La activista de Control Ciudadano es hispano-venezolana
El Gobierno de España a través de su embajada en Caracas alertó que se encuentra monitoreando el caso de la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
San Miguel, quien además de venezolana tiene nacionalidad española, fue aprehendida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando pretendía abordar un avión hacia Miami en compañía de su hija.
“La embajada está siguiendo el caso desde que tuvo conocimiento de la detención. La delegación diplomática hace gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular y garantizar que se respeten sus derechos”, dijo una fuente de la embajada.
Es el primer pronunciamiento oficial de una dependencia del Gobierno de España, el cual se ha mantenido de bajo perfil pese a que la detención de San Miguel se ha esparcido como pólvora en distintos medios de comunicación internacionales.
La aprehensión de San Miguel está vinculada a las investigaciones del Gobierno madurista en relación a la conspiración denominada Brazalete Blanco, denunciada por el propio Maduro en la exposición de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero.
A San Miguel le acusan de haber cometido delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Otros familiares de la activista fueron detenidos y excarcelados su hija Miranda, su ex esposo Víctor Díaz Paruta y sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel.
Este miércoles 14 de febrero, varios representantes de organizaciones no gubernamentales protestaron frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir la inmediata liberación de San Miguel.
Las ONG denunciaron que con San Miguel se produjo una desaparición forzada, tesis que negó el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
“Cuando se meten con Rocío, se meten con todos”, dijo la representante de Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Thineo.
La detención de la activista ha sido criticada por Amnistía Internacional, la ONU y el Gobierno de los Estados Unidos.
