Mientras el país está confinado y sometido a esquemas de flexibilización que regulan cualquier actividad comercial e industrial, el “motor minero” que sostiene la administración de Nicolás Maduro no se ha apagado
Runrun.es registró, a través de una línea de tiempo, más de 60 hechos que confirman que en el Arco Minero del Orinoco no se pararon ni redujeron las masacres, derrumbes en yacimientos, detenciones arbitrarias y el tráfico del oro, sino que continuaron y se vieron acompañadas por decretos que avalaron la minería en ríos y organismos que ahora cobran impuestos en oro hasta a los indígenas pemones
@loremelendez
No importa si los pueblos mineros se han convertido en focos de contagio del COVID-19. Tampoco si allí el suministro de agua es un problema desde hace cinco años. Y menos si los centros de salud de la zona están dotados o no para atender a quienes caigan enfermos por el virus. En el Arco Minero del Orinoco no ha habido ni hay cuarentena radical como ha ordenado el gobierno de Nicolás Maduro. La muestra es que la violencia y los operativos militares en la zona, así como los accidentes fatales dentro de los yacimientos, han llenado titulares pese al encierro. La producción de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal que impera en Bolívar no se ha frenado.
A finales de abril, cuando ya Venezuela había cumplido casi mes y medio en confinamiento, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dejó claro que seguía su actividad.
“Ante la pandemia del coronavirus, el ‘motor minero’ continúa su compromiso con el fortalecimiento de la economía venezolana, con el programa Cuarentena Productiva, para garantizar el aporte de este sector a la nación. Los complejos industriales auríferos Manuel Carlos Piar y Domingo Sifontes, se encuentran totalmente operativos, cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19”, dice una nota de prensa publicada el 28 de abril en la web de la institución. En julio pasado, el propio titular de la cartera, Gilberto Pinto, informó vía Twitter que la agudización de la pandemia no ha detenido el sector.
Para Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, la actividad minera aupada por Nicolás Maduro ha seguido para mantener tanto a los altos funcionarios como a los grupos armados que les rodean y mantienen en el poder.
“La única explicación es la formalización del saqueo. Es más importante que el saqueo no se pare porque si se para, paran también los recursos para los saqueadores. Y los saqueadores están ávidos de oro, diamante, coltán y de mantener sus huestes, o sea, a sus grupos terroristas, paramilitares y violentos que comen todos los días. Le puede faltar la comida a un médico, a un maestro, y eso no le preocupa al régimen. Pero si le falta a uno de los pranes que administra la hacienda minera, eso se puede convertir en un motín armado”, apuntó el parlamentario desde Italia.
Al inicio de la cuarentena venezolana, el codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), Frédéric Massé, dijo a Runrun.es que la hipótesis que manejaba para el momento era que en los sectores mineros más remotos de la región no habría mayor impacto en la producción del oro, porque suelen ser zonas sin cuerpos policiales que ejerzan un control. Sin embargo, advirtió, que “la pandemia podría expandirse a zonas mineras” si llegase algún actor contagiado a la zona.
Eso, según De Grazia, fue lo que pasó, aunque hasta ahora no haya un registro oficial que lo demuestre. Asegura que en los pueblos mineros, las personas mueren de COVID-19 sin mayores protocolos sanitarios para que “siga el saqueo”.
“Según el régimen, nadie muere de COVID-19 y menos en el sur de Bolívar, ni en Guasipati, El Callao, Tumeremo, Upata, El Manteco. Todas las muertes son por otras razones: infartos, asfixia… Y nadie se atreve a desmentirlo porque hacerlo significa entrar en un conflicto infeliz con el régimen, porque hay persecución y hostigamiento. No vas a tener nunca cifras oficiales, como no se tienen de cuánto ingresa por coltán o diamante. Todos son números bien guardados porque no se registran”, sentenció el diputado.
Oficialmente, Bolívar es el quinto estado con mayor cantidad de contagios de COVID-19 (2.026 al 21 de agosto), pero apenas ha reportado ocho muertes en cinco meses. La administración de Maduro ha explicado que la alta cifra de enfermos corresponde a la cantidad de venezolanos con el virus que han ingresado a través de la frontera con Brasil. No ha mostrado cuántos hay en cada municipio y menos en el Arco Minero.
Lo que sí se conoció en mayo pasado fue que se detectó un caso de COVID-19 en Delta Amacuro y que se trataba de un minero que se había contagiado en Bolívar. En julio, el alcalde del municipio Sifontes (Tumeremo), Vicente Rojas, dijo a los medios de comunicación que en la jurisdicción había un “foco activo” de la pandemia y que había al menos 24 personas con el virus. En declaraciones a El Pitazo, aseguró que todos los mineros cumplían con un protocolo sanitario que consistía en acudir a un centro de salud para ser sometido a una evaluación y así obtener un permiso para entrar a las minas. No se pudo confirmar si esta práctica continúa activa en la zona.
La autoridad única de Salud de Bolívar y presidente del Instituto de Salud Pública (Ispeb), Franklin Franchi, informó en esos días que ese “foco” provocó una alarma en el estado y motivó una reunión con los alcaldes de la zona minera y distintos actores del lugar. Para ese momento se ordenó el “refuerzo de los protocolos de prevención” (que no se detallaron) y el aislamiento de los casos positivos de la enfermedad.
“El objetivo es crear un conjunto de normativas para prevenir la expansión de cualquier foco comunitario de COVID-19, que se complementarán con las acciones que venimos realizando en la frontera con Brasil y otras zonas vulnerables de la entidad”, indicó Franchi de acuerdo con una nota publicada en la web de VTV. Nunca se dieron a conocer públicamente esas normativas.
2020 con tapiados y masacres
Justo antes de que comenzara la cuarentena, los pueblos mineros habían sido noticia por hechos como la masacre de ocho personas en El Manteco, supuestamente a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el derrumbe en una mina en El Callao que dejó tres fallecidos; una balacera entre bandas en la que murieron cinco personas en la zona minera de Casacoima, en Delta Amacuro; y la entrada de un contingente de presuntos guerrilleros a Tumeremo, en el municipio Sifontes de Bolívar. La intención del grupo, de acuerdo con los reportes periodísticos de esos días, era apoyar al Ejército venezolano en la captura de los miembros de los “sindicatos” o bandas mineras que operan en la zona.
Ya en confinamiento, los uniformados (contingentes conformados por la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) ejecutaron varias incursiones armadas en las minas y hasta la fecha, de acuerdo con data recogida por Runrun.es, han cobrado la vida de al menos 22 personas y apresado a más de cuarenta entre civiles y militares que supuestamente colaboraban con los presuntos criminales en La Paragua y El Callao. En este último, las bandas mineras de la zona “El Perú” han figurado en la mayoría de los enfrentamientos.
Parte de estas muertes están dentro de las cifras que la ONG Fundaredes expuso en su estudio “Curva de la violencia en seis estados fronterizos”. Su balance del segundo trimestre de 2020 reveló que Bolívar fue, en ese lapso, la entidad limítrofe con mayor cantidad de homicidios: 186 en total, ocurridos en los municipios Caroní, Sifontes y El Callao. Los dos últimos son jurisdicciones ubicadas dentro del Arco Minero.
La organización también indicó que el estado había sido el segundo de los seis en donde se registraron más supuestos enfrentamientos: 64, con 91 víctimas entre heridos y muertos. “Otro indicador que enciende las alarmas en Bolívar es el salto registrado en el número de desapariciones, 13 casos, al compararlos con los siete que se registraron en el mismo lapso de 2019”, se lee en el documento.
En medio de la cuarentena, el barrio La Caratica de Tumeremo fue el escenario del asesinato del teniente coronel Ernesto Solís, comandante del Fuerte Tarabay, y del sargento segundo Gustavo Flores a manos de bandas de la zona. Ambas muertes desencadenaron una serie de detenciones y arbitrariedades en los yacimientos que fueron denunciados por los pobladores. Solís tenía numerosas denuncias por desapariciones de mineros en la zona.
En mayo, el homicidio en El Callao del cultor y minero, Carlos Clark, estremeció la región. Sus victimarios supuestamente fueron miembros de la banda de “Toto” y “Zacarías”, quienes controlan la zona de “El Perú” y buscaban apoderarse de la mina que estaba bajo su mando. Sin embargo, días después de su muerte, los militares se apropiaron del molino que manejaba la víctima.
Los derrumbes en los yacimientos siguieron durante el confinamiento. A las tres personas que murieron en una mina en El Callao en febrero y a otros cinco en el yacimiento Arenal de Gran Sabana, se sumó un alud que sepultó en mayo a ocho trabajadores en el sector Nacupay y otro más que hizo lo propio en la mina Remington. Ambos están en el municipio El Callao.
Más allá de la violencia
El 8 de abril, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico publicó en Gaceta Oficial la autorización para la explotación de minerales en seis ríos del estado Bolívar: Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní. Semanas antes, el mismo De Grazia había advertido que la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), la operadora minera de las Fuerzas Armadas, estaba a cargo de las operaciones y que la seguridad la proveería el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que semanas después arribó a la región y tomó una posada turística. A ellos se les atribuye un ataque a la Guardia Territorial Indígena en El Caura que dejó al menos un desaparecido en mayo pasado.
La medida fue criticada por organizaciones ambientales y de derechos humanos, que destacaron la importancia de estas fuentes de agua para toda la Amazonía. En Maripa, uno de los pueblos cercanos a estos ríos, hubo varias protestas en rechazo a la decisión que nunca fue consultada a los habitantes de la zona.
“El régimen no tiene escrúpulos, ni se para, ni planifica. (…) Ya Maduro o el narcomadurismo no tiene la barrera de la política que calcula el costo-beneficio de una medida (…) Los parámetros son otros y en la medida en que sigamos leyendo al régimen como si fuera un gobierno que calcula, estima y prevé, en esa misma medida vamos a equivocarnos en el diagnóstico. El régimen no tiene pudor, ni límites, y todo lo hace conforme al interés superior que es, además del crematístico, el ‘cómo hago para mantenerme un día más en el poder’. Este ni es un gobierno ni es una ideología política, es una organización criminal y se comporta como tal”, opinó al respecto De Grazia.
Desde la Asamblea Nacional, la respuesta fue de rechazo. El parlamento ilegalizó el decreto del Ministerio y, meses después, declaró que todo metal que se extrajera del Arco Minero sería catalogado como “oro de sangre”, esto con la intención de evitar que países desarrollados entren en el negocio de la compra del mineral. En junio, el hemiciclo dio otro paso en dirección a condenar la actividad extractivista: un acuerdo para declarar al Parque Nacional Canaima “en gravísima emergencia ambiental”, debido a la apertura de yacimientos dentro de este territorio que es Patrimonio Natural de la Humanidad. La decisión sería comunicada a la Unesco.
Ejecutivo dorado
En cuarentena, radical o flexibilizada, tampoco menguaron las acciones de la administración de Maduro para traficar oro u obtener réditos de la explotación del mineral en el Arco Minero. Fue así como surgieron denuncias desde distintos sectores sobre las nuevas políticas aplicadas en las zonas mineras, los vuelos internacionales cargados de lingotes, el reparto de parcelas entre funcionarios en varios yacimientos y hasta la disputa por la fracción de las reservas auríferas que están en el Banco de Inglaterra.
Frédérick Masse decía a Runrun.es en abril pasado que a pesar de que la producción minera podría continuar sin problemas en medio de la pandemia, quizás el problema se hallaría al momento de sacar el oro del país, a menos que la operación se hiciera por medio del “contrabando oficial”. El experto explicó que la caída de los precios del petróleo registrada en aquellos meses, probablemente obligaría a la administración de Maduro a vender oro de las reservas o el ilegal que proviene de la zona minera. Y no se equivocó.
Al inicio del confinamiento, medios de comunicación y periodistas informaron sobre los aviones de Turkish Airlines que salieron del país con oro. Ya en la segunda semana de marzo, la agencia Reuters contó que el gobierno habría retirado al menos seis toneladas de oro del Banco Central de Venezuela, valoradas en unos 350 millones de dólares, entre finales de 2019 y principios de 2020. La noticia se confirmó el pasado 17 de agosto, cuando el ente oficial publicó sus estados financieros y anunció que las reservas estaban por debajo de las 100 toneladas, el nivel más bajo desde hace 50 años.
Pero los vuelos dorados no solo salieron con destino a Estambul. La otra ruta de los lingotes fue Irán, país al que se le pagó con el mineral por asesoría petrolera y por los buques de gasolina enviados en mayo pasado. Los aviones de la aerolínea Mahan Air entraban y salían del Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, conocido como Las Piedras, en Punto Fijo, en Falcón.
Hubo otros dos episodios llamativos vinculados con la salida del oro del país. El 17 de mayo de 2020, un helicóptero privado proveniente de El Callao debió aterrizar de emergencia en el estadio La Ceiba de San Félix, municipio Caroní de Bolívar, no solo por un desperfecto mecánico sino por la cantidad de oro que llevaba. Tres meses después, un hombre fue arrestado en una alcabala militar cerca de Upata, por tener en su poder casi tres kilos de oro.
Pero el hecho más grave que afectó al gobierno durante la pandemia fue la detención en Cabo Verde de Alex Saab, el empresario colombiano a quien Estados Unidos señala de ser el testaferro de Maduro. Semanas después del arresto, que hoy día espera la luz verde para cumplir con la extradición a Washington, el diario El Tiempo de Colombia publicó que Saab había hecho un entramado de compañías para extraer el oro venezolano, en el que estaba implicada tanto su novia, la modelo italiana Camila Fabri, como su hermano, Lorenzo Antonelli.
A este hecho se unió la sanción por parte del Departamento del Tesoro americano a los aliados más cercanos del hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien presuntamente maneja todo lo vinculado al metal. Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández fueron considerados por Washington como figuras centrales en el tráfico del oro venezolano.
Aranceles en cochano
Abril fue el mes de los nuevos impuestos de la minería. El día 7 se anunció la puesta en marcha del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera”, un nuevo ente que se encargaría del “control, fiscalización y seguridad” de la actividad extractivista en el país. Paralelo a este anuncio vinieron las quejas de los primeros afectados.
Para el 6 de abril, los molineros de oro de El Callao criticaron la imposición, por parte de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), de un pago semanal de 2,5 gramos de oro analizado (procesado). Al día siguiente, fueron los caciques del pueblo pemón quienes publicaron un comunicado para rechazar el cobro en oro del transporte aéreo en el municipio Gran Sabana que había sido ordenado por la misma CVM y el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico.
Para De Grazia, estos tributos carecen de formalidad y legalidad. “Yo no los calificaría de impuestos porque no hay ninguna regulación jurídica que los pueda calificar como tal (…) Es un cobro de vacuna que hacen los ‘organismos oficiales’”, añadió.
El parlamentario lamentó que tales cobros terminen de empujar a más aborígenes a las minas, en donde tiene garantizado por el propio Estado el financiamiento de maquinarias para trabajar en la extracción de minerales.
“Esto es parte del asalto. La comunidad indígena está siendo recolonizada, porque si tú le dices a un indígena que para tener acceso a la gasolina debe pagar en oro, que para montarse en un avión de Canaima a Ciudad Bolívar para irse a ver con el médico o para mandar al hijo a la Universidad de Oriente, o para hacer una compra de comida o insumos, tiene que pagar en oro, le estás diciendo ‘métete a minero’. Al indígena lo que le queda es abandonar su tradición para meterse en la actividad minera”, advirtió.
