La fuga del oro venezolano no solo ocurre por rutas del contrabando sino también por vías institucionales.

Lisseth Boon y Lorena Meléndez

Valiéndose de sus competencias en la comercialización del oro y como custodio de las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela está dilapidando los recursos de la Nación hasta alcanzar mínimos históricos en un contexto de sequía financiera y de hiperinflación.

Hasta 2013, Venezuela estaba entre los primeros 30 países del mundo con mayores reservas de oro monetario, pero en cuestión de cinco años se han ido desvaneciendo gracias a los manejos del BCV. Controlado por figuras del entorno de Nicolás Maduro, el otrora organismo autónomo se ha convertido en el eje de un ecosistema sobre el cual pesan sospechas de lavado de dinero, sanciones y negocios millonarios que también han incluido recursos auríferos extraídos del controversial Arco Minero del Orinoco.

Este reportaje de Runrun.es en alianza con Connectas y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) revela los mecanismos de los cuales se vale el BCV para obtener recursos alternativos y lograr liquidez tras el desmantelamiento de la industria petrolera como principal fuente de ingresos de Venezuela

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La constructora brasileña intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, contrato que finalmente fue otorgado a Odebrecht en 2006.  A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias cuya extendida práctica es admitida por el propio presidente del grupo empresarial

Presente en 22 países de América Latina, Asia y África, también es investigada por la operación Lavajato por corrupción transnacional, junto con otras grandes empresas de ingeniería como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao. Todas tienen en común megaproyectos sin terminar en Venezuela

 

Lisseth Boon @boonbar/César Bátiz @cbatiz

Katherine Pennacchio @kathypennacchio

 

Cuatro  años antes de asumir la construcción del proyecto de saneamiento y desarrollo integral de Río Tuy (conocido como Tuy IV) en el estado Miranda, fundamental obra aún inacabada que surtiría de agua a la Gran Caracas, la compañía brasileña Camargo Correa ya incurría en prácticas de lobbismo en Venezuela con el fin de ser beneficiada en licitaciones de grandes contratos de infraestructura durante el gobierno de Hugo Chávez. En 2005, la constructora casi centenaria, aplicaba en la capital venezolana el  tráfico de influencias y concertación fraudulenta de licitaciones, identificados como delitos de corrupción, que replicó en al menos seis de los 22 países de América Latina, Asia y África donde opera.

Así lo confirman los correos electrónicos intercambiados por los ejecutivos de la constructora brasileña en Caracas  y Sao Paolo entre 2005 y 2007, que forman parte de las evidencias que sustentan la operación Castelo de Areia (Operación Castillo de Arena), iniciada en 2008 por la Policía Federal de Brasil, a la que tuvieron acceso los medios venezolanos Runrunes y El Pitazo como miembros del proyecto periodístico transnacional #InvestigaLavajato coordinada por la plataforma de periodismo de investigación y datos Convoca, con sede Lima, Perú.

Aquella investigación policial del estado paulista se centró en detectar si la empresa Camargo Correa estaba cometiendo delitos de lavado de dinero y pago de sobornos para obtener contratos fuera de Brasil. Los agentes basaron sus pesquisas en una fuente anónima que describió un esquema de crímenes financieros de alcance internacional que involucró el pago de sobornos y contabilidad paralela  en Brasil, Angola, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

En enero de 2009, un juez autorizó la detención de cuatro directivos de la trasnacional. En diciembre de ese año, el Ministerio Público Federal brasileño imputó a los gerentes por los delitos de corrupción, fraude, lavado de dinero, evasión y formación de carteles. Los abogados de la compañía, por su parte, justificaron que las donaciones fueron debidamente declaradas.

Pero en mayo de 2011, cuando parecía llegar el desenlace, el Tribunal Superior Federal de Brasil anuló la investigación alegando que estaba basaba en un testimonio anónimo y liberaron a los ejecutivos. Castillo de Arena quedó entonces engavetada.

En busca del “padrino Chávez”

Los documentos de la Operación Castillo de Arena archivada en 2009, a los que accede Convoca nueve años después, permiten verificar los mecanismos a los que recurría Camargo Correa para lograr contratos de grandes obras de ingeniería en los países donde operaba.

En el caso de Venezuela, una serie de correos revelan los intereses de la Camargo Correa en el país y sus reiterados intentos por lograr  “un padrino” con poder que bendijera la asignación de megacontratos. Camargo Correa, que ya había participado en los años 70 en la construcción de la emblemática Central Hidroeléctrica Guri y se había encargado de la restauración de la represa de El Guapo en el estado Miranda entre 2003 y 2005, quería volver a Venezuela para construir una de las joyas de la corona proyectada como estandarte del gobierno chavista: la represa Manuel Piar “Tocoma”, en el estado Bolívar, con un valor inicial de 800 millones de dólares. Y en el afán de  lograrlo, procuró en varias ocasiones pautar una reunión con el propio presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

  Operación Castillo de Arena – investigación sobre corrupción de Camargo Correa by runrunesweb on Scribd

 

En un correo de carácter “confidencial” enviado el 10/06/2005 por el representante de Camargo Correa en Venezuela José Cesar Gazoni Martins a uno de los directivos del grupo empresarial en la sede en Brasil, Carlos Fernando Namur, se describen los resultados de una reunión con el embajador de Brasil en Caracas,  Joao Carlos de Susa-Gomes, celebrada el día anterior, en la que también estuvieron presentes el secretario de Comercio y Turismo Joao Alfredo de los Angeles y Gazoni. Solicitando discreción, allí le advierten que la competencia (Odebrecht) mantiene una actitud “feroz” contra la presencia de la nueva constructora en el país. El ejecutivo admite que no logró el compromiso firme del diplomático de acordar una audiencia con el entonces presidente Chávez.

La Policial Federal brasileña evalúa que este correo electrónico  “una vez más corrobora la forma de actuación de Camargo Corrêa en el exterior, especialmente en los países de América Latina”. Describe que el diplomático, quien mantenía relaciones exclusivas con la competencia de Camargo Correa en el país  (Odebrecht), le recomendó al directivo empresarial que “tenía que hacer la tarea de casa, instalar la oficina en Caracas con más antelación, mostrar mayor interés movilizando más gente para hacer contactos frecuentes con ministros, gobernadores, presidentes y directores de empresas públicas de Venezuela, invertir en viajes en avionetas a Brasil con personas de interés”. También, le había dicho que “el precio de los proyectos a concursar que es lo que menos cuenta, ya que todo es arreglado políticamente”.

En esos años, las relaciones diplomáticas y comerciales entre Brasil y Venezuela se encontraban en uno de sus momentos más vibrantes. A partir de 2005, cuando se firma la Alianza Estratégica entre ambos países, las visitas de Chávez al vecino del sur y las de Lula da Silva a la nación caribeña se hicieron más frecuentes para celebrar encuentros bilaterales y acuerdos de cooperación. En 2006, Venezuela se adhirió al Mercosur y el mandatario brasileño participó en el acto de la firma del Protocolo en Caracas. Ese mismo año, Da Silva asistió a la inauguración del segundo puente sobre el río Orinoco, construido por Odebrecht. También eran tiempos de campaña electoral.

Pero también es cierto que lograr una reunión privada con Chávez resultaba cuesta arriba en esos tiempos. Dos fuentes independientes, una exempleado del sector financiero del Gobierno y otra exejecutivo de Pdvsa, coinciden en afirmar que después del golpe de Estado de 2002, el lobby con Hugo Chávez era casi imposible. “Solo recibía al que él quisiera. Una vez botó a un general retirado de Miraflores, le impidió la entrada al palacio presidencial, porque sin previo aviso le llevó unos empresarios. Solo a Alejandro Andrade, exguardaespalda del Presidente y extesorero de la Nación le permitía llevar gente a Miraflores”, relata uno de los informantes. Andrade hoy vive en EEUU.

 

Buscando desesperadamente una audiencia

Otro email titulado “Chávez y Ecuador” (enviado el 2/12/2006, un día antes de la elección presidencial que ganó Chávez con 62,8% de los votos), también registra las solicitudes  de reforzar los pedidos de audiencia no sólo con Chávez, a través del embajador venezolano en Brasil, Julio García Montoya, sino también con el entonces nuevo presidente electo de Ecuador, Rafael Correa.

Ante el inminente llamado a licitación de Tocoma en 2006, la urgencia de los ejecutivos CC por lograr una audiencia con Chávez toma un tono casi desesperado, revelan los correos electrónicos. Se hace seguimiento a las posibilidades de encuentro tanto en Caracas como en Brasilia, durante las visitas del presidente venezolano a este país como en ocasión de la instalación del Parlamento de Mercosur celebrada el 14 de diciembre de 2006.  

La investigación analiza que las comunicaciones entre los directivos de CC  “muestra la preocupación en conseguir, a toda costa, una audiencia con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, para lo cual recurrieron a contactos diversos tanto en el Itamarati (cancillería de Brasil) hasta en el  Ejecutivo y Legislativo. Todo indica que el objetivo del encuentro era la entrada de CC a aquel país a través de la ejecución de obras públicas”.

Hasta que llegó el proceso de licitación de Tocoma y fue adjudicado a la territorial competencia de CC, Odebrecht. A comienzos de 2007, los ejecutivos de CC ya sospechaban del resultado del proceso en el que también concursaron las brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiróz Galvao, empresas investigadas por la operación Lava Jato por corrupción. En un correo del 2/01/2007, se preguntan qué hacer cuando Edelca (la empresa estatal contratante) anuncie a otro consorcio como ganador. A lo que responden que, además de cuestionar la decisión y pedir una vez más audiencia urgente con Chávez, están buscando con otro contacto diferente del vicepresidente “para tener otro padrino”. Justo en ese interín, Jorge Rodríguez asumía la Vicepresidencia, sustituyendo a José Vicente Rangel.

Ante la propuesta de defender su oferta y el proyecto propuestos, reconocen que “sin el apadrinamiento del propio presidente Chávez sería una pérdida de energía y dinero”.

Represa de Tocoma en construcción

 

Traficando influencias

El informe de Castillo de Arena considera que los correos muestran “una vez más el modus operandi de actuación del contratista en sus participaciones en los pleitos en el exterior. CC estaría buscando

alternativas a una posible derrota en licitación en Venezuela por lo cual planearía retardar el proceso licitatorio para conseguir una audiencia con Chávez para que ‘apadrine’ a la empresa en las pugnas por contratos.

La investigación concluye que la mayor parte de los documentos reflejan la forma de actuación del Grupo Camargo Correa en los procesos de licitación del exterior. “Hay indicios de que el Grupo se vale del llamado “tráfico de influencias” para arreglar simpatizantes entre funcionarios públicos de alto rango, de los países en los que actúa, a través de pagos llamados “Capilés” (sobornos).

La sola insistencia de Camargo Correa por reunirse con el presidente de un país para incidir en el resultado a favor en una licitación  habla del delito de tráfico de influencias contemplado en la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público. El artículo 99 de esta norma (aprobada en primera discusión en Asamblea Nacional en octubre de 2016) contempla prisión de 4 a 6 años para  aquel funcionario público que, de forma directa o por intermediación de una persona, aprovechando las funciones que ejerce, hubiera obtenido ventaja, beneficio u otra utilidad para sí o para otro. También señala penalidades para todo aquel que haga uso indebido de su influencia sobre algún funcionario público para que éste ordene o ejecute un acto propio de sus funciones pero contrario al deber.

En la mira de LavaJato

Cinco años después de la suspensión de la investigación Castillo de Arena,  las sospechas de corrupción vuelven a posarse sobre Camargo Correa. En 2014, la operación LavaJato incluye a la constructora en sus pesquisas sobre el esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que envuelve a la estatal Petrobras. En noviembre de ese año, el Tribunal de Justicia Federal de Curitiba ordenó la detención temporal y preventiva de altos ejecutivos de la transnacional, entre ellos el director presidente de Camargo Correa Construcciones y Participaciones S.A, Dalton de los Santos Avancini.

La participación de Camargo Correa en la conformación de carteles  y concertación fraudulenta de licitaciones, ambos crímenes de corrupción, fue confirmada por el expresidente de la compañía, Dalton dos Santos Avancini, en una declaración que prestó ante el Ministerio Público Federal de Brasil luego de plegarse a las delaciones premiadas por la operación Lava Jato. Dalton, quien fue apresado en 2014 y condenado a 15 años de prisión,  admitió la de la existencia de reuniones con otras compañías para discutir y distribuir la participación en esas licitaciones. La delación fue recogida en documento firmado en Curitiba el 8 de marzo de 2016 por el Juez Federal Sergio Fernando Moro.

Dalton Dos Santos Avancini, presidente de Camargo Correa

Aunque Dos Santos Avacini entró a la compañía en 2009, fue cuando asumió la  dirección de un departamento que se enteró de la existencia de un acuerdo sobre las obras que habían sido ganadas en licitaciones: constituían la división de un mercado de empresas.

En  reuniones entre Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvao y UTC Engenharia, se discutían cómo iban a dividirse  las concertaciones según el mercado de empresas en relación a las obras. Según Dos Santos, siempre había un equilibrio en el volumen de los contratos de cada una de las empresas. Se definían los espacios, los paquetes en los cuales cada una saldría ganadora. Se respetaban que cada una recibiera una porción. Acordaban quien iba a ganar determinada licitación.

En el caso de Venezuela, el contrato de construcción de la represa Tocoma fue asignado a Odebrecht, identificada por Dos Santos Avancini como “líder” de un cartel de 23 constructoras en esas concertaciones. Once años después, la compañía aún no entrega la obra y es investigada por liderar la red de corrupción transcontinental.

Dos Santos Avancini también confirmó pago de sobornos por parte de CC a la dirección de abastecimiento de Petrobras. “El arreglo era  una práctica generalizada entre compañías constructoras”.

Entre los dedos de la diplomacia

La práctica de tráfico de influencias por parte de Camargo Correa que develan los correos de Castillo de Arena coinciden también con lo que registran los cables diplomáticos intercambiados por esos años entre la embajada de Brasil en Caracas y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia a los que tuvo acceso Runrunes y El Pitazo.

 

Un cable fechado el 23/08/2006 que refleja la urgencia de Camargo Correa por conseguir una audiencia con Chávez. Como este documento, hay 9 más

La insistencia de Camargo Correa por conseguir audiencia con Chávez fue mencionada en los 9 cables intercambiados entre Caracas y Brasilia del 2005 al 2006 donde se nombra a la empresa. Todos los asuntos de la  constructora se centraban en acordar una reunión de los ejecutivos de la compañía con el primer mandatario venezolano, bien sea Brasil o Caracas, para interceder en la licitación de su principal interés en el país: la construcción de la represa de Tocoma, a 19 kilómetros de la presa del Guri en cuya ampliación participó entre 1978 y 1986.

Justo en 2005 se abrió el proceso licitatorio de Tocoma, apuntan los cables, para el que postularon las empresas Barsanti (Venezuela), Dell`Acqua (Venezuela), Dragados (España), Hochtief (Alemania), Impregilo (Italia), Skanska (Suecia) y  Vinccler (Venezuela), además de las brasileras Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Desde Venezuela, el embajador brasilero Joao Carlos de Souza Gomes envía reportes de todos los esfuerzos por lograr una audiencia con Chávez para CC. También da cuenta del seguimiento que hacen a sus giras internacionales del presidente venezolano así como sus visitas a Brasil. En un cable de carácter “urgentísimo” del 22/12/2006, el diplomático recuerda que, siguiendo instrucciones, envió comunicación a Adán Chávez, secretario de la presidencia y hermano del  jefe de Estado, para reiterarle la solicitud de audiencia a petición el miembro titular del consejo de CC, Luiz Ortiz Nascimento.

En un último intento antes de la deliberación de la licitación, el 12-01-2007 el embajador De Souza Gomes lista todos las tentativas de contacto durante dos años con personeros del gobierno: Adán Chávez; el embajador venezolano en Brasil, García Montoya (“amigo íntimo de Chávez); Hugo Cabezas (como secretario de la presidencia entrante) y seis veces con el canciller Nicolás Maduro.

Estas comunicaciones evidencian la intermediación del gobierno de Lula Da Silva a través de su cancillería en las gestiones por la contratación de megaproyectos en Venezuela de una empresa privada de ingeniería brasilera, en este caso Camargo Correa.

Una empresa con tradición

En los cables diplomáticos de 2004 al 2009 se asomaron las gestiones por el regreso de Camargo Correa al país donde había construido una obra de envergadura como la represa del Guri en la década del 70 del siglo XX. En efecto, la constructora de Camargo Construcciones y Comercio Camargo Correa S.A se domicilió en Venezuela el 8 de agosto de 1977. La sociedad se abrió para atender obras contratadas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Electrificación del Caroní (Edelca), específicamente la etapa final del desarrollo hidroeléctrico del Río Caroní, en  el embalse del Guri.

Represa del Guri

Según el expediente 94005, ubicado en el registro mercantil V del Distrito Capital, para el 11 de noviembre de 2004, se aprobó cerrar las actividades de la sucursal en Caracas. Para ese momento, el presidente de la sociedad era Celso Ferreira Oliveira y su vicepresidente Joao Ricardo Auler.

A pesar de este cierre de sucursal realizado en 2004, las oficinas en Caracas de Camargo Correa siguen activas. Se encuentran ubicadas en la Torre Premium, de la calle Orinoco de Las Mercedes, al este de Caracas.

Al entrar a las oficinas lo primero que se observa es el logo de Camargo-Correa y al lado derecho, en la mesa de la recepción, una banderita de Brasil acompañada con otra de China. En la pared junto a la recepción tienen un afiche de una de las construcciones realizadas por la constructora en Perú. Al menos cinco personas trabajan en la sucursal.

Oficina de Camargo Correa en Caracas

El 25 de junio de 2018, se solicitó en persona y vía correo electrónico una entrevista con algún representante de la compañía. Cuatro días después de la solicitud se recibió un email firmado por Claudia Vasallos, socia de Camargo Correa, desde Sao Paulo, en Brasil, explicando que “cualquier información sobre los proyectos desarrollados por Camargo Correa en Venezuela debe ser proporcionada por las empresas Corpomiranda e Hidrocapital, clientes responsables de esos proyectos”.

También se enviaron cartas de solicitud de entrevista a CorpoMiranda e Hidrocapital y al cierre de este reportaje no se ha recibido respuesta.

En 2018, cuando han apresado al expresidente de la empresa por corrupción, y se continúa una investigación judicial en Brasil, resulta difícil visualizar cuál hubiese sido el destino de Tocoma de haber sido adjudicada a Camargo Correa y no a Odebrecht. La represa del estado Bolívar aún no ha sido terminada, como tampoco el proyecto de saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del Río Tuy, contratado por el Ministerio para el Ambiente y Corpormiranda, destinado al suministro de agua en La Gran Caracas, Los Valles del Tuy y el estado Vargas.

Aún más: la deuda del Estado venezolano con las empresas brasileñas continúa sin saldarse. Hasta septiembre de 2017, la administración de Nicolás Maduro había incumplido el pago de 262 millones de dólares de un total de 5 millardos de dólares relacionados con Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa en Venezuela, que fueron financiados por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes, por sus siglas en portugués).

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Runrunes y El Pitazo  junto a más de 20 periodistas de América Latina y África del proyecto “Investiga Lava Jato” publican  los reportajes de la serie investigativa “Castillo de Corrupción” para desenterrar los presuntos pagos de sobornos y financiamiento oculto de campañas electorales de Camargo Correa, la otra gran constructora investigada en el megacaso de corrupción “Lava Jato” que extendió sus inversiones en diversos países del continente con un esquema similar al de Odebrecht.    

Coordinadores del proyecto “Investiga Lava Jato”: Milagros Salazar, Convoca (Perú) y Flávio Ferreira, Folha de S. Paulo (Brasil). Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina), Rafael Marques de Morais (Angola). Nelfi Fernández, El Deber (Bolivia), Óscar Agudelo, Consejo de Redacción (Colombia). Óscar Libón y Miguel Gutiérrez, Convoca (Perú). Christian Zurita, Mil Hojas (Ecuador), Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador), Enrique Naveda, Plaza Pública (Guatemala), Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique). Alicia Ortega, ‘El Informe’ (República Dominicana). Guillermo Draper y Raúl Santopietro, Semanario Búsqueda (Uruguay). Lisseth Boon y Katherine Pennacchio, Runrunes (Venezuela), César Batiz, El Pitazo (Venezuela). Editora general de la serie investigativa “Castillo de Corrupción”: Milagros Salazar Herrera, Convoca (Perú).

 

EL 1 DE ABRIL DE 2017 INICIÓ UNA OLEADA DE PROTESTAS en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. La acción, que constituyó un golpe de Estado según los expertos, propició una serie de manifestaciones para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes del Parlamento.

Pero con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios.

Runrun.es comenzó a llevar un registro de las personas que murieron desde el 6 de abril de 2017, cuando se reportó la primera víctima, hasta el 12 de febrero de 2018, cuando falleció en Mérida uno de los jóvenes heridos en estos hechos. En total, fueron 158 caídos.

Este especial muestra toda la información recopilada sobre cada uno de los muertos y la situación de impunidad en la que está cada caso cuando se cumple un año de haberse iniciado el período de protestas. Además, presenta un balance sobre lo que sucedió en las calles en esos cuatro meses; los personajes que protagonizaron las movilizaciones y aquellos que intentaron contenerlas a través de las armas, y la lectura sobre lo que los días por venir que hacen la sociedad civil organizada y los políticos jóvenes que estuvieron más activos en esas jornadas de lacrimógenas, detonaciones, terror y más de un centenar de víctimas fatales.

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En apariencia, suponen avances. Pero la promoción de la moneda virtual, el auge de los medios digitales, la comida orgánica, el parto humanizado, racionamiento ecológico, fabricación local de aparatos electrónicos y medicina naturalista son más bien cambios que implican retrocesos. Los venezolanos han sido obligados a sumarse a las tendencias globales para en realidad quedar al margen de la historia, cada vez más lejos del futuro

La prensa no cuenta el futuro

Una veintena de medios digitales se ha ido consolidando en Venezuela en los últimos 4 años, insertándose en la tendencia mundial mucho antes que varios países de la región. Periódicos tradicionales  y canales de televisión han reforzado sus versiones digitales hasta el punto de reducir a su mínima expresión sus soportes impresos, cuando no desplazarlos por completo por las plataformas en la red.

A primera vista, podría considerarse que si, que Venezuela está a la vanguardia del sector de medios de comunicación. Que lleva ya un trecho recorrido en las nuevas maneras de informar sobre la autopista de la información y que nos adelantamos a la preconizada desaparición de diarios impresos como uno de los cambios que signarán los tiempos modernos. Pero no.

Aunque el auge de los medios digitales en Venezuela se inserta dentro de la adaptación a las nuevas tecnologías, en realidad responde al avance de la censura y hegemonía comunicacional como política del gobierno. 35 medios impresos han cerrado en Venezuela entre 2013 y 2018,  según Ipys. Y han dejado de circular no porque decidieron adelantar el futuro sino por la crisis del papel periódico generada por el monopolio del Estado en la distribución de esta materia prima importada.

También existen más webs informativas porque simplemente hay menos medios tradicionales haciendo periodismo: el cierre de radios y televisoras, compra de diarios y canales por grupos afines al gobierno y autocensura por presiones y amenazas oficiales han producido cambios de líneas editoriales con la consecuente pérdida de pluralidad y deterioro de las libertades democráticas.

Billetes versus moneda virtual

A principios de 2018, el primer minimercado del futuro, sin cajeros y sin efectivo, abrió sus puertas en Seattle, Estados Unidos.

Se llama Amazon Go y cuenta con un refinado sistema de videocámaras, sensores e inteligencia artificial que “ve” lo que ponen los clientes en el carrito y también lo que sacan. Para entrar, el cliente acerca un código QR desde su celular al lector inteligente de unos torniquetes colocados a la entrada del minimercado. El requisito previo es tener una cuenta en Amazon. La compañía debita la compra como si se hubiera realizado compras en línea.

Mientras tanto en Venezuela, la tecnología del código QR se utiliza para entregar al pueblo una caja de comida con bajos índices de calidad y que se ha convertido en uno de los tantos negocios nada transparentes de la era chavista. A través del código en el Carnet de la Patria, un nuevo documento de identificación nacional ideado por el Gobierno Bolivariano, se regula el acceso a productos de primera necesidad y es un instrumento para llevar un control detallado sobre las misiones entregadas por el presidente Nicolás Maduro.

“El carnet será una billetera móvil, ya tenemos el sistema aprobado por los técnicos y nos vamos por todo el país para hacer las evoluciones para que no se pague más con dinero en efectivo”  decía el coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, el 26 de enero de 2018.

Sin embargo, es poco lo que se utiliza la billetera móvil como método alternativo de pago. En Venezuela la escasez de efectivo ha llevado a la población a utilizar transferencias, pago móvil y hasta trueque para obtener sus productos. No hizo falta la llegada de Amazon Go al país.

Parto humanizado

Cuando en países como Australia, España, Francia, Holanda y Reino Unido se habla de tener un parto en casa, se refiere a la preferencia que tienen los padres de que el proceso del nacimiento sea lo más natural, seguro, cómodo y armonioso posible. Para eso, se cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para resolver cualquier emergencia que ocurra con la madre o el bebé.

En el año 2017, Nicolás Maduro anunció la creación de un plan para atender a mujeres embarazadas de bajos recursos: “Voy a lanzar el plan nacional del parto humanizado, parto sin dolor, para todas las barrigonas, para apoyarlas y ayudarlas. Que tengan un parto feliz, una gestación sana, feliz y humana”.

Volver al uso de matronas -mujeres que asistían los partos hace siglos- no supone ningún riesgo en países donde no existe el ruleteo de parturientas por distintos hospitales, donde no hay escasez de medicinas, de fórmulas lácteas y pañales. En Venezuela, solo en el año 2016, murieron un total de 11.466 neonatos por causas como sepsis neonatal (infección), neumonía, dificultad respiratoria y prematuridad. La cifra confirmada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Para el primer trimestre de 2018, se conoció que en el Hospital Luis Razetti de Barcelona la tasa de recién nacidos muertos aumentó en 211% en comparación con el mismo periodo en – 2015, las causas son una constante: bajo peso (malnutrición), falta de insumos y prematuridad.

Parir en la casa tampoco genera problemas en países donde hay conciencia de una planificación familiar. En Venezuela -segunda nación con la tasa de embarazos más alta de Latinoamérica- no existen planes gubernamentales que ayuden a atacar el problema. Por el contrario, el gobierno entrega bonos según la cantidad de hijos que tenga una mujer a través del Carnet de la Patria.

La decisión de cómo y dónde dar a luz, es libre en cada mujer, pero en Venezuela no hay muchas opciones. La hiperinflación y el constante aumento de los presupuestos en clínicas privadas obligan a que más mujeres emigren hasta Colombia o Ecuador para tener un parto en mejores condiciones. Así lo confirman las cifras del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem) de Cúcuta, en donde solo entre enero y febrero de 2018, se atendieron 258 partos de mujeres provenientes de Venezuela que además llegaron con desnutrición y sin ningún control prenatal.

Los “ecochef “de la “gastroescasez”

Torticas de quinchoncho, empanadas de plátano, arepas de batata, ceviche de sardinas, croquetas de cachama, sopa de frijol bayo, pasticho de berenjena, jugo de calabacín y parchita. El menú que el Instituto Nacional de Nutrición (INN) propuso a los venezolanos en septiembre de 2016, a través de la campaña “Agarra dato, come sano”, rebosaba en novedades. Incluía alimentos que ya estaban en la clásica dieta venezolana –que, según el investigador gastronómico José Rafael Lovera, siempre fue tan rica en frituras y panes como la arepa de maíz– pero presentados de una manera distinta: las verduras pasaban a convertirse en sustitutos de la harina, los pescados más económicos se hacían parte de las recetas y los granos –que todavía eran accesibles– eran relleno y masa a la vez.

¿De qué se trataba esta iniciativa? ¿Era Venezuela acercándose a un consumo nutritivo promovido por el Estado? ¿Era el arribo de la gastronomìa ecológica? ¿Estaba Venezuela enfilándose en la tendencia del rescate de los alimentos autóctonos? La respuesta se encontró en uno de los párrafos de la nota de prensa que promovía la idea.

“La joven y dinámica campaña va orientada a mostrar a la población la importancia de mantener el hábito de incorporar los alimentos en la dieta diaria, tanto por razones nutricionales como económicas. Y es que se pretende disminuir, entre otras cosas, la ansiedad de comprar rubros críticos o regulados, fijando la atención en rubros alternativos soberanos, no escasos, no tan costosos y que brinden beneficios nutricionales”, decía la nota que informaba lo que venía.

Debajo de ese discurso estaban las cifras del desabastecimiento que se quería mantener oculto, ese que desde finales de 2013 había comenzado a dejar anaqueles vacíos, pasillos enteros sin víveres, neveras y congeladores sin carnes ni pollos, ausencia total de productos clave para la comida criolla como harina de maíz y de trigo, pasta, arroz, azúcar, leche y margarina y, por tanto, reventa de comida a precios imposibles de cubrir por el salario mínimo. Para el momento de aquella campaña, de acuerdo con Econométrica, había 94,5% de escasez en el rubro de aceites y grasas, 92% en azúcar, chocolates y derivados; 81% en leche, queso y huevos; y 80% en carnes rojas.

Hoy, los porcentajes de desabastecimiento son similares. No han valido ni la siembra casera promovida por el Ministerio de Agricultura urbana, ni la cría de conejos ni los gallineros verticales que alguna vez aupó Hugo Chávez.

El resultado de esa carestía se ve hoy en una población que, solo en el último año, ha perdido 11 kilogramos de peso. Ese número pertenece a la Encuesta Condiciones de Vida, Encovi (estudio elaborado por UCAB, UCV y USM), que también determinó que, durante 2017, nueve de cada diez venezolanos (90%) no tenía ingresos suficientes para comer y que 61% se fue a la cama sin probar bocado, ni siquiera una arepita de batata.

 

Medicina Ancestral o la ciencia de las abuelas para enfrentar la carestía

En países del primer mundo se multiplican las opciones para la atención médica, con importantes avances tecnológicos para el tratamiento de diversas enfermedades y el desarrollo de medicamentos de última generación, que conviven con terapias alternativas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Mientras que enVenezuela , la carestía de medicinas, falta de personal en hospitales y clínicas, el robo y deterioro de equipos especializados marcan un destino gris para quienes se enferman.

Para enfrentar esta situación, Nicolás Maduro anunció el pasado 19 de enero el lanzamiento del plan “Salud Ancestral” con el objetivo de “convertir a Venezuela en una potencia mundial en salud usando el conocimiento de las abuelas”. En el fondo se trata de  un intento de enfrentar la crisis médica a través del uso de hierbas y raíces.

Venezuela es un país con una arraigada tradición en el tratamiento de enfermedades y males “por la fé”, cultura que se evidencia en una de sus manifestaciones religiosas más importantes, El Nazareno de San Pablo. Según la leyenda, la población de Caracas fue salvada de una epidemia de peste negra cuando al enredarse la imagen del cristo martirizado en un limonero durante una procesión, los fieles tomaron los limones que cayeron y se los dieron a los enfermos, quienes se recuperaron prontamente. Esta creencia  se evidencia además en la cura del herpes Zoster, o culebrilla, con rezos y ramazos y llega al extremo de que un hilo mojado en la frente sirve para sanar el hipo en niños.

Pero si de plantas se trata, están las  infusiones de lechuga y cayena para quitar el insomnio, masticar una cucharilla de granos crudos de arroz para combatir la acidez estomacal, curar el orzuelo con una lenteja colocada en la zona inflamada, hasta llegar a la iniciativa lanzada por la candidata Rona del Valle Gómez, quien en 2015 propuso la siembra de acetaminofen para hacerle frente a la llamada guerra económica que “afecta la salud del pueblo”. El recetario mágico religioso es amplio para curar una crisis muy real.

Una Canaima perdida en el espacio

El cosmonauta soviético Sergei Krikalev despegó a una misión espacial desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, al regresar después de 313 varado en el cielo, aterrizó en Rusia. Era el año 1991 y la URSS se desmoronaba junto con sus íconos hechos en comunismo.

Una nota publicada por El Confidencial de España narra la debacle que mantuvo a Krikalev en un purgatorio sin gravedad, igual de incierto que lo ocurría en el país gobernado por Mijaíl Gorbachov: “Cuando finalmente cayó la URSS —recordemos, el 25 de diciembre de 1991— nadie tenía muy claro quién dirigía el antiguo programa espacial soviético y a quién había que exigirle responsabilidades. La nave estaba en condiciones penosas, sin apenas mantenimiento ni suministros, con filtraciones, apagones y abolladuras. Krikalev había pasado más de doscientos días viendo cómo la noche y el día se sucedían cada 45 minutos, aproximadamente, teniendo en cuenta que la estación espacial daba 17 vueltas diarias al planeta”.

Cuando finalmente lograron acopiar fondos para traer a Krikalev de vuelta, todo había cambiado como si el comunismo hubiera terminado siendo una escenografía teatral: su ciudad natal ya no se llamaba Leningrado sino San Petersburgo y el Partido Comunista al que pertenecía estaba proscrito. Además, su sueldo de cosmonauta ya no alcanzaba ni para comprar un kilo de carne.

En su libro Koba el temible, La risa y los veinte millones, el escritor inglés Martin Amis recuerda los cementerios de inventos soviéticos dejó el desmembramiento de la URSS. En su aspiración de elaborar un catálogo de productos “antiimperialistas” y de factura propia, la maquinaria comunista en el poder se encargó de hacer versiones de carros, lavadoras, equipos de sonido, teléfonos y demás artículos que terminaron convertidos en chatarra.

El socialismo bolivariano del expresidente Hugo Chávez Frías también propició una especie de delirio de innovación tecnológica que, con el creciente deterioro de la cotidianidad venezolana, fueron quedando como piezas de museo de un proyecto que nunca se consolidó.

Bicicletas iraníes fabricadas con una máquina holandesa usada, que ya no se fabrican; satélites cuyo uso exacto se desconoce y teléfonos inteligentes hechos en Falcón mientras la mitad de la población no tiene acceso a Internet; carros iraníes varados bajo el sol de la planta en la Autopista Regional del Centro; computadoras Canaima para la educación de los niños que terminaron siendo usadas en ventas de loterías y casinos clandestinos. Son innovaciones olvidadas en el espacio, como Krikalev.

Criptomonedas que no lo son

¿Quién podría haber imaginado que Venezuela, un país señalado por vivir uno de los mayores atrasos económicos de la última mitad de siglo, sería el primer país en adoptar una criptomoneda, las moneda virtuales que han revolucionado el mundo financiero?

Pero, como en la mayoría de los casos, la idea no se originó en el cerebro del presidente Maduro. Ya otros países (China, Estonia, Suecia y Canadá) habían barajado las posibilidades que ofrece el blockchain. La propuesta terminó descartada por todos al ver el alto riesgo de las cripto frente a delitos cibernéticos. Pero esto no pareció ser ningún problema para el gobierno venezolano.

El “petro” no se puede considerar como una criptomoneda per se, sino que es un “criptoactivo” más similar a una emisión de deuda, tan similar que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su paquete de sanciones a Venezuela. Pero el hecho de que nadie en “El Imperio” pueda comprarlo no lo ha afectado, y según Maduro, la venta del petro le ha conseguido ya más de mil millones de dólares, que es más de lo que la decaída producción de petróleo está dejando.

Era cuestión de tiempo para que la “innovadora Revolución del Siglo XXI” se fijara en las criptomonedas, esas que han hecho a miles de personas alrededor del mundo ricos de la noche a la mañana sin mucho esfuerzo. Y Venezuela, con sus bajos costos de electricidad, es el paraíso para minarlas, sin importar que se viole la banda verde de consumo porque igual no hay luz en medio país, o que bajo la excusa del petro (que no es minable) se estén minando otras criptomonedas que dejan ganancias en dólares.

Que como ciudadano tengas que tener mil euros para invertir en el petro, que no puedas comprarlos con bolivares, o que ni siquiera se sepa aún cómo realmente comprar y vender uno, son cosas insignificantes para el gobierno. El petro, como todos los inventos de la Revolución, para ellos es un éxito.

Michael Phelps y el racionamiento de agua

Los responsables de las diferentes empresas hídricas en Venezuela pareciera que están a tono con la campaña emprendida por el nadador norteamericano Michael Phelps de la mano de Colgate y el instituto The Nature Conservancy. El deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos con 28 medallas, es la imagen de la iniciativa #CadaGotaCuenta con la que buscan acabar con el desperdicio de agua potable en el globo terráqueo.

“Sabían que gastamos hasta 15 litros de agua cada vez que nos cepillamos, si dejamos el grifo abierto…15 litros”, enfatiza el “Tiburón de Baltimore” minutos después de enjuagarse la boca en una cuña del dentífrico.

Mientras el tritón persigue que sus coterráneos en Estados Unidos tomen conciencia de la importancia de preservar el vital líquido, en Venezuela el gobierno hace lo propio en barriadas y urbanizaciones, pero a patadas, y no precisamente las patadas que se dan en una pileta de natación.

Phelps en Venezuela tendría que pararse temprano para recoger agua y dosificar adecuadamente la medida en procura de no quedarse con la boca llena de espuma. Bañarse con totuma y echarle tobos a las pocetas para bajarlas. Además correría el riesgo de cambiar de disciplina por aquello de toparse con una piscina vacía -como la que mostró al país el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, para reclamar por las fallas del servicio en Valencia.

En Venezuela ya el racionamiento del vital líquido es costumbre. Cada comunidad es castigada con horas, días y hasta semanas sin agua. Quienes tienen tanques en sus residencias aguardan que arribe el servicio para dotarse y aquellos que carecen andan deambulando con tobos y botellas a la caza de pozos, manantiales o la hospitalidad de un noble samaritano que les de prestado el baño para acicalarse. Hasta esta cuarta semana de abril una cisterna en Caracas podía llegar a costar hasta 20 millones de bolívares.

Tan incongruente es el servicio que ciudades como Maracaibo y Valencia al lado de lagos o Puerto Ordaz rodeada de ríos, no cuentan con la regularidad del líquido.

“El problema en Venezuela no es de escasez de agua, sino de severas fallas de gestión, es la poca inversión y mantenimiento de las plantas hidroeléctricas y acueductos y su consiguiente efecto negativo en los servicios básicos”, dijo el vicepresidente de la Asociación Internacional de Investigación Hidroambiental, Arturo Marcano, en un foro de la Universidad Católica Andrés Bello. “Si no hay inversión de los sistemas, podríamos llegar a la escasez total”, agregó.

Aunque ya está retirado, si a Phelps le provocase entrenar en Venezuela tendría que lanzarse al Guaire y por qué no, tal vez la suerte le acompañe y salga con una pieza de oro.

 

Textos:

Francisco Zambrano

Paola Martínez

Yeannaly Fermín

Katherine Penacchio

Carlos D’Hoy

Lorena Melendez

Laura Helena Castillo

Lisseth Boon

 

LAS ÚLTIMAS HORAS DEL EXINSPECTOR Oscar Pérez y sus 6 compañeros componen una secuencia de violaciones de derechos y uso desproporcionado de la fuerza perpetradas durante el asalto de las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional y Guardia Nacional Bolivarianas el lunes 15 de enero de 2018 en el kilómetro 15 de El Junquito.

SEIS MESES Y 19 DÍAS separan a la primera aparición del exinspector Oscar Pérez a través de las redes sociales  y su captura por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Un período donde las sorpresivas apariciones del antiguo miembro de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llamando a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro produjeron admiración y escepticismo en medio de detenciones de allegados y condenas de terrorismo por parte del gobierno. Aún toda la historia del idealista y escurridizo piloto que desafió al poder no ha sido contada del todo.

Martes 27 de junio de 2017 

Un helicóptero azul que sobrevoló la sede del del Tribunal Supremo de Justicia, en el centro de Caracas,  sorprendió al país cuando se celebraba el Día del Periodista en Venezuela.  Desde la aeronave con sigla Cicpc-2, la tripulación lanzó objetos explosivos sin causar mayor impacto. Blandió una pancarta que exhortaba al artículo 350 de la Constitución venezolana, llamando a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El helicóptero cruzó el cielo de Caracas, aterrizó brevemente sobre unos edificios residenciales de la Trinidad, al sureste de la ciudad y luego desapareció. No hubo radares ni aviones de la Fuerza Armada lo persiguió.

A los pocos minutos se difundió un video que mostraba al líder de la operación, el exinspector Óscar Pérez, miembro de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), rodeado de otros efectivos que colaboraron en la acción. Pidió la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Los objetos explosivos eran granadas sonoras, confirmó el propio Pérez seis meses después en una entrevista de CNN el 13 de enero de 2018.

Miércoles 28 de junio 2017

El helicóptero usado por Pérez (que sustrajo de la Base Aérea Generalísimo de Miranda), fue hallado abandonado en la población de Osma, estado Vargas. Trascendió que  el piloto, además de ser un funcionario con entrenamiento en operaciones especiales, era actor: protagonizó la película venezolana titulada Muerte suspendida, cuya trama es policial.

Sábado 1ero  de julio de 2017

El agricultor Reinaldo Reyes Castillo, quien encontró el helicóptero en terrenos de su propiedad en Osma,  fue detenido por presuntamente estar involucrado en la sustracción de efectos pertenecientes a la FANB. Fue trasladado al Tribunal en Macuto donde se decidió sitio de reclusión en Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.

Reyes había notificado el hallazgo del helicóptero a los militares en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana cerca de la Ciudad Vacacional Los Caracas.

Tras 49 días detenido, el Tribunal Cuarto de Control de Vargas dio libertad a Reyes Castillo, con régimen de presentación en tribunales cada 15 días.

Martes 5 de julio 2017

Oscar Pérez reaparece en un video difundido en las redes sociales en el que explica que las maniobras del 27 de junio “no fueron logradas a la perfección en una primera fase, donde solo hicieron daño a estructuras como el Ministerio de Justicia y Tribunal Supremo. “No hubo colaterales porque así fue programado, porque no somos asesinos”, afirmó.

En el video de más de cinco minutos de duración, el piloto explica por qué estuvieron ausentes varios días y afirma que han regresado “listos y dispuestos para continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria”. Después de calificar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello de asesinos, mandó un “fraternal saludo a los muchachos que siguen en pie de lucha. Permanezcamos firmes en las calles, con furia y energía. Estamos defendiendo nuestro futuro, derechos y deberes”.

Jueves 6 de julio de 2017

Comienzan a colocar  afiches de “Se Busca” del inspector Oscar Pérez en diferentes ciudades del país. El Cicpc asume la difusión de  estos avisos de búsqueda del piloto, acusado de “terrorista, asesino y enemigo público No 1″, por el cual la institución ofrece recompensa.

Jueves 13 de julio de 2017

El inspector Oscar Pérez apareció de forma inesperada en la plaza Altamira de Caracas, cuando se realizaba una homilía nocturna por los caídos durante las protestas de 2017.  Dio una breve alocución para invitar a continuar la lucha por la renuncia de Maduro.  Aseguró que “el 18 de julio comienza la hora cero. No más al derramamiento de sangre de inocentes”.

Jueves 27 de julio de 2017

El director de cine Oscar Rivas Gamboa fue detenido por el Cicpc tras ser vinculado con el caso del piloto Oscar Pérez. Dirigió la película Muerte Suspendida, en la que Pérez era el protagonista.

La abogada defensora, Yisel Soares, deploró vía Twitter la detención del director y pidió su liberación inmediata alegando que no  había cometido delito alguno. Rivas, quien fue citado por el Cicpc, se presentó voluntariamente a las autoridades y fue detenido sin autorización del Ministerio Público.

El dueño de la productora Or Producciones Cine y TV fue liberado el 31 de julio de 2017, con régimen de presentación cada 15 días.

Domingo 17 de septiembre de 2017

3/3 A Cabaña se le vincula con Óscar Pérez, responsable de los ataques al @TSJ_Venezuela y al @MIJPVenezuela #17Sep

— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 17 de septiembre de 2017

El Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab  -designado por la asamblea nacional constituyente-  informó sobre la detención de Frank Cabana, por su presunta complicidad en la sustracción de un helicóptero del Cicpc. A través de la cuenta Twitter, el organismo informó que el fiscal 54º. Nacional imputó a Cabana por delitos de terrorismo en grado de complicidad y asociación para llevar a cabo la operación de OP el 27 de junio.

Lunes 18 de diciembre de 2017

La libertad no tiene precio, LA RECUPERAREMOS A TODA COSTA . #OperaciónGénesis Un nuevo comienzo sin políticos corruptos sólo el pueblo en auto liberación. #Cumplase #EquilibrioNacional #350 pic.twitter.com/1jleV8gkTs — Oscar Perez (@EquilibrioGV) 18 de diciembre de 2017

El ex inspector del Cicpc sublevado contra el gobierno de Maduro publicó un video en el que atribuye el robo de armas en el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en Laguneta de la Montaña en San Pedro de Los Altos, estado Miranda, acción que identifican como Operación Génesis. Va acompañado por varios uniformados que toman el control del lugar, sometiendo y amordazando a 8 miembros del pelotón, al mismo tiempo que los aleccionan sobre valores  y moral mientras los venezolanos padecen la crisis generada por el gobierno de Maduro.

En la operación logran escapar con 26 fusiles AK-103, 3 pistolas 9mm marca PGP, 108 cargadores de AK-103, 3 cargadores de 9mm, 40 municiones para fusiles, 67 municiones 9mm.

“Dios y Jesucristo nos dieron ya la victoria, Operación Génesis, una operación táctica impecable donde seguimos recuperado las armas del pueblo y para el pueblo, nos acogemos de manera legítima al artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional”, dijo Pérez. El piloto también pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas “restituir el orden jurídico” e instaurar un gobierno de transición.

“Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas para que hagan cumplir dentro de la misma Carta Magna el artículo 328, para así restituir el orden jurídico de nuestra nación y sea instaurado un gobierno transitorio digno, que permita la reconstrucción moral y económica de nuestro país”, sostuvo.

Los hombres que acompañan a Pérez, que se hicieron pasar por agentes de inteligencia, escribieron “Libertad 350” en las paredes antes de abandonar el comando.

Miércoles 27 de diciembre de 2017

Un video difundido vía la cuenta de Instagram @equilibriogv, atribuida a Oscar Pérez, ofrece los lineamientos a seguir: “saldremos a las calles por la libertad y la reconstrucción de nuestro futuro”. Estrategia progresiva: bloqueo de calles, toma de alcaldías y gobernaciones y distribuidor Altamira como zona de cero resistencia”.

Viernes 29 de diciembre de 2017

El régimen me quito todo lo material, robaron mi vehículo, me saquearon y expropiaron mi casa.
Apresan y torturan a la gente que me conoce y pienza con principios de libertad.
Persiguen a mis hijos en el exilio.

— Oscar Perez (@EquilibrioGV) 30 de diciembre de 2017

Oscar Pérez denuncia a través de la cuenta Instagram, @equilibriogv que comisiones del DGCIM quemaron la casa de sus padres en Galipán, estado Vargas. En dos mensajes detalla que  le quitaron su carro y saquearon su casa, además de alertar que los funcionarios apresan y torturan a gente de “que conoce y tiene principios de libertad”, persiguen a sus hijos en el exilio y “mandan a la clínica a su papá”. Pero asegura que estas acciones “solo fortalecen su compromiso de cumplir con la nación”.

Ahora le queman la vivienda a mis padres y mandan a la clínica a mi papá, en intimado a la paz y no la quisieron, entonces serán sitiados, sus acciones sólo fortalecen mi compromiso a cumplir con mi nación. — Oscar Perez (@EquilibrioGV) 30 de diciembre de 2017

 Domingo 7 de enero 2018    

El periodista  Isnardo Bravo anuncia en su cuenta de Twitter @isnardobravo que un amigo de la infancia de Oscar Pérez, Jameson Jimenez Masa, quien es empleado del Ministerio de Comunicaciones, Minci, fue secuestrado por el Dgcim.

Lamento informar y esto lo digo por sus familiares que lo han buscado desesperadamente desde el pasado jueves que el empleado del Ministerio de Comunicación en poder del Dgcim es Jameson Jiménez Masa CI 15.208.221 pic.twitter.com/v4q8C52qcZ

— Isnardo Bravo (@isnardobravo) 7 de enero de 2018

Jameson se desempeña en el área de edición del Ministerio de Comunicación y también hizo algunos trabajos para VTV. Su único delito es haber conocido desde la infancia a el piloto Óscar Pérez. — Isnardo Bravo (@isnardobravo) 7 de enero de 2018

Jueves 11 de enero de 2018  

Esposa de periodista del Minci desparecido quien era amigo de Oscar Pérez https://t.co/XlP1Am4dkI

— Carmen A. Rengifo (@CarmenAndreaRG) 11 de enero de 2018

La esposa de Jameson Jiménez, amigo de la infancia de Oscar Pérez y quien trabaja desde hace 7 años como diseñador en el Minci, denunció públicamente su desaparición forzada. La asiste la organización Foro Penal.

Viernes 12 de enero de 2018

Víctima rescatada fue identificada como James Gimenez, trabajador del Minci, esposa del trabajador del Minci habría denunciado su secuestro hace días. FAES de la PNB lo rescató de los antisociales que lo tenían secuestrado desde el 4 de enero pic.twitter.com/1XdQRcnK73

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) 12 de enero de 2018

Funcionarios del Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rescataron a Jameson Marcial Jiménez, amigo de Óscar Pérez y trabajador del Ministerio de Comunicación e Información que tenía ocho días desaparecido.

El periodista Román Camacho informó desde Twitter que la operación se llevó a cabo en la Cota 905 durante una persecución y enfrentamiento con antisociales “que lo tenían sometido”. Ocurrió cuando la víctima era trasladada con el fin de matarla,  se encontraron con un punto de control del FAES. Fue asesinado uno de los implicados en el secuestro mientras que otros tres se dieron a la fuga.

Viernes 12 de enero de 2018

CNN transmite la entrevista que hace el periodista Fernando del Rincón a Oscar Pérez, quien  detalla el robo del helicóptero en junio de 2017 y el ataque con granadas sonoras a sedes de organismos del Estado.  “Venezuela se está preparando para un colapso social”, advirtió.

Lunes 15 de diciembre de 2017

Una publicación compartida de Oscar Perez (@equilibriogv) el Ene 15, 2018 at 3:44 PST

El inspector Oscar Pérez anuncia desde temprano en su cuenta de Instagram @equilibriogv que estaban sitiados, “ahora ustedes tienen el poder para que podamos ser libres todos”. Pedía a los venezolanos a que salieran a las calles “porque era la única salida”. Advirtió que “los querían asesinar” y que a pesar de intentar negociar, seguían disparando.

Desde el kilómetro 16 de la carretera Mamera- El Junquito, al noroeste de Caracas, que servía de guarida a los rebeldes, logró difundir 12 videos donde relata el ataque de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que lanza una granada al lugar y logra herirlo.

Los periodistas no pudieron acercarse al lugar ya que fuerzas de seguridad GNB y PNB  colocaron un cordón de seguridad para impedir el paso Según un comunicado del Ministerio de Interior y Justicia, anuncian que fue desmantelado “un peligroso grupo terrorista”. Nicolás Maduro, en la presentación de la memoria y cuenta 2016, afirmó que durante la operación fueron asesinados dos oficiales de policía y varios agentes resultaron heridos , mientras que del grupo de “terroristas” algunos murieron y 5 de ellos fueron arrestados. No mencionó a Oscar Pérez.

En horas de la tarde, un alto funcionario del gobierno, que no quiso revelar su nombre, confirmó a CNN en Español que el exinspector Oscar Pérez había sido asesinado. Finalmente, un informe del FAES de la PNB confirma que Oscar Alberto Pérez, identificado como líder del grupo subversivo, es uno de los  7 ciudadanos “neutralizados” por la comisión policial en El Junquito del lunes 15 de enero.

Una publicación compartida de Oscar Perez (@equilibriogv) el Ene 15, 2018 at 5:59 PST

El allanamiento y el proceso judicial que llevaron a prisión a los asesores de la MUD, Roberto Picón y Arístides Moreno, están manchados por contradicciones y omisiones en cada documento del expediente, al que tuvo acceso Runrun.es de manera exclusiva

Picón fue acusado con base en evidencias recogidas de una casa que no era suya, por objetos y documentos que no le pertenecían, y que fueron cambiados durante el análisis, realizado por el único funcionario sin autorización para el proceso

 

EL 22 DE JUNIO DE 2017 FUE UN JUEVES LARGO. En el día, en plena fase final de los cuatro meses de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, un militar adscrito al grupo de la policía aérea de la base La Carlota asesinó a David Vallenilla al dispararle con un arma larga; horas después, ya de noche, el Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo a los asesores de la Mesa de Unidad Democrática, Roberto Picón y Arístides Moreno, en la casa del segundo, en Altamira.

En los videos del allanamiento a la casa de Moreno se ven a los dirigentes opositores María Corina Machado y Freddy Guevara -hoy protegido en la Embajada de Chile en Caracas por acusaciones de instigación pública y asociación para delinquir- y a varios miembros del Sebin. Las imágenes son borrosas y confusas. Dos días después, el presidente Maduro se refirió al hecho y dijo que se habían incautado equipos con los que “se estaba preparando un proceso de hackeo, intervención y sabotaje a todo el sistema informático (del CNE)”. De acuerdo con el primer mandatario, Picón y Moreno tendrían entre sus planes sabotear la elección de constituyentistas el 30 de julio.

Picón y Moreno están presos en la sede del Sebin de El Helicoide. Los primeros días de su encierro, Picón vivió en un baño insalubre, sin luz ni ventilación, y tuvo que cuidar la limpieza del pequeño lugar para no enfermarse. Luego, por 17 días, compartió el baño de 2×8 metros con el magistrado Ángel Zerpa, antes de que le concedieran casa por cárcel. En total, los primeros 87 días no recibió luz solar de forma directa, declaró su hija Isabella Picón durante una entrevista a Tal Cual el 24 de septiembre.

La detención de Picón y Moreno, ambos imputados por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de objetos militares de la Fuerza Armada Nacional, cumple 5 meses. El caso, llevado desde el inicio por tribunales militares, pasó el 5 de octubre a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, más específicamente a la competencia del Magistrado Maikel Moreno, también presidente del máximo tribunal.

Ese expediente que tiene Moreno en sus manos fue obtenido en exclusiva por Runrun.es.

El motivo de allanamiento no se encontró

Una serie de particularidades llaman la atención en dos documentos fundamentales que integran el expediente judicial del caso de Roberto Picón y Arístides Moreno: la solicitud y la orden de allanamiento de la residencia de este último. Ninguno de los dos cumple con el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), pues no especifican la razón para requerir el allanamiento a la casa de Moreno más allá de una presunción, de una fuente no identificada, sobre la tenencia de objetos militares, los cuales nunca encontraron en el lugar.

Para llevar a cabo un allanamiento, el cuerpo de seguridad debe presentar una solicitud ante un tribunal, y luego la orden –absolutamente necesaria para realizar la operación– debe especificar “el motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar”, según se explica en el numeral 4° del artículo 197 del COPP.

Los motivos que presentó la Fiscalía Militar para allanar la vivienda de Moreno están relacionados con la presunta tenencia de material de interés criminalístico para una investigación que no evidencia relación alguna con los dos acusados, según la información en el expediente.

El Sebin alegó que uno de sus funcionarios obtuvo información de que en el lugar había armas de fuego, chalecos antibalas, municiones, prendas y documentos militares así como explosivos pertenecientes a la FANB, pero ninguno de estos objetos fue encontrado en la morada. A pesar de ello, fueron incautados otros objetos, y tanto Moreno como Picón fueron detenidos.

La investigación penal con que vinculan a Picón data de mayo de 2017, cuando funcionarios del Sebin detuvieron a dos estudiantes y activistas del partido Voluntad Popular, María Andreina Montilla de 20 años y David Sosa Escalante de 21, por los delitos militares de traición a la patria, rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.

Orden de allanamiento:

Acta de Investigación Penal:

Tampoco argumentan como un documento de un obsoleto movimiento político, con fecha del viernes 3 de febrero de 2003, se relaciona con la presencia de Picón en casa de Moreno ese 22 de junio de este año, casi 14 años después de su creación.

El hombre #19 ¿Quién es Cristóbal Tirado?

La Fiscal Militar Segunda, teniente Yusnagry Pérez, solicitó permiso para que 18 funcionarios participaran en el allanamiento. Pero fueron 19 los que hicieron el procedimiento. Las actas posteriores tienen el nombre del integrante extra que no estaba autorizado, y este decimonoveno hombre fue quien manejó las evidencias incriminatorias del caso de Picón, las mismas que no coinciden en los diversos documentos.

Cristobal Antonio Tirado Duraman es primer inspector del Sebin, organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, en donde labora desde el 2009. Tiene 31 años y es originario de Ciudad Piar, estado Bolívar. Está inscrito en el Distrito Capital para votar.

En 5 de los 6 documentos de registro de evidencias físicas, Tirado fue el único funcionario que realizó todos los pasos de la cadena de custodia –la fijación, la colección, el embalaje, el etiquetaje y la preservación– a pesar de que cada fase debe ser manejada por un funcionario distinto.

(Recomendamos ver los documentos en pantalla completa)

Específicamente, el funcionario analizó pruebas que pesan en la acusación a Picón, como los “dispositivos de almacenamiento” en que encontraron documentos supuestamente creados por Moreno y Picón para presuntamente “sabotear al sistema electoral”. Realizó también un análisis a 18 teléfonos móviles y 2 computadoras portátiles, como afirma el registro de las evidencias, a pesar de que en el acta de allanamiento solo fueron incautados 7 teléfonos móviles y 1 computador portátil.

Al no estar Tirado autorizado por la orden de allanamiento para realizar el proceso, como indica el artículo 197 del Copp, el funcionario faltó al artículo 184 del Código Penal por “abuso de sus funciones y faltar a las condiciones establecidas por la ley” al introducirse en la vivienda y realizar pesquisas, considerado como un delito contra la inviolabilidad del domicilio que puede ser penado con prisión de 6 a 30 meses. De ser comprobado que el funcionario del Sebin actuó por algún interés privado, la pena aumentaría en una sexta parte, advierte la legislación.

¿Quién abrió la puerta la noche del 22 de junio?

Las piezas del rompecabezas que forman el allanamiento a la casa en Altamira el 22 de junio de 2017 no coinciden entre sí. Distintos documentos que conforman el expediente del caso cuentan distintas historias, por lo que ni siquiera se conoce con exactitud quién abrió la puerta de la vivienda esa noche.

El acta del allanamiento indica que la operación inició a las 10:20 p.m. y cuando alguien identificado como “Arístides Méndez” abrió la puerta al cuerpo de seguridad. El nombre probablemente fue una de las equivocaciones del Sebin, ya que “Méndez” es el segundo apellido del acusado Arístides Moreno.

La información de ese documento la contradice el testimonio del “Testigo Uno”, un trabajador de una empresa de seguridad contratada por Moreno que prestaba servicio en la casilla principal a la entrada de la residencia, cuando afirma haber abierto la puerta “como a las 7:20 p.m”. En su testimonio, el “Testigo Dos” indica que el procedimiento comenzó a las 07:30 p.m., mientras que el “Testigo Tres” asevera que todo inició a las 7:10 p.m.

Fuentes cercanas al caso afirman que el proceso comenzó efectivamente entre las 7:10 p.m. y las 7:30 p.m., ya que cuando los líderes opositores se acercaron a Altamira para denunciar la actividad, los funcionarios estaban por terminar.

El fantasma de la Coordinadora Democrática recorre el Sebin

La antigua coalición opositora contra el gobierno de Hugo Chávez, la Coordinadora Democrática, fue disuelta en 2004 tras apenas dos años de su formación. 13 años después, un documento supuestamente hallado en la gaveta de un mueble en la casa de Moreno revivió al olvidado movimiento para acusar a Picón, quien solo estaba allí de visita.

“Defensa Nacional”, un cambio estratégico en el posicionamiento del grupo político de “OPOSICIÓN” es literalmente el nombre que lleva el documento sobre la Coordinadora Democrática, a la cual se hace referencia 6 veces dentro de las 21 páginas que lo conforman. El impreso fue considerado como “un elemento de convicción adecuado e idóneo para determinar la existencia de un hecho punible”, tras un análisis de expertos del mismo Sebin.

El análisis de contenido y mensajes, realizado por una funcionaria del Sebin de la Sala de Análisis Prospectivo Estratégico, y el informe de experto de otro funcionario de la Dirección de Contrainteligencia, coinciden en que el documento evidencia ”el planteamiento de unos objetivos centrales con miras a fracturar y dividir el apoyo al Gobierno Bolivariano, que planificaba el acusado Roberto Picón”.

Pero los expertos no argumentan cómo vinculan a Picón con el presunto documento que no se encontraba en su posesión, y no presentan evidencias de que alguna vez estuviese en sus manos.

Tampoco argumentan como un documento de un obsoleto movimiento político, con fecha del viernes 3 de febrero de 2003, se relaciona con la presencia de Picón en casa de Moreno ese 22 de junio de este año, casi 14 años después de su creación.

De hecho, el expediente cuenta distintas descripciones sobre el lugar en que fue encontrado el documento. El acta de allanamiento dice haberlo encontrado en la gaveta superior de un mueble en la habitación principal, aunque las fotografías de las evidencias la ubican en la sala principal de la casa, e indican que bajo las hojas se encontraba una granada de mano que otros documentos alegan fue hallada en la oficina.

Fotografía del allanamiento:

Acta de allanamiento:

Interior del documento anexado al expediente:

 

Siete celulares incautados en la casa de Moreno están descritos en el acta de allanamiento. Pero en el registro de todas las evidencias aparecen 18 teléfonos. De los 11 móviles restantes se desconoce su procedencia

El pisapapeles explosivo

La habitación que funge como oficina en casa de Arístides Moreno tenía una objeto particular: un pisapapeles sobre su escritorio, que en otra época fue una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial, pero que lleva décadas desactivada y no sirve para más que decoración sobre la mesa.

La granada fue uno de los elementos que el Sebin no dudó en incautar, registrándolo bajo el delito militar de Sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Pero las descripciones y las fotografías muestran, en dos oportunidades, dos granadas distintas obtenidas de dos lugares diferentes, a pesar de que funcionarios del Sebin solo afirman haber encontrado una.

La primera imagen apunta a que el explosivo, una “granada fragmentaria de material metálico color negro” estaba en la oficina, sobre el escritorio de Moreno. La segunda indica que el “presunto artefacto explosivo de tipo granada fragmentaria, envuelto con cinta adhesiva de color beige” estaba debajo de la carpeta donde encontraron el documento “Defensa Nacional”, cuya ubicación tampoco queda clara.

         Los teléfonos de nadie

Siete celulares incautados en la casa de Moreno están descritos en el acta de allanamiento. Pero en el registro de todas las evidencias aparecen 18 teléfonos. De los 11 móviles restantes se desconoce su procedencia, y el único funcionario que podría saberlo es quien los analizó: Cristóbal Tirado, el mismo decimonoveno hombre que procesó demás pruebas que no coinciden entre sí.

Tres fotografías respaldan el acta: el Iphone de color blanco fue encontrado en la sala de estudio u oficina, y en el closet del pasillo que lleva a la habitación principal había otros seis teléfonos móviles: un Motorola blanco, dos Blackberry Q10 negros, un Blackberry Curve negro, un Vtelca blanco, un Alcatel negro y un Logic negro.

Es en el registro de las evidencias físicas colectadas donde fueron analizados 18 teléfonos móviles, con sus debidos seriales y especificaciones, pero sin identificar el lugar en que fueron encontrados: tres Blackberry Q10 negros, un Blackberry Limited Classic, dos Blackberry Curve 9320, un Blackberry 9300, un Blackberry 9360, un Logic Naranja y otro negro, un Philips E103, un Alcatel One Touch PIXI, un Nokia Negro y rojo con una tarjeta SIM de Movilnet, un Vtelca x991 Blanco y Naranja, un Vtelca V865M Negro y rojo con una tarjeta SIM de Movilnet, un Motorola G blanco con una tarjeta SIM de Movistar, un Nobux Flame 2 Negro con una tarjeta SIM de Digitel y finalmente un Iphone blanco y plateado con una tarjeta SIM de Verizon.

En el operativo también fue incautada una laptop Sony Vaio gris que, a pesar de no aparecer en las fotos, está incluida en el registro del acta del allanamiento. Pero el documento muestra otra laptop, una Canaima modelo MG101A3 de color blanco que no está nombrada en ningún documento previo. El acta también menciona un grabador digital de video (DVR) que no es nombrado en ninguna otra parte de la investigación.

 

¿Computadoras o disco duro?

El caso sustenta parte de los delitos de traición a la patria y rebelión en una carpeta digital llamada “Plan ANTCON” que el Sebin afirma fue creada por Picón y Moreno y presuntamente encontrada en una de los dispositivos electrónicos recabados como evidencia en la casa de este último.

En la supuesta carpeta hay ocho documentos con listados de centros electorales dispuestos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio, y nombres de supuestos militares, lo que llevó a expertos del Sebin a presumir que los dos acusados planeaban un boicot al proceso electoral. Pero los funcionarios fallan en detallar de qué equipo extrajeron los documentos, y las pocas descripciones que ofrecen en los análisis no coinciden entre sí.

En tres de las actas de la investigación aparecen tres descripciones distintas del dispositivo que contenía la carpeta. En el acta de allanamiento con orden se describen “tres unidades de almacenamiento masivo portátil de color gris”. En las fotografías tomadas durante el allanamiento se pueden ver tres CPU, hallados en el sótano de la vivienda, descritos como “tres unidades de procesamiento central”. El siguiente documento, el registro de cadena de custodia de evidencias físicas, realizado un día después del allanamiento por Cristóbal Tirado, detalla cuatro disco duros portátiles de diferentes colores: un Toshiba rojo, un WD rojo, un Seagate azul y un LG blanco. Finalmente la acusación, con fecha 10 de agosto, habla de “tres dispositivos de almacenamiento de color gris”.

En el lugar no apareció tampoco ninguno de los “servidores” que el presidente Nicolás Maduro describe en su alocución del domingo 25 de junio.

Acta de allanamiento:

Fotografía: 

Registro de cadena de custodia:

 

Acusación:

El expediente lleva algunas semanas en manos del presidente del TSJ, Maikel Moreno. Sin embargo, el caso no ha sido revisado y sus irregularidades tampoco han sido investigadas, a pesar de que el expediente pasó de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria.

MUCHO ANTES DE QUE SE REALIZARAN las elecciones regionales el 15 de octubre de 2017, ya existía un expediente de denuncias de  irregularidades: desde el retraso de un año en la convocatoria  hasta el cierre de centros electorales a 72 horas de los comicios. Tras la jornada del domingo, se suman a la lista más incongruencias dentro de un proceso electoral que tumbó pronósticos, evidenció al oficialismo, minó aún más la confianza en el sistema electoral y, lejos de contribuir a dirimir el conflicto, acrecienta la crisis política venezolana. Las regionales dejan unas cuantas preguntas abiertas.

Los resultados del CNE fueron por primera vez totalmente opuestos a las encuestas 

Semanas antes del proceso electoral para elegir a los gobernadores, encuestadoras como Venebarómetro, Datanálisis, Consultores 21 y Datincorp, dieron a conocer sus pronósticos.

Todos los sondeos realizados coincidían en que la oposición tenía gran ventaja de sobre el oficialismo. Venebarómetro, en un estudio publicado el pasado 8 de agosto, informó que la intención de voto de la oposición para las regionales era de 51,7 % mientras que la del oficialismo estaba en 27,6 %.

El 15 de septiembre, Consultores 21 reveló que el alcalde del municipio Sucre y candidato de la MUD, Carlos Ocariz, contaba con el 57,5% de apoyo mientras que el abanderado del Psuv, Héctor Rodríguez, tenía 27,7%

Consultores 21 también señaló que la oposición ganaría 16 estados, lo que representaba 65 % de las entidades, mientras que los candidatos del oficialismo obtendrían solo 7, lo que representaría un 30 % del territorio.

El 11 de octubre fue publicado un estudio de Datanálisis que señalaba que la oposición podría ganar entre 13 y 16 gobernaciones. Con respecto a la participación, aseguró que entre el 50 y 60 % de los venezolanos estaban muy dispuestos a votar.

Todas las cifras ofrecidas por los estudios contrastan notablemente con las ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), puesto a que el mapa se tiñó de rojo como en anteriores elecciones donde participaba el expresidente Hugo Chávez.

Para Venebarómetro el 90,2 % de la población encuestada consideró que la situación en Venezuela es negativa, mientras que el 75.6 % evaluó la gestión de Nicolás Maduro como negativa. También informó que 51.7 % de los encuestados estaba dispuesto a votar por la oposición y que el 70.3 % de los participantes afirmó que las elecciones en Venezuela son fraudulentas.

La alta participación no favoreció a la oposición

Las encuestas y análisis electorales solo acertaron un dato: el nivel de participación, que rondó entre 60%. Previo a las elecciones, los expertos opinaban que una mayor participación daría mayores probabilidades a los candidatos de la MUD de ganar. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, calculó la participación entre 50% y 60%. Por su parte, la encuesta de Venebarómetro, realizada del 1 al 20 de septiembre, mostró la disposición a votar de los venezolanos en 55,7%. Un análisis de Ecoanalítica también previó una participación cercana a 55%, al igual que la encuestadora Delphos.

Los expertos estimaban que, a más alta participación, la oposición podría ganar más gobernaciones, puesto que las encuestas recababan mayores expectativas de voto para los contrincantes del gobierno. Ecoanalítica calculó que la MUD podría obtener hasta 18 gobernaciones con esa participación, pero de ser mayor, podría obtenerlas todas.

Asimismo, analistas coincidieron en que el oficialismo obtendría menos gobernaciones en esta elección. Pero si la participación bajaba de los estimados, los resultados serían parejos.

“Una abstención alta puede beneficiar al gobierno en estados pequeños y la oposición puede bajar a 11 gobernaciones”, precisó el presidente de Delphos, Félix Seijas.

Sin embargo, la abstención de la clase media opositora en municipios puntuales -y claves- podría explicar el triunfo de los candidatos rojos. Tal es el caso  de Chacao, Sucre, Baruta, El Hatillo, y San José de Valencia, enclaves de la oposición.

El chavismo ganó la mayoría de gobernaciones pese a que el gobierno de Maduro es evaluado negativamente 

Las encuestas vienen registrando la caída de popularidad del chavismo que, de acuerdo a los analistas, podría haber incidido en los resultados de las elecciones regionales del 15-O bajo la figura del “voto castigo”. Firmas como Venebarometro registró que el octubre de 2017, 70,6% de la población consideraba que Venezuela se ha convertido en una “dictadura” mientras que 90,2% evaluaba la situación en general del país como negativa frente a 9,7% que la encontraba positiva.

Pero esta apreciación de la crisis que ha afectado todos los ámbitos de la vida nacional no impidió que el oficialismo ganase 17 de las 23 gobernaciones, gracias al voto 5,5 millones de personas. El número de votantes prácticamente se mantuvo con respecto a las elecciones parlamentarias 2015 (5,6 millones) pero fue mucho menor en comparación a las elecciones presidenciales de 2013, en la que Nicolás Maduro obtuvo 7,5 millones.

¿Dónde están los 8 millones que eligieron la Constituyente?

El periodista experto en la fuente electoral Eugenio Martínez explicó que según el primer, el oficialismo consiguió 5.571.859 en todo el territorio nacional. Esto significa que el oficialismo perdió en dos meses y medio 2.517.461 votos, si se compara con la elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio. En esa oportunidad el CNE les adjudicó 8.089.320 votos.

Cierre y mudanzas de centros donde no hay violencia

Hasta 48 horas antes de efectuarse los comicios, el CNE estuvo anunciando migraciones en centros de votación que a su juicio representaban “un peligro para la comunidad”. Así millares de votantes fueron mudados de un lugar a otro, la mayoría ubicados en estructuras con poco espacio físico, difícil acceso y en territorios recónditos.

El ente comicial hizo el traslado, especialmente en los centros con tendencia opositora, pese a que desde el pasado 30 de julio no han habido manifestaciones de calle ni convocatorias por parte de la MUD.

Inhabilitación de candidatos y eliminación  de tarjetas

El chavismo, al más puro estilo de Daniel Ortega en Nicaragua, fabricó a una especie de oposición a la medida inhabilitando candidatos y negándose a hacer sustituciones en el tarjetón electoral hasta ultima hora.

Con Capriles Radonski como el caso mas evidente, el chavismo procuro a unos candidatos opositores con moderado arrastre en funcion de tener mayor ventaja.

Dejo en la pantalla de selección a los aspirantes que perdieron en las primarias de la MUD, cuestión que generó uno que otro voto nulo. Podría haber incidido en los 

La oposición no reconoce resultados, pero 24 horas después no formaliza la denuncia

A pesar del desconocimiento de resultados por parte de la MUD el domingo 15 de octubre, la oposición no presentó ninguna denuncia 24 horas después debido a falta de información y el hecho de no tener las actas completas.

Liliana Hernández  admitió en una entrevista con César Miguel Rondón la mañana del lunes 16,  que se perdió contacto con testigos de mesa. En el caso del estado Miranda, Ocariz perdió conectividad con el 30% de sus testigos.

Horas después de la entrevista, Ocariz expresó en rueda de prensa, que primero recopilarán todos los documentos necesarios para luego asistir a la Sala Electoral y denunciar los resultados anunciados por Tibisay Lucena el 15 de octubre. Ocariz aseguró que terminaron de recibir las actas minutos antes de iniciar la rueda de prensa de esta mañana. Pero hasta ahora no

Elecciones con violencia, pero Gobierno aseguró que “triunfó la paz”

Si bien los ministros Padrino López y Néstor Reverol salieron minutos antes de anunciarse los resultados felicitando a los venezolanos por lo pacífico de la jornada. La realidad reflejó otra cosa.

Un ejemplo son los reportes de abusos y limitaciones a los periodistas durante estos comicios electorales. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) reportó al menos 2 casos de abusos del poder estatal al retener y amenazar con armas de fuego a reporteros durante cobertura y 4 casos de agresiones, intimidaciones y robo a equipos reporteriles.

Igualmente hubo reportes de grupos de motorizados civiles armados alrededor de los centros electorales en los estados: Miranda, Aragua, Trujillo, Zulia, Táchira, Anzoátegui, Carabobo, Mérida, Apure y Sucre.

Las denuncias de robos a carros particulares y a electorales también estuvieron a la orden del día, uno de los casos más sonados fue el de la comediante Vanessa Senior.

Reacción de los electores después de los resultados

A diferencia de elecciones anteriores en las que el chavismo resultó triunfador, nadie se acercó la noche del 15 de octubre a celebrar en las inmediaciones del Teatro Principal, en el centro de Caracas ni en el llamado “balcón del pueblo” en el Palacio de Miraflores, usual punto del fallecido Hugo Chávez para festejar sus victorias electorales.  Todo lo contrario: lucían tan desoladas como cualquier domingo en la ya menguada noche caraqueñaa.

Pero del lado opositor tampoco hubo manifestaciones ni reclamos luego de que el jefe del comando de campana de la MUD, Gerardo Blyde, anunciara que no reconocerían los resultados del CNE al filo de la medianoche del 16 de octubre de 2017.

CNE nunca  anunció cierre de mesas

La rectora Tibisay Lucena presentó el primer boletín electoral a las 10 de la noche del domingo 15 de octubre sin haber mencionado el cierre de mesas electorales o la extensión de su cierre. Por primera vez, el ente rector fue a la sala de totalización sin haber ordenado el cierre de mesas.