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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Cambios en el pensamiento militar
El despliegue fronterizo del sistema misilístico que ordenó Nicolás Maduro figura en los planes de campaña castrense.  El gobernante llamó a la institución castrense a estudiar las formas de “guerras multiformes” y su aplicación en contra de Venezuela. Según militares retirados y analistas persisten las dudas en la percepción que la institución militar tiene sobre los grupos irregulares 

EL ANUNCIO DE UN SECTOR DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) de retomar la lucha fue propicio para que se reactivaran las interrogantes sobre las posiciones que la Fuerza Armada Nacional (FAN) asume ante la insurgencia. Más allá del discurso gubernamental y la retórica del Alto Mando, el país y la comunidad internacional no ven diáfana la visión estratégica venezolana sobre los grupos irregulares, advierten analistas castrenses.

Militares activos y retirados identifican un giro en la formación castrense sobre la guerrilla que atribuyen a los cambios doctrinarios hechos por Hugo Chávez basados en la guerra asimétrica.

“Cuando ingresé a la Academia Militar, en el año 2003, el entonces Plan de Estudios Andrés Bello contemplaba, en primer año, la fase teórica del combatiente individual, el uso, manejo, desarme y control de las armas básicas asignadas a la FAN, así como práctica en polígonos de tiro y fases de infiltración; en el segundo año había técnicas de escuadra y formación en paracaidismo básico militar. Después en tercer año,  se empleaba lo aprendido y las nuevas tácticas de pelotón, hacíamos el curso contra guerrillas cazador, cazador de guerrilleros e instructores de paracaidistas. La instrucción la hacíamos en la Escuela de Formación del Ejército en Cocollar, en el estado Sucre”, narró un capitán del Ejército que solicitó a TalCual resguardar su identidad.

Más información en TalCual.

Reporteros sin Fronteras califica como indigno y escandaloso el trato a periodista Billy Six

El periodista independiente Billy Six, de 32 años, que colabora con los diarios alemanes Junge Freiheit y Deutschland Magazin, está recluído en El Helicoide por los cargos de espionaje, rebelión y violación de zonas de seguridad, por lo que podría ser condenado a 28 años de cárcel, ha informado el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS). Hasta ahora las autoridades venezolanas no han presentado ninguna prueba que sustente estas acusaciones, ni difundido información relativa a este caso, publica ABC.

Según la organización no gubernamental Espacio Público, Billy Six fue detenido el pasado 17 de noviembre en el estado Falcón (noroeste del país) por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y trasladado a El Helicoide, la sede del Sebin, sin que se presentara una orden judicial. El periodista había entrado al país por la frontera con Colombia, por vía terrestre.

Desde que fue detenido, sólo sus padres han podido hablar con él directamente. Las fuerzas del orden le prohíben cualquier otro contacto con el exterior, incluso con la embajada alemana o con un abogado.

«El trato que se da a Billy Six es indigno y escandaloso», señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. «Las autoridades venezolanas deben dar a conocer lo antes posible las pruebas presentadas contra el periodista y ponerlo en libertad para que pueda preparar su defensa. Por otra parte, es inconcebible que el Estado venezolano haga que un tribunal militar juzgue al periodista. Esto constituye una grave violación a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales del país. «Un civil no tiene por qué comparecer ante una corte militar», añadió.

Según la familia del periodista, con quien RSF se puso en contacto, Billy Six fue acusado de espionaje y de violación de zona de seguridad debido a que tomó fotos durante los desfiles militares realizados en Caracas por la celebración de la independencia, el 5 de julio de 2017 y de 2018; así como durante un mitin de campaña en el que intervino el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en mayo de 2018. Por otra parte, lo acusarían de rebelión debido a que el periodista estuvo en contacto con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los servicios consulares alemanes se movilizaron para ofrecer ayuda al periodista, pero por el momento no desean hacer pública ninguna información sobre este caso.

No es la primera vez que Six ha sido detenido. En diciembre de 2012, fue arrestado por el ejército sirio por ingresar ilegalmente al país y detenido durante tres meses antes de ser liberado.

La «guerra mediática» mencionada por Maduro para desacreditar las críticas de los medios de comunicación nacionales e internacionales a su gobierno alimenta el clima de gran tensión en que trabajan los periodistas en Venezuela, sobre todo desde 2016, cuando inició la crisis política y económica. Los periodistas extranjeros a menudo son detenidos y expulsados del país.

Venezuela se encuentra en el lugar 143, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2018.

Acceso a la Justicia: El quiebre institucional como causa de la emergencia humanitaria

EN VENEZUELA SE VIVE UNA SITUACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD ROTA EN LA QUE IMPERA LA LEY DEL MÁS FUERTE. La mayoría de los órganos del Estado cuyas decisiones son ejecutables son ilegítimos, porque sus representantes no han sido electos por el pueblo; es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), o no han sido seleccionados por la sociedad civil como manda la Constitución: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), Defensor Pública, Defensor del Pueblo, Fiscal General; o no han sido designados por la Asamblea Nacional (AN), por ejemplo el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en parte el Poder Judicial, (por lo menos, 13 de sus magistrados principales y 20 de sus suplentes).

Sin embargo, hay otros organismos legítimos, como la AN, pero sus decisiones no son ejecutables, porque el TSJ lo ha imposibilitado (ochenta y tres sentencias que han anulado sus competencias, entre ellas la legislativa y la contralora) desde su elección en diciembre de 2015.

A esto se añade que el Gobierno nacional concentra el poder, pues es quien realmente lo ejerce, habiéndoselo atribuido u otorgado el TSJ (este ha dictado desde diciembre de 2015, al menos 158 sentencias favor del Ejecutivo y en desmedro de la Constitución y los derechos humanos, incluyendo en este número las 83 en contra del Parlamento). Los ministerios y otros organismos funcionan por inercia, no hay inversión, mantenimiento ni respuesta a las demandas desde hace varios años. Por ello, todo lo público está a punto del colapso o no funciona.

El problema se agrava porque la mayoría de los bienes y servicios han sido nacionalizados desde hace varios años o progresivamente las empresas privadas han sido expropiadas. De un tiempo para acá, el Gobierno ha adoptado otras formas, y es que de las pocas empresas que van quedando cuando ya están por cerrar, dados los desincentivos a la producción y la imposibilidad de repatriar su capital, son objeto de una medida de ocupación. Por otro lado, los servicios públicos básicos (luz, agua, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos) están en manos del Ejecutivo ya desde años.

La crisis de los servicios públicos también ha incidido en las redes de comunicación provocando episodios de desconexión y desinformación por las precariedad del acceso a internet, lo que, junto a amenazas, bloqueos y cierres de medios, afecta la libertad de expresión en el país.

El Estado ha olvidado sus funciones fundamentales, incluso seguridad y justicia, y esto ha dado lugar, junto con una política pública de impunidad, a que delincuentes se transformen en bandas y luego en megabandas con ocupación de territorio a cambio de seguridad para los habitantes de la zona. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calcula que la tasa de homicidios es de aproximadamente 110 por cada 100.000 habitantes (no hay cifras oficiales). En promedio, en el año 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares y cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

Corrupción

A todo esto se une el colapso de la industria petrolera que, por su mal manejo y la inmensa corrupción que la caracterizó, especialmente en el período 2004-2014, ya no es rentable como lo era antes, por lo que el Gobierno ha continuado con su rentismo, pero basado ahora en el oro y otros minerales (Arco Minero), con la presencia de grupos armados que controlan en buena medida las zonas de extracción, donde impera la ley del más fuerte. La opacidad en materia de contratos de extracción de minerales y manejo de recursos por parte del Ejecutivo es enorme. En estas zonas ya está presente el grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa con la complicidad de funcionarios y Gobierno. Los abusos en la región son atroces y hasta se han instaurado formas de trabajo de esclavitud moderna.

Las consecuencias de la incursión de la guerrilla en nuestro territorio van más allá. Un número alarmante de estudiantes, en al menos cinco estados fronterizos, es víctima de secuestro y reclutamiento forzado por parte de fuerzas irregulares. Directivos y docentes son amenazados para que distribuyan material proselitista a los alumnos. Al respecto, el procurador general de Colombia y el representante de Unicef en Colombia, han informado que disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan secuestrando a menores de edad en Venezuela. Varias ONG reportan que la violencia dentro de las escuelas por crimen organizado, microtráfico de drogas, violencia de odio y agresiones a estudiantes y docentes se ha incrementado en 75% debido a la falta de programas de prevención y acciones efectivas.

También está ocurriendo que algunos gobernadores imponen sus normas en su territorio, contrarias a la Constitución, incluso en contra del Poder Nacional a la luz de su falta de autoridad en las regiones.

Persecución política

A todo esto se une que los partidos políticos y dirigentes de oposición han sido perseguidos y anulados, además de ser víctimas de una importante campaña comunicacional de descrédito, en lo que la gestión de Maduro ha sido muy eficiente, logrando su objetivo de fracturar a los adversarios agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo que ha empeorado la percepción ciudadana ante la posibilidad de una salida electoral a la crisis.

A la falta de instituciones se une una inseguridad jurídica crítica: el presidente es quien legisla a través de decretos leyes sin el aval del Parlamento como lo ordena la Constitución sobre la base de una emergencia económica, decretada desde enero de 2016, cuando la norma señala que la duración máxima del estado de excepción es de 60 días con una sola prorroga de igual lapso.

Existe además un sinfín de leyes inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, que niegan la existencia de derechos, e incluso, su ejercicio los convierte en delitos, como la Ley Constitucional contra el Odio,  por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, emanada de la ANC, que prevé hasta veinte años de cárcel, cierre de medios y emisoras, y bloqueos de portales, cuyo contenido u opiniones que se expresen sean consideradas por el Gobierno como críticas a su postura.

En este ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación han sido controlados, comprados, silenciados o perseguidos. Al menos cuarenta y cuatro periódicos dejaron de circular de forma definitiva desde 2013, mientras que otros catorce cesaron sus labores temporalmente. De esta cifra, sólo en 2018 dejaron de imprimirse treinta diarios (en buena medida por falta de papel), de los cuales diez anunciaron el cese total de sus operaciones. Aunado a esto, emisoras de radio y televisión han cerrado sus puertas y hay limitaciones para ver canales de comunicación como CNN o NTN24, por mencionar algunos.

El TSJ ha contribuido con el bloqueo informativo, emitiendo más de cuarenta sentencias que han violado el derecho de acceso a la información, incluidas las relacionadas con las políticas en sector alimentación y salud. En tres años los ministerios no han publicado su informe de gestión anual, el presupuesto nacional, la ejecución del gasto, las contrataciones, el producto interno bruto, los índices de inflación, entre otros aspectos de especial relevancia y cuando las ONG solicitan la información les es negada.

A esto se añade la absoluta inseguridad jurídica que se manifiesta, entre otros, en que las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional a veces no aparecen publicadas en Gaceta Oficial (instrumento oficial de publicación de normas jurídicas) en la fecha en que se anuncian (generalmente por televisión en cadena nacional), y cuando se publican finalmente suele hacerse con una fecha anterior a la del día en el que en realidad aparecen, por lo general la fecha del anuncio televisivo. También el TSJ dicta sentencias sin publicar su texto completo, solo el dispositivo o a través de una nota de prensa informa lo decidido.

Concluimos que el quiebre institucional descrito se ha gestado en una crisis económica y social de gran magnitud, que por su tiempo y desatención se ha convertido en una verdadera emergencia humanitaria, lo que explica la verdadera causa del éxodo masivo de un gran número de habitantes del país y revela la absoluta y total responsabilidad del Estado en esta grave situación.

Colombia se prepara para las primeras elecciones con la FARC como partido

FOTO: El Tiempo

 

Colombia se prepara hoy para las elecciones legislativas que se celebran este domingo 11 de marzo, los primeros comicios a los que acudirán las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y que están marcadas por la ausencia de violencia a la que se ha sumado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha declarado una tregua temporal.

Por tanto, si se cumplen las previsiones, las elecciones legislativas de este domingo a las que están llamados 36 millones de colombianos serán las primeras en más de medio siglo sin violencia guerrillera, si bien sigue habiendo focos de inseguridad que se escenifican en estos comicios.

Buena muestra de ello son las amenazas que hoy de nuevo ha denunciado el aspirante a senador Miguel Matus, del uribista Centro Democrático.

A través de su cuenta de Twitter, Matus aseguró que ha recibido estas amenazas de “grupos armados ilegales” en su natal departamento de Arauca.

Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, es una de las regiones en las que delinquen grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz.

También el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y que aspira a renovar su escaño, presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que denunció hurto de información, seguimiento y hostigamiento contra su equipo de campaña.

Entre esos hostigamientos destacó que en los últimos días su residencia estaba siendo vigilada por un vehículo rojo de vidrios polarizados que estaba tomando fotos del lugar.

En opinión del senador, esos hechos “configuran una situación de alto riesgo” contra su integridad y la de su “equipo cercano de trabajo”.

Mientras, en los centros de votación se ultiman los detalles para la gran jornada de mañana.

Así sucede en el punto instalado en el recinto ferial Corferias de Bogotá, donde las mesas ya están instaladas, las urnas preparadas y los trabajadores terminan de asear la zona.

Las elecciones, antesala de las presidenciales de mayo, no están exentas de una polarización que va creciendo en el país y que pidió frenar el jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Casas Zamora.

“Yo creo que es muy importante no caer en el juego de quienes quieren polarizar el debate político, porque ese juego lo pagan los países muy caro y otros países lo han pagado muy caro”, dijo Casas, exvicepresidente de Costa Rica (2006-2007)..

Y es que este domingo, además de elegir a los 102 senadores y 166 miembros de la Cámara de Representantes, los colombianos podrán votar a los candidatos de dos alianzas partidistas, una de la izquierda y otra de derecha.

A la de izquierda comparecen el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, claro favorito, y el exregidor de la caribeña Santa Marta Carlos Caicedo.

Por otra parte, a la de derechas acuden el candidato uribista Iván Duque, favorecido en las encuestas, así como los conservadores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

El reto no está sólo en saber quién encabezará cada coalición, sino en cuál de las dos consultas conseguirá más votos, ya que los colombianos sólo pueden optar por elegir a uno de los dos aspirantes.

Petro y Duque se han situado en cabeza de varias encuestas presidenciales.

También será llamativo saber qué resultado obtendrán la FARC..

Todas las encuestas les dan un apoyo moderado, sin embargo y en virtud del acuerdo de paz tienen garantizados diez asientos en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

Pese a que todas las encuestas les dan una baja intención de voto, aspiran a superar esos diez representantes en su primera lid electoral.

Tener esos cinco puestos en el Senado garantiza que en la siguiente legislatura estará sentado en la Cámara Alta Iván Márquez, número dos de la antigua guerrilla.

Frente a él, habrá numerosos miembros del Centro Democrático, según indican los sondeos, entre ellos muy probablemente Álvaro Uribe, el político más valorado por los colombianos, lo que garantiza que habrá debates acalorados.

Finalmente, será importante el resultado electoral de cara a posibles alianzas posteriores para las elecciones presidenciales, pues han sido varios los candidatos que ya han asegurado que el lunes se sentarán a considerar posibles coaliciones.

Inicia en Colombia salida de menores de zonas de concentración de FARC

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Las operaciones para la salida de menores de edad de las zonas de concentración de la guerrilla FARC dieron inicio en Colombia en el marco del acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado, informó este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Ya está en marcha la primera operación humanitaria del año 2017 en las que los menores de edad saldrán de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, donde se agrupan los rebeldes para dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, indicó el organismo en un comunicado.

El CICR sostuvo que “se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país”, en las que participarán varias organizaciones sociales designadas para “preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior”.

La presencia de menores en filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del país, ha sido uno de los temas más espinosos del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

A finales de enero, el presidente exigió a los rebeldes que entregaran a los menores de 15 años, tal como lo acordaron las partes en marzo pasado. Además, en mayo de 2016 se pactó su salida “en breve”, pero se demoró por problemas de ejecución de los rebeldes.

A la fecha solo han salido 13 menores de los campamentos, según el gobierno.

Representantes del gobierno y de la guerrilla activaron el 26 de enero los protocolos para la salida de todos los menores de 18 años de las tropas insurgentes.

Las partes acordaron que el proceso iniciaría una vez la guerrilla estuviera concentrada en las 26 zonas del país donde a más tardar a finales de mayo deberán dejar las armas. La fase de reagrupación se completó el 18 de febrero.

El gobierno no ha precisado cuántos menores hay en filas de las FARC, aunque en mayo de 2016 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló de cerca de 170.

Según el comandante guerrillero Pastor Alape, encargado por las FARC para este tema, en las filas rebeldes hay cerca de 23 menores de 15 años.

Liborio Guarulla: Existe negligencia en búsqueda de helicóptero desaparecido en Amazonas

Guarulla

 

El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, aseguró que existe negligencia en la búsqueda del helicóptero MI-17, perteneciente al Ejército venezolano, desaparecido en Amazonas con 13 personas entre civiles y militares desde el 30 de diciembre de 2016.

Recordó que las condiciones de búsqueda no son iguales a otras poblaciones. “En Amazonas hay dos casos de aeronaves que nunca se encontraron (…) En todo este tiempo los bomberos aeronáuticos y Protección Civil no han participado en las labores de búsqueda. Se llevó un grupo de rescate desde otros lugares del país que desconocen la metodología de búsqueda, movilización y rescate en terreno de Amazonas”, destacó el gobernador durante una comparecencia a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional.

Los indígenas están buscando en la falda del cerro Druida, cerca de la pista de aterrizaje de La Esmeralda, detalló el mandatario regional.

Esas mismas comunidades indígenas informaron que dos días antes, la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en la comunidad de Caño Grulla por desperfectos mecánicos, indicó Guarulla. “Existen muchas hipótesis, una de que la aeronave se hay desviado hacia una comunidad minera para llevar comida, o que hayan sido secuestrados por las FARC, pues yo he denunciado que esa guerrilla está en territorio venezolano desde hace mucho tiempo y el Gobierno no se ha encargado de defender la soberanía nacional”.

Además, el gobernador aseveró que ha habido muchas restricciones sobre la ruta de la aeronave, que según se conoció iban a La Esmeralda y luego al cerro Delgado Chalbaud, lugar donde iban a relevar los puestos. “Siempre hay un plan de vuelo que marca la ruta de la aeronave. Para llegar a La Esmeralda son dos horas y 15 minutos de vuelo, sino llega se debe activar la búsqueda con preguntas a las poblaciones cercanas”.

Guarulla también denunció que hay tres radares en Amazonas que no se encuentran operativos. “El de Río Negro se desmanteló, el radar de Puerto Ayacucho no funciona al igual que el de La Esmeralda (…) Al parecer los helicópteros rusos no cuentan con un sistema de ubicación preciso”.

Por su parte, el diputado Franco Casella indicó que el padre de uno de los militares desaparecidos denunció a través de las redes sociales que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) debían liberar el helicóptero MI-17 y todos sus tripulantes.

FAMILIARES ANGUSTIADOS

Henrique Juvenal Romero, padre de Jeison Romero (sargento primero del Ejército) afirmó que hace 15 días, el comandante del Batallón en Amazonas, Oswaldo Villegas Matos, les informó que los tripulantes del helicóptero MI-17 están vivos, aunque no les han dado más respuestas o donde se encuentran sus familiares.

Un grupo de militares que se encontraba en labores de búsqueda regresó, aunque supuestamente otro grupo se quedó en la selva, dijo Romero.

Además, destacó que según informaciones dadas por su propio hijo, el helicóptero MI-17, procedente de Carabobo, se encontraba en labores de ayuda para el traslado de alimentos a puestos de comando. “El 27 de diciembre quisieron salir pero tuvieron desperfectos, el 28 hubo mal clima, el 29 salieron pero por el mal clima casi chocan con unas guayas. El comandante del Batallón les dijo que debían salir el 30 compara a entregar esa comida”.

Colombia: ganó el

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Los colombianos rechazaron el domingo en un disputado plebiscito el acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, haciendo naufragar el pacto para acabar con un conflicto armado de medio siglo, que ahora corre el riesgo de recrudecer.

En un sorpresivo giro, el “No” obtuvo un 50,23 por ciento de los votos frente al 49,76 por ciento de quienes lo avalaron, con el 99 por ciento de los sufragios escrutados, dejando al descubierto la polarización de Colombia en torno al grupo rebelde y la posibilidad de que se integren a la sociedad.

Con este resultado, los colombianos echaron por tierra cuatro años de negociaciones que culminaron la semana pasada con la firma de un histórico pacto por parte del presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.

“Voté por el ‘No’. No quiero enseñar a mis hijos que todo es perdonable”, dijo Alejandro Jaramillo, ingeniero de 35 años.

El acuerdo para poner punto final a un enfrentamiento que dejó 220.000 muertos, establecía que las FARC dejarían las armas para hacer política, creaba una instancia judicial especial para juzgarlos, establecía subsidios para que se integraran a la sociedad y compensaciones a las víctimas del conflicto.

Aunque para implementar el acuerdo no era obligatorio un plebiscito, el presidente Santos, apostando su capital político, quiso que tuviera legitimidad en la dividida Colombia.

Pero ahora, según su compromiso, ya no podrá ponerlo en marcha.

El mandatario consideraba la consulta como la decisión política más importante de la historia reciente para la conservadora sociedad de Colombia y se perfilaba como un candidato al Nobel de la Paz por lograrlo.

El plebiscito, el primero de 1957, mostró el rechazo que tiene la sociedad a pactar con los jefes guerrilleros, que para muchos traen recuerdos de asesinatos, secuestros y ataques que creen deben ser castigados con la cárcel y sin la posibilidad de ocupar cargos de elección popular.

“Es un mensaje de grandeza, es un mensaje de dignidad, de amor a Colombia y yo les pido a todos los ciudadanos que tengan confianza de que vamos a saber manejar esta situación sin sobresaltos, vamos a trabajar con el Gobierno para poder reconducir este acuerdo”, dijo el político Francisco Santos, un hombre cercano al popular ex presidente Álvaro Uribe, que lideró la campaña de rechazo al acuerdo.

El presidente Santos, que recibió un duro golpe con este resultado, convocó de urgencia a una reunión a su equipo de negociadores y a su ministro para analizar lo que sucedió, mientras que quienes apoyaron el “Sí” lamentaron la derrota y la abstención de más de un 62 por ciento.

“Qué tristeza, parece que los colombianos olvidamos la crueldad de la guerra, nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros mutilados, nuestras víctimas y el sufrimiento que nos a acarreado esta guerra a todos”, dijo Adriana Rivera, una filósofa de 43 años.

El director del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, que hace parte de la coalición de Gobierno, calificó la derrota como “una verdadera debacle” “Tendremos que sentarnos con cabeza fría a reflexionar sobre qué pasos debe tomar el Gobierno y el país”.

FOTOS Los rebeldes de Colombia se preparan para la paz

 

 

SELVA DE PUTUMAYO, Colombia (AP) — Viajando hasta lo profundo de la selva tras un día de viaje en bote, llegué con emoción y desconfianza al campamento secreto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Siendo un fotoperiodista colombiano, crecí en una familia humilde en el desdén hacia los rebeldes que mis familiares describían como asesinos, pero al ver a los guerrilleros del bloque sur de las FARC en sus tareas cotidianas mientras se preparaban para la paz, empecé a verlos como gente normal como yo y decidí fotografiarlos tanto con su uniforme como en su ropa civil para mostrar su lado más humano.

Cumpliendo el acuerdo alcanzado el mes pasado por el gobierno y los líderes de las FARC se ha establecido un cese el fuego. El 2 de octubre se celebrará un referéndum nacional para que los votantes puedan opinar sobre el acuerdo para poner fin a medio siglo de violencia política, que ha dejado más de 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados.

Durante una visita a su campamento secreto, fotografié a rebeldes de ambos sexos del Frente 48 de las FARC y otras unidades rebeldes. A cada uno le pregunté su edad, cuántos años llevaban con las FARC y sus aspiraciones para el futuro.

Al hacer a un lado los pesados fusiles de asalto y uniformes de camuflaje para que usaran prendas comunes, los hombres lucían virtualmente iguales, pero las mujeres quedaban transformadas.

Muchas dijeron que tenían 18 años, pero algunas parecían más jóvenes. Muchas también admitieron que se habían unido a las FARC varios años antes. Eso implica que fueron reclutadas como menores, una violación de los derechos humanos que tristemente se encuentra entre las muchas cometidas durante el largo conflicto en Colombia.

Aunque las conversaciones parecían preparadas -los comandantes varones eligieron a qué mujeres podía fotografiar- las imágenes no lo fueron en absoluto. Las mujeres rieron, sonrieron y se colocaron nerviosas la poco familiar ropa de calle. Muchas nunca habían sido fotografiadas de ninguna manera formal y la experiencia me recordó a mi juventud como fotógrafo de estudio en Bogotá, donde tomaba fotos para graduaciones de secundaria e identificaciones oficiales.

Tras pasar su juventud luchando en una guerra fútil, los rebeldes están ahora deseando compensar el tiempo perdido. Una de las jóvenes ni siquiera había terminado la escuela primaria.

Fue muy diferente de la última vez que entré en un campamento de guerrilla, hace más de una década. Los rebeldes entonces eran más reservados, más dogmáticos.

Hoy, los colombianos siguen diciendo en sondeos de forma abrumadora que no les gustan los rebeldes. Los miembros de las FARC han respondido intentando mostrar una imagen más suave en su transición hacia movimiento político.

En mi visita reciente, las guerrillas estaban centradas en sus vidas futuras bajo el acuerdo de paz alcanzado el mes pasado tras cuatro años de negociaciones. Un rebelde incluso aprendía a tocar la guitarra con instrucciones en internet.

Cuando me marché tras una semana, les dije a los rebeldes que los vería pronto. Fue una frase hecha, la clase de cosa que uno dice cuando le faltan las palabras.

La próxima vez, me dijo uno, puede que no nos reconozcas porque estaremos vestidos igual que tú.