Los 5 ataques a sedes policiales ocurridos en menos de 48 horas causaron conmoción en la opinión pública. La utilización de granadas por parte de la delincuencia se ha hecho algo común en los últimos tiempos en Venezuela (un reciente informe de la ONU indicó que en nuestro país se produce el mayor número de civiles fallecidos por la explosión de estas armas de guerra). El desarrollo del crimen organizado está poniendo en jaque a toda la sociedad.
¿De dónde salen las granadas que utilizan con tanta frecuencia los delincuentes? Esa es la pregunta que hoy todos se hacen. El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado, a través de la FANB, puede poseer y usar armas de guerra. Los particulares no pueden comprar granadas ni fusiles en ningún establecimiento comercial, por lo tanto es lógico presumir que estas poderosas armas llegan a los criminales como consecuencia de la corrupción de funcionarios castrenses que las sustraen de los cuarteles. La otra posibilidad es que las bandas delictivas obtengan las granadas y fusiles de grupos irregulares por la vía del contrabando fronterizo, pero en todo caso esto también sería responsabilidad del Estado, ya que la FANB es la institución encargada de resguardar nuestras fronteras.
En Venezuela la impunidad es la regla de todos los fenómenos delictivos. El artículo 121 de la denominada Ley Desarme prevé una sanción de 8 a 10 años de prisión para aquellos que sustraigan armas de los parques de la FANB. ¿Cuántos están hoy detenidos o imputados por hurtar y luego vender granadas y fusiles a los delincuentes en Venezuela? La falta de castigo sirve de incentivo para que este tipo de hechos se repitan.
Sí tuviéramos una Asamblea Nacional con mayoría de la Unidad Democrática, seguramente el Ministro de la Defensa y el presidente de CAVIM, entre otros, serian interpelados para que expliquen cómo los delincuentes obtienen con tanta facilidad armas que deben ser de uso exclusivo de la FANB. Hoy estos funcionarios no tienen que rendirle cuentas a nadie.
Desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre el fortalecimiento de las denominadas megabandas en Venezuela. Nada ha hecho el gobierno nacional para detener este proceso. Estos grupos de delincuencia organizada cada día adquieren más poder en nuestro país (regularmente están mejor equipados que las propias policías). Para crecer cuentan con la inmensa cantidad de dinero que obtienen a través de los secuestros, robos, extorsiones y otros graves delitos. Si no se actúa a tiempo, Venezuela puede entrar en una anarquía parecida a la que vivió Colombia a finales de los años 80 y principios de los 90.
La manía armamentista que ha sufrido el país en los últimos años también ha causado mucho daño. Hoy estamos pagando las consecuencias de la tesis del «pueblo en armas», del concepto del ciudadano-miliciano y de la creación de colectivos armados, entre otras perlas. Muchas de las armas entregadas para afianzar el control político del país, terminaron en manos de la delincuencia organizada.
En Venezuela no se consiguen los alimentos básicos ni las medicinas, pero las granadas y fusiles circulan a montón. Tiene razón la propaganda oficial cuando afirma que hoy en nuestro país «lo extraordinario se vuelve cotidiano».
