letalidad policial archivos - Runrun

letalidad policial

Cinco años Monitor de Víctimas: ¿Por qué hubo una disminución de los homicidios en Caracas?
La periodista Ronna Rísquez puntualizó que hubo una especie de «mutación del crimen», pues el «hampa común» fue convirtiéndose en «megabandas» y empezaron a ser lo que se conoce como «crimen organizado»
La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %

Monitor de Víctimas, plataforma que analiza las cifras de homicidios en Caracas, reveló en su quinto informe anual que desde en 2022 hubo una disminución de los homicidios en Caracas y cuáles son las razones que explican esta situación. 

Durante una transmisión en vivo  en Twitter,  Ronna Rísquez, periodista de investigación y cofundadora de Monitor de Víctimas; Andrea Chacón, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de Reacin; y María Irene Barreto, coordinadora de Monitor de Víctimas por Mi Convive analizaron estas cifras

 

Monitor de Víctimas es una iniciativa periodística que nace en Runrun.es, la cual busca solventar la censura oficial de las cifras de homicidios en Caracas desde el año 2017.

En estos cinco años, la iniciativa se expandió y también abarca Táchira, Zulia, Sucre y Lara.

Hipótesis sobre la disminución de los homicidios

La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %. «Eso quiere decir que pasamos de una tasa de 40,3 muertes violentas en Caracas por cada 100.000 habitantes a una de 9,3 en 2022», dijo.

Sin embargo, puntualizó que todavía no se puede decir que en Venezuela la situación ha mejorado.

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez señaló que a partir del año 2018 se comenzó a ver un cambio en la dinámica de los homicidios, pues la mayoría «no lo cometían los delincuentes, sino que eran responsabilidad de los cuerpos de seguridad».

«Aunque se ha dado una reducción de homicidios, la reducción no ha sido proporcionalmente igual en el caso de las mujeres. No hay una reducción en cuanto a los femicidios», añadió Rísquez.

También puntualizó que hubo una especie de «mutación del crimen», pues el «hampa común» fue convirtiéndose en «megabandas» y empezaron a convertirse en lo que se conoce como «crimen organizado».

«Estos cambios afectan la dinámica de los homicidios de zonas urbanas como Caracas. No es que desaparecieron, sino que están operando los lugares. Estos grupos ahora se enfocan más en sus negocios criminales y mercados ilícitos. Muchos de ellos se han expandido a otros países, no solo a zonas fronterizas», señaló.

 

Además, señaló la incidencia de la migración que, aunque no se conocen cifras concretas de la misma, tiene un peso en la disminución de los homicidios.

Ejecuciones extrajudiciales

Uno de los móviles que sorprende en el informe de Monitor de Víctimas son las ejecuciones extrajudiciales y casos registrados como «resistencia a la autoridad», un término creado por las autoridades para justificar estos homicidios.

«Tenemos 1.739 casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales solo en Caracas en cinco años», señaló Ronna Rísquez.

Recordó el caso de la masacre de la parroquia La Vega, ocurrida en el año 2021. «Quedó como en un limbo porque no se sabía cuántas personas habían muerto», dijo.

Ante esa situación, explicó la periodista, Monitor de Víctimas se dedicó «a confirmar con testigos y familiares que estas personas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales».

Chacón señaló que por distintos factores, como la presión internacional, los operativos policiales también cambiaron su dinámica de ejecuciones extrajudiciales.

«Ahora en vez de matar a 100 muchachos, quizás mataban a 20 o 15 en operativos muy focalizados y respondían a eventos muy particulares (…) El cambio de estrategia fue por la reacción internacional y pudo haber contribuido a tener un número menor de muerte pero que no deberían estar ocurriendo», señaló Chacón.

 

Presencia de colectivos y bandas armadas

La periodista Ronna Rísquez señaló que los dos municipios más violentos de Caracas son Libertador y Sucre y que las parroquias con más casos de homicidios «son las que tenían o que tienen presencia de colectivos y bandas armadas».

De acuerdo con Rísquez, estos grupos «ejercen gobernanza criminal en los sectores donde están» a la par que controlan el territorio y dominan a la población.

«No creemos que sea una cosa casual el hecho de que los sitios donde hay presencia de colectivos y megabandas es donde presentamos la mayor cantidad de homicidios», resaltó.

Aumento de femicidios

La socióloga Andrea Chacón señaló que aunque las mujeres no son la mayoría en los porcentajes de las víctimas, cuando se habla de violencia de género, se encuentran «algunas dinámicas interesantes».

Las mujeres víctimas de femicidios, explicó Chacón, mueren en edad productiva, entre los 15 y 39 años y la mayoría de esas muertes «ocurren en sus viviendas y en manos de personas conocidas».

A partir de la llegada de la pandemia y con ello, el confinamiento, según Chacón, «se cometieron mucho menos actividades delictivas».

Sin embargo, lo anterior, «no quiere decir que dejó de haber violencia, por ejemplo, en la casa».

«Cuando revisamos los casos de la violencia de género, hay un aumento de casos», añadió Andrea Chacón.

En cuanto a los victimarios, en general, «son las parejas o personas que están muy relacionadas a las víctimas», señaló la socióloga Andrea Chacón.

Huérfanos de la violencia

Entre 2017 y 2022, Monitor de Víctimas documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes.

Una investigación de la plataforma, que se publicó en agosto de 2023 con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (Capir), reveló a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela.

 

Sobre los huérfanos de la violencia, durante el Twitter Space, Ronna Rísquez explicó que desde la plataforma periodística querían saber cuántos huérfanos había.

«La mayoría de las víctimas están en edad productiva y de tener hijos (…) Nos preguntábamos qué pasa con esos niños que quedan sin padres. Nos hemos dedicado a registrar la cantidad de niños huérfanos que han quedado producto de la violencia», explicó.

Sobre estos niños, niñas y adolescentes, Rísquez señaló que «no reciben ningún tipo de asistencia psicológica ni del Estado» y «en muchos casos han perdido a su madre porque muchas han tenido que emigrar para buscar el sustento».

A su vez, María Irene Barreto indicó que entre las cifras que tiene Monitor de Víctimas, «la cantidad de huérfanos es similar o incluso mayor a la cantidad de muertes registradas».

Barreto explicó que muchos de estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a zonas donde hay altas tasas de natalidad y las familias tienen varios hijos. «Hay víctimas que han dejado hasta cinco o seis hijos», dijo.

Podcast |  Los huérfanos de la letalidad policial, el asilo en los Estados Unidos y la violencia política contra opositores
En el episodio 229 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

“La generación que perdió el sueño: los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela» es el especial de investigación que presenta #MonitorDeVíctimas en Runrun.es esta semana. Este trabajo busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar

En El Pitazo destacan el trabajo «Abogado migratorio en Estados Unidos: “El problema es pensar que el asilo lo resuelve todo”. El abogado, asesor en Derecho migratorio y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Juan Antonio Lozada, expuso en un Twitter Space de El Pitazo que muchas personas se dejan llevar por la idea de que el asilo es su única alternativa para vivir en EE. UU., sin antes evaluar otras opciones que pueden acabar de manera positiva

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Violencia política contra opositores: un eslabón más de un patrón sistemático». Ángel Álvarez, politólogo, enfatiza que no puede hablarse de un escalamiento de la violencia política en el país, con los recientes ataques a candidatos opositores a las primarias, cuando ha sido una constante en las últimas dos décadas. Piero Trepiccione señala que los incidentes de violencia están asociados a ciertas narrativas que tratan de «convertir el torneo electoral en un torneo de muchos riesgos»

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Control Ciudadano registra más de 100 muertos a manos de policías y militares entre abril-mayo de 2023
Para el mes de mayo, repitieron la PNB, la GNB y el CICPC como los órganos más letales en la práctica de ejecutar presuntos delincuentes

 

La ONG Control Ciudadano informó que entre abril-mayo de 2023 se registraron 105 muertos a manos de policías y militares, en operaciones que se desarrollaron en 17 entidades federales del país.

Mediante un monitoreo mensual que realiza la ONG, se logró determinar que en los referidos meses la cifra de muertos por violencia policial y militar aumentó en comparación con el mismo período pero en el año 2022, cuando se ubicó en 100 fallecidos. 

En el estudio que realizó Control Ciudadano en el mes de abril, aparecen el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como los cuerpos de seguridad más letales con el mayor número de ejecuciones extrajudiciales realizadas. 

Para el mes de mayo, repitieron la PNB, la GNB y el CICPC como los órganos más letales en la práctica de ejecución de presuntos delincuentes.

Un dato revelador del estudio de Control Ciudadano es que tres mujeres murieron a manos de policías y militares. 

En el siguiente gráfico se puede observar los muertos por estado a manos de policías y militares entre abril-mayo de 2023 de acuerdo con los datos de Control Ciudadano.

 

 

Llamado al Ministerio Público

Control Ciudadano señala que en la mayoría de los casos se desconoce si las “muertes por enfrentamiento” fueron remitidas al Ministerio Público, paso necesario para que se inicien las investigaciones y determinar la legalidad del uso de la fuerza mortal por parte de los órganos de seguridad del Estado.

«La falta de información sobre las remisión de los casos ante el despacho del Fiscal General de la República, contribuye a que persista la percepción ciudadana de que los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados, a pesar de que la mayoría de los casos  tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales», indicó Control ciudadano

La ONG hizo un llamado al al Ministerio Público para que  todos los casos donde se presume que hubo violencia policial y militar se investiguen, se determinen responsabilidades y se publiquen estadísticas. 

#MonitorDeVíctimas | Venezuela roja: breve cronología de la violencia policial en Venezuela
Un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está asesinando a mansalva su presente

 

@miconvive

Venezuela se ha caracterizado históricamente por la implementación de operativos policiales que buscan abordar la violencia y que progresivamente resultan en violaciones de derechos humanos.

La “Operación Vanguardia” en el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974); el “Plan Unión” en la presidencia de Luis Herrera Campíns (1981); el “Acto Seguridad 84” implementado en la gestión de Jaime Lusinchi (1984-1989) o la creación, en los años 90, de los grupos de la Policía Metropolitana, conocidos como “Pantanero” y “Fénix”. Todos fueron planes de seguridad donde, en teoría, se buscaba prevenir y disminuir la violencia. Pero existieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a civiles, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza letal.

Durante esos años, según cifras del Ministerio Público y otras fuentes, hubo una tasa promedio de letalidad policial que se mantuvo por debajo de 4 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras se elevarían de formas alarmantes luego de 1999, con la elección presidencial de Hugo Chávez: luego de su toma de poder, el país empezaría un proceso de cambios estructurales a nivel institucional, político y socioeconómico. En el marco de la prevención y reducción de violencia, el foco del gobierno de Chávez fue, en los primeros años, brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables y limpiar a los cuerpos policiales de las creencias colectivas de represión y abuso que arrastraban de décadas pasadas, resultando en una limitación de funciones y capacidades de actuación de estos (Briceño León, 2007).

Letalidad policial como política de Estado

Esto resultó en un ascenso de los índices de impunidad y de violencia homicida en el país −en específico en los años 2005 y 2006−: mientras que para 1998 por cada 100 homicidios había 118 arrestos, entre 2006 y 2009 hubo 8 arrestos por cada 100 homicidios. Naturalmente, se pensaría que estas limitaciones resultarían en instituciones policiales menos violentas y más mesuradas en términos de fuerza letal. Paradójicamente, la realidad fue que para el año 2003 hubo un aumento significativo en las tasas de letalidad policial (9 homicidios de la policía por cada 100.000 habitantes) y que, si bien en años posteriores disminuirían, Venezuela empezó a figurar entre los países con mayores índices de violencia policial de la región.

Ante esto, la respuesta de las autoridades de justicia fue la creación, en 2006, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). Esta iniciativa buscaba proponer una reforma integral de la legislación en materia de seguridad y establecer la preservación y protección de la vida como objetivo fundamental. Sin embargo, ni los altos cargos de gobierno ni los cuerpos policiales adoptaron dichas recomendaciones, por lo que su implementación no tuvo el impacto esperado. 

En el año 2008, el expresidente Chávez −a través de leyes habilitantes− realizó un decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, marcando así el nacimiento del nuevo modelo policial basado en la reforma. Para ese año, PROVEA registraría un aumento de 146 % en el número de personas asesinadas por policías o militares con respecto al 2007.

Posterior a la primera década del siglo XXI, caracterizada por el intento de reforma y los aumentos de las cifras de letalidad policial, en el año 2010 se implantaría un nuevo operativo policial con la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual iniciaría un proceso de encarcelamiento masivo, dejando como consecuencia un incremento significativo en la población carcelaria que pasaría entre los años 2009 y 2011 de 30.483 reclusos a más de 50.000; la mayoría de los casos siendo jóvenes de sectores vulnerables entre 18 y 29 años arrestados por crímenes menores como consumo o microtráfico de drogas.

La saña de las OLP

El año 2015 se caracterizaría por el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales eran operativos policiales compuestos por diferentes instituciones policiales que, en teoría, buscaban luchar contra el crimen y las guerrillas, pero en la práctica incursionaban en sectores populares y cometían violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza traducido en ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Las OLP se diferenciaron de otros operativos policiales antes implementados en términos de letalidad policial, superando a todos en cifras y extensión. Esta transformación de una política dedicada a encarcelar masivamente a una donde la letalidad policial aumentó de forma dramática está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder (Zubillaga y Hanson, 2018) 

La letalidad policial está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder.

Y llegan las FAES

Según investigaciones del Ministerio Público de aquel momento, las OLP dejaron un saldo de 505 homicidios entre julio del 2015 y marzo del 2017. Si bien las denuncias de múltiples organismos internacionales y ONG locales obligaron a la administración de Maduro a desmantelar las OLP, el gobierno mantuvo la misma dinámica de represión y coacción a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en abril del 2016 y presentado en julio 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

Según cifras de Monitor de Víctimas, desde al año 2017 −año de creación de las FAES− hasta el 2021 se han registrado un total de 1513 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de Caracas, lo que supone el 36 % del total de homicidios en esos 4 años. De estos, 708 corresponden al accionar de las FAES.

Las cifras de letalidad policial en Venezuela no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. 

Este uso excesivo de la fuerza en operativos policiales es una práctica que se remonta a décadas pasadas de la historia del país. Sin embargo, las cifras actuales no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. El deterioro institucional, las limitaciones formativas y las políticas de intimidación han configurado un contexto donde parece que la violencia policial la única forma de contención para la delincuencia y la seguridad en el país, afectando directamente a los jóvenes de las zonas más populares de la ciudad, privándolos del progreso y libre desenvolvimiento, quitándoles las posibilidades y creando un contexto de miedo permanente en las comunidades.

El poder del miedo

La actual crisis de seguridad en el país, caracterizada por las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no es más que el reflejo de una política de seguridad ciudadana que busca sedimentar, a través del miedo y el silencio, el control del gobierno de forma prolongada.

Si bien en décadas pasadas ya existía la presencia de operativos policiales que violaban derechos humanos, las cifras se han incrementado de forma dramática, sin mayor pena o vergüenza, con el fin social de coaccionar y erradicar las expectativas de las poblaciones más vulnerables del país.

Que los jóvenes sean las principales víctimas y los policías los principales victimarios establece un contexto donde los jóvenes de zonas populares crecen con el miedo de ser ejecutados de forma espontánea por la policía. Esto crea un sentimiento de desconfianza generalizado y promueve estrategias de resguardo, como emigrar a temprana edad sin estudios que los respalden o la inclusión en organizaciones criminales que les hagan frente.

Está comprobado que las políticas de “mano dura” no previenen ni reducen la violencia de forma efectiva. Más bien sedimentan los ciclos de violencia, creando una narrativa colectiva de desconfianza en las instituciones de justicia del país. El abordaje de la violencia debe ser coherente, tomando en cuenta los factores estructurales que promueven el involucramiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en actividades delictivas.

La falta de oportunidades, los pocos incentivos a estudiar y las limitaciones de ingreso que padece la gran mayoría de las familias venezolanas, son algunas de esas limitaciones; un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está condicionando negativamente su futuro y asesinando a mansalva su presente.

CLAVES | Los hallazgos más relevantes del informe anual de Monitor de Víctimas
Durante el año 2020, en la ciudad de Caracas se contabilizaron 599 homicidios, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas
En el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas durante los nueve meses analizados. El municipio más violento fue Iribarren
El informe anual de Monitor de Víctimas determinó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas

@Andrea_GP21

 

Este martes 27 de julio el equipo de Monitor de Víctimas, iniciativa de Runrun.es y la ONG Caracas Mi Convive, presentó su informe sobre los homicidios en Caracas y Lara durante el año 2020.

“Pandemia, gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia”, fue el nombre del informe, que refleja las características de la violencia homicida en 2020, periodo que estuvo marcado principalmente por las medidas de restricción ante la pandemia de COVID-19 y la escasez de gasolina.

En la presentación participaron varios ponentes como Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas; Manuel Parejo y Héctor Navarro por Caracas Mi Convive; Lorena Meléndez, periodista de Runrun.es; Liz Gascón, periodista del estado Lara; y como invitada especial la profesora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares.

De acuerdo con los hallazgos del informe de Monitor de Víctimas y en el caso de Caracas, el perfil de la víctima común son jóvenes entre 15 y 29 años, quienes no tienen servicios básicos, acceso a educación ni oportunidad de involucrarse en mercados laborales, lo cual “empeora la manera en que se comporta la violencia en el país”, explicó Héctor Navarro.

La violencia en Caracas

La periodista Lorena Meléndez ofreció un balance sobre las cifras de víctimas de la violencia que registró la ciudad capital durante el periodo estudiado.

La comunicadora inició su ponencia recordando el caso de Bryan Onel Cedeño Rengifo, de 24 años, quien fue asesinado en el Barrio José Félix Ribas de Petare el 8 de mayo de 2020.

Meléndez recordó que a Cedeño Rengifo lo mataron los cuerpos de seguridad durante un operativo policial en el que se buscaba a presuntos integrantes de la banda delictiva del “Wilexis”. Aunque familiares desmintieron que el joven estuviera vinculado con este grupo criminal, funcionarios de seguridad del Estado lo asesinaron porque supuestamente era uno de los miembros.

En ese contexto, la comunicadora expresó: “Conseguimos familiares que están denunciando que los muchachos que matan no tienen nada que ver con delitos o no estaban cometiendo delitos en ese momento, sin derecho a defenderse, ni a hablar o ser arrestados”.

Móvil de las muertes

La comunicadora detalló que en Caracas se contabilizaron 599 muertes durante el 2020 que estuvieron relacionadas con la violencia, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. 

De esas muertes, 204 son adjudicadas a la letalidad policial / ejecuciones extrajudiciales, por lo que este se convierte en el móvil principal de las muertes violentas en Caracas.

Además, citando al informe de Monitor de Víctimas, Meléndez señaló que el segundo móvil de las muertes violentas fue el robo, con 93 víctimas; ajuste de cuentas o venganza, con 73; riñas o peleas, con 50; violencia de género, con 17; enfrentamiento entre bandas, con 15; balas perdidas, con 14; entre otros.

 

Señala además que, lejos de creer que por las restricciones de la pandemia se redujo la violencia, durante la primeras semanas de cuarentena los homicidios se incrementaron. 

En ese sentido, explicó que durante el primer trimestre, antes de que la administración de Nicolás Maduro decretara la cuarentena, hubo 51 homicidios. Más adelante, entre la mitad de marzo y principios de junio, se contabilizaron 63 víctimas, en lo que fue el periodo más letal del año.

Mientras que en el siguiente trimestre se contabilizaron 56 víctimas. En conclusión, Meléndez consideró que “había mayor letalidad policial mientras había cuarentena radical”.

Letalidad policial por parroquias

En este caso, la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda registró la mayor cantidad de víctimas con 46 homicidios, seguida de la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, con 31 asesinatos en el periodo estudiado.

Según Meléndez, a través de las investigaciones, se determinó que las fuerzas de seguridad del Estado más represivas fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La violencia en Lara

Para detallar las cifras de violencia en esta entidad, que también estudia Monitor de Víctimas, tomó la palabra la periodista Liz Gascón, quien detalló que durante los nueve meses analizados se contabilizaron 201 muertes violentas en el estado Lara y el municipio más violento fue Iribarren.

Además, Gascón explicó que, entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, según el informe, se totalizan 151 víctimas de la letalidad policial, asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.

Detalló además que, en promedio, hubo 23 homicidios por mes; y  en 7 de cada 10 casos, solo hizo falta una bala para acabar con la vida de las víctimas, las cuales eran, en su mayoría,  jóvenes en edad productiva.

 

“El equipo de Monitor de Víctimas pudo constatar que las muertes a manos de los cuerpos de seguridad en Lara tienen los mismos patrones de actuaciones que los ejecutados en el Distrito Capital”, reza parte del informe.

Los siguientes móviles de muertes detectados por el Monitor de Víctimas en Lara que aparecen en el informe y fueron citados por Gascón son el robo, ajuste de cuentas, riña, bala perdida, abuso o maltrato infantil, violencia de género y linchamiento.

Búsqueda de Santanita

La periodista también explicó que 30% de las ejecuciones extrajudiciales registradas en los nueve meses analizados fueron justificadas con el argumento de la búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, y líder de una banda que es señalada de estar presuntamente vinculada con alias “Niño Guerrero”, líder de la megabanda el Tren de Aragua.

Además, señaló que 89% de los homicidios vinculados a Santanita ocurrieron en el municipio Iribarren. Una de las víctimas fue el propio padre del presunto delincuente, quien fue asesinado en una vivienda. 

Sobre este hecho, la familia descartó que el padre de “Santanita” estuviera relacionado con alguna banda o que tuviera algún contacto reciente con él.

 

Masacre en Torres

La periodista Liz Gascón hizo referencia al caso del asesinato de seis personas en la finca La Polonia, del caserío Cerro Alto del municipio Torres, que está identificado como un ajuste de cuentas o venganza.

Tres niños y tres adultos de una misma familia fueron asesinados por el agricultor. Jesús Concepción Arriechi Carrasco, señalado como el presunto homicida. El hombre había sido despedido un año antes por el propietario de esas tierras por quedarse con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cosechado en el lugar.

Un año después, Arriechi volvió a la finca y mató a machetazos al propietario del lugar, Octaviano Antonio Serrano Vargas, de 60 años, junto a su hermano, Noval Ramón Serrano Vargas, de 44 años; su cuñada, Liliana Rafaela Mavare Colmenárez, de 44 años, y tres sobrinos de 6, 8 y 14 años de edad, el sábado 28 de noviembre de 2020, en horas de la tarde.

Mujeres vulnerables

Héctor Navarro, integrante de Caracas Mi Convive, explicó que la mujer se ha convertido en “una víctima completamente vulnerable ante las autoridades”, al señalar que no existen mecanismos de prevención, reducción de la violencia ni investigación de los hechos.

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro.

Asimismo, indicó que se analizaron las víctimas femeninas de violencia a partir del análisis de tres factores: tipo de arma, victimario y el contexto del homicidio.

También, se realizó el test del chi-cuadrado, que compara los casos observados con la distribución esperada que deberían tener los datos cuando no existe asociación. Además, establece si las categorías son independientes.

 

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro durante su intervención.

De acuerdo con el informe de Monitor de Víctimas, durante el 2020 se contabilizaron 52 asesinatos de mujeres y la mayoría de las víctimas fue asesinada por su condición de ser mujer.

En este sentido destacó el femicidio de Carla Ríos, de 39 años, quien fue asesinada por su pareja. En este caso, la víctima había denunciado previamente a su agresor, pero no hubo justicia que la protegiera y esa situación facilitó que el agresor consumara el crimen. 

 

De igual forma, el texto detalla que las mujeres tuvieron limitaciones para denunciar o pedir ayuda durante la cuarentena, a lo que se le suman las fallas en el servicio eléctrico, de internet y de telefonía móvil que disminuyeron las posibilidades de ayuda para las afectadas.

“Estos obstáculos traen como consecuencia que las mujeres desistan en la búsqueda de justicia y esta situación solo favorece al agresor. Pero además, y lo que es más grave, incide en el incremento de los femicidios”, explica el informe.

Niños huérfanos por la violencia

La periodista Lorena Meléndez puntualizó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas.

Citando al informe, precisó que 57,95 % de los huérfanos de la violencia se concentra en las parroquias Petare, Sucre, La Vega, Antímano y Coche. Además, se detalla que solo en la parroquia Petare, 24,77 % de los niños, niñas o adolescentes perdió a uno de sus progenitores.

Por otra parte, 71,26 % de los niños, niñas o adolescentes huérfanos de la violencia corresponden al municipio Libertador de Caracas.

Gobernanza criminal

Héctor Navarro explicó que en parroquias como El Cementerio, que es constituida como una zona de paz, el control total lo tienen las bandas delictivas, señalando que en muchas ocasiones, la confianza de los habitantes de estos lugares no está hacia el Estado, sino hacia la banda delictiva.

Sin embargo, aclaró que no es que la banda termine siendo un elemento para admirar, “sino algo que da a las comunidades más tranquilidad que el propio Estado”.

Por su parte, Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, definió este tipo de situaciones como “gobernanza criminal”, puntualizando que no se trata de que las comunidades apoyen a las bandas, sino que están obligadas a convivir bajo las reglas de estos grupos delincuenciales.

“La gente de los barrios está en el medio. Las bandas imponen unas reglas que las comunidades se ven obligadas a cumplir, mientras que los cuerpos de seguridad cuando entran al barrio matan a los jóvenes y agreden a las personas de las zonas populares”, explicó Rísquez en su intervención.

 

En ese contexto, también intervino Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, quien indicó que las comunidades no protegen al delincuente. “No les queda otro remedio que estar bajo un poder arbitrario, como lo es el poder malandro”, expresó.

Asimismo, indicó que se debe entender la forma de vida delincuencial, que es “estructural y consentida”, señalando que el delincuente es coherente con su práctica, toma una decisión de fondo y, a partir de esa decisión, actúa.

“¿Qué hace la comunidad frente a un delincuente? Está en medio de dos estructuras violentas: Estado y delincuentes”, puntualizó.

Por último, Pérez consideró que cuando hay un sistema que permite la autonomía de la delincuencia y que esta comience a actuar. En ese marco, la comunidad queda en medio de “dos procesos que parecen insolubles”.

“La comunidad no puede lidiar con el Estado ni con los delincuentes. El lenguaje hacia el que está afuera probablemente sea de preferencia. Hay que analizar si esa preferencia no significa más bien tolerancia”, sugirió.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

  1. La periodista Ronna Rísquez detalló que las cinco parroquias que registraron más de 52 % de los homicidios tienen megabandas y colectivos: Petare (Municipio Sucre), Santa Rosalía, El Valle, Coche y Sucre (Libertador).
  2. Además, explicó que los casos de letalidad policial se han mantenido proporcionalmente al 2019, pese a las denuncias.
  3. También, los casos de balas perdidas no son investigados y en la mayoría de los casos prevalece la impunidad. Y se han triplicado los casos de balas perdidas en 2021 en comparación con 2020.
  4. Rísquez añadió que los familiares de las víctimas son “revictimizados por funcionarios” cuando intentan buscar la justicia.
  5. Las mujeres se vieron obligadas a quedarse aisladas con sus victimarios debido a la cuarentena, lo que obstaculizó la posibilidad de movilizarse para denunciar.
  6. Por último, los niños huérfanos se mantienen con un importante porcentaje y sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

Recomendaciones

  1. Rísquez enfatizó que el Estado debe cumplir con su deber de garantizar el derecho a la vida en vista de que “la letalidad policial continúa como la primera causa de muertes en Caracas”.
  2. Además, recordó la campaña “Sin luz verde para matar”, que busca concientizar sobre la letalidad policial. “Urge poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones”, añadió la comunicadora.
  3. Señaló también que debe haber atención integral a los jóvenes, “porque sienten que no tienen oportunidades ni futuro”. Opinó que los ciudadanos deben ser concientizados sobre entender el valor de la vida “para desterrar la cultura de la muerte”.  
  4. Finalizó recordando que se ha validado la muerte como una solución a la delincuencia y no lo es. “Hay que promover y defender la vida”, consideró, y diseñar políticas de seguridad ciudadana integrales.

El nombre de los hijos de Glory

Glory Tovar sostiene la foto de sus hijos ajusticiados por el CICPC en 2016, cuyo caso es uno de los 48 estudiados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela. Foto Fabiola Ferrero / La Vida de Nos.

 

@cjaimesb

 

Hacia finales de 2017 me contactó mi amiga la periodista Albor Rodríguez: “Estamos preparando un especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, con el apoyo de Cofavic, para nuestro portal La Vida de Nos. Queremos documentar esos casos en las palabras de las propias madres. Hay siete que están dispuestas a hacerlo. Muchas otras quisieran, pero les da miedo. Será de gran valor para cuando regrese la justicia a este país. ¿Te animas a acompañar a una de ellas?”. Yo acepté de inmediato.

Me asignó a la señora Glory Tovar. Nos citamos una tarde en Crema Paraíso de San Bernardino. Comenzamos a conversar. Lo primero que me dijo fue “ayúdeme a lavar el nombre de mis hijos”. Yo le aseguré que haría todo lo posible para que así fuera. Nos reunimos varias veces. Grabé su testimonio y lo escribimos juntas. El resultado, junto a un conjunto de estupendas fotografías que hizo Fabiola Ferrero cuando visitamos la casa de Glory donde fueron asesinados sus dos hijos, se puede leer en La Vida de Nos | Disparos al corazón.

Marta Valiñas, presidente de la Misión Internacional para Venezuela de las Naciones Unidas, declaró el 16 de septiembre de 2020, cuando se hizo público el informe, que la Misión había encontrado “motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Ya había examinado otros 2891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes. Entre los 48 casos escogidos se encuentra el de los hijos de Glory, asesinados con dos primos en mayo de 2016, cuando, en plena operación de la OLP, una comisión de la División de Vehículos del CICPC irrumpió en su vivienda “a hacer una requisa” y los mató ahí mismo, a sangre fría.

Los hijos de Glory no tenían antecedentes policiales. No estaban solicitados y jamás habían estado presos. Darwin Gabriel, el mayor, trabajaba en el Hospital Clínico Universitario. Antes, durante 4 años, había trabajado en una empresa de estampado de franelas. En palabras de su madre “siempre fue buen estudiante, un muchacho bien arreglado, le gustaba vestir bien y usar colonias. Siempre olía rico, era un negro fachoso”.

Carlos Jampier era el menor. “Siempre lo cuidamos porque convulsionaba. El doctor me decía que él iba a estudiar hasta donde su mente le diera. Lo cuidábamos mucho porque me daba miedo que me le pasara algo en la calle, y tanto cuidarlo de la calle para que me lo mataran en mi propia casa… ¡Qué ironía!”, escribió Glory en su testimonio.

En La Vida de Nos leemos: “Las noticias que publicó la prensa refieren que ‘cuatro delincuentes’ fueron abatidos después de un enfrentamiento con funcionarios de la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Uno de los artículos dice: ‘Según versión policial, los pesquisas del cuerpo detectivesco se encontraban en labores de investigación, cuando observaron a cuatro individuos quienes al percatarse de la presencia policial, no atendieron la voz de alto haciendo frente a los efectivos. En medio del fuego cruzado, los antisociales huyeron hacia una vivienda de tres pisos, a la cual ingresaron los agentes”. Glory Tovar logró demostrarle a la fiscal encargada del caso que no hubo tal enfrentamiento. Todos los disparos se hicieron dentro de la casa”. Nosotros mismos, cuando fuimos a la vivienda, hicimos el recorrido desde la calle y en ninguna superficie observamos impactos de bala. Solamente adentro. De hecho, todos estaban en la casa cuando entraron los agentes. Darwin Gabriel, cuando oyó el timbre, se asomó por la ventana y le dijo a Glory ‘Mami, abre la puerta, que ahí abajo está un policía’. Entraron en tropel. Desalojaron a las mujeres y a los niños, taparon con sábanas las ventanas y los asesinaron”.

En la página del Consejo de DDHH de la ONU se lee:

“La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes (negrillas mías). Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

Querida Glory, mi valiente Glory: el nombre de tus hijos ya está limpio. Que el caso suyo aparezca en este informe tan importante es prueba de ello. Desde ya, puedes estar tranquila.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

#MonitorDeVíctimas | Verónica Zubillaga: “Con la actuación de las FAES hay una maquinaria de la atrocidad”
Detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

 

@MonitorVictimas

La socióloga Verónica Zubillaga afirma que detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

El asesinato de dos comunicadores comunitarios en el estado Zulia “no puede verse de forma aislada, señala la investigadora. Identifica un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes, en los operativos policiales mientras los subordinados obedecen órdenes.

En entrevista para TalCual, Zubillaga, también profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), puntualiza que en Venezuela hay un avance del Estado penal y del Estado punitivo, en medio de una situación muy inestable.

Usted ha señalado que, desde el año 2010, y sobre todo desde 2015, se registra un proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el que los militares tienen un rol fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido esta política?

– Hay una tradicional impronta militarizada en nuestras fuerzas policiales. Desde la década de los 80 del siglo pasado, los trabajos de Tosca Hernández denunciaban el patrón de actuación militarizado de la policía. Concretamente, con la serie de redadas que se practicaban en los barrios y el abuso de la fuerza. ¿Qué ha sucedido en estas dos décadas? Durante la revolución bolivariana, el problema de la policía ha sido complejo porque estuvo tomado por la politización y la polarización. Hubo un serio esfuerzo en el proceso de reforma de la policía, en tratar de transformar una policía con esta impronta militarizada, en una policía de orientación civil. Se intentó estandarizar los reglamentos policiales y, notablemente, hubo un esfuerzo muy importante en la regulación del uso progresivo de la fuerza.

Terror con mano izquierda

Pero, paralelamente a los esfuerzos de la reforma policial, también se registró una avanzada importante de la militarización. Digamos que, para usar una metáfora que nos encanta a los científicos sociales, por un lado, con la mano izquierda, se desarrolló la reforma policial; y con la mano derecha, al mismo tiempo, se comienzan a desplegar operativos militarizados como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en el año 2010. A este siguió otro operativo terrible, como fue Madrugonazo al Hampa, luego el Plan Patria Segura. Durante todos estos años las tasas de homicidios no hicieron sino aumentar.

– ¿Ocurrió igual con las Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)?

– En el marco de esta serie de operativos militarizados, en lugar de producirse un descenso en las tasas de crímenes, y notablemente en las tasas de homicidios, se produjo un aumento. Además, se generó una reorganización del mundo criminal.

Los criminales no se sintieron disuadidos, sino que, por el contrario, se armaron más; decidieron responder a la declaración de guerra.

Solo en su primera actuación en la Cota 905, la OLP tuvo como resultado al menos 14 muertos, porque los vecinos cuentan que son más. Este evento inauguró dos años de operativos sistemáticos bajo la OLP. La exfiscal Luisa Ortega declaró que el número de homicidios superaba las 21.000 muertes violentas para el año 2016, y denunció que al menos 4667 muertes fueron ocasionadas por las diferentes fuerzas policiales. Imagínese la letalidad de estos operativos.

Maquinaria de muerte

– El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los comunicadores comunitarios Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres, en el estado Zulia, “podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Han sido detenidos varios funcionarios de las FAES. El hecho se suma a los atropellos y excesos con los que se asocia a esta fuerza de seguridad. ¿Evidencia esto un patrón sin control por parte del Estado?

– Por supuesto. Sí. Justamente con los asesinatos de los muchachos de Guacamaya TV, las autoridades están respondiendo como si fuesen casos aislados. Y tenemos al fiscal declarando que ya se tienen señalados a los responsables. Pero, cuando uno mira en conjunto la actuación de la OLP y de las FAES, se puede percibir una ‘maquinaria de la atrocidad’, como nos apunta la antropóloga brasilera Martha Huggins. Es decir, no son casos aislados, sino un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes en los operativos policiales y los subordinados también obedecen órdenes. Esta maquinaria genera dinámicas en donde las actuaciones individuales de las policías comienzan a salirse de control.

La pauta letal del Estado

Pareciera existir un patrón bajo la mirada del Estado

– Sí y tanto es así que hay un patrón. Uno va a las comunidades y registra sistemáticamente esta pauta de actuación. Es decir, durante las OLP, por ejemplo, entraban masivamente los funcionarios con pasamontañas, tomaban por asalto las viviendas, sacaban a los hombres y dejaban a las mujeres en las viviendas. A las mujeres por supuesto las insultaban de “alcahuetas”, “chismosas” por defender a sus familiares varones. Además, robaban en las viviendas alimentos, enseres, teléfonos celulares, tabletas. Y tenemos, así como también lo tienen otras organizaciones, el registro de muchachos que fueron asesinados impunemente.

Ya en el año 2017, la fiscal Ortega Díaz denunciaba que el 21 % de las muertes violentas estaban perpetradas por la Policía: ¡Esa proporción es enorme!

El hecho de que en un país la Policía sea responsable de la cuarta parte de las muertes violentas, varios años seguidos, significa que constituye un actor letal de importancia.

En el año 2018, de acuerdo con los trabajos de Keymer Ávila, 26 % de las muertes violentas fueron perpetradas por las fuerzas policiales. Es decir, no solo no disminuyen, sino que hay un aumento. También se verifica en el registro de las muertes violentas que ocurren en Caracas, realizado por Monitor de Víctimas. Hay parroquias como El Paraíso, Santa Rosalía, Altagracia, San Agustín, donde más de la mitad de las muertes violentas son perpetradas por funcionarios policiales.

El paraguas de la impunidad

En el caso de los comunicadores comunitarios asesinados, el fiscal dijo que nunca van a estar de acuerdo con que funcionarios usen uniformes, insignias, armas y vehículos otorgados por el Estado para robar y matar.

– En nuestra experiencia cuando hacemos trabajo de terreno, lo más duro es que, de inmediato, no tienes ni siquiera que investigar largo tiempo; tienes los relatos de las madres cuyos hijos fueron asesinados, y que estos asesinatos están en completa impunidad.

Se trata, como decía antes, de una maquinaria de la atrocidad, donde además en las instancias oficiales como la Fiscalía no las atienden debidamente; y se experimenta una nueva victimización institucional, entre los familiares sobrevivientes que están buscando justicia.

¿En el caso de las FAES, qué es lo que ustedes han observado? ¿Hay un patrón de actuación?

– Ocurre que luego de tantas denuncias por la OLP, la actuación de las FAES, es una “actuación”, y lo coloco entre comillas, más profesionalizada. Quiere decir que ya no son invasiones masivas en territorios, sino que son acciones mucho más dirigidas, específicas, pero con la misma orden de eliminar.

“La orden es matar”

El comisario de las FAES, Miguel Domínguez, tras el reciente enfrentamiento que hubo en la Cota 905, dijo que “las zonas de paz promovidas por el gobierno, es una figura que no existe dentro de la revolución”. ¿Esta afirmación pudiera corroborar los patrones con los que ellos actúan?

– Esta declaración es indicador, al mismo tiempo, de la profunda fragmentación en el Estado venezolano. Porque, en efecto, la Cota 905 fue declarada como zona de paz; notablemente salió en la prensa, se conocieron los acuerdos a los que llegaron las autoridades y los líderes de las bandas; se acordó una tregua. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las grandes causas del descontrol, de la impunidad y de esta violencia letal es esta fragmentación y luchas internas desatadas en el seno del Estado. Por ejemplo, un indicador: hace meses hubo enfrentamientos en la Autopista Prados del Este entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las FAES. Esto sencillamente es un indicador trágico de esas luchas intestinas que hay en el seno del Estado.

¿En ese contexto las FAES se pueden considerar como la fuerza más letal?

– Sin duda. Actúan con impunidad. Incluso en discursos públicos de autoridades y en conversaciones con algunos agentes policiales se evidencia que la orden es matar. Ese tipo de lineamientos se ve también reflejada en las experiencias de los vecinos en estas comunidades, cuando te dicen: “es que antes se los llevaban presos, ahora los asesinan y arman el show del enfrentamiento”, hablando de sus hijos.

¿Entonces, también se habla de ajusticiamiento?

– Sí. En ese sentido, trágicamente, comenzamos a ver en nuestro país organizaciones de madres, cuyos hijos fueron asesinados por agentes policiales. Allí tienes a las mujeres de la  Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos, que reúne madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas policiales.

La dimensión del problema es tan serio, que comenzamos a tener asociaciones, grupos de víctimas que se aglutinan por estas tragedias, por estas atrocidades sistemáticas.

La guerra la pierden los pobres

El Estado ha ignorado las recomendaciones de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las FAES.

– Eso es lo que sucede cuando hay una militarización extensiva; la situación de criminalidad se plantea como de guerra y de enemigos. Bajo esta lógica se justifica todo este tipo de atropellos. Bajo esta lógica se utilizan palabras, digamos, hiperbólicas, como que las FAES están destinadas a luchar contra los grupos paramilitares, terroristas. En realidad, lo que tenemos es una población hambrienta; tenemos una población masculina joven que, al hallarse la economía devastada, se inserta en redes de economías ilícitas que son las que, digamos, pueden garantizar cierta inserción para la sobrevivencia económica.

Entonces, es como este dicho que tenemos los científicos sociales: “se culpa a la víctima”. Quiero decir, los jóvenes en los sectores populares vulnerables, en lugar de tener apoyos en términos de oportunidades económicas, inclusión social, se hallan sumamente desamparados. Por supuesto buscan canalizar sus necesidades a través de las únicas redes que los pueden absorber, que son las redes de las economías ilícitas y luego, en consecuencia, son los culpables y las víctimas de todas estas políticas de mano dura que generan ese abuso de la fuerza y descontrol policial; el sufrimiento de la población. Y ahora tenemos un nuevo drama social, los miles de víctimas y familiares sobrevivientes de la violencia policial.

El pavor como control social

¿El hecho de que no se acatan esas recomendaciones de disolución de estos organismos, tiene que ver con un patrón del que quizás el Estado no se puede deslastrar?

– Digamos que, a partir del año 2014, cuando se verifica el colapso de los precios petroleros y hay mucho menos dinero que repartir, y además Nicolás Maduro ya no tiene el carisma que tenía el presidente Hugo Chávez para aglutinar y pacificar, viene el avance de este tipo de políticas de control de la población ante la conflictividad esperable por la situación económica y social. Es el avance del Estado penal, el Estado punitivo, frente a una situación muy inestable. Porque se tiene hambre, se tiene escasez, se tiene inflación.Es decir, una situación potencialmente muy explosiva se responde con la bota militar.

¿Las FAES se están empleando no solamente para estos operativos de seguridad en algunas zonas, sino también para perseguir a la disidencia?

– Hay algunos eventos e indicadores de que, en efecto, las FAES se están utilizando como forma de control frente al descontento social y político. Una evidencia fue en enero del año 2019. Cuando comenzaron las protestas en los sectores populares, fueron las FAES quienes respondieron. Entre enero y febrero del año 2019 se tuvo que al menos 40 personas fueron asesinadas en los sectores populares por las FAES y diferentes grupos armados. Fue en los barrios populares donde comenzaron las protestas. Allí hay una clara actuación de las FAES como grupo de control.

Organización civil contra la opacidad estatal

Además de vulnerabilidad e impunidad, también hay opacidad sobre la actuación de las FAES.

– Sin duda. Desde el año 2009, al menos, se suspendió el otorgamiento de información pública. De paso, el acceso a la información es un derecho que está consagrado en la Constitución de 1999. Se tiene todos los años la declaración del Ministro de Interior y Justicia otorgando cifras generales, pero no hay publicación de cifras detalladas.

Si uno como investigador quisiera acceder a información para establecer relaciones, tendencias, establecer dinámicas locales de violencia letal, e incluso tener una relación de interlocución con las autoridades, no es posible porque no hay acceso a la información. No se tienen menos aun cifras oficiales sobre la actuación de las FAES. Pero hay registros de victimización alternativos. Por ejemplo, Monitor de Victimas, que tiene un trabajo sistemático de recolección de información en la morgue. La sociedad organizada lleva registros paralelos.

Disciplina militar

¿Hay algunas medidas que pudieran asumirse sobre las cuales el Estado no ha hecho absolutamente nada de forma concreta?

– Por supuesto que sí. La violencia no es un destino fatal; se puede incidir con grandes acuerdos sociales e institucionales y con políticas públicas destinadas a preservar la vida de los habitantes. Sin ir tan lejos, todo el trabajo que se llevó a cabo en el marco de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme y en la Misión a Toda Vida. En todas estas iniciativas se hizo una inversión importantísima en producir los debates necesarios; en elaborar conocimiento e investigaciones; en traer a consultores internacionales. Es decir, que el conocimiento de receta se tiene.

La Comisión Nacional para la Reforma Policial, por ejemplo, elaboró los reglamentos para el uso progresivo de la fuerza. Se forjó un conocimiento muy especializado en torno a la policía deseable. De hecho, cuando se comenzó a organizar y se instauró la Policía Nacional, la verdad, al inicio podría decir que nos sentíamos en confianza. Tristemente duró muy poco, porque muy rápidamente los salarios de los agentes policiales comenzaron a degradarse; se desplegaron los operativos militarizados, como apunté antes, e incluso ya para el año 2015, Nicolás Maduro afirmó que la Policía Nacional tenía que desarrollar disciplina militar.

#MonitorDeVíctimas | Cómo combatir el lema “Plomo cerrado al hampa”
La organización comunitaria y la recuperación de la confianza en los cuerpos policiales son claves a la hora de derribar el lema “plomo cerrado al hampa”, que puso en boga el exalcalde Alfredo Peña hace 20 años y que aún muchos aprueban.

 

@miconvive

En el año 2000, Alfredo Peña fue candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El periodista y candidato del Movimiento V República tenía un lema de campaña bastante claro: “Plomo cerrado al hampa”. Campañas comunicacionales en televisión y periódicos llevaron este mensaje confrontativo dirigido hacia la problemática del crimen en la ciudad.

Basándonos en los resultados de los comicios, el mensaje caló muy bien. Peña ganó contundentemente la elección. Casi 65 % de los electores respaldaron su candidatura, esperando encontrar una solución al crimen que atormentaba la vida en Caracas. En el 2020 ¿apoyarías a un candidato que hiciera ese tipo de promesas?

El controvertido apoyo a la “mano dura” policial

Encuestas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevadas a cabo en el 2012 en Latinoamérica, sugieren que los ciudadanos que viven en ambientes de inseguridad tienden a apoyar la mano dura como respuesta al delito.

Específicamente en Venezuela, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en su más reciente encuesta, observó respuestas contrastantes. Por una parte, el 80 % de los ciudadanos encuestados rechazó que se detuvieran jóvenes por su aspecto físico. No obstante, cerca de un tercio de la población cree que la policía tiene derecho a matar.

A su vez, diversos testimonios apuntan a que todavía existen grupos que apoyan este tipo de medidas para lidiar con el crimen y la violencia.

Hace un tiempo, conversando con unos amigos de la universidad sobre la reducción de homicidios en El Salvador y las políticas de mano dura de su presidente Nayib Bukele, salió la inevitable comparación con la realidad venezolana. Era común escuchar comentarios parecidos a la frase de campaña de Peña en el año 2000:

“A esos hay que matarlos”,

“Hay que mandar a la policía a los barrios a encontrarlos y eliminarlos”,

“Son unos asesinos, se merecen las balas”.

Cuando la comunidad organizada elige la prevención

En contraste, hemos conseguido respuestas diversas en grupos focales realizados en comunidades populares. Estos encuentros, organizados por Caracas Mi Convive en los llamados “Cafés por Caracas”, buscan conocer las opiniones de comunidades excluidas sobre la violencia y sus posibles soluciones.

Lo sorprendente de estas visitas es que, en la mayoría de los “Cafés por Caracas”, las personas que han asistido manejan teorías de prevención de violencia y sus causas sin haber cursado una clase universitaria acerca del tema. Identifican lo vulnerable que son los jóvenes en caer en la criminalidad y la violencia. Saben que es importante acercarse a ellos y critican las políticas de mano dura de los funcionarios policiales.

Sin embargo, en una comunidad ubicada en El Valle, golpeada por la amenaza constante de bandas y donde hicimos un grupo focal, hubo un momento donde unos de los participantes rompió el silencio y dijo:

“Yo sé que esto del deporte e incluir a los jóvenes es algo bueno. Pero los mismos muchachos vienen todas las semanas a robar a la comunidad, hasta han robado a mi familia, lo que provoca es que venga la policía y le den sus plomazos”. 

Es una situación difícil de abordar, ¿Cómo le decimos a alguien directamente afectado por la violencia que no sienta rabia y que más violencia no es la solución?

En este sentido, los resultados presentados por el OVV y los testimonios de diferentes contextos de Caracas muestran que el apoyo a la mano dura pareciese ser todavía una opción que ronda en las opiniones de ciertos ciudadanos.

Adicionalmente, la diversidad de respuestas referentes a cómo se debería combatir el crimen sugieren que no existe un consenso entre los ciudadanos sobre qué tipo de medidas ayudarían. Existen límites difusos sobre qué tanta autoridad se le otorga a los funcionarios y qué tan endebles pudieran ser las garantías de los derechos humanos con la justificación de combatir el crimen.

¿La mano dura es realmente efectiva para combatir el crimen?

La violencia no ha sido efectiva para lograr la paz. Inclusive en aquellas ciudades con altos niveles de conflicto. Cuando las personas son testigos constantes de violaciones derechos humanos por parte la policía, dejan de confiar en ella como institución.

De acuerdo con la última encuesta del OVV, el 70 % de los venezolanos encuestados no confían en las instituciones policiales.

Algo similar ha ocurrido en zonas de alto conflicto del Medio Oriente. Las continuas tácticas militares de fuerzas extranjeras han despertado el rechazo de la población, con protestas y no cooperando con las autoridades, inclusive terminando por apoyar a grupos armados que han arremetidos contra ellos en el pasado.

Por ejemplo, en Irak esta situación ha llevado a que las fuerzas militares sean instruidas en estrategias de policía comunitaria, basadas en el acercamiento al ciudadano y el respeto a los derechos humanos. Su objetivo es ganarse la confianza de la población y ser vistas como un cuerpo legítimo. Las fuerzas de seguridad entendieron que estas tácticas militares terminaban afectando no a los grupos armados, sino a los grupos que tenían más cerca. Estos tendían a ser familias que quedaban en medio del conflicto.

De esta forma, la mano dura termina siendo como un uróboro, una serpiente que termina comiéndose su propia cola y perpetuando los ciclos de violencia. La policía pierde legitimidad frente a la población, se quiebran los lazos de confianza y queda como resultado una sociedad fragmentada en el medio de un conflicto armado entre bandas y grupos policiales.

Organización ciudadana para frenar la epidemia de violencia policial

El psicólogo social Ervin Staub, quien ha trabajado en zonas de alto conflicto como Ruanda, propone que una de las claves para que la violencia no se incremente es el rol de los observadores. Los observadores son miembros de la sociedad que no han sido afectados por la violencia, ni tampoco la han ejercido. No obstante, cuando la violencia aparece, rara vez intervienen para frenarla.

Partiendo de lo propuesto por Staub, desde Caracas Mi Convive creemos que los ciudadanos tenemos un rol clave en frenar la epidemia de violencia policial. Además, ese rol lo podemos ejercer desde este momento. Específicamente, creemos en tres estrategias que pudiesen útiles en el contexto venezolano: informar, difundir y dialogar.

 Información

En primer lugar, desde Mi Convive creemos que es clave que las estrategias para combatir el crimen no deben estar guiadas por decisiones impulsivas, como la rabia que sentimos cuando somos víctimas de la violencia. En cambio, se debe manejar información de lo que ha funcionado en otros contextos, según la evidencia científica. En este sentido, es importante informarse. Saber que las políticas que han tenido mayor efectividad para hacer un país más seguro son aquellas donde los ciudadanos tienen mayor confianza en las instituciones por su transparencia y respeto a los derechos humanos.

 Difusión

En segundo lugar, creemos que es clave difundir esta información. Y que esta sea acompañada por testimonios de historias exitosas. No solo es necesario dar una serie de datos estadísticos, que para muchos no tendrán mayor significado. A su vez es importante mostrar historias de personas de carne y hueso, que demuestran que sí existe una alternativa a las políticas de mano dura. En Mi Convive, el trabajo en conjunto con líderes comunitarios nos ha permitido ser testigos de casos de éxito; una comunidad a la vez.

 Diálogo

Finalmente, no debemos encerrarnos en hablar solamente con quienes están de acuerdo con nuestras opiniones. Mientras más observadores estén dispuestos a desaprobar el uso de la violencia para frenar el crimen, y sepan que existe una alternativa, mayor será la probabilidad de que la epidemia de letalidad policial termine. Por eso es importante dialogar con aquellos que continúan apoyando este tipo de medidas.

Son pequeños pasos, pero necesarios, para que estos episodios violentos dejen de ocurrir. Y poder salvar, en conjunto, vidas de personas inocentes.