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Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II)
¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece

 

@javiermayorca

 

El lavado de dinero es un delito de reciente invención. No tiene más de cuarenta años rondando por las legislaciones del mundo. De haber sido más longevo, quizá Al Capone, líder de la mafia de Chicago en la era de la Prohibición, hubiese sido enjuiciado por esta norma, y no por la de evasión de impuestos.

Se trata entonces de una actividad ilegal de difícil comprensión e investigación. Fernández Steinko (2008), en una interesante revisión crítica, señaló que el también llamado blanqueo de capitales es una “invención jurídica y conceptual” impulsada esencialmente por los gobiernos estadounidenses. Y tiene razón. 

Este delito supone que los delincuentes -o sus asesores financieros- no ocultan bajo el colchón el dinero producto de sus actividades ilegales. La imagen de alias Juvenal, el renombrado secuestrador del norte del estado Guárico, acostado plácidamente sobre una cama de billetes, viene a ser una rareza que sugiere un gasto inmediato de esos recursos en fiestas y sexo. Los verdaderos criminales organizados, en su proceso de acumulación de capitales, tarde o temprano tendrán que difuminar el origen de sus riquezas. De lo contrario, la empresa ilegal no prosperará.

 

Sobre el régimen venezolano han recaído numerosos epítetos. Algunos han dicho que se trata de un “narcoestado”, otros que es un “régimen criminal o mafioso”, “Estado felón” y más recientemente “empresa criminal conjunta”, expresión acuñada por el investigador Douglas Farah.

 

Aunque tales apreciaciones pueden ser respetables, una de las preguntas que surge de inmediato tiene que ver con el destino de los recursos generados por el tráfico de drogas (si se tratase solamente de un “narcoestado”) o, en términos más amplios, por todas las actividades al margen de la ley que se llevan a cabo en el país, con o sin el amparo de sectores oficiales.

El primer desafío es encontrar algún indicador. Sabemos que solo unos pocos aplican la de Juvenal. La mayoría trata de insertar esta plata en el torrente económico, nacional o internacional.

La dolarización informal contribuye de manera sustancial a este propósito, aquí en el país. La capacidad de transar bienes y servicios con dólares en efectivo es cada vez mayor, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Los estudios realizados de forma independiente por Consultores 21 y Ecoanalítica revelan que en Zulia, los estados andinos e incluso en Lara, el bolívar dejó de ser el medio para los pagos y adquisiciones. Esta informalidad propicia que tales operaciones transcurran al margen de cualquier esquema de vigilancia.

Pero tarde o temprano algo de esto permeará hacia el sistema financiero. Por ejemplo, los jóvenes venezolanos que están acudiendo en grupos cada vez más numerosos para cosechar coca en Norte de Santander obtienen pagos en pesos colombianos. Parte de eso se quedará en el camino, pero otra parte servirá para que ellos continúen sus vidas en sus lugares de origen. Aunque el peso es aceptado comúnmente para todo tipo de transacciones en los estados andinos, los jóvenes que van desde lugares tan remotos como Aragua y Distrito Capital tendrán que hacer las conversiones a moneda local.

 

Y allí podrá detectarse la legitimación. Aunque los cultivadores de coca, de hecho, no lo vean de esa forma, sino como un intento por disponer más fácilmente del producto de sus trabajos.

 

Otro factor es que en los estados centrales del país opera una “ceguera voluntaria” (willful blindness) según la cual los registradores y notarios avalan operaciones en monedas extranjeras, aunque ellas queden registradas como si hubiesen sido hechas en moneda local. Cuando se exigía alguna formalidad, se aplicaba un “sistema de dos cheques”: uno en pocos bolívares, que se rompía al salir de la notaría, y el otro en dólares, que era el realmente utilizado. Entonces, el vehículo o la vivienda cambiaba de manos sin que se hubiese producido ninguna transferencia o pago en moneda nacional. Ahora, se ven operaciones de compra y venta sin que se constate el pago. Desde luego, el notario y el registrador exigen su mordida en moneda dura, con lo que estos despachos siguen siendo excelentes negocios.

No todas estas operaciones que se llevan a cabo en los términos descritos son lavado de dinero. Se debe indicar siempre que este es un delito accesorio. En términos estrictos, se debe comprobar primero la existencia de un delito principal (tráfico de drogas, secuestro, comercio ilegal de armas, trata de personas, etc.) para que se pueda hablar de lavado o blanqueo de capitales.

Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen, con su afán de controlar hasta los más mínimos aspectos de la vida del ciudadano, empujó a la mayoría de la población a un área gris. Entonces, el profesional independiente, el pequeño comerciante o cualquiera que tuviese algunos ahorros en divisas, tenía que incurrir en las mismas prácticas que las aplicadas por los delincuentes de cuello blanco, aunque en diferente magnitud. Esto hacía muy difícil distinguir desde una perspectiva bancaria cuáles operaciones obedecían realmente a una actividad de delito organizado, y cuáles eran de mera sobrevivencia.

 

Aun así, los recursos del lavado de dinero mayoritariamente se movían en el exterior, y que no siempre tenían un referente en el país, en términos de bienes y servicios.

 

Era tal el afán de legitimar capitales en ciertas partes del exterior, como por ejemplo ciertas localidades de Florida, Texas y Nueva York, que el gobierno estadounidense prohibió las transacciones en efectivo para la adquisición de inmuebles en esos lugares, así como aquellas hechas a través de corporaciones inscritas en paraísos fiscales como Delaware. Este fue un mensaje fuerte para oficialistas y enchufados, quienes ahora estarían migrando sus capitales hacia entornos más amigables, como España. Fue en ese país, precisamente, donde el enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, Elliott Abrams, advirtió sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en el “patio de recreo” de los oficialistas en desbandada y sus familiares.

El flujo de capitales venezolanos hacia el exterior ubicó al país en 2012 entre las dos economías ilegales más importantes de Latinoamérica, solo superada por México, según Global Financial Integrity

Por lo tanto, se debe distinguir entre el lavado de dinero hecho por venezolanos y el que se lleva a cabo en Venezuela. Este último es a todas luces marginal. Solo ahora, tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, esta situación podría tener algún giro.

 

Breves

 

El incidente del domingo 17 de noviembre en las vías que conducen a la hacienda Santa Teresa llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, demuestra que los pactos logrados desde principios de la era chavista con actores de la criminalidad en el estado Aragua, a través del programa Alcatraz, han entrado en una etapa de fragilidad, y ameritan una reevaluación. Es muy probable que el ataque a varios grupos de invitados a la celebración del Día de Polonia fuese perpetrado por bandas que no habían sido incluidas en esta iniciativa. Resulta significativo que, a pesar de la gran cantidad de impactos de bala recibidos por algunos vehículos no se haya reportado lesiones a ninguna persona.  Hubo en esto un claro mensaje hacia los propietarios de la fábrica de ron: en ese sector de Aragua, como en otros tantos, no funciona ninguna empresa sin la anuencia de las bandas. Lo mismo que sucedió con la galletera Puig en julio, muy cerca de allí. Por otra parte, las primeras minutas sobre el incidente en noviembre responsabilizaban expresamente al llamado Tren de Aragua, la megabanda que opera desde el internado judicial de Tocorón. Pero los incidentes reportados con posterioridad al 17 de noviembre indicarían que los cuerpos policiales orientaron su búsqueda hacia otras estructuras criminales. Hubo seis muertes por supuestos enfrentamientos en los días siguientes al ataque a los invitados a la celebración del Día de Polonia, entre ellos Edgar Antonio Perlaza, alias Toñito, señalado como líder delictivo de Turmero, quien figuraba en la lista de los “más buscados” por Relaciones Interiores. Finalmente, algo que debe registrarse: los miembros del cuerpo diplomático vivieron, aunque fuese de manera tangencial, la realidad sobre el auge delictivo en Venezuela.

 

A pesar de que rusos, españoles, estadounidenses, árabes e incluso polacos habían vivido en carne propia los embates del hampa, prevalecía en ellos la noción de que se trataba de una mera casuística. Por eso fueron en cambote a la finca de Aragua. Ahora quizá cambien de opinión. No son cuentos de la prensa.

 

Una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó en octubre las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el propósito de profundizar en las investigaciones sobre las muertes violentas en Venezuela, y en especial aquellas ocasionadas en el contexto de enfrentamientos con miembros de cuerpos policiales o militares, englobadas con la expresión “resistencia a la autoridad”. Durante sus entrevistas con el personal de la morgue, pudieron constatar que la gran mayoría de tales fallecidos llega a este lugar sin ningún elemento que facilite el proceso de identificación. Aunque es probable que algunos de estos individuos carecieran de cédula de identidad o algún otro documento para conocer con certeza sus nombres y apellidos al momento en que los mataron, lo repetido de esta circunstancia sugiere la existencia de un patrón de conducta en los cuerpos policiales.

 

Buenas y malas noticias sobre las transiciones negociadas
Primero la buena noticia: contrario al dictamen de la intuición según el cual “malandro no entrega pistola” y los regímenes autoritarios no salen con votos, la data demuestra que la mayoría de las transiciones hacia la democracia se han logrado a través de procesos de negociación. Ahora las malas noticias: la transición política hacia la democracia no es un acto único sino un proceso que suele ser lento y no lineal pues ora avanza, ora retrocede y ora se estanca, mientras en el interín los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias. Ah, y las negociaciones nunca dejan ganadores absolutos

 

@GitiW

 

DE TODAS LAS OPCIONES que estaban sobre la mesa quedó sentarse en ella. Que esa sea la única opción que se vislumbra en el horizonte político venezolano no significa que se trate de una mala alternativa ya que data contrastada evidenció que la negociación ha sido el método más exitoso para cambiar regímenes autoritarios, independientemente de su naturaleza ideológica. No obstante, la intuición colectiva alerta que un régimen totalitario que tortura, mata y entierra a venezolanos sin concederle a sus dolientes ni siquiera el consuelo de abrazar por última vez los cuerpos de sus seres queridos, no saldrá jamás con persuasión. 

Sin embargo, hay 59 casos que demuestran lo contrario y los investigadores fueron los primeros sorprendidos.  “Nosotros nos sorprendimos al descubrir que la mayoría de las transiciones a la democracia se producen por negociación, contrario a lo que la intuición inicial nos hacía pensar. Nos sorprendió porque partimos de la idea intuitiva de que un régimen autoritario no iba a restituir garantías que ellos mismos habían violado. Luego revisamos caso por caso y entendimos cómo es que se produce esa restitución: hay un contexto que los presiona. Si los principales entes del régimen están amenazados bien sea de manera interna o externa se terminaba generando una fractura en la propia coalición”, afirma el politólogo John Magdaleno, miembro del equipo de investigadores que han analizado 100 casos de transiciones exitosas a la democracia.

Con la asistencia del gobierno de Noruega y bajo la mirada de una gran coalición internacional, parece que la oposición venezolana se ha propuesto sumar otro caso a esas 59 transiciones exitosas. El diputado Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, confirmó el 31 de julio a través de su cuenta en Twitter la intención del gobierno interino presidido por el diputado Juan Guaidó de sentarse nuevamente frente a los representantes de Nicolás Maduro para negociar una salida constitucional. 

 

 

Pese a lo improbable que resulta para aqueos y troyanos que esta ronda de negociaciones avance hacia algún acuerdo, incluso figuras como Diosdado Cabello -presidente de la Asamblea Nacional Constituyente-, cambiaron de opinión respecto al diálogo promovido por Oslo y manifestaron su respaldo a la iniciativa, reseñó El Universal.  

En un primer momento, la disposición al diálogo por parte de Maduro no pareció afectarse tras la inclusión del exvicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los fugitivos más buscados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos -ICE por sus siglas en inglés-, a quien acusan de narcotráfico y de violar la ley de designación de cabecillas extranjeros conocida como “Kingpin Act”.

 

 

Sin embargo, la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el lunes 5 de agosto mediante la cual se impuso un bloqueo total a las propiedades estatales del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, sí alteró -por ahora-, la determinación del régimen de Maduro de permanecer en la mesa de negociación. “Volverán tarde o temprano a la mesa de diálogo”, aseguró Guaidó sobre la comisión de Maduro. 

En un cambio de señas intempestivo, el canciller Jorge Arreaza confirmó que el “Gobierno Bolivariano de Venezuela no permitirá que esta tendenciosa escalada de agresiones afecte los procesos de diálogo político en el país” y, acto seguido, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que la delegación de Maduro no acudiría a la cita en Barbados pues se disponía a “revisar los mecanismos de ese proceso a fin de que su continuación sea efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo”.

 

 

La hipótesis: no se negocia con narcoestados

La investigación realizada por politólogos venezolanos permitió identificar que la negociación fue la modalidad de transición predominante en todas las regiones del mundo. 23 de los 100 casos estudiados corresponden a América Latina. Ahí 76% de las transiciones políticas se dieron en el marco de negociaciones. “Pensábamos que si se sumaban las transiciones por vía de intervención militar extranjera y por golpes de Estado superarían a las transiciones negociadas. No fue así. Solo en 19 casos hubo transición por liberación externa y en otros 22 ocurrieron golpes de Estado. Esto derrumba el discurso que se ha construido en Venezuela en torno a que no se negocia con delincuentes. Todos los regímenes totalitarios delinquen. Todos sin excepción son transgresores de garantías”, argumentó Magdaleno. 

La data recolectada les permitió además refutar la hipótesis de que en Venezuela la salida negociada no es posible porque se trata de un narcoestado. Magdaleno apuntó que al menos 6 de los casos analizados tenían características de narcotiranías. “El argumento de que los narcoestados no salen si no a través de métodos violentos tiene el problema de que esa caracterización impide conocer qué factores de la coalición dominante sí pudieran tener incentivos en algún momento para facilitar la transición. Cuando se habla a la ligera de narcoestado se asume que todo el funcionamiento del Estado gira en torno al narcotráfico. Esa generalización es bastante miope pues impide ver cuáles son los actores y figuras que sí pudieran negociar y facilitar la transición. En la Bolivia en los años 80 no hubo ninguna intervención extranjera. Una consulta popular fue uno de los factores desencadenantes del proceso de transición”, señaló el politólogo. 

El hecho de que figuras prominentes del régimen de Nicolás Maduro hayan abandonado recientemente el país, como sucedió con la fiscal Luisa Ortega Díaz, el diputado y exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal y el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Cristopher Figuera, podría ser un indicio de que hay más fichas dispuestas a negociar no solo su propia salida sino el fin de régimen chavista.  

El politólogo explicó que la caracterización de narcoestado como factor para argumentar que las negociaciones son inviables en Venezuela genera otro problema: se asume que tal condición inhibe al régimen de tener dificultades sistémicas pues se cree que los costos de salida son muy elevados y que los incentivos para permanecer son muy altos, por lo tanto, no hay ningún estímulo para que se produzca una transición. 

“¿Las relaciones internacionales no son un incentivo?; ¿la merma en el flujo de caja en dólares no es un incentivo? Lo que quiero discutir es que la caracterización de narcoestado se presenta como un gran determinismo político. Por lo regular, quienes sostienen esta hipótesis afirman también que solo una intervención militar extranjera puede poner fin al régimen autoritario. Ahí la literatura ofrece otro argumento y es que hay casos en los que las intervenciones militares extranjeras no ofrecen garantías de democratización. Puede producirse el desplazamiento de una élite a otra que tampoco ofrezca garantías para el cambio”,  dijo Magdaleno. 

La investigación incluyó el análisis de unas treinta variables que fueron desde la naturaleza del régimen político, la orientación ideológica, el impacto que tuvo la situación económica, hasta si hubo o no movilización social. “Lo que sí es cierto es que los regímenes totalitarios de izquierda plantean mayores complejidades para comenzar el proceso de transición. Es más complejo en la medida en que la ideología juega un rol fundamental en la toma de decisiones. La ideología es un bloqueador que impide transacciones mucho más fáciles entre los actores pues en última instancia se está defendiendo una cosmovisión y no solo el poder”, aclaró Magdaleno. 

 

Sin un ganador que se lo lleve todo

En las negociaciones políticas, a diferencia de la canción de ABBA, no hay un ganador absoluto que se lo lleve todo, aclaró de entrada el politólogo Ricardo Sucre Heredia. “La negociación como método para salir del régimen actual será una ruta novedosa para la sociedad venezolana porque en nuestra historia política siempre ha habido ganadores y perdedores. Pérez Jiménez se fue y todos salieron a la calle a celebrar. Gómez murió en el cargo. Quienes participaron en la lucha armada de los 60 también perdieron. Siempre hemos tenido ganadores y perdedores. Desde nuestro proceso de independencia la lógica ha sido ganar o perder. Hoy yo no creo que ese patrón se vaya a repetir. En ese sentido será un proceso inédito en Venezuela pues estaremos obligados a construir bases de convivencia con gente que muchos desprecian”. 

A juzgar por los mensajes que los grupos representados en Barbados ofrecieron a la opinión pública, uno de los retos de este proceso será trascender la búsqueda de una capitulación y enfocarse en lograr acuerdos mínimos que permitan arrancar una transición democrática. “Cada bando quiere una negociación a su medida. El gobierno quiere que le levanten las sanciones y la oposición dice que si Maduro se lanza de nuevo a una elección presidencial ellos se paran de la mesa. Yo no estoy tan seguro de que esas posiciones sean solo una puesta en escena para sus audiencias, más bien creo que se trata de resistencias estructurales. Siento que quieren una capitulación tipo Alemania o Japón y eso no va a ser posible”, argumentó Sucre Heredia. 

 

 

Discursos aparte, la preocupación de muchos actores internos y externos está en el recrudecimiento de la represión y en el aumento de las violaciones de derechos humanos tras los hechos del 30 de abril de 2019. Mayo y junio concentraron una nueva ola de detenciones a efectivos militares quienes supuestamente estaban conspirando en contra de Maduro. Las torturas propinadas al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido desde el 21 de junio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), le causaron finalmente la muerte. Inmediatamente las negociaciones fueron suspendidas pero se reanudaron a los pocos días. 

Sucre Heredia advirtió que incluso en el marco del diálogo auspiciado por Noruega se pueden esperar más hechos de violencia. “Ejemplos como el proceso de negociación de Sudáfrica y Túnez evidencian que sí podemos esperar más violencia por parte del régimen autoritario. En Túnez asesinaron a personas que formaban parte del equipo de negociadores. Este gobierno está obsesionado con que lo quieren tumbar y la lógica de ellos es no dejarse tumbar. Hay un patrón de tortura y asesinatos que se repite cada vez que se sienten amenazados. ¿Eso supone que ya no se puede negociar? Con todo lo crudo que suene creo que la negociación debe continuar”. 

También es de esperar que el proceso de negociación se estanque e incluso que se paralice por tiempo indefinido. Magdaleno se apoya en las investigaciones del profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Yale, Juan Linz, para explicar que las tres fases de la transición política, a saber, liberalización, democratización y socialización cultural, no siempre se suceden de forma cronológica pues unas veces se solapan, en otros casos hay discontinuidad pues no se trata de un proceso lineal, y otras veces se retrocede. En algunos casos hay una reversión total del proceso, advirtió.  

“Venezuela no es más represiva que el Chile de Pinochet o más polarizada que la Sudáfrica que estaba bajo el apartheid. Tampoco tiene más limitaciones por sus vínculos con Cuba que los que ataban Polonia a Rusia. Representar a Venezuela como un estado mafioso confunde más de lo que aclara”, afirman Abraham Lowenthal, fundador del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, y David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane, en un análisis reciente que aborda la viabilidad de una transición negociada en Venezuela

Lowenthal y Smilde se apoyan en los acuerdos de convivencia alcanzados en otras transiciones para argumentar que los políticos y la sociedad venezolana deberán considerar concesiones similares. “Aceptar al general Pinochet como senador vitalicio y jefe de las Fuerzas Armadas durante ocho años ayudó a Chile a que la transición fuera posible. Nombrar a miembros del Partido Comunista como ministros de Defensa e Interior facilitó la transición polaca. En Sudáfrica, la designación de De Klerk como vicepresidente de Mandela fue uno de los pasos pragmáticos que hicieron posible la superación del conflicto (…). En el caso venezolano, algunos funcionarios clave del régimen de Maduro y de las Fuerzas Armadas que quieran ser parte del futuro de Venezuela deberían ser incluidos en el proceso de resolución del conflicto”. 

En dicho análisis se sostiene que aunque cada transición tuvo características diferentes, la mayoría coincidió en un aspecto: en su momento parecían imposibles de lograr. Si bien en Venezuela también es difícil pronosticar cuándo comenzará el proceso de transición, de acuerdo con Magdaleno hay al menos una variable que indicaría que está cerca un punto de quiebre. 

“La actual ronda de negociaciones opera en el marco de unas crecientes dificultades sistémicas del Estado. Hay un contexto que limita la capacidad del régimen de Maduro para satisfacer las demandas de sus factores de poder. Es crucial saber si el contexto actual presiona a los factores de poder a transitar hacia una dirección distinta. Yo pienso que sí. Este es el primer factor que veo que sí está presente en Venezuela y cuando esto ocurre aumenta el número de socios insatisfechos de la coalición dominante. Y ojo, estos socios son propios y extranjeros. Dicho de otra manera, si el Estado no puede satisfacer las demandas e intereses de un gran número de socios de la coalición dominante nacionales o internacionales, entonces allí hay una dificultad sistémica mayor. Allí se da una amenaza seria a la supervivencia del régimen autoritario”. 

 

Oslo: una mesa con muchas sillas

Esas dificultades sistémicas para satisfacer a socios externos explicaría el interés de potencias como Rusia y China en apoyar las gestiones del Reino de Noruega cuya ministra de asuntos exteriores, Ine Eriksen Søreide, informó a principios de agosto que los representantes de los principales factores políticos de Venezuela continúan con las negociaciones iniciadas en Oslo en el marco de una mesa que trabaja de manera continua y expedita. 

Los representantes de Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó no están solos en dicha mesa pues a rusos y chinos se suman los ojos del Grupo de Lima, los del Grupo de Contacto de la UE,  del Vaticano, los Estados Unidos, Canadá, Cuba y, más recientemente, los de las Naciones Unidas. 

 

 

“La participación de tantos actores es comprensible dada la magnitud de la crisis venezolana. Especialmente durante 2019 el drama venezolano se ha convertido en un tema mundial. Para nadie es un secreto que muchos países de la región apostaron por un cambio de régimen a principios de año pero el tiempo terminó demostrando que aún había mucho camino por recorrer. Países que han sido muy críticos con Maduro y que han apoyado de forma frontal a la Asamblea Nacional han ido cediendo a la idea de que la vía es la negociación”, apuntó Mariano de Alba,  abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

De Alba agrupó a los distintos países en función de sus posibles motivaciones para apoyar la salida negociada: “A Rusia y China les preocupa que el apoyo tan frontal de los Estados Unidos deje al nuevo gobierno con una deuda enorme con los norteamericanos. Lo perciben como una amenaza a sus intereses en Venezuela. En pocas palabras, buscan estabilidad y que si se va a producir un cambio en Venezuela este sea lo más estable posible. Además, intentan que el gobierno norteamericano no sea el gran protagonista de la transición pues los dejaría en una situación de debilidad”. 

El pragmatismo de Rusia se hizo evidente cuando el presidente Vladimir Putin dijo en una entrevista al Financial Times que él se entendería con Guaidó si este resultara victorioso en un proceso electoral. “Al final, la lógica de Rusia y China no es si es Maduro o Guaidó sino qué escenario les permite asegurar los negocios en Venezuela. Recordemos que gracias a la crisis, Rusia ha realizado negocios en Venezuela con un retorno impresionante. Desde luego que hay también un juego geopolítico en el tablero y el objetivo es hacer ver que los Estados Unidos no es tan poderoso como parece”, argumentó el especialista en relaciones internacionales.  

Con relación a Cuba, indiscutiblemente el actor foráneo más relevante por el nivel de involucramiento en la política venezolana, De Alba afirmó que el único escenario que realmente le conviene es la permanencia de Maduro -o de alguna de sus fichas- en el poder. 

“Ahora bien, la dictadura cubana ha durado tanto, entre otras cosas, porque sabe mover bien sus fichas. Tienen una dosis de pragmatismo importante. Ellos saben que la situación es bastante delicada y que a medida que pase el tiempo las posibilidades de un cambio violento se incrementan. Estar sentados en la mesa les permite estar bien informados de lo que ocurre. También les permite tener una línea directa de comunicación. Su misión real es aprovechar la situación”, dijo el abogado. 

 

Tras Barbados, más rondas de negociación

De Alba expresó que la situación ha llegado a un nivel tal que sin la acción de otros países será muy difícil que Venezuela logre encontrar el camino hacia su redemocratización. Considera que la presión internacional ayuda pero la multiplicidad de actores pudiera entorpecer los tiempos. Esa incertidumbre sobre los “tiempos” es justamente la fuente de desesperanza de muchos venezolanos pues la velocidad con la que avanza la crisis venezolana los enfrenta a una calidad de vida cada vez más precaria. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no hace sino confirmar la crudeza de la realidad que experimentan los venezolanos. 

De Alba sostuvo que hay un entendimiento en la comunidad internacional de que por más apoyo externo que den, la resolución del conflicto está en manos de los venezolanos. “Un ejemplo muy concreto es lo ocurrido el 23 de febrero. La comunidad internacional esperaba un quiebre institucional que no se dio y por ende no entró la ayuda humanitaria. Ellos llegan hasta un punto pero la política interna debe hacer su trabajo”. Esta interpretación se corresponde con las declaraciones del Secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, “filtradas” a la prensa en las que criticaba la desunión de la oposición venezolana y su incapacidad para lograr acuerdos mínimos. 

“Desde mi punto de vista, los países están muy expectantes ante lo que pueda lograr Noruega. Saben, eso sí, que no se trataría de una solución inmediata lo cual está en contraposición con lo que deseamos los venezolanos. Es un proceso que al día de hoy no pareciera contar con los elementos para llegar a una solución pero aún así se debe apostar por la negociación. Veo que el hecho de que haya tanta atención sobre el proceso de negociación ayudará a que si fracasa -lo cual yo veo más probable-, sirva como argumento para aumentar la presión. Ahora, si esas medidas vayan a ser suficientes para poner fin al régimen de Maduro, veremos”, advirtió De Alba.  

En efecto, Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, amenazó con imponer más sanciones sobre altos cargos del régimen de Maduro si las negociaciones de Barbados no llegan a algún acuerdo. “La crisis que se vive en el país requiere de una solución política urgente, la cual solo se puede lograr a través de un proceso pacífico, democrático que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y justas”, dijo textualmente. 

Sobre la participación de la comunidad internacional, el politólogo Sucre Heredia coincidió con lo dicho por el ganador del premio Nobel de la Paz 2015 por su mediación en la transición a la democracia en Túnez, Hassine Abassi, en su reciente visita a Caracas. “Abassi destacó que era preferible no aceptar apoyo foráneo. Claro, ellos tuvieron unas condiciones muy particulares pues Ben Ali ya se había ido así que pudieron comenzar desde cero”, dijo.   

Incluso si este ciclo de diálogo fracasa, estar ante los ojos del mundo puede tener un efecto colateral útil considerando, por un lado, la impunidad con la que opera el régimen de Maduro y, por el otro, la propensión de muchos venezolanos a creer que el fin del régimen debe estar cerca pues no se puede estar peor. 

“Desde afuera se perciben riesgos y amenazas que los propios venezolanos quizás no consideren posibles. Por ejemplo, el riesgo de una guerra civil o de violencia extrema. Siento que la gente se apoya mucho en aquello de la excepcionalidad venezolana para evitar pensar que esta situación puede terminar muy mal, al estilo de Siria. Creo que la comunidad internacional se cohesiona en torno a la necesidad de evitar que la crisis escale en algún tipo de violencia generalizada”, advirtió Sucre Heredia.

 

 

El poder político jamás se entrega por las buenas, muchacho. Por Carlos Alberto Montaner

JOSÉ GUERRA Y TOMÁS GUANIPA han sido inhabilitados como parlamentarios. Guerra es un eminente economista. Fue una decisión del Tribunal Supremo de (In)Justicia que preside Maikel Moreno en Venezuela. Moreno, antes de hacerse abogado era policía de la Disip y fue guardaespaldas del presidente Carlos Andrés Pérez. 

El plan de Maduro es bastante obvio y fue perfilado por sus asesores cubanos en diciembre de 2015 cuando la oposición obtuvo dos tercios de los diputados, porcentaje que le permitía cambiar a los magistrados venales al servicio del oficialismo. 

Maduro, a partir de 2016, asustado, decidió gobernar por medio del obediente Poder Judicial y, en consecuencia, eliminó a tres diputados indígenas de la Amazonía mediante un pretexto baladí. Esos tres diputados hacían la mayoría calificada que la oposición necesitaba para adecentar el Poder Judicial. No pudieron o quisieron sostenerlos. El TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional hasta que cedió y los diputados admitieron la primera poda.

En el verano de 2017 Maduro, siempre bajo instrucciones de los cubanos, creó otro cuerpo deliberativo llamado la asamblea nacional constituyente. El objeto era promulgar una nueva Constitución sin recovecos liberales. A principios de 2018 los chavistas se retiraron de la Asamblea Nacional con el pretexto de una violación del reglamento. Siguió, entonces, el desafuero de los diputados demócratas. Había comenzado cuando eliminaron a los tres diputados de marras. Ya son una veintena. Cuando haya menos parlamentarios demócratas que chavistas, Maduro probablemente hará regresar a sus huestes a la AN con el objeto de maniatarla, callarla o disolverla definitivamente. 

A partir de ese punto gobernará con una nueva Constitución calcada del modelo cubano, que a su vez sigue de cerca la que Stalin hizo promulgar en 1935. Allí se dirá, como en la carta magna de la isla, que cualquier regla o legislación estará subordinada al modelo “socialista” y a las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Cuba confía en que, con el tiempo, cambiará el panorama internacional adverso que hoy predomina, y Venezuela, como le sucedió a la isla, deje de ser una anomalía y todos se acostumbren a la presencia de un narcoestado corrupto del que haya escapado 20% o 25% de la población. Ya lo ha hecho 15%.

La oposición, hoy mayoritariamente dirigida por Guaidó, aunque cuenta con 85% de apoyo popular, tiene poco margen de maniobra. De nada le vale pedir una intervención militar o humanitaria si previamente no está pactada. Su mejor baza es pedirle ayuda a Estados Unidos –como sugiere el experto nicaragüense Humberto Belli– para iniciar la lucha armada con el concurso de los más de mil militares exiliados en Colombia. Al fin y al cabo, Venezuela cuenta con tres importantes fronteras terrestres: Colombia, Brasil y Guyana, y una frontera marítima asomada al Caribe en la que hay islas holandesas y británicas. 

Ante la negativa de Maduro a someterse a unas elecciones realmente libres y transparentes, el presidente Guaidó, invocando el artículo 350 de la Constitución vigente, puede reclamar el derecho a la beligerancia y terminar con la fantasía de unas elecciones libres y transparentes. Y si Washington fue capaz de crearle a Guaidó el respaldo diplomático de casi sesenta países, muy bien puede darle el espaldarazo para que los propios venezolanos conquisten con las armas el destino democrático y libre que les niegan La Habana y Maduro.

En todo caso, es suicida que los latinoamericanos se crucen de brazos ante la inmensa tragedia de los venezolanos. Ya han escapado del país más de 4 millones de personas y es muy posible que se desate una hambruna que mate a otros tantos. Maduro y sus cómplices no van a entregar la autoridad solo porque la sociedad lo demande. Fidel se lo dijo a Chávez repetidas veces: “El poder político jamás se entrega por las buenas, muchacho”. Hay que conquistarlo a cañonazos. 

El último libro de CAM es una revisión de Las raíces torcidas de América Latina, publicada por Planeta y accesible en papel o digital por Amazon.

 

@CarlosAMontaner

El Nacional 

EEUU cree que Venezuela se acerca a ser narcoestado y adelanta más sanciones

WilliamBrownfield-

 

Estados Unidos cree que Venezuela se acerca a ser un “narcoestado” debido al “hecho irrefutable” de que miembros del Gobierno de Nicolás Maduro están implicados en actividades de tráfico de drogas, unos actos que pueden desembocar en más sanciones contra el país caribeño en los próximos meses.

El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para la Seguridad y la Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, hizo esa declaración en una conferencia de prensa telefónica para evaluar sus 38 años en la carrera diplomática, a los que pondrá fin el 30 de septiembre.

“La expresión de narcoestado, para mí, quiere decir un Estado cuyo Gobierno está formado o dominado por representantes de la industria de la droga ilícita, esa es la definición. Y digo yo que, en este momento, Venezuela se acerca a ese punto”, consideró Brownfield, que fue embajador en el país caribeño entre 2004 y 2007.

“Es mi opinión personal, probablemente ya no se puede decir que el Gobierno está dominado por la industria narcotraficante, penetrado sin duda, influenciado sí y con interés en mantener esos contactos por parte de varias instituciones de Gobierno sin duda alguna”, argumentó.

“Pero -justificó- no quiero llamar a un país, a un Gobierno, narcoestado hasta que sea cierto que cae en esa categoría”.

En opinión de Brownfield, este es un buen momento para comenzar a debatir si Venezuela se ha convertido o no en un narcoestado, aunque aún no se puede dar una respuesta definitiva.

Por otro lado, el veterano funcionario consideró “una buena política” las sanciones que el Gobierno de Donald Trump ha seguido imponiendo a Venezuela, pues muestran “qué tipo de personas están involucradas en el Gobierno” y adelantó: “Si tuviera que especular diría que habrá más sanciones durante los meses que vienen”.

Al referirse al tráfico de drogas a través de Venezuela y al papel que tiene el país en el lavado de dinero de fondos ilícitos, Brownfield aseguró que las sanciones de EE.UU. “están basadas en el hecho irrefutable de que hay muchos miembros del Gobierno (de Venezuela) que participan de eso”.

El pasado julio, Trump llegó a imponer sanciones económicas directas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien calificó de “dictador” por promover la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con poder para redactar una nueva Constitución y que no es reconocida por la oposición.

Brownfield explicó que, hasta ahora, las sanciones contra Maduro han sido específicamente por “sus actividades antidemocráticas y políticas”, pero aseguró que “eso no quiere decir que no haya evidencias que pudieran apoyar una decisión de sancionar por otras razones”, sin detallar si se refería a sanciones por narcotráfico.

Las declaraciones de Brownfield tensan aún más las relaciones entre Caracas y Washington, donde el presidente Trump llegó a decir el pasado agosto que no descartaba una “opción militar” para solventar la crisis venezolana.

 

Luís Cedeño: Venezuela es una mezcla de cleptocracia, corrupción y narcotráfico

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Luis Cedeño, director ejecutivo del Observatorio del Delito Organizado aseguró que Venezuela no es un narcoestado sino una mezcla de varias cosas: cleptocracia, corrupción y narcotráfico. Además considera que el Gobierno busca llevar al pueblo venezolano a un estadio de debilidad moral, donde no puedan reclamarle a sus líderes sus faltas morales porque ellos también las han cometido.

Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Venezuela se ubica por segundo año consecutivo, como el país más corrupto de América Latina. “El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado como el indicador de corrupción más usado en el mundo”, según informa Transparencia Venezuela.

 

Cleptocracia = dominio de los ladrones

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra cleptocracia viene del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘fuerza’ = dominio de los ladrones. Es el “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.

 En julio de 2016, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, donde se profundizó en el análisis de la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo. 

En ese contexto Cedeño, comentó que existen algunos signos de la presencia de la Cleptocracia en Venezuela y enumeró algunos Indicadores que ilustran tal afirmación: 1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país. 2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo. 3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares. 4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda. 5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.

 La gravedad de la situación socio-económica que vive Venezuela actualmente, continúa siendo tema de diferentes medios internacionales. El pasado 28 de enero, el periódico La Nación de Argentina dedicó su editorial a este tema, titulando “Venezuela, un estado  fallido”, donde señala que “La situación de Venezuela se deteriora a pasos acelerados. Tanto es así que el país caribeño comienza a parecer un verdadero “Estado fallido”, es decir, una nación con su institucionalidad completamente erosionada, por el fracaso de una ineficaz gestión de gobierno, con altísimos niveles de corrupción, criminalidad e inseguridad personal que se suman a una marcada degradación económica. Además, hay una cada vez más notoria intervención militar en el ámbito de la política. Las fuerzas armadas venezolanas son hoy responsables de la nada castrense tarea de asegurar la alimentación de su propio pueblo ante la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro. 

Como vemos Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, donde participar en el gobierno, es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. “En la misma medida en que el Gobierno crea la gran oportunidad de generar dinero de forma muy rápida y muy fácil, a través de la distorsión económica y del control, hace que todo el mundo quiera hacerlo también. Es en este sentido que afirmamos que este Gobierno es un Gobierno criminógeno, que promueve la  criminalidad o desviación, en este caso”, precisó el Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado. 

El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos. En nuestro caso, lo están facilitando porque prácticamente el Sistema de Justicia y todos los jueces están controlados por estos poligarcas, lo que hace imposible que se haga justicia, o por lo menos que se haga justicia en Venezuela. Se hizo justicia en una corte norteamericana con estos sobrinos porque está fuera de del control del Estado mafioso venezolano. 

En Venezuela hay muchas otras oportunidades de estar al margen de la ley y de generar grandísimas fortunas, sea porque te dan un dólar a 10 bolívares y lo vendes a 4.000 bolívares, y eso en ninguna parte del mundo sucede. Venezuela no es un narcoestado por esta razón. Nos convertimos en un rompecabezas de actividad delictiva boyante, que además permea todas las instancias del Estado.

 

¿Corrupción como política de estado?

 

Según reseña Transparencia Internacional, el pago de sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos por parte de la empresa brasileña Odebrecht se sumó en 2016 a la larga lista de casos de corrupción multimillonaria en Venezuela, un registro que comenzó en 2001 con las revelaciones del Plan Bolívar 2000 y siguió con la entrega de más de 230 millones de dólares sin control por Cadivi y Cencoex para la importación de alimentos desde 2003, e incluye el robo del Fondo de Pensiones de Pdvsa o las colocaciones irregulares de dinero en el Banco de Andorra en 2015, por solo mencionar algunos.

La impunidad en estos y otros casos graves de corrupción, la actuación permisiva del Estado y los excesivos controles en todos los campos de la vida pública llevaron a Venezuela a ocupar por tercer año consecutivo el último lugar en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. 

“La impunidad y la corrupción forman una relación perversa que va creciendo. En Venezuela cada vez hay más leyes que fomentan la opacidad. La Contraloría General cada día sanciona menos el incumplimiento de las normas de transparencia. Es inexplicable que la Fiscalía venezolana no diga nada respecto a casos tan importantes como Odebrecht, en el que sus directivos aceptaron ante un tribunal que pagaron 98 millones de dólares en sobornos en Venezuela. Todo esto nos indica el poco interés que hay en la lucha contra la corrupción”, indicó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), tiene una escala del 1 al 100,  en el que uno es más corrupto y 100 es el menos. De 176 países evaluados, Somalia es el peor ubicado en el mundo con 10 puntos, pero Venezuela es el peor de Latinoamérica y el Caribe con un indicador de 17 puntos. “El objetivo de esta medición es movilizar a los Estados a afinar su lucha contra la corrupción y en muchos casos se ha logrado, pero Venezuela siempre ha estado muy mal posicionada desde su creación en 1995”, dijo De Freitas. 

Indica Transparencia Venezuela que durante 2016, vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política y un contexto propicio para que se impongan los políticos populistas.

“El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Este año, fueron más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes”, informa la organización internacional.

Nov 15, 2016 | Actualizado hace 3 años
Óscar Arias:

OscarArias

El expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz, Óscar Arias, consideró que la negativa al revocatorio por parte del gobierno de Venezuela se debe a que altos funcionarios están involucrados con narcotráfico. Además, descartó que pueda haber una intervención militar extranjera en Venezuela, incluso con Donald Trump en la Casa Blanca.

Arias dijo en conversación con DW que para el gobierno de Nicolás Maduro es muy difícil abandonar el poder por el temor de muchos funcionarios a enfrentar la justicia. “Lo que tiene Venezuela es un narcoestado; muchos de los altos funcionarios de ese gobierno han estado involucrados en narcotráfico y saben qué futuro les espera cuando abandonen el poder”, advirtió el exmandatario antes de señalar que esa seria la razón por la que el gobierno se niega a realizar el referendo revocatorio.

“Tienen que ser los venezolanos los que resuelvan este problema”, reitera Óscar Arias a DW. “Tendrán que recibir el apoyo internacional, que no han recibido hasta el momento como nosotros, hace 30 años”, dijo el ex mandatario costarricense aludiendo al proceso de paz que puso fin a los conflictos en Centroamérica en la década de los años 80, que le valió ser distinguido con el Nobel de la Paz en 1987.

 

El encubridor, por Marianella Salazar

maduro y reverol

En vez de parecer inocente de las graves denuncias hechas al gobierno y a varios funcionarios por vínculos con el narcotráfico, Nicolás Maduro se empeña en mostrarse como un cómplice. A las imputaciones hechas a los sobrinos de su esposa, presos en Nueva York, por los delitos de conspirar, para introducir droga en Estados Unidos, le ha seguido una acusación del Departamento de Estado contra el general mayor Néstor Reverol, ex director de la Oficina Nacional Antidrogas por haber brindado facilidades de paso, transporte y seguridad a grupos de narcotraficantes, según se desprende de la acusación del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. El mismo día de la acusación Maduro lo designó como ministro del Interior y Justicia, precisamente el cargo que tiene bajo su mando a la ONA, lo hace para encubrirlo y retar a la justicia estadounidense, no le importa el costo político ni ser señalado como el verdadero jefe del narco-gobierno que heredó de Chávez.

Como nunca antes, un gobierno y una Fuerza Armada están tan comprometidos con el tráfico internacional de drogas; el caso de las 30 maletas que hace más de 2 años salieron de Maiquetía –cuya seguridad es responsabilidad de la Fuerza Armada Bolivariana– y llegaron a París en un avión de Air France cargado con más de 1.000 kilos de cocaína fue uno más de los hallazgos que ubican al país como puerto de exportación de la mayor cantidad de droga que entra a Europa. En ese decomiso, como en tantos otros, las policías del mundo excluyen a los cuerpos de seguridad venezolanos de sus operaciones para que no sean abortadas. La declaración de Venezuela como narcoestado se viene preparando desde que el difunto Hugo Chávez facilitó las actividades de las FARC en el tráfico de armas y de drogas, y despojara a gobernaciones y alcaldías del control de puertos y aeropuertos para que la narcoguerrilla trabajara a su antojo. Chávez, incluso, logró que el presidente Santos accediera a enviar a Venezuela al narcotraficante preso en Colombia, Walid Makled, para evitar su entrega al FBI y la DEA y que mostrara las pruebas filmadas contra los narcogenerales que tenía en su nómina. Chávez protegió a sus hombres cuando el Departamento del Tesoro los implicó en actividades de narcotráfico: Henry Rangel Silva, Cliver Alcalá Cordones, Néstor Reverol, Hugo Carvajal, Ramón Rodríguez Chacín, entre otros, sin olvidar a “Diosdado somos todos”. Mientras Maduro no se caiga de la silla coja que lo mantiene tambaleante en Miraflores, permanecerán blindados. ¡Alegría de tísicos!

Darse el vuelto

Recrudece el interés por la administración del multimillonario Fondo Nacional Antidrogas, que recauda 1% de la ganancia neta de las empresas para ser empleado en la lucha antidrogas. El ex ministro del Interior general González López le había declarado una guerra a muerte al general Irwin José Ascanio Escalona, presidente de la ONA, que también administra el FONA, por dilapidación de los recursos y el destino dado a los bienes muebles e inmuebles incautados por los organismos de seguridad (GNB Y Cicpc). Según fuentes de inteligencia, Ascanio asignó esos bienes (aviones, vehículos, lanchas, yates, ganado y dólares) a sus allegados, cuando deberían ser empleados en la lucha antidroga. El ex ministro González López estaba convencido de que esos fondos iban a parar a las arcas del ex ministro Rodríguez Torres. El actual ministro, general Néstor Reverol, que además es miembro del Consejo Directivo de Administración y Exoneración de Bienes Asegurados e Incautados, Confiscados y Decomisados, le ha puesto el ojo al suculento fondo.

 

@AliasMalula

El Nacional

De cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado venezolano

@loremelendez

“Nadie sabía muy bien qué esperar de aquel encuentro; sólo que los narcos se habían infiltrado en el Gobierno, que la vida pública que conocían había sido desafiada abiertamente, y que habría algún tipo de ‘duelo al sol'”.

Mark Bowden, Matar a Pablo Escobar (Killing Pablo)

EL DIBUJO DE LA CORTE dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente a ellos, un juez estadounidense, trajeado con su toga, leía los cargos que les imputaba el país norteamericano. “Conspiración para llevar cocaína a los Estados Unidos” dictaba su señoría en aquella primera audiencia a la que se sometían Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, luego de que funcionarios de la Drug Enforcement Administration (DEA) los detuvieran, presuntamente, en un aeropuerto de Haití.

El arresto de los sobrinos marcó un hito en la historia de Venezuela. Por primera vez, familiares del Presidente se veían envueltos en un caso de narcotráfico que era, además, llevado por la justicia internacional. 

Lo sucedido se suma a una serie de hechos, registrados en los últimos diez años, que muestran cómo figuras pertenecientes a los poderes públicos, al ala militar y a los cuerpos de seguridad del Estado se han involucrado de una u otra manera en el flagelo del tráfico de drogas. Un repaso a estos eventos lleva a preguntar si a Venezuela le cabe ya el epíteto de “narcoestado”.

El parecido

La palabra narcoestado no aparece en los diccionarios de lengua española. Su definición es, en realidad, una concepción difusa. Sin embargo, ha sido este el término con el que se ha “calificado” informalmente a los países en donde el tráfico de drogas se ha infiltrado dentro de las estructuras de gobierno y demás instituciones públicas, como ocurrió en Colombia en la década de los ochenta, cuando el poder de Pablo Escobar alcanzó a Medellín y al Congreso colombiano; como sucede actualmente en México, donde militares, legisladores y gobernadores se han visto vinculados a los cárteles que operan en la nación; o como pasa hoy día en Guinea Bissau, el país africano que no ha podido frenar el tráfico de drogas por carecer de un entramado institucional que lo permita. A Venezuela también se le ha señalado varias veces con este vocablo.

De acuerdo con el informe 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), una de las características del narcoestado que impera en Guinea Bissau, a donde por cierto arriban aeronaves cargadas de droga desde Venezuela, es la nulidad de sus esfuerzos por evitar el narcotráfico. Se trata de una administración que ignora la magnitud del problema y luce fácilmente abatible por el poder que pueden acumular los narcos o sus colaboradores.

Bajo esta luz, Venezuela podría considerarse un prospecto de narcoestado. La eliminación en agosto de 2005 del acuerdo con la DEA para frenar esta actividad -luego de que el presidente Hugo Chávez afirmara que los agentes de la organización que estaban en el país pretendían espiarlo- puso en entredicho la lucha de la nación contra el tráfico de estupefacientes.

Cinco años después, en 2010, la Casa Blanca reveló un dato que golpeó todavía más la reputación de Venezuela en esta área. Un informe de ese año indicó que entre 19% y 24% de la cocaína que se distribuía en el mundo pasaba por el territorio nacional. En Suramérica, el país sólo fue superado por Colombia, que es el gran productor de esta droga.

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Mapa incluido en el Informe 2010 sobre contrabando de cocaína

El paso de los años no ha hecho más que acrecentar las dudas sobre Venezuela y su posición frente al flagelo. La consolidación e incremento de rutas aéreas que parten desde el país para transportar drogas hacia Centroamérica, el Caribe y África, hace pensar que el número de incautaciones, así como la eliminación de pistas clandestinas o la captura de miembros o cabecillas de importantes carteles internacionales -todos presentados como logros en los informes anuales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)- son insuficientes al momento de mostrar cifras irrefutables sobre el combate al narcotráfico.

El más reciente Informe Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que Venezuela es uno de los países con mayor de tráfico de droga debido a su “porosa frontera oeste con Colombia, su débil poder judicial, su esporádica cooperación internacional en la lucha contra en narcotráfico y su ambiente permisivo y corrupto”.

El documento también critica los escasos esfuerzos que ha hecho el gobierno para depurar y castigar a quienes se involucran en esta actividad. “El gobierno venezolano volvió a fallar al no tomar medidas contra funcionarios de su gobierno y militares de su país que sabe que están vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ) y otras organizaciones de tráfico de drogas”, dice el documento.

Hay otras consideraciones sobre el narcoestado. La Unodc apunta, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus funcionarios en Perú, que este término se aplica también a aquel territorio con instituciones débiles que promueven la impunidad y que, de paso, se compromete con el narcotráfico.

Esta característica también podría atribuírsele a Venezuela si se toma en cuenta que varios uniformados del país han sido incluidos en la “Lista Clinton”, nombre que se le da al documento que agrupa a empresas y personas vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo, elaborada y publicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar y actual candidato a la Asamblea Nacional en Monagas; Henry Rangel Silva, exdirector de la DISIP y ahora gobernador de Trujillo; y Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores y Justicia y actual gobernador de Guárico, destacan entre los mencionados.

Pero además de los miembros de esta lista negra, están aquellos que se han visto salpicados por sus lazos con Walid Makled, alias “El Turco”, el narcotraficante que operaba desde Puerto Cabello. Los nombres de Luis Felipe Acosta Carlez, quien fue gobernador de Carabobo cuando surgieron las denuncias contra “El Turco”, del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, el del actual gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y de varios jefes militares quedaron involucrados en sus negocios luego de que fuesen mencionados en varias entrevistas y declaraciones ante tribunales.

2015 y los últimos casos

Entre los nombres mencionados por Makled está el de Néstor Reverol, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana que protagoniza el último gran escándalo de droga y Estado. El 15 de diciembre, Reuters y The New York Times confirmaron que el general es investigado en Estados Unidos por su vínculo con el tráfico de estupefacientes. Aunque aún se desconocen los cargos, su nombre aparece en una imputación que debe ser revisada por una Corte de Nueva York.

El hecho ha desatado una serie de declaraciones en favor del uniformado. Desde la Presidencia de la República, pasando por el Ministerio de la Defensa, hasta llegar a los cuerpos de seguridad del Estado, se ha dicho que Reverol es el objetivo de una “campaña de descrédito” contra las Fuerzas Armadas venezolanas y sus líderes.

La relación de Reverol con este delito no es casual. Desde su posición, es él el encargado de salvaguardar la “porosa frontera” por donde pasan, según Washington, toneladas de drogas desde Colombia hacia Venezuela. Además, los medios estadounidenses indicaron que, en lugar de combatir el narcotráfico, el militar ha recibido pagos de organizaciones criminales que debería perseguir, ha alertado a los capos sobre “cuándo y dónde se iban a llevar a cabo” operativos en su contra y presuntamente ha impedido que varias investigaciones continúen su curso regular.

Cuando Makled mencionó a Reverol, este era el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, cargo que también ocupaba cuando Aponte Aponte lo calificó como uno de los “zares” de la droga en Venezuela junto a Clíver Alcalá Cordones, actual jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército.

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Pero allí no termina la polémica. Durante este año se conoció, a través de medios internacionales, que El Aissami y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, también eran investigados en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas. Leamsy Salazar, antiguo escolta de Chávez y Cabello, denunció al gobernador y al parlamentario luego de haberse convertido en un testigo protegido de la DEA.

El último caso que mezcla droga y poder es el del holandés Jeroen van den Elshout, -señalado por la DEA por narcoterrorismo, tráfico de drogas y financiamiento a las FARC-quien fue apresado este 16 de diciembre por la policía judicial de Turnhout, en Bélgica. Se trata del esposo de Samantha Hazell, quien es a su vez hermana del conocido animador Winston Vallenilla, actual presidente de la televisora estatal Tves. De acuerdo con medios de Países Bajos, el detenido preparaba un cargamento de miles de kilos de cocaína que terminarían en este territorio.

¿Narcoestado, narcorégimen o Estado delincuente?

A pesar de la cantidad de nombres de funcionarios públicos envueltos en casos de narcotráfico, los expertos en el área descartan que Venezuela pueda ser definida como un narcoestado. Para ellos, el problema da pie a otras concepciones sobre lo que ocurre en el país.

“Hablar de un narcoestado para caracterizar lo que está pasando en Venezuela puede ser un error. Hay un problema de Estado fallido porque no se satisfacen las necesidades mínimas de la población. Hay un Estado forajido porque no se cumplen las leyes ni los tratados internacionales, y el Poder Judicial se ha convertido en una maquinaria de corrupción. Todos los fiscales facilitan la impunidad de la delincuencia organizada en Venezuela, todas forman parte de ese entramado corrupto. El Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente”, señala Carlos Tablante, exparlamentario, exgobernador de Aragua y exministro antidrogas.

Para Tablante, el tráfico de drogas se ha visto fortalecido por estar enlazado con la corrupción, la cual se ha insertado en todas las instituciones para proteger a los verdaderos delincuentes. “Hay una estructura delictiva tan fuerte que el tema de las drogas quedó con unos operadores que se fueron moviendo en el entramado del Estado (…) El dinero de la corrupción se ha mezclado con el de la droga, en el Estado delincuente todo termina en una gran licuadora”, asegura.

A esta apreciación se suma la del sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno. “No tenemos un estado criminal, tenemos el crimen que se ha convertido en un Estado”, comentó en un reportaje publicado por el Financial Times.

La exjuex y expresidenta del Consejo Nacional contra el Consumo y Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, tampoco tilda a Venezuela de ser un narcoestado. Prefiere añadirle el adjetivo de narcorégimen.

En una entrevista publicada el año pasado, Camero afirmaba que en el narcorégimen son “los funcionarios públicos los que utilizan las instituciones del Estado para hacer negocios en materia de drogas”, mientras que en el narcoestado, el “Estado vive para la droga y su vida política y social” depende de esta actividad. Colombia y México, a pesar de los señalamientos, aún no han sido considerados como tal por las autoridades.

“Si se llega a determinar que el gobierno venezolano ha pactado con las FARC para obtener ganancias del negocio de la droga sería lo más grave y bajo que ha pasado en el país”, comentó en aquella entrevista.