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CTV aspira a que gobierno decrete “aumento significativo del salario mínimo” en marzo

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En el comunicado, la CTV condenó que el gobierno “continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales”

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) aspira a que el gobierno de Nicolás Maduro decrete un aumento “significativo” del salario mínimo para marzo de 2024.

Mediante un comunicado, la CTV precisó que los días 1 y 2 de febrero se realizó la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este cuarto foro, según la CTV, aprobó el método de fijación del salario mínimo y un cronograma para su fijación.

“Aspiramos que, a más tardar en el mes de marzo, el gobierno decrete un significativo aumento del salario mínimo”, añade el texto, detallando que lo esperado es que la cifra no sea inferior a los 200 dólares mensuales.

Consideran, además, que no hay ninguna justificación “para mantener el salario mínimo actual alrededor de U$ 4 mensuales con una canasta alimentaria que ronda los U$ 500 mensuales”.

Según la organización, estas reuniones tienen la “única finalidad” de que el gobierno “cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de septiembre de 2019″ para el cumplimiento de varios convenios laborales.

“El gobierno tiene ya una mora de más de 4 años en efectuar los cambios para adecuar la legislación interna y la práctica a los parámetros exigidos por el Convenio 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, desde la publicación del informe de la Comisión de Encuesta”, advirtió la CTV.

Explican, además, que el cumplimiento del convenio implica no solo modificar la legislación antisindical, “sino terminar con su política sistemática de persecución sindical, coordinada con el Ministerio Público y el poder judicial”.

Detenciones de sindicalistas

En el comunicado, la CTV condenó que el gobierno “continúa practicando su política de detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales”.

Al respecto, lamentaron la detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Colegio y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) seccional Barinas.

Indicaron, además, que en el desarrollo de las sesiones exigieron al gobierno informar de la situación de Venegas, cuya organización sindical es afiliada a la CTV, pero no obtuvieron respuesta.

Por otra parte, señalaron que solicitaron al gobierno información de las condiciones de la libertad provisional de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes que habían sido sentenciados a 16 años de prisión “sin ninguna prueba de los delitos por los cuales fueron condenados”.

Asimismo, solicitaron respuesta a la queja introducida por la detención del profesor Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de la seccional Carúpano, estado sucre, sin recibir respuesta alguna.

Embajada de España en Caracas sigue de cerca caso de Rocío San Miguel 

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La activista de Control Ciudadano es hispano-venezolana 

 

El Gobierno de España a través de su embajada en Caracas alertó que se encuentra monitoreando el caso de la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

San Miguel, quien además de venezolana tiene nacionalidad española, fue aprehendida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando pretendía abordar un avión hacia Miami en compañía de su hija.

“La embajada está siguiendo el caso desde que tuvo conocimiento de la detención. La delegación diplomática hace gestiones con las autoridades venezolanas para determinar su paradero, prestar asistencia consular y garantizar que se respeten sus derechos”, dijo una fuente de la embajada.

Es el primer pronunciamiento oficial de una dependencia del Gobierno de España, el cual se ha mantenido de bajo perfil pese a que la detención de San Miguel se ha esparcido como pólvora en distintos medios de comunicación internacionales. 

La aprehensión de San Miguel está vinculada a las investigaciones del Gobierno madurista en relación a la conspiración denominada Brazalete Blanco, denunciada por el propio Maduro en la exposición de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero.

A San Miguel le acusan de haber cometido delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. 

Otros familiares de la activista fueron detenidos y excarcelados su hija Miranda, su ex esposo Víctor Díaz Paruta y sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel. 

Este miércoles 14 de febrero, varios representantes de organizaciones no gubernamentales protestaron frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para exigir la inmediata liberación de San Miguel.

Las ONG denunciaron que con San Miguel se produjo una desaparición forzada, tesis que negó el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

“Cuando se meten con Rocío, se meten con todos”, dijo la representante de Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Thineo.

La detención de la activista ha sido criticada por Amnistía Internacional, la ONU y el Gobierno de los Estados Unidos.

 

LEA TAMBIÉN:  Machado exige liberación de Rocío San Miguel y de activistas de Vente Venezuela

#MonitordeVíctimasCaracas I Asesinan a dos amigos en Petare durante asueto de Carnaval

90 homicidios se registraron en Petare, durante el año 2023, de acuerdo con la data de Monitor de Víctimas

Winder Alexander Ojeda, de 22 años, fue asesinado el pasado 10 de febrero de 2024, y Ricardo Espinoza, también de 22 años, fue acribillado dos días después en el velorio de la primera víctima. Acusan como responsables de los homicidios a integrantes de la banda de Wilexis Acevedo. Van tres homicidios relacionados con este grupo criminal en lo que va de año

 

@franzambranor

 

Dos amigos fueron asesinados a tiros durante el asueto de Carnaval, en la zona 6 del barrio José Félix Ribas de Petare, en en el estado Miranda.

La primera víctima fue Winder Alexander Ojeda, de 22 años, quien fue asesinado el pasado sábado 10 de febrero de 2024. 

Ojeda vivía en La Dolorita, pero estaba visitando a su madre en el sector Cañaveral. Según fuentes extraoficiales, él intentó tomarle fotos a Wilexis Acevedo, líder de la banda criminal que opera en el sector, y horas después lo mataron de múltiples disparos en la cabeza.

Su cuerpo ingresó sin signos vitales al hospital Ana Francisca Pérez de León, en Petare. 

Dos días después, el 12 de febrero, pistoleros ingresaron al velorio de Ojeda en Petare y asesinaron a Ricardo Espinoza, también de 22 años.

Familiares de Espinoza confirmaron la versión en la morgue de Bello Monte, pero no quisieron ofrecer detalles por temor a represalias. Es el tercer homicidio relacionado con la banda de Wilexis, en lo que va de año.

El 5 de febrero de 2024, el cadáver de Jeanwinder Alexander Marín Blanco, de 20 años, fue encontrado con múltiples disparos en la vía pública. La víctima era, supuestamente, hijo de crianza de Wilexis Acevedo, quien lo habría asesinado, de acuerdo con versiones no confirmadas.

Acevedo figura en la lista de los delincuentes más buscados por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y se le acusa de homicidio, robo de vehículos y agavillamiento. Actualmente, hay una recompensa por su captura de 150 mil dólares.  

En 2023, Monitor de Víctimas registró 304 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, 90 de estas muertes corresponden a Petare, de las cuales 80 fueron por arma de fuego.

dos amigos

Machado exige liberación de Rocío San Miguel y de activistas de Vente Venezuela

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“A estos venezolanos el régimen les ha violado todos sus derechos y desconocemos su paradero. Esto tiene un solo nombre y es desaparición forzada”, comentó
Este 15 de febrero, el abogado Perkins Rocha denunció que se cumplieron 24 días de la “arbitraria y violenta detención” de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, miembros de Vente Venezuela

 

La candidata opositora electa en primarias de 2023, María Corina Machado, exigió este 15 de febrero la liberación de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, y de un grupo de dirigentes y activistas de Vente Venezuela recientemente detenidos. 

“A estos venezolanos el régimen les ha violado todos sus derechos y desconocemos su paradero. Esto tiene un solo nombre y es desaparición forzada. Exigimos la inmediata liberación de Víctor Venegas, Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López, Rocío San Miguel y Carlos Salazar. Libertad para todos los presos políticos”, exigió Machado en un mensaje en la red social X. 

San Miguel fue detenida el pasado viernes, pero solo 60 horas después el fiscal general confirmó que estaba en poder de las autoridades y que era señalada de participar en una presunta trama conspirativa. 

Desde enero, el gobierno ha venido denunciando supuestas acciones conspirativas y varios activistas han resultado detenidos. Además, se han emitido otras órdenes de captura para opositores en el exterior. 

Justo este 15 de febrero, el abogado Perkins Rocha denunció que se cumplieron 24 días de la “arbitraria y violenta detención” de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, miembros de Vente Venezuela. “A sus abogados y familiares no se les exige ejercer su defensa”, remarcó. 

Por otra parte, en Margarita, también fue detenido el ingeniero Carlos Salazar. La periodista Sebastiana Barráez (contra quien fue girada también orden de captura)  narró en un texto que el pasado 5 de febrero el comerciante fue detenido tras grabar y difundir un video en el que se apreciaba al empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro, Alex Saab, comprando en un centro comercial de Margarita. 

La periodista refirió que la familia del señor Salazar abrió una cuenta en la red social Instagram, @salazarlarez9191, para exigir información sobre su paradero. “Por favor, necesitamos que se haga eco de esta causa injusta, esta angustia como familiares que estamos viviendo, por derecho necesitamos saber de su paradero de su integridad física. Tío no estás solo, estamos dando lucha para saber de ti, no estás solo”, dicen los mensajes de una sobrina.

Sus allegados alegan que el  5 de febrero de 2024, a Salazar lo capturan en Punta de Piedras, municipio Tubores, estado Nueva Esparta. “Se lo llevó un grupo vestido de negro con su carro Mazda 6 color gris plata. No sabemos de su paradero, desde ese día, no lo han formalizado ni ha tenido su proceso como el debido derecho, para saber por qué se le imputa”.

 

Expulsión del personal de oficina del alto comisionado aumenta desprotección de las víctimas

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Para el exvicefiscal general Zair Mundaray, la orden de la salida de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH se debe a que “ahí funcionaría” la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI)

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos advirtieron este jueves, 15 de febrero, que la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas (Oacnudh) aumenta la desprotección de las víctimas.

La decisión la informó Yván Gil, canciller de la administración de Nicolás Maduro, quien informó que el personal de Oacnudh tiene un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Según el comunicado del chavismo, se suspenden las actividades de la oficina «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».

Para la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), “esta decisión incrementa la desprotección y vulnerabilidad de las víctimas de DDHH, e intenta imposibilitar el monitoreo de los órganos internacionales DDHH”.

Esa opinión fue replicada por la ONG Provea, que añadió que la decisión también “intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen a diario en el país”.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, comentó que la expulsión del personal de Oacnudh se debió a una publicación donde manifestaba preocupación por la detención de la activista Rocío San Miguel.

La publicación a la que hace referencia Uzcátegui es de la cuenta del alto comisionado de la ONU para los DDHH, fue posteada el 13 de febrero y rechazaba la detención de la activista, además de pedir “su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

También, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), llamó a la comunidad internacional, incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al gobierno de Estados Unidos “para que interceda a favor de DDHH en Venezuela”.

https://twitter.com/FundehullanVzla/status/1758184773145534811

https://twitter.com/_Provea/status/1758177299021676576

https://twitter.com/fanzinero/status/1758185051492151757

https://twitter.com/cjimenezDC/status/1758182839353225352

Buscaría impedir que la CPI se instale en Venezuela

Para el exvicefiscal general Zair Mundaray, la orden de la salida de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH se debe a que “ahí funcionaría” la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Este arrebato, tiene como objetivo real, impedir que la CPI se instale en Venezuela o al menos retrasar todo lo posible, como han hecho hasta el momento”, advirtió Mundaray a través de X (antes Twitter).

Mundaray consideró que Nicolás Maduro “en realidad no quiere un ente que investigue sus crímenes in situ, pues su argumento para descalificar a la Misión de Determinación de Hechos es que han investigado desde el exterior”.

“La Oficina del Alto Comisionado en su último informe resaltó el ánimo de colaboración del ‘gobierno’ lo que había servido al régimen en escenarios internacionales”, agregó.

https://twitter.com/MundarayZair/status/1758204194064933294

El Centro de Justicia y Paz, Cepaz destacó también que la medida del gobierno busca  “soslayar el cumplimiento de recomendaciones hechas al Estado y de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

https://twitter.com/_CEPAZ/status/1758207081142800752

Oficialismo expulsa al personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

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Según la administración madurista, la Oficina del Alto Comisionado “ha exacerbado sus ataques contra Venezuela”

Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

La administración de Nicolás Maduro expulsó este jueves, 15 de febrero, a todo el personal de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas (Oacnudh).

Mediante un comunicado que compartió en X el canciller madurista Yván Gil, se informó de la decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría de Oacnudh y se otorgó un plazo de 72 horas al personal para abandonar el país.

La decisión, añade el texto, indica que se suspenden las actividades de la oficina “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

El argumento es el supuesto “improperio papel” que ha desarrollado la Oacnudh, la cual, según el régimen, “la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.

Además, aseguran que desde la firma de la Carta de Entendimiento, la oficina del alto comisionado de DDHH “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad”.

Según la administración madurista, la Oficina del Alto Comisionado de DDHH “ha exacerbado sus ataques contra Venezuela, justo en el momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida cometida contra el pueblo palestino”.

También, acusó a la oficina de ser “muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.

Intercambio de sexo por comida: Relator de la ONU denunció el impacto en las venezolanas de la crisis alimentaria

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En el caso de las mujeres venezolanas, Michael Fahkri, aseguró que «soportan una carga desproporcionada, ya que a menudo son las cuidadoras de sus familias y comunidades y aún así tienen que trabajar para obtener un salario o un beneficio»

El relator independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahkri, denunció que el impacto de la crisis alimentaria en Venezuela, ha contribuido al intercambio de sexo por comida. 

Después de una visita de casi dos semanas por el Distrito Capital y los estados Miranda, Sucre, Zulia y Anzoátegui, Fahkri afirmó que en Venezuela la inseguridad alimentaria está fuertemente correlacionada con la crisis de los medios de sustento.

El relator explicó que la hiperinflación, la dolarización informal, los ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica de alimentos, escasez de combustible y las fallas en los servicios básicos, debilitan aún más el poder adquisitivo de los hogares, por lo que las familias se ven obligadas a reducir el tamaño de las porciones, saltarse comidas, comprar alimentos menos nutritivos para hacer frente a la situación.

En el caso de las mujeres venezolanas, Michael Fahkri, aseguró que «soportan una carga desproporcionada, ya que a menudo son las cuidadoras de sus familias y comunidades y aún así tienen que trabajar para obtener un salario o un beneficio».

«Algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. Las mujeres y jóvenes embarazadas y en periodo de lactancia corren un riesgo especial, dada la creciente crisis de los medios de subsistencia», aseveró.

«El futuro de Venezuela está en juego»

El relator de la ONU indicó que le preocupa mucho la situación de los niños venezolanos, pues ha recibido testimonios desde distintas partes del país que indican que «algunos niños están cada vez más expuestos a riesgos asociados con mecanismos de supervivencia negativos como la separación familiar, el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia física y los abusos».

Detalló que los niños menores de 5 años con desnutrición aguda, los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes con bajo peso son los más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional que se vive en Venezuela.

Recordó que la legislación sobre derechos humanos dicta que el Estado tiene la obligación fundamental de tomar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre y la malnutrición, incluso en tiempos de crisis económica o sanciones.

Finalmente, Michael Fahkri instó al gobierno a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, basado en las leyes y los mecanismos de participación existentes, que contribuya a que las medidas de ayuda humanitaria se orienten más hacia la mejora de los medios de vida.

sexo por comida

Juventud venezolana, entre la exclusión y la apatía

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Mientras el Gobierno venezolano anuncia planes como la Gran Misión Venezuela Joven, miles de jóvenes siguen saliendo del país huyendo de la crisis humanitaria compleja 
Entre 2 y 3 millones de jóvenes no han podido inscribirse en el Registro Electoral en función de votar en los próximos comicios presidenciales 
Consejo Nacional Electoral sigue sin atender peticiones de organizaciones para la apertura de todas las oficinas de registro en el país 
De acuerdo a la encuesta nacional Frequency 58, 80% de los jóvenes entre 18 y 26 años califica al Gobierno de Maduro como negativo

 

El pasado viernes 2 de febrero, Nicolás Maduro lanzó otro programa social, esta vez llamado Gran Misión Venezuela Joven, cuyo objetivo según explicó en transmisión televisiva es “impulsar el empoderamiento de la juventud venezolana en diferentes áreas de la vida nacional”. 

Flanqueado por jóvenes, en su mayoría mujeres que parecían más promotoras de una marca comercial que simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro indicó que confía en la juventud para que dé continuidad al legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

“Esta es la generación más joven que hemos ido formando y mi deber, que me dejó Chávez, fue entregar el poder a todos ustedes, que tengan el poder político, cultural, económico…que tengan todo el poder”, dijo Maduro. 

Dentro de los planes dirigidos supuestamente a los jóvenes está la creación de miles de centros de tecnología y robótica, escuelas de gastronomía, moda, idiomas y oficios digitales. Además Maduro habló sobre los alcances de planes como “Chamba Juvenil” y “Somos Venezuela”.

De acuerdo a Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Gobierno solo emplea a la juventud con fines proselitistas.

“Ser joven en Venezuela es muy difícil, es un panorama complejo, tenemos un sistema educativo que se está cayendo, 50% de quienes han migrado son personas jóvenes. El Gobierno utiliza a los jóvenes como elementos propagandísticos y por otro lado tenemos a una oposición que no nos habla directamente”, expresó. 

 

Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, indicó que ante la crisis humanitaria compleja presente en Venezuela no es descabellado que la juventud sea la primera en migrar.

“Los jóvenes tienen sus aspiraciones fijadas en las oportunidades. Pocos las ven aquí, por eso siempre está presente la idea de irse”, mencionó. 

Para Oswaldo Ramírez Colina, director de la encuestadora ORC Consultores, no es que la juventud venezolana esté desapegada de la política: “Es que ha sido una población migrante, ha tratado de buscar oportunidades en otros países porque Venezuela no se las concede y tienden a desconectarse de la política de forma inmediata”.

Mendoza indicó que la Gran Misión Venezuela Joven a cargo de la diputada psuvista, Génesis Garvett, es más una propaganda gubernamental que una política para los jóvenes. 

“Ni siquiera hay propuestas, los jóvenes se sienten huérfanos en cuanto a políticas públicas”, consideró. 

Mendoza aseguró que chavismo ni oposición le ofrecen soluciones viables a la juventud: “Se sienten huérfanos. No ha habido políticas públicas para jóvenes, necesitamos una ley de primer empleo, el sistema educativo no ofrece garantías, la crisis económica es asfixiante, esto ha sido un cóctel de cosas para que el joven se sienta desmotivado”.

Le habla a la juventud, pero nada de votar

En sus recientes alocuciones dirigidas a la juventud, Maduro no ha dicho nada sobre la petición de decenas de organizaciones de abrir el Registro Electoral para que miles de jóvenes se inscriban de cara a los venideros comicios presidenciales.

Según la ONG Voto Joven, entre 2 y 3 millones de jóvenes en edad de votar no han podido inscribirse en el RE.

“Estamos hablando de que hay casi tres millones de jóvenes excluidos del sistema electoral, solo hay un punto de inscripción por región, estamos hablando de que un chamo que esté en el municipio Brión en Higuerote tiene que ir a Los Teques para inscribirse, el Gobierno está poniendo trabas a los jóvenes para que no participen”, dijo Mendoza.

Seijas aseguró que actualmente la mayoría de los jóvenes se autodefinen como opositores y en un evento electoral la tendencia es a apoyar a una opción distinta al chavismo. 

“Por eso poco interés tendría el Gobierno en facilitar mecanismos de inscripción”, sostuvo Seijas.

De acuerdo a Ramírez Colina, los jóvenes representan el grupo más amplio que no ha tenido la oportunidad de participar electoralmente.

“A pesar de que existe una cantidad de programas gubernamentales tratando de captar su atención, la realidad es que tienen un subregistro significativo”, aseveró Ramírez Colina.  Seijas informó que hay alrededor de un 10% de personas que no están inscritas en el RE.

“La mayoría jóvenes, esto no es extraño en Venezuela, este siempre ha sido el segmento donde esto se produce. La pirámide poblacional ha sufrido un cambio importante y el segmento juvenil ha disminuido. Sin embargo, sigue siendo un número importante y en el tema electoral nadie lo va a abandonar en sus estrategias comunicacionales”, acotó.

 

Maduro raspado por los jóvenes

De acuerdo al estudio Frequency58 de ORC Consultores, elaborado entre el 21 y el 29 de noviembre de 2023 con datos de más mil personas con edades comprendidas entre 18 y 26 años, Maduro cuenta con una avasallante evaluación negativa.

80% califica al Gobierno madurista como negativo, de allí se desprende un 39% que opina que es malo, 24% muy malo, 16% regular hacia malo y 7% no sabe o no contesta.

La evaluación positiva de gestión está en 14% (13% regular hacia buena y 1% buena).

Según este estudio hecho a finales del año pasado, 30,4% de los jóvenes entre 18 y 26 años de edad se autodefinen opositores; 28,7% como opositores blandos; 26% no alineados y 14,9% oficialistas.

Ramírez Colina percibe difícil que Maduro establezca una conexión real con la mayoría de los jóvenes.  

“Una campaña que conecte con los jóvenes puede resultar una paradoja, porque el Gobierno tiene un proyecto de poder que está desgastado. Por mucho que quieras ponerle rostros jóvenes a la gestión, terminan siendo los mismos con al menos una década de presencia pública”, arguyó. 

Mendoza reconoció que existe una amplia apatía por participar en el plano político de parte de la juventud.

“Hoy en día no hay interés político en los jóvenes, no hay publicidad constante por parte del Consejo Nacional Electoral para acudir a inscribirse en el RE y eso que estamos en un año de comicios”, denunció. 

Aseveró que falta mucho camino para que la juventud venezolana se sienta a gusto y vea futuro en el país. 

“Hay que invertir mucho en educación y en políticas públicas, establecer leyes para fomentar el empleo y estimular los préstamos para menores de 35 años por citar algunas cosas que son urgentes”, concluyó el dirigente estudiantil. 

 

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