlos Salazar fue en Punta de Piedras en la calle Los Módulos, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vestía franela naranja, bluyín azul y zapatos deportivos.

Salazar, de 60 años, jubilado de Pdvsa, desapareció el pasado 5 de febrero de 2023 a las 5:30 p.m. mientras se encontraba haciendo unas diligencias personales y desde entonces no se tiene información oficial sobre su ubicación. 

Andrea Castellanos Salazar, sobrina del señor Salazar, precisó que lo han buscado en la policía estadal, comandos militares, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión (Conas), así como en la Fiscalía 12 del Ministerio Público de la entidad, y no han logrado dar con su paradero.

Al leer estos primeros párrafos, pareciera que la desaparición de Carlos Salazar es común y muy similar a otras que han ocurrido en el pasado; sin embargo, no lo es. Un testigo allegado a la familia Salazar contó que al jubilado se lo llevaron varios hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta blanca doble cabina sin placas y otros dos carros negros pequeños, también sin placas. 

El boleto a la desaparición fue un video 

La grabación de un video que se hizo viral en redes sociales fue el boleto directo a la desaparición de Carlos Salazar. El audiovisual, que según contó Castellanos fue grabado a finales de enero, mostraba al empresario colombiano Alex Saab junto a un joven que se presume es su hijo de compras en una tienda en la Isla de Margarita. 

“Ta’ ahí con el carajito, hablando por teléfono. ¡Qué arrecho! Como se da bomba aquí en Margarita, el ‘malandro’, ese qué arrecho ese m&@$#/o. Mira el ‘malandro’ de Álex Saab que está entrando ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arrecho”, se escucha en el video, mientras Saab ingresaba la entrada de una tienda deportiva.

Andrea Castellanos detalló que cinco días antes de que desapareciera su tío ya lo andaban investigando para dar con su paradero. “Él le contó a un amigo abogado que sentía que lo estaban persiguiendo, también le dijo que varias personas le habían comentado que estaban preguntando por él, por su mamá y por su hermano mayor. Ese lunes salió y no regresó más”, dijo. 

Castellanos relató que a Salazar se lo llevaron y le habrían mencionado que era por motivo de investigación, sin decirle la razón exacta. “Se lo llevaron junto a un testigo que es exmilitar retirado. Al exmilitar lo sueltan y no le devuelven su teléfono. El carro de mi tío también está desaparecido, un Mazda 6 plateado”. 

“No sabemos dónde está mi tío, no sabemos dónde está su carro, no sabemos nada. En los organismos policiales solo nos dan información negativa. Grabar un video fue todo el delito que cometió”, aseveró Castellanos. 

El abogado y miembro del Foro Penal, Pedro Arévalo explicó en entrevista para Runrun.es que no tienen ningún tipo de información sobre el paradero de Carlos Salazar, por lo que se introdujo ante la Fiscalía 5ta una denuncia por desaparición, en virtud de que ningún cuerpo policial ha querido informar o responsabilizarse sobre dónde lo tienen detenido.

“Lamentablemente, no podemos introducir un Hábeas Corpus porque para utilizar ese recurso teníamos que obligatoriamente decir quién es el agraviante y aquí como no se sabe quién es el agraviante -si la GNB, Dgcim, Sebin,  ninguno de esos organismos- pues se incrementa más la incertidumbre de la desaparición de Carlos”, explicó Arévalo. 

El abogado aseguró que grabar un video, y específicamente el video que grabó Carlos Salazar, no constituye un delito: “Carlos Salazar grabó un video en un pasillo de un centro comercial, un lugar público, no es dentro de la vivienda de Alex Saab, ni de la tienda donde estaba… que en ese momento estaba entrando Saab tampoco es un delito porque es una figura pública, ¿que si utilizó expresiones grotescas?, sí, pero no hay ningún tipo de circunstancias de delito”, dijo.

Pedro Arévalo insistió en que no hay y no existe una restricción para grabar un video y menos si se trata de una persona que es reconocida ampliamente en Venezuela. 

Familia desesperada 

Hasta el momento de la redacción de esta nota, Carlos Salazar llevaba 11 días desaparecido y su familia estaba desesperada por saber en dónde y cómo está. 

Andrea Castellanos afirmó que todos viven una incertidumbre muy grande y exigen una fe de vida. 

“Quiero respuestas, quiero saber cómo está él, su salud, si va a ser procesado o presentado en algún tribunal, quiero saber si, dentro de lo que cabe, está bien”, pidió la joven. 

Castellanos detalló que su tío es una persona muy tranquila y amable. No tiene esposa ni hijos y desde su jubilación se ha dedicado a cuidar de su madre, quien tiene 90 años y no está al tanto de la situación de Carlos por temor a que su salud se vea afectada. 

Violencia psicológica: Una realidad que afecta a diario mujeres en Anzoátegui

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El esposo de Anaís la humillaba cada vez que llegaba a la casa, la responsabilizaba hasta de los virus que su hijo contraía y había comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas

Las mujeres prefieren callar y aguantar la violencia psicológica a la que sus parejas las han sometido para evitar acudir a algún cuerpo de seguridad para actuar en sus defensas y esquivar la revictimización.

Tal es el caso de Anaís Rojas, de 37 años, quien durante nueve años continuos vio cómo poco a poco le limitaron sus derechos, reseña un reportaje de Mujeres Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto Venezolano de Prensa y Sociedad (IPYS).

En los primeros años de casada, Anaís sentía que de esa forma su esposo la cuidaba y le demostraba su amor, pero hoy en día asegura que fue víctima de violencia psicológica durante mucho tiempo.

“El amor nos ciega, a tal punto de sentirnos cómodas y seguras cuando nuestras parejas vigilan cualquier movimiento y conducta diaria, hasta que logran dominarnos por completo. Nos convertimos en seres inferiores y cuando queremos actuar ya es muy tarde”, aseguró.

Cuando Anaís se graduó de Técnico en Informática, su esposo le pidió que trabajara desde casa y le prometió que le brindaría las comodidades que ella necesitaba. Dos años después quedó embarazada y sus funciones se limitaron a cuidar su hijo y atender su hogar.

En los momentos en que le ofrecían algún trabajo, su esposo le decía que el bebé estaría en riesgo al cuidado de terceros, “formas de micromachismo que terminaron dañando su autoestima”.

La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia establece en su artículo número 15 que la violencia psicológica es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celopatía y todo acto que conllevan a las mujeres a disminuir el autoestima, a la depresión e incluso el suicidio.

Bajo la sombra de la persecución

El pequeño de Anaís comenzó a asistir a la escuela y ella aprovechaba la mañana para hacer algunos trabajos que le permitieran obtener algunos ingresos adicionales. Una empresa española la contrató para que se encargara del funcionamiento de las computadoras y cámaras de seguridad.

Luego de clamar a su pareja para que la dejara trabajar, él la llevaba y la buscaba en el trabajo, y nunca le permitió contratar a una niñera para que la ayudara con su pequeño y con los quehaceres del hogar.

“Tenía que llegar a la casa a atender mi hogar y a cuidar de mi pequeño. Una de sus exigencias era que yo mantuviera planchada y limpia toda su ropa de trabajo. Es abogado y siempre usaba camisas manga larga”, recordó.

Gracias a su buen desempeño laboral, Anaís pasó a ser encargada y supervisora del departamento que le fue asignado desde un principio y debía capacitar a sus compañeros de trabajo para que mantuvieran el buen funcionamiento de los equipos. Llegó a superar en ingresos mensuales a su esposo y allí comenzó a vivir lo que ella califica como “la peor faceta de mi vida”.

Sin saberlo estaba siendo víctima de violencia psicológica. Su esposo la humillaba cada vez que llegaba a la casa, la responsabilizaba hasta de los virus que su hijo contraía y había comenzado a hablar mal de ella a sus espaldas.

“Una vez me encontré a una amiga en el supermercado y me preguntó que quién estaba al cuidado de mi hijo porque le habían dicho que el niño estaba súper descuidado y que yo ya no lo quería ni atender. Tiempo después supe que había sido Alfredo el que habló con ella”.

Revictimización al actuar en su defensa

Alfredo se había vuelto violento. Anaís asegura que gritaba a diario y discutían por cualquier situación y por segunda vez en menos de un año la volvió a correr de su propia casa.

“Me dijo que si no estaba con él no estaría con más nadie en la vida. Ese día me fui directo a la comandancia de Polisotillo. Allí estuve tres horas poniendo una denuncia y luego lo citaron a él. Cuando fuimos los dos, los funcionarios nos hicieron firmar una caución y nos comprometimos a vender la casa para que cada quien tenga su parte, pero Alfredo era el único que podía estar dentro de mi hogar, así lo dijeron ellos. Yo tuve que buscar a donde ir con mi hijo”.

A pesar de que ambos se habían comprometido en cumplir con un mínimo de alejamiento y en respetarse mientras compartían la custodia del pequeño, Alfredo la seguía vigilando y la perseguía a todos lados, pero cuando fue a efectuar nuevamente la denuncia le aseguraron que tenía que llevar evidencias de ello.

“Decidí enfrentarlo, y cuando lo descubrí, de la rabia e impotencia lo agredí y por eso estuve dos días detenida en la comandancia de Polianzoátegui, cuerpo de seguridad al que él acudió para denunciarme. Desde entonces he sentido mucho temor de salir sola a la calle y me genera mucha angustia cada vez que le toca un fin de semana con el niño”, destacó.

Los cuerpos de seguridad, investigaciones y el Ministerio Público están en la obligación de actuar en defensa de Anaís, pero no ha ocurrido así y como ella decenas de mujeres han preferido callar y soportar antes de vivir esta experiencia.

Atención al descuido

La psicóloga Laura Barreto asegura que muchas mujeres no toman en serio los daños que puede generar a futuro haber padecido actos de violencia psicológica por tiempo prolongado, e invita a las posibles víctimas a solicitar ayuda a expertos para sanar cada situación.

“En los 16 años que tengo de experiencia he notado que muy pocas mujeres acuden a la consulta para atender los ciclos de inseguridades y baja autoestima que trae como consecuencia haber sido víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar y ello trae como consecuencia la dificultad de construir un nuevo hogar en armonía”, resaltó.

La especialista asegura que el Gobierno no garantiza atención psicológica gratuita a las mujeres víctimas de violencia y muchas carecen de recursos para asistir a consultas privadas que actualmente superan los 40 dólares por cada sesión.

Lea el reportaje completo aquí

Plataforma Unitaria a comunidad internacional: Gobierno ratifica su carácter autoritario

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La candidata opositora electa en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado, rechazó el cierre de Oacnudh y la expulsión de todo el personal de la oficina, ordenada por la administración madurista

La Plataforma Unitaria Democrática advirtió a la comunidad internacional que la administración de Nicolás Maduro ratifica su “carácter totalitario” con la suspensión de actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.

Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la coalición opositora rechazó la decisión del oficialismo que dio el cierre a la Oacnudh en Caracas.

“Ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”, señaló la Plataforma Unitaria.

En ese sentido, llamaron a la comunidad internacional “para que de manera unánime rechace esta decisión” y agradecen el “compromiso” con los venezolanos “en su lucha por la conquista de la democracia y la libertad”.

Machado: Expulsión de Oacnudh asoma una escalada represiva

La candidata opositora electa en la primaria de octubre de 2023, María Corina Machado,  también rechazó el cierre de Oacnudh y la expulsión de todo el personal de la oficina, ordenada por la administración madurista.

Mediante un comunicado que publicó en X, Machado advirtió que la “arbitrariedad” dificulta el acceso a información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil, y la defensa y protección de víctimas.

Además, alertó que esta acción parece anunciar una escalada aún mayor de la persecución, “sin tan importantes testigos que puedan informar al mundo de las atrocidades que el régimen comete”.

“Es Maduro quien ha tomado la decisión de violar los Acuerdos de Barbados para así intentar alejar a la inmensa mayoría de los venezolanos del cambio político que anhelan. El régimen sabe que esa mayoría lo repudia y por eso el régimen le teme, por eso actúa a través del acoso, la persecución, la represión, la tortura y el hostigamiento contra dirigentes políticos, gremiales, activistas de derechos humanos”, afirmó.

Además, cuestionó a los gobiernos del exterior si callarán “frente a una clara conducta que ha hecho que el régimen incumpla los acuerdos, a pesar de que el resto de los actores hemos cumplido la nuestra”.

Cinco consecuencias del cierre obligado de la oficina del alto comisionado de la ONU

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El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La ONG Defiende Venezuela alertó sobre cinco consecuencias que puede traer el cierre obligado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ordenado por la administración de Nicolás Maduro.

El gobierno madurista, además de suspender las actividades de Oacnudh, dio un plazo de 72 horas al personal de la oficina para que abandonaran el país.

Para la organización, esta medida la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos humanos.

Además, se prevé que genere una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han logrado obtener gracias al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

Darrin Gibbs, abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Procesal, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, afirmó que esto dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

Por su parte, Ezequiel Monsalve, abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:

Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado

El cese de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos.

Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos

La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.

Abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección

El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos, alerta Defiende Venezuela.

Limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país

La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país.

Esta restricción “dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas”, asegura la ONG. 

Limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación

La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones.

Este déficit de información “confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes”, concluye Defiende Venezuela. 

*Nota de prensa

¿Estuvo Rocío San Miguel bajo desaparición forzada?

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Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada

“Mitómanos”. Así se refirió Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, a los defensores de derechos humanos y abogados que denunciaron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Durante una rueda de prensa de este miércoles, 14 de febrero, Saab negó que durante el procedimiento de detención de San Miguel se haya cometido una desaparición forzada, además de afirmar que la audiencia de presentación de la activista se realizó “dentro de los lapsos legales”.

En ese sentido, aseguró que «decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito» con el que se pretende «enlodar» a las instituciones.

https://twitter.com/BouttoErik/status/1757829134678384916

Algunos simpatizantes del oficialismo negaron que San Miguel estuviera bajo desaparición forzada puesto que habían informado que estuvo detenida. Tal es el caso del periodista Clodovaldo Hernández, quien argumentó la existencia de una orden de captura anunciada previamente por el Ministerio Público.

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a pesar de las afirmaciones de Tarek William Saab, sigue denunciando que la defensora de DDHH Rocío San Miguel y sus familiares, “fueron víctimas de desaparición forzada por más de 100 horas”.

“Aunque el fiscal de la ANC quiera ocultarlo, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico”, añadió Provea.

Las omisiones de Saab

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Cidfp) define cuatro elementos para que se configure una desaparición forzada: que la persona sea privada de su libertad por funcionarios o personas que actúen en nombre o con aprobación del Estado; que las autoridades se nieguen a reconocer dicha captura; que se niegue información sobre la persona y que no se informe sobre el lugar donde se encuentra.

Al respecto, la ONG Acceso a la Justicia recordó que aunque el 11 de febrero Tarek William Saab reconoció que Rocío San Miguel estaba en poder de las autoridades, omitió cualquier otra información, algo que era “indispensable” para que este caso dejara de considerarse como una desaparición forzada.

Explica la organización que Saab obvió informar qué organismo de seguridad realizó la captura de San Miguel y qué tribunal dio la orden. Tampoco indicó dónde estaba la activista en ese momento, ni si había sido presentada ante un juez dentro de las 48 horas que ordenan la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

Los días 12 y 13 de febrero Saab publicó un post y un comunicado a través de su cuenta de X (antes Twitter), en los cuales aseguró que su despacho había actuado «en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales», pero sin responder a las dudas arriba planteadas.

A pesar de que el Ministerio Público emitió dos declaraciones sobre Rocío San Miguel, en ninguna de ellas se indicó dónde se encontraba, no se informó sobre su estado de salud ni las condiciones de su detención, por lo que, a juicio de Acceso a la Justicia, “puede interpretarse que existía la deliberada intención de no informar dónde se encontraba”.

Saab también se limitó a informar que imputó a la activista por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros, ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo de Caracas, y que solicitó su detención preventiva.

No solo Rocío San Miguel

Tarek William informó que Alejandro José González De Canales Plaza, exesposo de San Miguel y militar retirado, sería detenido preventivamente, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

También, habló de otras personas que no identificó, pero, según Acceso a la Justicia, se estima que se trataba de  Miranda Díaz San Miguel, hija de San Miguel; y tres personas cercanas a ella (sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta, padre de su hija), quienes fueron posteriormente excarcelados y deberán presentarse periódicamente ante los juzgados. El fiscal tampoco aclaró en ese momento dónde estaban esas personas.

“Lo descrito hace que la desaparición forzada no se limite a Rocío San Miguel, sino que también abarque a sus familiares, de los que nunca se informó sobre su paradero, ni las condiciones de su detención de forma expresa y clara, tampoco sobre su salud”, agregó Acceso a la Justicia.

¿Quién miente?

Las declaraciones de Saab fueron propicias para que los defensores de DDHH, abogados y organizaciones no gubernamentales lo desmintieran.

Uno de ellos fue el exvicefiscal general Zair Mundaray, quien consideró que, en sus palabras, Saab “ha confesado decenas de violaciones al debido proceso y trata de desmontar el crimen de desaparición forzada admitiéndolo”.

Para el abogado, Saab elude mencionar a los familiares de Rocío San Miguel, quienes también estuvieron detenidos por funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y cuatro de ellos fueron excarcelados con medidas cautelares.

“(Saab) afirma que San Miguel pidió defensa pública, mientras sus dos abogados recorrían centros policiales y tribunales tratando de juramentarse para defenderla (…) Gracias, Tarek, por contribuir a demostrar el terrorismo de Estado”, añadió.

Mundaray recordó que desde el viernes 9 de febrero los abogados de San Miguel iniciaron la búsqueda de la activista y que el Estado no informó de su paradero, situación jurídica e impidió el ejercicio de sus derechos y el del resto de su familia.

“¿Será que Tarek miente?¿Cree que cuando reconoció que Rocío San Miguel estaba presa, luego de más de 72 horas sin que se tuvieran noticias de su paradero, ya el crimen de desaparición forzada dejó de existir o no se cometió? Eso equivale a pensar que cuando el secuestrador libera a su víctima, el delito de secuestro no existió”, condenó Mundaray.

A su vez, la activista Gabriela Buada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, afirmó el 14 de febrero que Saab “miente” y destacó las violaciones de los DDHH en el caso de San Miguel:

– No tuvo acceso a sus abogados.

– Se informó del centro de reclusión a los 4 días de haber ocurrido.

– Hoy sigue incomunicada, en situación de vulnerabilidad.

– Utilizaron a su familia para amedrentarla y quebrarla.

– Los presentaron luego de las 48 horas de las detenciones.

Excusas de mala fe

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Decir que los empresarios pueden colaborar con el gobierno y a la vez pretender que al hacerlo están exentos de que los cuestionen por una supuesta obligación es un argumento de mala fe

 

@AAAD25

Quienes me conocen en persona o leen esta columna regularmente saben que una opinión mía, nada exenta de polémica, es que cabe esperar que los grandes entes de la sociedad civil mantengan trato cordial con la elite chavista mientras no se vea un cambio de gobierno en el horizonte. Así sea solo para sobrevivir. Debido a la intolerancia extrema del chavismo a la crítica, lograr aquella cordialidad pasa necesariamente por abstenerse de criticarlo, lo que a su vez supone en términos prácticos abstenerse de hablar de política venezolana en general. Así, desde una posición neutral, pueden entenderse con Miraflores y procurar que el poder cree o mantenga las mejores condiciones posibles para sus respectivas actividades. Si el resultado en tal sentido es subóptimo, no importa, ya que la alternativa es el reclamo que puede desatar la furia gubernamental y la consecuente posible aniquilación.

Pero siempre he dejado claro que hay un límite ético para esta postura, un punto a partir del cual el cuestionamiento se vuelve inevitable. Y es cuando los entes de la sociedad civil, en vez de evitar “meterse en política”, intervienen en respaldo de la elite gobernante. Lamentablemente, ya está ocurriendo. Se ve sobre todo en las grandes organizaciones patronales, representantes de las elites empresariales del país. No solamente porque repiten la propaganda chavista sobre las sanciones internacionales como culpables del empobrecimiento de las masas, sino además porque promueven con entusiasmo sus actos, aunque sea evidente que, como todo lo que hace este gobierno, el propósito es en beneficio exclusivo de los poderosos y no del país entero. Verbigracia, llamaron a votar en la “consulta” sobre el reclamo del Esequibo, aunque su objetivo no fuera realmente fortalecer la posición de Venezuela en la disputa, sino desviar la atención puesta en la exitosa elección primaria de la oposición y tratar de movilizar ciudadanos a favor del chavismo.

Ahora tenemos a Fedecámaras tomando parte en las reuniones convocadas por la elite chavista para definir el cronograma de las “elecciones” presidenciales y emergiendo de las mismas sin más que un tímido y anfibológico llamado a que se mantengan los llamados Acuerdos de Barbados y un tácito consentimiento de los planes de llevar a cabo el proceso excluyendo a la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado.

Hasta donde yo sé, la propia organización ha preferido ignorar el torrente de repudio resultante. Pero no le han faltado terceros que acudan en su defensa. Entre sus argumentos está algo que más o menos refleja la premisa en el primer párrafo de este artículo, pero que ignora el límite ético. Si usted sospecha que me refiero a conspicuos devotos del fetichismo electoral y edulcorantes del panorama político para justificar a una oposición de mentira, pues acierta. Dicen, pues, estos señores que los empresarios están obligados a involucrarse en la simulación de democracia porque lo contrario sería un desplante que el chavismo vería con muy malos ojos y que los expondría a represalias que harían daño a lo que queda de sector privado. Dado que son empresarios y no dirigentes políticos opositores, pues es natural que hagan lo que tengan que hacer para velar por sus intereses empresariales. No se les puede juzgar porque actúan más allá de la política.

¿Es esto cierto? En primer lugar, hay que decir que la elite chavista no necesita de ninguna manera que Fedecámaras le legitime sus argucias. Le basta con que la organización, así como el público en general, no lo estorbe con gestos de oposición. En otras palabras, la tesis sobre una supuesta obligación es espuria y era posible que la patronal se quedara, digamos, en neutro. Pero no. Prefirieron tomar partido. Al hacerlo, se convirtieron en actores políticos. Y todo actor político, que interviene a favor o en contra de un orden público cualquiera, está sujeto a crítica por el público afectado. No se vale inventar privilegios metafísicos de “actor político que trasciende la política”.

Aquellos señores decidieron involucrarse en los planes antidemocráticos del gobierno. Esa escogencia es el quid de la cuestión. Actuaron libremente. Sartre consideraba que los seres humanos siempre actúan libremente pero que, a veces, para no lidiar con las posibles consecuencias negativas de sus decisiones, aducen que factores externos los forzaron. Es un autoengaño y un intento de renegar de la libertad propia para no asumir responsabilidades. Sartre lo llama “mala fe”. Decir que los empresarios pueden colaborar con el gobierno y a la vez pretender que al hacerlo están exentos de que los cuestionen por una supuesta obligación (cuya existencia, repito, resulta dudosa) es un argumento de mala fe.

Tenemos una elite gobernante a la que la inmensa mayoría de la población atribuye, con toda razón, el desplome de su calidad de vida. Ergo, quien se asocie con ella con miras a mantener el statu quo seguramente se ganará una opinión no precisamente favorable por parte de la ciudadanía. De manera que los órganos de la sociedad civil pueden escoger entre las recompensas materiales de la cercanía al poder arbitrario o el aprecio y la deferencia de la población. Pero no contar con ambas cosas. Creo que, en el caso de las elites empresariales, ya escogieron y la selección es obvia. Sus apologistas deberían tener al menos la dignidad de no lloriquear por el desdén de la gente en un país marcado por exclusiones injustamente grotescas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

El Mañanero del #16Feb: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 16 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y dio 72 horas al personal de la oficina para salir del país. Organizaciones no gubernamentales y defensores de los DDHH advirtieron que esta decisión sobre la Oacnudh aumenta la desprotección de las víctimas. Asimismo, la candidata opositora electa en la primaria del 22 de octubre de 2023, María Corina Machado, exigió la liberación de la activista Rocío San Miguel y de un grupo de dirigentes y activistas de Vente Venezuela recientemente detenidos. 

Oficialismo expulsa al personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

Advierten que expulsión del personal de oficina del alto comisionado aumenta desprotección de las víctimas

CTV aspira a que gobierno decrete “aumento significativo del salario mínimo” en marzo

Juventud venezolana, entre la exclusión y la apatía

Machado exige liberación de Rocío San Miguel y de activistas de Vente Venezuela

#MonitordeVíctimasCaracas I Asesinan a dos amigos en Petare durante asueto de Carnaval

Embajada de España en Caracas sigue de cerca caso de Rocío San Miguel

Derrames petroleros afectan la biodiversidad y vulneran una cadena de derechos

“Exigimos la inmediata liberación de Víctor Venegas, Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López, Rocío San Miguel y Carlos Salazar. Libertad para todos los presos políticos”, María Corina Machado, candidata opositora electa en la primaria del 22 de octubre de 2023 #15Feb

Principios rectores de un pacto de convivencia pacífica para Venezuela

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Pareciera que los acuerdos parciales de Barbados deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna

 

@victoralvarezr

Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los acuerdos parciales de Barbados, aun a riesgo de que se reactiven las sanciones.

Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?
  2. ¿Cuál sería el marco del Pacto de convivencia pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?
  3. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden amnistiarse y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?
  4. ¿Cómo se designaría en ese pacto el Alto Mando de la FANB, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional?
  5. ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad poselectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?
  6. ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EE. UU., las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?
  7. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?
  8. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?
  9. ¿Cuál es el papel de EE. UU. y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?
  10. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica?

Te invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo Fernández, quien responde todas y cada una de estas preguntas en el nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es