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Acceso a la Justicia: ¿Para qué sirve la Misión de Determinación de Hechos de la ONU?
El objetivo es investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014

 

La ONG Acceso a la Justicia reseña en su portal web que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a los integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, la cual estará conformada por Marta Valiñas de Portugal, quien presidirá la comisión, Francisco Cox Vial de Chile y Paul Seils de Irlanda, todos especialistas reconocidos en derecho penal internacional y justicia transicional.

El 8 de octubre de 2019, en su resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una misión para Venezuela con el objetivo expreso de “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014 con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.

Los miembros de esta misión fueron nombrados el 2 de diciembre de 2019. Marta Valiñas es especialista en justicia penal internacional y justicia transicional, con experticia en el caso de Yugoslavia. Por su parte, Francisco Cox Vial, es abogado penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de Ayotzinapa en México. Paul Seils es el director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz y trabajó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Acceso a la Justicia enfatiza que la Misión de la ONU no tiene como objetivo determinar si en Venezuela se han cometido violaciones a los derechos humanos, pues ello quedó evidenciando, entre otros, en el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sino que busca la rendición de cuentas sobre los crímenes relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos, especialmente los vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, así como las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos, en Venezuela, a partir del año 2014.

Un aspecto importante de la Misión de Determinación de Hechos es que se establecerá a los responsables de las atrocidades comentadas. Este proceso hará énfasis en la cadena de mando involucrada en los sucesos. De allí que no debe olvidarse que, al tratarse de crímenes cometidos dentro de una política de Estado, la responsabilidad personal de quienes los cometen apenas se inicia con los autores materiales y luego escala a los supervisores y jefes de las instituciones que los cometieron.

Acceso a la Justicia recuerda que en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, emitido en julio de 2019, la funcionaria solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente las referentes a torturas y ejecuciones extrajudiciales”.

¿Qué es una Misión Internacional de Determinación de Hechos?


Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de hechos, establecidas por mandato de la ONU, se emplean para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

La finalidad de este mecanismo es promover la responsabilidad por las violaciones y combatir la impunidad. Para el desarrollo de las misiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) proporciona conocimientos técnicos y asistencia mediante varias fases clave: la formulación de guía, el asesoramiento metodológico y sobre derecho internacional, la elaboración de herramientas de investigación, la configuración de secretarías con personal especializado, y el suministro de apoyo administrativo, logístico y de seguridad, entre otros aspectos.

Venezuela será investigada igual que Birmania


La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos es una figura que se ha creado para otros países con situaciones de crímenes como presuntamente los cometidos en Venezuela, dentro de los que figura Birmania, país del sudeste asiático también conocido como Myanmar.

Acceso a la Justicia recuerda que en el caso de Birmania la Misión de Determinación de Hechos determinó en 2018 que las fuerzas de seguridad del país habían cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Se planteó al Consejo de Derechos Humanos que remitiera el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o, si así lo consideraba, conformara un tribunal especial para juzgar estos crímenes. Asimismo, la misión concluyó que debían juzgarse al comandante en jefe, general Min Aung Hlaing, y a su alto mando por la comisión de los crímenes.

Un aspecto fundamental de esa investigación es que los hallazgos de la investigación condujeron a que el 26 de junio de 2019 la Fiscalía de la CPI solicitara a la Corte el inicio de la fase de investigación contra los responsables de los crímenes antes mencionados.

Todo esto puede ocurrir también en el caso venezolano cuando la Misión Internacional de Determinación de Hechos rinda cuentas en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos.

Lo dicho es importante, porque en el caso de Birmania al igual que en el caso venezolano, el gobierno se negó a colaborar con la Misión, y a pesar de ello, la misma pudo recabar desde otros países la información necesaria para determinar la identidad de los responsables de los crímenes atroces cometidos por el Gobierno birmano.

Acceso a la Justicia registra 113 sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional
El tribunal fabrica un fallo contra el Parlamento cada 15 días

 

Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en las que la oposición obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), fueron el punto de partida para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociera la voluntad popular y boicoteara las actuaciones del Poder Legislativo bajo una falsa tesis de desacato.

Acceso a la Justicia ha registrado hasta la fecha 113 sentencias contra el Poder Legislativo, lo que se traduce en un record grave: el TSJ fabrica un fallo contra el Parlamento cada 15 días. Los ataques se han contabilizado en 202 semanas de funcionamiento de la AN.

La primera de las sentencias fue elaborada en diciembre de 2015, pocos días después de las elecciones parlamentarias, mientras que 39 se produjeron en el año 2016; 33 en 2017 y 12 en 2018. En lo que va de 2019, el máximo tribunal acumula 25 sentencias contra el Legislativo. El cerco se ha impuesto especialmente a través de las salas Constitucional, Electoral y Plena.

Durante la IV Feria de Derechos Humanos (FDH), que organiza la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) y que se realizó del 14 al 16 de noviembre, Acceso a la Justicia indicó que 24 de las sentencias fueron emitidas para convalidar (sin la autorización de la AN) el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2016. Asimismo, 18 fallos se elaboraron para anular o limitar la potestad contralora del Parlamento.

La organización no gubernamental, que participó por tercer año consecutivo en la FDH, subrayó que de 15 decisiones emitidas por el TSJ contra el Parlamento, 2 fueron publicadas sin texto sino mediante notas de prensa, a pesar de restringir libertades personales. En efecto, fueron empleados para allanar inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria. Esta prerrogativa está establecida en el artículo 200 de la Carta Magna, y ha sido violada en el caso de 25 diputados. La gravedad de los ataques también se evidencia con el hecho de que las sentencias en cuestión están respaldadas en una errónea interpretación de la figura de la flagrancia para lograr eludir el antejuicio de mérito.

En 2017, el TSJ también elaboró 4 sentencias para convalidar la convocatoria a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), incluyendo sus bases comiciales y otras para desechar recursos intentados contra esa convocatoria.

Iniciativa coartada

En la Feria de Derechos Humanos, en la que participaron 30 organizaciones, Acceso a la Justicia señaló que un grupo de las sentencias del TSJ se usó para anular las iniciativas legislativas de la AN, sobre todo en 2016, en materias clave como el Banco Central de Venezuela (BCV), amnistía para presos políticos, bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, otorgamiento de títulos de propiedad privada de la Gran Misión Vivienda, y crisis humanitaria en el ámbito de salud.

Además, el TSJ suspendió iniciativas parlamentarias en cuanto a regular la exploración y explotación del oro, telecomunicaciones, Contraloría General de la República, protección al salario del docente, educación intercultural bilingüe indígena, servicio de policía y ambiente.

Un último grupo de sentencias son las dictadas en 2019 para declarar nulas las juntas directivas ad hoc de empresas de carácter estratégico, nombradas en el marco del Estatuto de Transición, también anulado por el TSJ.

Los elementos presentados no dejan duda de que la actuación del máximo tribunal ha constituido un “golpe judicial” contra el Parlamento. Además, con estas actuaciones, el Tribunal Supremo de Justicia ha desnaturalizado progresivamente el rol del Poder Judicial y, con ello, perdido su condición de árbitro imparcial.

Codhez: 70% de hogares de Maracaibo dejaron de tener una alimentación saludable
El costo de muchos de los alimentos se acerca al monto del salario mínimo vigente

 

En comparación con los precios de hace un mes, en esta segunda quincena de noviembre se advierte un marcado incremento en los precios. La carne de res en sus distintos tipos de cortes registró aumentos considerables: la costilla, en promedio, se consigue en Bs. 54.593,20 (+71%), el corte de primera en Bs. 115.450,00 (+60%), y el corte de segunda en Bs. 97.205,00 (+57%).

El costo de muchos de los alimentos ya está acercándose al monto del salario mínimo vigente, cuyo ajuste fue establecido recientemente en octubre. La compra de un kilo de caraotas, cuyo precio promedio es de Bs. 65.780,77, representa un 62% del salario. Otros precios de alimentos que están cerca de alcanzar el mismo valor son el queso blanco semiduro (63,71%), la pechuga de pollo (65,69%), y el cartón de 30 huevos (75,05%).

En esta última quincena de noviembre, todos los precios de productos aumentaron, con excepción del tomate, cuyo kilo bajó 16%. El precio promedio de la harina precocida de maíz registró un incremento de más de 13%, pasando de Bs. 30.586,07 a Bs. 34.655,23, el arroz blanco pasó de costar Bs. 27.966,68 a Bs. 37.618,67, registrando un incremento porcentual del 36%.

En este monitoreo de precios, la organización que realiza estudios sobre la seguridad alimentaria de la población marabina, también incluyó los precios de frutas como el cambur, la lechosa, la guayaba y la mandarina. Desde la primera quincena de septiembre a la segunda quincena de noviembre, el kilo de guayaba se incrementó en 190% y el de cambur en 100%.

En la actualidad, el kilo de guayaba se consigue en Bs. 26.540,38, cuando en la primera quincena de septiembre costaba Bs 9.147,65. El cambur, por otro lado, se consigue en Bs. 15.269,05 cuando hace dos meses costaba la mitad. Por otro lado, la mandarina (Bs. 22.304,83) y la lechosa (Bs. 17.152,84) han mantenido sus precios desde entonces.

En atención a los resultados del Reporte preliminar sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo publicado por Codhez a mediados de octubre, donde se informó que en más del 70% de hogares de Maracaibo, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable por falta de dinero u otros recursos, se exhorta al Estado venezolano tomar medidas económicas conducentes para revertir la hiperinflación y garantizar el acceso a la alimentación adecuada a la población.

Colombia, Perú y Venezuela recomiendan mejores mecanismos anticorrupción para atención de crisis migratoria
Transparencia Internacional en acuerdo con Transparencia Venezuela publica un informe sobre los riesgos del desplazamiento de venezolanos hacia Colombia y Perú

 

Los riesgos de corrupción que afectan tanto a la población migrante venezolana como a los países receptores, la forma como los países responden a la demanda creciente de carácter legal, asistencial y humanitario, las fortalezas, las dinámicas o capacidades que es necesario ampliar para lograr equilibrios razonables entre la atención regular a la población nativa y la presión de los desplazados, justifican el estudio que llevó a cabo Transparencia por Colombia, Proética y Transparencia Venezuela, capítulos nacionales de Transparencia Internacional en Colombia, Perú y Venezuela, difundido hoy por estas organizaciones.

Los riesgos de corrupción que afectan tanto a la población migrante venezolana como a los países receptores, la forma como los países responden a la demanda creciente de carácter legal, asistencial y humanitario, las fortalezas, las dinámicas o capacidades que es necesario ampliar para lograr equilibrios razonables entre la atención regular a la población nativa y la presión de los desplazados, justifican el estudio que llevó a cabo Transparencia por Colombia, Proética y Transparencia Venezuela, capítulos nacionales de Transparencia Internacional en Colombia, Perú y Venezuela, difundido hoy por estas organizaciones.

 

Acceda al informe aquí

Violencia de género es un problema de salud pública
Desde 1996 es reconocida por la Organización Mundial de Salud

 

La Organización Mundial de Salud reconoció en el año 1996 que la Violencia contra la mujer era un problema de salud pública y en el año 2013 la OMS publicó un informe que reafirma dicha problemática en dónde se señala que la violencia física y sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de la población femenina a nivel mundial.

Esmeralda Baute, miembro del Observatorio Venezolano de Violencia explica “desde la perspectiva de la salud pública, el análisis de la violencia, debe partir de que se trata de un fenómeno o evento predecible y por lo tanto prevenible para controlarlo y contribuir a su disminución, ya que se traduce en muertes, enfermedad y disminución en calidad de vida”.

El informe de la OMS se detallaba el impacto de la violencia sobre la salud física y mental de las mujeres y niñas. Ese impacto puede ser de fracturas en cualquier parte del cuerpo hasta complicaciones con el embarazo, problemas mentales y deterioro en el funcionamiento social.

“Estos hallazgos envían un fuerte mensaje a la población y, sobre todo a los organismos responsables de evitar estos conflictos. La violencia contra la mujer es un problema de salud mundial con proporciones inmensas, que podría incluso llegar a interpretarse como una pandemia”, señaló Baute. “También se puede ver que los sistemas de salud en el mundo pueden hacer mucho más por las mujeres que sufren de violencia”, afirmó.

En Venezuela, no hay una medida exacta de cuantas mujeres sufren de violencia de género. “Un último informe, publicado en julio, el cual llegó al observatorio, contabiliza que en lo que va de 2019 se han cometido 130 hechos compatibles con femicidios”, explica Esmeralda.

Existe una necesidad urgente de mejorar la atención hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia. “Estas mujeres buscan a menudo atención médica sin revelar necesariamente la causa de sus lesiones o problemas de salud”, indicó Baute. En el informe se destaca la importancia de añadir a los programas de salud a las víctimas de violencia.

260 organizaciones de la sociedad civil venezolana se unen en una gran coalición anticorrupción
Gremios profesionales, empresarios, sindicatos, estudiantes, defensores de derechos humanos, artistas han asumido el compromiso de exigir al Estado el cambio social

 

En medio de la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela, unas 260 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos se unieron para sumar esfuerzos en la lucha anticorrupción, origen de la destrucción del país en los últimos 20 años, y conformaron una gran Coalición Anticorrupción. 

La Gran Corrupción que registra Venezuela, y que la ubica en el puesto 168 de transparencia entre 183 naciones, es un fenómeno extraordinario que requiere un esfuerzo mancomunado del mismo tenor, con el concurso y participación de todos los ciudadanos, organizaciones y sectores de la sociedad civil venezolana.

La necesidad de superar la crisis, acabar con el mal funcionamiento de los servicios públicos, poner fin al deterioro de la calidad de vida de la población, dejar atrás las políticas económicas que han ido en detrimento de los derechos fundamentales de alimentación, vestido y educación, reconstruir el país y crear la Venezuela íntegra y próspera que todos sus ciudadanos anhelan y merecen es el motor del movimiento ciudadano, Coalición Anticorrupción.

En este sentido, estas 260 organizaciones han entendido y asumido el compromiso, indefectible e impostergable, de exigir al Estado el cambio social necesario, a través del cumplimiento de 12 mandatos que permitirán atacar las debilidades del sistema y sanear las estructuras y procesos que han constituido el patrón de gran corrupción que registra el país.

En la página https://coalicionanticorrupcion.com/ los venezolanos tendrán la oportunidad de conocer esta alianza integradora, que no coacciona sino suma, y permite la pluralidad en torno a una lucha común, vencer la corrupción. La coalición se constituye en un instrumento para mostrar a los ciudadanos que hay una sociedad civil organizada y bien articulada que trabaja para lograr una verdadera transformación. 

La Coalición Anticorrupción convoca a todos los venezolanos y a sus organizaciones a sumarse activamente, a ser parte de esta gran alianza por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia, por una nueva Venezuela. 

Tasa de suicidios aumenta en medio de la crisis
Venezuela tiene la tasa más alta de Latinoamérica

 

El Observatorio Venezolano de Violencia reportó que la tasa de suicidios en la nación suramericana se ubicó este año en 19 por cada 100 mil habitantes, lo que convierte a la pequeña nación petrolera en el país con la tasa más alta de Latinoamérica.

Esta nueva cifra significa un aumento importante en comparación con la tasa de 2012 en Venezuela, cuando era de 4 por cada 100 mil habitantes. En países de la región como en Uruguay, la tasa es de 16, y en otros, como El Salvador, 8 por cada 100 mil habitantes.

El psiquiatra Luis Madrid advirtió a la Voz de América que el venezolano promedio está experimentando sentimientos de desesperanza, ante las carencias económicas.

“La primera causa es el desempleo y la situación económica del país. Eso produce situación de incertidumbre, desesperanza, ansiedad. La gente deja de dormir. Ver tus hijos llorar porque no tienen qué comer. Ver tus hijos mal vestidos. No puedes enviarlos al colegio (…) Que tu familia se fragmentó”, expone Madrid.

El especialista alerta que la población con trastornos mentales es la más propensa a tomar la decisión de quitarse la vida, pues los tratamientos antisicóticos y antidepresivos escasean en Venezuela. De 12 fármacos comúnmente recetados para atender esta condición, sólo tres están disponibles.

“Comienzan a bajar las dosis y a estirar la cajita de pastillas, y los fármacos no funcionan de esa manera. Al bajar las dosis, es una de las causas por las que la gente empieza a pensar ideas de suicidio”, explica el doctor.

El psiquiatra también puso el resaltador en las personas mayores de 65 años que, a su juicio, experimentan sensación de abandono, por la emigración de sus parientes.

Los especialistas dicen que estas ideas suicidas pueden detenerse con el apoyo de la comunidad. “Abrirse a buscar ayuda profesional, de sus amistades, de su familia, de grupos de apoyo”, apunta el psiquiatra Juan Manuel Brito a la VOA.

La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene disponible una línea de ayuda telefónica gratuita y confidencial, para atender a quienes sientan deseos suicidas.

Indígenas de Amazonas rechazan presencia de grupos irregulares en sus territorios
En un documento los indígenas manifiestan su desacuerdo con que algunas comunidades pretendan involucrarse con fuerzas irregulares

 

Tribunales de la jurisdicción especial indígena, organizaciones y habitantes de 29 comunidades uwottujas y multiétnicas de la cuenca del río Cataniapo, reiteraron su posición en contra de la presencia de grupos de civiles armados en los territorios que ocupan ancestralmente.

Mediante la decisión # 2019-0001 del Tribunal Superior de Jurisdicción Especial Indígena Huottoja de Cataniapo «Marihue`ca Huini`cu Yubacu» del Tribunal de Jurisdicción Especial Indígena Huottuja Las Pavas y de la Organización Pueblo Unido Huottuja de la cuenca del río Cataniapo, reiteran su intención de «vivir en paz y no con grupos armados» en sus territorios y por lo cual se pronuncian en total desacuerdo con la consulta que «se está dando por parte del grupo irregular denominado FARC» para tener presencia en territorios de la cuenca del Cataniapo en donde se encuentran comunidades desde San Pedro y San Pablo hasta San Rafael de Manuare.

En el documento los indígenas manifiestan su total desacuerdo con que algunas comunidades pretendan involucrarse a trabajar con fuerzas irregulares en su territorio, así como la aceptación de éstos por parte de personas no indígenas que habitan en algunas de las comunidades.

Ratificaron que solamente las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas  tienen la potestad de decidir sobre el territorio y que las autoridades de entes políticos como consejos comunales, Clap, comunas entre otros, no tienen derecho a aceptar o decidir si una fuerza irregular entra o permanece en el territorio indígena.

Esta decisión fue remitida al Circuito Judicial del estado Amazonas, Ministerio de los Pueblos Indígenas, Fiscalía Superior del estado Amazonas, Defensoría del Pueblo, ORPIA y a la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, para ser tomada en consideración, y se le otorgue carácter vinculante para casos similares, además de darle cumplimiento como un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano y como sistema de justicia propia de los pueblos y comunidades indígenas en aplicación de sus usos y costumbres.

En un pronunciamiento público realizado en la emisora Raudal 92.9 de Fe y Alegría y que pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el abogado indígena jivi Juan Alberto Díaz, señaló que cuando visitan las comunidades, los presuntos irregulares alegan tener un convenio con el gobierno nacional del cual no muestran ninguna constancia. Agregó que ofrecen ayudas a cambio de que les permitan estar en los territorios indígenas además de hacer una «limpieza» de delincuentes en las comunidades.

El abogado enfatizó que aun cuando los supuestos irregulares tengan algún convenio con el gobierno, como dicen, las comunidades  no aceptan su presencia ya que violaría sus derechos, usos y costumbres.

Sobre este caso emitió un pronunciamiento público la Defensora Delegada del Pueblo del estado Amazonas, Maria Daniela Maldonado, quien exigió respeto a la decisión tomada por los indígenas y que toda persona extraña salga de sus territorios. Llamó la atención de los organismos competentes a atender la situación planteada.