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#MonitorDeVíctimas | Guárico: entre trenes, truenos y ráfagas
La operación Trueno III mantiene los patrones observados durante estos años por Monitor de Víctimas: uso desproporcionado de la fuerza letal y generación de terror entre la población de Guárico

 

@miconvive

Desde el 2008, una cronología extensa.

Una de las primeras megabandas del país, el Tren del Llano, vuelve a tener relevancia mediática en Venezuela. Hace escasos días se confirmó el desarrollo de un operativo policial denominado “Trueno III” en el estado Guárico, entidad donde esta organización criminal tiene su principal foco de influencia. Sin embargo, antes de comentar sobre lo ocurrido y las consecuencias de esto en los habitantes de los sectores afectados, es importante revisar la cronología previa.

Según Insight Crime, el Tren del Llano tiene presencia en el territorio nacional desde, por lo menos, el año 2008. El grupo criminal comenzó en algunas localidades de Guárico y fue expandiendo sus operaciones a los estados Sucre y Miranda, lo que les permitió lucrarse de las rutas de narcotráfico que cruzan esos territorios rumbo al Caribe.

De allí surgió una amplia cantidad de recursos que fueron utilizados para aumentar su capacidad bélica y su expansión territorial. El Tren del Llano contó con la displicencia gubernamental durante muchos años debido a la implementación de las zonas de paz y las supuestas alianzas del Gobierno nacional con los líderes de las bandas, algo que se ha podido constatar en los últimos años y que ocurrió con distintas organizaciones criminales a lo largo del territorio nacional.

Esto cambiaría en el año 2021 ante el supuesto robo de un cargamento de cocaína por parte del líder de la megabanda “Malony” -sucesor del conocido “Picure”- perteneciente al Cartel de los Soles, lo que desencadenó en una arremetida por parte del Gobierno nacional a la organización criminal y sus miembros. De esta forma, fueron desplegados más de 500 funcionarios de cuerpos de seguridad en las comunidades San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, pertenecientes al estado Sucre, con el objetivo de eliminar al grupo.

En el operativo, se darían de baja a 18 supuestos miembros de la banda, uno de ellos el líder del Tren y el principal señalado por el robo, Gilberto Malony Hernández, alias Malony. No por mucho esto replegó a la banda. Sin embargo, a finales de ese mismo año, fueron publicados varios videos donde miembros de la organización afirmaron mantener el control y presencia en Sucre y Guárico. Meses después, se publicó un video donde integrantes del Tren amenazaban y extorsionaban a ganaderos. Esto daría pie a la implementación de la Operación Trueno I, un operativo con amplia capacidad bélica, el cual contó con más de ochocientos funcionarios y el despliegue de al menos diez tanquetas.

Los operativos policiales: un puente para la letalidad

Durante el desarrollo del operativo, según información de la ONG Defiende Venezuela, se cometieron una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Como se ha podido observar, por información de Monitor de Víctimas, durante estos 5 años la seguridad a través de los operativos policiales ha servido como justificación para cometer allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y extorsiones: este no parece ser un caso distinto.

Habitantes de los sectores afectados y familiares comentaron que los funcionarios policiales no contaban con órdenes de allanamiento o aprehensión al momento que se realizaron las aprehensiones y que varias casas registradas fueron utilizadas como puntos de control o centros de operaciones donde los funcionarios pasaban la noche y realizaban celebraciones.

Esta dinámica pudo ser constatada en los testimonios de los familiares de las víctimas. Los privados de libertad fueron trasladados y presentados en tribunales con competencia en terrorismo en Caracas y con una defensa pública impuesta ya que no se les permitió la representación jurídica de un abogado de confianza. Muchos otros admitieron ser imputados por crímenes que no habían sido cometidos, a través de una suerte de “siembra” en los expedientes y sin ser comunicados a sus familiares de su paradero.

Los operativos policiales en los cuales se cometían presuntas violaciones de derechos humanos, sin presencia de un representante del Ministerio Público y donde se saqueaban viviendas de las víctimas, es algo que sigue ocurriendo. Estos parecen no ser efectivos para cumplir con el objetivo para el que son realizados: desmantelar al grupo criminal. La megabanda sigue teniendo presencia en los estados Guárico y Sucre. Las amenazas a comerciantes y ganaderos no dejan de ser una realidad y las fragmentaciones de la organización han tenido que ver más con disputas internas que por presiones externas.

La operación “Trueno III” según fuentes oficiales

“Operación Trueno III retumba en municipios de Guárico garantizando seguridad ciudadana” dice el titular en la página oficial de la Gobernación de Guárico sobre el operativo.

Hace tan solo días, fue conocida la implementación de una nueva incursión policial con el fin de eliminar y desmantelar una célula del Tren del Llano en el estado Guárico: la operación Trueno III. Según cifras de medios de comunicación, el operativo realizado desde el 3 de septiembre en cuatro municipios del estado Guárico (Leonardo Infante, José Félix Ribas, José Tadeo Monagas y Pedro Zaraza) ha tenido una cifra preliminar de 13 homicidios y más de 120 detenidos; con una participación de más de mil funcionarios, movilizados en noventa unidades vehiculares y sesenta motorizadas.

Este operativo está compuesto por distintas comisiones mixtas adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). Ha sido denominada como “exitosa” y con “balances positivos” en cuanto a seguridad ciudadana de la entidad, tal y como afirmaba el portavoz de la Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana del Estado. Algo que no parece estar ajustado a la realidad que comentan habitantes de los sectores afectados.

La operación “Trueno III” según los ciudadanos

“Entran a las casas sin tener una orden, revisan toda la vivienda, así como los teléfonos celulares. Si hay personas con antecedentes penales, estén o no vinculadas con la banda Tren del Llano, los ajustician. A todos los están vinculando con la banda y eso no es así. Los funcionarios actúan y luego averiguan. Vienen es a matar” comentaba un informante al medio El Nacional sobre el operativo.

El terror al que se han visto expuestos miles de guariqueños durante los últimos días es algo que se pudo conocer gracias a sus testimonios. Estos argumentan que el despliegue de la operación se ha caracterizado por el ajusticiamiento de personas dentro de sus propias viviendas o en la calle. Describen que cuerpos de seguridad del Estado como el Sebin y la DGCIM entran en las viviendas sin tener sustento procedimental o jurídico. Un contexto que imposibilita a los habitantes a denunciar estos hechos y crea un ambiente de incertidumbre, sobre todo, si hay hombres jóvenes en las viviendas.

De la misma forma, la Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales (ORFAVIDEH) confirmaba lo que está ocurriendo en su cuenta de Twitter: “A esta hora pobladores del estado Guárico, varios pueblitos, piden ayuda para parar estas ejecuciones extrajudiciales. Están matando a sus hijos. Aquí no hay pena de muerte. Si alguien debe algo, preséntenlo, no tomen justicia por sus manos.”

Asimismo, según fuentes anónimas, a las que el equipo de Monitor de Víctimas ha tenido acceso, se ha podido conocer que los sectores afectados han sufrido de interrupciones en el servicio eléctrico por días, al igual que parece existir un toque de queda de facto, donde comercios no han abierto por el miedo a sufrir consecuencias por parte de la policía o la banda.

Parte de las personas asesinadas no tenían vínculos con la banda Tren del Llano, siendo la mayoría de estos hombres jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 29 años de edad. Esta dinámica se repite por parte de los cuerpos de seguridad en todo el país, empeñados en continuar con un foco de violencia direccionado en asesinar a esta población, específicamente a aquellos perteneciente a los barrios y pueblos. Algo que, nuevamente, no parece ser exclusivo de este nuevo operativo, si no por el contrario, mantiene un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos observado en todo el territorio nacional. Tal y como ha ocurrido este año en José Félix Ribas en Petare, donde a raíz de los operativos para desmantelar a la banda de Wilexys, se han registrado homicidios por cuerpos de seguridad a jóvenes del sector que no estaban involucrados en los enfrentamientos.

El Gobierno de Nicolás Maduro debe cesar de manera inmediata y absoluta toda dinámica que facilite o propicie la implementación de prácticas letales e inconstitucionales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los ciudadanos venezolanos tienen derecho a vivir con seguridad y certeza. Las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo de manera sistemática y generalizada, por lo que el primer paso supone rectificar las políticas de seguridad ciudadana implementadas hasta los momentos, al igual que establecer mecanismos de responsabilización y reparación de estos hechos.

La operación “Trueno III” mantiene los mismos patrones observados durante estos años por Monitor de Víctimas: uso desproporcionado de la fuerza letal, procedimientos sin órdenes jurídicas, ajusticiamiento de hombres jóvenes sin nexos con los grupos delictivos y un sinfín de irregularidades procedimentales.

Estos planes de seguridad resultan inefectivos para controlar la presencia y poder de las megabandas criminales: se dispersan y reestructuran, pero no se dejan de existir. Las megabandas, bandas, trenes y pandillas en el país continúan desarrollando actividades delictivas de amplia envergadura, nada ha cambiado.

La aprehensión, procesamiento y encarcelamiento de los miembros de las bandas delictivas supone de los retos más importantes que tiene el país de cara al futuro. Los grupos delictivos suponen un factor de crimen y violencia en un amplio territorio del país. Sin embargo, las políticas de seguridad ciudadana para erradicar a estos grupos no pueden tener un enfoque meramente extraccionista y bélico con enfoque en los habitantes de los sectores abordado. Las políticas de prevención y reducción de violencia son solo efectivas si se realizan de manera integral y en conjunto con los habitantes que experimentan estos hechos. 

De otra forma, solo se están creando precedentes de desconfianza y violencia referente a los cuerpos de seguridad del país, sedimentando ciclos de violencia y alimentando una creencia colectiva de enemistad de los ciudadanos contra sus instituciones de justicia. Lo que refuerza el contexto actual de polarización política y dificulta la generación de espacios de encuentro entre los ciudadanos.