privados de libertad archivos - Página 2 de 3 - Runrun

privados de libertad

CLAVES | OVP: Hambre y enfermedades siguen cobrando vidas en cárceles venezolanas
Durante el primer semestre de 2021, en cárceles y calabozos se registraron un total de 223 fugas, 5 huelgas de hambre y una población reclusa de 1.457 que participó en ellas

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó su informe de este 2021, en el que advirtieron que el hambre y las enfermedades siguen cobrando vidas en las cárceles venezolanas.

En el documento, señalan que los privados de libertad «forman parte de los grupos vulnerables en muchos países de Latinoamérica», y que parece importarle poco al Estado venezolano.

Carolina Girón, directora del OVP, informó que el 56 % de la población penitenciariaestá en calidad de procesados y 44 % son penados.

“Un procesado es una persona que no tiene una pena, que no se sabe si es inocente, pueden pasar años y ¿si resulta que es inocente? ¿Quién le paga todos esos años tras las rejas?. Tenemos casos que han pasado más tiempo en prisión que la pena que les dan, son dramas humanos que también suceden en otros países, pero nos tiene que llamar la atención porque son violaciones de derechos humanos”, dijo.

 

“Antes éramos famosos por la violencia y ahora fueron superados por la desnutrición, y no es un antojo del Observatorio es que en las cárceles hay tuberculosis, una enfermedad erradicada porque es de fácil detección y tiene tratamiento. En los centros de reclusión deben tener tratamiento y esto no está pasando; en nuestras cárceles tenemos personas detenidas desnutridas y vulnerables a cualquier enfermedad”, añadió Girón.

Recintos con mayor número de población carcelaria

De acuerdo con Carolina Girón, los cinco centros reclusorios con mayor población carcelaria en el país son:

– Internado Judicial de Tocuyito en el estado Carabobo: 4.401 presos

– Internado Judicial de Anzoátegui (Puente Ayala): 3.023 presos

– Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón): 2.884 presos

– Centro Penitenciario Fénix con su anexo femenino (Lara): 2.004 presos

– La Pica – Centro Penitenciario Región Oriental y su anexo femenino (Monagas): 1.784 presos

Población reclusa

De acuerdo con el informe, durante el 2020 existía una población reclusa de 37.543, lo que para el primer trimestre del 2021 se redujo a 37.517 y para el segundo trimestre se encuentra en 34.971 (32.644 hombres y 2.327 mujeres).

La cifra anterior representa una reducción del 14,7 %, aunque, según el OVP, eso no ha minimizado las alarmantes cifras de hacinamiento.

En el caso de los extranjeros, el informe del OVP contabilizó 788 reclusos en total, de los cuales 714 son hombres (91%); y 74 son mujeres (9%)

Hacinamiento

Actualmente, según las cifras del OVP, el riesgo crítico por hacinamiento en las cárceles venezolanas es de 165.05%. Se observa una disminución del 6.78%, en comparación al porcentaje que registraron en 2020 (171.83%).

 

La población reclusa registra un 198% de hacinamiento en riesgo crítico por una sobrepoblación mayor al 40%.

Situación jurídica

De acuerdo con el OVP, el 56% de la población reclusa ha sido procesada (19.594), lo cual representa un aumento del 7% con respecto al 2020, cuando el porcentaje de procesados era de 37%.

Fugas, huelgas de hambre, motines y heridos

Durante el primer semestre, en cárceles y calabozos se registraron un total de 223 fugas, 5 huelgas de hambre y una población reclusa de 1.457 que participó en ellas. También se registraron 16 motines.

Además, se contabilizaron 170 fallecidos y 87 heridos dentro de cárceles y centros de detención.

Del total de estas muertes, 123 fueron asociadas a condición de salud, 72% de ellas asociadas a la tuberculosis y desnutrición.

El estado con mayor cifra de fallecidos en sus cárceles es Lara, con 26 fallecidos. Le siguen Anzoátegui con 23 y Guárico con 13.

Liberaciones

Desde el mes de enero, en las cárceles venezolanas se llevaron a cabo planes Cayapa, que conllevó a la liberación de varios privados de libertad.

En el mes de junio se implementó la llamada Revolución Judicial, que tuvo como principal punto los centros de detención del país para su congestionamiento: sin embargo, estos planes también fueron realizados en penales.

Según un contraste realizado con las cifras oficiales y con las recabadas por OVP, desde el mes de enero hasta el 28 de septiembre se han liberado a 7.126 privados de libertad de cárceles y calabozos.

Asimismo, en cifras oficiales dadas del 1 de enero al 1 de julio, fueron 3.466 los presos liberados; mientras que desde el primero de julio hasta el 28 de septiembre el OVP tiene un registro de 3.660 libertades.

Abogado: Transferir presos políticos a cárceles comunes no borra huellas de tratos crueles
La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Rafael Narváez, abogado defensor de Derechos Humanos, sentenció este martes, 18 de mayo, que transferir presos políticos a cárceles comunes no «borra huellas de tratos crueles».

A través de su cuenta de Twitter, el abogado se refirió al decreto que ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.

«Ordenar al Dgcim y Sebin transferir custodia de privados de libertad al sistema penitenciario, no exonera de responsabilidad ni borran huellas de tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas contra presos políticos y asesinatos como el de Fernando Alban y Acosta Arévalo», dijo el abogado.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, advirtió que la medida implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes.

El gobierno de Nicolás Maduro, mediante el Decreto 4.610, publicado en la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, ordena a la Dgcim y el Sebin transferir la custodia de los privados de libertad al referido ministerio, en un lapso de 30 a partir de la publicación del decreto.

La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya sede principal se encuentra en Boleíta, municipio Sucre del Estado Miranda.

Una Ventana a la Libertad: Retardo procesal en cuarentena angustia a familiares de los privados de libertad
Las actividades judiciales están suspendidas desde que inició la pandemia, el pasado 13 de marzo

 

Los familiares de los privados de libertad recluidos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy solicitan que se reinicien las actividades judiciales, las cuales están suspendidas desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de covid-19. 

“Muchos de los presos esperan por la audiencia de presentación, el juicio y la libertad. Hay reos que tienen dos años tras las rejas sin que se les haya dictado sentencia y es probable que estén pagando una condena superior al tiempo que deberían demorar en la cárcel”, dijo Luisa Macero, prima de un privado de libertad del CDP de la Policía Municipal de Independencia, en nombre de un grupo de parientes. 

Macero señaló que en la población penal hay desesperación, al igual que entre sus parientes, porque el retardo procesal tiende a agudizarse y a su vez existe el miedo de enfermarse. “En los calabozos de este CDP hay presos con gripe, problemas respiratorios, sarna, desnutrición y tuberculosis, en medio de un hacinamiento que acelera los riesgos de que los presos se enfermen”, dijo Macero. 

La declarante exhortó a las autoridades a realizar un “Plan Cayapa” para que se revisen los expedientes de los presos y se les conceda la libertad a quienes les corresponda por ley. De igual forma considera necesario que se lleva a cabo un operativo médico en el CDP de la Policía Municipal de Independencia. 

*Vea más en Una Ventana a la Libertad

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 «reglas de Mandela» para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
«El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal», destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

«De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso», advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 «Reglas de Mandela»

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


Más sobre este tema

OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019

 

Privados de libertad toman como rehenes a 8 custodios del Centro Penitenciario de Occidente
Los presos reclaman a la dirección del penal que los funcionarios presuntamente escondían los alimentos para revenderlos

Un grupo de prisioneros del Centro Penitenciario de Occidente, en Táchira, tomaron como rehenes a ocho custodios del recinto carcelario a modo de protesta.

Según se pudo conocer, los privados de libertad reclaman a la dirección del penal que desde hace varios días no les permiten el ingreso de alimentos ni atención médica.

Uno de los custodios, en calidad de rehén, pidió a la directora del Centro Penitenciario de Occidente resolver la situación y le dio la razón a los presos.

“Agradecemos que resuelvan esta situación. Estoy con otros siete compañeros en calidad de rehenes. Los presos tienen la razón y quieren solucionar este problema de buena manera”, dijo.

 

A través de las redes sociales, se difundió un video donde los presos denuncian que los funcionarios reciben los alimentos y los guardan para revenderlos luego.

«Robaban. Miren como hay comida. Hay pollo en banda y nosotros tenemos cuatro días sin comer», se escucha a uno de los presos.

El motín

El miércoles 13 de noviembre los reclusos realizaron un motín en el centro penitenciario como medida de protesta también.

De acuerdo con la denuncia de Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, reclusos solo reciben una comida al día.

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó a través de su cuenta en Twitter que este viernes 4 de mayo fueron privados de libertad el presidente ejecutivo de BanescoÓscar Doval así como los 10 ejecutivos que habían acudido a declarar por presuntas irregularidades en la entidad bancaria más grande de Venezuela.

Entre el grupo de los directivos detenidos están Carlos Lorenzo, Marcos Ortega, Jesús Irasquin, Teresa de Prisco, Liz Sánchez, Pedro Pernia, Cosme Betancourt, David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo.

Todos fueron acusados por el Tribunal 3ero de Caracas por la presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Al conocer la noticia de la detención de los directivos así como de la intervención a la entidad financiera, su presidente, Juan Carlos Escotec, dejó sus actividades con Abanca, para volver a Venezuela y dar la cara por Banesco, aseverando que la acción desarrollada por el Gobierno obedece a fines políticos.

Privan de libertad a un juez laboral y dos personas por presuntamente ser parte de red de extorsión

privados

Un juez laboral y dos ciudadanos fueron privados de libertad por un tribunal por presuntamente hallarse incursos en una red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales.

El Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera y a los ciudadanos David Norberto VIamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas por la supuesta comisión de los delitos de extorsión agravada, suposición de valimiento y asociación para delinquir.

De acuerdo a la nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la denuncia fue formulada por el hijo de una persona que fue aprehendido por presuntamente estar solicitado por la Interpol. El denunciante contactó a Morales Rivera para asesoría y este le solicitó una suma de dinero estimada en cuatro millones de dólares, y en caso de no tenerlos, ofreció un grupo de personas que fungirían como prestamistas si ponía una serie de bienes a sus nombres. El denunciante fue amenazado con el encarcelamiento de su padre y la inclusión de su familia en la alerta roja internacional por parte de la Interpol.

En el caso se vieron implicados una serie de personas, uno de ellos siendo el abogado de la contraparte, debido a que bajo coacción y amenazas le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales. Asimismo, esto causó que cinco personas adscritas a diversos organismos del Estado (Tribunales, Defensa Pública, Ministerio Público, y otros), así como personas externas se hayan implicado en el caso, describe la nota de prensa del máximo tribunal.

De la declaración del denunciante se desprende la acción ilícita cometida por varios funcionarios adscritos a las instituciones antes mencionadas, quienes de manera reiterada habrían sometido a las víctimas a la entrega de varias sumas de dinero, utilizando los nombres de Magistrados para ejecutar la acción y prometer una ayuda en la causa penal, por lo que se ordenó un procedimiento de autorización de entrega controlada, resultando detenidos los ciudadanos antes señalados.

Crisis en los calabozos policiales, por Carlos Nieto Palma

calabozos

 

Desde hace mucho tiempo vengo denunciando la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva del país y la violación masiva a los derechos humanos de las personas que allí se encuentran recluidas, crisis que ha sido generada por la incompetencia y negligencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que se ha negado a asumir su responsabilidad en la tutela de los privados de libertad del país, tal como lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio.

En Venezuela hay aproximadamente 500 centros de detención preventiva que albergan cerca de 47.000 reclusos, que sumados a los 57.000 presos que están en los recintos carcelarios que se hallan bajo el control del Ministerio Penitenciario nos da una población privada de libertad en Venezuela de 104.000 personas, cifra nunca vista en la historia de Venezuela, nunca la crisis de nuestro sistema penitenciario había sido de la magnitud que hoy vivimos.

El pasado martes 18, Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, presentó el informe “La violencia y las enfermedades arropan a los centros de detención preventiva: Situación de los centros de detención preventiva en Venezuela”, correspondiente a una investigación realizada por nuestro equipo en el primer semestre de 2017 (enero-junio).

El informe presenta los resultados de un diagnóstico exhaustivo realizado, sobre la situación derechos humanos de los privados de libertad, en 89 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población privada de libertad del país.

El informe contiene datos sobre: 1. Derecho de las personas privadas de libertad a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura. 2.- Infraestructura y condiciones de los centros de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación a los privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva; y 4.- Respeto del derecho a la defensa y al debido proceso de los privados de libertad en los centros de detención preventiva. De igual forma, monitorea hechos como: motines, huelgas, fugas, intentos de fuga, secuestros, asesinatos, muertes e introducción de armas de fuego o drogas a los calabozos.

Una Ventana a la Libertad constató que los centros de detención preventiva monitoreados tienen una capacidad para albergar a 1.910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un promedio de 8.249, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6.339 privados de libertad, lo que equivale a 432%.

Documentó, además, que del total de privados de libertad 475 son mujeres, 95 son menores de edad, 32 son extranjeros (que en su mayoría no poseen documentos de identidad) y 7 son personas GLBTI.

De igual forma, el estudio revela que al menos 2.765 (33,52%), del total de personas detenidas en estos centros de detención preventiva, han recibido condena, pero no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

86,52% de los centros de detención preventiva monitoreados no posee servicio de comedor; 85,39% no cuenta con áreas recreativas y 82,02% no tiene áreas de visitas; con lo que se ven afectados derechos fundamentales de los detenidos como el de la alimentación y el de recibir visitas de sus parientes y abogados.

84,27% de los centros no cuenta con servicio médico; 69,66% no tiene servicio de agua potable; 57,30% no cuenta con servicios higiénicos; 59,55 no tiene servicios de recolección de basura; lo que convierte a los centros en espacios propicios para la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas, que afectan el derecho a la salud de los privados de libertad.

Se constató también que la mayoría de los centros de detención no cuentan con espacios diferenciados para la población femenina, para detenidos menores de edad ni para la población GLBTI, con lo que vulneran derechos fundamentales de estos grupos.

“Resulta preocupante que los menores de edad privados de libertad tengan que convivir con adultos y que estén expuestos a enfermedades o hechos de violencia, que se desarrollan como producto del hacinamiento y de la falta de servicios esenciales (alimentación, agua potable, servicios higiénicos, entre otros”, señala el estudio.

Solo 3 de los 89 centros de detención preventiva monitoreados tienen áreas especiales para atender a los privados de libertad menores de edad y solo 2 cuentan con áreas especiales para albergar a la población GLBTI.

Tampoco se garantiza el derecho de las madres de permanecer con sus hijos mientras están en período de lactancia. Solo 1 de los 89 centros monitoreados cuenta con un área en la que las mujeres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijos menores o lactantes

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el período recayó en los privados de libertad (61,39% de los casos). No obstante, se constató que autoridades policiales fueron responsables en 37,62% de los casos y en otro hecho, que suma 0,50% del total, se identificó como responsable a un funcionario militar.

“Aunque en la mayoría de los casos la responsabilidad recayó en los detenidos, se constató una corresponsabilidad estatal, toda vez que la mayoría de los casos corresponden a hechos de violencia en las que fueron usadas armas de fuego, armas blancas u otros tipo de objetos contundentes, que fueron ingresados a los centros de detención preventiva sin que los cuerpos policiales se percataran de ello o ejercieran acciones preventivas contundentes para evitarlo, con lo que queda en evidencia una corresponsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado, por omisión”, advierte la organización en el estadio.

Este estudio incluye, además, un índice del estado de los derechos humanos en los centros de detención preventiva, que midió el nivel de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opinión calificada de expertos locales. Este instrumento reveló que la región en las que hay mayor gravedad en la violación de los derechos humanos de los privados de libertad es la formada por la Gran Caracas y los estados Miranda y Vargas.

Los invito a leer este informe en la página web de Una Ventana a la Libertad

www.unaventanaalalibertad.org

 

@cnietopalma 

El Nacional