Caracas Mi Convive, autor en Runrun

Caracas Mi Convive

La ciudadanía y lo público se construyen en las canchas, por Kaina Bolívar y Humberto Rumbos*
En las canchas se generan normas, consensos, valores, responsabilidades y compromisos. Se construye ciudadanía

 

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Al pensar en la ciudadanía, el espacio público y hasta en la democracia se presentan nociones comunitarias que conciben estas ideas como algo que se construye en conjunto y que no puede ser producto de un esfuerzo individual. Desde un punto de vista filosófico-político, estas ideas se encuentran en el marco de las reflexiones respecto al bien común, la sociedad civil y la cooperación social.

Sin embargo, la ciudadanía cobra vida en lo concreto del espacio público, pues sin ágora no existe política, ni mucho menos democracia.

No resulta posible pensar en ciudadanos sin tomar en cuenta las plazas, los parques y hasta las canchas, ya que en lo público es en donde se construye la ciudadanía. En la ciudad se pueden identificar “centralidades” en las que las personas habitan temporalmente y se movilizan constantemente. No obstante, espacios cerrados como nuestros hogares, centros administrativos o instituciones privadas no nos permiten entrar en contacto con la ciudadanía general; en ellos se generan segmentaciones, que en sociedades desiguales suelen caracterizarse por la exclusión de unos grupos hacia otros.

En las canchas se restaura el tejido social

El espacio público representa la heterogeneidad que caracteriza a la democracia plural, tolerante e inclusiva. Invita a sus ciudadanos a enfrentarse al disenso respecto a otras opiniones, entendimientos y propuestas vinculadas con la sociedad de la cual cada uno de ellos forma parte. Cuando una persona empieza a interactuar con otra para influir o participar en la toma de decisiones respecto a asuntos públicos se supera la individualidad y se comienza a construir ciudadanía. Usualmente el voto es lo primero que surge en una discusión cuando se habla sobre la participación ciudadana. Sin embargo, la discusión, la interacción y la confrontación dialógica forma parte de la esencia de cualquier sistema político democrático.

Los espacios públicos están concebidos para que sean lugares de encuentro y no de paso; esto puede ser sencillo de entender al ver una plaza. Sin embargo ¿de qué forma se presentan los espacios deportivos en la construcción de la ciudadanía?

Los espacios deportivos funcionan como un lugar formativo, donde se proporciona disciplina a las personas que hacen vida en ellos. En estos se generan normas, consensos, se construyen valores, responsabilidades y compromisos. Además de la construcción de ciudadanía, también se genera capital social, del cual surgen personas, asociaciones y organizaciones que trabajan por el bienestar común. Asimismo, las canchas contribuyen positivamente a la salud física y el bienestar del ciudadano mientras que promueven la integración social y el desarrollo local en diversos campos sociales.

Ciudadanía y capital social

Debemos considerar que, en Caracas, la mayor parte de los equipamientos y espacios públicos se ubican fuera de los barrios, es decir, en las zonas «formales». Esto deja una escasez de lugares para la recreación, disfrute y sosiego en las comunidades. Además, las comunidades vulnerables caraqueñas son lugares donde todo espacio vacío se ocupa y, a su vez, poseen dificultades topográficas que complican aun más la generación de espacios en los cuales convivir.

Es por ello que la infraestructura deportiva existente se ha convertido en estos lugares de encuentro. Y amplía su alcance a más allá de un espacio donde se practican actividades deportivas, sino también actividades recreativas y culturales. Así, las canchas y demás espacios deportivos cumplen las funciones de plazas y parques. Son estos lugares los que han adquirido un rol de espacio público, donde no solo se genera ciudadanía, sino también capital social.

La necesidad y la importancia del espacio público y espacios deportivos en las comunidades vulnerables caraqueñas se evidencian cuando son las propias comunidades quienes buscan las alternativas para la recuperación y activación de estos espacios. Como todo ciudadano, tienen la necesidad de recrearse y expresarse de forma artística, deportiva y cultural.

Proyecto Espacios para el reencuentro 

El proyecto Espacios, de la organización Mi Convive, ha vivido de cerca estas necesidades. Para hacer frente a ellas see ha encargado de recuperar, hasta ahora, un total de 20 espacios deportivos y 7 espacios públicos (antes puntos de concentración del crimen), entre canchas, pequeñas plazas y espacios residuales adaptados a lugares de encuentro. Las recuperaciones realizadas por el proyecto no solo consisten en la restauración física del espacio. También buscan promover la organización comunitaria y la participación ciudadana, generando un sentido de identidad colectiva. El objetivo es obtener un impacto positivo y que a través de la buena gestión y diseño del espacio, se procure ciudadanía y sirva como medio de construcción de capital social.

Vídeo: Así recuperamos espacios para el encuentro y la convivencia – Programa Espacios de Mi Convive | Mi Convive

Para comprobar la importancia, necesidad e impacto de estos espacios públicos deportivos, se ha hecho seguimiento de los espacios recuperados. Entre los resultados obtenidos, se consolidaron equipos deportivos y asociaciones civiles cuya finalidad es seguir trabajando en la construcción de tejido social. Además, se incentivan las actividades sociales y culturales que contribuyen con la formación y espacios de recreación.

Ejemplo en Artigas, Antímano

Entre estas recuperaciones se encuentra la cancha del Chato Candela, en Artigas, parroquia Antímano. Esta cancha en un principio se encontraba abandonada y era sede de vandalismo, consumo de drogas y otros hechos delictivos. A través de la recuperación se logró organizar a la comunidad, generar sentido de pertenencia por el espacio y crear nuevas normas y compromisos para su mantenimiento. Además, se consolidó el equipo de básquet “Bucaneros de Artigas” como una escuela formal. La comunidad que asumió la responsabilidad de la cancha se consolidó como asociación civil, una figura a la cual las personas suelen acudir.

Javier Vera, presidente de la asociación, expone que “en el espacio se están impartiendo diferentes disciplinas. Hay responsables del cuidado del espacio y se trata de inculcar esa cultura de mantenimiento en todas las personas que hacen vida en la cancha. Además, se intenta desarrollar escuelas de danza, actividades culturales y arte”.

De esta forma, Artigas es un ejemplo, entre muchos otros casos, en los que se ha empezado a cambiar la realidad de sus habitantes por medio de la intervención del espacio público. En algunas comunidades de Caracas se está construyendo ciudadanía desde sus espacios deportivos, y con ello se promueve activamente el contacto entre sus ciudadanos. Las instituciones y las libertades políticas son esenciales para el fortalecimiento de cualquier sistema democrático; sin embargo, no puede existir democracia en donde no existan los puntos de encuentro y el diálogo en los cuales se construya lo público.

* Kaina Bolívar es coordinadora del programa “Espacios Seguros” en Mi Convive. | Humberto Rumbos es especialista de investigación en Mi Convive.

La contradicción caraqueña de ser joven y no ser malandro, por Nicole Rivas*
Asumir un estereotipo como el de los organismos policiales, que adjudican a los jóvenes que por vivir en pobreza son hampa, equivale a pensar que casi el 40 % de la juventud en Caracas es malandra

 

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Nunca soñaron con el asfalto de Casalta, por ende,/ no conocen las canciones de cuna que otorgan las balaceras./ Las avenidas de mi Caracas no son como París, Lisboa o Roma/ son universos donde cualquier cosa te puede suceder/ caballos de apamates y cruces de flores en mayo/ Caracas es más que violencia./  Tomado de Caracas no es solo violencia, Luis Alejandro Indriago.

 

Las bandas y megabandas delictivas en Caracas se distinguen por reclutar niños, adolescentes y adultos jóvenes provenientes de zonas en situación de vulnerabilidad. Niños mayores de diez años se sumergen en las organizaciones y se involucran en actividades delictivas; luego, entre los 16 y 25 años, pueden acceder a un estatus de malandro donde ejercen activamente la violencia armada y, por lo tanto, la fuerza letal (2). Estos hechos sugieren que la juventud se encuentra estrechamente implicada en la problemática de la violencia.

Del otro lado de la moneda, la mayoría de los individuos que mueren a manos de la violencia armada tiene un perfil común: hombres jóvenes y pobres (2). Para el año 2021, el Monitor de Víctimas, MDV (1), registró 544 homicidios; de estos, al menos el 70 % son masculinos en edad productiva, entre los 18 y 37 años, oriundos de barrios y de piel mulata. También, el 35 % de este total de homicidios fueron labrados por el CICPC, las FAES y la PNB, haciendo a esta población el principal blanco de las ejecuciones extrajudiciales (2).

Basándose en estos rasgos, sobre los que se erige el estereotipo de malandro, los cuerpos de seguridad del Estado, como otros sectores ciudadanos, justifican las ejecuciones violentas y discriminatorias hacia esta población, con una lógica de prejuicio y exterminio. No obstante, muchos de los ejecutados no tienen que ver con grupos armados, es decir, son inocentes; haciendo que la dinámica de la violencia resulte en un padecimiento colectivo que también sufre la juventud y sea una de las más afectadas por sus secuelas.

En vista de esto, es imperante replantearnos la imagen del joven malandro y preguntarnos si las características que le atribuimos son generalizables a todos los jóvenes provenientes de barrios caraqueños.

Especialmente, porque estos ajusticiamientos hacen pensar que la población juvenil es culpable de la violencia; y que en ella reside la causa del problema.

El contexto de la mayoría de los jóvenes venezolanos: exclusión y pobreza

“Los problemas de los jóvenes cambiaron radicalmente en menos de una década. De la inseguridad y los vicios… a los problemas económicos” (3).

Según la Encuesta Nacional de Juventudes3 (ENJUVE) del año 2021, al menos el 40 % de los jóvenes venezolanos se concentra en los hogares de menos ingresos, ubicándose en un rango de pobre a pobre extremo. Esto responde, en parte, a que el período 2013-2021 estuvo marcado por la reducción de oportunidades de la población juvenil en cuanto al estudio y el empleo.

Las cifras indican que durante este tiempo aumentó la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Específicamente, el año 2021 se caracterizó por un crecimiento en el rezago escolar en adolescentes entre 12 y 17 años en casi un 20 % y una mayor privación del acceso a la enseñanza universitaria en adultos entre los 18 y 24 años. Además, el grupo de edad que más descendió su actividad económica fue el de los 25 a 35 años (4), lo que lleva a que el desempleo juvenil duplique al resto de la población activa.

Por lo tanto, estamos hablando de una población que sufre doble exclusión: por desescolarización y por desempleo. La mayoría de quienes están en edad de estudio son desertores o no han podido continuar con sus estudios superiores; y a pesar de que lo hacen para cubrir el alto costo de la vida y la escasez de alimentos, no logran encontrar oportunidades de trabajo estables, remuneradas y dignificantes.

Según la ENJUVE, en la percepción de los jóvenes sobre sus condiciones de vida, estos enfatizan la inflación, el desabastecimiento y precariedad de empleo (33 %) por encima de la violencia, el consumo de drogas y la inseguridad personal (14.1 %), priorizando la problemática del sustento e ingreso familiar como principal angustia; y como causa de otros problemas sociales que se desprenden.

Para poder decir que casi la mitad de los jóvenes venezolanos están en situación pobreza, la ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) y la ENJUVE tomaron en cuenta una serie de indicadores como la educación, el empleo, los ingresos económicos, la vivienda y el acceso a servicios; siendo evidente la afectación de esta población en 5 de 5. Es decir, asumir un estereotipo como el de los organismos policiales, que adjudican a los jóvenes que por vivir en pobreza son hampa, equivale a pensar que casi el 40 % de la juventud en Caracas es malandra.

El origen de la violencia no es la pobreza, la edad o la raza

La violencia es producto de la desigualdad social y la exclusión (5); ambas reforzadas por la segregación socioterritorial de la ciudad.

La segregación socioterritorial consiste en las desigualdades sociales producto del aislamiento espacial. Sucede porque, dentro de un colectivo urbano, los sujetos se agrupan en aglomerados iguales entre sí por razones físicas y establecen fronteras simbólicas que diferencian unos grupos de otros. Se crean además esquemas cognitivos que separan entre ellos y nosotros.

Este concepto es importante porque Caracas es una metrópoli fragmentada que acentúa la desigualdad entre barrio y ciudad debido a la marginación que distancia las clases sociales.

Y consolida la división por el acceso diferencial de la población a beneficios como la educación, vivienda e ingresos. Esto discrimina entre quienes ejercen su derecho como caraqueños y quienes se les dificulta hacerlo.

Al nombrar a alguien marginal estamos aceptando que no es merecedora de integrarse a la sociedad de la misma manera en que tampoco lo es en la ciudad. Así, admitimos su posición de no participación como ciudadano e impedimos problematizar su limitación de acceso tanto a recursos como a la red de decisiones sociales e individuales que le competen. Esto conlleva a la creencia errónea de que no forma parte, ni debe, de las tareas y responsabilidades a emprenderse para la solución de sus problemas.

No obstante, poblaciones que enfrentan este tipo de situaciones están en la capacidad de superarlas, siempre que puedan dirigir sus recursos personales y sociales para cuestionar, afrontar su realidad y visualizar mejores posibilidades para ellos y quienes los rodean.

Un riesgo real: marginación y estigma social

Lo que sin dudas pone en riesgo a los jóvenes que hacen vida en las comunidades de Caracas tiene que ver con una problemática que afecta a la mayoría de la población venezolana: inseguridad alimentaria y dificultades para estudiar y conseguir trabajo; aunado a la violencia en distintos niveles. A esto se le suma el tener que lidiar con el estigma social de ser malandro, independientemente de si lleva a cabo actividades ilícitas o no (esto último, en la mayoría de los casos).

Un malandro es un miembro de una banda que comete delitos relacionados con extorsión, secuestro, tráfico de drogas y robo de vehículos a través del uso de armas de fuego. Al hacer referencia a ellos de esta forma, se les carga con una serie de rasgos y comportamientos desfavorables que consienten que se les vea como inaceptables o inferiores, lo que justifica conductas de exclusión al concebirlos como seres que renuncian a la ética del ciudadano común para hacer daño.

De esta manera, se les condena al punto de que diferentes actores institucionales y ciudadanos propongan como solución a la violencia, la eliminación de esta población. Para Zubillaga, estas formas de reparación implican la expansión de la incapacidad para reconocernos como humanos, multiplicar las muertes y fortalecer la letalidad de la violencia actual en Venezuela.

Para accionar dentro de este contexto, es necesario evaluar con qué cuenta el joven para hacerle frente al entorno en el que hace vida y lograr resultados exitosos. No buscamos cuestionar y cambiar aspectos de su identidad, sus valores o cultura, sino que más bien se trata de que los jóvenes actúen y asuman responsabilidades con respecto a su situación, entendiendo que sí tienen capacidades poderosas para modificar el rumbo de su historia.

Es clave intervenir en sus factores de riesgo y protección, construir junto con ellos alternativas para contrarrestar los padecimientos impuestos por el ambiente y contribuir a su resiliencia. Esto no pueden lograrlo individualmente sino como un colectivo; en un sistema de interacción sujeto y entorno. Si internalizan la percepción de ser un grupo social incompetente, cancelarán su capacidad de agencia y aceptarán destinos determinados por los estigmas a pesar de que sí puedan hacer algo al respecto.

Para reconstruir el significado de ser un adolescente o adulto joven en una zona popular de Caracas, es necesario que estos cuenten con un tejido social sólido que les ayude a alcanzar un ajuste psicológico y social óptimo a pesar de las adversidades. Es aquí como ciudadanos, sociedad civil e instituciones en general jugamos un papel fundamental para que puedan interpretar su vida fuera de las etiquetas de malandro o marginal y explorar su identidad desde una connotación diferente: como la de un joven caraqueño.

*Especialista en formación y acompañamiento en el programa “Vamos Convive” – Mi Convive.

Fuentes:

  1. Monitor de Víctimas (2021). Fuego Cruzado en Venezuela. Runrunes.
  2. CECODAP (2022). Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por el Crimen Organizado en Venezuela.
  3. Encuesta Nacional sobre Juventud (2021). Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas-Venezuela.
  4. Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (2021). Condiciones de vida de los venezolanos: entre emergencia humanitaria y pandemia. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas-Venezuela.
  5. Zubillaga, V. (2013). Menos desigualdad, más violencia: la paradoja de Caracas. Nueva Sociedad, (243), 104.
  6. Cariola, C., & Lacabana, M. (2004). Caracas metropolitana: exclusión social, pobreza y nueva pobreza en el contexto de las políticas neoliberales. Cuadernos del CENDES, 21(56), 145-153.
#CrónicasCaraqueñas | “Se busca vendedor”, por Ernesto Rodríguez*
“… Un día Kevin me llegó con cara diferente, estaba serio. Ese chamito de verdad que había pasado meses buscando trabajo”

 

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Ese día nos tocó reunirnos en la parroquia Sucre (Catia), la más poblada de Caracas. El encuentro fue con varios adultos que escucharon del proyecto Mi Convive para jóvenes y estaban interesados en apoyar. Nos recibieron en una casa sencilla, con el saludo de buenas tardes y un café recién colado. Uno va a estas reuniones a conocer, a descubrir las motivaciones y necesidades de la gente. Siempre hay que estar abierto a dejarse sorprender, al misterio de lo que está por conocerse.

Éramos unas 9 personas reunidas, conversando sobre la realidad de los jóvenes que conocían. Me llamó particularmente la atención uno de ellos. Sergio, un tipo joven y un señor a la vez, en el rostro se le marca el peso de haber iniciado su adultez prematuramente. Disciplinado, con el entrenamiento de haber trabajado desde su niñez, y con la risa a flor de piel con los ánimos propios del rochelero: “yo tengo mi puesto en el barrio, todos los días lo armo y lo desarmo, pude conseguir varios tubos y ahora es algo presentable. Vamos poco a poco, aún no tengo el techo, eso me jode porque estos días que ha llovido es lo peor, se moja todo y tengo que recoger rápido para que no se me dañen las cosas. Pero no me quejo, tengo mi chamba y con eso comemos”. Sergio resultó ser de trato ligero y de fácil conversación. Se dedica a la barbería, en un puesto que ha instalado cerca de su barrio.

Compartimos relatos, abrigados por el café de Sonia, quién hacía de anfitriona y es otra afecta por los temas del trabajo y la juventud. Los pequeños vasos cafeteros de plásticos no llegaban a vaciarse cuando nos volvía a ofrecer otro poco. Sergio seguía contándonos anécdotas y ahí conocimos, a través de su mirada, la historia de Kevin.

“Hay un chamito que conocí hace un año, Kevin, es un buen chamo, siempre me visitaba porque le gusta esto de la barbería. Se ponía a ver como afeito, me preguntaba cosas, quería aprender y yo le iba diciendo. El problema es que él no tenía herramientas y aunque cargaba todo el ánimo de trabajar se le hacía muy difícil”. Nos comentaba que Kevin era bachiller graduado en julio de aquel año, y desde entonces estaba buscando trabajo.

“Kevin es un chamo ‘echao pa lante’, no se queda quieto. En su casa la situación no era fácil, hizo su currículo y pateó calle. Visitó panaderías, zapaterías, tiendas de ropa, bodegones, centros comerciales”. Mientras escuchaba el relato, me dio la impresión que Kevin y Sergio tenían una buena amistad, compartían el gusto por la barbería y conversaban de sus situaciones personales. “Siempre que venía, hablamos un rato, yo enseñándole de barbería y conversamos otro rato, así nos la pasábamos. Me da vaina porque yo sé que ese chamo estaba bastante frustrado. Con los jóvenes pasa eso, que no tienes experiencia y no te quieren contratar, Kevin matando tigres de vez en cuando con lo que le salga, pero eso no era suficiente”.

La atmósfera de la historia nos tenía atentos. Sonia con la jarra de café en la mano tenía su mirada fija en Sergio, Nina y Sandra acomodaron su postura para escuchar con comodidad. Además de la voz de Sergio, se escuchaba el motor de la nevera en la entrada de la cocina, el paso de transeúntes por la vereda y afuera de la casa, más lejos, algunas risas de niños. En ese momento me acordé y tarareaba mentalmente la melodía de Roberto Roena «Que mucho trabajo dá/ hallar en qué trabajar/ que trabajo dá, el no trabajar».

El barbero prosiguió: “un día Kevin me llegó con cara diferente, estaba serio. Ese chamito de verdad que había pasado meses buscando trabajo. Me contó que estaba visitando el barrio Las Casitas por una pana de él que vive allá. Iba con frecuencia a ese sector, ahí jodían y pasaban el rato. Una tarde le habían estado hablando, que si quería trabajar allá mismo podían ofrecerle algo.

Me dijo así «tanto tiempo saliendo a buscar trabajo, mano, y lo que me cayó fue pa’ vender droga”.

Sergio cambió la cara cuando dijo esto. Nos explicó un poco más de qué se trataba la oferta que le hicieron al joven: encargarse de un punto de droga en el barrio, “garitear”, y estar pendiente de todo lo que pasaba por la zona. Le habían ofrecido una paga significativa a Kevin, algo que en lo inmediato le ayudaba a resolver problemas. El muchacho aceptó la ‘chamba’ como jíbaro en aquel barrio. “Aún pienso con preocupación por ese chamito de verdad, la vida cambia, y aunque no es la que él quiere, es la vida que le estaba dando una salida –pero a qué costo–. Ya no lo veo casi como antes, pero siempre que pueda él sabe que puede contar conmigo” comentó finalmente.

El tono de Sergio y el destino de Kevin nos conmovió a todos. En el ambiente se sentía un humor que mezclaba el dolor de la situación dramática, con la convicción de que por eso estábamos reunidos, a ver qué podíamos hacer juntos, y a construir el proyecto de atención a jóvenes Vamos Convive.

Aquella tarde compartimos otras anécdotas de angustias y alegrías. Conversamos un rato más, nos pusimos de acuerdo, apilamos los vasos de café en la bandeja dispuesta por Sonia y Dilia, nos fuimos con la certeza de que el trabajo nos seguiría encontrando, y la esperanza de poder tocar pronto la vida de jóvenes como Kevin.

* Coordinador del proyecto “Vamos Convive”, en Mi Convive.

#MonitorDeVíctimas | José Félix Ribas, a la sombra de la pólvora, por César Salgado e Isabel Salaverría*
Enfrentamientos, presuntas ejecuciones extrajudiciales y gobernanza criminal: los primeros 6 meses del 2022 en José Felix Ribas

 

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El patrón claro de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales no solo se refleja en los datos de Monitor de Víctimas, sino en la mente de las personas que residen en los lugares donde estas violaciones de derechos humanos ocurren. Puede notarse en sus expresiones y testimonios: se habla de hombres, de jóvenes o de muchachos, de hijos varones. A veces, incluso, de niños.

No obstante, la política evidente de aniquilación ejercida por el Estado deja sumida en el terror a cada persona que reside en José Felix Ribas y que tenga un ser querido que cumpla con esas básicas características. Cuando entra la policía, todos se preguntan quién será el siguiente en ser ejecutado. Este barrio es el hogar de 120.000 habitantes; esas son muchas personas, y por consecuencia, muchos muchachos. 

Cuentas y cuentos de muerte en José Félix Ribas

Haciendo una cronología, el día 31 de enero de 2022 los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se hacen paso en la comunidad, entre bloques y personas, iniciando un operativo policial. No sería el primero, tampoco el último. Transcurren los días y las zonas 5, 6, 7 y 9 se mantienen ocupadas.

Es 2 de febrero y finalmente termina el operativo, pero no el horror. Monitor de Víctimas registra once homicidios a manos de las fuerzas de seguridad. Tres familias denuncian que los policías sorprendieron a sus seres queridos en sus hogares. Y, describen –quizás sin saberlo– la escena de una ejecución extrajudicial. Así lo comenta la madre de un joven del sector, asesinado este año por miembros de la PNB: “Pensábamos que eran delincuentes. No tenían uniforme y lo único que los identificaba como posibles funcionarios eran las armas con las que apuntaban a todo el que pasaba por el sitio. Luego supimos que eran de la PNB”.

Al cabo de un par de días, sucede de nuevo en la Zona 9. 5 de febrero, la fecha del siguiente operativo policial y, por lo tanto, de la siguiente muerte. En este caso, se trataba presuntamente del Chiripas, un primo del cabecilla de la banda de Wilexis. Cayó en un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y antisociales. 

Ante esta realidad, algunos se refugian en la idea de que la inocencia de los jóvenes los protegerá, mientras señalan casos de “chamos sanos” asesinados en sus casas. “Entonces la gente está durmiendo, consiguen a algún chamo, no preguntan sino pam pam lo mataron y ya”, cuenta una habitante del sector al preguntarle sobre el proceder de los funcionarios en el barrio.

La inocencia no salva

Esa idea de inocencia se convierte en una especie de mantra que calma ansiedades e impotencias; calma, pero no detiene la alteración de sus rutinas para asegurar que sus muchachos no estén solos. Especialmente cuando la policía está en las calles de su barrio.

Pues si bien está claro para habitantes y funcionarios quiénes son el objetivo, claridad no es sinónimo de precisión. Y es así como el futuro de los habitantes de José Félix Ribas se nubla de incertidumbre. En un país donde el mañana político, económico y social es incierto, estas personas se ven sumidas por una capa más de opacidad. Su realidad no solo incluye operativos y asesinatos, sino balas perdidas y enfrentamientos. En su comunidad, el principal actor de la violencia pareciera ser la policía, que allana y roba hogares. Y perpetra otros abusos cuyas víctimas no poseen un patrón claro, pero tampoco escasean en número.

A lo anterior se suma la delincuencia común. Las consecuencias de los enfrentamientos y disputas de pandillas y bandas significan, para la persona común, escaleras cerradas, calles intransitables, noches en vela y miedo.

Siguiendo con la cronología, del 11 al 17 de febrero la banda impone un “toque de queda”: los negocios y comercios del barrio deben cerrar entre las 3 y 4 de la tarde. Esto debido a que el control territorial de un barrio “en guerra” se hace más sencillo cuando no hay gente en la calle, según la lógica de la banda. Las consecuencias de no acatar estas medidas suponen desde multas de miles de dólares hasta la muerte de aquel que se atreva a desobedecer.  

A raíz de lo narrado, el 18 de febrero los habitantes del barrio José Felix Ribas protestan de forma no violenta, cansados de los abusos policiales y criminales. Exigen el cese de los operativos policiales en la zona y de los sobornos. Para ellos, no se trata de proteger o aceptar la presencia de la banda de Wilexis, sino de detener los delitos asociados a las acciones de las fuerzas policiales contra la misma, al igual que denunciar el terror y control que impone la banda entre los vecinos.

No hay claridad en quiénes son los buenos y los malos. Los pobladores no se identifican con la banda, pero el policía abiertamente destroza su comunidad, a sus vecinos y a sus hijos. No es predecible si tumbarán la puerta “solamente” –como si fuese poco– y harán pasar un mal rato; si se llevarán lo poco o mucho que haya podido construir la familia; no saben si implicarán a su hijo, hermano, primo o pareja en algún supuesto delito. Solo saben que “pagan los inocentes”, siendo los más comunes los muchachos. Sus muchachos.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Las “zonas de paz”, la juramentación y el fuego cruzado: ¿Cómo llegamos hasta acá?

El contexto antes narrado no es más que la consecuencia directa de años de inacción, desidia y colaboración gubernamental. Las “zonas de paz” alimentaron a las bandas de todo el país hasta convertirlas en organizaciones criminales de amplio espectro. Esta política de seguridad buscaba, en teoría, desarmar a los delincuentes de los principales barrios del país, a través de la dotación de recursos económicos y la erradicación de la presencia policial en los sectores abordados. Sin embargo, los recursos fueron utilizados para la compra de armamentos por las bandas beneficiadas lo que, aunado a la ausencia policial, segmentó el control político y territorial entre las organizaciones criminales.

Hubo un principal beneficiado de eso: Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, cabecilla de una de las megabandas más relevantes de los últimos años en el país por la capacidad bélica y la extensión territorial de la gobernanza criminal que tiene en la zona. Para 2020, la banda Wilexis controlaba ocho de los diez sectores que conforman el José Félix Ribas. Y, en la actualidad, mantiene el control de la mayoría de sectores del barrio.

Desde la creación de las “zonas de paz”, Wilexis amplió sus redes de poder y su influencia entre los habitantes del José Felix Ribas, ya sea por convicción (debido a los beneficios que estas organizaciones criminales brindan a través de los recursos que manejan: paz delictiva, mediación de conflictos, medicinas, etc.); o por miedo (cobro de vacuna, intimidación y violencia). Esta realidad no incomodó al gobierno nacional sino hasta principios de 2019.

Existen varias tesis sobre el quiebre de las relaciones propiciadas en 2013 entre el gobierno nacional y la megabanda. Una de ellas, y la que parece ser la más acertada, se relaciona con las protestas en contra de Nicolás Maduro que tuvieron lugar en el barrio el 23 de enero de 2019, día en el que se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En estas manifestaciones los habitantes del sector fueron reprimidos y la banda respondió con fuego a los represores.

Desde ese momento se han intensificado dos realidades sumamente complejas:

Enfrentamientos entre bandas

La primera, configurada por los constantes enfrentamientos entre bandas que buscan controlar territorios específicos del barrio. La más conocida de estas disputas fue la que se dio entre la banda del Wilexis y la banda de Christian René Tovar Uribe, alias Gusano. Ambas organizaciones se disputaban territorios del barrio, siendo la banda de Wilexis la que controlaba desde la zona 1 hasta la 8, mientras que la liderada por el Gusano controlaba las zonas 9 y 10. Esta disputa culminaría el 14 de mayo de 2020, cuando delegaciones del CICPC eliminaran al Gusano. Ese mes fue uno de los más más violentos para la parroquia en aquel año, registrando un total de 25 homicidios, lo que supone una media de casi una muerte violenta por día.

Operativos policiales

La segunda realidad es la generada por los cuerpos de seguridad del Estado, a través de operativos policiales que tienen como objetivo desmantelar a las principales bandas y pandillas del sector. En ese sentido, desde 2019 en adelante, se han dado una serie de enfrentamientos entre miembros de la banda y funcionarios policiales, los cuales dejan una gran cantidad de víctimas colaterales y mantienen una zozobra constante en los habitantes del sector.

En específico, según cifras del observatorio, alrededor de 119 infantes y adolescentes han perdido a alguno de sus padres por la violencia homicida en Petare, dejando familias destrozadas, daños irreparables y odio en los afectados.

Alta densidad poblacional, criminal y policial

Petare se mantiene como una de las parroquias más violentas del país. En específico, la parroquia concentra el 19,1 % de homicidios violentos totales registrados por Monitor de Víctimas en el Área Metropolitana de Caracas desde 2017. Durante este primer semestre del año, la característica parece mantenerse.

Haciendo una comparativa con respecto al año pasado, los homicidios, en específico donde la víctima es un hombre joven, han aumentado levemente en estos primeros meses. El observatorio ha registrado, hasta abril de este año, un total de 33 homicidios. De estos, 21 de las víctimas son hombres jóvenes menores de 29 años; a diferencia del año pasado, donde esta cifra fue de 17 sobre un total de 36 homicidios.

El José Félix Ribas es un barrio que ha tenido que sufrir la presencia de enfrentamientos entre organizaciones criminales y cuerpos de seguridad; una comunidad que ha tenido que protestar ante los excesos policiales y los amedrentamientos; unos ciudadanos que han tenido que vivir con miedo ante la escalada de violencia en su barriada.

Esa violencia tiene años oscureciendo en el barrio. Y, a pesar de que estamos en julio y han transcurrido meses del último operativo en José Felix Ribas, la falda del cerro sigue adornada con alcabalas, supuestos puestos de control y seguridad; con tanquetas y oficiales con armas largas. Lo incierto se esconde en lo cotidiano, simulando normalidad y tranquilidad, pero no garantía de seguridad. La mera presencia policial sirve de recordatorio de ello.

Ante esto, resulta decisivo cesar las políticas represivas por parte de los cuerpos de seguridad e implementar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, de manera efectiva, la escalada de violencia y crimen en el sector. De otra forma, los días en José Felix Ribas se seguirán viviendo bajo una inmensa sombra de miedo y pólvora. 

*César Salgado: coordinador de Investigación y equipos comunitarios, Monitor de Víctimas. Miembro de Mi Convive | Isabel Salaverría: coordinadora, Mi Convive.

#MonitorDeVíctimas | Los peligros de ser mujer en Caracas, por Alan Cofrades y Griselys Barrios*
En los siguientes párrafos se busca dar luz, a través de las cifras de violencia femicida, los peligros de ser mujer en Caracas

 

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Desde que Monitor de Víctimas lleva registro de las muertes violentas en Caracas, en promedio, mueren al menos nueve hombres por cada mujer al mes. No cabe duda que, a primera vista, el principal afectado por la violencia en el país es la población masculina, en su mayoría, en edades productivas. Sin embargo, cuando se descomponen estas cifras y se pone atención a las características de estos crímenes, se observa un patrón de violencia particular que caracteriza los femicidios. Esto nos habla de que las mujeres se enfrentan a dinámicas y agresiones que distan de lo común y que son motivo de preocupación.

En los siguientes párrafos se busca dar luz, a través de las cifras de violencia femicida, los peligros de ser mujer en Caracas.

Entre mayo de 2017 y abril de 2022, periodo de todos los números que se presentan a continuación, han muerto al menos 4582 personas en el área metropolitana de Caracas, lo que da cuenta del alto nivel de violencia vivida en la capital durante los últimos 5 años. De estos sucesos, 311 (6,8 %) serían féminas y al menos 80 de estas muertes (1,75 % del total) corresponden a casos de violencia de género.

Mujeres asesinadas por la única razón de serlo y que son víctimas de normas culturales perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género.

Ese 1,75 % es un porcentaje que toma una dimensión distinta cuando se comprende que este es el principal motivo de decesos no naturales en la población femenina. Las muertes masculinas más frecuentes se deben a letalidad policial, robos y ajustes de cuenta. Sin embargo, una de cada cuatro mujeres asesinadas en la capital son víctimas de la violencia de género.

Hablar de violencia de género es encontrarse con matices, contextos y diferentes circunstancias que hacen de este fenómeno, uno muy abstracto. Pero al intentar definir las características de estos crímenes, se consideran aquellos en las que la víctima —mujer o persona de la comunidad LGBTIQ+— puede presentar claros signos de abuso sexual, lesiones o mutilaciones degradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte.

También hay antecedentes de acoso o violencia doméstica, así como el hecho de que el autor del crimen se aprovechó de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica de la persona.

El abuso tiene cara conocida

Durante los primeros meses del 2022, hubo al menos una víctima por dicho motivo en tres de los cuatro meses de los que se tienen datos. Este artículo surge en un momento en el que parroquias como La Vega se han movilizado para alzar la voz y pedir justicia por las víctimas de violencia de género en las comunidades. La más reciente de ellas: Arianna Jocxybel Parra Oliveros, adolescente de 16 años, a quien, de acuerdo a reportes de Runrunes, su exnovio apuñaló diez veces. Este, la acosaba con frecuencia para que retomaran la relación, hasta que el pasado 12 de mayo la asesinó.

En la capital, la violencia tiene muchas caras, en su mayoría desconocidas. En este sentido, a nivel general, en el 71,2 % de los homicidios, la víctima y el victimario no se conocían entre sí. Sin embargo, cuando se hace el análisis diferencial por género, la población femenina es 29 % más vulnerable a ser asesinada a manos de conocidos. Por si esto no fuera suficiente, el 0,38 % de las muertes violentas en hombres tienen como victimario/a su cónyuge, mientras que para las féminas este número asciende a 14,15 %, siendo que, por tanto, una de cada diez mujeres asesinadas en la capital mueren a manos de su pareja.

Los lugares y personas que deberían ser reflejo de seguridad y de confianza, para muchas mujeres del mundo son sinónimo de miedo, abuso, violencia y, para al menos ochenta de ellas, muerte. Los reportes de estos crímenes relatan en muchas ocasiones situaciones de abuso que se extendieron durante el tiempo; y que, ante el miedo de denunciar o en su defecto, la inacción de los organismos competentes y los cuerpos policiales, terminan en tragedia.

La desatendida violencia de género 

Ejemplo de esto es el caso de Karla Ríos, quien llegó a denunciar a su expareja en dos ocasiones por maltratos, según la reseña de El Nacional cuando ocurrieron los hechos en el 2020. La primera de ellas habría sido dos meses antes de su muerte. Ante esto, él fue aprehendido por las autoridades, pero de manera temporal tras el pago de un soborno. Un mes antes del crimen, el asesino había secuestrado a Karla durante ocho horas y en el proceso la amenazó con un arma de fuego. Una vez libre, Karla denunció. Pero las autoridades no hicieron nada.

Ante este tipo de crímenes, muchas personas suelen preguntarse “¿Por qué no denunció?” o “¿Cómo no se dio cuenta de con quién estaba?”. Esto no solo culpabiliza a la víctima, sino que también se ignora el sinfín de variables que están presentes en los casos de violencia de género y que pueden llevar a la persona a sentir miedo de huir y/o actuar. También, de revivir el crimen al momento de denunciar o ser estigmatizadas, situación que resulta insensible ante el hecho de que mes a mes aparecen casos en los que la víctima alzó la voz y buscó ayuda, pero simplemente no pareció importar a efectos de los cuerpos de justicia.

A Karla la asesinó, el 31 de julio de 2020, Edward Felipe Chacón, su expareja, a quién dos veces intentó alejar usando los recursos que la justicia debería proveer y que a día de hoy sigue prófugo. Por más que el Estado venezolano se proclame feminista, publique leyes y cree instituciones u organismos, la violencia de género no se atiende con el enfoque correcto. En este contexto, la educación y la cultura no se puede dejar de lado para solo trabajar la parte estructural; los cambios reales en la sociedad venezolana se generarán desde el individuo y la familia.

Casos como el de Arianna o el de Karla se sustituyen en las páginas de sucesos por nuevas víctimas. Todas con su historia de sufrimiento particular, pero que en el fondo confirman que la violencia de género ha sido y sigue siendo un problema no atendido en Venezuela y testimonian los peligros de ser mujer en Caracas.

Desde Mi Convive, creemos en el papel fundamental que deben cumplir el gobierno y los entes responsables en materia de violencia y defensa de los derechos de la mujer para que se lleven a cabo políticas públicas orientadas a la educación en materia de derechos humanos, género y temas relacionados.

Así mismo, de reducción y prevención de violencia que apunten a la visibilización de esta problemática; a la mejora de los sistemas legales y policiales de respuesta y protección a las víctimas, siendo esto último fundamental para restaurar la confianza de las víctimas en que la justicia es capaz de actuar investigando, sancionando y reparando lo que han vivido.

* Alan Cofrades, especialista de investigación y análisis de datos | Griselys Barrios, coordinadora de Comunicación. Ambos del equipo de Mi Convive.

En Caracas es posible pensar en todos, por Humberto Rumbos*
Es posible que en Caracas pensemos en todos. De hecho, ya lo hacemos todos los días. Lo necesario es que seamos conscientes de ello para construir comunidad

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Cada una de las personas que forman parte de una sociedad, como lo es la caraqueña, se encuentran sujetas a un conjunto de condiciones determinadas no solo por las instituciones políticas[1] que las rodean, sino que también son afectadas por la particularidad que surge de su propio entorno familiar, su cultura, sus asociaciones voluntarias a una postura política u otra, y hasta por su brújula moral representada por esa voz interna que guía sus acciones[2]. Ahora bien, si somos tan particulares y vivimos bajo condiciones tan distintas, ¿Cómo es que podemos entendernos entre nosotros?

Esta es una pregunta fundamental al momento de pensar en democracia. Sin embargo, no tienes que ser experto en temas democráticos para comprender por qué algunas personas se llevan bien con otras.

Se podría pensar que algunos lo hacen porque son familiares, otros porque se conocen desde hace mucho tiempo y algunos otros –quizás– porque se benefician de dichas relaciones. Ahora bien, la realidad es que todos los días somos testigos de cómo miles de personas deciden cooperar entre sí simplemente porque desean vivir mejor. Esto pudiese parecer inocente e ingenuo, pero cada vez que salimos de nuestros hogares solemos decidir confiar –en mayor o menor medida– en los demás. Y los demás deciden hacer lo mismo. Si no fuese así, entonces estaríamos en constante miedo respecto a lo que pueden hacernos otras personas.

Se suele decir que vivimos en un país en el que reina la impunidad, pero a pesar de que los “malos suelen salirse con la suya”, aún los buenos deciden no aprovecharse de un sistema corrupto para beneficiarse solo a ellos mismos. Estos representan la mayoría de las personas que nos rodean, pues si todos optamos por pensar solamente en nosotros, entonces sería imposible poder relacionarnos con otros sin pensar que se están beneficiando a costa de nuestro perjuicio. Esta es la Caracas que nos rodea. Una Caracas en la que a pesar de que faltan muchas cosas, miles de personas salen todos los días de sus casas para que a su familia no le falte nada. Una Caracas en la que si una persona roba en el metro, hay otras 2000 personas que no lo hacen. Una Caracas en la que la mayoría de sus habitantes deciden cooperar por una vida mejor y no hacerle daño a los demás.

Esto es posible porque cada uno de nosotros, como personas, somos capaces de no solo ser racionales y pensar en nuestro propios objetivos, fines y más grandes deseos, sino que también somos capaces de ser razonables y actuar conforme a términos que todas las demás personas puedan aceptar[3]. Esto puede sonar un poco al refrán “no hagas lo que no te gusta que te hagan”, pero la realidad es que la mayoría de nosotros actuamos conforme a este imperativo[4]. Cada vez que interactuamos con otra persona decidimos no hacerle daño, en parte, porque no quisiéramos que esta persona nos haga daño a nosotros. Este no es un proceso consciente la mayoría del tiempo, pero es una característica inherente a la vida en comunidad, pues en nuestra razón yace la base de nuestra natural cooperación.

Es posible que en Caracas pensemos en todos. De hecho, ya lo hacemos todos los días. Lo necesario es que seamos conscientes de que como caraqueños tenemos esta facultad. Y por lo tanto debemos aprovecharla para buscar de forma activa el bien común. El esquema comunitario tiene una gran importancia en el marco de esta reflexión, pues es el ejemplo más inmediato que se nos presenta cuando se habla de cooperación social. Desde el vecino que ayuda al que lo necesita, hasta la organización de la comunidad para recuperar un espacio público, cada una de estas acciones reflejan cómo estas personas se preocupan unas por las otras y además apuntan a un bienestar compartido.

En Mi Convive basamos nuestras actividades en una visión democrática y comunitaria que se respalda en lo que se ha señalado hasta ahora: (1) vivimos en una sociedad que coopera constantemente, (2) en la que sus ciudadanos son capaces de pensar en los otros más allá de la particularidad y singularidad de cada uno, y que además (3) tienden a un bien común. Un ejemplo de esto es el programa Vamos Convive. En mismo se forman a jóvenes que viven en algunas de las comunidades más afectadas por la violencia en Caracas para que sean agentes de cambio y constructores de paz, fortaleciendo sus capacidades de liderazgo, desarrollo psicosocial y formándolos en un oficio o profesión. Con estas actividades se busca aprovechar el potencial de estos jóvenes para que promuevan la comunidad que ellos y las personas que los rodean desean.

«La gente de barrio no es como los demás creen, somos iguales y queremos ser mejores cada día”, mencionó un joven de la comunidad de Pinto Salinas que participó en la formación de Vamos Convive, quien a su corta edad ya es consciente de que más allá de la gran cantidad de diferencias que pueda existir entre la gente de su barrio y el resto de Caracas, desde el acceso a servicios básicos hasta oportunidades de crecimiento, todos desean algo mejor para sí. Y, al ser todos iguales, existe una tendencia importante para ayudarnos mutuamente haciendo uso de nuestra propia voluntad. “Persona es persona, no importa a donde viva, ni en qué espacio, cada persona tiene una mentalidad distinta”, comentó otro joven de la misma comunidad.

Nuevamente, no es necesario ser un experto o un académico para entender por qué en Caracas es posible pensar en todos. Los jóvenes de Pinto Salinas lo pueden ver. Aunque la mayoría de las personas que nos rodean no son conscientes de esto, a lo largo de sus días deciden constantemente no hacer mal a los otros, y por ello vivimos en una comunidad en la que suele pensar en los demás. Esta no es una particularidad de la sociedad caraqueña, pues sucede en otras ciudades dentro y fuera de Venezuela. A pesar de que la cooperación social, la razón y el bien común son características que se encuentran presentes en nuestro entorno, es importante resaltar que estas son condiciones necesarias más no suficientes para vivir en democracia. Resulta imprescindible que las instituciones del Estado utilicen estos insumos para promover esa buena convivencia que la mayoría de nosotros desea.

Presentar estas características de nuestra sociedad en esta reflexión no tiene como pretensión aparentar la existencia de una perfecta armonía, sino resaltar la presencia de una base sobre la cual se puede construir democracia en nuestra comunidad. Si bien no existen dos caraqueños que hayan compartido las mismas experiencias y sean iguales, siempre encontraremos en nuestros entornos a otras personas dispuestas a tendernos una mano y comprometidas –aunque no lo sepan– con un futuro mejor para todos nosotros.

[1] Junto con las instituciones económicas y sociales que componen la estructura básica de la sociedad analizada por John Rawls en Teoría de la justicia. | [2] Constricciones comunitarias presentadas por Michael Walzer en Razón, política y pasión (2004). | [3] Facultades morales según John Rawls. | [4] Imperativo categórico.

(*) Humberto Rumbos es especialista de investigación de Caracas Mi Convive.

#MonitorDeVíctimas | Caracas, la ciudad de los huérfanos
El aumento de las ejecuciones extrajudiciales ha traído como consecuencia el aumento de la orfandad en el Área Metropolitana de Caracas

 

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Los hijos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se convierten en afectados colaterales, objetos de este delito. Desde ese momento en adelante, su vida se verá obstaculizada con constantes barreras por no contar con la figura de alguno de los padres, sumado a las implicaciones emocionales de tener que lidiar con una pérdida tan trágica. Las relaciones personales, el sustento económico, la confianza en las instituciones de justicia y la escolaridad tienden a ser de las variables más afectadas en el entorno de los niños cuyos padres fueron ejecutados.

Durante el año 2021, Monitor de Víctimas registró un total de 76 ejecuciones extrajudiciales, las cuales han dejado un saldo de 73 huérfanos. Mientras que, en los casi 5 años de trabajo de Monitor de Víctimas, se ha podido contabilizar un total de 1309 jóvenes, menores de 18 años, que han quedado huérfanos a raíz de 984 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

2018 figura como el año en el que más niños quedaron huérfanos por presuntas ejecuciones extrajudiciales, con un total de 382 menores de 18 años huérfanos a raíz de 368 homicidios. Manteniéndose la tendencia de que por cada 10 ejecuciones extrajudiciales hay entre 9 y 11 huérfanos.

La orfandad tiene grandes repercusiones en la vida de los jóvenes. En la mayoría de los casos, los padres ejecutados representaban el único sustento económico con el que las familias contaban en el hogar.

Esto deja a la familia en una situación de crisis, en donde además toca lidiar con todas las repercusiones psicológicas que la ejecución tendrá en ellos.

A esta dura realidad se verá sometido el bebé de 3 años de José Gregorio Clemente. La familia Clemente, compuesta por la víctima, su esposa y su hijo, se encontraba caminando por El Paraíso el 12 de julio de 2021 cuando funcionarios de las FAES dispararon varios tiros dirigidos a sus costillas. Otra víctima inocente del Operativo Gran Cacique Guaicaipuro.

Los sucesos de una ejecución extrajudicial son trágicos y permanecen como un recuerdo muy oscuro en la memoria de los jóvenes. Perder a un padre de una manera tan drástica y violenta tiene mayores repercusiones psicológicas que perder a un padre en situaciones naturales.

Las consecuencias dependen de factores como la edad en la que el hijo presenció la muerte (si es que la vio o lo sacaron de su casa antes del suceso) de su padre o madre y cómo la familia decide afrontar el duelo. De 0 a 5 años los recuerdos no son tan precisos, y los familiares se pueden encargar de ello durante la crianza. Sin embargo, estos niños podrían manifestar sus preocupaciones, miedos y tristezas de una forma en la que, si no es bien atendida y a tiempo, las consecuencias a largo plazo podrían ser aun mayores.

Por otro lado, niños más grandes pueden recordar perfectamente y generar sentimientos relacionados con el dolor y la ira hacia los verdugos de su padre. La forma en la que se debe abordar el duelo de los niños siempre cambiará dependiendo de las circunstancias del suceso.

El resentimiento ahora se vuelve parte de la vida de estos hijos. Crecen con el sentimiento de que les arrebataron a alguien muy preciado. Perdieron a sus padres en manos de aquellos que juraron protegerlos.

Los operativos policiales han demostrado no ser eficientes en el control de la criminalidad; por el contrario, estos son funcionales a que ocurran hechos de uso desproporcionado de la fuerza como las ejecuciones extrajudiciales, lo que contribuye a nutrir el ciclo de violencia en la ciudad.

El duelo causado por las ejecuciones extrajudiciales es un proceso aún más difícil. Cerrar el ciclo resulta casi imposible, pues la falta de garantías para la obtención de justicia y la debilidad del sistema judicial empeoran el proceso para los familiares de la víctima.

El Estado no responde por los niños

La falta de institucionalidad y políticas públicas de protección a las víctimas solo empeora la situación. No existe apoyo por parte del Estado ni de las autoridades para ayudar a los jóvenes y a los familiares que quedan a su cuidado.

Los cuerpos de seguridad del Estado deben cumplir con sus funciones que es proteger y defender a todos los venezolanos. Respetar los valores institucionales y recuperar la confianza de las personas. Hacer cumplir la justicia según el margen de la ley y no según el juicio de aquellos con el poder.

En Caracas Mi Convive creemos que las políticas de mano dura implementadas por el gobierno no son efectivas para disminuir los índices de violencia, sino que su implementación solo empeora la situación social de Venezuela. Generan terror, pérdidas de personas inocentes y aun más desconfianza en las autoridades. La represión y el miedo infundido por estas políticas solo generan resentimiento y odio a las instituciones del país por las personas afectadas. Los derechos de las personas y en especial de los niños deben ser respetados y defendidos por cada uno de los órganos del Estado. Son derechos inalienables de todos los venezolanos.

#MonitorDeVíctimas | Venezuela roja: breve cronología de la violencia policial en Venezuela por César Salgado y Héctor Navarro
Un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está asesinando a mansalva su presente

 

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Venezuela se ha caracterizado históricamente por la implementación de operativos policiales que buscan abordar la violencia y que progresivamente resultan en violaciones de derechos humanos.

La “Operación Vanguardia” en el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974); el “Plan Unión” en la presidencia de Luis Herrera Campíns (1981); el “Acto Seguridad 84” implementado en la gestión de Jaime Lusinchi (1984-1989) o la creación, en los años 90, de los grupos de la Policía Metropolitana, conocidos como “Pantanero” y “Fénix”. Todos fueron planes de seguridad donde, en teoría, se buscaba prevenir y disminuir la violencia. Pero existieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a civiles, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza letal.

Durante esos años, según cifras del Ministerio Público y otras fuentes, hubo una tasa promedio de letalidad policial que se mantuvo por debajo de 4 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras se elevarían de formas alarmantes luego de 1999, con la elección presidencial de Hugo Chávez: luego de su toma de poder, el país empezaría un proceso de cambios estructurales a nivel institucional, político y socioeconómico. En el marco de la prevención y reducción de violencia, el foco del gobierno de Chávez fue, en los primeros años, brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables y limpiar a los cuerpos policiales de las creencias colectivas de represión y abuso que arrastraban de décadas pasadas, resultando en una limitación de funciones y capacidades de actuación de estos (Briceño León, 2007).

Letalidad policial como política de Estado

Esto resultó en un ascenso de los índices de impunidad y de violencia homicida en el país −en específico en los años 2005 y 2006−: mientras que para 1998 por cada 100 homicidios había 118 arrestos, entre 2006 y 2009 hubo 8 arrestos por cada 100 homicidios. Naturalmente, se pensaría que estas limitaciones resultarían en instituciones policiales menos violentas y más mesuradas en términos de fuerza letal. Paradójicamente, la realidad fue que para el año 2003 hubo un aumento significativo en las tasas de letalidad policial (9 homicidios de la policía por cada 100.000 habitantes) y que, si bien en años posteriores disminuirían, Venezuela empezó a figurar entre los países con mayores índices de violencia policial de la región.

Ante esto, la respuesta de las autoridades de justicia fue la creación, en 2006, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). Esta iniciativa buscaba proponer una reforma integral de la legislación en materia de seguridad y establecer la preservación y protección de la vida como objetivo fundamental. Sin embargo, ni los altos cargos de gobierno ni los cuerpos policiales adoptaron dichas recomendaciones, por lo que su implementación no tuvo el impacto esperado. 

En el año 2008, el expresidente Chávez −a través de leyes habilitantes− realizó un decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, marcando así el nacimiento del nuevo modelo policial basado en la reforma. Para ese año, PROVEA registraría un aumento de 146 % en el número de personas asesinadas por policías o militares con respecto al 2007.

Posterior a la primera década del siglo XXI, caracterizada por el intento de reforma y los aumentos de las cifras de letalidad policial, en el año 2010 se implantaría un nuevo operativo policial con la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual iniciaría un proceso de encarcelamiento masivo, dejando como consecuencia un incremento significativo en la población carcelaria que pasaría entre los años 2009 y 2011 de 30.483 reclusos a más de 50.000; la mayoría de los casos siendo jóvenes de sectores vulnerables entre 18 y 29 años arrestados por crímenes menores como consumo o microtráfico de drogas.

La saña de las OLP

El año 2015 se caracterizaría por el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales eran operativos policiales compuestos por diferentes instituciones policiales que, en teoría, buscaban luchar contra el crimen y las guerrillas, pero en la práctica incursionaban en sectores populares y cometían violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza traducido en ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Las OLP se diferenciaron de otros operativos policiales antes implementados en términos de letalidad policial, superando a todos en cifras y extensión. Esta transformación de una política dedicada a encarcelar masivamente a una donde la letalidad policial aumentó de forma dramática está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder (Zubillaga y Hanson, 2018) 

La letalidad policial está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder.

Y llegan las FAES

Según investigaciones del Ministerio Público de aquel momento, las OLP dejaron un saldo de 505 homicidios entre julio del 2015 y marzo del 2017. Si bien las denuncias de múltiples organismos internacionales y ONG locales obligaron a la administración de Maduro a desmantelar las OLP, el gobierno mantuvo la misma dinámica de represión y coacción a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en abril del 2016 y presentado en julio 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

Según cifras de Monitor de Víctimas, desde al año 2017 −año de creación de las FAES− hasta el 2021 se han registrado un total de 1513 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de Caracas, lo que supone el 36 % del total de homicidios en esos 4 años. De estos, 708 corresponden al accionar de las FAES.

Las cifras de letalidad policial en Venezuela no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. 

Este uso excesivo de la fuerza en operativos policiales es una práctica que se remonta a décadas pasadas de la historia del país. Sin embargo, las cifras actuales no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. El deterioro institucional, las limitaciones formativas y las políticas de intimidación han configurado un contexto donde parece que la violencia policial la única forma de contención para la delincuencia y la seguridad en el país, afectando directamente a los jóvenes de las zonas más populares de la ciudad, privándolos del progreso y libre desenvolvimiento, quitándoles las posibilidades y creando un contexto de miedo permanente en las comunidades.

El poder del miedo

La actual crisis de seguridad en el país, caracterizada por las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no es más que el reflejo de una política de seguridad ciudadana que busca sedimentar, a través del miedo y el silencio, el control del gobierno de forma prolongada.

Si bien en décadas pasadas ya existía la presencia de operativos policiales que violaban derechos humanos, las cifras se han incrementado de forma dramática, sin mayor pena o vergüenza, con el fin social de coaccionar y erradicar las expectativas de las poblaciones más vulnerables del país.

Que los jóvenes sean las principales víctimas y los policías los principales victimarios establece un contexto donde los jóvenes de zonas populares crecen con el miedo de ser ejecutados de forma espontánea por la policía. Esto crea un sentimiento de desconfianza generalizado y promueve estrategias de resguardo, como emigrar a temprana edad sin estudios que los respalden o la inclusión en organizaciones criminales que les hagan frente.

Está comprobado que las políticas de “mano dura” no previenen ni reducen la violencia de forma efectiva. Más bien sedimentan los ciclos de violencia, creando una narrativa colectiva de desconfianza en las instituciones de justicia del país. El abordaje de la violencia debe ser coherente, tomando en cuenta los factores estructurales que promueven el involucramiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en actividades delictivas.

La falta de oportunidades, los pocos incentivos a estudiar y las limitaciones de ingreso que padece la gran mayoría de las familias venezolanas, son algunas de esas limitaciones; un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está condicionando negativamente su futuro y asesinando a mansalva su presente.