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Feminicidio

#MonitorDeVíctimas | Mujer fue estrangulada por su pareja en hotel de avenida Urdaneta
Es el tercer feminicidio cometido en Caracas en lo que va de 2020

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografias Carlos Ramírez

Sheyla Margarita Tovar Salinas, de 42 años de edad, y Juan Carlos Piña, de 34, acordaron verse en el hotel Royal de la avenida Urdaneta, municipio Libertador de Caracas, la tarde del pasado martes 21 de enero. Aproximadamente a las 6:00 pm, Piña informó en la recepción del hotel que Tovar había sufrido un infarto y estaba muerta. Pidió que llamaran a las autoridades.

Los funcionarios del Cicpc llegaron cerca de la medianoche a levantar el cuerpo. Cuando procedieron a efectuar la autopsia reglamentaria al cadáver, descubrieron que Tovar falleció por estrangulamiento y asfixia mecánica.

De acuerdo a las hijas de Tovar, Piña se encuentra detenido por el presunto cargo de homicidio.

Tovar y Piña eran pareja desde hace 13 años y tenían una hija de 11 años de edad. Tovar además tenía una hija de 21 y otra de 16.

Piña tenía antecedentes de violencia y en diciembre fue denunciado por la hija mayor de Tovar por supuestamente haberle fracturado el tabique.

Tovar trabajaba en el Ministerio de Finanzas, estudiaba en la universidad Santa Rosa y residía en San José del Ávila, en Los Mecedores, mientras Piña vivía en Lídice.

Tovar es la tercera mujer asesinada en Caracas en lo que va de 2020. Luisanny Stephany Hernández de 18 años y Milagros Castillo de 35 fallecieron el pasado 1 de enero a causa de la violencia.

 
La prevención es clave para evitar el asesinato de mujeres por violencia de género. Y vale preguntarse qué hizo o dejó de hacer el Estado venezolano para proteger a las víctimas reportadas en lo que va de enero de 2020

Reporte Proiuris

Los recientes reportes de asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género vuelven a abrir el debate sobre la diferencia entre los términos femicidio y feminicidio. Un debate necesario en Venezuela, donde el  derecho de las mujeres a una vida  libre de violencia no está garantizado y amerita mucho más que una ley.

A través de la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2014, se incorporó el “femicidio”. En el artículo 15 se define como “la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”. En el artículo 57 se precisa  que “el que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión”.

Precisamente en 2014, la Real Academia Española desechó el término femicidio y convalidó el término feminicidio, definido como el “asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia”. Sin embargo, las máximas autoridades de la lengua española se quedaron cortas en relación con el avance del debate sobre la violencia de género, sobre todo en América Latina.

El término femicidio, como una traducción al castellano del vocablo inglés femicide, se atribuye a la escritora sudafricana Diana Rusell, quien lo promovió durante el encuentro de aproximadamente 2.000 mujeres de 40 países para la organización del Tribunal Internacional sobre Crímenes contra Mujeres, que tuvo lugar en Bruselas, en 1974.  Junto con la investigadora estadounidense Janet Caputi, Rusell definió el femicidio como el “asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o el sentido de posesión hacia las mujeres”.

En consonancia con el principio de progresividad en materia de derechos humanos, los desarrollos teóricos de Rusell fueron objeto de revisión y reinterpretación en procura de mayores y mejores estándares de protección. En ese sentido, los mayores aportes los hizo la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en la década de los 90 y en el contexto de la proliferación de asesinatos de mujeres por razones de género en Ciudad Juárez.

Al acuñar el término feminicidio, en vez de femicidio, Lagarde puso el acento en la responsabilidad del Estado, ya sea por acción o por omisión. Su razonamiento es sencillo: la mayor garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es la prevención efectiva. Y justamente allí lo que hace o deja de hacer el Estado marca la diferencia entre la vida y la muerte. 

En muchos casos, los feminicidios constituyen el desenlace extremo de otras formas de violencia de género sufridas por la víctima, que no son atajadas oportunamente. En muchos casos, como ocurre en Venezuela, la institucionalidad creada para proteger a las mujeres es ineficiente. Valga una pregunta: ¿cuántos feminicidios se podrían evitar en Venezuela si  las unidades receptoras de denuncias y las fiscalías especializadas ofrecieran medidas de protección y acompañamiento efectivo a las mujeres que sufren violencia de género, incluso aquellas que padecen el síndrome de la mujer maltratada y se resisten a denunciar a sus agresores? 

Además de la falta de prevención y a efectos de la resemantización del término feminicidio, Lagarde llama la atención sobre la impunidad, pues  no hay duda de que el Estado es responsable de la investigación, enjuiciamiento y sanción conforme a Derecho de los asesinatos de mujeres por ser mujeres. Una segunda pregunta: ¿Los feminicidios son investigados por dependencias especializadas y con enfoque de género del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas o, simplemente, quedan en manos de la División contra Homicidios, como si fueran cualquier homicidio? 

Lagarde es generosa en argumentos, pues considera que detrás de los feminicidios están motivaciones estructurales relacionadas con la desigualdad de género, en términos culturales, políticos y jurídicos; así como la feminización de la pobreza.

En el portal feminicidio.net se resume la elaboración conceptual que Marcela Lagarde ha hecho sobre el feminicidio: “Es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz. El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, maltrato, abuso, vejaciones y daños continuos contra las mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas”.

Y una tercera pregunta: ¿qué hicieron o dejaron de hacer las instituciones del Estado venezolano responsables de la prevención de la violencia de género para evitar los feminicidios ocurridos en Venezuela en lo que va de 2020?

#MonitorDeVíctimas | Cicpc investiga la muerte de la pareja de un sargento de la GNB
El funcionario informó que discutió con la mujer y ella optó por quitarse la vida, pero los familiares no creen esa hipótesis. El sargento, al día siguiente del hecho, se llevó varias pertenencias del apartamento y se desconoce su paradero

 

@lysaurafuentes / Fotografías Carlos Ramírez

FUNCIONARIOS DEL CUERPO de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan la muerte de Mirianny Geraldine Hernández Ocando, de 30 años de edad.  El suceso se registró el domingo 18 de agosto, a la 1:30 pm en el apartamento 566, torre 6 de las residencias Catuche ubicadas en Puerta Caracas, La Pastora, municipio Libertador.

La versión que ofreció ese día la pareja de Mirianny, de nombre José Wilfredo Ponce Jaime, de 33 años de edad, quien es sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es que sostuvo una discusión con su pareja. Presuntamente ella se encerró en una habitación y él se fue a otro cuarto y en ese momento habría escuchado el disparo que se habría ocasionado Mirianny para quitarse la vida.

Hasta el momento están manejando la versión del suicidio, pero la familia de Mirianny no cree esa hipótesis. En la morgue de Bello Monte, un pariente que prefirió no identificarse, aseguró que el hombre es “celoso, controlador, posesivo, la obligó a cambiar su número de teléfono y a dejar sus trabajos, a ser ama de casa y a que se mantuviera en su hogar, sin hablar con nadie. Incluso generó una discusión entre Mirianny y su hermana gemela”. Los allegados manifestaron que el sargento al día siguiente del hecho se llevó varias pertenencias del apartamento, entre ellos un televisor, una computadora y ropa. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Mirianny dejó dos hijos de 11 y 3 años de edad. Era oriunda del poblado Las Calderas, municipio Colina, al este de Coro, estado Falcón, a donde será llevada para el sepelio.

El resultado del informe forense arrojó: “fractura de cráneo por herida de arma de fuego, proyectil único a la cabeza”.

Mirianny tenía ocho meses de relación con el sargento, el cual estaba adscrito al destacamento 435, en Altamira.

 

#MonitorDeVíctimas | Asesinaron a mujer de 65 años dentro de su casa en Petare
María Consuelo Carrillo hacía limpieza de su hogar, con la puerta abierta, acompañada por su esposo. Cinco hombres llegaron a la vivienda, ubicada en el barrio San Blas, y le exigieron a la pareja que abandonara el lugar

 

MARÍA CONSUELO CARRILLO LOZANO, de 65 años, fue asesinada a las 11:00 a. m. de este miércoles 24 de julio, dentro de su casa, en el sector El Encantado de San Blas, en Petare. Recibió un tiro en la cabeza.

Según sus familiares, la víctima se encontraba con su esposo haciendo limpieza, con la puerta abierta, cuando cinco hombres llegaron y les exigieron que salieran de la casa. Dos se quedaron afuera y tres sometieron a la pareja.

Los parientes presumen que el hombre que le disparó en la cabeza se encontraba bajo los efectos de las drogas. Agregaron que tenía toda su vida viviendo en Petare.

María era ama de casa y tenía seis hijos. Su esposo, a quien también amenazaron de muerte, huyó del lugar atemorizado. El hombre, también de 65 años, trabaja como mecánico.

 

#MonitorDeVíctimas | Sexagenario mató a su expareja porque terminó la relación sentimental
El feminicidio aconteció en El Cementerio durante la primera semana de junio

 

@franzambranor / Fotografía Carlos Ramírez

EN OCUMARE DEL TUY apresaron a Luis Alfredo Ramírez Vegas, acusado de asesinar con un arma blanca a su ex pareja Carmen Ivonne López López, de 50 años de edad, el pasado martes 4 de junio.

Ramírez Vegas, de 60 años de edad, habría matado a cuchilladas a López López en la casa número 22 del callejón Murachí de El Cementerio luego de una discusión, afirmó en rueda de prensa el director del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

A juicio de Rico, Ramírez Vegas cometió el feminicidio luego que López López decidiera terminar la relación sentimental con él.

Después de asesinar a su ex pareja, Ramírez Vegas le robó dinero y también su teléfono celular.

De acuerdo a datos recabados por Monitor de Víctimas, los tres tipos de victimarios en los feminicidios cometidos en Caracas son desconocidos, conocidos y cónyuges. Asimismo los hogares fueron el segundo contexto más frecuente donde ocurrieron este tipo de delitos. La edad promedio de las mujeres asesinadas en la capital es de 35 años y el oficio más común es el de estudiante, seguido por ama de casa.

 

#MonitorDeVíctimas. Una red de sobornos ha dilatado la justicia en el caso de Ángela Aguirre
Luego de tres semanas de lo que fue tildado por el director del Cicpc como un homicidio, la audiencia de presentación de los siete detenidos por el caso ha sido diferida cuatro veces. Mientras, la sociedad guayanesa sigue exigiendo justicia.

 

@marcosdavidv / FOTO CORTESÍA ÁNGEL AGUIRRE

MILES DE TUITS, CIENTOS DE DENUNCIAS, siete detenidos, cuatro postergaciones de las audiencias de presentación, tres semanas, dos autopsias y un caso sobre el que la justicia venezolana no ha dado respuestas, el del homicidio de la adolescente Ángela Aguirre.

Cada semana transcurrida sin que haya respuestas ha sido, al mismo tiempo, el incremento de las manifestaciones de indignación y de repudio a lo que ya es visto como un cangrejo.

Esta segunda semana de abril dejó tres novedades en torno del homicidio (el 23 de marzo en el río Caroní, estado Bolívar) de la adolescente de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato del colegio Palúa, en San Félix, y habitante de la urbanización Los Alacranes, de esa misma ciudad.

La primera fue que Yamileth Carvajal, abogada de la familia de la víctima, solicitó la recusación de Emily Hernández como fiscal del caso “porque hay mucha manipulación. ¿Tiene que haber dinero para que haya justicia?”.

La segunda fue la difusión de un audio que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en el teléfono celular de la víctima. En ella, Ángela Aguirre dice, llorando: “José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó, marica”.

 

Devaneos

El sábado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre la llevaron al Club Ítalo Venezolano de Guayana para que celebrara el cumpleaños 18 de un amigo: José Alberto Cedeño.

Junto con ellos estaban José Zorrilla (de 44 años), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28). Todos salieron a bordo de la lancha La Kaki, con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní. Regresaron al club antes de las 2:00 am. Todos menos Ángela.

Al día siguiente comenzó la búsqueda de la adolescente y los siete acompañantes fueron detenidos. Al cadáver lo encontraron el martes 26 de marzo, flotando cerca del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. Esa misma noche, el director nacional de Cicpc, Douglas Rico, informó sobre el caso y lo calificó como homicidio.

Hubo dos autopsias. En el informe de la primera se determinó que el cadáver tenía golpes y signos de abusos sexuales. En la segunda, que la muerte había producida por asfixia mecánica.

El viernes 29, Douglas Rico declaró que las investigaciones continuaban y ordenó que el cadáver no fuese enterrado. Aunque entonces no utilizó el término homicidio sino, simplemente, muerte.

 

Causa común

La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?

La sociedad guayanesa protestó. Las concentraciones en frente del Palacio de Justicia se volvieron frecuentes y las críticas se enfilaron hacia Emily Hernández, fiscal encargada del caso, a quien acusaron de haber recibido sobornos para favorecer a los detenidos. Por eso la familia de la víctima, con ayuda de la abogada Carvajal, decidió recusar.

“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada hubo evidencias de que pegaron y dejaron fracturas en su cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, explicó después de solicitar la recusación y de corroborar que, según la información que maneja, en el caso hubo pagos en dólares y en oro.

Organizaciones y sociedad civil siguieron exigiendo justicia. “Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el feminicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso en un comunicado la Red Naranja de Mujeres.

Manuela Bolívar, diputada de la legítima Asamblea Nacional, anunció este viernes, 12 de abril, que “desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género expresamos nuestras condolencias con la familia de Ángela Aguirre. Nuevamente, los derechos humanos de la mujer venezolana son violados. El caso de Ángela Aguirre es un feminicidio. No podrán cambiar la versión. Es urgente una investigación imparcial que atienda los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Ángel Aguirre, papá de la víctima, también acusó a la fiscal de querer ocultar el crimen y de liberar a los culpables. En medio de la hojarasca, en la tarde del viernes, el caso pareció tomar un cariz diferente con la tercera novedad de la semana: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los siete detenidos serán imputados en el Tribunal primero de control con competencia en violencia contra la Mujer de la región.

Eso último significa que la tesis del homicidio no está desestimada y que, luego de las enmarañadas torceduras, el caso podría esclarecerse prontamente, mientras una sociedad en la que resuena el llanto acusatorio del audio de la víctima, clama que los culpables paguen sus culpas con una voz que es ahora común: Justicia para Ángela.

 

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#Monitor de Víctimas | Ciudad Guayana reclama justicia por la muerte de adolescente en el río Caroní
El Cicpc determinó que la muerte de Ángela Aguirre ocurrió por inmersión y que el cadáver tenía signos de violencia sexual. La desconfianza en las instituciones estatales ha llevado a la opinión pública a exigir justicia

 

@marcosdavidv

EL INFORME SOBRE LAS CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal sitúa a Ciudad Guayana como la séptima urbe más violenta del mundo: en 2018 hubo 645 asesinatos (78,30 por cada 100 mil habitantes).

La violencia criminal es lo habitual entre Puerto Ordaz y San Félix, los dos enclaves que conforman Ciudad Guayana. Los asesinatos pasan, regularmente, como asunto rutinario.

Pero desde hace una semana hasta ahora, esa parsimonia se rompió. Al punto de que, tal como lo afirmó Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la presión de los guayaneses fue uno de los factores determinantes para que ahora el caso de la muerte de Ángela Aguirre esté a punto de esclarecerse.

¿Muerte? Esa fue la segunda versión de Rico, la de este viernes en una rueda de prensa en la sede de San Félix del Cicpc. La primera fue la del martes en la noche: homicidio.

¿Por qué la contradicción? Luego de haber asegurado que Aguirre, de 16 años, fue asesinada, el funcionario afirmó que serán las investigaciones las que determinen causas y responsabilidad de este hecho que agitó –que agita-, la opinión pública.

Inconsistencias

El sábado en la tarde, Ángela Aguirre contestó el mensaje de un estado de Whatsapp de José Alberto Cedeño, con una sola palabra: “Yo”. La pregunta de Cedeño: “¿Quién para salir al río ya?”.

Los padres de Aguirre la llevaron al Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG). Allí se encontró con Cedeño, quien celebraba su cumpleaños 18. Salieron en la lancha La Kaki, después de las 6:00 de la tarde, del puerto del club con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní, a pesar de que a esa hora están prohibidas las salidas.

Además de Ángela y de José Alberto, estaban José Zorrilla (de 44 años, tío del cumpleañero), Glauder Zorrilla (19 años), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28).

La lancha regresó a las 2:00 de la mañana al club. Fue entonces cuando dijeron que Ángela se había perdido. Todos fueron detenidos e interrogados. Se contradijeron en varias versiones salvo en una: que se descuidaron para buscarle un trago a la adolescente y que cuando se percataron, había desaparecido.

Movilización total

Los baches de la historia eran llamativos. ¿Cómo es que siete personas sirvieron un solo trago? ¿Cómo es que las siete no se percataron de lo que le pasó a Ángela? ¿Cómo es que esperaron varias horas para decir lo que había pasado?

Las redes de los guayaneses reprodujeron miles de veces las mismas preguntas. Y comenzaron a exigir justicia. El domingo en la mañana comenzó la búsqueda con el Cicpc, con la Gobernación de Bolívar y con dueños de lanchas que se unieron a la operación. No hubo resultados.

Hasta el martes en la mañana, cuando el cadáver de Ángela flotó bocabajo, con un traje de baño y un chaleco. El cadáver estaba enmarañado con algas y ramas, cerca del balneario El Rey.

Las certezas de la autopsia las explicó Rico en la rueda de prensa de este viernes. “Ella muere ahogada. Cuando la persona fallece y luego es lanzada al río no ingresa agua a sus pulmones. Y cuando se hace la autopsia, tenía agua en sus pulmones. Hay lesiones en las partes íntimas que revelan que hubo relaciones sexuales”, detalló.

Para continuar con las investigaciones, Rico ordenó que el cadáver permaneciera en la morgue. El periodista y abogado Germán Dam reveló que la audiencia de presentación de los detenidos se postergó para este lunes porque el Cicpc espera “los resultados de pruebas de ADN que mandaron para Caracas. Se trata de una muestra de semen hallada en el cuerpo de Ángela y muestras de los cinco varones detenidos. Con esto, se tendrá al autor del crimen y se podrán establecer las responsabilidades de cada uno”.

Por ahora: esperar

El director del Cicpc apuntó que una segunda lancha, Escape, fue “registrada y sometida a experticias por el Cicpc. Por unas fotos de la occisa supimos que esa embarcación también era parte de la celebración”.

El nuevo dato novedoso es que ni Ángela ni los detenidos consumieron sustancias sicotrópicas en la noche del sábado. “Se hicieron todos los exámenes toxicológicos contra las personas que estaban detenidas. Quizás la cantidad de alcohol que había tomado no fue suficiente y además no hubo consumo de sustancias ilícitas”.

Daniel Aguirre y Yerlis Yaguare, padres de Ángela, no han querido declarar sobre el caso. Solo publicaron un comunicado en el que pidieron “claridad en los hechos y que se haga justicia, si en algo quieren colaborar es en dejar de llevarse por comentarios de redes sin fundamentos y de manera irresponsable”.

Douglas Rico prometió que la habría y, aunque no directamente, dijo que el de Ángela es un caso de femicidio. En 2018, de acuerdo con Ateneo Ecológico del Orinoco, a través de su Programa Observatorio Guayanés de Violencia Basada en Género, aumentaron 19 por ciento en 2018 en la zona.

Mientras tanto, en Ciudad Guayana muchísimos siguen exigiendo que la muerte de Ángela, quien en julio se iba a graduar de bachiller, no quede impune: es lo que más temen.

 

Ecuador: Autoridades deben atender situaciones de violencia, sin fomentar la xenofobia

En respuesta a las recientes declaraciones del gobierno del Presidente Lenín Moreno sobre la imposición de restricciones de ingreso para personas venezolanas, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El gobierno del Presidente Lenín tiene la responsabilidad de proteger el derecho de las personas a solicitar asilo y buscar protección internacional, así como de prevenir, investigar y sancionar actos de violencia cometidos en contra de personas dentro de su territorio, sin discriminación por su nacionalidad u otros factores”.

Asimismo, agregó: “Ante graves casos de violencia de género y feminicidios ocurridos recientemente, las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de proteger a niñas y mujeres, investigar todos estos crímenes, castigar a quienes resulten responsables, e implementar políticas de prevención de estas formas de violencia. La violencia contra las mujeres y niñas no es una cuestión de nacionalidad o flujos migratorios, pero es el resultado de una cultura que permite esta violencia y una deuda histórica de falta de respuestas integrales de los estados”.

Guevara opina que “estos lamentables hechos no deben fomentar ataques xenófobos, ni la imposición de restricciones adicionales que ponen en mayor riesgo a una población en necesidad de protección internacional en Ecuador y en toda la región, como es el caso de las personas venezolanas que huyen de su país debido a las masivas violaciones a los derechos humanos”.

“Amnistía Internacional le pide al Presidente Lenín Moreno que desista de imponer restricciones de ingreso a las personas en necesidad de protección internacional, a la vez de que se fortalezcan los esfuerzos del estado para atender la endémica violencia contra las mujeres en el país, así como otros actos de violencia en contra de grupos de población en situación vulnerable”, sumó.