Un tiroteo en la playa «Parguito», de Margarita, reseñado por diversos medios de comunicación, evidenció que el famoso pran de la cárcel de Vista Hermosa, alias «El Wilmito», que debería estar pagando condena por varios delitos graves, se encontraba en libertad. Este episodio, insólito a todas luces, ratifica la impunidad y el desastre penitenciario que existe en Venezuela.  

«El Wilmito», cuyo nombre verdadero es Wilmer Brizuela Vera, está condenado por delitos como homicidio, secuestro, robo, asociación para delinquir y sicariato. Este último cargo se le realizó cuando en 2010, desde la cárcel, ordenó el asesinato de la doctora Mariela Casado, quien para ese entonces era la juez rectora del estado Bolívar (los sicarios se confundieron de persona y terminaron matando a la hermana de la juez). La condena por este caso, impuesta en agosto de 2012, fue de 16 años y 20 días de prisión. Nada más por este juicio (como dijimos, ya estaba preso por otros graves delitos) debía estar detenido hasta 2028. ¿Cómo terminó entonces «El Wilmito» de vacaciones la semana pasada en playa Parguito? Esta es la pregunta que muchos venezolanos hoy se están haciendo.  

 

 

La reforma del Código Penal de 2005 incluyó un parágrafo único en los artículos relativos al homicidio, secuestro, robo y otros graves delitos, que establece que los implicados en estos crímenes «no tendrán de derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena». La propia Iris Varela, como diputada en ese entonces, votó e impulsó esta reforma. Por otra parte, no se necesita ser abogado penalista para saber que un requisito indispensable para el otorgamiento de un beneficio procesal es un buen comportamiento del preso dentro de la cárcel, algo que es completamente contradictorio con la condición de «pran» (a lo que se llega asesinando, lesionando, extorsionando y traficando armas y drogas, entre otras fechorías).

El desastre carcelario desatado en el país a partir de 1999 es un elemento esencial para comprender cómo Venezuela lamentablemente se convertió en el país con mayor tasa criminal en el planeta. ¿Cuál es el mensaje que recibe la sociedad cuando observa que un peligroso «pran», en vez de estar preso por los graves delitos que ha cometido, se encuentra de vacaciones en una playa de Margarita? ¿Cuántos otros «pranes» o delincuentes peligrosos estarán en las calles del país gozando de algún beneficio irregular? ¿Hasta cuándo desde el gobierno se sigue legitimando y premiando la figura del «pran» en Venezuela? ¿Qué clase de sistema de justicia es este que mantiene en condiciones inhumanas a más de 100 presos políticos, mientras los pranes se van de vacaciones para la playa?

Distintas reseñas periodísticas indican que la libertad de «El Wilmito» la otorgó la propia Iris Varela, basándose en una prerrogativa que le dio el Código Orgánico Penitenciario (algo inconstitucional, ya que la ministro no es juez de la República). Hasta el momento de escribir estas líneas no ha habido un pronunciamiento oficial sobre este asunto. El país decente merece una explicación.

 

@luisizquiel

 

Con el nombramiento de Nestor Reverol al frente del Ministerio de Interior y Justicia se repiten buena parte de los errores que han llevado a nuestro país a competir por el primer lugar de criminalidad en el mundo. Las equivocaciones en materia de seguridad ciudadana las pagamos caro los venezolanos.

Lo primero que salta a la vista es que Maduro coloca como máximo rector de la seguridad a una persona que ha sido recientemente acusada en una Corte de los EEUU de conspirar en el delito de distribución internacional de cocaina, al presuntamente cobrar por proteger o pasar informacion a varios narcotraficantes cuando estaba a la cabeza de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Estos cargos se suman a las aseveraciones que el narcotraficante Walid Makled hizo en contra de Reverol cuando el capo estaba detenido en Bogotá, antes de ser deportado a Venezuela (aquí nunca se abrió una investigación sobre estas graves afirmaciones). Lo cierto es que hoy tenemos un ministro de Interior y Justicia que no puede poner un pie fuera del territorio del país porque seguramente sería inmediatamente detenido.

Otra aspecto que evidencia este nombramiento es la falta de continuidad en las políticas públicas de seguridad ciudadana. Reverol se convierte en el ministro número 16 que pasa por la cartera de Interior y Justicia en los últimos 17 años. Un promedio de casi un ministro por año. En este periodo se han aplicado 23 planes de seguridad (Reverol seguro trae otro bajo el brazo) con los resultados que todos los venezolanos conocemos y padecemos.

Con el nombramiento de Reverol ya suman 12  los militares que han estado a la cabeza del ministerio de Interior y Justicia. La militarización de la seguridad ciudadana no ha dado resultados positivos en el país. Ya en otras oportunidades hemos analizado que la formación de los efectivos castrenses no está relacionada con la seguridad ciudadana, sino que está basada en el combate del enemigo en el marco de la defensa de la soberanía nacional.  

Reverol ya ha ejercido en el pasado  los cargos de ministro y viceministro de Interior y Justicia, sin resultados positivos en la reducción del delito. Por lo tanto, su reciclaje es más de lo mismo, no genera ninguna esperanza sobre la mejoría de la seguridad ciudadana en el país. Lo que si pudiéramos esperar (ojalá nos equivoquemos), por las caracteristicas del personaje, es un aumento de la radicalización y la represión a la disidencia política.

La situación de inseguridad en el país no da para más improvisaciones, pero a Maduro pareciera que solo le interesa permanecer en el poder.

@luisizquiel

@luisizquiel

Fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional la reforma de la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policia Nacional, una iniciativa de los diputados de la MUD en la Comisión de Política Interior del Parlamento, la cual contiene una serie de normas destinadas a contribuir con el necesario fortalecimiento de los cuerpos policiales.

La reforma contempla la derogación de la resolución que utilizó el gobierno nacional para desarmar a los cuerpos policiales y estadales, la cual los limitó a utilizar solo armas 9mm y una escopeta por cada 10 funcionarios. Así han tenido que enfrentar a delincuentes que en muchos casos portan fusiles, granadas y otras armas de guerra. Con la entrada en vigencia de esta reforma el gobierno debe devolver las armas que retiró de las policías (en su momento se denunció que muchas de ellas habían terminado en manos de grupos delictivos o «colectivos»).

Otro punto importante es el referido a la eliminacion de ese error garrafal que significan las «zonas de paz», territorios que el gobierno nacional irresponsablemente cedió a las bandas delictivas. Con la entrada en vigencia de esta reforma será ilegal que se dicten órdenes de prohibición o limitación de ingreso de los cuerpos de seguridad a cualquier sector del país.

Una constante de los últimos años ha sido la utilización de muchísimos funcionarios policiales en labores de escolta de personas que no merecen ese privilegio, pero que de alguna forma están «enchufados» en el poder. Con la entrada en vigencia de esta reforma, los policías solo podrán resguardar de manera particular a los altos funcionarios del Estado y a las personas que  gocen de una medida judicial de protección. Los policías que se encuentren designados como escoltas de personas distintas a las antes mencionadas, deberán volver de inmediato a las calles a proteger al pueblo venezolano.

La reforma establece igualmente que el Ministerio de Interior y Justicia debe crear un portal automatizado con la información relativa a los delincuentes que presenten orden judicial de detención y que, por la cantidad y las características de los crímenes que se les atribuyan, deban ser considerados de alta peligrosidad. Esta medida sin duda contribuirá a la captura de estos hampones.

El texto legislativo también prevé la creación por parte del MIJ de un registro automatizado relativo a los funcionarios que hayan sido destituidos de algún cuerpo policial, esto para evitar que los mismos puedan ser reciclados en otro (algo que viene ocurriendo con mucha frecuencia).

La reforma de la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policia Nacional, fortaleciendo la descentralización, contempla el cese de todas las intervenciones de cuerpos policiales que viene realizando el MIJ (volverán a ser dírígidos por los gobernadores y alcaldes). Asimismo, las policías estadales y municipales podrán formar a sus funcionarios policiales en sus propias academias o institutos (no sólo en la politizada e ineficiente UNES).

Los directores  de las policías estadales y municipales solo podrán ser designados y removidos por los gobernadores y alcaldes (no por el MIJ). CAVIM no podrá, cuando cuente con los insumos requeridos, negarse a vender armas, municiones y equipos a las policías. Igualmente, las policias regionales y municipales podrán utilizar naves y aeronaves para el apoyo de los operativos. También estarán facultadas para crear grupos de operaciones especiales (hoy solo la PNB puede hacerlo).

El nuevo texto legislativo prevé el principio del carácter apolítico de las policías (incluyendo la PNB), el cual debe prevalecer desde la etapa de formación del funcionario policial.

Ahora debe comenzar la consulta amplia de la Ley. Esperemos que el gobierno no utilice su bufete particular (TSJ) para obstaculizar estas reformas necesarias para el mejoramiento de la seguridad cidadana. Si insiste en mantener a las policías desarmadas e inoperativas, en decretar zonas de impunidad para los delincuentes o en dejar a miles de policías como escoltas de «enchufados», se estará colocando abiertamente a favor de los delincuentes y de espaldas al honesto pueblo venezolano.

 

@luisizquiel

El informe presentaron Provea y Human Rights Watch ante la CIDH, titulado «Poder sin Límites», evidencia que las fuerzas de seguridad que actúan en las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) han cometido distintos atropellos que incluyen «ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación ilegal de ciudadanos colombianos, a menudo acusados, sin ninguna prueba, de tener nexos con paramilitares». Este operativo, que claramente no ha servido para disminuir los índices criminales del país, sÍ ha sido muy efectivo para conculcar masivamente los DD.HH.

El Ministerio Público destacó en su informe 2015 que las fuerzas de seguridad mataron a 245 personas en el marco de las OLP. La mayoría de estos casos fueron determinados oficialmente como «enfrentamientos». Sin embargo, Provea y HRW lograron registrar, a través de entrevistas directas y testimonios escritos, al menos 20 ejecuciones extrajudiciales. En algunos casos «los testigos relataron que agentes de seguridad dispararon a las víctimas a quemarropa. En otros, indicaron haber visto por última vez a las víctimas cuando estaban bajo custodia de agentes de seguridad». Distintos testimonios, detallados en el informe, dan cuenta de muchas escenas dantescas.

El documento de las ONG señala también que en el desarrollo de las OLP se aprehendieron alrededor de 14.000 personas, pero solo 100 fueron finalmente  llevadas ante fiscales para ser acusadas formalmente por la comisión de un delito. Varios testigos señalaron que los agentes de seguridad practicaron estas detenciones masivas sin órdenes judiciales. Asimismo, distintos residentes indicaron que, mientras las personas estaban bajo custodia, «los agentes de seguridad se apropiaron de teléfonos celulares, computadoras portátiles y artículos de primera necesidad, como alimentos y pañales que hallaron en las viviendas».

Diversas también son las denuncias sobre desalojos forzosos y destrucción de viviendas durante las OLP. Destaca el caso ocurrido el 17 de agosto de 2015 en una zona popular de Valencia conocida como «Brisas del Hipódromo», en la cual, con la excusa de «detectar hampa paramilitar», se destruyeron las viviendas de 400 humildes familias. Asimismo, el 27 de julio del año pasado, en un sector de la carretera Panamericana, 1.447 agentes de seguridad (mientras cantaban el himno «Patria Querida», según los relatos) derribaron más de 400 casas. El gobierno dejó a todos los habitantes  en la calle.

Provea y HRW señalan que un denominador común en estos casos de violaciones de DD.HH. en las OLP, es que las víctimas y sus familiares «se han visto impedidos de cuestionar los abusos de poder y han sentido que no tienen dónde acudir para que se protejan sus derechos fundamentales». Estas son las consecuencias del secuestro de las instituciones del sistema de justicia por un partido político.

La mayoría de los acciones de la OLP documentadas en el informe se desplegaron en «zonas donde vivían comunidades vulnerables de bajos ingresos». De alguna manera, con estos operativos el gobierno está criminalizando la pobreza.

Venezuela necesita salir de esta situación de criminalidad desbordada a través de planes serios y estructurales que aborden con profundidad la prevención del delito, el fortalecimiento de las policías, la reestructuración del sistema de justicia y la transformación del sistema carcelario. Con operativos improvisados, violatorios de los DD.HH., solo se profundizará el problema.

 

 

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia parece corresponder a un país imaginario. En el enrevesado documento de 373 páginas no existe información alguna sobre el número de homicidios, secuestros, robos, hurtos, violaciones y otros delitos graves ocurridos durante 2015. Tampoco existe nada acerca de los ataques a estaciones policiales, linchamientos o la cantidad de policías asesinados el año pasado. En este informe Venezuela queda dibujada como tierra de fantasía, una especie de Narnia.

Un dato llama la atención: el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses refleja haber realizado 29.610 levantamientos de cadáveres durante 2015. Es conocido que cerca del 80% de las muertes violentas registradas en las distintas morgues del país corresponden a asesinatos. En este sentido, tendríamos que oficialmente el número de homicidios ocurridos el año pasado en Venezuela rondaría los 23.000, una cifra muy lejana a los 17.778 asesinatos indicados por la Fiscal General en su informe anual. Un punto para analizar e investigar.

Durante 2015 el CICPC «logró el esclarecimiento de 41.597 averiguaciones relacionadas con los cuatro delitos de mayor incidencia: homicidios, robos, secuestros y hurtos de vehículos». Esta cifra por si sola dice poco, pero si consideramos que la última Encuesta de Victimización realizada por el INE (2009) señala que cada año, entre estos cuatro delitos, se producen más de un millón y medio de casos, podemos hacernos una idea de la gigantesca impunidad que existe hoy en Venezuela.

Por otra parte, la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad que debió ser creado en 1999 por mandato de la Constitución, el cual terminó finalmente naciendo en 2009, se encuentra hoy desplegado en menos de la mitad de los estados del país (10). De «nacional» solo tiene el nombre.

En cuanto a los distintos planes de desarme, el Ministerio de Interior y Justicia indica que en 2015 solo se incautaron e inutilizaron 18.686 armas de fuego en Venezuela. A este ritmo tardaría unos 300 años recoger la mitad de las armas de fuego ilegales que hoy circulan en el país.

En relación a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), no se indica nada acerca de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, el derribo de humildes viviendas, detenciones ilegales y otras violaciones a los derechos humanos señaladas por las víctimas a través de los medios de comunicación.

En 2013, el entonces ministro Miguel Rodríguez Torres lanzó con bombos y platillos el denominado «Proyecto Sima», un plan que contemplaba, entre otros aspectos, la colocación de 30.000 cámaras de vídeo vigilancia en 16 ciudades del país y la adquisición de «drones» o aviones no tripulados para apoyo de las operaciones de seguridad ciudadana. El proyecto, que debía estar finalizado en este 2016, tenía previsto una inversión de más de $1.000 millones. Alguien ha visto esas cámaras en algún lado? La Memoria y Cuenta solo indica la colocación de 1.789 cámaras en los municipios Libertador y Sucre de Caracas, algunos municipios de Nueva Esparta, unos pocos municipios de Táchira, en la capital de Barinas, en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, en el municipio Pedro Camejo de Apure y 92 instaladas en otros lugares del país. Como puede observarse, cifras muy lejanas a las previstas inicialmente. Sin duda un caso digno de ser investigado por la AN, la Contraloría y la Fiscalía General de la República.

La Memoria y Cuenta indica la intervención de 11 policías municipales y estadales, una figura que no ha dado resultados positivos y que claramente atenta contra la descentralización. Asimismo, los datos señalados en el documento evidencian las deficiencias en la dotación de los cuerpos policiales y, en general, la baja inversión del Estado en materia de seguridad ciudadana.

Cuando uno lee la Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia, entiende inmediatamente el porqué Venezuela se ha convertido en el segundo país con mayor criminalidad en el mundo.

 

@luisizquiel

 

 

 

 

Al leer la carta que le envío el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a uno le invade inmediatamente la certeza de estar, por su contundencia, claridad y oportunidad, ante un documento que quedará registrado en la historia. El organismo regional, que en la época del inefable Insulza se hacía la vista gorda frente a lo que ocurría en Venezuela, ahora denuncia con mucha claridad el déficit democrático que existe en nuestro país.

La carta de Almagro, escrita en respuesta a la negativa del CNE de aceptar una misión de observación electoral de la OEA para el 6D, comienza desnudando la parcialidad política de Tibisay Lucena y el obsceno ventajismo oficial ante las próximas elecciones parlamentarias, esto expresado, entre otros aspectos, por el uso de recursos públicos en la campaña del Gobierno; limitaciones para los candidatos de la oposición en el acceso a los medios de comunicación; inhabilitaciones de adversarios políticos; cambios en las reglas de juego (por ejemplo, las cuotas de candidaturas por género anunciadas a última hora y la modificación del número de diputados en algunos circuitos) y los decretos de estados de excepción, los cuales dificultan las actividades de campaña electoral en los territorios afectados por esta medida.

Un punto a destacar en la misiva del Secretario General de la OEA, es el referido a la confusión que el oficialismo quiere crear con las tarjetas electorales. Al respecto señaló: «se me ha informado que al lado de la tarjeta de la Mesa de la Unidad se ubicó la del partido Movimiento de Integridad Nacional (MIN-UNIDAD), partido intervenido por el TSJ, que fue expulsado de la MUD y que inscribió candidatos de forma autónoma. La ubicación de la tarjeta, junto al uso de colores y nombres similares podría generar confusión al momento de la votación». Para que está especie de estafa política no tenga éxito, es imprescindible masificar que la única tarjeta de la Unidad Democrática está ubicada abajo y a la izquierda, en la esquina del tarjetón, la de la manito.

Con respecto al caso de Leopoldo López, Luis Almagro, hombre de izquierda y excanciller de José «Pepe» Mujica, recordó que «desde hacía tiempo en nuestro continente no se daba que uno de los máximos dirigentes opositores estuviera preso cuando una elección». Luego pasa a enumerar las distintas irregularidades de ese proceso judicial y afirma que su condena vulnera «las garantías para el discurso opositor y para el libre funcionamiento de los partidos opositores».

Cada día que pasa el Gobierno venezolano queda más aislado en el plano internacional. A la carta de Almagro se suma que el Tribunal Superior Electoral de Brasil, al parecer vetado por el madurismo, declinó integrar la misión que Unasur enviará para el 6D. Asimismo, en Argentina el opositor Mauricio Macri se perfila como el gran favorito para las elecciones presidenciales previstas para el 22 de este mes, lo que indica que el Kirchnerismo, gran aliado del PSUV, quedará fuera del poder.

Todas las encuestas para el 6D le dan a la Unidad Democrática una ventaja de entre el 20% y el 30% sobre los candidatos de Maduro. Por eso quizás Almagro termina recordándole a Lucena que «en sus manos está la legitimidad del arma política fundamental que le queda a su pueblo, que es el derecho al voto con garantías para todos».

@LuisIzquiel

 

Los 5 ataques a sedes policiales ocurridos en menos de 48 horas causaron conmoción en la opinión pública. La utilización de granadas por parte de la delincuencia se ha hecho algo común en los últimos tiempos en Venezuela (un reciente informe de la ONU indicó que en nuestro país se produce el mayor número de civiles fallecidos por la explosión de estas armas de guerra). El desarrollo del crimen organizado está poniendo en jaque a toda la sociedad.
¿De dónde salen las granadas que utilizan con tanta frecuencia los delincuentes? Esa es la pregunta que hoy todos se hacen. El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado, a través de la FANB, puede poseer y usar armas de guerra. Los particulares no pueden comprar granadas ni fusiles en ningún establecimiento comercial, por lo tanto es lógico presumir que estas poderosas armas llegan a los criminales como consecuencia de la corrupción de funcionarios castrenses que las sustraen de los cuarteles. La otra posibilidad es que las bandas delictivas obtengan las granadas y fusiles de grupos irregulares por la vía del contrabando fronterizo, pero en todo caso esto también sería responsabilidad del Estado, ya que la FANB es la institución encargada de resguardar nuestras fronteras.
En Venezuela la impunidad es la regla de todos los fenómenos delictivos. El artículo 121 de la denominada Ley Desarme prevé una sanción de 8 a 10 años de prisión para aquellos que sustraigan armas de los parques de la FANB. ¿Cuántos están hoy detenidos o imputados por hurtar y luego vender granadas y fusiles a los delincuentes en Venezuela? La falta de castigo sirve de incentivo para que este tipo de hechos se repitan.
Sí tuviéramos una Asamblea Nacional con mayoría de la Unidad Democrática, seguramente el Ministro de la Defensa y el presidente de CAVIM, entre otros, serian interpelados para que expliquen cómo los delincuentes obtienen con tanta facilidad armas que deben ser de uso exclusivo de la FANB. Hoy estos funcionarios no tienen que rendirle cuentas a nadie.
Desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre el fortalecimiento de las denominadas megabandas en Venezuela. Nada ha hecho el gobierno nacional para detener este proceso. Estos grupos de delincuencia organizada cada día adquieren más poder en nuestro país (regularmente están mejor equipados que las propias policías). Para crecer cuentan con la inmensa cantidad de dinero que obtienen a través de los secuestros, robos, extorsiones y otros graves delitos. Si no se actúa a tiempo, Venezuela puede entrar en una anarquía parecida a la que vivió Colombia a finales de los años 80 y principios de los 90.
La manía armamentista que ha sufrido el país en los últimos años también ha causado mucho daño. Hoy estamos pagando las consecuencias de la tesis del «pueblo en armas», del concepto del ciudadano-miliciano y de la creación de colectivos armados, entre otras perlas. Muchas de las armas entregadas para afianzar el control político del país, terminaron en manos de la delincuencia organizada.
En Venezuela no se consiguen los alimentos básicos ni las medicinas, pero las granadas y fusiles circulan a montón. Tiene razón la propaganda oficial cuando afirma que hoy en nuestro país «lo extraordinario se vuelve cotidiano».

 

El viernes pasado, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, estuvimos presentando una serie de propuestas concretas, destinadas a mejorar la seguridad ciudadana desde la Asamblea Nacional. Mientras el Gobierno se dedica a inventar historias para tratar de desviar la atención sobre la gran crisis que sacude al país, en la MUD trabajamos en el diseño de medidas que ayuden a la resolución de los principales problemas que preocupan a los venezolanos.

Una mayoría de diputados de la Unidad Democrática podrá eliminar ese error garrafal que significan las denominadas «zonas de paz». Territorios de impunidad que el gobierno cedió a las bandas delictivas, los cuales han venido siendo utilizados para llevar a personas secuestradas, esconder vehículos robados o hurtados, resguardar a delincuentes solicitados por los tribunales y para masificar la extorsión y el tráfico de drogas, entre otras fechorías. De esta forma se evitará que a los cuerpos de seguridad se les vuelva a prohibir ingresar a determinados sectores para combatir la criminalidad.

A través de una Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales en los Centros Penitenciarios del País, se impedirá que desde las cárceles se sigan cobrando secuestros, rescates de vehículos robados o realizando extorsiones, entre otros delitos. Este instrumento jurídico le establecerá a las compañías de telefonía celular la obligación de bloquear la señal en el perímetro de las cárceles. Leyes similares se han implementado con mucho éxito en países como Honduras y El Salvador. Igualmente, la descentralización de las cárceles, un mandato del artículo 272 de la Constitución, tendrá un desarrollo normativo con una mayoría de la alternativa democrática en la AN.

Con reformas a la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y al Estatuto de la Función Policial, se podrá, entre otros aspectos: 1) establecer un procedimiento administrativo más expedito, que facilite la depuración de los cuerpos de seguridad; 2) crear un registro automatizado de policías que hayan sido destituidos por faltas graves o delitos, para evitar que sean reciclados en otro cuerpo de seguridad; 3) restablecer la posibilidad de que todas las policías del país, que tengan las condiciones para ello, puedan crear grupos de operaciones especiales; 4) permitir que todos los cuerpos de seguridad puedan utilizar helicópteros para el apoyo de las operaciones; 5) permitir que los cuerpos de seguridad puedan elaborar y dar a conocer las listas de los delincuentes más peligrosos del país que tengan solicitudes judiciales; 6) Impedir que los policías sigan siendo utilizados como escoltas de «personalidades» que no ameritan ese privilegio. Los funcionarios que están cumpliendo irregularmente esa labor, tendrán que volver a las calles a proteger a la ciudadanía; 7) prohibir que se le otorguen credenciales policiales a personas que no forman parte de los cuerpos de seguridad y; 8) mejorar las condiciones socioeconómicas de los policías del país. Asimismo, se derogará la resolución Nro 17. 350 (G.O 39.627) del Ministerio de la Defensa, que desarmó a las policías, ya que las limitó a utilizar solo pistolas 9mm y una escopeta por cada 10 funcionarios (así deben enfrentarse a delincuentes que usualmente poseen fusiles de alto poder y granadas).

Todas estas acciones legislativas y muchas otras que surjan del ejercicio parlamentario, estarán acompañadas de la función de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional (inexistente durante 16 años), la cual permite, entre otros aspectos, interpelar, declarar la responsabilidad política y dar voto de censura a aquellos ministros y otros funcionarios, en este caso del área de la seguridad ciudadana, que no cumplan a cabalidad con sus funciones. Recordemos que desde la AN también se aprueba el presupuesto nacional (en 16 años la lucha contra el crimen no ha sido una prioridad), se designa a la cabeza del Ministerio Público y se nombran a los magistrados del TSJ (que a su vez designan a todos los jueces del país).

El cambio que necesita la seguridad ciudadana en Venezuela tendrá un gran impulso con una mayoría de la Unidad Democrática en la AN. Por eso es tan importante votar y defender la victoria el próximo 6D.

 

@luisizquiel