Los habitantes de Cumbo son sobrevivientes de tres años de asedio de las bandas que crecieron allí a la sombra de un programa del MRI. Ahora, el Gobierno ejecuta la operación Orión para erigirse en salvador del daño que ocasionó

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Para llegar a Cumbo se puede tomar dos vías. La primera es la Troncal 9. A 15 minutos de eludir huecos desde Caucagua hacia oriente encontrará a mano izquierda un cruce que solo conocen los lugareños. No hay letrero ni luces. El asfalto se lo traga la selva.

La otra posibilidad es ir hasta San José de Rio Chico por la autopista. Desde allí hay una carretera que también conecta con esa población, tras un recorrido de unos 10 minutos. Nunca lo hicimos.

“Es demasiado peligroso. Las bandas ponen alcabalas allí”, advirtió Miguel, un ingeniero que trata de rescatar lo poco que queda de Cumbo, haciendo trabajos de “promotor social”.

Gracias a su advertencia, un traslado que no debía durar más de un cuarto de hora se prolongó por tres cuartos de hora por razones de seguridad.

Uno no se adentra en una zona de paz sin guía.

Al aproximarse al pueblo se pueden ver algunas de las viviendas abandonadas debido al asedio de las bandas.

La siguiente advertencia de Miguel también se cumplió: a la izquierda del camino, agazapados, estaban cinco sargentos de la Guardia Nacional, enviados a propósito de la operación Orión, la misma que en noviembre de 2016 ocasionó la muerte de doce personas en el sector El Café.

Uno de los uniformados se colocó adelante del carro, e impidió el paso. El otro, del lado del piloto. Los AK103 listos para disparar. Preguntó hacia dónde íbamos, y al escuchar la respuesta repreguntó dónde quedaba ese lugar, para pescar cualquier mentira.

Una vez adentro, la desolación. La sensación de abandono se acrecentó debido a que el pueblo tenía más de quince horas sin energía eléctrica.

En Cumbo es poco lo que queda en pie. Incluso la iglesia cerró en diciembre. Solo abre los fines de semana, cuando los lugareños traen en sus vehículos particulares al párroco de San José. El cura que laboraba allí pidió transferencia.

De las instituciones públicas solo se mantienen la Casa del Pueblo y la unidad educativa Coto Paúl, ambas a cargo de la Gobernación. El ambulatorio es un cascarón vacío. Los pacientes deben ir a San José de Río Chico para recibir atención médica.

De la iniciativa privada solo queda una chocolatera, cuyo producto por cierto es muy bueno. Este local podría confundirse con cualquier casa del poblado. No tiene avisos ni publicidad, aunque todos allí saben dónde queda. También hay una venta ambulante de lotería. El resto de los comerciantes huyó de la criminalidad: el panadero, el del cyber, el de la lunchería…

Esa es la consecuencia de tres años en el corazón de una “zona de paz”.

El jefe local de PoliMiranda, comisionado Alberto Rojas, dijo que desde 2014 hasta ahora los descuartizamientos y decapitaciones se han vuelto frecuentes.

“Hay lugares aquí en los que para meternos necesitamos apoyo de otros cuerpos. No se puede ir solo”, confesó Rojas.

En ese confín de Barlovento parecieran no haberse enterado de la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, en el sentido de que las zonas de paz ya no existían.

El municipio Andrés Bello, donde está Cumbo, tuvo en 2016 la tasa de homicidios más alta de Miranda, 298 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos aportados por el director de la policía estatal, comisario general Elisio Guzmán. Esta cifra incluye las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con policías o militares. El municipio que le sigue, Acevedo, tuvo 208 muertes por cada 100.000 habitantes, y colinda con esta población.

Los guardias apostados en una entrada del pueblo tienen poco conocimiento del lugar, pues llegaron de oriente y rara vez hacen patrullaje. Las bandas generalmente operan en el lado opuesto del sector, donde está la vía que conecta directamente con San José.

Los uniformados, sin embargo, permiten cierto respiro a una población que ha mermado 10% debido a las muertes violentas o a las migraciones forzadas, según datos aportados por un representante de la Casa del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.

“Aquí, a las 6 pm, no podíamos salir de las casas”, recordó.

El dominio de las bandas sobre este lugar era tal que a finales de 2015 el personal de la unidad educativa tuvo que permanecer en esa instalación una semana, indicó el director de Educación de Miranda Juan Maragall.

La sospecha es que, apenas ordenen la reubicación de los militares desde Caracas, las bandas saldrán de nuevo a ajustar las cuentas pendientes.

Breves

*El ministerio de la Defensa intenta poner orden en la utilización de las unidades élite o fuerzas especiales de la FAN. Un radiograma distribuido en una zona operativa de defensa integral de la región andina establece que tales grupos no podrán ser incorporados a ninguna actividad si no se cuenta con la aprobación directa del Comando Estratégico Operacional de la FAN, en la actualidad bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino, o en su defecto del jefe de Estado Mayor de esa misma instancia. El documento indica que se trata de unidades de carácter “estratégico militar”, que sólo pueden aparecer para “neutralizar objetivos sensibles y neurálgicos, que atenten contra la seguridad y la soberanía de la nación”. Por lo tanto, el empleo de las fuerzas especiales para participar en desfiles, festines o paradas no podrá hacerse sin contar con la aprobación expresa del Ceofanb. De esta forma se evitará mostrar a posibles fuerzas enemigas cuáles son las verdaderas capacidades de los grupos élite de la institución militar.

*Interpol emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra un colombiano nacionalizado venezolano, que supuestamente huyó de Curazao cuando se determinó su participación en el traslado al aeropuerto internacional de esa isla de 429 kilos de cocaína, que serían embarcados en la bodega de un jet de matrícula estadounidense. El alijo fue detectado el 22 de octubre por las autoridades curazoleñas, cuando circulaba en el vehículo de carga por la plataforma del Jet Center. El hombre de 53 años de edad también habría participado en la adquisición del vehículo. Se cree que huyó por vía marítima hasta las costas de Falcón.

*La Fuerza Armada Nacional adelanta una operación para la vigilancia del proceso de renovación de los partidos políticos. Luego de recibir una solicitud del Poder Electoral, el Ceofanb ordenó la utilización de unidades de la GN y de otros componentes para evitar posibles saboteos a este proceso, que se desarrollará por diez fines de semana consecutivos, entre los meses de febrero y abril. En concreto, de acuerdo con fuentes militares, se trata de “prestar apoyo de seguridad, vigilancia y custodia al CNE” y a las personas que deseen manifestar su adhesión a alguna tolda política. También el “orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales”. En esta ocasión, las jornadas de renovación comienzarán a las 8 am y finalizarán a las 4 pm, sin prórroga posible. Una vez terminada la actividad “se procederá a la desinstalación de la máquina de registro y su repliegue hasta el comando de la unidad militar responsable de cada punto de registro, donde permanecerá en custodia (…) hasta la semana siguiente”.

*La división contra Delitos Financieros de la policía judicial continúa una investigación relativa a un supuesto desfalco contra la empresa Oceánica de Seguros. La pesquisa, iniciada hace más de cinco meses, ha permitido la detención de tres personas (una de ellas mujer) y la identificación de otras doce, que supuestamente pertenecen a una red con ramificaciones en Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. La última detención se produjo el lunes 6 de marzo en el distribuidor Montesano de la autopista a La Guaira. Los sujetos captan a sus víctimas a través de mensajes de phishing que conducen a un portal web falso de un banco, o también a través de invitaciones por redes sociales. En ambas modalidades, la intención es apoderarse de la información sobre las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, contratan a personas para que compren en locales pequeños productos tales como teléfonos celulares o tabletas, que luego pueden revender en portales web. Los pagos por estos aparatos son hechos mediante transferencias contra las cuentas de las víctimas. Según la pesquisa, las transacciones se concretan entre las 4 pm y las 6 pm, y los pagos no van directamente a las cuentas de los comercios sino a las de los propietarios, con lo que también existiría una posible evasión fiscal. El procedimiento en Montesano fue contra un mensajero motorizado que regresaba de una tienda en La Guaira con varios aparatos celulares recién adquiridos.