LA ALTA COMISIONADA para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet publicó el informe sobre la situación de Venezuela. 

En el informe, que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó que fue la corrupción, el desvío de recursos y la falta de mantenimiento las causantes de la crisis venezolana. Aunque alertó que las sanciones pueden agravar la situación de emergencia que atraviesa el país, deja bastante claro que el empeoramiento de la calidad en Venezuela empezó mucho antes de las restricciones impuestas por Estados Unidos y otros países de Europa.

Bachelet estuvo de visita durante tres días en el país y se reunió con distintos líderes políticos de Gobierno y oposición, además de organizaciones no gubernamentales y víctimas de violación de Derechos Humanos. 

Son cuatro los puntos claves del informe publicado por la Alta Comisionada, en donde refleja que el derecho a la alimentación, salud, libertad de expresión y los Derechos Humanos son vulnerados por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Además recomendó de forma inmediata a disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) «y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas».

Presentamos los puntos más destacados del informe del Alto Comisionado:

Derecho económicos y sociales

En el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se refleja que la crisis económica se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. La economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción de las exportaciones de petróleo. 

Aunque el Gobierno ha decretado varios aumentos de salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se le puede considerar como un salario de subsistencia. 

El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida. Aunque el Gobierno afirmó que destina 75% de su presupuesto a la inversión en el área social.

Derecho a la alimentación

El programa de asistencia alimentaria, conocida como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. 

Los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces al día y que consumían pocas proteínas y vitaminas.

Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo.

Derecho a la salud

Los familiares de los pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad como agua, guantes e inyectadoras.

Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100%. La tasa de embarazos adolescentes se ha incrementado en un 65% desde 2015.

Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. 

Programa y políticas sociales

El ACNUDH recabó testimonios de mujeres, incluyendo lideresas sociales, amenazadas por otros líderes comunitarios y por grupos armados civiles pro-gubernamentales y excluidas de los programas sociales.

Medidas coercitivas unilaterales

La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y una congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo altos funcionarios de Gobierno, o embargo de armas.

La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el BCV el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017.

Libertad de opinión y expresión

En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independiente. 

Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que tienen acceso a Internet. 

Represión selectiva y persecución por motivos políticos

Las instituciones responsables de la protección de los Derechos Humanos, como la Fiscalía General, jueces y Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.  

Los medios de comunicación oficiales difunden la retórica de que la oposición y activistas de DDHH son”traidores” y “agentes desestabilizadores”. Por ejemplo, a través del programa televisivo “Con el mazo dando”, presentado por el presidente de la ANC. 

El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. 

Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos

Se somete a mujeres y hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana y degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad.

Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social. 

Acceso a la justicia y reparación adecuada para las víctimas

En el informe, el gobierno reconoce que existe un problema con el acceso a la justicia en la mayoría de los casos donde se violaron los derechos humanos  y pidió al ACNUDH que les ayude a resolver el problema. 

La falta de independencia de los poderes y la corrupción en el poder judicial son obstáculos a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.

El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. 

Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia política que tuvo lugar entre 1999 y 2017. 

Grupos en situación de riesgo

La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas. La militarización por parte del Estado ha provocado violencia e inseguridad con la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados. 

La extracción de minerales en los estados Amazonas y Bolívar y ha fomentado violaciones de diversos derechos colectivos como el derecho a mantener las costumbres, modos de vida y tradiciones. También ha generado daños ambientales proliferación de enfermedades como el paludismo producto de la contaminación. 

En el estado Bolívar, las comunidades Pemón que se oponen al Gobierno, en particular las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado. El ACNUDH documentó siete muertes de indígenas en circunstancias violentas en 2019. 

Personas migrantes y refugiadas

El número de personas que se ha visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado drásticamente desde 2018, alcanzando alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. 

Violaciones al derecho a la alimentación y la salud son los motivos principales de los venezolanos para abandonar el país. Otros son la violencia, la inseguridad y el colapso de los servicios públicos. 

Los venezolanos también se enfrentan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad.