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¿Hay relación entre la dolarización de Venezuela y el crimen organizado?
El país pasó de un férreo control de cambio a una anarquía monetaria donde se desconoce el origen y destino de los miles de billetes estadounidenses

 

“Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un local de comida rápida en el centro de Caracas, capital de Venezuela.

Rayza Calaforra frecuenta este restaurante casi todas las mañanas. Con un dólar desayuna una arepa (plato típico venezolano) y, cuando quiere variar el menú, compra por ese mismo precio un jugo y una empanada.

“Aunque en otros lugares me puede salir más económica una arepa u otra comida, me es más práctico pagar directamente en divisas”, explica la mujer, quien recibe parte de su salario en dólares, como la mayoría de los venezolanos con empleos formales.

La tentadora oferta resulta llamativa en un país donde la moneda oficial es el bolívar, y hasta hace poco menos de un año el uso de la divisa estadounidense estaba prácticamente proscrito para los venezolanos. Las transacciones en dólares estaban restringidas y controladas para el ciudadano común y eran penadas hasta con prisión.

Pero todo cambió. El país pasó de un férreo control de cambio a una anarquía monetaria donde el dólar parece haber desplazado al devaluado bolívar, donde se desconoce el origen y destino de los miles de billetes estadounidenses que circulan libremente en Venezuela. Comerciantes, empresarios, taxistas, vendedores de frutas, médicos, abogados, todos hacen sus transacciones en dólares y hasta en euros.

Los expertos parecen tener una explicación para el fenómeno de la dolarización en el país: el crimen organizado.

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, explica que más del 35 por ciento de las operaciones en Venezuela se realizan en moneda extranjera por la escasez de papel moneda, lo que abre puertas a operaciones ilícitas que sirven de fachada a operaciones de lavado de dinero. “En la medida que esta situación se prolongue, el mercado es muy atractivo para operaciones ilícitas”, advierte.

El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel considera que en la actualidad las divisas motorizan la precaria economía en Venezuela: “Gran parte de esos billetes entran en nuestra economía por actividades del crimen organizado sin darnos cuenta. La gente no se explica cómo un vendedor informal puede cotizar un kilo de papas en dólares o cómo un taxista, en medio de un apagón nacional, cobra sus servicios en dólares y además tiene efectivo en divisas disponible para darte el cambio en esa moneda”.

Por otra parte, los delincuentes transan en dólares los pagos de rescates por secuestros, las extorsiones y hasta el tráfico de personas desesperadas por huir del país. Empresarios y comerciantes que están radicados en el estado Aragua y funcionarios policiales de esa región aseguraron en campo a InSight Crime que las bandas delictivas solicitan a representantes de grupos empresariales vacunas en dólares a cambio de “protección y seguridad”, pero los pagos deben ser en efectivo para no dejar registros.

Fortalecimiento del crimen organizado

Luis Vicente León sostiene que en Venezuela los estímulos para las actividades informales son múltiples: “Es evidente que en una economía aislada por las sanciones del Departamento del Tesoro a funcionarios del gobierno y empresas estatales, con hiperinflación y con un proceso inducido de dolarización, el crimen organizado se fortalece”.

Basado en reportes internos de la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica, el presidente de Datanálisis explica que anualmente en el país circulan más de US$6.000 millones debido a las ganancias de tres actividades ilícitas: contrabando de oro, contrabando de combustible y narcotráfico.

El experto en lavado de dinero, abogado y magistrado en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Rebolledo, considera que Venezuela es un refugio para los actores del crimen organizado: “Estos criminales encontraron en el país un territorio seguro para operar con el contrabando de alimentos, medicinas, falsificación de medicinas y repuestos de vehículos, así como también con el narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones. Todos estos pagos se realizan en dólares”.

Rebolledo explicó a InSight Crime que en algunos sectores que funcionan como
“zonas de paz”, en los que no ingresa la policía y las megabandas y colectivos operan de manera impune, el tráfico de armas y de drogas son parte de las economías ilegales de estos grupos: “En Caracas, la parroquia 23 de Enero, que está en poder de los colectivos, pudiera tener más armas y municiones que cualquier batallón militar y todo este negocio de compra y venta de armas también se maneja en moneda dura (dólares), al igual que las actividades ilícitas en las cárceles. El dólar americano es la moneda más utilizada en el mundo y el delito organizado realiza sus actividades ilícitas en Venezuela con la moneda que es más utilizada”.

Rebolledo asegura que personeros del gobierno de Nicolás Maduro han lavado desde Venezuela US$800 millones y que, para disfrazar esas operaciones, utilizan a testaferros profesionales.

El experto explicó que se han podido identificar actividades de grupos de crimen organizado, pues muchos de estos delincuentes, que han sido detenidos en el exterior, han optado por cooperen con las autoridades a cambio de beneficios procesales: “De esta manera es que se han conocido rutas, nombres, cuentas bancarias, los casos de corrupción de PDVSA, de facturaciones y de subfacturaciones y de empresas fachadas”.

Pranes, corrupción y violaciones de DD. HH. se replican en comisarías policiales de Venezuela

UNA NUEVA FORMA de “pranato” carcelario se estaría gestando dentro de los calabozos de las comisarías de policía en Venezuela. Motines, fugas, extorsiones y masacres serían la prueba de la disputa por el poder en esta improvisada subestructura el sistema carcelario, que involucra a funcionarios corruptos.

Un violento motín ocurrido el pasado 24 de mayo en los calabozos de la policía del municipio Páez, en el estado estado Portuguesa dejó como resultado 29 reclusos muertos y 14 uniformados heridos, y desnudó la sangrienta y criminal realidad que se vive en estos centros de reclusión preventiva en Venezuela.

Versiones publicadas en algunos medios de comunicación aseguran que el enfrentamiento entre policías y presos se originó porque los reclusos estarían haciendo una serie de peticiones “peculiares” que no fueron aceptadas por las autoridades.

De acuerdo con fuentes locales, los reos exigían la destitución del director de la comisaría, Guillermo López, pedían materiales para construir una piscina, el ingreso de mujeres, licor y cigarrillos. Se trata de beneficios, que han sido aceptados por las autoridades en muchas prisiones y centros de reclusión preventiva gobernados por “pranes”.

Luego del rechazo de las autoridades a la solicitud del pran de la comisaría, Wuilfredo José Ramos Ferrer, este preso tomó como rehenes a los familiares que visitaban a otros reos. Esta situación habría motivado la intervención de la fuerza pública, específicamente de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, considerado el escuadrón de la muerte del gobierno.

El resultado de la acción desproporcionada de las autoridades ha sido calificado como una masacre por algunas ONG, como Una Ventana a la Libertad.

No obstante, el secretario de seguridad ciudadana de Portuguesa, Óscar Valero, aseguró que se trató de un “intento de fuga” y una “riña entre bandos”.

Situaciones de violencia, con una responsabilidad poco clara de los funcionarios policiales, son frecuentes. Una semana antes del incidente en los calabozos de Polipáez, 13 reos escaparon de una delegación policial en el estado Lara, tras someter a varios funcionarios y asesinar a una oficial. De nuevo, las FAES y la policía de Lara intervinieron, ejecutando a siete de los fugados en medio de los operativos de recaptura.

Análisis de InSight Crime

Las escenas de fuga, motines y matanzas dentro de los calabozos policiales en Venezuela parecen evidenciar una falencia dentro del sistema de detención venezolano, que deja en evidencia la ausencia del Estado y las tensiones entre autoridades policiacas y los presos que se disputan el control de los rentas criminales que se generan desde estos recintos.

Las leyes venezolanas establecen que los detenidos en estaciones de policía, tan solo deberían permanecer por 48 horas en los calabozos policiales. Pero esta normativa no se cumple por una contraorden de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien impide que los presos sean trasladados a las prisiones tradicionales.

Mientras que en las cárceles venezolanas hay aproximadamente 51.000 presos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Servicio Penitenciario, Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, estima que 55.000 reclusos están distribuidos en 500 calabozos policiales ubicados en todo el país.

Esta decisión gubernamental ha mudado las irregularidades de las cárceles (hacinamiento, violencia, corrupción, pranes) a estos reclusorios temporales. Organizándose bajo la figura del pranato carcelario; en los calabozos ya hay grupos estructurados que controlan economías criminales desde adentro hacia afuera de las prisiones. En la mayoría de las ocasiones, con complicidad de funcionarios.

Por otro lado, los bajos salarios de los policías los llevan a asociarse con los presos en algunas actividades criminales, a su vez se ven beneficiados por el cobro de tarifas para permitir el ingreso por de personas, comida, entre otros, de forma ilegal. El caso de la fuga en Lara mostró que la mayoría de estos policías son jóvenes recién graduados, con poca experiencia y mal remunerados.

Este tipo de relación entre la autoridad y los nacientes pranes dentro de las comisarías, sería uno de los detonantes de la disputa de poder entre el Estado y los privados de la libertad, que terminarían como motines dentro de las instalaciones. Una vez, los internos empiezan a hacer peticiones desproporcionadas, la policía responde reprimiendo las movilizaciones.

Con armas y granadas dentro de las comisarías, como se aprecia en el video del caso Portuguesa, y la acción de las autoridades, los resultados son todos, menos pacíficos.

Adicionalmente, ambos casos (Portuguesa y Lara) también podrían evidenciar como el Estado recurre al uso de la letalidad policial contra los líderes de estas nuevas estructuras de prisiones, ante la imposibilidad de controlarlas debido a sus presuntos vínculos entre funcionarios y líderes dentro los calabozos, hecho que habrían denunciado familiares de algunos de los internos.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones rechazó estas prácticas y recordó que el derecho a la vida es inviolable y está consagrado en la constitución venezolana.

Las nuevas prácticas criminales desde los centros de detención preventiva en Venezuela ratifican el fortalecimiento del crimen organizado no solo en las prisiones, sino también en estos espacios que se han consolidado como una suerte de cárceles paralelas, pese a que no cuentan con recursos ni con infraestructura carcelaria.

Insight Crimen denuncia que guerrilla pro-gobierno combina intereses políticos y criminales en Venezuela

EJÉRCITOS IRREGULARES VENEZOLANOS progobierno han empezado a entrenar a civiles en combate armado, lo que muestra la relación simbiótica que existe entre el atribulado presidente Nicolás Maduro y los grupos armados que dependen de él para proteger sus intereses criminales.

El sitio de noticias Infobae publicó recientemente fotografías en las que aparecen miembros de las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) instruyendo a civiles en ejercicios de adiestramiento militar en el estado Venezolano de Apure, frontera con Colombia. InSight Crime recibió tuvo acceso a fotos similares sobre esta organización.

El adiestramiento supuestamente se hace en preparación para una eventual invasión de fuerzas estadounidenses. Las imágenes también revelan la participación de funcionarios de gobiernos locales, como el delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Orlando Zambrano y la mayor Ofelia Padrón.

El FPLN es la encarnación más reciente de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), grupo guerrillero que cobró notoriedad en 1992 por ataques a políticos presuntamente corruptos. La organización gozó de respaldo estatal en la presidencia de Hugo Chávez, lo que le permitió desmarcarse de los operativos militares y obtener cargos públicos para varios de sus miembros por medio del frente político, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ).

Como resultado de divisiones internas, el líder Jerónimo Paz rebautizó su facción como FPLN, con el ánimo de distanciar al grupo de la extorsión y criminalidad del pasado. Sin embargo, con la intensificación de la presión en el gobierno de Maduro, la organización saca a relucir que no ha perdido la disposición de usar tácticas guerrilleras y financiación criminal en defensa de la revolución bolivariana.

Análisis de InSight Crime

Las actividades de las FPLN en Apure demuestran cómo se entrelazan intereses políticos y criminales en los grupos armados que se congregan para defender a Maduro.

Campesinos de la región de Apure relataron a InSight Crime que las FPLN controlan el negocio ganadero en varios municipios del estado, mediante el cobro de extorsión a los ganaderos locales. El grupo también participa en el contrabando de ganado y gasolina de Venezuela a Colombia.

Líderes comunitarios en el municipio de Páez confirmaron que esta red criminal transporta combustible de contrabando al otro lado de la frontera por vía fluvial, y paga una tarifa al ejército por la autorización de paso. Hasta el cierre de la frontera colombo-venezolana, el grupo también cobraba altas sumas de dinero para garantizar el paso seguro a los usuarios del puente internacional José Antonio Páez.

El control del FPLN sobre estas economías se ve facilitada por su cooperación con las fuerzas de seguridad y la penetración de las instituciones estatales. En una entrevista con InSight Crime, la periodista local Sebastiana Barráez afirmó que por medio del CRBZ, las FPLN dirigen las plataformas comunitarias de la región y controlan directamente las alcaldías de los siete municipios del estado.

La presencia de la organización en Apure se ha afianzado desde que el exvicepresidente Ramón Carrizalez asumió la gobernación del estado en 2011. Carrizalez afronta actualmente sanciones de Estados Unidos por represión de las protestas y bloqueo de la ayuda humanitaria a Venezuela. Según Barráez, y ha enfrentado críticas incluso de sus copartidarios chavistas por sus estrechos nexos con el FPLN.

El adiestramiento de civiles por parte del FPLN constituye nueva evidencia de cómo el atribulado gobierno de Maduro depende de grupos armados irregulares dispuestos a defender la administración que protege su acceso a economías criminales. Este panorama, sin embargo, es fracturado y volátil. Las FPLN se han disputado por mucho tiempo el territorio de Apure con grupos guerrilleros colombianos, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

UN NUEVO “COLECTIVO” ARMADO y, supuestamente entrenado por grupos irregulares colombianos, se sumaría a la custodia de la frontera de Venezuela junto a militares y grupos de élite de la policía, justo cuando se anuncia el ingreso de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición y el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

Desde el domingo 3 de febrero, Freddy Bernal, designado por Nicolás Maduro como “protector del Táchira” (estado fronterizo) en 2017, está al mando del despliegue de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en las localidades fronterizas.

La medida sería una reacción al anuncio de Guaidó sobre el primer ingreso de ayuda internacional desde un centro de acopio instalado en Cúcuta (Colombia) para afrontar la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

A través de videos difundidos en su cuenta de Twitter @FreddyBernal, el líder oficialista se refirió a las instrucciones que recibió de Maduro: “Para garantizar la Paz ejecutamos un plan perfecto con nuestros hombres y mujeres del #Táchira, confiando en la #FANB y en nuestro Amor Patrio”, escribió Bernal en la red social.

Sin embargo, fuentes en el estado Táchira informaron a InSight Crime que el plan de incluía también la activación del “colectivo de seguridad fronteriza, un grupo integrado por civiles armados y algunos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del cual se tiene conocimiento desde agosto de 2018.

InSight Crime verificó que aproximadamente 70 motorizados, presuntamente integrantes del Colectivo de Seguridad recorrieron las calles de San Antonio y Ureña, en Táchira, el pasado 23 de enero, cuando se llevaron a cabo manifestaciones en contra de Maduro.  En esa ocasión la ong Fundaredes los responsabilizó de la muertes de dos manifestantes ocurridas ese día.

Análisis de InSight Crime

Recientes exhibiciones públicas de miembros de un colectivo de seguridad fronteriza, afecto al régimen chavista, emergen como un posible obstáculo para la apertura de un corredor humanitario hacia Venezuela, y se suman a otras muestras de apoyo de colectivos de Caracas a Maduro.

La demostración de poder que hecha por el colectivo de seguridad fronteriza circulando en motos, vestidos de negro, con pasamontañas y apertrechados con chalecos antibalas y armas, no fue impedida las autoridades militares y policiales, con Freddy Bernal a la cabeza. Esto sugiere nuevamente una sospechosa tolerancia y posible vinculación con estos grupos, que han manifestado estar dispuestos a utilizar las armas, para respaldar a Maduro y oponerse a un cambio en la conducción política de Venezuela.

Hasta el presente, el colectivo de seguridad fronteriza había actuado en la clandestinidad y su presencia en las calles de Táchira solo estaba registrada en pintas en las paredes que muestran la silueta de un hombre portando un fusil y la inscripción: “Los colectivos toman la frontera en defensa de la revolución”.

“Ellos salieron el 23 de enero después de la marcha, a eso de las 5:00 de la tarde, a amedrentar y echar plomo por todo Ureña y San Antonio”, dijo a InSight Crime un testigo de la actuación del grupo criminal.

Fuentes militares consultadas por InSight Crime revelaron  que los integrantes del colectivo de seguridad fronteriza estarían siendo entrenados por miembros de la guerrilla colombiana, en un campamento situado en la localidad Palotal, municipio Bolívar del estado Táchira.

El posible uso de este colectivo para obstaculizar el primer ingreso de medicinas y alimentos a Venezuela desde Colombia, aumenta las tensiones, pues se supone que en la apertura del corredor humanitario participan fuerzas de seguridad de Colombia y de otros países que apoyan que desconocen a Maduro como presidente de Venezuela.

¿Es real la supuesta reducción de los homicidios en Caracas?

UN RECIENTE ANUNCIO GUBERNAMENTAL sobre la supuesta reducción de los homicidios en la capital de Venezuela genera dudas en la transparencia en el manejo de las cifras oficiales y oculta el incremento de las muertes a manos de la fuerza pública.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, anunció el 11 de octubre que los homicidios en Caracas tuvieron “una reducción importante de 35,4%” en 2017, sin dar más detalles, según reportó El Universal.

El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, que cada año registra los homicidios que ocurren en Venezuela, analizó algunos factores que ponen en duda la versión oficial sobre la reducción de homicidios en Caracas, considerada la capital más violenta del mundo según la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Justicia y Paz.

1. Los policías matan más
La supuesta reducción de los homicidios en la capital de Venezuela, segunda en el ranking de las ciudades más violentas en 2017, es poco probable sin la implementación de una política de seguridad articulada desde el gobierno, justamente cuando este país atraviesa una severa crisis social y económica.

“Lo que ha variado es la composición interna de los homicidios. Han disminuido los homicidios. Pero han aumentado los casos de resistencia a la autoridad en algunas entidades (estados)”, aseguró Roberto Briceño León a InSight Crime.

Briceño León advierte que en la data recogida por el OVV se observa un incremento en los casos de resistencia a la autoridad (homicidios a manos de fuerza pública) y ejecuciones extrajudiciales, aunque no tiene cifras consolidadas aún. “Hay regiones donde la policía ha matado a más personas que los mismos criminales”, dijo el experto.

Datos de Monitor de Víctimas (un observatorio que lleva un registro de las víctimas de homicidios ingresadas a las morgues de Caracas) apuntan en la misma dirección: entre mayo (cuando se creó el observatorio) y diciembre de 2017 hubo 374 casos de resistencia a la autoridad, equivalente a 30 por ciento del total de homicidios registrados en Caracas en el lapso de nueve meses (1.242); mientras que en los nueve meses transcurridos entre enero y septiembre de 2018 habían contabilizado 481 casos de resistencia a la autoridad, con un incremento de 13 por ciento, lo que significa que la fuerza pública es responsable de 43 por ciento de los homicidios ocurridos en Caracas. Pero además esta cifra llegó a 57 por ciento durante los últimos cinco meses, reveló Juan Mejía, uno de los coordinadores del observatorio. En pocas palabras: los policías y militares están matando más que los criminales.

2. Datos no confiables
Desde 2012 el gobierno de Venezuela no ofrece información oficial sobre los delitos que ocurren el país. Algunas filtraciones de estadísticas del Ministerio de Relaciones Interiores muestran que desde el primero de enero hasta el 14 de octubre de 2017 se registraron 982 homicidios en Caracas, mientras que en el mismo período de 2018 la cifra fue 635, lo que da como resultado una reducción similar a la anunciada por Reverol.

Sin embargo, Briceño León advierte que estos números deben ser revisados con detenimiento.

“Tomemos con mucho cuidado esos datos. Por ejemplo, en el estado Lara (un departamento en la región centroccidental del país) nuestros registros de prensa son superiores a los datos que están en la filtración del ministerio. Es decir no tenemos confianza en esos datos, aunque esa es la data oficial que ellos están manejando, Debemos verla con cuidado”, aseguró el experto a InSight Crime.

3. El espejismo de la migración
Con la migración masiva de venezolanos, que sobrepasa los 2,3 millones de personas según la Organización Internacional de Migrantes, el número de habitantes del país ha disminuido y esto puede reflejarse en una supuesta reducción de los homicidios.

Sin embargo, debido a que no se tienen datos precisos de esa migración por estado es posible que esa supuesta reducción de los homicidios no sea real. “Puede que haya bajado el número de homicidios, pero no la tasa. Con la migración los homicidios pueden ser menos en términos absolutos, pero no en comparación con la tasa. La disminución de la población implica un ajuste en la tasa de homicidios”, explicó Briceño León.

Según el OVV, en 2017 Caracas tuvo una tasa de 109 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes que tiene la región, mientras que Venezuela cerró 2017 como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo.

4. Más morgues, menos víctimas
Desde el segundo semestre de 2017 el gobierno abrió cuatro nuevas morgues en hospitales de Caracas, con el supuesto objetivo de descongestionar la morgue de Bello Monte, que era la única medicatura forense que había en la ciudad.

Sin embargo, esta medida necesaria impide llevar un registro preciso de los homicidios que ocurren en la capital. “Nos hemos percatado que hay un subregistro importante de homicidios, pues no todos los asesinatos se están registrando”, precisó Briceño León.

A los reporteros de la fuente policial se les impide el acceso a estas morgues y a los familiares de las víctimas se les impide dar declaraciones a la prensa.

5. Desplazamiento del delito
El director del OVV sostiene que el auge delictivo en Venezuela ha implicado una especie de toque de queda voluntario. En ciudades como Caracas muchos evitan estar fuera de sus casas después de las 6:00 pm por temor a los delincuentes y por las dificultades de movilidad que tiene la ciudad.

“Esto ha hecho que los delitos se desplacen hacia otros lugares y oportunidades”, explicó Briceño León, quien agregó que “en los últimos meses se han registrado asesinatos en lugares que antes eran impensables, como zonas de playa y de esparcimiento”.

El experto concluyó: “Aunque el gobierno asegura que han bajado las cifras de homicidios, los indicadores que tenemos de este 2018 demuestran que los homicidios no han disminuido”.

 

Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región afirma InSight Crime, un centro de investigación de actividades delictivas.

No hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un “Estado mafioso”. Sin embargo, en el informe titulado “Venezuela: ¿Un estado mafioso?” , InSight Crime menciona siete razones para considerar a ese país como un estado mafioso. En estos argumentos, también explican cuáles son las implicaciones de ello para el país como centro regional del crimen.

A continuación, las razones:

 

1. Penetración del crimen organizado en altos nivel de las instituciones del Estado

Durante los últimos tres años, InSight Crime les ha seguido la pista a individuos que, creemos, tienen vínculos con el crimen organizado y han ocupado u ocupan actualmente altos cargos en las instituciones del Estado venezolano. Hemos encontrado a 123 funcionarios quienes, creemos que con seguridad, están involucrados en actividades criminales. Por razones legales no publicamos la lista completa, pero algunos de los casos más evidentes se nombran en la sección denominada “El narcotráfico al interior del régimen venezolano: El Cartel de los Soles”.

Nuestras investigaciones han dejado claro que en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, mucho menos combatirlo con eficacia. Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso.

2. Evidencia de cleptocracia

¿Cómo es que un país que se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo después del Medio Oriente cae en la quiebra? Debido a unos niveles asombrosos de incompetencia, corrupción y cleptocracia.

Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigaciónllevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$300 mil millones.

Debido a que no hay datos confiables, lo único que podemos hacer es reconocer la magnitud de la corrupción y analizar a algunos de sus principales promotores. Uno de ellos es la falta de transparencia. Venezuela ocupa el puesto 166 de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Si nadie sabe cuánto gana el Estado ni cómo lo gasta, no hay tampoco rendición de cuentas y, por lo tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos hacia sus bolsillos o los de sus amigos. Esta cleptocracia ha sido sin duda uno de los principales factores que ha llevado a Venezuela al borde del colapso económico y a la quiebra.

Los controles que el Gobierno venezolano estableció sobre los precios y la moneda desde febrero de 2003 fueron uno de los principales activadores de la corrupción y la cleptocracia durante el gobierno de Hugo Chávez. Y esto continúa actualmente, aunque a una escala mucho menor porque los recursos han mermado.

“El sistema fue creado para que pudiera ser violentado”, dijo Alejandro Rebolledo, abogado venezolano especializado en crimen organizado, durante una entrevista con InSight Crime en Caracas. Las tasas de cambio diferenciales fueron creadas con la premisa de evitar la fuga de capitales a raíz de las huelgas generalizadas que habían conducido al golpe de Estado en 2002. Inmediatamente dieron lugar a “perversos incentivos”, según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica. Empresas sin escrúpulos y funcionarios corruptos podían comprar dólares “baratos” a la tarifa oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro.

Los importadores “inflaron agresivamente el valor de los bienes introducidos al país, con el fin de obtener dólares estadounidenses a bajísimas tasas de cambio. A veces, incluso falsificaban los cargamentos y no importaban absolutamente nada”, según una investigación del New York Times.

Actualmente, el sistema cambiario se utiliza para mantener la lealtad de ciertos sectores clave, que tienen acceso privilegiado a los dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. Hoy en día, el principal beneficiario es el ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas y se beneficia criminalmente de este monopolio.

3. Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales

Tras el golpe militar de 2002 que derrocó a Hugo Chávez durante 48 horas, el presidente hizo cambios claves en las palancas del poder para asegurarse de que no volvería a ser derrocado. Una de las medidas que adoptó consistió en delegar funciones del Estado a elementos irregulares e incluso criminales. Además, las fuerzas de seguridad perdieron el monopolio sobre las armas. En su lugar, ha habido una proliferación de armas y municiones en manos criminales, bien sea a propósito o mediante la corrupción. En esta serie investigativa hay dos artículos dedicados a dos temas que son ejemplos de esto último: “La delegación del poder estatal: Los ‘colectivos’” y “La delegación del poder estatal: Los ‘pranes’”

Los colectivos son grupos irregulares, generalmente armados, que ejercen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Históricamente han disfrutado de la aprobación del Gobierno y por lo tanto de cierto grado de legitimidad, pero, en última instancia, no rinden cuentas ante nadie. Estos grupos ejercen “vigilancia policial” en sus áreas de influencia y algunos incluso proveen un sistema de justicia paralelo. Si bien inicialmente fueron financiados por el Gobierno de Venezuela, han recurrido cada vez más a actividades criminales para autofinanciarse, principalmente el narcomenudeo y la extorsión. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y para disolver las protestas de la oposición.

Los pranes son los jefes criminales en el sistema carcelario de Venezuela. Durante la administración de la ministra Iris Varela, el Gobierno ha entregado a los pranes gran parte del control del sistema penitenciario, asumiendo que ellos controlan la violencia y evitan los desórdenes al interior del sistema penitenciario. El sistema de pranes ha llegado a ser tan poderoso y exitoso, que sus estructuras criminales ya operan por fuera de las paredes de las prisiones, a menudo en conjunto con las llamadas “megabandas” —estructuras criminales que ejercen el control sobre gran parte del hampa venezolana—.

 

 

Puedes leer el informe completo aquí:

 

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La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC: “Los Invisibles”

Durante mucho tiempo, el narcotráfico ha permeado el conflicto civil colombiano, ocultándose entre las facciones beligerantes y corrompiéndolas. Ahora que el conflicto civil se ha reducido, y que solo el ELN permanece en el campo de batalla, el tráfico de drogas está mutando nuevamente. Los capos de la droga colombianos se han dado cuenta de que la mejor manera de protegerse no es con un ejército privado, sino con el anonimato. Es por eso que a la cuarta generación de narcotraficantes colombianos la hemos llamado: “Los Invisibles”.

En el año 2013 se pregonaba que se había llegado a un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en Colombia, dado que la producción de cocaína estaba disminuyendo, a la vez que se estaba desmantelando a las grandes organizaciones de tráfico de drogas (OTD). Estados Unidos y Colombia aplaudían los logros del “Plan Colombia”, y se creía que los mexicanos estarían dirigiendo el contraído comercio de cocaína al por mayor y que sus días estaban contados.

Este “éxito” fue un espejismo. Hoy en día, el comercio de cocaína en Colombia está más boyante que nunca, la producción ha llegado a niveles récord, y se están explorando nuevos mercados internacionales. Los narcotraficantes colombianos han aprendido que la violencia es contraproducente para el negocio. La nueva generación de traficantes ha aprendido que el anonimato es la mejor protección, que la plata es muchísimo más efectiva que el plomo. Los colombianos le han cedido a los mexicanos el mayor mercado mundial: Estados Unidos. Esto no es señal de debilidad, sino más bien una sabia medida mercantil.

El tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense no es un buen negocio. Los traficantes tienen un alto riesgo de ser interceptados y extraditados, y de que se les confisquen sus activos; además, los precios al por mayor oscilan entre US$20.000 y 25.000 por kilo. Los colombianos prefieren poner sus ojos en Europa, donde un kilo de cocaína vale más de US$35.000, o en China (US$50.000) o Australia (US$100.000).

Los riesgos allí son menores y las ganancias mayores. Resulta entonces un mejor negocio. Es más probable que los narcotraficantes colombianos de hoy se vistan en Arturo Calle en vez de hacerlo en Armani, que usen zapatos clásicos europeos, en lugar de botas de cocodrilo, que conduzcan un Toyota en vez de un Ferrari, y que vivan en un apartamento de clase media alta, en lugar de habitar una mansión con grifería de oro. Tienen el aspecto de un hombre de negocios respetable. Cuarenta años después de que Pablo Escobar industrializara el tráfico de drogas, ha surgido una nueva generación de narcotraficantes que aprendió de sus padres e incluso de sus abuelos, pero que realiza sus multimillonarios negocios por fuera del radar, para no llamar la atención.

*Este artículo forma parte de una investigación realizada para el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, que es coordinado por la Fundación InSight Crime y la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (FCPGRI) de la Universidad del Rosario. El levantamiento de la información fue realizado por un equipo multidisciplinario de 12 investigadores, en visitas a más de 146 municipios.

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Freddy Bernal, de expolicía y antiguo colaborador de la guerrilla a protector del Táchira

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El Gobierno de Venezuela ha dejado el control de un inestable estado fronterizo en manos de una polémica figura que se sabe que ha tenido relaciones con grupos armados, una medida con implicaciones estratégicas en un momento en el que las autoridades estadounidenses están ejerciendo mayor presión sobre la administración de Nicolás Maduro.

El 31 de enero, el Gobierno anunció que Freddy Bernal, una figura clave en la administración del presidente Nicolás Maduro, asumiría el papel de “protector” del estado de Táchira, controlado por la oposición, el cual limita con el departamento colombiano de Norte de Santander, informó Runrun.es.

En su nuevo rol, Bernal también dirigirá el estado mayor de seguridad del Táchira y asumirá la responsabilidad de una de las zonas más estratégicamente ubicadas de Venezuela, dado que la frontera es un centro de contrabando y tráfico de drogas. En la zona hay presencia tanto de grupos armados colombianos como de milicias venezolanas, y se ha convertido en el epicentro de una crisis de refugiados, pues una gran cantidad de venezolanos atraviesan la frontera de Táchira buscando huir de la agitación política y las dificultades económicas.

La llegada de Bernal está acompañada por la asignación de responsabilidad en los controles fronterizos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de planes para involucrar en labores fronterizas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una polémica unidad policial que ha sido relacionada con violentas represiones y el uso excesivo de la fuerza.

Bernal es uno de los actores más poderosos del gobierno de Maduro y además se desempeña como ministro para la agricultura urbana y periurbana, director nacional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y comisionado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Por otro lado, es uno de los funcionarios del Gobierno que aparece en la Lista Clinton (Kingpin List) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestamente suministrar armas a la guerrilla (ya desmovilizada) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La elección de una polémica figura, que es objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, probablemente empeorará las tensiones con el Gobierno de Estados Unidos en este momento, en el que el secretario de Estado de dicho país, Rex Tillerson, está terminando su primera gira por Latinoamérica como jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en la que el aumento de la presión sobre el régimen de Maduro ha sido parte primordial de su agenda.

Días antes de su gira, Tillerson había atizado las tensiones al discutir públicamente la posibilidad de un cambio en el régimen militarizado de Venezuela.

Refiriéndose al gobierno venezolano como un “régimen corrupto y hostil”, Tillerson encomió a los actores internacionales a tomar medidas dirigidas a aumentar la presión sobre dicha administración.

Al responder a una pregunta sobre el posible papel de Estados Unidos en el cambio de régimen en Venezuela, Tillerson dijo que el gobierno estadounidense no ha abogado por la destitución de Maduro, sino más bien por un retorno a la Constitución. Sin embargo, después planteó el tema de un cambio en el régimen militarista.

“En la historia de Venezuela, y de hecho en la historia en otros países latinoamericanos y suramericanos, muchas veces es el ejército el que se encarga de eso, de que cuando las cosas van tan mal que la cúpula militar se da cuenta de que ya no sirve a los intereses de los ciudadanos, busca una transición pacífica. No sé si este será el caso aquí”, señaló.

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