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Expresidente uruguayo “Pepe” Mujica aseguró que Venezuela tiene un gobierno autoritario

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Cuestiono la forma en como la vicepresidenta Delcy Rodriguez se dirigió al presidente Luis Lacalle Pou

 

Para el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, Venezuela tiene un gobierno autoritario y lejos de parecerse a una democracia.

“La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado. Y tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado. Pero yo aprendí esto: en una plaza sitiada cualquier discrepante es un traidor”, dijo a la prensa uruguaya este viernes 16 de febrero.

La reacción de Mujica responde a los insultos proferidos en la red social X, antiguamente Twitter, por la vicepresidenta de la Republica venezolana Delcy Rodriguez al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, donde entre otras cosas le llamó “lacayo” y servil a los intereses del Gobierno de los Estados Unidos.

“Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar de esa forma. Hasta por conveniencia y por razones diplomáticas. Se le fue la moto a la senora”, puntualizó.

Mujica fue consultado sobre si en Venezuela hay una dictadura.

https://twitter.com/5noticiasuy/status/1758615657665446043?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1758615657665446043%7Ctwgr%5E744a7ed8fc7ee87aa098bafbda2dc7c8d77d7541%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftalcualdigital.com%2Fexpresidente-pepe-mujica-asegura-que-venezuela-tiene-un-gobierno-autoritario%2F

 

“¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban. Concentraban el poder y se lo daban a un tipo solo para que mandara. Nada de discrepar ni nada. Orden cerrado, porque en momento de peligro no se puede discutir, tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura del dictador, eso ha sido asi a lo largo de la historia”.

No es la primera vez que Mujica, quien gobernó el país uruguayo en el periodo entre 2010 y 2015, se pronuncia sobre el caso venezolano.

Hace un lustro, también se refirió al gobierno venezolano en esos términos.

“En Venezuela hay una dictadura. Es una dictadura sí, en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto, hay en Malasia donde matan 25 tipos por día y en la República Popular China”, asevero. 

Después de ocupar la Presidencia, Mujica fue electo senador en las elecciones de 2014 y en las de 2019. Renunció a este último cargo en octubre de 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular. En la actualidad es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio.

 

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Sala de Apelaciones de la CPI decidirá el 1 de marzo si continúa investigando al Gobierno venezolano 

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La audiencia será transmitida on line y contará con la presencia de representantes de la Fiscalía de la CPI y del régimen madurista 

 

La Sala Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que el venidero 1 de marzo dictará la sentencia sobre el recurso de apelación introducido por el régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, la cual autorizó la reanudación de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir de 2017.

La audiencia se transmitirá en vivo en el sitio web de la CPI y la sentencia se dictará con la presencia de la Fiscalía de la CPI, los representantes del Gobierno venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con expertos, existen tres posibilidades: continuar la investigación previa aprobación de los jueces, revertir o modificar el proceso o enviar de nuevo el documento a la Sala de Cuestiones Preliminares I para una nueva determinación.

En abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que había recibido, por parte del Gobierno madurista, una solicitud de detener la  investigaciones, bajo el alegato de que estaban siendo investigadas y procesadas por las autoridades. 

En noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala que lleva el caso reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, en particular los delitos de persecución, torturas y abuso sexual. 

En junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación.

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, representaciones de los perjudicados y el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA). coincidieron en la necesidad de que la investigación se mantenga. En el caso de las víctimas venezolanas, incluso se solicitó que se ampliara el tipo de delitos y el periodo de tiempo investigado. Los pasados 7 y el 8 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia donde se abordaron todas las cuestiones planteadas por el régimen de Maduro.

 

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Plataforma Unitaria no planea sustituir candidatura a presidenciales de María Corina Machado…por ahora

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El tema ha sido abordado solo en conversaciones informales porque el objetivo sigue siendo presionar para que se respeten los acuerdos de Barbados

 

El triunfo de María Corina Machado en la Primaria organizada por la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática, que la convirtió en abanderada para las elecciones presidenciales previstas en 2024, así como la ratificación de la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin cumplir con los procesos legales, impone nuevos escenarios a los actores políticos, que buscan la salida del oficialismo del poder por la vía democrática. 

Pero, ahora, la Plataforma Unitaria está en una encrucijada para determinar cuál es la ruta a seguir y quién sería el sustituto de Machado en la candidatura presidencial, en caso de que se llegue a considerar esta alternativa. 

El Pitazo entrevistó a analistas políticos y miembros de la Plataforma Unitaria y el comando de campaña de Machado, para saber si han discutido los nombres de posibles sucesores si la candidata sigue imposibilitada para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tres fuentes de oposición aseguran que el tema ha sido abordado solo en conversaciones informales porque el objetivo de la Plataforma Unitaria está centrado en que se levante la restricción contra Machado en cumplimiento del Acuerdo de Barbados, suscrito por el Gobierno y la oposición en octubre de 2023, que establece un mecanismo para las habilitaciones.

“Tenemos que agotar la vía de la presión al gobierno de Nicolás Maduro. No podemos ceder al primer obstáculo. Aunque todos no tenemos las mismas ideas, estamos claros en que María Corina cuenta con un gran liderazgo. De no ser ella la candidata, su voz será la de más peso a la hora de seleccionar a su sucesor o sucesora. Sin embargo, para eso hay que esperar. Hay que agotar todas las rutas que puedan lograr que se inscriba ante el Consejo Nacional Electoral”, indica un miembro de la Plataforma Unitaria que solicitó no ser identificado en este reportaje. 

En el partido de Machado, Vente Venezuela, también postergan la discusión de un eventual sustituto. 

“No se puede pretender que ella claudique cuando ha logrado que su liderazgo sea reconocido dentro de la propia oposición por el apoyo que consolidó a través del voto en la Primaria. El plan de Vente Venezuela y de María Corina, que debería ser el mismo de la Plataforma Unitaria, es trabajar en función de lograr la inscripción de su candidatura”, explica Morella Rodríguez, integrante de la organización política de Machado. 

La ruta de vencer la inhabilitación parece contar con el aval de Estados Unidos, uno de los actores internacionales que media por la realización de elecciones presidenciales transparentes y competitivas en Venezuela. 

“En este momento estamos enfocados en la inhabilitación. Ella es la candidata de oposición y debe tener el derecho a participar”, afirmó el jefe de Misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, en entrevista realizada con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual, el 1 de febrero de 2024.

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos ejerce presión para que el Gobierno de Venezuela habilite a Machado. Washington le dio plazo a la administración de Maduro hasta el 18 de abril para asegurar la participación de los actores de oposición y continuar con la liberación de presos políticos, de acuerdo con un comunicado oficial publicado el 4 de febrero. El incumplimiento de estas condiciones por Venezuela puede ser el final del alivio de las sanciones a las industrias de petróleo y gas establecido en la licencia general 44. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. revocó la licencia a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) luego de que el TSJ ratificó el bloqueo a la candidatura de Machado.

Debate pendiente sobre posible reemplazo de Machado

Hay dos preguntas pendientes en la oposición respecto a la inhabilitación de Machado: quién podría suplirla y cómo se haría esa designación. La otra interrogante es si la abanderada ejercerá su liderazgo y respaldará a un outsider para que se inscriba como candidato presidencial.

“Aunque se ha abierto un debate en el seno opositor sobre la estrategia ante la inhabilitación a Machado, la Plataforma Unitaria se mantiene cerrada en torno a su liderazgo, pero tiene el reto de tomar prontas decisiones estratégicas ante el escenario que impulsa el Gobierno para adelantar las elecciones [en abril o mayo]”, explica el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón, en su pódcast Análisis político.

La consultora política Carmen Beatriz Fernández aseguró a El Pitazo que Machado no tiene que mostrar sus cartas a la opinión pública ahora sino cuando haya un cronograma electoral. 

“María Corina va a tener acciones preferentes en el camino que se escoja, cualquiera sea ese camino. Creo que es un tema que debe crear consenso, pero no cabe duda de que María Corina tiene acciones preferentes”, indica.

Oposición necesita protocolos de respuesta 

La inhabilitación de Machado, que ratificó la Sala Político Administrativa del TSJ el 26 de enero de 2024, debe conducir a la oposición a establecer protocolos para actuar frente a estas circunstancias, en palabras del politólogo Doriam González.

“Uno de los grandes problemas que tiene la oposición es que toma decisiones sobre la ola de las encuestas y no sobre un parámetro que le permita decidir más allá de las posibilidades de liderazgo que, por supuesto, hay que respetar. Eso indica que María Corina Machado es la gran electora de la oposición venezolana”, responde González a El Pitazo.

El analista recordó que desde la contienda electoral entre Hugo Chávez y Manuel Rosales de 2006, la oposición venezolana designa líder máximo temporal al actor que tenga mejores condiciones ante la opinión pública. Machado, sostuvo, tiene esa característica y ahora necesita convertirse en la articuladora de los actores políticos

“El chavismo sigue avanzando políticamente, fuera de la institucionalidad y de la legalidad, sí, pero sigue avanzando. El dilema que tiene que resolver María Corina es si mantiene la posición de líder que asume hasta ahora o si busca una posición de liderazgo más conjunta y grupal”, precisa.

Si la Plataforma Unitaria evalúa la opción de inscribir a un sustituto en las elecciones, se deben revisar las características que garantizaron el triunfo de Machado en la Primaria del 22 de octubre de 2023, en la que obtuvo 92 % de los votos.

“Mostró un perfil que compraron todos los que salieron a votar por ella en la Primaria, sabiendo que estaba inhabilitada”, reiteró.

Para González, la oposición necesita ver la unidad como una institución y no solo como una instancia que actúa en momentos electorales.

Públicamente, Machado sigue exigiendo la restitución de sus derechos políticos. Durante una entrevista con la revista Semana, la dirigente criticó al gobernador de Barinas, Sergio Garrido, por plantear la búsqueda de un sustituto en caso de que ella no pueda inscribir su candidatura presidencial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hay gente que dice ser opositora y realmente no lo es. El gobernador de Barinas es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen y promueve sus ideas”, declaró la ganadora de la Primaria opositora con 92 % de los votos, el 22 de octubre de 2023.

El escenario del sustituto no es del agrado de Machado porque la deja en una posición de minusvalía y arriesga su conexión con el electorado, dijo un miembro del comando de campaña que pidió la reserva de su identidad. 

“Es por ello que se trabaja para reforzar su candidatura, su liderazgo y no dejarse minimizar por los ataques, como el que pasó en Charallave. Muchos creemos que ella ya tiene algo visualizado y no quiere adelantarse a decirlo”, sostiene la fuente interna.

Por lo pronto, el reemplazo de Machado no es un tema de discusión en su comando ni un punto en su agenda. Mientras tanto, el oficialismo prepara un cronograma electoral en la Asamblea Nacional (AN) desde el 5 de febrero con actores políticos y sociales para consignar esta propuesta en el CNE, el organismo que tiene la tarea de anunciar la fecha de las presidenciales y presentar el cronograma.

 

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En Venezuela los delitos informáticos son cada vez más frecuentes

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 Actualmente las cifras que se conocen sobre delitos son las publicadas por el Observatorio Venezolano de Violencia

Foto: AFP

Los casos de delitos informáticos en Venezuela cada vez están más a la orden del día por un repunte en los últimos años. Según Odalis Caldera, comisaria y experta en materia de seguridad y de orden público, han tenido mayor incidencia debido a la situación económica como la que vive el país.

En una entrevista para Circuito Éxitos con el periodista Román Lozinski, la experta dijo que en estos delitos para el ciberdelincuente, “hay menos riesgos en el anonimato y mayor ganancia”. Destacó que las estafas a través de Marketplace continúan, sobre todo para aquellos que buscan comprar vehículos. Además de esta modalidad, “las personas caen en las ofertas que les hacen a través del chat, el WhatsApp, correo, Instagram” y otras redes sociales diariamente.

“El nuevo paquete chileno” son los premios que se ofrecen a través de las plataformas digitales y las personas caen en trampas con facilidad, por ejemplo, con los supuestos códigos que envían del banco a través de SMS,  actualización de datos, cadenas de WhatsApp, ofertas y descuentos.

Ante esta situación, la respuesta de los organismos pertinentes “se ha ido adaptando en medio de todas estas cosas”.

De acuerdo con Caldera, en la División de Delitos Informáticos “hay personal capacitado en el área que responde, que atiende las solicitudes de las personas que son victimas y también hacen saber a la ciudadanía respecto a las nuevas modalidades y envían alertas para que las personas no sean víctimas de ese delito. Están bien actualizados y hay un equipo que atiende”, destacó. 

Crecimiento de otros delitos

Respecto a la ocurrencia de otros delitos, destacó que también han venido en aumento los que se dan  en el medio intrafamiliar: femicidios y casos incluso de homicidio-suicidio, en donde luego de arremeter contra algún miembro de la familia, el victimario se suicida.

Por otra parte, los hurtos de vehículos se mantienen, los robos cotidianos se han mantenido al margen y ha bajado el porcentaje de secuestros, sin embargo, se ha podido conocer también muchos más casos de trata de personas.

Organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) ha creado la división de trata de personas debido a la incidencia.  En estos casos, en su mayoría, mujeres de 19 años “captan a niñas de 16 y 17 años (…) con la promesa que van a irse a otro país para obtener mejor ingreso para ayudar a la familia y se las llevan”. Les aseguran que van a ser modelos o famosas y, cuando llegan al determinado destino, las llevan a prostituirse: “Y se han visto casos de menores que los padres les autorizan”, explicó.

En este sentido, la funcionaria enfatizó que es importante que los ciudadanos acudan hacer las denuncias pertinentes en estos casos y en todos los delitos.

Disminución de la extorsión

Caldera reveló que tras la intervención de algunas cárceles venezolanas se ha reportado una disminución en el delito de extorsión: “El gran porcentaje de las extorsiones se daban desde los centros penitenciarios y eso en innegable (…) así como también otros tipos de delitos, porque contaban con unos equipos de avanzada dentro de algunas de esas cárceles”.

Por otra parte, advirtió sobre una nueva modalidad que ha sido denunciado en las autopistas: “De repente una unidad moto con funcionarios policiales uniformados paran la marcha de un vehículo, lo rozan y dicen ‘me atropellaste'”. En ese sentido, exhortó a la supervisión de los funcionarios y de los cuerpos de seguridad en general para llevar un mejor control para el bienestar de la ciudadanía.

Como recomendaciones de seguridad, la experta sugirió respetar las normas, estar atentos a los chats de grupos de urbanizaciones y estar coordinados: “Cuando hablamos de seguridad la que verdaderamente resalta es la seguridad privada, que está llevando adelante una actividad bien importante para las empresas, para los ciudadanos y para las ciudades”, dijo.

Investigación de Espaja.com y Probox identifica ataques del madurismo al espacio cívico venezolano

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El trabajo realizado por Espaja.com en conjunto con Probox demuestra como la persecución y detención de activistas junto a proyectos legislativos e inhabilitaciones políticas, recobran fuerza en el inicio de 2024 y acá recogemos los principales hallazgos de la investigación

Por: EsPaja.com

Rocío San Miguel no está. Se la llevaron, o más bien la desaparecieron. Desde que se reportó el 9 de febrero que organismos del Estado la retuvieron en el aeropuerto de Maiquetía y que después fue trasladada sin orden judicial, sin abogados, sin debido proceso y sin saber ni siquiera a dónde, los organismos de derechos humanos han alzado la voz para pedir su liberación. Pero no pasa nada. No la dejan ver y su caso se suma ya a la larga lista de denuncias sobre detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y violación de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro.

No es algo nuevo, pero sí es algo que se está intensificando. Lo que le está pasando a la reconocida defensora de derechos humanos se enmarca en la reactivación de las amenazas por parte del oficialismo hacia los organismos no gubernamentales y activistas de derechos humanos este 2024, a pesar de estar bajo el ojo público a nivel nacional e internacional por las elecciones presidenciales (que siguen sin cronograma electoral formal).

La investigación forma parte de Lupa Electoral —un proyecto de las organizaciones ProBox, EsPaja.com, Medianálisis, RedesAyuda, Runrun.es, TalCual y El Pitazo— que explica en claves la trama de persecución y desinformación que atenta contra la democracia y los derechos humanos de los venezolanos de cara a los comicios de este año.

Aquí te presentamos los principales hallazgos de este trabajo que deja en evidencia las amenazas al espacio cívico venezolano.

Realidad vs ficción: #DóndeEstáRocío

60 horas después de la desaparición de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, el fiscal Tarek William Saab informó de su captura “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”. En ese entonces no se divulgó dónde estaba ni qué organismo la custodia o si ha tenido acceso a  abogados. 

El 10 de febrero, antes de la confirmación de la detención de San Miguel, la sociedad civil inició una campaña en redes bajo la etiqueta #DóndeEstáRocío la cual acumuló más de mil mensajes y se ha mantenido activa por más de cinco días, a pesar de no aparecer entre las tendencias de Venezuela en X.

Según la herramienta de ProBox para analizar esta conversación, 95,9% de los mensajes que se han realizado con esta etiqueta han sido de forma orgánica; es decir, usuarios reales reportando la desaparición de San Miguel y haciendo seguimiento del caso. 

El 11 de febrero, grupos de cuentas vinculadas al oficialismo y a redes anónimas promovieron la etiqueta #RocíoNoEsSanta como respuesta a la sociedad civil. Aunque no lograron ser tendencia, produjeron al menos mil mensajes con esta etiqueta, promoviendo la narrativa de que San Miguel era una “traidora de la Patria” detrás del plan para “asesinar a Maduro”.

Destaca que, aunque el 11 de febrero no se sabía dónde estaba recluida San Miguel, mensajes con esta etiqueta ya indicaban que estaba detenida en El Helicoide, información que ofreció el Ministerio Público dos días después de manera oficial, el 13 de febrero.

Dentro de las imputaciones que le dieron a la activista están “traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación” para delinquir, presuntos delitos que los mensajes de cuentas del oficialismo mencionaron horas antes de la información oficial.

Oficialismo usa las mismas cuentas para difamar distintos casos

Para un mejor entendimiento detrás de #RocíoNoEsSanta y el impulso de narrativas creadas para difamar activistas en Vzla, ProBox realizó un cruce de usuarios que usando esta etiqueta con una lista de otros que promovieron #SonTerroristas posicionada el 22 de enero de 2024 en contra de varios líderes opositores como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros.

Al menos 65 cuentas que realizaron tweets con la etiqueta #RocíoNoEsSanta también participaron previamente en la tendencia de ataque contra líderes opositores.

Ratificando la coordinación entre cuentas del oficialismo radical y de redes anónimas para promover tendencias en contra de activistas y líderes opositores, se realizó un último cruce de usuarios entre las etiquetas #RocíoNoEsSanta y #TarazonaMercenario, también promovida por el oficialismo en 2021 cuando fue detenido Javier Tarazona; este arrojó 18 cuentas en común entre ambas tendencias. 

Al hacer el mismo ejercicio con la tendencia #AntidotoFuriaBolivariana, promovida por Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo Dando” el 24 de enero, ProBox encontró al menos 49 cuentas en común que también publicaron mensajes con #RocíoNoEsSanta.

Mientras el Estado venezolano viola los derechos humanos, en paralelo arremete contra las ONG, ya que en medio de la desaparición forzosa de San Miguel, el Fiscal General y otros miembros del gabinete oficialista se dedicaron a cuestionar las exigencias de libertad para la activista y el “descaro” de las ONG por -supuestamente- producir campañas de “descrédito y mentiras” contra el Gobierno de Maduro.

Una muestra de ello es la expulsión de todo el personal de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas (Oacnudh) del país por órdenes del gabinete madurista este 15 de febrero debido a su pronunciamiento sobre el caso de San Miguel.

Reviviendo la Ley anti-ONG

El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines volvió a la palestra de la mano de Diosdado Cabello a finales de 2023 y fue reforzado por Jorge Rodríguez en enero, con el anuncio del inicio de la consulta pública sobre la misma desde la Asamblea Nacional.

El 27 de enero, una declaración de la delegación de la Plataforma Unitaria opositora para el proceso de negociación brindó un elemento adicional y hasta ahora desconocido. Según el jefe del grupo, Gerardo Blyde, “habíamos conseguido que se congelara” el proyecto de ley en cuestión. Por ello, calificó como “amenaza directa a las ONG” haber “desempolvado” el instrumento.

Ante la iniciativa del proyecto de Ley, se reactivó la alarma y el rechazo en X al respecto que ya existía ante cualquier intento de regularización de las ONG que viole sus principios, teniendo al menos 5 tendencias hablando sobre el tema entre 2022 y enero de 2024.

Y en esas 5 tendencias el Ministerio de Comunicación (MIPPCI) creaba mensajes inorgánicos para opacar las tendencias en redes sociales de denuncia ciudadana. 

X (Twitter): plataforma de denuncia

Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ProBox realizó una búsqueda especializada de palabras claves en X, Facebook e Instagram con una herramienta de escucha social, dividiendo el estudio en dos partes. 

La primera abarca términos utilizados por la sociedad civil como #SociedadInhabilitada, ley contra sociedad civil, fiscalización regularización financiamiento ONG, libertad de asociación en venezuela, #LeyAntisociedad, persecución de ONG, ley anti ONG y ley de fiscalización contra ONG.

Bajo estos parámetros se identificó al menos 1.206 menciones de estos términos, teniendo el 18 de enero como el día de mayor actividad, coincidiendo con la protesta ciudadana y la conversación de la Asamblea Nacional (AN) por el inicio de la “consulta popular” sobre el proyecto de ley.

Twitter (X) fue la red social con mayor conversación al respecto, agrupando el 54,31% de las menciones, seguida por Facebook con 28,28% e Instagram con 17,41%. También destacó el uso de palabras asociadas a la consulta de la AN que no estaban incluidas en la búsqueda, incluyendo etiquetas que no han logrado posicionarse como tendencia pero están siendo utilizadas para alertar sobre el proyecto de ley como #JusticiaVE y #AsociarseEsUnDerecho. 

Tendencias inorgánicas para la censura

La segunda parte del estudio consistió en buscar las narrativas impulsadas por el oficialismo alrededor de este tema y en las mismas fechas , utilizando palabras claves que abarcan las tendencias promovidas por “Con el Mazo Dando”, programa de Diosdado Cabello: #FuriaBolivarianaActiva, #PuebloEstableDePaz, #JusticiaYVerdad, Furia Bolivariana, #VenezuelaHumanista, #LaPazLeGanaATodo, #PaLoQueSalgaConChavez, Ley regulación y financiamiento ONG, y vandaliza ONG entre el 31 de diciembre de 2023 hasta el 01 de febrero de 2024. 

Esta búsqueda arrojó alrededor de 6.717 menciones, destacando el 23 y el 29 de enero como los días de mayor actividad, coincidiendo con los anuncios de la reactivación de la “Furia Bolivariana para defender a la patria”. 

A diferencia de la sociedad civil, la mayor parte de la conversación oficialista se realizó en Instagram con 75,99% de las menciones registradas, seguida por Facebook con 17,52% y por último X (Twitter) con 6,49% de las menciones registradas. A pesar de que la conversación se concentró en Instagram, las cuentas que hicieron por sí solas más menciones se encontraron en Facebook y en X, siendo las cuentas de la Gobernación de Guárico, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, @ElNoEsSublime en X (actualmente suspendida) y Con el Mazo Dando las más activas.

La desinformación como arma principal contra las ONG y activistas

Apenas comenzó enero y durante su primer programa del año, Diosdado Cabello dijo que algunas organizaciones “sí trabajan” pero otras “buscan desestabilizar al gobierno, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país”. Un año antes había dicho que “o se dedican a la política o se dedican a la labor social”.

Durante la primera consulta pública organizada en el Palacio Federal Legislativo sobre este proyecto de Ley, que fue acompañada por un significativo número de militares uniformados, el diputado Julio García Zerpa (PSUV), dijo que “el 95% de las entidades que participan en el país cumplen con todos los requisitos. La alarma se genera por un pequeño grupo que no lo cumple y quizá no se apega a la ley”.

Para García hay dos tipos de ONG: las que se dedican al trabajo social ”que es la naturaleza por la cual se deben constituir” y las que son un “chaleco” para actividades políticas. Su homólogo, Pedro Infante, primer vicepresidente del parlamento, agregó que “las ONG que no se vinculan en lo político no deben tener preocupación”. Ambas afirmaciones generan preocupación. 

Cuando postuló el proyecto, Diosdado Cabello dijo en 2023 que “no existe una ley que regule ese sector”. Sin embargo, esto no es enteramente cierto.

Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó en conversación con el equipo de Lupa Electoral que es grotesco hablar de un “abuso de la libertad de asociación” cuando desde hace al menos siete años para constituir una organización no gubernamental los estatutos no pueden decir “derechos humanos”, “vulnerables” y otros términos que están prohibidos por parte del Estado. Recuerda, además, que todas las asociaciones civiles pasan por un proceso de registro entregando sus estatutos y demás documentación hasta lograr su habilitación, con el marco regulatorio actual.

“Sin esta ley ya hay unas enormes dificultades para constituir una ONG, y es un proceso engorroso y lento. ¿Cómo puede haber un abuso cuando constituirlas es algo casi excepcional?”, se pregunta el abogado. 

También disputa que la libertad de asociación en el país no esté suficientemente regulada. “Este proyecto tiene 17 artículos y dos disposiciones transitorias, pero solo el Código Civil, que regula todo lo relativo a esto, tiene 40 artículos. De modo que regula incluso más. En Acceso a la Justicia hemos estudiado que al menos 40 leyes y más de 130 artículos de ley en distintos instrumentos regulan el derecho de asociación. Las normas del Código Civil están desde 1942, y son principios y normas que se han aplicado de manera pacífica y sin necesidad de que tribunales intervengan para interpretar porque están muy bien hechas”. 

Daniels apunta un factor adicional: de aprobarse esta ley se impide el ejercicio básico de la libertad de asociación que es un derecho humano, porque impone fines, objetivos, y actividades. “Es una intervención que impide su ejercicio”. afirmó.

Sin sociedad civil no hay datos

El seguimiento a casos judiciales, los procesos contra presos políticos, la cantidad de homicidios, las condiciones de reclusión en penales del país, las  desigualdades de ingreso, los problemas de desnutrición, la escasez de medicamentos e insumos médicos y la corrupción, entre muchos otros temas, suelen entrar en la agenda pública gracias al trabajo de distintas organizaciones no gubernamentales.

Todo ello en un país donde la opacidad oficial se ha hecho costumbre. Una investigación de Espaja.com, contabilizó que el 64,22% de 47 documentos oficiales que debieron publicarse entre 2010 y 2022 nunca fueron difundidos.

De ese grupo, 4,9% de los documentos se presentaron a destiempo, reza la investigación titulada Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar, realizada con apoyo de Transparencia Venezuela. La investigación encontró que a partir del 2013 comenzó a disminuir la publicación de datos oficiales, mientras que 2016 fue un año crítico en esa materia. 

Finalmente, la acusación tan repetida de que las ONG son usadas para lavar dinero y por eso hay que fiscalizarlas es desmontada por el mismo Estado venezolano ante organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, donde afirmó que estos supuestos hechos tienen una ocurrencia muy menor y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos. 

En el informe se expone que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera atribuyó un riesgo alto de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a solo 44 organizaciones sin fines de lucro de 9.960 analizadas (0,4%). “En ese mismo informe queda patente que el Estado no atendió el 60% de las recomendaciones internacionales”, afirma Ali Daniels a Lupa Electoral.

‘Hashtags’ por derechos: así se ven las ONG en Twitter

El viceministro William Castillo dijo en el parlamento que “no puede ser que una ONG se ponga en Twitter a decir que hay que parar un hospital porque falta un insumo, o que se usen ONG para alterar la vida de un hospital o para dañar la prestación del servicio”.

Agregó que “se la pasan haciendo informes sobre el Estado, sobre las memorias y cuentas, sobre el  presupuesto público -todos documentos que el gobierno censura-, y quienes reciben dinero no le rinden cuenta ni siquiera a sus asociados”.

La conversación sobre los derechos humanos en Venezuela ha estado presente en el mundo digital de manera continua, no solo como exigencia sino también como documentación de los distintos casos y fallas del Estado venezolano pero no como lo expresó Castillo. Según los registros de ProBox la sociedad civil en general ha sido el actor que más ha hablado sobre este tema Twitter (ahora X) entre 2020 y enero de 2024, impulsando 291 tendencias al respecto y casi 2 millones de mensajes. 

De estas 291 tendencias, 193 han sido promovidas por distintas ONG que suman casi un millón de mensajes entre el 01 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2024. aquí los 5 temas principales:

  1. Derechos humanos, 136 tendencias y 680.497 tweets apx.: denunciando detenciones arbitrarias, persecución de activistas, cierres de medios de comunicación, etc. Por ejemplo: #LiberenALos33, #InformarNoEsDelito, #LosDerechosNoSeNegocian, #LiberenActivistasDeFundaRedes. 

  2. Salud, 23 tendencias y 175.990 tweets apx.: hablando sobre la falta de medicamentos en Venezuela, las fallas del sistema de salud y la falta de vacunas contra la COVID-19 en el auge de la pandemia. Por ejemplo: #DiálisisEnRiesgo, #CrisisHospitalaria, #VacunasYaParaTodos. 

  3. Servicios, 8 tendencias y 12.792 tweets apx.: reportando fallas en el territorio nacional. Por ejemplo: #TachiraSinElectricidad, #VzlaSinInternet, #MéridaSeApaga. 

  4. Economía, 5 tendencias y 53.522 tweets apx.: exigiendo mejoras salariales y apoyando la protesta de distintos gremios. Por ejemplo: #PorPensionJustaYDigna, #InsumosySalariosDignos.

  5. Política, con 5 tendencias y 32.515 tweets apx.: pidiendo el respeto de leyes existentes en el país y la legalización de otras medidas, como por ejemplo: #ElAvilaSeRespeta y #AbortoLegalYaVzla.

Las narrativas principales promovidas por las ONG se han dedicado casi en su totalidad a visibilizar las violaciones de derechos humanos, documentar las fallas en el sistema de salud nacional, servicios básicos, exigencias económicas y otros temas que afectan a los ciudadanos en general y que suelen ser atendidos por estas organizaciones y no sobre “actividades políticas”.

En un año con elecciones presidenciales en puerta, sin cronograma definido y con el refuerzo de las inhabilitaciones políticas para cerrar aún más la participación ciudadana, la persecución contra los activistas y las ONG se recrudece, aumentando aún más el carácter autoritario del régimen en Venezuela quien, el 15 de febrero de 2024, anunció la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela dando un plazo de 72 horas a sus trabajadores para abandonar el país luego de haber declarado su preocupación por la detención de Rocío San Miguel.

Si quieres leer el trabajo completo de EsPaja.com, puedes ampliar el contenido haciendo clic en el texto resaltado. 

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“Estamos evaluando los pasos a seguir”: Oficina del alto comisionado de DDHH de la ONU tras expulsión de sus miembros en Venezuela

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La portavoz de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que están evaluando los pasos a seguir tras la expulsión de sus miembros en Venezuela por decisión del gobierno de Maduro
Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos”

 

La Oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas lamentó a través de un comunicado la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender sus actividades en el país y solicitar que su personal abandonara Venezuela en 72 horas. 

La portavoz de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que están evaluando los siguientes pasos a seguir. “Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, añadió. 

La decisión del gobierno venezolano de expulsar a los miembros de la oficina de Venezuela se produjo luego de que en un mensaje publicado el pasado 13 de febrero en la red social X  la oficina del alto comisionado advirtiera que seguían “con profunda preocupación la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel” e instara a su “liberación inmediata” y al respeto de su derecho a la defensa legal.

Además, el 15 de febrero pidieron “respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.

Oficina funcionaba desde 2019

La Oficina se había establecido en Venezuela en el año 2019 para prestar asistencia técnica y supervisar la situación de los derechos humanos en el país con el objetivo de “evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos; aumentar la aplicación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales; reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas; concienciar y aumentar la visibilidad de las violaciones de los derechos económicos y sociales; y proteger y mejorar el espacio democrático”, se recuerda en el comunicado de este 16 de febrero de 2024. 

“En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante las resoluciones 45/20 y 51/29, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2024. La Misión presentará una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2024 con información actualizada sobre sus investigaciones, y presentará su informe en una sesión de diálogo del Consejo en septiembre de 2024″, reseñaron.

EEUU, alarmado por la decisión

“Estamos alarmados por la decisión de represalia de Venezuela de suspender temporalmente la oficina del alto comisionado en Derechos Humanos y de expulsar a su personal tras su informe que expresa profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel”, escribió en la red social X la embajadora de EEUU ante la ONU, Michèle Taylor.

“Estamos gravemente preocupados por los arrestos por motivos políticos, como el de Rocío San Miguel, y pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas injustamente en Venezuela. Estos ataques a la sociedad civil reducen aún más el espacio para el tan necesario diálogo y sofocan las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, acotó- 

https://twitter.com/USAmbHRC/status/1758534051676213565

Claves | Docentes y estudiantes universitarios deben vender sus pertenencias para comer e ir al médico

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Advierten que más de la mitad de la población universitaria dufre de algún cuadro depresivo y ansioso

Al menos el 94 % de los docentes universitarios y el 81 % de los estudiantes de educación superior encuestados por el Observatorio de Universidades (OBU) afirmaron que «comen igual o peor que en el año 2022», según los datos publicados por la asociación civil este 15 de febrero en su informe anual sobre las condiciones de vida y estudio de comunidad universitaria en Venezuela (Enobu 2023). 

Frente a un Estado que no ha aumentado el sueldo mínimo a los profesores por más de 700 días y que aprueba entre el 1 y el 2 % de los presupuestos exigidos por las universidades públicas, la OBU encuestó a 2.620 estudiantes y 1.131 profesores de 42 universidades públicas y 22 privadas para documentar el impacto de la crisis humanitaria compleja en Venezuela en la educación superior. 

En Runrun.es presentaremos las siguientes 5 claves del informe que redimensionan las 5.583 manifestaciones que documentó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el 2023 para exigir mejoras en los derechos económicos y el acceso a la salud y a la educación en Venezuela.

Sin sueldo digno no hay paraíso

El 83 % de la comunidad universitaria encuestada denunció que tiene un ingreso mensual menor a 385 dólares estadounidenses. Mientras tanto, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) advirtió que la canasta alimentaria familiar cerró el 2023 en los  531,95 dólares.

Los maestros necesitan más de 98 salarios mínimos solo para comprar los 60 productos alimenticios que analiza Cendas-FVM porque, para febrero del 2024, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares o 3,58 dólares a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, sin contar las bonificaciones propuestas por el gobierno de Nicolás Maduro.

El OBU registró que el 69 % de los docentes y estudiantes deben trabajar fuera de las academias para cubrir esos gastos y el 34 % debe recurrir a la ayuda económica de familiares o amigos en el país o en el exterior. 

Con respecto a las ayudas institucionales, el 97 % de los estudiantes de las universidades públicas afirmaron que no perciben becas y el 92 % dijo que no reciben bonos del sector público.

El hambre como constante

Según los datos de la Enobu 2023, la seguridad alimentaria se agravó durante el año pasado. El 82 % de los profesores y 69 % de los estudiantes universitarios disminuyeron sus porciones de comida, y sus dietas se basaban principalmente en los carbohidratos, excluyendo a las frutas, a las verduras y a las proteínas por falta de ingresos económicos. 

Además, la encuesta concluyó que 5 de cada 10 docentes y 4 de cada 10 estudiantes se ven obligados a vender o intercambiar bienes para adquirir comida o cubrir los gastos de su alimentación. 

Bajo estas estadísticas, el OBU proyectó que el 27 % de los profesores y el 18 % de los estudiantes venezolanos viven en hogares con extrema pobreza, limitados por la frecuencia y calidad de los alimentos que reciben y consumen. 

Los datos se enmarcan dentro de las denuncias del relator independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahkri, quién este 14 de febrero afirmó que en Venezuela la malnutrición y la desnutrición persisten debido a los problemas de distribución y procucción de alimentos. Las comunidades más vulnerables anotadas por Fahkri fueron los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores o jubilados. 

Sin acceso a la salud

Debido a las restricciones económicas y la escasez de insumos médicos desde el 2016 denunciada por las Encuestas Nacionales de Hospitales, 4 de cada 10 mujeres del entorno universitario tienen dos o más años sin hacerse un chequeo médico. 

El OBU destacó que la comunidad universitaria implementa la misma estrategia de vender sus pertenencias para poder costear los gastos médicos. En este caso la encuesta arrojó que el 56 % de los docentes y el 40 % de los estudiantes se ven obligados a mantener esta práctica. 

Con respecto a las patologías de los docentes, la asociación civil destacó que el 28 % de los docentes sufre de cuadros de hipertensión y otro 26 % sufre de afecciones respiratorias. 

Pero, la muestra de docentes (33 %) y estudiantes (64 %) dijo que son atendidos por el sector público y desde allí consumen el 72 % de sus ingresos (adquiridos en trabajos ajenos a la academia). En menos del 17 % de los casos tiene acceso a un seguro médico universitario o privado. 

Créditos: Observatorio de Universidades. Encuesta sobre condiciones de vida de la población universitaria de Venezuela – Enobu 2023

Casos de depresión en aumento

61 % de los profesores de educación superior y 69 % de los estudiantes universitarios en Venezuela tienen tres o más síntomas de depresión. El OBU alertó que la ansiedad es otra patología de la salud mental común para el 2023: el 31 % de los profesores y el 51 % de los estudiantes la padece. 

El contexto socioeconómico de la crisis humanitaria compleja venezolana también aumentó la desmotivación de la comunidad universitaria en continuar los estudios o la labor docente. Al menos 1 de cada 3 personas pensó en abandonar la universidad en los últimos 12 meses. 

Carlos Meléndez, sociólogo y director del OBU, destacó que las «universidades controladas por el Estado» son quienes presentan una mayor gravedad y vulnerabilidad ante la crisis. Recordó que 120 de las 150 universidades del país están bajo la administración directa del Estado. 

Al igual que los chequeos médicos, menos del 20 % la comunidad universitaria encuestada puede acceder a los servicios de atención psicológica en los casos donde las universidades proporcionan estas ayudas. 

Sin servicios no hay educación

Según el OBU, 7 de cada 10 universitarios afirma que el servicio de internet es regular o malo. Mientras tanto, el 12 % los docentes se ven obligados a dar sus clases de forma virtual y el 35 % bajo la semipresencialidad. 

Tanto los estudiantes como los profesores deben valerse de sus propios recursos para educar y aprender, hasta el 87 % debe usar sus teléfonos inteligentes para acceder a su derecho a la educación. 

Los servicios básicos en las universidades son prácticamente inexistentes: 95 % de las respuestas de la Enobu 2023 afirma que no hay internet, 91 % dice que el servicio de agua potable es ineficiente, el 86 % afirma que no hay un servicio eléctrico continuo y el 85 % establece que los baños en las instalaciones están inoperativas. 

Además, 6 de cada 10 profesores y estudiantes universitarios no cuentan o le son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas para hacer sus estudios. 

«No debemos naturalizar porque es de  profunda dimensión y compromete el futuro del país», advirtió Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), durante la rueda de prensa el 15 de febrero para presentar los datos del informe en la UCV. «Es evidente el absoluto retiro del Estado venezolano de su compromisos con la educación en nuestro país». 

Maduro y el camino de Nicaragua

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Para emprender el camino a Nicaragua, Maduro y los chavistas tienen todavía muchas zonas donde morder.

Por: amoleiro

 

El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido emprender el camino de Nicaragua: el camino irreversible de una hegemonía extra-constitucional, en el cual las exigencias revolucionarias priven con suficiencia sobre la observancia legal en un marco democrático escrito sobre el papel. Independientemente de lo que deseen los foros internacionales y las mayorías nacionales.

La judicialización de Rocío San Miguel, y la expulsión de la Misión de Naciones Unidas que hacía seguimiento al desempeño de la nación en materia de derechos humanos, consolidan una tendencia que lleva tiempo aumentando de volumen.

Mediante un comunicado que compartió en X el canciller Yván Gil, informó de la decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría de Oacnudh y otorgó un plazo de 72 horas al personal para abandonar el país. La decisión, añade el texto, indica que se suspenden las actividades de la oficina «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».

En esa misma tónica, el oficialismo ha desempolvado un proyecto de ley que fiscaliza la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Valentina Ballesta, directiva de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, sostuvo que la ley, aprobada ya en primera discusión, “posee grandes similitudes con la aprobada en Nicaragua”, donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado a más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil.

Adicionalmente, ahí están, semana a semana, los estridentes discursos legislativos amenazantes de Jorge Rodríguez en estos meses. Particularmente, luego de firmar los acuerdos de Barbados y lograr el regreso a casa del empresario Alex Saab.

El camino a Nicaragua que ha emprendido Miraflores parte de una circunstancia de orientación opuesta, más bien poco comentada: a diferencia de lo que ha ocurrido en otros contextos, en la conducción de la revolución bolivariana, hasta el momento, al menos en los últimos años, han estado al volante los moderados. 

Al administrar la crisis nacional, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez parecen haber impuesto el criterio de negociar, dividir al adversario, abrir frentes de operación, especular con promesas y replegarse estratégicamente. En ocasiones, incluso, si con eso recuperan autoridad frente al país, de adelantar importantes concesiones temporales.

En la dinámica de Miraflores ha privado la flexibilidad como principio, como ocurrió en tiempos de Chávez en otros momentos complejos, en relación con tesis más intransigentes y absolutistas, que llegaron a discutirse como posibilidad en el alto mando revolucionario.

Esto quiere decir que, si bien ya se ha escamoteado gravemente la alternancia en el poder y la libertad de expresión e información, para emprender el camino a Nicaragua, Maduro y los chavistas tienen todavía muchas zonas donde morder.

Este camino, al camino a la realidad política que ha creado Daniel Ortega en Nicaragua, podría consolidarse definitivamente en las elecciones presidenciales de este año, si el chavismo retiene el poder sin complicaciones y se sale con la suya.  La próxima cita presidencial puede convertirse en una bisagra, una especie de parteaguas, como ya ha ocurrido antes.

En 2021, Ortega fue reelegido con 75 % de los votos y con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión acusados de “traición a la patria”. A pesar de que EE. UU. desconoció los resultados, el líder sandinista se mantiene en el poder y el espacio cívico de la sociedad nicaragüense cada vez más reducido.

Está claro que Daniel Ortega lleva un tiempo de ventaja sobre el chavismo en esta estrategia de consolidar un modelo hegemónico y unidimensional, haciendo, al mismo tiempo, concesiones al libre mercado.

El modelo político de Nicaragua que ha escogido Miraflores será fuente adicional de tensiones y expandirá la dimensión sancionada de la nación, pero también puede terminar atemperado, atenuado a posteriori, procurando crear una especie de remesa diplomática con algunos factores de la izquierda occidental y simpatizantes conexos a partir de ciertas concesiones parciales a la oposición que quede en el país. Es decir, no necesariamente el rumbo trazado implica en este caso llegar a la meta.

Puede que, completamente seguro de su poder y estabilidad, Maduro decida seguir apretando, para imponerse atemorizando a sus adversarios, como de hecho viene ocurriendo, sin que ello signifique, necesariamente, desplumar por completo a la sociedad venezolana con la misma serena rotundidad con la cual lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua.

Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en el pasado, el gobierno de Maduro también pudiera regresar a la decisión de emprender la reversa. La sociedad democrática nacional sigue siendo muy grande, y va a seguir resistiendo. Es imposible adelantar pronósticos y no esperar algún tipo de cisne negro inesperado en una crisis de estado tan prolongada como la actual.

Pero estos son los hechos: una vez que Alex Saab ha regresado a casa, en el alto gobierno la gente ha sacado sus cuentas. La presión exterior comienza a perder eficacia.

Independientemente de lo que digan las encuestas, del descontento popular, del grave rezago social y económico, en Miraflores parece haber claridad en torno a la existencia de un músculo político y militar lo suficientemente consistente como para diseñar un plan que les permita imponer las cosas en sus términos, como ya ocurrió en 2018, como ocurrió en la convocatoria a la fallida Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y como acaba de ocurrir con el referéndum del Esequibo.