zonas de paz

La muerte del comisario Eduardo Henríquez confirma que la principal vía al oriente del país sigue bajo el influjo de los grupos criminales que germinaron con el programa “zonas de paz”

 

@javiermayorca

En la vía hacia el oriente del país hay 760 hombres en armas.

Esta cifra surge de la sumatoria del número de integrantes de las megabandas que hacen vida entre Caucagua y Machurucuto. No incluye a los grupos de Anzoátegui y Sucre.

A partir de marzo de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han levantado información sobre estas agrupaciones al margen de la ley. Desde el ministerio de Relaciones Interiores les ordenaron llamarlas con el acrónimo GEDO, o “grupos estructurados de delincuencia organizada”.

Pero esta denominación ha perdido valor, pues la propaganda oficial llama GEDO a cualquier alianza de tres o más sujetos que sean detectados en una conducta ilegal. Entonces, podemos encontrar GEDOs de estafadores, gente que hurta metales para revenderlos o que se pone de acuerdo para “ceder” sus puestos en las colas hacia las estaciones de servicio, a cambio de algunos dólares.

Los grupos que actualmente dominan la carretera a oriente ya no son los del viejo Capracio. Estos surgieron en la segunda década del siglo. Y se consolidaron a partir de 2013, cuando el entonces viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Avalos comenzó con su programa “zonas de paz”.

A pesar de la enorme opacidad con la que se llevó a cabo esta iniciativa, gracias a un informe de la Guardia Nacional se determinó que solo en Barlovento había 26 territorios a los que no podían entrar los agentes de cuerpos policiales o militares. Eran como pequeños caguanes, en los que además el Ejecutivo intentaba ganar indulgencias mediante la aplicación de planes de “consolidación” de las organizaciones civiles, mediante el otorgamiento de créditos o el financiamiento a programas que terminaron por beneficiar a las estructuras más sólidas de estos lugares, que eran precisamente las bandas criminales.

El grupo que mató al jefe de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al encargado de Investigaciones de esa dependencia, inspector jefe José Amador (ahora comisario tras el ascenso post mortem) era conocido desde mucho antes de que se llevaran a cabo las llamadas OLP. Le llamaban la banda de Las Delicias, un poblado que está entre San José de Barlovento y la Troncal 9. Antes era un lugar olvidado, pero con la extensión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho mucha gente comenzó a transitar por allí, así como por otra vía local que lleva a El Guapo. Ambas son carreteras estrechas, sin iluminación ni rayado, con curvas pronunciadas, fallas de bordes y mucha maleza alrededor. Así que los asaltos a vehículos particulares y de carga son cosa relativamente sencilla.

De allí, la banda de Esteban Eduardo Quintana, alias Eduardo Delicias, pasó a la extorsión, en especial a los pequeños comerciantes y productores de cacao. La extorsión tiene un propósito económico, pero se sustenta en el miedo. Esto lo sabe muy bien la gente de Cumbo, un pueblo a dos kilómetros de Las Delicias. Y cuando alguien intenta romper ese muro, termina descuartizado e incinerado en la vía pública. Así sucedió con dos activistas sociales en mayo de este año, que coordinaban la entrega de bolsas Clap. En esos días, a pesar del escándalo, no hubo una reacción efectiva de los cuerpos de seguridad.

Según estimados de la PNB y de Cicpc, la banda de Las Delicias tiene aproximadamente 200 integrantes. Pero no es la más grande. En el municipio Acevedo hay otra llamada Los 300, y como en la película estos sujetos estarían dispuestos a luchar con fiereza. Luego de la muerte de su líder, conocido como Miguel, en mayo de 2020, el grupo se recompuso y continúa activo.

Otra megabanda opera desde Panaquire. Su líder está plenamente identificado (Yorbin Alexander Machado Raposo, Perrote) y cuenta con unos 150 hombres, aunque su poder de fuego y capacidad de movimiento no es igual al de la organización de Las Delicias.

Desde los cuerpos de seguridad también mencionan a dos bandas, que tienen sus centros de operaciones en Tapipa y El Clavo. La primera, encabezada por los medio hermanos Rolando Machado y Félix Rivero, tiene aproximadamente ochenta integrantes. Y la otra es liderada por alias Menchito.

Todos estos grupos, como se refirió, tienen por lo menos una década de existencia. Como el resto de la población, han sido afectados por acciones policiales puntuales, la cuarentena y el decaimiento económico general. Ahora, tratan de recuperarse. Por esta razón, desde el segundo trimestre se observa una agudización de la inseguridad en la principal vía hacia el oriente del país. La población se entera de estas cosas cuando ocurre algún hecho notorio, como el homicidio de militares que van como pasajeros en camiones objeto de asalto. O la muerte del comisario Henríquez.

Por ejemplo, los camiones de las grandes distribuidoras de comestibles solo se aventuran a Barlovento luego de las 7 a. m., y sus conductores tienen órdenes de no permanecer allí después de las 5 p. m. De ser posible, además, acudirán en caravanas. Todo esto implica importantes costos, y además deja abierta la posibilidad de que algunas zonas queden sin abastecimiento.

Algunas empresas petroleras cuyas centrales están en Caracas han ordenado a sus empleados y ejecutivos no transitar por esa carretera cuando deban ir a los campos de la Faja. Han tenido que establecer “puentes aéreos”, lo que desde luego incrementa los gastos, y transmite al exterior una fuerte percepción de riesgo asociado a la criminalidad.

A propósito de la muerte del comisario Henríquez, el MRI ordenó la ejecución de la operación Barlovento. Una reacción tardía y con un objetivo difícil de conseguir, por lo menos en el corto plazo. No se trata de la Cota 905 o La Vega. Son cinco municipios poco urbanizados, que abarcan 432 kilómetros cuadrados.

Hace cinco años, en octubre de 2016, el ministerio de la Defensa ordenó el emplazamiento de contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército en esas mismas zonas. Se llamó operación Orión. Algunas tropas fueron enviadas desde Caracas, otras desde lugares remotos como el estado Sucre. Ante la presión por dar algún resultado, mataron a doce individuos a los que asociaban con las bandas referidas en este trabajo, y ocultaron los cadáveres en una fosa común. Los militares tuvieron que retirarse en medio del rechazo generalizado de la población.

Uno supone que Cicpc tiene mayores recursos de inteligencia para lograr el objetivo a un costo menor. Pero el riesgo de una acción similar a la de Orión está latente, en la medida en que pasan los días y no dan con Eduardo Delicias.

Breves

√ El equipo de defensores de Alex Saab ha intentado en los últimos días dos recursos, con el claro propósito de prolongar la permanencia del extraditable colombiano en Cabo Verde. Según las declaraciones divulgadas por el jefe del equipo legal de Saab, José Manuel Pinto, el primero pretendía la nulidad de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del archipiélago el 7 de septiembre, que desechó las objeciones formuladas por estos litigantes en torno a la legalidad del visto bueno a la extradición. En segundo término, los defensores exigieron una “revisión” de la decisión tomada por la justicia caboverdiana, a la luz del desenlace de una pesquisa de la fiscalía suiza, sobre un supuesto lavado de dinero con fondos provenientes del programa para la construcción de viviendas del gobierno de Nicolás Maduro.

Según el abogado Pinto, un “monto sustancial” de los fondos enviados a la banca helvética “fue recibido de empresas ligadas al mismo programa de viviendas venezolano que está en el centro de la acusación en Miami contra Alex Saab, del 25 de julio de 2019, y sirvió de base al pedido de extradición hecho por EE. UU. a Cabo Verde”. Afirmó que los suizos no encontraron delito alguno asociado al manejo de los referidos fondos, por lo que Saab correría el riesgo de “doble juzgamiento” si es llevado a Estados Unidos para ser procesado por los mismos hechos. El primer recurso de los defensores fue rechazado casi de inmediato. Sobre el segundo, la justicia de Cabo Verde no se había pronunciado al momento de la redacción de esta nota. Sin embargo, esta seguidilla de maniobras hace pensar que Pinto y su equipo ven inminente el traslado de Saab a Estados Unidos.

√ En los nueve meses que van de 2021 las oficinas de la policía judicial han procesado 712 denuncias sobre desapariciones de personas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es llamativa, pues rebasa el total de casos iniciados durante todo 2020. Es posible que la cuarentena implantada a partir de marzo del año pasado haya influido en esta disparidad. Pero se debe tomar en cuenta que durante 2021 se han mantenido las dinámicas de flexibilización y radicalización de la cuarentena, por lo que otros factores deben entrar en juego.

Pero las cifras de denuncias conocidas en el estado llanero, así como en Táchira y Zulia son bajas si son comparadas con las de Distrito Capital (148), Miranda (145) y Bolívar (53). En el actual contexto, las desapariciones parecieran estar asociadas a la intensificación del delito organizado o a disputas entre bandas y megabandas por el control de ciertos territorios. Desde luego, estos números pueden cambiar, ya sea porque la persona indicada da alguna señal de vida o porque se constata que ha sido víctima de homicidio, secuestro o privación ilegítima de libertad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Robert Jose Asuaje, de 20 años de edad, fue asesinado en horas de la noche de este viernes tras finalizar un juego de baloncesto en el sector Las Brisas de la Cota 905.

Asuaje fue asesinado de múltiples impactos de bala luego de que fuese atacado por sujetos aún por identificar.

Testigos relatan que el joven se dirigía a su residencia una vez finalizado el partido cuando cuatro sujetos le cayeron a cachazos a un hombre cerca de él, y cuando el grupo se volteó a ver qué sucedía, le dispararon a Robert quien recibió al menos 15 impactos de bala, muchos de ellos en la cara.

Robert Asuaje deja una hija de dos años y a su pareja embarazada.

El joven era prospecto de equipos de baloncesto, actualmente jugaba en la liga Firestone de Valencia, estado Carabobo y en octubre iniciaría sus estudios de Educación Física en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).

Zona de Paz

Familiares y vecinos expresaron su preocupación por la reactivación de la zona de paz en la Cota 905. Indicaron que desde hace unas dos semanas las bandas que hacen vida en esta comunidad informaron sobre el supuesto acuerdo alcanzado con altos funcionarios del gobierno nacional, acuerdo que implicaría un cese de las operaciones policiales en los distintos sectores de la populosa barriada caraqueña.

Al ser consultados al respecto funcionarios policiales que pidieron no ser identificados señalaron que en los últimos días fueron abortados varios operativos en esa zona.

«Nos costó mucho esfuerzo, muchas vidas y heridos para recuperar la Cota y ahora se la entregan en bandeja de oro a las bandas de el Coqui y el Galvis», dijo un funcionario.

“Volveremos a vivir la misma anarquía de ver a jóvenes con granadas y armas largas en el barrio, y a ver ventas de drogas como si nada por la calle. No es posible que les den tanto poder a los malandros de aquí, nos sentimos burlados porque ellos [el Gobierno] se doblegan ante el hampa”, soltó una vecina de la Cota 905, quien por miedo a venganzas pidió no revelar su identidad.

Los habitantes de esta comunidad temblaron cuando se corrió el rumor de que entre los líderes de las bandas y varias figuras del Gobierno llegaron a un “acuerdo de paz”. El supuesto trato contempla que no haya más operativos policiales en la zona a cambio de que cese la actividad delictiva. Sin embargo, no es un anuncio oficial.

La información surgió luego de una reunión que sostuvieron los vecinos con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez; el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez; el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante y el presidente del Poliedro de Caracas, Antonio “Potro” Álvarez, en la cancha del sector Las Quintas el pasado sábado 26 de agosto, “a favor de la paz”.

“Tenemos que trabajar muy bien y con la Comisión de la Verdad estamos siendo cuidadosos en la Cota 905 de cualquier tipo de extralimitación que pueda darse desde los organismos de seguridad del Estado, de que la actividad delictiva no se imponga en las relaciones de la comunidad”, dijo Delcy Rodríguez, en declaraciones para el periódico Ciudad Caracas.

Pero los vecinos piensan que “la paz” es un disfraz y que la Cota 905 no será una comunidad donde puedan vivir tranquilos. La noche del sábado —horas posteriores de la reunión— hubo dos fiestas electrónicas y un día después —el domingo 27 de agosto— observaron a aproximadamente 30 sujetos armados pasar por Las Quintas, como sucedió antes de las incursiones policiales.

Añadieron que la noche de este martes 29 de agosto hubo una nueva reunión con Delcy Rodríguez, únicamente con habitantes de Las Quintas, en la que presuntamente se finiquitó que no ingresarán policías.

“Es una mal llamada paz, lo hicieron ver de esa forma pero uno queda a merced de ellos. Los delincuentes deciden quién vive o quién muere en el barrio, por eso la paz es paño de agua tibia, uno no tiene beneficios. Prefiero que mi casa sea un ranchito pero vivir en paz”, soltaron.

Y aunque quedaron muy afectados por los severos daños que ocasionó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en viviendas y familias —a quienes les mataron miembros inocentes—, prefieren que los funcionarios sigan incursionando en los sectores. “Vamos a quedar más desprotegidos de lo que estábamos y a merced de ellos completamente, que deciden a quien botan del barrio, a quien le tirotean las piernas y quien roba“.

Fuentes policiales comentaron, de manera extraoficial, que hasta el momento no tienen órdenes de no ingresar a la Cota, pero tampoco están recibiendo informaciones de esa zona desde el pasado lunes 28 de agosto, dos días después de la reunión.

Los funcionarios presumen que no habrá anuncio oficial, como sucedió cuando se “proclamaron” las zonas de paz en 2013. Temen por la integridad física de los uniformados que viven en sectores de la Cota, El Cementerio y El Valle.

Sigue leyendo este trabajo de Yohana Marra en Crónica Uno

Los habitantes de Cumbo son sobrevivientes de tres años de asedio de las bandas que crecieron allí a la sombra de un programa del MRI. Ahora, el Gobierno ejecuta la operación Orión para erigirse en salvador del daño que ocasionó

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Para llegar a Cumbo se puede tomar dos vías. La primera es la Troncal 9. A 15 minutos de eludir huecos desde Caucagua hacia oriente encontrará a mano izquierda un cruce que solo conocen los lugareños. No hay letrero ni luces. El asfalto se lo traga la selva.

La otra posibilidad es ir hasta San José de Rio Chico por la autopista. Desde allí hay una carretera que también conecta con esa población, tras un recorrido de unos 10 minutos. Nunca lo hicimos.

“Es demasiado peligroso. Las bandas ponen alcabalas allí”, advirtió Miguel, un ingeniero que trata de rescatar lo poco que queda de Cumbo, haciendo trabajos de “promotor social”.

Gracias a su advertencia, un traslado que no debía durar más de un cuarto de hora se prolongó por tres cuartos de hora por razones de seguridad.

Uno no se adentra en una zona de paz sin guía.

Al aproximarse al pueblo se pueden ver algunas de las viviendas abandonadas debido al asedio de las bandas.

La siguiente advertencia de Miguel también se cumplió: a la izquierda del camino, agazapados, estaban cinco sargentos de la Guardia Nacional, enviados a propósito de la operación Orión, la misma que en noviembre de 2016 ocasionó la muerte de doce personas en el sector El Café.

Uno de los uniformados se colocó adelante del carro, e impidió el paso. El otro, del lado del piloto. Los AK103 listos para disparar. Preguntó hacia dónde íbamos, y al escuchar la respuesta repreguntó dónde quedaba ese lugar, para pescar cualquier mentira.

Una vez adentro, la desolación. La sensación de abandono se acrecentó debido a que el pueblo tenía más de quince horas sin energía eléctrica.

En Cumbo es poco lo que queda en pie. Incluso la iglesia cerró en diciembre. Solo abre los fines de semana, cuando los lugareños traen en sus vehículos particulares al párroco de San José. El cura que laboraba allí pidió transferencia.

De las instituciones públicas solo se mantienen la Casa del Pueblo y la unidad educativa Coto Paúl, ambas a cargo de la Gobernación. El ambulatorio es un cascarón vacío. Los pacientes deben ir a San José de Río Chico para recibir atención médica.

De la iniciativa privada solo queda una chocolatera, cuyo producto por cierto es muy bueno. Este local podría confundirse con cualquier casa del poblado. No tiene avisos ni publicidad, aunque todos allí saben dónde queda. También hay una venta ambulante de lotería. El resto de los comerciantes huyó de la criminalidad: el panadero, el del cyber, el de la lunchería…

Esa es la consecuencia de tres años en el corazón de una “zona de paz”.

El jefe local de PoliMiranda, comisionado Alberto Rojas, dijo que desde 2014 hasta ahora los descuartizamientos y decapitaciones se han vuelto frecuentes.

“Hay lugares aquí en los que para meternos necesitamos apoyo de otros cuerpos. No se puede ir solo”, confesó Rojas.

En ese confín de Barlovento parecieran no haberse enterado de la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, en el sentido de que las zonas de paz ya no existían.

El municipio Andrés Bello, donde está Cumbo, tuvo en 2016 la tasa de homicidios más alta de Miranda, 298 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos aportados por el director de la policía estatal, comisario general Elisio Guzmán. Esta cifra incluye las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con policías o militares. El municipio que le sigue, Acevedo, tuvo 208 muertes por cada 100.000 habitantes, y colinda con esta población.

Los guardias apostados en una entrada del pueblo tienen poco conocimiento del lugar, pues llegaron de oriente y rara vez hacen patrullaje. Las bandas generalmente operan en el lado opuesto del sector, donde está la vía que conecta directamente con San José.

Los uniformados, sin embargo, permiten cierto respiro a una población que ha mermado 10% debido a las muertes violentas o a las migraciones forzadas, según datos aportados por un representante de la Casa del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.

“Aquí, a las 6 pm, no podíamos salir de las casas”, recordó.

El dominio de las bandas sobre este lugar era tal que a finales de 2015 el personal de la unidad educativa tuvo que permanecer en esa instalación una semana, indicó el director de Educación de Miranda Juan Maragall.

La sospecha es que, apenas ordenen la reubicación de los militares desde Caracas, las bandas saldrán de nuevo a ajustar las cuentas pendientes.

Breves

*El ministerio de la Defensa intenta poner orden en la utilización de las unidades élite o fuerzas especiales de la FAN. Un radiograma distribuido en una zona operativa de defensa integral de la región andina establece que tales grupos no podrán ser incorporados a ninguna actividad si no se cuenta con la aprobación directa del Comando Estratégico Operacional de la FAN, en la actualidad bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino, o en su defecto del jefe de Estado Mayor de esa misma instancia. El documento indica que se trata de unidades de carácter “estratégico militar”, que sólo pueden aparecer para “neutralizar objetivos sensibles y neurálgicos, que atenten contra la seguridad y la soberanía de la nación”. Por lo tanto, el empleo de las fuerzas especiales para participar en desfiles, festines o paradas no podrá hacerse sin contar con la aprobación expresa del Ceofanb. De esta forma se evitará mostrar a posibles fuerzas enemigas cuáles son las verdaderas capacidades de los grupos élite de la institución militar.

*Interpol emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra un colombiano nacionalizado venezolano, que supuestamente huyó de Curazao cuando se determinó su participación en el traslado al aeropuerto internacional de esa isla de 429 kilos de cocaína, que serían embarcados en la bodega de un jet de matrícula estadounidense. El alijo fue detectado el 22 de octubre por las autoridades curazoleñas, cuando circulaba en el vehículo de carga por la plataforma del Jet Center. El hombre de 53 años de edad también habría participado en la adquisición del vehículo. Se cree que huyó por vía marítima hasta las costas de Falcón.

*La Fuerza Armada Nacional adelanta una operación para la vigilancia del proceso de renovación de los partidos políticos. Luego de recibir una solicitud del Poder Electoral, el Ceofanb ordenó la utilización de unidades de la GN y de otros componentes para evitar posibles saboteos a este proceso, que se desarrollará por diez fines de semana consecutivos, entre los meses de febrero y abril. En concreto, de acuerdo con fuentes militares, se trata de “prestar apoyo de seguridad, vigilancia y custodia al CNE” y a las personas que deseen manifestar su adhesión a alguna tolda política. También el “orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales”. En esta ocasión, las jornadas de renovación comienzarán a las 8 am y finalizarán a las 4 pm, sin prórroga posible. Una vez terminada la actividad “se procederá a la desinstalación de la máquina de registro y su repliegue hasta el comando de la unidad militar responsable de cada punto de registro, donde permanecerá en custodia (…) hasta la semana siguiente”.

*La división contra Delitos Financieros de la policía judicial continúa una investigación relativa a un supuesto desfalco contra la empresa Oceánica de Seguros. La pesquisa, iniciada hace más de cinco meses, ha permitido la detención de tres personas (una de ellas mujer) y la identificación de otras doce, que supuestamente pertenecen a una red con ramificaciones en Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. La última detención se produjo el lunes 6 de marzo en el distribuidor Montesano de la autopista a La Guaira. Los sujetos captan a sus víctimas a través de mensajes de phishing que conducen a un portal web falso de un banco, o también a través de invitaciones por redes sociales. En ambas modalidades, la intención es apoderarse de la información sobre las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, contratan a personas para que compren en locales pequeños productos tales como teléfonos celulares o tabletas, que luego pueden revender en portales web. Los pagos por estos aparatos son hechos mediante transferencias contra las cuentas de las víctimas. Según la pesquisa, las transacciones se concretan entre las 4 pm y las 6 pm, y los pagos no van directamente a las cuentas de los comercios sino a las de los propietarios, con lo que también existiría una posible evasión fiscal. El procedimiento en Montesano fue contra un mensajero motorizado que regresaba de una tienda en La Guaira con varios aparatos celulares recién adquiridos.

 

En un comunicado Cofavic expresó su profunda preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de nueve personas en la población de Cariaco y la presunta detención arbitraria, desaparición forzada y posterior localización con signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial de doce ciudadanos en el Municipio Acevedo del estado Miranda y en las que se ha identificado la presunta participación de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

De acuerdo con información pública disponible, el viernes 11 de noviembre de 2016, nueve hombres presuntamente murieron baleados, con tiros en la cabeza, en el sector El Porvenir de Cariaco, capital del Municipio Ribero, estado Sucre.

En el estado Miranda también se registró un nuevo hecho con elementos similares. De acuerdo con versiones de testigos y familiares de las víctimas, el pasado 15 de octubre presuntos funcionarios del Ejército practicaron una serie de detenciones en el Municipio Acevedo, en el marco de uno de los operativos de seguridad en la zona.

Los familiares de las personas detenidas denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el 25 de noviembre, se conoce del hallazgo de fosas comunes en dos áreas de Barlovento, el sector La Maturetera del Municipio Brion y en el sector Aragüita.

Según la información pública disponible, las  localizaciones se dieron a través de la actuación de los funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del CICPC  y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar. Frente a estos hechos, el Ministerio Público,  informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por la muerte de 12 personas que fueron halladas en el sector El Café y Araguita.

Por su parte, con relación a los hechos ocurridos en el sector El Porvenir de Cariaco, el Ministerio Público informó que 5 funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) fueron privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía, agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.

Responsabilidad del Estado 

Con respecto a estos hechos, el Estado venezolano debe cumplir con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos de las presuntas víctimas, identificando individualmente a cada uno mediante mecanismos confiables e independientes.

Dada la magnitud de los hechos y el temor en los familiares de las víctimas y en la población civil, es posible determinar que en ambos casos existió un pleno conocimiento del Estado sobre los hechos, debido a que son zonas de alta militarización y control policial, en las cuales  se han venido realizando operativos enmarcados dentro de la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”.

El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva.

El Estado tiene la obligación intransferible de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos.

La Corte Interamericana ha manifestado en el desarrollo de estándares internacionales de obligatorio cumplimiento que: “los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”

En reiteradas oportunidades, Cofavic ha alertado y denunciado la política equivocada del Estado venezolano, en la cual se han cedido espacios vitales que solo deben estar bajo su control a grupos armados civiles y bandas delictivas. La creación de las denominadas “Zonas de Paz” y la aceptación que líderes negativos autodenominados “pranes” gobiernen cárceles o territorios bajo el argumento que, negociar con el crimen tendrá como resultado que acabe, ha terminado fortaleciendo a quienes cometen actos delictivos.

PETITORIO

Por todo lo anterior, Cofavic insta al Estado venezolano a:

Con respecto a los hechos destacados:

1. Investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva los referidos hechos (Arts 23, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV).
2. Realizar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil (Art. 29 de la CRBV). Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa o indirecta en los hechos.
3. Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV)con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas.
4. Asegurar la participación, incorporación y protección de las víctimas durante el proceso de investigación y el trámite judicial. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. El Estado debe sin dilación y con todas las garantías incorporar a los sobrevivientes como víctimas y documentar debidamente las lesiones sufridas por estos.

Con respecto a las medidas de seguridad ciudadana y control de orden público:

1. Que el Poder Ejecutivo revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz” y haga público la estructura y características, así como informes sobre el denominado plan de seguridad “Operación de Liberación al Pueblo”.
2. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

3.- Que el Poder Ejecutivo enmarque todas sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana en los principios del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, ambos aprobados por la Organización de Naciones Unidas.

4. Ratifique Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

 

 

Lo veníamos sospechando desde que se pusieron en marcha las llamadas “zonas de paz” en Barlovento y en los Valles del Tuy. El primer ensayo lo realizó el presidente colombiano Pastrana cuando liberó durante un largo tiempo amplias extensiones territoriales de su país de la intervención del ejército y de la policía entregándoselas a la guerrilla para que iniciaran un supuesto proceso de pacificación. El experimento fracasó rotundamente pues la subversión aprovechó la oportunidad para todo lo contrario, esto es, para reorganizar y perfeccionar la guerra, o el conflicto como eufemísticamente ha preferido decir el gobierno colombiano.

Con tales precedentes la prudencia aconsejaba no repetir la experiencia en otros lugares. La sorpresa llegó cuando con bombos y platillos, en cadenas de televisión y con la bendición y apoyo de los poderes del Estado se nos anunció la creación de dichas “zonas de paz”, espacios liberados de toda intervención policial y militar para que en ellos grupos de delincuentes supuestamente deseosos de cambiar su criminal conducta desarrollaran bajo el control de sus comunidades programas de producción agrícola y actividades culturales del más variado tipo para lo cual recibirían financiación oficial adecuada.

¿Ingenuidad? ¿Idealismo? ¿Ignorancia de lo que quienes conocemos al malandro por dentro y por fuera sabemos?

Como en Colombia, en Venezuela el experimento sirvió para todo lo contrario. Esas zonas, además de ser utilizadas como refugio para criminales de unos y otros lugares, dado el espacio de impunidad, y para acopiar sofisticados armamentos adquiridos con el financiamiento de los supuestos programas de recuperación, han dado origen a muchas de las macrobandas que hoy pululan por campos y ciudades.

Nuevas sorpresas. Los pranes, que sí existen, existieron y existirán, contra lo dicho por la ministra, viendo disminuidos sus ingresos porque fueron liberados algunos detenidos con lo que la extorsión de hasta 5.000 bolívares por semana, llamada causa, que le cobran a cada preso para semigarantizarle la vida, se reduce, secuestran funcionarios para presionar pidiendo les envíen a sus dominios carcelarios nuevos extorsionables. Y el gobierno cede. A la PGV 1.443 nuevos, a Tocorón otros 2.000, un número similar a Tocuyito; y no hemos acabado. Ahora no se financian programas sino que se negocian esclavos.

En uno y otro caso, siempre ha actuado el mismo viceministro. ¿Por qué será?

¿Podemos dudar de que este régimen no solo protege la violencia sino que la fomenta y hasta la financia?

 

ciporama@gmail.com

Foto El Nacional

Las organizaciones exigen pagos en dólares u otras monedas extranjeras, y ante el menor titubeo matan a sus víctimas. Los homicidios en cautiverio se han incrementado en 1.300% con respecto a 2015

 

@javiermayorca

EL LUNES 13 DE JUNIO, dos hombres fueron capturados por una banda de secuestradores cuando intentaban cerrar el negocio de un vehículo, frente a una alcabala en la calle A de Caurimare.

La información manejada por Cicpc indica que ambas víctimas quedaron en poder del mismo grupo que días atrás plagió al jefe de prensa de Voluntad Popular, el periodista Johan Merchán. Como este caso “calentó” momentáneamente las urbanizaciones de Sebucán y Altamira, los antisociales desplazaron su actividad hacia Caurimare durante la segunda semana de junio.

Una de los cautivos, José Luis Gómez, vino al país para concretar la venta de varios bienes que dejó luego de emigrar a España con su familia. El otro es un hombre de 83 años de edad.

Los plagiarios negociaron simultáneamente con allegados de ambas víctimas. Pero en el caso de Gómez se presentó una dificultad, pues él prácticamente no tenía en Venezuela grandes sumas de dinero que pudiese entregar a cambio de su libertad. Al parecer, los familiares de la segunda víctima llegaron al acuerdo de cancelar un solo rescate por ambos hombres. El ofrecimiento fue de 5.000 dólares en efectivo. Sin embargo, el pago sólo llegó a 700 dólares y varios miles de bolívares.

A Gómez lo ejecutaron. Sus deudos tardaron varios días en llegar al país para reclamar su cadáver. Su funeral se llevó a cabo una semana después del secuestro.

Ese mismo día, lunes 20, hallaron en Guaicoco el cadáver de Pablo Alexander Brito, un pequeño comerciante de 26 años de edad. Sería una víctima de otra vieja banda de secuestradores que logró recomponerse. La llaman Los Petareños, debido al lugar donde suelen capturar a sus víctimas. A Brito lo interceptaron el domingo en la mañana, presumiblemente cuando salió de su casa en el barrio Agricultura para visitar a unos amigos.

Según el exdirector de la policía judicial, Miguel Dao, ambas muertes ocurrieron cuando los plagiarios percibieron problemas durante las negociaciones.

En el caso de Gómez, supuestamente hubo un intento de continuar conversando con los familiares en el exterior, aún después de que lo habían asesinado.

Con estos dos casos, ya son 13 las personas que han muerto este año mientras permanecían en poder de secuestradores. Esta cifra representa un incremento de 1.300% con relación a las muertes en cautiverio durante los primeros seis meses de 2015.

 

Bandas nuevas y reorganizadas

Hasta la tercera semana de junio la policía judicial había recibido denuncias sobre el plagio de 280 personas en todo el país. Esta cifra representa un incremento de 166% si se compara con el total correspondiente a los primeros seis meses de 2015. Pero no abarca ni siquiera todos los casos reportados a las autoridades. Tanto la Guardia Nacional como el Ministerio Público y los cuerpos preventivos de las regiones y municipios instruyen expedientes por secuestros que no son reportados a CICPC. Tampoco son tomados en consideración los casos en los que la acción del hampa resulta frustrada.

En el estado Miranda, el aumento de la victimización por secuestro ha sido de 359%, y 148% en Caracas.

Según el consultor Mario Mármol, esta situación es producto del accionar de cuatro bandas formadas en Distrito Capital.

La más activa en toda la gran Caracas actualmente tiene su base en un edificio abandonado de Nueva Tacagua (Catia). Los miembros del grupo están parcialmente identificados. Pero se cree que algunos formaron parte anteriormente de las bandas del eje Cementerio-Cota 905-El 70. Se habrían desplazado a la parroquia Sucre de Libertador debido a la segunda fase de la Operación para la Liberación del Pueblo.

Miguel Dao indicó que esta organización está en capacidad de llevar a cabo varios secuestros a la vez, una modalidad que se conoce como “carroussel”. En las últimas dos semanas han buscado a sus posibles víctimas en las urbanizaciones Santa Marta, Santa Paula, El Cafetal y Caurimare, desde donde toman la autopista Francisco Fajardo por el puente Los Ruices.

En El Cementerio continúa operando un grupo de plagiarios. Según Dao, asumieron un perfil bajo desde mayo. No obstante, desde entonces se han reportado por lo menos dos casos en los que los rescates son cobrados al pie de los túneles de la autopista Norte-Sur, que pasa por este sector.

Las otras dos bandas comenzaron operando en los sectores José Félix Ribas y la vía Petare-Mariches. Mármol explicó que son grupos que también buscan a sus víctimas en los municipios del este de Caracas. También extorsionan a los comerciantes y pequeños industriales de Sucre.

Policías y zonas de paz

Otras organizaciones están perpetrando secuestros ocasionalmente en la capital. Una de ellas es conocida debido a que utiliza una camioneta Toyota Land Cruiser blanca con respiradero (snorkel) para interceptar a sus víctimas.

Se cree que esta banda está formada por agentes de un cuerpo policial, en combinación con un colectivo armado del municipio Libertador. En dos oportunidades, cámaras de vigilancia los grabaron cuando capturaban a una víctima. En mayo se reportó un intento de secuestro por parte de este grupo en la vía de Los Campitos.

Otros grupos viajan desde las zonas de paz ubicadas en Barlovento para secuestrar en Caracas y en la vía hacia esas zonas.

La estructura más activa sería una megabanda asentada en San José de Barlovento. Sus miembros poseen armas de guerra y generalmente interceptan a sus víctimas mientras circulan por la Troncal 9 en la noche. Sin embargo, durante 2016 han ocurrido dos casos en los que las víctimas son llevadas desde Caracas hasta zonas boscosas de los municipios Acevedo y Brión.

Esta banda sería la responsable por el secuestro simultáneo de dos personas esta semana, así como también por la muerte en cautiverio del comerciante Roger Alexander Rojas, de 40 años, en mayo.

Dao insistió en la necesidad de denunciar cuanto antes los casos de secuestro. Recordó que tanto la policía judicial como la Guardia Nacional cuentan con unidades especializadas en la investigación de este delito. Las asesorías externas, indicó, solo sirven como complemento a la acción de estos cuerpos de seguridad.

Proveedores externos

El secuestro se ha diversificado de tal forma en el Distrito Capital que algunas bandas ya están acudiendo a la figura del “proveedor externo” o outsourcing.

Según Dao, los secuestros constan de cinco grandes fases: la intercepción, la puesta en custodia, la negociación, el cobro y la liberación del cautivo. En los casos catalogados como express o breves, los grupos involucrados desempeñan las funciones en varias fases.

Sin embargo, las organizaciones de Cementerio y la Cota 905 están admitiendo que grupos externos hagan la captura de la víctima para luego colocarla en poder de ellos, y continuar el proceso. Al final, la organización que llevó a cabo las últimas fases del proceso pagará un porcentaje de lo ganado a la banda que actuó en primera instancia.

Un esquema parecido ya era aplicado anteriormente en secuestros convencionales de la frontera, donde grupos de bandoleros capturaban a ganaderos y los ponían posteriormente en manos de frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Años después, en abril de 2005, aplicaron esta misma modalidad al banquero Jorge Azpúrua.

 

Para los integrantes del Foro Venezolano de Investigación Criminal la dirección del sistema penitenciario del país debe estar en manos de un profesional calificado y, por esa razón, levantan su voz: “Exigimos sea removida de su cargo la actual ministra de esa área a quien responsabilizamos de la actual situación de depravación de las cárceles venezolanas”.

La aseveración la hizo el comisario Luis Godoy, con 23 años de carrera en la policía científica, en Polibaruta y Polichacao, quien integra el foro que está constituido por un grupo multidisciplinario de ex funcionarios de la antigua PTJ y del Cicpc. Desde hace dos años el grupo se reúne para estudiar los altos índices de violencia e inseguridad en el país.

El foro exige que, como una medida derivada de la salida de la ministra del Servicio Penitenciario, sean desalojados los detenidos que hay en los calabozos de los cuerpos policiales en todo el país y que solo permanezcan 48 horas los presos en esas celdas, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, hasta que sea presentado ante un juzgado.

Godoy dijo que, de acuerdo con el estudio que han hecho, debe eliminarse todo privilegio o prerrogativa a la población penal, que se ha legalizado sin asidero jurídico. Esta situación ha llevado a que las cárceles sean sitios de esparcimiento y ha traído como consecuencia que el reo no vea la prisión como un castigo a la trasgresión de la ley.

Los expertos en materia criminal hacen un llamado al ministro del Interior y Justicia, Gustavo González López, para que se rediseñe una política de seguridad ciudadana “sin improvisación”, pero a la vez “sin dilación”, que esté fundamentada en estudios técnico-científicos del delito.

El documento elaborado por el foro recomienda eliminar “de inmediato esa absurda designación de las zonas de paz para dar un verdadero y claro mensaje a esos grupos irregulares a fin de controlar y restituir el orden interno”.

Igualmente se hace una crítica a las OLP que “evidencian una acción desesperada e improvisada que no da resultados satisfactorios porque no son parte de un esquema o plan articulado como lo indican las técnicas”.

En el escrito hacen una observación sobre el empecinamiento que han tenido gobiernos, en el pasado y el presente, al designar a militares en la dirección de los cuerpos de policía, aunque tal servicio es exclusivamente de carácter civil y profesional, lo que ocasiona que las políticas para combatir el delito tengan rasgos y fines acordes con su formación castrense.

El foro exige reactivar de inmediato el Instituto Universitario de Policía Científica como único ente rector para formar a los profesionales de la investigación criminal. No están de acuerdo con la instrucción que reciben los futuros policías en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, pues tiene una orientación política.

Luis Godoy dijo que los integrantes del Foro Venezolano de Investigación Criminal tienen la preparación requerida para detener el auge de la delincuencia y por eso se ponen a la orden del gobierno nacional porque quieren ayudar, sin que en esto esté incluida la política.

Anunció que pronto se van a pronunciar para que la sociedad sepa que hay profesionales preocupados por la inseguridad. “Eso no significa que queremos formar parte del gobierno. Lo que ocurre es grave y por eso queremos ayudar”, explicó.

El foro –indican– está dispuesto a tenderle la mano a sus “hermanos del Cicpc para que con mística, trabajo, respeto e hidalguía, decisión y firmeza rescaten el prestigio de nuestra institución”.

LaCifra

4.644

personas se encontraban detenidas hasta el 8 de este mes en 36 dependencias del Cicpc en todo el territorio nacional