Caracas Mi Convive

En Venezuela solo 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que viven en comunidades vulnerables han tenido acceso a educación sobre los métodos anticonceptivos

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Nayreth era una joven de 17 años, se enteró de que estaba embarazada en febrero del 2022, llevaba dos meses de retraso en su período y en un principio pensó que era una casualidad. El signo positivo del embarazo vino acompañado de un mar de lágrimas, también de reproches y ofensas de su pareja.

“Me enteré, me puse a llorar, lo primero que hice fue decirle al papá y me dijo muchas cosas feas y yo lo que hice fue llorar más entonces. Cuando llegué a casa y di la noticia a mi familia, su reacción fue ponerse a llorar conmigo, mi mamá me dijo ‘mi niña va a tener una niña’”.

Para esta joven el embarazo significó un duelo en función de la pérdida del rol de “niña” dentro de su hogar. Con 17 años se tuvo que enfrentar a los cambios fisiológicos y conductuales asociados con el proceso de gestación, y a la vez asumir un papel asociado con la adultez aun cuando no se encontraba en esta etapa. Nayreth se vio en un cambio drástico, en donde pasó de ser hija a ser madre.

Asumir dicho rol, sin haber completado satisfactoriamente las etapas de la adolescencia, conlleva a situaciones de tensión que generan estrés emocional y psicosocial, causando efectos psicológicos asociados a estados depresivos, pérdida de la autonomía, baja autoestima y problemas interpersonales (Aguilar et al., 2021). Afortunadamente Nayreth no pasó por estas situaciones. En parte porque contó con una red de apoyo que le permitió transitar su embarazo con más serenidad.

“Gracias a Dios a mí no me dio depresión postparto ni nada de eso, gracias a Dios yo mantuve la mente tranquila, gracias a Dios (…) Yo en lo personal, tuve el apoyo de mi mamá principalmente, luego de mi familia y poco a poco me fueron aceptando”.

Es fundamental el rol de la familia dentro del acompañamiento del embarazo juvenil, pues las relaciones del círculo social cercano inciden en el desarrollo del proceso de gestación hasta representar una escuela de enseñanza sobre lo que significa la maternidad. El apoyo del entorno familiar o cercano a los futuros padres es esencial para que ejerciten sus capacidades como cuidadores. 

“Mi hermana no estaba nada de acuerdo en que yo estuviera embarazada, nada, no quería que lo tuviera, incluso ella me asomó la idea de no tenerlo. Yo al principio (…) no lo quería tener, y yo dije, bueno sí, vale… y mi mamá – Ey, un momentico, tú no vas a inventar y aquí estoy yo-, y ella fue la que me dio prácticamente todo su apoyo, la que me hizo sentir bien, la que me dio la tranquilidad, todo, mi mamá fue todo”.

Si bien la joven contó con el apoyo de su madre, el embarazo significó una reestructuración de su modelo familiar. Cada uno de los integrantes tuvo que incorporar nuevas funciones en casa, lo cual vino asociado a conflictos y preocupaciones. A estos eventos se le suma una situación económica precaria, la ausencia del apoyo de su expareja y el rechazo del padre de la joven.

“Yo duré prácticamente mis nueve meses de embarazo sin cruzar palabra con mi papá, hasta que nació la niña (…) y cuando nació la bebé, ya cuando yo tenía dolores, él estaba pendiente –mira te compré una sopita, ¿cómo te sientes?, ¿ya vas a parir? Que no sé qué, que no sé cuánto–. Hasta el sol de hoy que mi niña es la luz de sus ojos, ya a mí me quitaron el puesto. Y, para mí, mi niña lo es todo”.

La maternidad representa una redefinición de la identidad femenina, puesto que la vida de la gestante, desde el momento del embarazo, estará estrechamente vinculada a las demandas de su bebé (Dias y Teixeira, 2010, citado en Fonseca, 2019). Esta situación puede resultar difícil para las adolescentes embarazadas, pues existe un reto tanto biológico como madurativo, en donde la madre adolescente debe transitar su propio desarrollo personal y social hacia la adultez, a la vez que asume la responsabilidad de cuidar y velar por el desarrollo de su hijo.

La historia de Nayreth no es un caso aislado. En Venezuela solo 3 de cada 10 mujeres, niñas y adolescentes que viven en comunidades vulnerables han tenido acceso a educación sexual integral sobre los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bajo esta brecha de desinformación, Venezuela tiene una de las tasas de natalidad adolescente más alta de América del Sur, contando 81 partos de cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años (Prodavinci, 2021).

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Teniendo en cuenta la falta de información en cuanto a una vida sexual protegida, el embarazo adolescente suele ser inesperado para los jóvenes y para su núcleo familiar, ya que surge en una etapa en la cual los padres del bebé no tienen estabilidad económica y en la mayoría de los casos ni siquiera han culminado sus estudios secundarios (Fonseca, 2019). Ante la falta de planificación del embarazo, suelen ser los abuelos los encargados de la manutención y cuidado de los nuevos padres y de sus hijos.

El embarazo adolescente es un tema que ha sido abordado e internalizado dentro de nuestra cultura como un asunto familiar privado, de forma que en la familia recae la educación sexual, la orientación y el soporte a la crianza. Esta carga asumida suele superar en creces los recursos del núcleo familiar.

De esta manera, ante la precariedad de las políticas de salud pública en los temas relacionados a la educación sexual, es la familia la que asume la carga de educar y acompañar a las nuevas generaciones contando únicamente con sus recursos domésticos: experiencia, información disponible y voluntad, en un contexto de carencia de instituciones públicas que orienten y atiendan la realidad, las familias quedan a su suerte.

Las vivencias y los cambios dentro de la familia de Nayreth representan la historia de miles de familias venezolanas que han asumido responsabilidades en cuanto a la educación sexual de sus hijos contando exclusivamente con sus creencias y conocimientos, debido a la falta de garantías por parte del Estado sobre la difusión de información sexual y el apoyo familiar. Es en este sentido que, a partir de nuestra labor como sociedad, se hace imprescindible afianzar y promover la orientación y educación sexual, ya que es uno de los tantos desafíos a los que se enfrenta la población joven.

* Licenciada en Psicología graduada de la UCAB, especialista en acompañamiento psicosocial en el programa Vamos Convive, de Mi Convive.

Bibliografía

• Aguilar, L., Barroeta, G., Guillén, D y Rodríguez, L. (2021). Maternidad adolescente: Apuntes derivados de una experiencia. Alternativas cubanas en psicología, 9 (27). Recuperado en acupsi.org
• Rojas, Indira (2021). “Eres muy joven para hablar de esto”. Recuperado de Factor Prodavinci
• Fonseca, E. (2019). Análisis dinámicas familiares, redes de apoyo y embarazo adolescente. [Tesis de especialización no publicada]. Universidad El Bosque.
• Mi Convive A.C. (2023, 10 de octubre). Embarazo juvenil (Núm. 1) [Pódcast de video]. Háblame convive por Vamos Convive.

¿Para qué sirve el informe ONU si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, para que las violaciones a los DD. HH. no queden olvidadas como anécdotas

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El pasado miércoles 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (Fact Finding Mission, en inglés) sobre Venezuela publicó su 4.° informe sobre los descubrimientos del último año, titulado “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” (para acceder a todos sus informes puede dirigirse a esta página). Estas son misiones de la Organización de las Naciones Unidas enviadas a áreas conflictivas con la finalidad de recabar evidencia e información con respecto a un conflicto o situación particular.

En septiembre del año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión de Determinación de Hechos (FFM, siglas en inglés) en Venezuela con el objetivo investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado Venezolano desde el año 2014. Si bien la misma tenía un plazo inicial de un año, ha sido extendida en tres ocasiones por encontrar motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados constituían crímenes de lesa humanidad. Además, después de 4 años, el gobierno nacional no permite la entrada de oficiales de la misión, por lo que las investigaciones son llevadas a cabo a distancia.

Entonces, ¿qué dice este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país?

Monitor de Víctimas fue referenciado 13 veces en el informe como medio para sustentar, comparar y visibilizar denuncias de violaciones de derechos humanos. El mismo, que estudia el periodo específico entre enero del 2020 y agosto del 2023, establece que la misión tiene motivos razonables para creer (estándar de prueba utilizado para sus investigaciones -o, en castellano- el criterio por el que la misión da por probado o no un hecho) que el Estado Venezolano:

• Es responsable de al menos 53 privaciones arbitrarias de la vida, que se refiere a “un acto u omisión deliberados o previsibles y evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida” de una persona. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos y protestas, pero también la responsabilidad del poder negar cuidados médicos necesarios a personas detenidas que terminaron falleciendo.
• Estos números, que aparentan estar incompletos, responden a la rigurosa metodología que debe implementar la FFM para la comprobación de los hechos, teniendo que enfocarse en casos específicos para poder llevar a cabo todas las averiguaciones necesarias (lo cual añade más contundencia a los casos comprobados).
• Ha cometido desapariciones forzadas, manteniendo desaparecidos hasta por diez días a personas detenidas, sin informar a sus abogados o familiares e incluso llevándolas a casas clandestinas antes de llevarlos a un centro de reclusión oficial.
• Ha llevado a cabo al menos 58 detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales. La mayoría de ellas, sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento y, comentan, atribuidas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
• Ha detenido arbitrariamente a familiares de sospechosos, sin tener evidencia alguna de vinculación con los presuntos hechos, esto como forma de presión y tortura a los detenidos. Estos familiares, en su mayoría, son mujeres.
• Puso en marcha políticas de tortura con miras en “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” e incluso de extraer confesiones falsas. Las mismas incluyen: “Golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado”. Esto además de tortura psicológica, como amenazas de hacer daño a familiares. Muchos de estos abusos ocurren en centros de reclusión oficiales, pero también a lo largo de todo el país en casas clandestinas (recomendamos leer Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas, de ArmandoInfo).
• Usó las violaciones, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada como formas de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno. Con respecto a la violencia de género, señalan que “las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas»‘. Esta técnica de represión y tortura suele ser mayormente utilizada contra mujeres. Sin embargo, los hombres no han estado exentos de ellas.
• Ha puesto en marcha ataques, amenazas, vigilancia y acoso, descrédito y censura como forma de represión sistemática, ya sea mediante intervenciones directas o mediante acciones de intimidación y vigilancia. Esto mediante el uso de funcionarios del Estado, pero también a través de “colectivos” y grupos civiles adeptos al Gobierno.

Además de señalar todos estos hechos, el informe hace especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras más implicadas en graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. De hecho, Monitor de Víctimas ha registrado al menos 891 homicidios cometidos por funcionarios de este cuerpo policial (aunque estima que el número real es significativamente mayor), incluyendo unas 603 supuestas ejecuciones extrajudiciales.

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Luego de la recomendación de la comisión en 2020 de “desmantelar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación”, no fue sino hasta julio del año 2022 que el Gobierno supuestamente las disolvió. Sin embargo, tal como hemos denunciado desde Monitor de Víctimas (La DAET: cambio de siglas, igual letalidad) y otras organizaciones de derechos humanos (Provea con ¿Disueltas las FAES?), la comisión establece que esta “disolución” no fue más que una medida disuasoria para despistar a la comunidad internacional, manteniéndose gran parte de su estructura, modus operandi y letalidad en un nuevo cuerpo policial: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

En conclusión, el informe establece que las graves violaciones de derechos humanos registradas de forma más reciente (2020-2021) en Venezuela sigue el mismo patrón de ataque sistemático contra la población civil, identificado y calificado como crímenes de lesa humanidad en informes previos.

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Así mismo, comentan que, si bien últimamente el Estado ha sido más selectivo y optado por medidas más “blandas” de represión, esto responde a un intento de anular al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado y al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos, mostrando capacidad y disposición a recurrir a una línea represiva más dura, contundente y violenta a mera conveniencia.

¿Para qué sirven este tipo de comisiones e informes si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, a pesar de que la mayoría de ciudadanos estamos al tanto de este tipo de ataques, la comisión ayuda a que estos sucesos no queden olvidados como anécdotas, sino que puedan quedar establecidos a escala mundial como hechos comprobados con responsables directos e indirectos. Además, si bien la comisión no toma acciones directas, sus informes, testimonios y existencia ayuda a generar costo político sobre las violaciones de derechos humanos y presiona al Estado venezolano a actuar. De esta forma, si bien no ha habido avances significativos en temas de derechos humanos en Venezuela, existen casos particulares en los que, tras ser reseñados por la comisión, se han liberado personas detenidas arbitrariamente o se ha avanzado en la judicialización de funcionarios responsables de muertes.

Comentarios como ‘seguro lo mataron por malandro’, va en contra el derecho a la vida, que busca protegernos de Estados y funcionarios policiales que actúen como jueces y verdugos

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A todos nos gustaría creer que el mundo es un lugar justo y predecible, donde todo lo que ocurre tiene un sentido lógico y en el cual “las cosas malas pasan por algo”. De hecho, el psicólogo experto en violencia, Ervin Staub, plantea que todos los seres humanos compartimos ciertas necesidades básicas, entre ellas, la necesidad de seguridad. Con ello, se refiere a una necesidad universal y compartida de sabernos, o al menos creernos, a salvo de daños físicos y psicológicos del exterior y con la capacidad de protegernos ante posibles ataques.

La satisfacción de estas y otras necesidades son fundamentales para mantener un adecuado funcionamiento interno en los seres humanos. Sin embargo, en nuestro esfuerzo por conseguirlo podemos no solo llegar a conclusiones discriminantes y erróneas, sino resistirnos a cambiarlas y, por si fuera poco, actuar con base en ellas. Muchas veces las consecuencias de equivocarnos por asumir algo son simples: perdemos el autobús por creer que saldría a una hora o nos perdemos de una buena película porque su portada nos hizo estar seguros que no valía la pena.

Esto es especialmente importante en una realidad como la que viven muchas comunidades vulnerables en Venezuela, y en especial, la de los hombres jóvenes que habitan en ellas, la cual se ha visto marcada por la violencia. Solo en Caracas, Monitor de Víctimas ha contabilizado al menos 4665 muertes violentas desde marzo del 2017, con un 39,87 % de ellas a manos de fuerzas de seguridad del Estado.

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Los operativos policiales en Venezuela, como los llevados a cabo durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), son sinónimo de abusos, miedo, dolor y muerte en cada una de las comunidades donde fueron llevados a cabo, dejando atrás un rastro de al menos 1860 presuntas ejecuciones extrajudiciales y, con ellas, miles de madres, padres, hijos y hermanos, todos víctimas secundarias marcadas para siempre por el dolor de perder un familiar a manos de una violencia estatal desproporcionada.

En un contexto así, en el que la muerte está a la orden del día y las personas no sienten confianza en aquellos que se supone deben protegerlas, es posible caer en la justificación del actuar de la policía y las violaciones de derechos humanos como una forma de satisfacer, hasta cierto punto, la necesidad de seguridad. Por lo tanto, culpabilizar a la víctima se convierte en una forma de convencernos de que “si hacemos las cosas bien, seguimos las reglas y no cometemos ningún delito, estaremos a salvo”. Con lo cual, no es extraño para las víctimas secundarias escuchar comentarios del tipo “Si lo mataron, por algo sería” o «seguro lo mataron por malandro», palabras bastante crueles que en ocasiones surgen de personas cercanas o familiares.

Sin embargo, a diferencia de los errores frecuentes e intrascendentes mencionados al inicio, tomar esta postura tiene consecuencias graves para nuestra vida en sociedad y contribuye a perpetuar el problema del que pretende defendernos.

En un principio, pensar de esta forma va en contra de un derecho humano tan fundamental como es el derecho a la vida, el cual es inherente a cada ser humano por el simple hecho de existir y que busca, en casos como estos, protegernos de Estados y funcionarios policiales que actúen como jueces y verdugos. Así, todo individuo tiene derecho a vivir libre y seguro, siendo responsabilidad del Estado tomar medidas para preservar este derecho.

Por tanto, avalar este tipo de acciones significa aceptar que el Estado y, por ende, los funcionarios, puedan establecer los criterios según los cuales un individuo merece morir, permitiéndoles poner a cualquiera en el punto de mira. Incluso por motivos políticos.

Además de ello, este tipo de creencias profundiza el dolor y el sufrimiento de las víctimas secundarias, quienes no solo han tenido (y tienen) que lidiar constantemente con el dolor y el trauma de perder un ser querido de forma violenta por la decisión arbitraria de aquellos que juraron protegerlos, sino que además se vuelven víctimas del estigma social de familiares y amigos, personas que en cualquier otro contexto deberían ser un apoyo.

Como si no bastara con la desconfianza hacia las instituciones de justicia que son indiferentes sobre su situación o con las consecuencias económicas de perder un sostén de familia, el estigma las fuerza a aislarse, a callar cuando quieren alzar su voz y a evitar expresar su dolor por miedo a ser juzgadas. No debería ser polémico decir que todos merecen tener derecho a defenderse, a ser tratados con justicia y, en el caso de las víctimas secundarias, a llorar a sus familiares.

Finalmente, comentarios que explícita o implícitamente sugieran que las ejecuciones extrajudiciales son algo merecido solo contribuyen a profundizar la desvalorización de poblaciones vulnerables mediante la representación negativa de las víctimas, acciones que perpetúan estereotipos nocivos y discriminantes y facilitan la aceptación del discurso violento del Estado que busca justificar e incluso hacer ver como algo necesario y positivo las violaciones de derechos humanos.

Desde Mi Convive trabajamos diariamente en pro de la disminución y prevención de la violencia en cualquiera de sus formas y del respeto de los derechos humanos, por lo que rechazamos cualquier intento de justificar políticas estatales que violen los principios básicos de la dignidad humana y señalen como enemigo a una población con base en generalizaciones que no dan lugar a la aplicación precisa y oportuna de la ley.

De esta forma, creemos en el registro de información sobre estas graves violaciones de derechos humanos, como lo fue la investigación “Diez que son miles”, como forma de visibilizar, denunciar y, aunque a veces sea difícil, intentar obtener justicia para las víctimas. Por eso, a través de nuestro programa “Voces Visibles” buscamos dar un espacio seguro a las víctimas secundarias de las ejecuciones extrajudiciales para que puedan hablar libremente, sentirse apoyadas y empoderarse en la búsqueda de un país libre de injusticias, visibilizando una realidad que se busca esconder,

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La operación Trueno III mantiene los patrones observados durante estos años por Monitor de Víctimas: uso desproporcionado de la fuerza letal y generación de terror entre la población de Guárico

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Desde el 2008, una cronología extensa.

Una de las primeras megabandas del país, el Tren del Llano, vuelve a tener relevancia mediática en Venezuela. Hace escasos días se confirmó el desarrollo de un operativo policial denominado “Trueno III” en el estado Guárico, entidad donde esta organización criminal tiene su principal foco de influencia. Sin embargo, antes de comentar sobre lo ocurrido y las consecuencias de esto en los habitantes de los sectores afectados, es importante revisar la cronología previa.

Según Insight Crime, el Tren del Llano tiene presencia en el territorio nacional desde, por lo menos, el año 2008. El grupo criminal comenzó en algunas localidades de Guárico y fue expandiendo sus operaciones a los estados Sucre y Miranda, lo que les permitió lucrarse de las rutas de narcotráfico que cruzan esos territorios rumbo al Caribe.

De allí surgió una amplia cantidad de recursos que fueron utilizados para aumentar su capacidad bélica y su expansión territorial. El Tren del Llano contó con la displicencia gubernamental durante muchos años debido a la implementación de las zonas de paz y las supuestas alianzas del Gobierno nacional con los líderes de las bandas, algo que se ha podido constatar en los últimos años y que ocurrió con distintas organizaciones criminales a lo largo del territorio nacional.

Esto cambiaría en el año 2021 ante el supuesto robo de un cargamento de cocaína por parte del líder de la megabanda “Malony” -sucesor del conocido “Picure”- perteneciente al Cartel de los Soles, lo que desencadenó en una arremetida por parte del Gobierno nacional a la organización criminal y sus miembros. De esta forma, fueron desplegados más de 500 funcionarios de cuerpos de seguridad en las comunidades San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, pertenecientes al estado Sucre, con el objetivo de eliminar al grupo.

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En el operativo, se darían de baja a 18 supuestos miembros de la banda, uno de ellos el líder del Tren y el principal señalado por el robo, Gilberto Malony Hernández, alias Malony. No por mucho esto replegó a la banda. Sin embargo, a finales de ese mismo año, fueron publicados varios videos donde miembros de la organización afirmaron mantener el control y presencia en Sucre y Guárico. Meses después, se publicó un video donde integrantes del Tren amenazaban y extorsionaban a ganaderos. Esto daría pie a la implementación de la Operación Trueno I, un operativo con amplia capacidad bélica, el cual contó con más de ochocientos funcionarios y el despliegue de al menos diez tanquetas.

Los operativos policiales: un puente para la letalidad

Durante el desarrollo del operativo, según información de la ONG Defiende Venezuela, se cometieron una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Como se ha podido observar, por información de Monitor de Víctimas, durante estos 5 años la seguridad a través de los operativos policiales ha servido como justificación para cometer allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y extorsiones: este no parece ser un caso distinto.

Habitantes de los sectores afectados y familiares comentaron que los funcionarios policiales no contaban con órdenes de allanamiento o aprehensión al momento que se realizaron las aprehensiones y que varias casas registradas fueron utilizadas como puntos de control o centros de operaciones donde los funcionarios pasaban la noche y realizaban celebraciones.

Esta dinámica pudo ser constatada en los testimonios de los familiares de las víctimas. Los privados de libertad fueron trasladados y presentados en tribunales con competencia en terrorismo en Caracas y con una defensa pública impuesta ya que no se les permitió la representación jurídica de un abogado de confianza. Muchos otros admitieron ser imputados por crímenes que no habían sido cometidos, a través de una suerte de “siembra” en los expedientes y sin ser comunicados a sus familiares de su paradero.

Los operativos policiales en los cuales se cometían presuntas violaciones de derechos humanos, sin presencia de un representante del Ministerio Público y donde se saqueaban viviendas de las víctimas, es algo que sigue ocurriendo. Estos parecen no ser efectivos para cumplir con el objetivo para el que son realizados: desmantelar al grupo criminal. La megabanda sigue teniendo presencia en los estados Guárico y Sucre. Las amenazas a comerciantes y ganaderos no dejan de ser una realidad y las fragmentaciones de la organización han tenido que ver más con disputas internas que por presiones externas.

La operación “Trueno III” según fuentes oficiales

“Operación Trueno III retumba en municipios de Guárico garantizando seguridad ciudadana” dice el titular en la página oficial de la Gobernación de Guárico sobre el operativo.

Hace tan solo días, fue conocida la implementación de una nueva incursión policial con el fin de eliminar y desmantelar una célula del Tren del Llano en el estado Guárico: la operación Trueno III. Según cifras de medios de comunicación, el operativo realizado desde el 3 de septiembre en cuatro municipios del estado Guárico (Leonardo Infante, José Félix Ribas, José Tadeo Monagas y Pedro Zaraza) ha tenido una cifra preliminar de 13 homicidios y más de 120 detenidos; con una participación de más de mil funcionarios, movilizados en noventa unidades vehiculares y sesenta motorizadas.

Este operativo está compuesto por distintas comisiones mixtas adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). Ha sido denominada como “exitosa” y con “balances positivos” en cuanto a seguridad ciudadana de la entidad, tal y como afirmaba el portavoz de la Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana del Estado. Algo que no parece estar ajustado a la realidad que comentan habitantes de los sectores afectados.

La operación “Trueno III” según los ciudadanos

“Entran a las casas sin tener una orden, revisan toda la vivienda, así como los teléfonos celulares. Si hay personas con antecedentes penales, estén o no vinculadas con la banda Tren del Llano, los ajustician. A todos los están vinculando con la banda y eso no es así. Los funcionarios actúan y luego averiguan. Vienen es a matar” comentaba un informante al medio El Nacional sobre el operativo.

El terror al que se han visto expuestos miles de guariqueños durante los últimos días es algo que se pudo conocer gracias a sus testimonios. Estos argumentan que el despliegue de la operación se ha caracterizado por el ajusticiamiento de personas dentro de sus propias viviendas o en la calle. Describen que cuerpos de seguridad del Estado como el Sebin y la DGCIM entran en las viviendas sin tener sustento procedimental o jurídico. Un contexto que imposibilita a los habitantes a denunciar estos hechos y crea un ambiente de incertidumbre, sobre todo, si hay hombres jóvenes en las viviendas.

De la misma forma, la Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales (ORFAVIDEH) confirmaba lo que está ocurriendo en su cuenta de Twitter: “A esta hora pobladores del estado Guárico, varios pueblitos, piden ayuda para parar estas ejecuciones extrajudiciales. Están matando a sus hijos. Aquí no hay pena de muerte. Si alguien debe algo, preséntenlo, no tomen justicia por sus manos.”

Asimismo, según fuentes anónimas, a las que el equipo de Monitor de Víctimas ha tenido acceso, se ha podido conocer que los sectores afectados han sufrido de interrupciones en el servicio eléctrico por días, al igual que parece existir un toque de queda de facto, donde comercios no han abierto por el miedo a sufrir consecuencias por parte de la policía o la banda.

Parte de las personas asesinadas no tenían vínculos con la banda Tren del Llano, siendo la mayoría de estos hombres jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 29 años de edad. Esta dinámica se repite por parte de los cuerpos de seguridad en todo el país, empeñados en continuar con un foco de violencia direccionado en asesinar a esta población, específicamente a aquellos perteneciente a los barrios y pueblos. Algo que, nuevamente, no parece ser exclusivo de este nuevo operativo, si no por el contrario, mantiene un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos observado en todo el territorio nacional. Tal y como ha ocurrido este año en José Félix Ribas en Petare, donde a raíz de los operativos para desmantelar a la banda de Wilexys, se han registrado homicidios por cuerpos de seguridad a jóvenes del sector que no estaban involucrados en los enfrentamientos.

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El Gobierno de Nicolás Maduro debe cesar de manera inmediata y absoluta toda dinámica que facilite o propicie la implementación de prácticas letales e inconstitucionales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los ciudadanos venezolanos tienen derecho a vivir con seguridad y certeza. Las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo de manera sistemática y generalizada, por lo que el primer paso supone rectificar las políticas de seguridad ciudadana implementadas hasta los momentos, al igual que establecer mecanismos de responsabilización y reparación de estos hechos.

Estos planes de seguridad resultan inefectivos para controlar la presencia y poder de las megabandas criminales: se dispersan y reestructuran, pero no se dejan de existir. Las megabandas, bandas, trenes y pandillas en el país continúan desarrollando actividades delictivas de amplia envergadura, nada ha cambiado.

La aprehensión, procesamiento y encarcelamiento de los miembros de las bandas delictivas supone de los retos más importantes que tiene el país de cara al futuro. Los grupos delictivos suponen un factor de crimen y violencia en un amplio territorio del país. Sin embargo, las políticas de seguridad ciudadana para erradicar a estos grupos no pueden tener un enfoque meramente extraccionista y bélico con enfoque en los habitantes de los sectores abordado. Las políticas de prevención y reducción de violencia son solo efectivas si se realizan de manera integral y en conjunto con los habitantes que experimentan estos hechos. 

De otra forma, solo se están creando precedentes de desconfianza y violencia referente a los cuerpos de seguridad del país, sedimentando ciclos de violencia y alimentando una creencia colectiva de enemistad de los ciudadanos contra sus instituciones de justicia. Lo que refuerza el contexto actual de polarización política y dificulta la generación de espacios de encuentro entre los ciudadanos.

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Después de 9 años, Mi Convive y su red de líderes comunitarios siguen impactando y transformando sus sectores

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La situación social en Venezuela ha obligado a toda la población a cambiar su manera de ver, sentir y vivir su vida diaria. A raíz de la crisis económica, la emergencia humanitaria compleja y el colapso del Estado venezolano —que demostró, dentro de muchas cosas, su incapacidad de poder gestionar los servicios públicos— los ciudadanos de miles de comunidades del país han tenido que organizarse para transformar sus realidades.

Cada día que uno dedica a recorrer comunidades caraqueñas, se da cuenta de la precariedad en que vive la mayoría de las personas, frente a la mirada indolente de autoridades que no hacen su trabajo. En cualquier sector de Caracas por el que transites verás basura, aguas negras, falta de mantenimiento vial, suciedad, quebradas sucias, embaulamientos que se caen, sectores enteros sin agua, que van desde días hasta años enteros, violencia e, incluso, falta de entendimiento entre los vecinos.

Estas problemáticas, por nombrar algunas, son los retos con los que se enfrentan millones de personas en el ir y venir a sus hogares, sumándole a todo esto las malas condiciones del transporte público, el alto precio de la vida o el precario servicio del Metro de Caracas.

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Desde Mi Convive, a través de la Red Solidaria, nos hemos dedicado a levantar una serie de diagnósticos comunitarios en los sectores donde nuestros líderes hacen vida y ejercen liderazgo, ya sea directamente o a través de sus equipos. Desde estos diagnósticos hemos podido identificar cuáles son los temas más sensibles para las comunidades. Pero más allá de ser cronistas de lo obvio, nos hemos puesto manos a la obra para ir más allá de la identificación; ir a la construcción de capacidades comunitarias para generar resultados reales y hechos concretos en sus comunidades.

A partir de este trabajo, enfrentamos la problemática dentro de las comunidades caraqueñas con la ayuda de vecinos, consejos comunales, emprendedores y la empresa privada. Pero, más allá de hacerle frente a estas necesidades, hemos construido métodos de participación en las comunidades para que todos se involucren y, sobre todo, tengan sentido de pertenencia por sus espacios, su cuidado y mantenimiento.

Es de esta manera en que logramos organizar a las comunidades bajo tres ejes fundamentales: la participación comunitaria, la propuesta social y la denuncia comunitaria. Bajo estos tres ejes de acción cosechamos grandes experiencias en este año.

En El Valle

En la parroquia El Valle, distintos vecinos se organizaron para protestar por la falta del servicio de CANTV, tanto telefónica como internet. Esta protesta tuvo lugar, de manera organizada y concreta, frente a la sede de la CANTV en Los Chaguaramos, lo que propició que el gerente de esta institución los atendiera e intentara canalizar sus exigencias.

Si bien eso es un logro inicial en un país como Venezuela, donde normalmente las autoridades no atienden las demandas ciudadanas, estos líderes no se quedaron allí. Se organizaron para recolectar la mayor cantidad de fallas y denuncias que existieran en su parroquia para presentarlas al gerente. En tan solo dos horas, en un estand improvisado en la Plaza El Valle, a dos días de la protesta, lograron recolectar más de 100 denuncias y fallas, con número de reporte, a las que CANTV no les habría dado solución. Se logró una reunión entre los líderes y el encargado de las fallas, para así lograr que se desplegaran cuadrillas por toda la parroquia para resolver las fallas denunciadas por sus vecinos.

No se quedaron en la queja, o en el simple hecho de la resignación por los servicios públicos. Se reunieron, se organizaron poco a poco y lograron una victoria concreta para lograr que miles de personas pudieran tener acceso a este servicio público, que muchos aún cancelaban sin tener el servicio. La participación y la organización fue clave para transformar. Para darle una respuesta a sus vecinos.

Parroquia Santa Rosalía

En la parroquia Santa Rosalía, tan afectada por la violencia de megabandas y los operativos policiales violentos y agresivos que, lejos de darle solución a un problema lo que hacen es seguir creando heridas en nuestras comunidades, una serie de jóvenes se organizaron para proponerle a su comunidad cambiarle las tristezas, el miedo y lo gris de su pasado con un mural con color y con mensajes positivos.

Es allí donde en Barrio Nuevo, a escasos metros de varias tumbas del Cementerio General del Sur, cientos de familia empezaron a ver cómo una pared marrón de una cancha comenzaba a tener color y a olvidar las situaciones que vivieron para abocarse a tener algo positivo en su sector. Es allí donde llegaron nuestros líderes de Mi Convive con una propuesta de hacer un mural con chapas. 34.000 chapas, que fueron recolectadas por meses, hoy son un mural que llena de color un sector que estuvo marcado por la violencia y le dice a todos los que han colaborado, tanto pegando, pintando, diseñando, así como dándole un vaso de agua a los equipos, que sí es posible transformar las realidades y hacer de nuestras comunidades un lugar mejor con mucho esfuerzo y organización. El trabajo vale la pena.

La Pastora y Antímano

En La Pastora y Antímano, dos parroquias llenas de embaulamientos y quebradas, logramos organizar a la comunidad para denunciar las situaciones que han vivido por años y el Estado nunca les ha dado respuesta. En La Pastora, Los Hornitos, un sector que tiene un embaulamiento de más de 3 kilómetros que pasa por debajo una quebrada y, en medio del sector había un basurero gigantesco, logramos organizar a la comunidad para exigirle a las autoridades que asumieran su responsabilidad y les dieran respuesta a los vecinos del sector. Al cabo de unos días, para sorpresa de todos, llegó una comisión de SUPRA Caracas y la alcaldía para comenzar a canalizar las exigencias hechas por la comunidad.

Dos semanas después, gracias a la denuncia y presión ciudadana, se eliminó un basurero de donde extrajeron cerca de 3 toneladas de basura y habrían presentado un proyecto para reparación y mantenimiento del embaulamiento y la quebrada. La comunidad impactada, pero feliz. Pero, más allá de feliz e impactada, consciente de su poder y comprendiendo que organizados y juntos pueden exigir y obtener respuestas.

En Antímano, específicamente en Mamera, se encuentra la quebrada 12 de octubre en la avenida principal de Mamera. Cada vez que llueve, el sector se veía afectado por el desborde de dicha quebrada que inundaba la vía y las casas adyacentes. Así mismo, el mal mantenimiento de la quebrada generaba muchos roedores que transmitían enfermedades a los habitantes de la comunidad. Para ello, también organizamos a la comunidad para denunciar la situación. Frente a estos problemas estructurales, nuestra capacidad se reduce solo a organizar y denunciar. Y eso hicimos.

Gracias a la denuncia, al día siguiente ya había maquinarias y trabajadores de la Alcaldía de Caracas limpiando la quebrada, incluso con la presencia de la alcaldesa. Hoy, podemos decir que un sector puede dormir más tranquilo gracias a esta acción. Pero, sobre todo, podemos decir que tenemos consciencia de la fortaleza de exigir y organizarnos para lograr cambios que, por pequeños que sean, transforman a nuestras comunidades.

Después de 9 años, Mi Convive y su red de líderes comunitarios siguen impactando y transformando sus sectores. El trabajo diario, la reputación y la franqueza de un discurso y una acción que busca, a través de lo social, cambiar nuestros entornos nos ha hecho tener cada vez más fortaleza y vida en nuestras comunidades.

Hoy son más de 50 líderes en toda Caracas, desplegados en 16 parroquias que todos los días están trabajando en y por su comunidad. La solidaridad nos hace seguir creciendo e impactando en muchos sectores para llevar sonrisas, tranquilidad o respuestas a miles de familias.

* Coordinador de Activismo Red Solidaria, Mi Convive.        

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La falta de información confiable y transparente es uno de los tantos problemas que atraviesa Venezuela en estos momentos. Desde hace años, no existe publicación de índices que midan la realidad del país. Organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio Público, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Salud, entre otros, no publican cifras que permitan cuantificar el impacto de la crisis en las diferentes comunidades de Venezuela.

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Ante esta realidad de desinformación y opacidad institucional nace ¿Cómo estás, Caracas?, el proyecto de investigación más reciente de Monitor de Víctimas, el observatorio de violencia impulsado por Mi Convive y Runrun.es. Una iniciativa que busca conocer, profundizar y denunciar con datos y testimonios las diferentes problemáticas que afrontan las parroquias del municipio Libertador de Caracas.

Para ello, se lleva a cabo un diagnóstico previo mediante encuestas que busca obtener datos cuantitativos sobre el estado de servicios públicos, percepción de seguridad, participación electoral, cuerpos de seguridad del Estado, liderazgo, entre otros elementos. La cantidad de encuestados depende principalmente del número de habitantes de la parroquia, con lo cual se busca que los resultados obtenidos sean representativos de la misma.

Conversas en las parroquias caraqueñas

A partir de estos, se determinan las principales problemáticas a tratar en los grupos de discusión. Estos tienen conversaciones colectivas guiadas por un moderador que plantea preguntas con la finalidad de generar un diálogo en torno a los problemas identificados, dar espacio a cada uno de los participantes para que exprese su punto de vista y permitir la aparición de toda clase de opiniones, buscando así capturar el rango de experiencias de la comunidad.

Siguiendo esta metodología, el equipo de Monitor de Víctimas ha abordado seis parroquias caraqueñas en lo que va de año, específicamente, San Juan, La Vega, Antímano, Sucre, Caricuao y Santa Rosalía. El 20 de agosto se publicó el primero de los informes, correspondiente a la parroquia San Juan. En este, por ejemplo, los vecinos identificaron al internet, la calidad y acceso a servicios de salud, la delincuencia y el acoso a las mujeres como principales problemas de su comunidad, temas que fueron profundizados en los grupos de discusión y descritos ampliamente en el informe publicado.

El valor del testimonio ciudadano

Algo positivo que surge de esta metodología es la posibilidad de obtener información y testimonios por parte de los mismos ciudadanos sobre los impactos reales y menos evidentes que estos problemas tienen en sus vidas, los cuales en ocasiones pasan desapercibidos para la población general.

Por ejemplo, si bien los problemas de la educación pública se enfocan principalmente en el estado de la infraestructura y las condiciones laborales de los docentes, su calidad se ve impactada directamente por la velocidad y estabilidad del servicio de internet, especialmente durante la pandemia. Esto supone una barrera más para un sistema educativo marcado por la deserción escolar y la falta de profesores, afectando la rutina diaria de padres, estudiantes y docentes que deben quedarse hasta altas horas de la madrugada —en las que el internet tiende a mejorar ligeramente— para poder cumplir con la realización y envío de las tareas.

Este impacto en la rutina diaria se observa también cuando se habla de la calidad y constancia del servicio de agua, el cual tiene las consecuencias esperadas en términos de salud e higiene. Sin embargo, en el proceso de conversar con los vecinos, se pudo identificar nuevas problemáticas derivadas del mismo en cuanto a cambios de rutina e impacto emocional.

Con respecto al primero de ellos, muchos vecinos denuncian dificultades para cumplir con sus actividades laborales o domésticas por tener que ajustar su dinámica de vida con base en las variaciones del horario de disponibilidad del servicio, dedicando una gran cantidad de tiempo a la búsqueda, almacenaje y aprovechamiento del agua. También, como consecuencia de ello, muchos manifiestan una sensación de estrés constante por no contar con un recurso tan vital. Esta situación que se escapa totalmente de sus manos, lo cual se puede ver claramente en este testimonio de un vecino de La Vega: “Te la pasas corriendo para resolver. Te la pasas agotado y es estresante”.

El Estado ausente

A nivel de salud, el análisis suele enfocarse en la falta de insumos, precariedad en la infraestructura de centros de salud, mala atención y poca presencia de médicos; problemas que sin duda están presentes y afectan a cada una de las comunidades consultadas. No obstante, en muchas ocasiones no se toma en cuenta la poca accesibilidad de los lugares de atención, situación que ha sido resaltada en parroquias como San Juan, Antímano, Sucre y Caricuao. En ellas, los vecinos comentan que el estado de las vías en la comunidad, la falta de transporte público, servicios de ambulancias y los problemas económicos que entorpecen la operatividad de los vehículos particulares, son una fuente de preocupación, ya que, ante una emergencia médica, los habitantes se encuentran aislados y no tienen forma de trasladarse para recibir la asistencia necesaria, dependiendo en muchas ocasiones de la ayuda de vecinos.

La realidad es que muchos de estos problemas son consecuencia no solo de la falta de recursos y de políticas públicas mal planificadas, sino del abandono voluntario de estas comunidades por parte de las autoridades municipales, estatales y nacionales.

Ante esta situación, puede surgir la duda: “¿de qué sirve denunciar?”. En primer lugar, los espacios generados por el proyecto ¿Cómo estás, Caracas? en cada una de las parroquias visitadas han funcionado como impulsores de conexiones y empatía entre miembros de la comunidad, quienes pueden compartir experiencias, puntos de vista, posibles soluciones y, en todos los casos, el saberse partes de un grupo de vecinos que tiene los mismos problemas y que puede organizarse para mejorar su situación.

El poder de una sociedad informada

Además de ello, los investigadores involucrados en el estudio y cada uno de los líderes comunitarios relacionados con el programa, creemos en la importancia de la denuncia y el activismo como forma de generar costo político ante la inacción de las autoridades competentes. Al igual que promovemos la visibilización de estas realidades como forma de informar y sensibilizar a la población sobre las dificultades que sufren cada una de estas comunidades.

Finalmente, confiamos en que una sociedad informada y organizada es el primer paso para convertirse en una sociedad capaz de tomar decisiones y acciones efectivas sobre su realidad y la del otro. Los datos obtenidos en este estudio son de suma utilidad para la comprensión de la situación actual de muchas de las comunidades de Caracas y, por ende, para la puesta en marcha de políticas públicas que finalmente atiendan las verdaderas problemáticas de la ciudad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes de manera transversal, justa y equitativa.

Desde Mi Convive promovemos el liderazgo comunitario y la organización local como parte fundamental del proceso para alcanzar una ciudad organizada y libre de violencia. Acompañados de estos líderes, buscamos favorecer la participación ciudadana en la que las personas tengan la posibilidad de disfrutar de sus derechos y cumplir con sus deberes en una sociedad resiliente, segura y democrática.

María Irene Barreto – Especialista de investigación e intervención comunitaria | Alan Cofrades – Especialista de investigación

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@miconvive

“Niñez sin cauce, guiada solo por el instinto; sometida a la efervescencia incontenible de los primeros años.

La Escuela ¿Qué había sido para él? Lecciones de memoria, gramática, catecismo, el escudo y la bandera, el himno nacional, los deberes para con la familia, la patria.

Todo va y viene, gira, gira, se pierde en una bruma gris y pálida.

Llegó hasta el sexto grado.

De la escuela salió con una Bandera, un Escudo y un Himno; pero sin armas para defenderse

y sin el cariño de su madre”.

Tomado de Mar de leva – José Fabbiani Ruíz.

Al observar la misma historia una y otra vez, puede ocurrirnos que miremos aspectos que estaban allí, pero que no percibimos desde la primera ocasión. Podemos encontrarnos con detalles pasados por alto, giros sugeridos, y hasta cambiar la perspectiva de algunos hechos y personajes. Esto puede ocurrir con pequeños relatos o con cuentos populares que hemos escuchado en numerosas oportunidades.

Mucho hemos conocido la historia del sorprendente Spiderman. De sus proezas como superhéroe, sus sensacionales e inusuales poderes arácnidos; y una larga lista de combates y villanos que ha logrado vencer. Sin embargo, Peter Parker tiene un lado humano que quizás no hayamos distinguido tanto, aún.

Este es un joven en edad escolar, al que le cuesta conversar con la chica que le gusta. Siendo apenas niño quedó huérfano de ambos padres, quienes mueren en circunstancias turbias a manos de la delincuencia organizada. Por esta razón, debe mudarse y vivir con sus tíos. Toma el transporte público a diario, hecho que más de una vez le ha generado demoras. Al poco tiempo pierde también a su tío víctima de la violencia del hampa común. Peter va creciendo con necesidades de supervivencia. Conoce la fatiga de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Con frecuencia ha sido acosado por la policía. A temprana edad debe afrontar situaciones hostiles del mundo adulto, y enfrenta a diario las adversidades que impone la dinámica de violencia en su ciudad.

Los poderes de araña pueden entretenernos, pero en realidad estamos hablando de un joven que se enfrenta a condiciones de vida bastante espinosas. Un muchacho que podría, sin demasiadas distancias, ser de Catia o residir en La Vega. O pertenecer a cualquiera de las parroquias de la ciudad de Caracas.

Observemos varios datos actuales del contexto juvenil y algunos testimonios que dan base a esta consideración.

Jóvenes en luto

Mi vida con mi familia era todo normal mientras fui niño. Me acuerdo de las vacaciones y de los viajes. Luego, de un momento a otro, todo cambió superrápido cuando tenía 13 años. Hubo una pérdida inesperada de mi hermano mayor, la cual destrozó a mi familia y a mí con tan solo 13 años. Perder a un miembro de la familia tan repentino después de que mi vida solía ser agradable es algo confuso para un chico como yo de 13 años. Y siguieron los acontecimientos».

Leo, 19 años, Vamos Convive – La Vega.

A raíz de la violencia, los jóvenes en Caracas son expuestos a frecuentes situaciones de pérdidas y duelos desgarradores. En su informe anual (2021), Monitor de Víctimas da cuenta de centenas de casos de menores de edad que quedaron huérfanos de al menos uno de sus padres debido a la violencia homicida en Caracas. Los principales móviles registrados para esos casos fueron: muerte a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, ajuste de cuentas, robos y peleas. Las cifras reflejan que por cada muerte violenta registrada en Caracas, 7 niños quedaron en situación de orfandad; el 33 % de los casos fue consecuencia de las acciones de las fuerzas policiales. La tasa por cada 100.000 habitantes fue de 16 infantes en esta situación.

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Al comparar esto con otros datos ásperos como los de la pandemia de COVID-19, vemos que las cifras de la crisis sanitaria no bastan. Según explica la revista británica de medicina The Lancet, entre marzo 2020 y abril 2021, en todo el mundo el país con mayor número de menores de edad que perdieron a algún padre/madre o cuidador fue el Perú con una tasa de 10, seis unidades por debajo de la situación de violencia en nuestra ciudad.

Una pérdida violenta trae consigo fuertes impactos en la familia. Muchas veces exige una reconfiguración de roles, donde niños y jóvenes enfrentan de forma temprana la obligación de pasar a ser figuras de apoyo, protección o provisión. Pueden recaer sobre ellos tareas de cuidado y crianza de hermanos menores, cargas económicas del hogar, deterioro o abandono de actividades recreativas, sociales y escolares. Implica sufrir cambios abruptos que imponen a los menores nuevos deberes; desfiguran su identidad y posición en casa; trae nuevas exigencias, fricciones y tensiones en las relaciones familiares.

Jóvenes en la telaraña caraqueña

Ya en segundo año fue muy diferente porque ya conocía a casi todo el liceo. Fue muy bueno, pero a la vez fue malo porque había muchos que consumían droga y ellos me ofrecían y me decían: “Toma gordo, que con esto no te va a dar hambre y vas a rebajar”. Yo les decía: “Prefiero quedarme así gordo a estar consumiendo droga”. Y desde ese momento empezó a cambiar todo porque comenzaron a tratarme como a un desconocido. Y desde ese instante yo me di cuenta de que, así como hay amigos buenos, también hay amigos malos.

Denis, 17 años, Vamos Convive – Carapita.

El último informe Somos Noticia Capítulo Vulneraciones de los Derechos de los Niños de la organización CECODAP (2021-2022), denuncia amenazas y violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, señala que persiste el deterioro institucional, social y político del país siendo un factor que incide en forma determinante en situaciones de violencia. Así como Denis, de Vamos Convive, muchos otros jóvenes sufren de vulneraciones sobre su integridad personal, y sobre otros derechos como la familia y la educación; estos tres son los derechos más vulnerados según el registro del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de esta organización:

• La integridad personal: trata del respeto a la integridad física, psíquica y moral. Es vulnerado cuando se somete a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre los casos predominantes se encuentran situaciones de abuso sexual (24,59 %); maltrato (22,90 %); violencia física (18,03 %); acoso escolar (13,11 %) y castigo físico (11,47 %).
• La familia e instituciones familiares: las situaciones que generan amenaza a niños, niñas y adolescentes (NNA) tuvieron que ver con responsabilidades de custodia y crianza, régimen de convivencia y manutención. También con colocación familiar debido a padres migrantes que dejan a sus hijos en cuidado de familiares o terceros en Venezuela. Así como con divorcio, restitución internacional y ejercicio unilateral de patria potestad.
• La educación: este otro aspecto donde se encontraron vulneraciones se caracterizó por situaciones relacionadas a discriminación por falta de pagos en las instituciones privadas (restricción del acceso a notas, a la presentación de exámenes y negación de acuerdos de pago), casos de imposibilidad de continuar en la institución educativa debido a presunta mala conducta o conflictos entre estudiantes. También deficiencias en la calidad de la educación en colegios y liceos.

La exposición a situaciones donde la integridad física y psicológica se ve amenazada tiene una incidencia directa en la formación de estilos de relación con el entorno. Estas dan pie a la adopción de comportamientos agresivos o impulsivos, que pueden tener un gran valor adaptativo en contextos violentos o riesgosos, donde es importante contar con un repertorio de conductas para la autodefensa o la defensa de otros. La asimilación de estas actitudes para relacionarse con el mundo dificulta el posterior establecimiento de vínculos más seguros, de confianza y en general deteriora la disposición a entablar lazos de calidad con otras personas.

Todas estas circunstancias tienen un impacto directo en la cotidianidad de los jóvenes, sobre la construcción de su visión del mundo, de su entorno, y de su propia persona. Implican situaciones vitales que inciden de forma importante en su desarrollo y crecimiento. Estas condiciones se expresan en sus vivencias, relatos y preocupaciones diarias, tal como reflejan los testimonios del programa juvenil Vamos Convive, de Mi Convive, que hemos observado aquí.

Heroísmo de jóvenes caraqueños

Estuve 3 años fuera de Caracas estudiando y luego la situación país colapsó y eso por allá se puso como el apocalipsis y todo era una crisis total. Decidí que si mi familia estaba pasando hambre, que yo iba a dejar de estudiar y conseguir un trabajo, detrás de la casa había una bloquera donde hacen bloques de tierra y cemento, fui a pesar de que yo tenía 14 años y mi condición física no era la mejor para levantar un saco de cemento. Hablé con el jefe para trabajar y su respuesta fue que sí, pero si tan solo pasaba una prueba para ver mis ganas de trabajar y me propuso que con su camión armaremos un equipo de trabajo para lo de el aseo en la comunidad y las personas daban colaboración y lo que reunimos a diario, eso era nuestro pago. Dure medio año trabajando de eso y luego me dejó trabajar con él haciendo bloques y el pago era bueno, tiempo después nos fuimos de nuevo para Caracas».

Noel, 20 años, Vamos Convive – Caricuao.

El Estado tiene un rol insustituible en la prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Para lo cual es importante diagnosticar a fondo los riesgos y amenazas. Contar con instituciones adecuadas para la prevención y tratamiento, como también cumplir con el deber de investigar, promover acciones de acompañamiento y resarcimiento a las vulneraciones de las vidas y derechos de la juventud. Sin embargo, la desasistencia del gobierno es abismal. Y las pocas organizaciones que ofrecen alternativas a esta población no se dan abasto. Esto caracteriza la situación juvenil como de fría desasistencia general.

Y aquí radica una de las hazañas más grandes que Peter Parker levanta, más allá de haber derrotado al Duende Verde y Electro, o haber salvado al multiverso del colapso total. Y es que Peter, en cada una de sus películas y presentaciones, a pesar de los embates y aluviones, siempre está luchando por defender su vida como joven; buscando formas para no renunciar a sus amistades o familiares, para llegar a tiempo a su cita enamorada, para mantener intacta la emoción de compartir con los suyos, por divertirse en el paseo escolar, por continuar sus estudios o trabajo sin caer en el abandono, y sin sacrificar su ser e identidad por cumplir “una gran responsabilidad”. Siempre queda algún resquicio donde Spiderman puede volver a ser Parker. Es un superhéroe de equipo de alto nivel. Pero, sobre todo, es un joven neoyorquino.

Me comprometo a llevar mensajes de aliento a mi comunidad. A demostrar que sí se puede, a ofrecer mi apoyo hacia otros jóvenes. Me comprometo a tener más confianza en mí para seguir creciendo como líder».

Paola, 15 años, Vamos Convive – Cota 905. 

En esto consiste también el heroísmo de la juventud caraqueña. Que frente a todas las adversidades colecciona testimonios como el de Noel o Paola, de Vamos Convive, en el que la voluntad por el bienestar propio y de los suyos se empuña frente a toda dificultad. Donde la reivindicación del ser juvenil se sigue expresando en el juego, el canto, la danza, la barbería, los aprendizajes, la curiosidad y la rebeldía. En jóvenes que siguen saliendo día a día con la cara al sol, los morrales llenos de expectativas y aspiraciones. A pesar de los duelos, las agresiones, los abandonos y la incertidumbre. Que demuestran creatividad y capacidades para seguir a flote, y construir mejores situaciones de existencia.

Jóvenes que desafían a Caracas a ser una mejor ciudad. Que nos enseñan día a día sobre entereza, brío y coraje. Y que el heroísmo se expresa también en el acto digno, pertinaz y cotidiano de la lucha por la vida.

Vídeo: Vamos Convive: los jóvenes son protagonistas – Mi Convive | Canal en Youtube de Mi Convive

* Coordinador del proyecto “Vamos Convive”, en Mi Convive.

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En las canchas se generan normas, consensos, valores, responsabilidades y compromisos. Se construye ciudadanía

@miconvive

Al pensar en la ciudadanía, el espacio público y hasta en la democracia se presentan nociones comunitarias que conciben estas ideas como algo que se construye en conjunto y que no puede ser producto de un esfuerzo individual. Desde un punto de vista filosófico-político, estas ideas se encuentran en el marco de las reflexiones respecto al bien común, la sociedad civil y la cooperación social.

No resulta posible pensar en ciudadanos sin tomar en cuenta las plazas, los parques y hasta las canchas, ya que en lo público es en donde se construye la ciudadanía. En la ciudad se pueden identificar “centralidades” en las que las personas habitan temporalmente y se movilizan constantemente. No obstante, espacios cerrados como nuestros hogares, centros administrativos o instituciones privadas no nos permiten entrar en contacto con la ciudadanía general; en ellos se generan segmentaciones, que en sociedades desiguales suelen caracterizarse por la exclusión de unos grupos hacia otros.

En las canchas se restaura el tejido social

El espacio público representa la heterogeneidad que caracteriza a la democracia plural, tolerante e inclusiva. Invita a sus ciudadanos a enfrentarse al disenso respecto a otras opiniones, entendimientos y propuestas vinculadas con la sociedad de la cual cada uno de ellos forma parte. Cuando una persona empieza a interactuar con otra para influir o participar en la toma de decisiones respecto a asuntos públicos se supera la individualidad y se comienza a construir ciudadanía. Usualmente el voto es lo primero que surge en una discusión cuando se habla sobre la participación ciudadana. Sin embargo, la discusión, la interacción y la confrontación dialógica forma parte de la esencia de cualquier sistema político democrático.

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Los espacios públicos están concebidos para que sean lugares de encuentro y no de paso; esto puede ser sencillo de entender al ver una plaza. Sin embargo ¿de qué forma se presentan los espacios deportivos en la construcción de la ciudadanía?

Los espacios deportivos funcionan como un lugar formativo, donde se proporciona disciplina a las personas que hacen vida en ellos. En estos se generan normas, consensos, se construyen valores, responsabilidades y compromisos. Además de la construcción de ciudadanía, también se genera capital social, del cual surgen personas, asociaciones y organizaciones que trabajan por el bienestar común. Asimismo, las canchas contribuyen positivamente a la salud física y el bienestar del ciudadano mientras que promueven la integración social y el desarrollo local en diversos campos sociales.

Ciudadanía y capital social

Debemos considerar que, en Caracas, la mayor parte de los equipamientos y espacios públicos se ubican fuera de los barrios, es decir, en las zonas «formales». Esto deja una escasez de lugares para la recreación, disfrute y sosiego en las comunidades. Además, las comunidades vulnerables caraqueñas son lugares donde todo espacio vacío se ocupa y, a su vez, poseen dificultades topográficas que complican aun más la generación de espacios en los cuales convivir.

Es por ello que la infraestructura deportiva existente se ha convertido en estos lugares de encuentro. Y amplía su alcance a más allá de un espacio donde se practican actividades deportivas, sino también actividades recreativas y culturales. Así, las canchas y demás espacios deportivos cumplen las funciones de plazas y parques. Son estos lugares los que han adquirido un rol de espacio público, donde no solo se genera ciudadanía, sino también capital social.

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La necesidad y la importancia del espacio público y espacios deportivos en las comunidades vulnerables caraqueñas se evidencian cuando son las propias comunidades quienes buscan las alternativas para la recuperación y activación de estos espacios. Como todo ciudadano, tienen la necesidad de recrearse y expresarse de forma artística, deportiva y cultural.

Proyecto Espacios para el reencuentro 

El proyecto Espacios, de la organización Mi Convive, ha vivido de cerca estas necesidades. Para hacer frente a ellas see ha encargado de recuperar, hasta ahora, un total de 20 espacios deportivos y 7 espacios públicos (antes puntos de concentración del crimen), entre canchas, pequeñas plazas y espacios residuales adaptados a lugares de encuentro. Las recuperaciones realizadas por el proyecto no solo consisten en la restauración física del espacio. También buscan promover la organización comunitaria y la participación ciudadana, generando un sentido de identidad colectiva. El objetivo es obtener un impacto positivo y que a través de la buena gestión y diseño del espacio, se procure ciudadanía y sirva como medio de construcción de capital social.

Vídeo: Así recuperamos espacios para el encuentro y la convivencia – Programa Espacios de Mi Convive | Mi Convive

Para comprobar la importancia, necesidad e impacto de estos espacios públicos deportivos, se ha hecho seguimiento de los espacios recuperados. Entre los resultados obtenidos, se consolidaron equipos deportivos y asociaciones civiles cuya finalidad es seguir trabajando en la construcción de tejido social. Además, se incentivan las actividades sociales y culturales que contribuyen con la formación y espacios de recreación.

Ejemplo en Artigas, Antímano

Entre estas recuperaciones se encuentra la cancha del Chato Candela, en Artigas, parroquia Antímano. Esta cancha en un principio se encontraba abandonada y era sede de vandalismo, consumo de drogas y otros hechos delictivos. A través de la recuperación se logró organizar a la comunidad, generar sentido de pertenencia por el espacio y crear nuevas normas y compromisos para su mantenimiento. Además, se consolidó el equipo de básquet “Bucaneros de Artigas” como una escuela formal. La comunidad que asumió la responsabilidad de la cancha se consolidó como asociación civil, una figura a la cual las personas suelen acudir.

Javier Vera, presidente de la asociación, expone que “en el espacio se están impartiendo diferentes disciplinas. Hay responsables del cuidado del espacio y se trata de inculcar esa cultura de mantenimiento en todas las personas que hacen vida en la cancha. Además, se intenta desarrollar escuelas de danza, actividades culturales y arte”.

De esta forma, Artigas es un ejemplo, entre muchos otros casos, en los que se ha empezado a cambiar la realidad de sus habitantes por medio de la intervención del espacio público. En algunas comunidades de Caracas se está construyendo ciudadanía desde sus espacios deportivos, y con ello se promueve activamente el contacto entre sus ciudadanos. Las instituciones y las libertades políticas son esenciales para el fortalecimiento de cualquier sistema democrático; sin embargo, no puede existir democracia en donde no existan los puntos de encuentro y el diálogo en los cuales se construya lo público.

* Kaina Bolívar es coordinadora del programa “Espacios Seguros” en Mi Convive. | Humberto Rumbos es especialista de investigación en Mi Convive.