CLAVES | Los hallazgos más relevantes del informe anual de Monitor de Víctimas - Runrun

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Andrea González Jul 27, 2021 | Actualizado hace 3 años

CLAVES | Los hallazgos más relevantes del informe anual de Monitor de Víctimas
CLAVES | Los hallazgos más relevantes del informe anual de Monitor de Víctimas
Durante el año 2020, en la ciudad de Caracas se contabilizaron 599 homicidios, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas
En el estado Lara se contabilizaron 201 muertes violentas durante los nueve meses analizados. El municipio más violento fue Iribarren
El informe anual de Monitor de Víctimas determinó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas

@Andrea_GP21

 

Este martes 27 de julio el equipo de Monitor de Víctimas, iniciativa de Runrun.es y la ONG Caracas Mi Convive, presentó su informe sobre los homicidios en Caracas y Lara durante el año 2020.

“Pandemia, gasolina y militarización: el cóctel que estimuló la violencia”, fue el nombre del informe, que refleja las características de la violencia homicida en 2020, periodo que estuvo marcado principalmente por las medidas de restricción ante la pandemia de COVID-19 y la escasez de gasolina.

En la presentación participaron varios ponentes como Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas; Manuel Parejo y Héctor Navarro por Caracas Mi Convive; Lorena Meléndez, periodista de Runrun.es; Liz Gascón, periodista del estado Lara; y como invitada especial la profesora Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares.

De acuerdo con los hallazgos del informe de Monitor de Víctimas y en el caso de Caracas, el perfil de la víctima común son jóvenes entre 15 y 29 años, quienes no tienen servicios básicos, acceso a educación ni oportunidad de involucrarse en mercados laborales, lo cual “empeora la manera en que se comporta la violencia en el país”, explicó Héctor Navarro.

La violencia en Caracas

La periodista Lorena Meléndez ofreció un balance sobre las cifras de víctimas de la violencia que registró la ciudad capital durante el periodo estudiado.

La comunicadora inició su ponencia recordando el caso de Bryan Onel Cedeño Rengifo, de 24 años, quien fue asesinado en el Barrio José Félix Ribas de Petare el 8 de mayo de 2020.

Meléndez recordó que a Cedeño Rengifo lo mataron los cuerpos de seguridad durante un operativo policial en el que se buscaba a presuntos integrantes de la banda delictiva del “Wilexis”. Aunque familiares desmintieron que el joven estuviera vinculado con este grupo criminal, funcionarios de seguridad del Estado lo asesinaron porque supuestamente era uno de los miembros.

En ese contexto, la comunicadora expresó: “Conseguimos familiares que están denunciando que los muchachos que matan no tienen nada que ver con delitos o no estaban cometiendo delitos en ese momento, sin derecho a defenderse, ni a hablar o ser arrestados”.

Móvil de las muertes

La comunicadora detalló que en Caracas se contabilizaron 599 muertes durante el 2020 que estuvieron relacionadas con la violencia, según los datos recogidos por Monitor de Víctimas. 

De esas muertes, 204 son adjudicadas a la letalidad policial / ejecuciones extrajudiciales, por lo que este se convierte en el móvil principal de las muertes violentas en Caracas.

Además, citando al informe de Monitor de Víctimas, Meléndez señaló que el segundo móvil de las muertes violentas fue el robo, con 93 víctimas; ajuste de cuentas o venganza, con 73; riñas o peleas, con 50; violencia de género, con 17; enfrentamiento entre bandas, con 15; balas perdidas, con 14; entre otros.

 

Señala además que, lejos de creer que por las restricciones de la pandemia se redujo la violencia, durante la primeras semanas de cuarentena los homicidios se incrementaron. 

En ese sentido, explicó que durante el primer trimestre, antes de que la administración de Nicolás Maduro decretara la cuarentena, hubo 51 homicidios. Más adelante, entre la mitad de marzo y principios de junio, se contabilizaron 63 víctimas, en lo que fue el periodo más letal del año.

Mientras que en el siguiente trimestre se contabilizaron 56 víctimas. En conclusión, Meléndez consideró que “había mayor letalidad policial mientras había cuarentena radical”.

Letalidad policial por parroquias

En este caso, la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda registró la mayor cantidad de víctimas con 46 homicidios, seguida de la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas, con 31 asesinatos en el periodo estudiado.

Según Meléndez, a través de las investigaciones, se determinó que las fuerzas de seguridad del Estado más represivas fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La violencia en Lara

Para detallar las cifras de violencia en esta entidad, que también estudia Monitor de Víctimas, tomó la palabra la periodista Liz Gascón, quien detalló que durante los nueve meses analizados se contabilizaron 201 muertes violentas en el estado Lara y el municipio más violento fue Iribarren.

Además, Gascón explicó que, entre abril y diciembre del 2020, más del 60% de los asesinatos registrados fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. En concreto, según el informe, se totalizan 151 víctimas de la letalidad policial, asesinadas en su mayoría por funcionarios de las FAES.

Detalló además que, en promedio, hubo 23 homicidios por mes; y  en 7 de cada 10 casos, solo hizo falta una bala para acabar con la vida de las víctimas, las cuales eran, en su mayoría,  jóvenes en edad productiva.

 

“El equipo de Monitor de Víctimas pudo constatar que las muertes a manos de los cuerpos de seguridad en Lara tienen los mismos patrones de actuaciones que los ejecutados en el Distrito Capital”, reza parte del informe.

Los siguientes móviles de muertes detectados por el Monitor de Víctimas en Lara que aparecen en el informe y fueron citados por Gascón son el robo, ajuste de cuentas, riña, bala perdida, abuso o maltrato infantil, violencia de género y linchamiento.

Búsqueda de Santanita

La periodista también explicó que 30% de las ejecuciones extrajudiciales registradas en los nueve meses analizados fueron justificadas con el argumento de la búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, y líder de una banda que es señalada de estar presuntamente vinculada con alias “Niño Guerrero”, líder de la megabanda el Tren de Aragua.

Además, señaló que 89% de los homicidios vinculados a Santanita ocurrieron en el municipio Iribarren. Una de las víctimas fue el propio padre del presunto delincuente, quien fue asesinado en una vivienda. 

Sobre este hecho, la familia descartó que el padre de “Santanita” estuviera relacionado con alguna banda o que tuviera algún contacto reciente con él.

 

Masacre en Torres

La periodista Liz Gascón hizo referencia al caso del asesinato de seis personas en la finca La Polonia, del caserío Cerro Alto del municipio Torres, que está identificado como un ajuste de cuentas o venganza.

Tres niños y tres adultos de una misma familia fueron asesinados por el agricultor. Jesús Concepción Arriechi Carrasco, señalado como el presunto homicida. El hombre había sido despedido un año antes por el propietario de esas tierras por quedarse con las ganancias de unos sacos de caraotas que habían cosechado en el lugar.

Un año después, Arriechi volvió a la finca y mató a machetazos al propietario del lugar, Octaviano Antonio Serrano Vargas, de 60 años, junto a su hermano, Noval Ramón Serrano Vargas, de 44 años; su cuñada, Liliana Rafaela Mavare Colmenárez, de 44 años, y tres sobrinos de 6, 8 y 14 años de edad, el sábado 28 de noviembre de 2020, en horas de la tarde.

Mujeres vulnerables

Héctor Navarro, integrante de Caracas Mi Convive, explicó que la mujer se ha convertido en “una víctima completamente vulnerable ante las autoridades”, al señalar que no existen mecanismos de prevención, reducción de la violencia ni investigación de los hechos.

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro.

Asimismo, indicó que se analizaron las víctimas femeninas de violencia a partir del análisis de tres factores: tipo de arma, victimario y el contexto del homicidio.

También, se realizó el test del chi-cuadrado, que compara los casos observados con la distribución esperada que deberían tener los datos cuando no existe asociación. Además, establece si las categorías son independientes.

 

“Es necesario una colaboración de toda la sociedad para apuntar a mecanismos que protejan a la mujer”, sostuvo Navarro durante su intervención.

De acuerdo con el informe de Monitor de Víctimas, durante el 2020 se contabilizaron 52 asesinatos de mujeres y la mayoría de las víctimas fue asesinada por su condición de ser mujer.

En este sentido destacó el femicidio de Carla Ríos, de 39 años, quien fue asesinada por su pareja. En este caso, la víctima había denunciado previamente a su agresor, pero no hubo justicia que la protegiera y esa situación facilitó que el agresor consumara el crimen. 

 

De igual forma, el texto detalla que las mujeres tuvieron limitaciones para denunciar o pedir ayuda durante la cuarentena, a lo que se le suman las fallas en el servicio eléctrico, de internet y de telefonía móvil que disminuyeron las posibilidades de ayuda para las afectadas.

“Estos obstáculos traen como consecuencia que las mujeres desistan en la búsqueda de justicia y esta situación solo favorece al agresor. Pero además, y lo que es más grave, incide en el incremento de los femicidios”, explica el informe.

Niños huérfanos por la violencia

La periodista Lorena Meléndez puntualizó que 428 menores de edad quedaron huérfanos de alguno de sus padres por la violencia homicida en Caracas.

Citando al informe, precisó que 57,95 % de los huérfanos de la violencia se concentra en las parroquias Petare, Sucre, La Vega, Antímano y Coche. Además, se detalla que solo en la parroquia Petare, 24,77 % de los niños, niñas o adolescentes perdió a uno de sus progenitores.

Por otra parte, 71,26 % de los niños, niñas o adolescentes huérfanos de la violencia corresponden al municipio Libertador de Caracas.

Gobernanza criminal

Héctor Navarro explicó que en parroquias como El Cementerio, que es constituida como una zona de paz, el control total lo tienen las bandas delictivas, señalando que en muchas ocasiones, la confianza de los habitantes de estos lugares no está hacia el Estado, sino hacia la banda delictiva.

Sin embargo, aclaró que no es que la banda termine siendo un elemento para admirar, “sino algo que da a las comunidades más tranquilidad que el propio Estado”.

Por su parte, Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas, definió este tipo de situaciones como “gobernanza criminal”, puntualizando que no se trata de que las comunidades apoyen a las bandas, sino que están obligadas a convivir bajo las reglas de estos grupos delincuenciales.

“La gente de los barrios está en el medio. Las bandas imponen unas reglas que las comunidades se ven obligadas a cumplir, mientras que los cuerpos de seguridad cuando entran al barrio matan a los jóvenes y agreden a las personas de las zonas populares”, explicó Rísquez en su intervención.

 

En ese contexto, también intervino Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, quien indicó que las comunidades no protegen al delincuente. “No les queda otro remedio que estar bajo un poder arbitrario, como lo es el poder malandro”, expresó.

Asimismo, indicó que se debe entender la forma de vida delincuencial, que es “estructural y consentida”, señalando que el delincuente es coherente con su práctica, toma una decisión de fondo y, a partir de esa decisión, actúa.

“¿Qué hace la comunidad frente a un delincuente? Está en medio de dos estructuras violentas: Estado y delincuentes”, puntualizó.

Por último, Pérez consideró que cuando hay un sistema que permite la autonomía de la delincuencia y que esta comience a actuar. En ese marco, la comunidad queda en medio de “dos procesos que parecen insolubles”.

“La comunidad no puede lidiar con el Estado ni con los delincuentes. El lenguaje hacia el que está afuera probablemente sea de preferencia. Hay que analizar si esa preferencia no significa más bien tolerancia”, sugirió.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

  1. La periodista Ronna Rísquez detalló que las cinco parroquias que registraron más de 52 % de los homicidios tienen megabandas y colectivos: Petare (Municipio Sucre), Santa Rosalía, El Valle, Coche y Sucre (Libertador).
  2. Además, explicó que los casos de letalidad policial se han mantenido proporcionalmente al 2019, pese a las denuncias.
  3. También, los casos de balas perdidas no son investigados y en la mayoría de los casos prevalece la impunidad. Y se han triplicado los casos de balas perdidas en 2021 en comparación con 2020.
  4. Rísquez añadió que los familiares de las víctimas son “revictimizados por funcionarios” cuando intentan buscar la justicia.
  5. Las mujeres se vieron obligadas a quedarse aisladas con sus victimarios debido a la cuarentena, lo que obstaculizó la posibilidad de movilizarse para denunciar.
  6. Por último, los niños huérfanos se mantienen con un importante porcentaje y sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades.

Recomendaciones

  1. Rísquez enfatizó que el Estado debe cumplir con su deber de garantizar el derecho a la vida en vista de que “la letalidad policial continúa como la primera causa de muertes en Caracas”.
  2. Además, recordó la campaña “Sin luz verde para matar”, que busca concientizar sobre la letalidad policial. “Urge poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes varones”, añadió la comunicadora.
  3. Señaló también que debe haber atención integral a los jóvenes, “porque sienten que no tienen oportunidades ni futuro”. Opinó que los ciudadanos deben ser concientizados sobre entender el valor de la vida “para desterrar la cultura de la muerte”.  
  4. Finalizó recordando que se ha validado la muerte como una solución a la delincuencia y no lo es. “Hay que promover y defender la vida”, consideró, y diseñar políticas de seguridad ciudadana integrales.

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