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ONG piden ayuda para padre de Juan Pablo Pernalete
Tiene un tumor en el corazón y debe ser operado con urgencia

Organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela se unieron con la finalidad de solicitar ayuda para José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo, joven asesinado durante las protestas de 2017 por funcionarios de seguridad del gobierno. 

Luego del asesinato de su hijo, José Gregorio y su esposa, Elvira Lovera, se dedicaron a defender los DDHH, así como a ayudar a otras familiares de las víctimas de la represión. Pernalete padece de un tumor en el corazón y debe ser operado el 14 de febrero. Para cubrir los gastos necesita recaudar más de $35 000.

Dada la situación económica en el país, la familia Pernalete no cuenta con los recursos económicos para costear los gastos de la operación que debe realizarse con suma urgencia. 

Según los informes médicos, si no es intervenido en la fecha indicada, o antes, José Gregorio corre el riesgo de que el tumor cardiaco primario (mixoma) crezca y le cause un paro en el corazón o un accidente cardiovascular. 

Por esta razón, se creó la campaña “Un corazón para los Pernalete”, donde a través de la plataforma GoFundMe se está recaudando fondos para la intervención quirúrgica a través del siguiente link: http://gofund.me/0aff97a2. 

Para cualquier duda o información adicional, puede comunicarse a través de las siguientes direcciones de correos electrónicos: [email protected] y [email protected] 

Codhez registró 586 muertes por violencia policial en 2020
Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), registró para el cierre de 2020 un total de 586 muertes por violencia policial en la región zuliana en hechos que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano. 

De acuerdo al Boletín de diciembre 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia publicado por la organización, para el último semestre de 2020 se registró la muerte de 213 personas, en comparación con las 373 personas asesinadas entre los meses de enero y junio de 2020.

Codhez manifiesta “profunda preocupación ante la violencia desplegada por funcionarios del Estado venezolano, cuyas acciones durante el segundo semestre de 2020 generaron 213 muertes en el Zulia, sin que hayan trascendido mayores detalles sobre las investigaciones que se han debido iniciar”

Cuerpos policiales letales 

Las muertes registradas en el segundo semestre de 2020 fueron resultado de 158 hechos violentos en los que participó algún cuerpo de seguridad del Estado. De la totalidad de estos 158 hechos violentos, 155 fueron calificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes, mientras que el resto ocurrió en otras circunstancias.

En cuanto a la distribución de hechos violentos por municipio, en el boletín de Codhez se destaca que Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Cabimas presentaron los números más elevados de violencia policial. Así, en Maracaibo tuvieron lugar 66 hechos violentos (41,77%), en San Francisco 25 (15,82%), en La Cañada de Urdaneta 16 (10,13%) y en Cabimas 12 (7,59%). Por su parte, tanto en Jesús Enrique Lossada como en Santa Rita ocurrieron 9 hechos durante el segundo semestre de 2020.

En el segundo semestre de 2020, el boletín de Codhez establece que el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno regional: 89 (41,78% de los casos del período julio-diciembre)De forma específica, dos de los cuerpos de seguridad regionales provocaron el mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia: el SIPEZ con 42 (19,72%) y el ERE con 30 (14,08%).

Por su parte, los cuerpos de seguridad municipales dieron muerte a 54 personas (25,35%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad nacionales ocasionaron la muerte de 53 personas (24,88%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 17 personas (7,98%). 

Cabe destacar que el CICPC, cuerpo de seguridad nacional, produjo 22 muertes por violencia policial (10,33%), cifra que se suma a las 10 muertes causadas por las FAES (4,69%). Mientras que CPBEZ (7,98%), Polimaracaibo (7,98%) y comisiones mixtas (7,98%) sumaron 17 muertes cada uno. 

Se destaca que, en estos casos, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad.

Zulia, una de las regiones más violentas 

Durante los últimos seis meses el Zulia continúa ubicándose entre las regiones con mayores incidentes de hechos y muertes por violencia policial, los cuales permanecen impunes ante un sistema judicial que se encuentra en entredicho por ausencia de su independencia y autonomía.

“Las personas víctimas y sus familiares se encuentran frente a un aparato estatal que no responde, dejando en la impunidad este tipo de violaciones, contraviniendo el mandato previsto en el artículo 29 constitucional”, manifiesta Codhez en su informe mensual.  El texto constitucional preceptúa que El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades

Estos casos de uso excesivo de la fuerza y violencia policial se verifican también con situaciones de detenciones arbitrarias, como la ocurrida el 4 de diciembre cuando dos hombres fueron detenidos en el municipio La Cañada de Urdaneta por portar volantes de la consulta popular convocada por la oposición venezolana. Las autoridades que los detuvieron alegaron que se trataban de panfletos alusivos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Con posterioridad, se informó que las personas fueron presentadas ante los tribunales y se les dictó medida sustitutiva de privación de libertad consistente en un régimen de presentación. Otro suceso que destaca es el ocurrido en noviembre en una finca ubicada en el municipio Francisco Javier Pulgar, en donde en un supuesto procedimiento de las FAES, sin autorización ni razón expresa, amordazaron a personas trabajadoras de una finca y les ordenaron excavar una fosa, situación que estaría siendo investigada por el Ministerio Público.

Ante esto, Codhez reitera que el Estado venezolano debe asumir su obligación constitucional y convencional tanto en lo referente a impedir este tipo de conductas por parte de sus agentes como a castigar y determinar las responsabilidades personales por el uso excesivo de la fuerza pública, que desencadena graves violaciones a los derechos humanos. 

“Las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas, sancionadas y reparadas como muestra de actitud proactiva del Estado, puesto que estamos en presencia de un tema que interesa a toda la comunidad internacional dada su connotación como delito de lesa humanidad”, manifiesta la organización de derechos humanos en sus consideraciones finales.  

 

Víctimas y familiares de afectados por represión de 2019 luchan contra legado de violencia institucional
Cerca de 50 muertos y 1000 detenidos dejaron protestas de enero de 2019

Entre el 22 y el 27 de enero del 2019, las protestas antigubernamentales dejaron al menos 49 muertos y cerca de 1000 detenidos, entre ellos numerosos menores de edad y mujeres que se volcaron a las calles tras la crisis presidencial que se desató cuando el Parlamento nombró un gobierno interino, en rechazo al nuevo mandato presidencial instaurado ese mes, tachado como fraudulento por la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, entre otras influyentes instituciones y voceros dentro y fuera del país.

Las manifestaciones, también interpretadas como una extensión del descontento generalizado de la población en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba el país, iniciaron la madrugada del 21 de enero cuando en un comando de la Guardia Nacional ubicado en Cotiza, Caracas, alrededor de 25 efectivos se sublevaron, declararon no reconocer al Ejecutivo y convocaron la salida a las calles. Este hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles que rápidamente se propagaron al interior de la República, con el lamentable saldo descrito.

En esa primera jornada de protestas, nueve venezolanos fallecieron en circunstancias no aclaradas en Caracas y el estado Bolívar, en medio de la represión de diversos cuerpos de seguridad del Estado: Stefany  Maholy  Jajoy Natera (20), Franklyn Figuera (19), Alonso Osorio (16), Alixon Dos Santos Pisani (19), Yeimbert José Rangel (24), Luisdy Bolívar (23), Carlos Alfredo Olivares Bonalde (30), Ángel Tovar (17) y Josué Romero.

La impunidad en torno a estos crímenes, ciertamente transversal a todas las víctimas de la represión ejercida durante la actual administración política, “trasciende el impacto directo sobre la víctima ya que incluye a sus familiares y allegados, que de manera sostenida y recurrente deben lidiar con las noticias, el seguimiento legal del caso, el resto de los familiares y el entorno al cual se encuentran sometidos, pues tienden a ser un foco directo o indirecto de la violencia institucional, al afrontar las medidas de persecución y amedrentamiento del Estado, lo que pudiese generar secuelas emocionales y traumáticas posteriores al suceso”.

Esta definición recogida en el informe “Trauma psicosocial y vulnerabilidad al estrés en familiares de víctimas de violencia institucional en Venezuela”, recientemente publicado por Justicia, Encuentro y Perdón, nos adentra al ámbito de dicha violencia y su impacto sobre las víctimas directas e indirectas del autoritarismo.

Las claves de dicho informe pueden ser consultadas en https://www.jepvenezuela.com/blog/2020/12/21/informe-estudio-de-jep-previene-sobre-las-secuelas-emocionales-y-psicologicas-en-victimas-de-violencia-institucional/

Organizaciones de carácter humanitario son criminalizadas en Venezuela
En el último año al menos seis organizaciones humanitarias en Venezuela han sido víctimas de patrones que criminalizan y obstaculizan el ejercicio de sus labores 

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana y los defensores y las defensoras de derechos humanos hoy ejercen su labor en medio de un contexto de múltiples obstáculos, amenazas, criminalización y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de que el ordenamiento jurídico venezolano, y más precisamente la Constitución en su artículo 326, establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil en la promoción progresiva de los derechos humanos, nos encontramos en el terreno con un espacio cívico reprimido que de ninguna manera responde a lo que debe ser un entorno propicio, democrático y seguro para que la sociedad civil se organice, desarrolle y actúe de forma libre e independiente.

El entorno de restricciones bajo las cuales se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil representa una amenaza a la autonomía y al ejercicio de las libertades fundamentales que determinan su funcionamiento, como es la libertad de asociación, reunión, manifestación pacífica, la libertad de expresión y el derecho de participación.

Lo anterior, no solo contradice lo establecido en la norma suprema del ordenamiento jurídico, sino que además constituye un incumplimiento a las obligaciones internacionales de proteger, respetar y garantizar derechos, comprometiendo no solo la operatividad de las organizaciones sino también la libertad, integridad e incluso la vida de las personas que forman parte de las mismas.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se han documentado en el pasado cómo a través del ejercicio del control de los poderes públicos, el régimen aplica y perfecciona patrones de criminalización contra la labor de las organizaciones de la sociedad civil a través de prácticas como allanamientos de las sedes de trabajo, detenciones arbitrarias, campañas y discursos de desacreditación haciendo uso de los medios públicos, incluso los del Estado al servicio de la población, además de los obstáculos para el registro legal y las continuas amenazas sobre el acceso a la cooperación internacional.

Es necesario destacar que la criminalización de la cooperación internacional contradice el compromiso de los Estados establecido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que determina la obligación de los Estados de hacer uso del máximo de los recursos disponibles, e incluso recibir asistencia internacional, para dar plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Esta obligación cobra especial importancia en el contexto de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y que requiere con urgencia de la cooperación internacional para que la sociedad civil continúe su labor a favor de la protección de los derechos humanos de los venezolanos.

En medio de la emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela y del rol fundamental que tienen las organizaciones humanitarias quienes a través de la asistencia que prestan se convierten en mitigadoras de los efectos de esta aguda crisis, alivian el sufrimiento de los venezolanos e incluso salvan vidas, están siendo duramente perseguidas, y la política de Estado parece estar dirigida al recrudecimiento de la criminalización de las organizaciones humanitarias. En efecto, debemos señalar al menos a seis organizaciones víctimas:

Azul Positivo, Organización de la sociedad civil orientada hacia la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de la organización Azul Positivo, por su parte, el Tribunal 4to de Control del estado Zulia dictó privativa preventiva de libertad a cinco trabajadores acusados por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Convite, una organización que trabaja por la defensa de los derechos sociales de todos los venezolanos. Funcionarios policiales allanaron la sede de la organización, confiscaron equipos y computadoras, y retuvieron a su director en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Alimenta la Solidaridad, alimenta a miles de niños y niñas en Venezuela frente a la crisis alimentaria. Funcionarios allanaron la sede de la organización y congelaron sus cuentas bancarias.

Acción Solidaria, es una organización humanitaria que suministra medicamentos a personas con enfermedades crónicas. Funcionarios de las FAES allanaron la sede de la organización y detuvieron al personal que se encontraba en ella.

Manos Amigas por la Vida, es una fundación que se dedica a la atención, asesoría y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron su sede violentando las cerraduras del lugar, confiscaron medicamentos y alimentos y llevaron a cabo detenciones a miembros del equipo de trabajo..

Prepara Familia, una organización que se dedica a la asistencia, acompañamiento y defensa de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas. Funcionarios allanaron la sede de la organización sin ninguna orden judicial Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 6 de agosto de 2020 la resolución 42/2020 mediante la cual amplió las medidas cautelares a favor de Katherine Martínez, directora de la organización, por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya advertía con preocupación en su informe de julio de 2019 la criminalización a la que son sometidas los defensores y las defensoras de derechos humanos en Venezuela, siendo víctimas de campañas de difamación, intimidación, hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias.

Del mismo modo, en el mes de abril de 2020, relatores de procedimientos especiales de las Naciones Unidas alertaban su preocupación, en el contexto de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo de 2020, por lo que parecía ser un aumento de la estigmatización, los ataques y la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Venezuela.

Por su parte, y más recientemente, expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, instaron al régimen venezolano a poner fin a la represión contra las organizaciones de la sociedad civil afirmando que “desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar”.

El Estado debe facilitar, garantizar y respetar un entorno propio para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela y cesar la política sistemática de criminalización contra los defensores y las defensoras de derechos humanos.

 

 

 

OVV: Amazonas es la entidad menos violenta del territorio nacional
16,6 muertos por cada 100 mil habitantes fue la tasa de muertes violentas

La tasa de muertes violentas registradas en el estado Amazonas durante el año 2020, fue de 16,6 por cada 100 mil habitantes (m/h), registro que ubica a la entidad por debajo de la tasa nacional (45,6), ocupando la posición 24 y considerado como el estado menos violento del país, según estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Violencia en  Amazonas (OVV Amazonas).

Héctor Escandell, coordinador regional del OVV Amazonas, indicó: “en un año atípico, Amazonas baja al puesto 24, en comparación con los años 2018 y 2019, cuando ocupó los lugares 12 y 10, respectivamente”.

Durante su intervención, reveló que las tasas de homicidios, de muertes por resistencia a la autoridad y de muertes en averiguación, proyectadas para el estado Amazonas en 2020, fueron establecidas en 8,6; 3,1 y 4,9 por cada 100 m/h, respectivamente.

Escandell precisó “Al establecer una comparación con los años 2018 y 2019, se observa que hay una disminución en cada una de las variables mencionadas.

Violencia vinculada a la actividad minera

La situación geográfica y las particularidades de la región amazonense, permitieron destacar las condiciones espaciales de la violencia descritas por el investigador, como la violencia convencional urbana y la violencia vinculada a la actividad minera ilegal, que ocurre en todos los focos de minería ubicados en el interior de la entidad, siendo ésta menos visible y por tanto, más difícil de registrar y documentar.

Los datos disponibles muestran que sólo los municipios Atures y Atabapo, reportaron muertes violentas; para el primero de ellos, las tasas de muerte por violencia se ubicó en 22 por cada 100 m/h, respondiendo los homicidios a una tasa de 11; las muertes por resistencia a la autoridad a 4,2 y las muertes en averiguación a 6,8. El predominio urbano de la población del municipio explicaría la posición de liderazgo en el estado.

En el caso del municipio Atabapo, la tasa reportada de muertes violentas fue de 10,5; toda ella, concentrada en la categoría de homicidios. En el territorio del municipio se localiza el principal núcleo minero, con más de 30 minas dispersas, dentro y fuera del Parque Nacional Yapacana.

Otra categoría de violencia presente en el estado, es la referida a la degradación de las condiciones ambientales del territorio que, realizada por particulares, afecta al conjunto de la sociedad de distintas formas, especialmente en las condiciones vinculadas a la salud.

La ausencia de datos para el resto de los cinco municipios, se explicaría por la no presencia de las autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado que limitan los flujos de información.

La pandemia y la cuarentena podrían desempeñar un rol relevante en la disminución de la tasa general de muertes violentas, hecho que puede trasladarse a las tasas diferenciadas de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad; sin embargo, en lo concerniente a otros delitos, parece haber actuado como catalizador.

Al concluir su intervención, el coordinador regional manifestó: “En el OVV Amazonas, nos comprometemos a contribuir en el esfuerzo de sensibilizar a las autoridades y la comunidad en general, para la comprensión del fenómeno de la violencia y el diseño de estrategias dirigidas a abordar sus causas desde la perspectiva de la investigación social”; esto a través de la cooperación y las alianzas con las instituciones y organizaciones sociales interesadas en el tema.

Transparencia Venezuela exige investigación sobre fondos sospechosos en Suiza
Autoridades de Suiza identificaron cuentas bancarias con alrededor de 10.100 millones de dólares que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela

El escandaloso saqueo sufrido por el patrimonio público venezolano en las últimas décadas no tiene precedentes dentro del país y tampoco en naciones cercanas en épocas recientes. Cerca de un centenar de casos de corrupción con fondos del Estado venezolano están siendo investigados en la justicia de más de 21 países y recientes publicaciones sobre bancos suizos dan cuenta de la magnitud del desfalco que debe ser investigado exhaustivamente.

De acuerdo con el diario Le Matin Dimanche, citado por Bloomberg, las autoridades de Suiza identificaron en ese país varias cuentas bancarias con alrededor de 9.000 millones de francos (10.100 millones de dólares), que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, una cifra que contrasta en gran medida con la emergencia humanitaria compleja que padece el país al menos desde 2015 y que ha disparado los índices de pobreza y desnutrición, al mismo tiempo que ha empujado a más de 5 millones de venezolanos a huir del país en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Los medios señalan que desde que se abrieron las investigaciones, a finales de 2019, fiscales de Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro presuntamente tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos. Lo que convierte a Venezuela en la mayor fuente de fondos sospechosos en los bancos suizos, según refieren los informes.

El uso de los bancos y empresas suizas para realizar operaciones sospechosas con fondos públicos venezolanos ha sido alertado desde fiscalías de otros países que abrieron investigaciones por corrupción en Venezuela en años recientes. En las fiscalías de Estados Unidos y España, por ejemplo, se han abierto causas por presunta corrupción en Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en las que se denuncia el lavado de dinero en Suiza.

La gravedad de los señalamientos y la magnitud del patrimonio público comprometido en estos casos demandan una investigación profunda que reúna el esfuerzo no solo del sistema de justicia de Suiza, sino también de los demás países por los que ha pasado el dinero de los venezolanos. Más aún en momentos como el actual cuando la emergencia por la propagación del Covid-19 hace a los venezolanos más vulnerables y urgen inversiones mayores para garantizar su seguridad.

Los venezolanos tienen derecho a saber quiénes son los involucrados en estas investigaciones, qué mecanismos fueron utilizados para desfalcar al Estado, qué instituciones públicas se vieron afectadas, qué investigaciones han sido iniciadas por el sistema de justicia venezolano y cuál es su estatus, desde dónde se realizaron las transferencias y cuál es el destino que se le ha dado a estos recursos.

Transparencia Venezuela exige que se desarrolle una investigación profunda, transparente que permita que se haga justicia, se derrote la impunidad y se conduzca a la recuperación de los fondos. Al mismo tiempo, insta a la recuperación de las instituciones dentro del país que permita el cumplimiento de los controles efectivos que eviten que se siga ocasionando este tipo de daños a la República.

Los que no se rinden | Avesa: Crisis económica incrementa violencia contra las mujeres
La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa defiende los derechos de niños, adolescentes y mujeres desde 1984

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia en el mundo por parte de su compañero sentimental.

Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) reveló que en el 58,6% de los casos de violencia contra las mujeres en Venezuela durante 2019, los perpetradores fueron sus parejas, mientras que en el 7,7% de los casos, los ataques fueron hechos por exparejas. 

El organismo sostuvo que durante el primer semestre de 2020 ocurrieron en Venezuela más feminicidios que muertes por COVID-19. El Ministerio Público documentó un total de 185 asesinatos a mujeres en 2020, mientras que en el primer semestre del año pasado se contabilizaban 51 fallecidos por coronavirus.

La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) alertó que el confinamiento y la cuarentena han potenciado la violencia de género, además de agravar la situación socio-económica de la mujer.

Desde 1984, Avesa realiza una labor centrada en la salud sexual y reproductiva con una visión integral y con enfoque de género. Desde su creación, la ONG desarrolla un trabajo sostenido en las áreas de educación sexual, violencia y salud sexual y reproductiva. 

Avesa forma parte de la Red Naranja, un espacio de organizaciones que trabaja por los derechos de las mujeres y promueve una vida libre de violencia. Se llaman Red Naranja porque ese fue el color que escogió la Organización de las Naciones Unidas para identificar la violencia de género.

Magdymar León, coordinadora de Avesa, dijo que para el momento de su surgimiento, el Estado venezolano ofrecía escasas garantías de los derechos sexuales, inadecuada información sobre sexualidad, además de un escenario de embarazos en mujeres adolescentes, violencia sexual y doméstica.  

¿Cómo ha variado la educación sexual en Venezuela desde entonces hasta el presente? 

El entorno actual mantiene altos números de violencia sexual contra la mujer, abuso sexual infantil y graves problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva de la población adolescente. Avesa fue pionera en la prestación de servicios de atención a casos de violencia sexual en Venezuela, servicios de psicoterapia y orientación a sobrevivientes de violencia sexual y de pareja  y a sus familiares. Producto de esto, desarrolló un modelo de atención y capacitación para enfrentar esta problemática haciendo especial énfasis en la  formación del personal humano encargado de la atención de los diferentes casos. 

¿Cómo ha sido la evolución y en qué aspectos han crecido? 

Los programas de atención directa dieron paso a actividades de investigación y  capacitación, y actualmente Avesa sigue dedicada a la promoción de los derechos sexuales, derechos reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia y la igualdad de género, a través de la generación de conocimientos, actividades de atención, prevención, educación, investigación y promoción de apoyos sociales y políticos, dirigidos a personas y organizaciones en el ámbito nacional, con participación en redes  internacionales y la búsqueda de la integración de una perspectiva de género en los programas y políticas gubernamentales. 

¿Qué labores realizan sus trabajadores? 

Actualmente capacitamos al personal de la docencia, de la medicina, psicología y consejos de protección, sobre atención del abuso sexual y creamos la Línea de Atención Telefónica para dar auxilios psicológicos a mujeres en situación de violencia. Documentación de la situación de los derechos humanos de las mujeres ante la emergencia humanitaria compleja actual. Avesa ha transformado su equipo de trabajo, estructura organizativa y actividades ante la realidad del país. Actualmente funciona con un equipo de tres coordinaciones y  consultorías de acuerdo a los proyectos.

¿Poseen alguna alianza estratégica con otras organizaciones? 

Creemos firmemente en el trabajo articulado. Actualmente tenemos alianza con  organizaciones no gubernamentales que trabajan en áreas de derechos humanos y  derechos sexuales y reproductivos, con organizaciones internacionales para la  promoción de derechos y respuesta humanitaria en el país y con organismos cooperantes de las Naciones Unidas. 

¿Cuáles son las zonas donde operan en Venezuela? 

Gracias al financiamiento de varios entes como la Unión Europea, UNICEF y el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) podemos llegar a varias zonas del país. Estamos en la zona metropolitana de Caracas y en estados priorizados para la respuesta humanitaria como Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Táchira y Zulia. 

¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta Avesa? 

Garantizar la sostenibilidad de la organización en pro de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y violencia contra las mujeres se suma a la problemática socioeconómica que vivimos en Venezuela.

¿Sus mayores logros? 

Parte de nuestra amplia trayectoria es haber creado el primer centro de atención de víctimas de violencia sexual y doméstica en el país. Somos referencia obligada, a nivel nacional y  regional, en el abordaje del tema de la violencia sexual y doméstica. Participamos en la elaboración de la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia,  la Ley orgánica de protección al niño y al adolescente (LOPNA), la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, redacción y promoción de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las personas con VIH o SIDA y sus familiares, en el proceso de lobby y discusión para la inclusión de artículos fundamentales de salud sexual y reproductiva en la actual Constitución Nacional. Hemos recibido la Condecoración Argelia Laya en 1999, la Orden Josefa Camejo en su única clase por parte de la Universidad Central de Venezuela en 2007 y la Orden “La llama de la Esperanza” por Amnistía Internacional en 2013.

185 ancianos fueron asesinados durante primer semestre de 2020 en Venezuela
La ONG Convite dijo que 900 mil personas de la tercera edad viven solas en Venezuela

Ligia Taglia debe apoyarse en una andadera para caminar. Lo hace lento y sin quejas. Hace cuatro meses, daba pasos firmes, sin esfuerzo, pero esto cambió cuando un joven desconocido entró a su casa a robar.

“De inmediato lo tenía encima con un machete y me dijo: no hables, porque te voy a cortar la cabeza si lo haces. Yo pensé: hasta aquí llegué”, relató la mujer de 79 años a la Voz de América. Tras la amenaza, siguieron los golpes repetidos en las manos, en las piernas y en la cabeza. Una tortura que no sabe cuánto duró, explica.

El delincuente le exigía abrir una caja fuerte que permanecía cerrada por años, pues nadie tenía la combinación. Enseguida, vino la arremetida. “Me amarró, me tiró en la cama y me dio un machetazo. Con eso, me fracturó la mano y la muñeca“.

Aunque hoy puede contar su historia, otros no corrieron la misma fortuna. Durante el primer semestre de 2020, 185 ancianos murieron en circunstancias como las que ella atravesó. La cifra forma parte de un informe de la organización Convite. Desde 2016, la ONG, comenzó a notar un incremento en los casos de adultos mayores víctimas de robos y homicidios.

El proceso de migración forzada que se ha producido en Venezuela ha dejado atrás a una cantidad importante de personas mayores, eso hace que estén expuestas, porque viven solas”, explicó a la Voz de América el director de Convite, Luis Francisco Cabezas, una asociación civil que desde hace 14 años trabaja por los derechos de los ancianos.

En su opinión, otro elemento que aprovechan los criminales, es la información que esta población da a personas de su entorno sobre pertenencias o las remesas que reciben.

Por lo general, el adulto mayor conoce a su victimario, siempre hay un vínculo, puede ser un jardinero, un plomero. De hecho, en el estudio, pudimos constatar, que los victimarios fueron personas – incluso- familiares, sobrinos, nietos, vecinos (…) No se produce un forcejeo. Por lo general, se les da acceso a la vivienda y ocurren estos incidentes“, relató.

Ligia no tenía ningún nexo con quien la atacaba y estaba convencida de que esa mañana de septiembre sería asesinada. El delincuente la mantenía atada y amordazada, pero salió de la habitación donde la había confinado en busca de más objetos de valor.

Cuando me di cuenta, me pude sacar los cables de la mano. Me incliné y pedí: Dios mío, ayúdame, Señor, a salir de esto. A que me pueda lanzar por la ventana y morir de otra manera. Yo solo pedía morir de otra forma, porque sabía que me iba a destrozar a machetazos“, cuenta.

Desgastada y sangrando, caminó hasta el balcón, se apoyó de una mesa, trepó el ventanal, puso sus manos sobre el marco del cristal y se dejó caer unos cuatro metros. “Cuando caí, era un milagro. Mi hijo pensaba que había intentado suicidarme y no entendía nada”, dice.

El impacto le dejó ocho fracturas en todo el cuerpo y la forzó a estar en cama, inmóvil por semanas. Aunque Ligia vive en Venezuela, en compañía de sus hijos, sabe que es de las pocas en esa condición.

Yo creo que hay una desprotección para los adultos mayores, porque están solos. Porque los hijos se han ido“, señala.

Precisamente, los datos de la ONG Convite, revelan que en Venezuela alrededor de 900.000 personas de la tercera edad viven completamente solas, sin un familiar que los asista.