En mayo de 2011, el líder de 26 años de edad de una pandilla carcelaria dejó en jaque por varias semanas a 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, respaldados por tanques y helicópteros. Aquella humillación a nivel nacional e internacional llevó al entonces presidente Hugo Chávez a asumir una posición diferente, pero que resultó desastrosa, frente al sistema penitenciario.
Escrito por Unidad Investigativa sobre Venezuela de InSight Crime
Con más de 4.700 presos, en el año 2011 la cárcel de El Rodeo era una de las más grandes del país. Los disturbios en mayo de ese año comenzaron como una riña entre pandillas carcelarias rivales. Los líderes de las pandillas, conocidos como los «pranes» de Rodeo II, destronaron a un pran de Rodeo I, las instalaciones vecinas. Se trataba entonces de un cambio de «carro», como se denomina a la estructura de gobierno criminal en las cárceles. Pero aquel no fue un simple motín con patadas y palizas; se trataba más bien de una verdadera batalla con armas automáticas y semiautomáticas.
Las autoridades penitenciarias pidieron refuerzos. En total, 3.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 400 paracaidistas y un contingente de la policía militar fueron desplegados en el caluroso estado de Miranda, a sólo 40 kilómetros al este de Caracas. El 17 de junio los soldados atacaron. Esto desató una batalla. Cuatro presos murieron y varios soldados resultaron heridos. El ejército logró tomar el control de Rodeo I, el edificio más cercano a la carretera principal. La devastación de las instalaciones penitenciarias parecía sacada del centro de Alepo.
(Transmisión en televisión de la cárcel El Rodeo durante los disturbios de 2011)
Al interior de Rodeo I, las autoridades encontraron 20 pistolas semiautomáticas, 7 rifles de asalto, 5 escopetas, 8 granadas, 5.000 balas, 45 kilos de cocaína y 12 kilos de marihuana.
(Las autoridades venezolanas exhiben las armas incautadas tras el motín en El Rodeo en 2011)
Rodeo II —el bloque detrás de Rodeo I donde hay más de 1.200 presos— resultó ser mucho más difícil de controlar. Allí los presos estaban mejor organizados bajo la dirección de su pran, un hombre llamado Yorvis Valentín López Cortez, alias «Oriente», de sólo 26 años de edad. Las autoridades temían que continuara una batalla sin cuartel. Para entonces los medios de comunicación ya habían llegado y las cámaras mostraban los enfrentamientos desde todos los ángulos.
(Yorvis Valentín López Cortez, alias «Oriente»)
Las negociaciones con los presos de Rodeo II comenzaron el 21 de junio. Oriente hablaría en representación de los presos. el gobierno envió al pastor evangélico José Argenis Sánchez (quien antes se dedicaba a vender autos de segunda), acompañado de Ronald Gregorio García Tesara, alias «Satanás», miembro de «La Piedrita», uno de los grupos patrocinados por el Estado que actuaban como brigadas de choque del régimen chavista. Se suponía que este par de agentes, «uno bueno y otro malo», haría a los presos entrar en razón. El agua y la electricidad de la prisión habían sido cortadas. El calor era insoportable. Después de dos días de conversaciones, lo único que las autoridades lograron obtener de los presos fueron cuatro cadáveres putrefactos que sacaron de la prisión. No se sabía exactamente qué era lo que querían; de lo que no había duda era de su tono agresivo.
«Nos engañan con líderes evangélicos que no conocemos. Nosotros no vamos a hablar con gente que no nos genere confianza. Esta es una guerra y vamos a luchar”, decía Oriente.[1]
Al gobierno le tomó 27 días restablecer el control de El Rodeo. Las cifras oficiales hablan de 23 muertos y 70 heridos —pero la realidad es quizá hayan sido muchos más—. Sólo se logró tomar control de la prisión después de que Oriente escapó, tal vez logró cruzar la malla de acero que rodea la prisión. Según algunos rumores, el entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien actualmente es el vicepresidente del país, llegó a un trato para dejar a Oriente en libertad a cambio de que pusieran fin a los enfrentamientos. También hubo denuncias de que la GNB se retiró por órdenes de sus superiores.[2] Oriente fue recapturado posteriormente, pero luego escapó de otra prisión en diciembre de 2016.[3]
Delirante e intoxicado de fascismo, convoca a una Asamblea Constituyente a su retorcido saber y entender, al mejor estilo de los «soviets» bolcheviques de la desaparecida Unión Soviética y la castro-tiranía. Retuerce el marco constituyente para suspender el Estado de Derecho con base en una supra constitucionalidad en su beneficio, y oficializa un tiempo dictatorial. Es un golpe contra la Constitución promovida por Chávez, la muerte definitiva del proyecto chavista. El final de la Quinta República.
Maduro se instala en la ilegalidad y la Asamblea que busca estaría integrada por miembros de organismos afectos al PSUV, tratando de retrasar el definitivo fin del chavismo, algo que hace tiempo resulta inevitable. Tiene miedo, que participen en la elección de los constituyentistas, aquellos sectores que hoy le adversan y constituyen no menos del 80% del país. Se saca de la manga roja una especie de “Constituyente Proletaria” obediente para instaurar, la dictadura maduro-comunista totalitaria. Abre la puerta para la formalización definitiva del Estado Asociado o colonia que será Venezuela de Cuba.El sueño madurista de su propia Sexta República.
Inapropiado considerar la parte jurídica, cuando especialistas calificados en derecho constitucional, han emitido opiniones diversas que exhiben razones que fundamentan a favor o en contra. Hay razonamientos para todos los gustos y conveniencias, también el oficialismo tiene constitucionalistas de ocasión y bien pagados para que detecten, inventen e implementen distorsiones y trampas.
Después de haber utilizado el control de los poderes públicos y al TSJ para dar un golpe de interpretación interesada, aprovecharon al Papa para enfriar la calle. Han usado como sádicos las armas y los aberrantes colectivos irregulares, para embestir cualquier protesta, saquear y atemorizar. Ahora pretende que una asamblea elegida por él elabore una nueva Constitución, sin molestarse en justificar por qué cree que la actual -redactada por su venerado mentor como elemento fundacional de la pretendida revolución bolivariana- ha caducado.
Lo malo para él y su corte de los milagros mediocres, es que no han podido silenciar al pueblo. El oficialismo necesita tiempo, se está asfixiando por los gases de su propia estulticia al punto de haber sacrificado por su desatino, la confianza de sectores que le brindaban apoyo y sostén de estabilidad y gobernabilidad; más dramático aun, con su torpeza y estupidez, ha logrado que el chavismo se canse de ser engañado y burlado.
Por todo ello, está obligado a recurrir a esta payasada circense de poca monta, acudiendo a una falsa estrategia de demócratas. La verdad es que no tienen el coraje para definirse claramente como comunistas, reverenciadores y servidores de los Castro y confesar que se mantendrán en el poder, utilizando sin recato ni pudor, el engaño, la mentira y victimización.
Socavaron la educación, la formación y los medios de comunicación, para mutilar la libertad de pensamiento; ignorantes y poco patrióticos oportunistas, bolichicos y enchufados, entregaron el país a cubanos que vienen a medrar y llevarse el dinero que el pueblo necesita para siquiera comer; eliminaron el sistema representativo para imponernos el participativo y también lo echaron a la basura, al anunciar que el voto secreto, directo y universal será eliminado a favor de serviles comunas inventadas.
¡Al carajo con el fraude, aceptarlo es peor que proponerlo! Esta demencia conservatoria del poder a costa de lo que sea, no puede ser permitida por el ciudadano al cual engaña y burla, no se debe continuar con la irracionalidad de maduristas que tienen a Venezuela por cárcel y como pranes defienden su territorio. La justicia se encargará de cobrar todo el dolor que está infligiendo, también llegara a quienes han celebrado y aplaudido sus despropósitos cuando tenían la posibilidad de impedirlo.
El conflicto generalizado se vuelve cada día más confuso y complicado. El escenario es variante, lo cual presume problemas de gobernabilidad y convivencia. Pareciera que no hemos visto aun la luz al final del túnel, por lo que el ambiente es volátil e incierto, difícil predecir. Lo que sí luce es que estamos en un punto de no retorno. No es posible apuntalar el país sin cambios profundos en el sistema político y económico actual, la base insustituible de esos cambios es remplazarlos, para enfrentarlos a una justicia renovada, seria, profesional, democrática y, por todo ello, incorruptible, imparcial y confiable.
El ofrecimiento de elecciones regionales era un calmante de corta duración y con efecto temporal. La mayoría ciudadana está molesta, frustrada por lo devastador de la crisis y la realización de elecciones no garantiza mejora. Las elecciones son necesarias, pero nunca suficientes.
El oficialismo no es inmune a las divisiones, la profundización de las fisuras se hace evidente. Los últimos acontecimientos hacen mella, se sienten y aumentarán las contradicciones. La ruptura podría precipitar cambios, la desesperación y el fiasco diario los está llevando al precipicio cuando se les pide votar a favor de su propia destrucción. El engaño final de Maduro.
Oficialistas sectarios y fanáticos están convencidos, que al convocar el poder originario, se sabrá si se respeta la constitución o se tiene miedo al pueblo y a los diferentes movimientos sociales, porque es allí donde se produce el diálogo y el debate. Es una prueba de fuego, entran a medirse con el pueblo, serán ellos quienes defiendan sus derechos. ¿Cuál modelo de país y democracia defienden? Si se niegan demuestran no creer en el poder originario, depositario de la soberanía nacional. Es una jugada osada, atrevida, peligrosa y riesgosa que entrampa por grosera, manipuladora y embaucadora.
No existe la menor duda que la convocatoria apresurada demuestra mortificación, angustia, tribulación, es anticonstitucional, sin partida de nacimiento ni forma refrendaría que la certifique, es el acta de defunción que confirma la muerte del chavismo. Con un agravante, que no es la solución a la crisis política-económica, por el contrario, es su profundización.
La rectitud, pundonor, decoro y respeto pasa por impedir a quien se instale en el peor golpismo, siga destrozando al país y a sus ciudadanos.
Más allá de la solemnidad y la magnificencia con que los líderes y la militancia del chavismo se refieren al legado de Hugo Chávez, la realidad lo que muestra es la fotografía de un país en ruinas. Un territorio conocido ahora por una larga lista de registros negativos, que sirven para identificar a Venezuela internacionalmente como la nación más corrupta del continente, la segunda con más homicidios en el mundo o la tierra donde el papel tualé no existe.
Después de 17 años de «revolución», Venezuela también es el país del «socialismo» menos equitativo, donde sus líderes se desplazan en Hummer y hacen mercado en Aruba, mientras el pueblo deambula de cola en cola para adquirir —con restricciones— los pocos alimentos que se consiguen. O el país de las excusas más insólitas, donde una iguana es responsable de un apagón nacional y un hombre admite que va perdiendo la guerra sin armas —la guerra económica— que él mismo creó.
Las curiosidades son infinitas: el país donde la política se confunde con la farándula —El Potro, Roque Valero, Nacho y otra decena—, el país donde el Gobierno es el principal enemigo de las instituciones del Estado, y así hasta llegar al hombre con el pie más grande del mundo, éste sí validado por el Guinness World Records.
El equipo de investigación de Runrunes recopiló 13 récords que reflejan la destrucción que inició «el comandante galáctico» en 1999 y que profundizó su heredero, Nicolás Maduro. A cuatro años de su «siembra», gracias a su legado hoy somos:
VENEZUELA ES EL PAÍS MÁS CORRUPTO de América Latina y el noveno en el mundo por segundo año consecutivo. Tan dudoso honor le fue conferido en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) del 2016, que desde 1995 elabora cada año la organización Transparencia Internacional.
Pero no es una novedad que Venezuela tenga la peor calificación regional por temas relacionados con la corrupción. En realidad, mantiene una tendencia negativa que registra en la última década. Con 17 puntos (dos puntos peor que la calificación del 2014), el 2016 se ubicó junto con Irak en el puesto 166 de 176, por detrás de naciones como Guatemala (puesto 136), Nicaragua (145) y Haití (159).
La medición se basa en estudios y encuestas que recogen la percepción de expertos sobre la corrupción en el sector público de distintos países.
El ranking de Venezuela como máximo exponente de la corrupción regional cuestiona los resultados de la gestión del Cuerpo Nacional contra la Corrupción que creó Nicolás Maduro en 2014, un organismo adscrito a la presidencia al que asignaron un equipo de fiscales y funcionarios policiales. El gobierno del sucesor de Hugo Chávez no niega que haya irregularidades, pero las atribuye a casos puntuales y coyunturales y no a la estructura.
En el otro extremo, se encuentran Uruguay y Chile como las naciones más transparentes de América Latina (21 y 24 respectivamente) mientras que los países nórdicos Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia encabezan la lista internacional. Transparencia Internacional identifica características claves: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber el origen del dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad de los funcionarios públicos y poder judicial independiente.
Basta revisar estas razones y las condiciones en la que se encuentran los países mejor rankeados para entender por qué Venezuela no ha mejorado su posición en el listado.
En febrero de 2014 Venezuela llegó a ser el país con la inflación más alta del mundo y en ese puesto se ha mantenido desde entonces. Los venezolanos que en aquél momento iban acostumbrándose a la variación mensual de precios, hoy luchan por conseguir dinero suficiente para comprar lo que necesitan lo más rápido posible, porque mañana el precio será más alto.
La última cifra oficial que se posee es de diciembre de 2015, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor confirmó una inflación de 180,9%, muy distinta a la cifra de 56,3% con que lidiaban los venezolanos en 2014. Y, a pesar de que el 2016 llegó y se fue sin que el Banco Central de Venezuela diera a conocer cuánto subió todo, el Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación superior al 700% para el cierre del año. La Asamblea Nacional también realizó su cálculo y concluyó que el 2016 tuvo una inflación de 550%.
Con esto la Revolución Bolivariana rompe su propio récord y se adjudica lo que no muchos países han logrado, entrar en las filas de la hiperinflación. Es, exactamente, la 57º nación en atravesar este problema económico, y la primera que lo hace en el siglo XXI, de acuerdo a la Tabla Mundial de Hiperinflación de Steve H. Hanke y Charles Bushnell.
Hoy, Caracas lleva tres años consecutivos en la cima de una cumbre que nadie quiere escalar y desde esa altura mira cómo el IPC de capitales como Kiev (Ucrania), su más cercana rival, llegó apenas a 40,3% luego de haber atravesado una guerra civil el año anterior, y que el de Abuya (Nigeria), azotada por el terrorismo de Boko Haram, se situó en 30,5%. Lejos, muy lejos, está el de una ciudad suramericana, Buenos Aires (Argentina), cuya inflación interanual arribó a 14,3%.
Si los precios se aterrizan con los costos de lo cotidiano, el drama venezolano es todavía más doloroso. Una empanada cuesta hoy lo que hace un año costaba un combo de una hamburguesa con papas y refresco, el mismo costo por el que se transaba hace ocho años el alquiler de un apartamento en el noreste de Caracas: unos 1.600 bolívares. Por una hallaca casera, en diciembre pasado, se pagó como mínimo Bs. 3000, con un cero a la derecha más de lo que costaban en 2015, lo que en ese momento era 75 veces más de lo que se cancelaba por el platillo navideño en 2007.
Tome la tasa de desempleo, agréguela a la inflación y tendrá el índice de miseria de un país. En específico, sume la tasa de desempleo de 7,8% y la inflación 491,9%* y tendrá a Venezuela, el país más miserable del mundo.
El Índice Mundial de Miseria es calculado por la agencia Bloomberg basándose en la suma de la tasa de desempleo y la de inflación que identifica a “las economías más dolorosas para vivir y trabajar”.
Venezuela se ha mantenido en el primer lugar de la lista desde hace tres años, cuando desplazó a Siria, y según las proyecciones para 2017, logrará un cuarto año consecutivo como la economía más infeliz del planeta. En el ranking de 65 casos de Bloomberg, el país tiene la puntuación más alta: 499,7. Le siguen Sudáfrica con 32,2 y Argentina con 30,9.
En 2014, el índice se basó en un estudio del economista Steve Hanke, de la John Hopkins University, que incluyó otras variables como el crecimiento anual del PIB per cápita y las tasas de interés activas. El analista definió la miseria como el efecto que tiene el deterioro de las variables económicas claves en la calidad de vida de los ciudadanos en 89 países.
Las largas colas que a diario se forman en los supermercados del país son apenas un reflejo de la Venezuela miserable, que sufre de preocupaciones económicas por los bajos precios del petróleo –el único rubro significativo que se exporta– y cuyos ingresos solo cubren el 3,26% del Presupuesto Nacional 2017.
No hace falta mirar muy atrás si se quiere ver cómo al venezolano se le ha minado su poder adquisitivo. La promesa chavista de un “bolívar fuerte, una economía fuerte, un país fuerte”, que venía con la reconversión monetaria aplicada en 2008, se transformó en una falacia que nueve años después deben corregir con un nuevo cono monetario, y con las mismas denominaciones del viejo bolívar.
Basta con hacer un poco de memoria para ver cómo los sueldos se han hecho pedazos. En enero de 2007, el salario mínimo estaba en 465.750 Bs. (lo que se traduce en 466 Bs. de ahora) y esa cifra debía estirarse 4,4 veces para poder comprar todo lo que traía la canasta básica –calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FMV)–, que valía entonces 2.053.625 Bs. (o 2.054 Bs. actuales).
Muchos lograban la proeza de poder comprarlo todo e, incluso, un poco más. Ahora, diez años después, el esfuerzo de aquella época debe ser 20 veces mayor. Con un salario de 40.638 Bs., la canasta básica –ubicada en 832.259,95 Bs.– resulta inalcanzable.
La caída del bolívar tiene anécdotas que ahora podrían considerarse un chiste, pero que ayudan a ilustrar cómo se ha depreciado frente a las monedas extranjeras más poderosas. En enero de 2012, Venezuela llegó al primer lugar del índice Big Mac de The Economist, y así llegó a tener la hamburguesa más cara del mundo (US$9.08).
Luego, el país pasó a estar en el último puesto del conteo con una hamburguesa valorada en US$ 0.66. El fenómeno se explica por el salto abismal de la tasa de cambio, que está controlada por el estado desde hace 14 años. Ahora, el precio se calcula en US$ 5.25 por el tipo de cambio flotante del gobierno, aunque si se toma en cuenta el cambio a dólar paralelo, valdría cerca de US$ 3.
El otro ejemplo tangible de la debilidad del bolívar es el insuficiente valor de su nuevo billete de máxima denominación –Bs. 20.000–, de los cuales se necesitarían 41 billetes para pagar una canasta básica. Si la cuenta se saca con el de Bs. 100, el antiguo de mayor denominación que aún posee la mayor circulación en el país, se necesita una maleta con 8.322 billetes.
La escasez de productos básicos en Venezuela va más allá de las cifras derivadas de los estudios realizados por la encuestadora de Datanálisis o de las cifras que hasta enero de 2014 el Banco Central de Venezuela dio cuando informó que la escasez de bienes se ubicó en diciembre de 2013 en 22,2 %, lo que para ese entonces representaba un alza significativa con respecto a diciembre de 2012, cuando la escasez de bienes cerró en 16,3 %, según el BCV.
Aunque desde 2014 el BCV no ha vuelto a publicar las cifras de escasez de bienes y Datanálisis en su estudio más reciente advirtió que 8 de cada 10 de los productos básicos no se encuentran en los supermercados, la realidad de la escasez en Venezuela se palpa con sólo ver las colas que las personas hacen hasta por más de 12 horas, para comprar productos que suelen estar ausentes de los anaqueles.
Aunque el gobierno de Maduro ha implementado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que se encargan de vender una caja o bolsa con alimentos importados, estos solo llegan al 17% de la población y se presume que esconden más de un guiso entre sus ítems.
Además, la escasez en el país ha sido una oportunidad para los revendedores conocidos como “bachaqueros”, quienes pueden vender un producto 22 veces más caro que su valor establecido. Quienes no tienen tiempo para hacer colas, deben recurrir a este mecanismo y pagar caro.
Los productos que están más ausentes en los anaqueles de mercados y abastos son el papel higiénico, champú, enjuague, harina pan, aceite, arroz y mantequilla. Basta con ver a un ciudadano caminar por las calles de Venezuela con alguno de estos bienes para comprobar cómo se le acercan personas, desesperadas, para preguntarle en dónde los consiguió, a qué precio y cuántas horas de cola hizo.
En el país, tener cualquiera de estos productos, así como también toallas sanitarias, mayonesa, pasta, carne y pollo, sobre todo a precio regulado, es similar a tener oro. En la actualidad la prioridad de los venezolanos es conseguir alimentos y bienes de aseo personal y de limpieza para poder cubrir sus necesidades básicas.
Actualmente ostenta una tasa de 91,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este número es producto de los 28.479 homicidios ocurridos en el territorio nacional en 2016, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
En solo 17 años, Caracas pasó de ser “la sucursal del cielo” a la capital donde ocurren más homicidios en el planeta, superando a varias ciudades de Honduras, El Salvador y Nigeria.
Estos dos récords no se lograron de un día para otro, son producto de años de impunidad y ausencia de políticas de Estado por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que -tal como lo prometió- ha continuado y profundizado el legado del comandante intergalactico.
En 1998, cuando Chávez ganó la presidencia, en Venezuela se registraron 4.550 homicidios, con una tasa de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra aumentó en 512,63% en 17 años, y la revolución chavista suma 254.887 homicidios.
Adicionalmente se fortalecieron o surgieron delitos que no existían en Venezuela, como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas.
Los pequeños grupos de hampa común migraron hacia grandes organizaciones de delincuencia organizada que hoy controlan las ciudades y carreteras del país. Se desplazan por el país a su antojo y usan armas de guerra (fusiles, subametralladoras, granadas, entre otras).
Una particularidad es que durante ambas gestiones la seguridad ciudadana ha estado en manos de militares.
Desde 2010 la figura del “pran” o “principal” surge como la máxima autoridad en el mundo penitenciario. Progresivamente estos personajes comenzaron a controlar las cárceles venezolanas y fueron desplazando al Estado en sus funciones. Actualmente ellos son los que mandan adentro y afuera de los recintos penitenciarios. Venezuela se convirtió así en el único país donde los presos administran grandes fortunas, tiene más poder que las autoridades y viven en prisiones que no tienen nada que envidiarle a un hotel cinco estrellas.
“Wilmito”. Wilmer Brizuela, “Wilmito” es conocido como el primer pran de Venezuela por las protestas y delitos que le han adjudicado durante los últimos 12 años en los que ha estado preso en las cárceles de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, de Tocuyito, en Carabobo, y de Tocorón en Aragua. En 2004 fue apresado por el delito de secuestro y remitido a la cárcel de Vista Hermosa y en 2006 logró controlar por completo ese centro penitenciario y se convirtió en un pran con influencia nacional, lo que no le impidió seguir cometiendo delitos y asesinatos. Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una ventana a la Libertad, dijo que “Wilmito” fue el primer preso que conoció hace 10 años con tanto poder.
En febrero, “Wilmito” y su familia resultaron heridos cuando les dispararon en una playa de Margarita, donde se encontraba gracias a un beneficio de Régimen de Confianza que le otorgó la ministra Iris Varela.
“El Yoifre”. En estos 10 años de pranato que iniciaron en Venezuela desde 2006, el nombre de Yoifre Francisco Ruíz Estanga, alias “El Yoifre”, salió a la luz pública cuando lideró el motín en Rodeo II desde el 12 de junio de 2011 que se extendió por casi un mes y que dejó 23 fallecidos y 70 heridos. “El Yoifre”, junto con su par Yorvis Valentín López Cortés, “El Oriente”.
“El Oriente”. Yorvis Valentín López Cortés, conocido como “El Oriente”, tiene antecedentes por robo desde 2003. El 12 de julio de 2007 fue detenido por funcionarios del Cicpc por estar involucrado en el secuestro de un comerciante y de una mujer. Desde ese entonces estuvo recluido en El Rodeo II. Cuatro años después, el delincuente, junto con su colega “El Yoifre”, lideró el motín en ese centro penitenciario y, antes de finalizar el conflicto, burló los controles de seguridad y se fugó. Un mes después fue recapturado.
“El Conejo”. El paso de Teófilo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”, por el penal de San Antonio en la isla de Margarita, fue su trampolín para ascender en el mundo del crimen organizado. No sólo llegó a controlar el centro penitenciario, sino también el tráfico de droga en todo el estado Nueva Esparta. Fue asesinado a tiros la madrugada del 24 de enero en Porlamar y, al día siguiente, los presos de la cárcel que lideró protestaron en contra del homicidio mostrando su arsenal de armas.
“Niño Guerrero”. Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, es uno de los pranes con más renombre debido al control que ha tenido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, y por sus fugas de la prisión. Tiene antecedentes desde 2005 por los delitos de homicidio y robo cuando era el jefe de una banda delictiva que mantenía el control en la región aragüeña. Su nombre sonó más en septiembre de 2012 cuando fuentes extraoficiales vincularon a la actriz Jimena Araya “Rosita”, con la fuga del líder del penal.
1.600.000 venezolanos, equivalente a 4,28% de la población, han emigrado durante los últimos 15 años, de acuerdo con una investigación de la Universidad Simón Bolívar. Estados Unidos y España concentran 80% de los emigrados, aunque la presencia de connacionales se extiende a casi 85 de los 196 países del mundo.
Iván de la Vega, investigador de la USB, ha catalogado esta diáspora como una grave hemorragia intelectual para el país, ya que más allá de la cantidad de compatriotas que se han ido, de la Vega destaca el elevado nivel de preparación académica de estos venezolanos. Desde el punto de vista cualitativo, esta pérdida de capital intelectual es incuantificable.
De acuerdo con el Pew Research Center, en Estados Unidos están registrados 260.000 venezolanos cuya media de edad oscila entre los 32 años; en cuanto a su nivel de educación, 15% completó el bachillerato y 51% son profesionales. 70% habla inglés y 55% optó por solicitar la nacionalidad estadounidense.
España es el segundo destino elegido por 200.000 venezolanos; le sigue Italia con 150.000. En Colombia se calcula que residen 34.000 connacionales. Panamá es otro país receptor de venezolanos, se estima que han emigrado alrededor de 24.000 personas.
¿Por qué se fueron? La inseguridad, la precariedad del empleo, la inflación, la escasez, el deterioro de los servicios públicos y la persecución política, se hallan entre las razones comúnmente esgrimidas para comprar un ticket de avión que, en muchos casos, no tiene fecha de retorno.
“La calidad profesional del venezolano que está emigrando se está convirtiendo en un problema que va a impactar de manera negativa al país en los próximos 10 o 15 años”, afirma de la Vega. ¿Regresarán esos compatriotas? El investigador destaca que 96% de los venezolanos que emigran no tiene planes de regresar.
Se calcula que 110 toneladas métricas de cocaína pasan por Venezuela anualmente. El subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield asegura que más de la mitad de la droga colombiana toca el territorio nacional antes de partir rumbo a Europa y África.
Desde 2011, Venezuela es considerado el principal puente en la ruta que sigue la cocaína de América hasta esos dos continentes. Además Venezuela es uno de los 3 países que no cumplieron con la lucha antidrogas, tanto en el 2015 como en el 2016, según el informe de drogas del Departamento de Estado. “El Presidente de los Estados Unidos determinó que en 2014 Venezuela había fallado de forma demostrable durante 12 meses en la lucha contra las drogas… Las autoridades venezolanas no persiguen eficazmente al narcotráfico, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes policiales venezolanos carecen del equipo, la formación, y los recursos necesarios para impedir las operaciones de las principales organizaciones de tráfico de drogas”, dice el documento.
Adicionalmente, Venezuela ha sido catalogada como un territorio seguro para los narcos. Durante el gobierno de Hugo Chávez más de una docena de capos de la droga se refugiaron en Venezuela para administrar su negocio y amasar sus fortunas. Todos ellos operaban bajo la protección y con el apoyo de una serie de militares de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios vinculados al oficialismo (gobernadores y policías).
La falta de controles por parte del gobierno de Chávez, a las actividades del narcotráfico, se agudizó en 2005, cuando el mandatario ordena el cese de la actividades de la DEA en el país.
Entre 2004-2013, el Tribunal Supremo de Justicia no dictó ninguna sentencia en contra del Gobierno. Esa fue la conclusión a la que llegó un grupo de juristas entre quienes figuran Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol, tras analizar 45.474 sentencias de las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral.
La investigación encontró que durante casi una década, “nunca se dictó una sentencia que anulara una ley dictada por la Asamblea Nacional en materias consideradas estratégicas para el Ejecutivo; tampoco se censuró ninguno de los acuerdos que emitió la mayoría oficialista del Parlamento”. Pero desde que la AN fue asumida por otra dirigencia política, el TSJ puso manos a la obra. Desde el 30 de diciembre de 2015 hasta febrero de 2017 al menos 49 sentencias ha dictado el organismo en contra del Parlamento.
Con las sentencias que han emitido las salas Electoral y Constitucional, la Asamblea Nacional ha visto vulneradas 77 de las atribuciones que la Constitución le otorga. En otras palabras, 55% de las facultades del Parlamento fue cercenado durante el primer año de gestión de la oposición al frente de ese poder.
Sostienen los juristas que realizaron la investigación, que la sala Político Administrativa, nunca ha cuestionado alguna política pública del Gobierno, como las expropiaciones de industrias, empresas o tierras; ni la intervención del Gobierno en la economía a través de las estatizaciones, los controles de divisas, costos y precios. En relación a las decisiones de la Sala Electoral, afirman que ocho de cada nueve sentencias beneficiaron al oficialismo.
Los hallazgos del equipo liderado por el profesor universitario, Antonio Canova, se publicaron en el libro El TSJ al servicio de la revolución. En el texto se da cuenta de la existencia de un patrón que evidencia la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo: el Gobierno anuncia sus planes y luego el TSJ, con inusitada rapidez, le proporciona el piso jurídico para las medidas que el presidente quiera tomar, al tiempo que desestima, por inconstitucionales, todas las objeciones que se presenten ante el máximo órgano judicial, incluyendo las referentes a los rumores sobre la nacionalidad del presidente.
A Hugo Chávez lo acompañó la suerte del mercado petrolero. Durante buena parte de su mandato, iniciado en 1999, se vivió el ciclo alcista en los precios del petróleo más persistente de la historia. De unos 16 dólares por barril, que se cotizaba el petróleo venezolano en ese 1999, se pasó a picos históricos de casi 130 dólares en 2008, lo que se tradujo en la mayor bonanza petrolera vivida por Venezuela.
Durante cinco años consecutivos, entre 2004 y 2008, el crudo venezolano se elevó desde un promedio de poco más de 30 dólares hasta el promedio de casi 89 dólares en 2008, lo que permitió al Gobierno elevar el gasto público, disparar las importaciones con un dólar barato y costear la política de expropiaciones, entre otras acciones. En 2012 el precio se situó otra vez por encima de los 100 dólares por barril.
El resultado de esas fluctuaciones es que Venezuela percibió casi 700 mil millones de dólares sólo por concepto de exportaciones petroleras entre 1999 y 2012. Si el cálculo se extiende a 2015, en esos 16 años de Gobierno chavista el ingreso petrolero llega a 879 mil millones de dólares, según las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
Pese a que el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) entre 2005 y 2014 manejó 170 mil millones de dólares, de acuerdo a los datos del ministerio de Finanzas, el aparato productivo del país hoy está semi-paralizado y el Gobierno plantea la necesidad de desarrollar la “economía productiva”.
Al término de la bonanza petrolera el país está sin ahorros. Las cifras del BCV indican que las reservas internacionales apenas rondan los 10.657 millones de dólares, un nivel similar al que tenían antes de la llegada de Chávez al poder, y que en el denominado Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) apenas hay depositados 3 millones de dólares.
A principios de la década pasada, se reportaron 83.180 casos de dengue, una cifra que se disminuyó en el siguiente año. En 2003, también se dio una disminución en la cantidad de personas que contrajeron esta enfermedad; pero de 2004 a 2007, incrementó notablemente la cantidad de personas afectadas por la picada del mosquito Aedes aegypti.
Comparando el número de víctimas del dengue de 2003 con el de 2007, hubo un aumento de aproximadamente 300%. En 2008 esa cifra disminuyó, pero creció de nuevo en los dos años siguientes.
En 2010 se alcanzó una cifra récord de casos de dengue en un año: 124.931.
Según cifras de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, el número de casos de malaria en el país en 1999 fue mayor a 20.000. Entre 2002 y 2004 se dio un aumento sostenido de la enfermedad, aunque hubo algunos años en los que disminuyó el número de casos de paludismo.
Pero, desde 2008, no ha parado de crecer la cantidad de casos de malaria en el país. Los 136.402 casos del 2015, marcaron el tope en estos 17 años de gobierno chavista. El aumento entre los casos de malaria de 1999 y 2015 es de 630%, es decir, por cada 10 personas que sufrieron malaria en 1999, hoy la sufren 63 ciudadanos.
Además de estas enfermedades, en Venezuela han aparecido algunas más. La llegada del chikungunya y el zika, el resurgimiento de la escabiosis –popularmente conocida como sarna– debido a la escasez de jabón y agua, el síndrome de Guillain-Barré y la Fiebre Hemorrágica Venezolana (FHV), conocida también como guanarito y que suele diferenciarse del dengue por algunas características.
‘El Legado’ que ha dejado Chávez en materia de salud pública parece ser bastante claro: el país de las siete plagas.
Las políticas de Chávez también han afectado al aparato productivo de todo el país en sus diversas ramas. Esto no es de extrañarse si se analiza el conjunto de medidas que fue tomando a lo largo de su gobierno, desde las expropiaciones hasta los controles (precios, cambiario, entre otros) pasando por las constantes amenazas a la propiedad privada.
Nicolás Maduro, heredero del difunto expresidente venezolano, se ha esforzado por mantener ese legado desde que llegó a Miraflores con: devaluaciones del bolívar, mayor control de precios, leyes como la ‘Ley de Precios Justos’, recorte en la asignación de divisas y una ofensiva contra una presunta ‘guerra económica’, un suceso que parece estar solo en la mente de los gobernantes herederos de ‘El Legado’.
“Estamos frente a una ley que para lo único que sirvió fue para asfixiar, exterminar y hacer desaparecer las empresas privadas y las fuentes de empleo en Venezuela”, dijo en el 2014 el director de Consecomercio, Gilberto Gudiño Millán, al referirse a la Ley Orgánica de Precios Justos.
De acuerdo con información de Infobae, en el 2014, tras la aprobación de esta ley, quebraron 77.839 empresas —desde pequeños comercios hasta medianas empresas— en todo el territorio nacional. Sobre esto, Gudiño también afirmó que de las 374.000 empresas que quedaban en el país para ese año, 90.000 estaban en riesgo de cerrar durante los próximos meses. Cada mes de este año, 6.487 empresas, en promedio, cerraron sus puertas. El año 2015 no fue distinto: 58.000 empresas más cerraron sus puertas ante la agudización de la crisis general que se vive en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.
Entre 2000 y 2010, se dieron, aproximadamente, 700 cierres anuales de industrias, según Fedecámaras.
Específicamente en el sector industrial, al menos 15 mil empresas han cesado sus labores durante los últimos 17 años. Para 1999, año en el cual Chávez asumió las riendas del país, existían entre 17.800 y 19.000 empresas, pero a sol de hoy, en marzo de 2016, la cifra no llega ni a 5.000, lo que significa una reducción de más del 300% durante el período del chavismo, todo esto según cifras de la directiva nacional de Consecomercio.
En 2014, Venezuela se ubicó como el peor país latinoamericano para crear una empresa, de acuerdo con un informe publicado por el Banco Mundial. En general, la economía venezolana ocupó el lugar 187 de las 189 economías que estudia esta institución para realizar la publicación.
En otras palabras, Venezuela es el tercer peor país del mundo para crear una empresa, detrás de Haití, Honduras y Bolivia, entre otras naciones tradicionalmente paco industrializadas.
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El pasado fin de semana la opinión pública se sorprendió con la noticia que uno de los pranes más famosos de la historia de pranes venezolana había sido herido junto a su familia mientras disfrutaba de unas vacaciones en Playa Parguito en la isla de Margarita.
Parte de la gran sorpresa se debía a que todo el mundo pensaba que Wilmer Brizuela Vera conocido como “Wilmito” estaba preso, porque a su condena aun le faltaba o le falta un largo camino por recorrer, pero no es así, el día 18 de diciembre de 2017, la Ministra Para el Servicio Penitenciario María Iris Varela le había otorgado una medida establecida en el Código Orgánico Penitenciario llamada “Régimen de Confianza Tutelado”.
A esta medida quiero referirme hoy para que mis lectores entiendan un poco de que se trata esto y saque sus propias conclusiones. El Régimen de Confianza Tutelado se encuentra establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario y “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras le sea otorgado por el juez o jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.
El mismo instrumento legal establece en su artículo 162 “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria podrá otorgar un Régimen de Confianza Tutelado a un penado o penada, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena”.
Ahora bien ¿Cuáles son estos requisitos? El artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal dice que estos son: 1. Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena; 2. Que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 3. Pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria; 4. Que alguna medida alternativa al cumplimiento de la pena otorgada al penado o penada no hubiese sido revocada por el Juez o Jueza de Ejecución con anterioridad; 5. Que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario y 6. Que haya culminado, curse estudios o trabaje efectivamente en los programas educativos y/o laborales que implemente el Ministerio con competencia en materia penitenciaria.
Resulta difícil imaginar que uno de los pranes más famosos de la historia carcelaria de Venezuela haya cumplido tan solo con la mitad de los requisitos necesarios para optar al Régimen de Confianza Tutelado que le fue otorgado, sin entrar a discutir si era el o no, el que fue herido mientras estaba de paseo en playa parguito en Margarita, como ahora, pretende hacerlo creer el Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien a través de las redes sociales están circulando unas fotos algo sospechosas, haciendo ver que él nunca ha salido del lugar donde lo enviaron en el régimen otorgado por la Ministra Varela que fue el Centro de Régimen Especial Simón Bolívar en El Paraíso en la ciudad de Caracas.
Este Régimen de Confianza Tutelado, la Ministra para el Servicio Penitenciario desde hace ya un buen tiempo a su estilo, como siempre hace todo, sin importarle las leyes, ni las consecuencias, todo en la oscuridad, lo ha usado para casos similares al de Wilmito, si no pasa el evento de Margarita es probable que nunca nos hubiéramos enterado de esa nueva extralimitación de funciones de la ministra, a quien la legalidad le importa poco o nada.
Por cierto, y ya para finalizar hace poco en una entrevista a EFE, María Iris Varela anuncio que iba a pedir que la permanencia de los privados de libertad en las cárceles le fuera tomado como cumplimiento del servicio militar y pasaran a una especie de reserva del país, un nuevo disparate de quien en 5 años no ha entendido que las cárceles no son cuarteles, ni los presos soldados.
Un tiroteo en la playa «Parguito», de Margarita, reseñado por diversos medios de comunicación, evidenció que el famoso pran de la cárcel de Vista Hermosa, alias «El Wilmito», que debería estar pagando condena por varios delitos graves, se encontraba en libertad. Este episodio, insólito a todas luces, ratifica la impunidad y el desastre penitenciario que existe en Venezuela.
«El Wilmito», cuyo nombre verdadero es Wilmer Brizuela Vera, está condenado por delitos como homicidio, secuestro, robo, asociación para delinquir y sicariato. Este último cargo se le realizó cuando en 2010, desde la cárcel, ordenó el asesinato de la doctora Mariela Casado, quien para ese entonces era la juez rectora del estado Bolívar (los sicarios se confundieron de persona y terminaron matando a la hermana de la juez). La condena por este caso, impuesta en agosto de 2012, fue de 16 años y 20 días de prisión. Nada más por este juicio (como dijimos, ya estaba preso por otros graves delitos) debía estar detenido hasta 2028. ¿Cómo terminó entonces «El Wilmito» de vacaciones la semana pasada en playa Parguito? Esta es la pregunta que muchos venezolanos hoy se están haciendo.
La reforma del Código Penal de 2005 incluyó un parágrafo único en los artículos relativos al homicidio, secuestro, robo y otros graves delitos, que establece que los implicados en estos crímenes «no tendrán de derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena». La propia Iris Varela, como diputada en ese entonces, votó e impulsó esta reforma. Por otra parte, no se necesita ser abogado penalista para saber que un requisito indispensable para el otorgamiento de un beneficio procesal es un buen comportamiento del preso dentro de la cárcel, algo que es completamente contradictorio con la condición de «pran» (a lo que se llega asesinando, lesionando, extorsionando y traficando armas y drogas, entre otras fechorías).
El desastre carcelario desatado en el país a partir de 1999 es un elemento esencial para comprender cómo Venezuela lamentablemente se convertió en el país con mayor tasa criminal en el planeta. ¿Cuál es el mensaje que recibe la sociedad cuando observa que un peligroso «pran», en vez de estar preso por los graves delitos que ha cometido, se encuentra de vacaciones en una playa de Margarita? ¿Cuántos otros «pranes» o delincuentes peligrosos estarán en las calles del país gozando de algún beneficio irregular? ¿Hasta cuándo desde el gobierno se sigue legitimando y premiando la figura del «pran» en Venezuela? ¿Qué clase de sistema de justicia es este que mantiene en condiciones inhumanas a más de 100 presos políticos, mientras los pranes se van de vacaciones para la playa?
Distintas reseñas periodísticas indican que la libertad de «El Wilmito» la otorgó la propia Iris Varela, basándose en una prerrogativa que le dio el Código Orgánico Penitenciario (algo inconstitucional, ya que la ministro no es juez de la República). Hasta el momento de escribir estas líneas no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este asunto. El país decente merece una explicación.
El domingo la Ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, difundió vía Twitter fotografías del diputado suplente Gilber Caro, desde el Internado Judicial 26 de Julio en el estado Guárico, sitio a donde finalmente fue recluido después de ser aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el pasado 11 de enero presuntamente por estar involucrado en “actos de conspiración contra el gobierno y portando armas de guerra”.
En las fotografías se observa a Gilber Caro en el estado que se encontraba cuando llegó a ese centro de reclusión, luego recibiendo (aparentemente) atención médica, alimentación y una vez que le fue realizado el corte del cabello al rape.
La ministra publica las gráficas con la intención, según ella, de demostrar el trato “digno” que se le dispensa a Gilber Caro, muy a pesar de los “crímenes” que él habría cometido. Pero lejos de ese propósito la funcionaria y el gobierno lo que buscan con esta exhibición, lejos de dignificar, es humillar, degradar la dignidad del diputado y la de sus familiares. Así como sembrar de terror al resto de los diputados de la oposición o de cualquier otro ciudadano que disienta del régimen. Y muy en especial a los ciudadanos que quieran protestar contra el gobierno hoy 23 de enero.
A la ministra Iris Varela le hemos podido ver en fotografías con presos de alta peligrosidad, comúnmente conocidos como “pranes”, y ninguno de ellos se exhibía con uniforme de color amarillo o azul, y mucho menos con su cabello rapado. Entonces ese respeto a la dignidad humana de la que hace alarde la ministra no es tal, a menos que dicha funcionaria maneje diferentes tipos de dignidad, dependiendo de qué tipo de preso se trate.
El hecho de realizar a los presos un corte de cabello al rape, vulnera los derechos fundamentales al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la dignidad humana. Derechos estos consagrados en los artículos 20 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, es manifestación de ese derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad decidir sobre la apariencia personal y la forma como se desea mostrarse ante los demás. Siendo la longitud y forma de llevar el cabello uno de los aspectos que más individualiza e identifica a una persona.
Si bien es cierto que entre los reclusos y el Estado existe una relación de especial sujeción, y por ello quedan sometidos a un régimen jurídico especial que implica, entre otras cosas, restricción o limitación de algunos de sus derechos fundamentales de forma razonable y proporcional, con la finalidad de lograr su resocialización y garantizar la conservación del orden, la disciplina, la higiene y la convivencia dentro del establecimiento carcelario. El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad es uno de los que se encuentra limitado en esta relación especial de sujeción, toda vez que los presos deben someterse al reglamento interno del penal y, por lo tanto, modular su conducta en torno a los objetivos perseguidos en el mismo.
Pero existe una inmensa diferencia entre llevar el cabello corto o rapado. Llevarlo corto resulta razonable y adecuado a los fines de esa relación penitenciaria; pero rapar totalmente el cabello sin el consentimiento del preso, constituye una medida excesiva y desproporcionada que desborda la finalidad de las normas disciplinarias al interior de un centro de reclusión y atenta contra los derechos fundamentales al desarrollo personal y a la dignidad humana, como quiera que para lograr la seguridad e identificación de los reclusos no es necesaria una exigencia de tal magnitud, bastaría con que al recluso se le imponga llevar el cabello corto o no usar el cabello largo, aunque esa no sea su voluntad, para que se cumpla dicho propósito y así la limitación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad atienda los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, de manera que resulte conforme con el ordenamiento superior.
Entonces lo que pretende Iris Varela y el gobierno cuando hace pública las fotos de Gilber Caro es humillarlo, degradarlo e indignar a la sociedad de Venezuela que lucha por el restablecimiento de la democracia y la libertad secuestradas por el régimen.
Pero no sólo le son violados los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la dignidad humana, sino también el derecho a la libertad por cuanto el diputado Gilber Caro fue aprehendido hace hoy 12 días y aún no ha sido presentado ante un tribunal, cuando el artículo 44.1 de la Constitución establece que debe ser puesto a la orden del órgano jurisdiccional en un plazo no mayor a 48 horas.
A Gilber Caro al habérsele expuesto a través de los medios de comunicación en cadena nacional de radio y televisión –nada más y nada menos que por el Presidente y Vicepresidente de la República– se le viola su derecho a que se le presuma inocente mientras no se pruebe lo contrario, tal y como contempla el artículo 44.2 de la Constitución.
El diputado Gilber Caro no ha tenido acceso a sus abogados de confianza y a sus familiares, violándose con ello lo consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución.
A Gilber Caro al no ser trasladado hasta un tribunal en el plazo razonable, se le viola el derecho a ser oído. Derecho establecido en el artículo 49.3 de la Constitución.
En fin, son una decena de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos de Gilber Caro por parte del régimen.
Si en alguna oportunidad se restablece el orden constitucional en Venezuela y se juzgara –de conformidad al artículo 29 constitucional– a los funcionarios que permitieron la violación a tantos derechos fundamentales, me opondría a que se les rapara el cabello al ser trasladados a un centro penitenciario, en especial a la ministra Iris Varela, pues es su cabellera la pura manifestación de ese derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, es la potestad de decidir sobre su apariencia personal y la forma en que ella desea mostrarse ante los demás.
En una zona cerca de Caracas hay cinco urbanizaciones populares conectadas entre sí en nombre y en servicios. Y en gobierno de pranes. Un pran mayor coordina a cinco pranes subalternos. Una banda de malandros controla la vida de los habitantes en cada zona. Si usted va de visita lo detendrán a la entrada y lo revisarán unos sujetos con armas a la vista. Conocen bien a la gente del lugar pero usted es sospechoso porque puede ser policía o malandro de otro sitio. La banda fija las leyes de funcionamiento y convivencia. Así, por ejemplo, a los niños que estén en la calle más allá de las 10:00 de la noche los recogen, se los esconden a las madres y sólo después de que éstas se desesperan por la angustia se los entregan. Cada cierto tiempo deciden que hay limpieza de calles. Convocan a la gente. Por lo menos una persona por familia tiene que presentarse. Si se da el caso de alguna ausencia, se presentan bien armados en la casa y obligan bajo amenazas. Los consejos comunales, quieran o no, tienen que acatar lo que el pran decida. Él es quien convoca a reuniones y en ellas se coloca al frente con sus luceros armados y “con lenguaje malandro”, dicen los testigos, fija la decisiones que se deben tomar. A las reuniones acuden sobre todo las mujeres. Los hombres no asisten porque no saben qué les pueden hacer. Los miembros de la banda no sólo consumen en público la droga sino que también la distribuyen sin ningún tipo de control. Ellos son la autoridad. Si surge algún problema entre vecinos, intervienen armados para “poner paz” porque se llaman “Movimiento de Paz”. Si el conflicto se mantiene, expropian las casas y hasta expulsan a los implicados de la urbanización. Ya ha pasado varias veces. Sus decisiones, fundadas o no, son inapelables. Cobran impuestos (vacunas) a los buhoneros que ahí viven así ejerzan su comercio fuera, a las bodegas, a los bachaqueros y a cada familia “para servicios a la comunidad”. Queman las manos a los que consideran ladrones. A más de un inocente también. Llevan gente de fuera y los asesinan en un lugar ya establecido. La policía recoge los cadáveres. Han amenazado con saqueo a los bodegueros que según ellos venden caro. Ya no venden ni caro ni barato. ¿Sigo?
El régimen está, pues, calcado sobre el que ejercen los pranes en cada cárcel.
¿Puede darse algo así sin la anuencia del gobierno?
¿Cada una de nuestras comunidades estará destinada a convertirse en un régimen dictatorial carcelario con un pran en el poder?
¿Es esta la organización comunitaria del socialismo del siglo XXI?
Para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los primeros días de este mes, los “pranes” de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en Guárico, dejaron claro que el verdadero control de los penales lo tienen los privados de libertad.
A través de una nota de prensa, el director de OVP, Humberto Prado, advirtió que el sistema penitenciario de Venezuela se quiebra entre “pranes”, motines, secuestros, chantajes, fugas, sobrepoblación y alrededor de 1.622 muertes en los últimos cinco años, durante la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien hasta la fecha no ha cumplido con los compromisos adquiridos para responder a un creciente número de reclusos, y además asegura que los penales están totalmente controlados.
Prado refirió que desde el lunes 1 de agosto, los “pranes”, “principales” o “líderes” mantuvieron secuestrados a 46 trabajadores del ministerio de Servicios Penitenciarios, entre ellos el subdirector del recinto carcelario, Ramón Hernández. La solicitud de este par de “pranes” es que se trasladara a ese penal a 2.000 reclusos que se encuentran en otras cárceles.
Estos sujetos cobran la “causa” de 2.500 bolívares semanales a un estimado de 2.900 privados de libertad, aunado a los 2.800 del Internado Los Pinos y 290 del anexo femenino, lo que les genera una ganancia mensual de 14 millones 975 mil bolívares. No obstante, los “pranes” exigen incrementar la población penal para aumentar sus ingresos a 19 millones 975 mil bolívares.
Indiferencia oficial
Un familiar de uno de los reclusos de la PGV aseguró que “los internos están solicitando que les envíen detenidos de Poliguárico, comisarías y del centro 26 de julio, que están pasando hambre y humillaciones ahí. Estamos esperando que se avoquen los entes competentes, sobretodo la ministra Iris Varela, que venga a dar la cara en la PGV para que dialogue con los presos, que hable con todos, eso es lo que ellos quieren”.
En tanto, sin que la ministra se pronunciara al respecto y con miles de familiares angustiados por la situación, medios de comunicación reseñaron que el jueves liberaron a 23 de los secuestrados, el viernes al subdirector Ramón Hernández y este sábado al resto de los trabajadores.
Los “pranes” acordaron el ingreso de la visita el sábado, luego de dialogar con la Defensoría del Pueblo y el viceministro José Vicente Rangel Ávalos; mientras que, hasta la fecha, han sido trasladados hasta la PGV 1.443 reos provenientes de policías municipales, estadales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
De esta cifra, se conoció que 135 detenidos son provenientes de la Policía de Guárico; 22 de la subdelegación del Cicpc en El Paraíso, Caracas; y 73 del Cicpc de Caraballeda, estado Vargas, y comisarías de la misma entidad.
“La irregularidad de estos traslados pasa por aprobarlos y que efectivamente se realicen, tomando en cuenta que son recibidos desde todas las localidades sin la autorización de un juez. El silencio que guardan las autoridades los hace cómplices de esta situación que incumple con todos los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos y tratamiento de las personas privadas de libertad”, declaró Prado.
El 26 de mayo de este mismo año, estos mismos “pranes” secuestraron a tres sargentos y a un capitán de la Guardia Nacional porque no les permitían que pasaran motos y vehículos, donde se trasladaban sus respectivas parejas durante la visita conyugal.
Tras 40 minutos de perpetrado el secuestro, un capitán de la GNB accedió a la petición de los «pranes» y dejó pasar varios carros y motos. Finalmente, los sargentos fueron liberados sanos y salvos.
Siete muertos y 52 heridos en Alayón
Un total de siete internos fallecidos y otros 52 heridos fue el saldo de un ataque perpetrado en el Centro de Atención al Detenido Alayón, en el estado Aragua, donde un grupo sin identificar detonó dos granadas tras una riña carcelaria, por un presunto “cambio de gobierno” entre los líderes del recinto carcelario.
Tras la reyerta, siete reclusos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como “Tocorón”, entre ellos uno de los líderes apodado como “El Luis”, hijo de un ex alcalde del municipio Ribas de esta entidad.
Familiares de algunos reos aseguraron que la disputa por el control del penal se originó entre “El Luis” y otro interno de San Vicente, pero fue el primero de éstos quien detonó las granadas. El caso es investigado por Fiscales del Ministerio Público, quienes se trasladaron hasta el sitio para verificar el estado de salud de varios internos que presentaron lesiones leves.
Huelga de hambre en Tocuyito
El miércoles 3 agosto, cientos de familiares permanecieron en las adyacencias del Internado Judicial de Carabobo, conocido como cárcel de Tocuyito, donde la población penal se declaró en huelga de hambre.
Funcionarios de la GNB reforzaron la seguridad perimetral del penal, pero hasta la fecha ninguna autoridad se ha pronunciado.
Los familiares informaron que los reos exigen mejoras en la infraestructura, y protestan por la insalubridad y el maltrato constante al que son sometidos por parte del director Juan Pérez, quien suspendió las visitas.
En este penal, los presos también deben pagar una “causa” semanal, según denunciaron los parientes, incluso para ser trasladados a los tribunales. Recientemente, el 18 de julio, un grupo de reclusos de la Mínima de Tocuyito secuestró a dos guardias nacionales, 12 funcionarios del ministerio de Servicios Penitenciarios y a la subdirectora del recinto carcelario. Este penal alberga alrededor de 650 reclusos, tanto procesados como penados.
Este domingo 7 de agosto se conoció sobre el ingreso del cadáver del recluso Freddy Ramón Hidalgo Ortiz (58), proveniente de la cárcel de Tocuyito, a la morgue del hospital de Valencia, Carabobo.
