Lo veníamos sospechando desde que se pusieron en marcha las llamadas “zonas de paz” en Barlovento y en los Valles del Tuy. El primer ensayo lo realizó el presidente colombiano Pastrana cuando liberó durante un largo tiempo amplias extensiones territoriales de su país de la intervención del ejército y de la policía entregándoselas a la guerrilla para que iniciaran un supuesto proceso de pacificación. El experimento fracasó rotundamente pues la subversión aprovechó la oportunidad para todo lo contrario, esto es, para reorganizar y perfeccionar la guerra, o el conflicto como eufemísticamente ha preferido decir el gobierno colombiano.

Con tales precedentes la prudencia aconsejaba no repetir la experiencia en otros lugares. La sorpresa llegó cuando con bombos y platillos, en cadenas de televisión y con la bendición y apoyo de los poderes del Estado se nos anunció la creación de dichas “zonas de paz”, espacios liberados de toda intervención policial y militar para que en ellos grupos de delincuentes supuestamente deseosos de cambiar su criminal conducta desarrollaran bajo el control de sus comunidades programas de producción agrícola y actividades culturales del más variado tipo para lo cual recibirían financiación oficial adecuada.

¿Ingenuidad? ¿Idealismo? ¿Ignorancia de lo que quienes conocemos al malandro por dentro y por fuera sabemos?

Como en Colombia, en Venezuela el experimento sirvió para todo lo contrario. Esas zonas, además de ser utilizadas como refugio para criminales de unos y otros lugares, dado el espacio de impunidad, y para acopiar sofisticados armamentos adquiridos con el financiamiento de los supuestos programas de recuperación, han dado origen a muchas de las macrobandas que hoy pululan por campos y ciudades.

Nuevas sorpresas. Los pranes, que sí existen, existieron y existirán, contra lo dicho por la ministra, viendo disminuidos sus ingresos porque fueron liberados algunos detenidos con lo que la extorsión de hasta 5.000 bolívares por semana, llamada causa, que le cobran a cada preso para semigarantizarle la vida, se reduce, secuestran funcionarios para presionar pidiendo les envíen a sus dominios carcelarios nuevos extorsionables. Y el gobierno cede. A la PGV 1.443 nuevos, a Tocorón otros 2.000, un número similar a Tocuyito; y no hemos acabado. Ahora no se financian programas sino que se negocian esclavos.

En uno y otro caso, siempre ha actuado el mismo viceministro. ¿Por qué será?

¿Podemos dudar de que este régimen no solo protege la violencia sino que la fomenta y hasta la financia?

 

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