Prensa Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), autor en Runrun

Observatorio Venezolano de la Violencia

Confinamiento no detuvo delitos por hurto y robo en municipio Atures de Amazonas
El Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas monitoreó 27 delitos contra la propiedad

Durante el primer semestre del año 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas) monitoreó 27 delitos contra la propiedad en el municipio Atures, de acuerdo con el seguimiento a medios de comunicación de la región. De los resultados obtenidos, 20 casos -que representan un 74%- corresponden a hurtos, mientras que 7 casos de robos aglutinan el restante 26% de los registros.

Según el monitoreo del Observatorio de Prensa del OVV Amazonas, las instituciones educativas han sido las más azotadas durante el confinamiento; la dinámica escolar cambió drásticamente por la pandemia del Covid-19 y los centros, solitarios y sin seguridad, se convirtieron en lugares atractivos para la delincuencia.

Iniciando el año, sujetos cargaron con el cableado, tuberías y mobiliarios de la Unidad Educativa San José de Mirabal, ubicada en la parroquia Platanillal al sur del municipio Atures. Durante una inspección realizada, se evidenciaron destrozos de las paredes, puertas, ventanas; además, fueron incendiados los archivos de la dirección. Situaciones similares ocurrieron en las sedes del Liceo Bolivariano Puerto Ayacucho y la escuela básica Juan Ivirma Castillo, ambas ubicadas en la Urbanización Simón Bolívar de la parroquia Luis Alberto Gómez, en el municipio capital, donde delincuentes lograron sustraer parte de las instalaciones eléctricas y elementos estructurales metálicos. El panorama no es distinto en las instituciones de educación superior; según reseñó el portal “El Pitazo”, la directiva de la Universidad Nacional Abierta (UNA) declaró que estuvo a punto de cerrar, por el hurto sistemático a su sede.  

En cuanto a los delitos por robo, en el barrio Unión de la parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures, un sujeto sometió a una mujer, de 29 años, con un objeto punzocortante para arrebatarle el celular; tras el hecho, y con ayuda de la afectada, dieron con el victimario, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público. En la misma parroquia, otro hecho se suscitó en el sector PromoAmazonas, donde un joven fue interceptado por sujetos armados quienes lo despojaron de su motocicleta; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) efectuó las investigaciones durante varios días, logrando la captura del delincuente y con el paradero del vehículo. En otra ocasión, en la Urbanización Carinagüita de la parroquia Luis Alberto Gómez, una pareja estaba frente a su vivienda cuando un hombre se le acercó a la dama y le arrebató el celular. Al percatarse de la situación, su compañero con unos vecinos inició una persecución para atapar al delincuente, quien, en una calle oscura, era esperado por un motorizado; al intentar emprender la huida, la motocicleta comenzó a presentar fallas y uno de los sujetos sacó un arma y disparó al aire con el fin de evitar que la gente se les acercara, logrando de esa manera escabullirse entre la maleza.  

Para la coordinación del OVV Amazonas, los hechos registrados responden, en buena medida, a los efectos de la crisis estructural que afecta al país y la región. Por un lado, desde su vertiente económica, donde los delincuentes -jóvenes en su mayoría- optan por arriesgarse en procura de una fuente de ingreso que permita suplir sus necesidades materiales, no siempre esenciales; por otro lado, desde la perspectiva sociocultural, erosionada en término de valores, que impide dimensionar cabalmente que este tipo de actuaciones afecta a las instalaciones y los servicios públicos, que en otras condiciones estarían a su disposición y tendrían otra valoración. Particularmente preocupante es el trato que se le da a la infraestructura educativa, tras las reiteradas agresiones, que la imposibilita de cumplir con su rol social, lo que compromete aún más los escenarios futuros.

Formas de esclavitud moderna se solapan bajo la violencia estructural que reina en el estado Bolívar
Según Índice Global de Esclavitud, alrededor de 40,3 millones de personas en el mundo son víctimas de alguna forma de esclavitud moderna

En el siglo XXI, más que establecer conceptos doctrinarios sobre la esclavitud, se especifican actividades y situaciones que pueden asociarse a su versión globalizada. Así, trata y tráfico de personas, explotación laboral y sexual, matrimonios tempranos u obligados y la servidumbre por deudas son formas que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, se constituyen en neoesclavitud.

Aunque la noción se encuentra diseminada en distintos compendios normativos, su comprensión inicia por dimensionar la libertad humana como la posibilidad de actuar en función de propios criterios, valores, razón y voluntad, a la par del libre desenvolvimiento, libertad de culto, credo, religión e identidad sexual, tal como consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual forma, estamentos como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida libre de Violencia contienen disposiciones destinadas a prevenir, mitigar y sancionar situaciones que involucren esclavitud moderna como, por ejemplo, servidumbre por deudas, adopción irregular, extracción de órganos, admisión o lucro por trabajo de niños hasta 8 años o contraindicados, inclusión de niños o adolescentes en grupos criminales, prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil.

No obstante, según el Índice Global de Esclavitud, alrededor de 40,3 millones de personas en el mundo son víctimas de alguna forma de esclavitud moderna, de las cuales 2 millones se encuentran en Latinoamérica, destacando Venezuela en el primer lugar con una tasa de 5,6 por cada 1000 personas, víctimas de alguna de estas formas de esclavitud.

Según estudios realizados, es coincidente tomar las implicaciones de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela como factor dinamizador de escenarios sociales, entre cuyas consecuencias adversas destaca la esclavitud moderna. Mas, cada uno de los estados que integran el territorio nacional vive dicha afectación de manera más o menos aguda, se hace más o menos perceptible en función de las características propias que como entidad posean. 

Caso Bolívar

De acuerdo con un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello intitulado De lo sexual a lo laboral: Formas de Esclavitud Moderna en el estado Bolívar, existen diversas formas de  esclavitud moderna en la entidad, de las cuales se presentan con mayor frecuencia la explotación laboral, la explotación sexual, servidumbre y trata de personas, en donde se entiende que dichos delitos se producen arraigados en un escenario humanitario complejo que se agudiza por la “fiebre del oro” y que no se agota en los espacios de la actividad minera per se, sino que se hace extensiva a los demás municipios del estado e incluso, a otros estados del país.

Vulnerabilidad exacerbada

En general, Venezuela posee una hiperinflación de 10.000.000%; sin embargo, en Bolívar los precios de artículos de primera necesidad suelen triplicar los importes de otros estados, dado que son atados a los precios del oro, que a su vez fluctúa a la par del dólar. Un encarecimiento desmedido que ha mermado exponencialmente la calidad de vida de sus habitantes, viéndose en la necesidad de reducir a uno o dos el número de comidas diarias y desmejorado la calidad nutricional de los alimentos que consumen, entre otras tantas consecuencias que suscita.

Además, constantes y extensos cortes de energía eléctrica, ausencia prolongada de agua potable (incluso inexistente para algunas localidades), escasez de combustible, repunte de enfermedades endémicas, presencia de grupos armados irregulares, letalidad policial, disminución de plazas laborales, violencia estructural generalizada, así como la fractura de las instituciones y tejido social, son situaciones cotidianas que han motivado en el ciudadano la búsqueda permanente de soluciones rápidas que le faciliten superar dichos escollos.

Esclavitud moderna en el estado Bolívar

La forma más utilizada para la captación de personas en el estado Bolívar son las ofertas laborales engañosas. Estas ofertas resultan falsas a razón de dos factores: uno, mienten sobre el tipo de actividad a desarrollar; dos, por el engaño en las condiciones de la prestación, es decir, resultando verdadero el tipo de servicios a prestar, no cumplen con las contraprestaciones ofrecidas. Este tipo de casos es común en mujeres que se les ofreció trabajar como lavanderas o cocineras en campamentos mineros, pero en el sitio se les explicaba que sus funciones estaban asociadas a favores sexuales. También se evidencia engaño en las condiciones del trabajo minero cuando personas afirman, por ejemplo, que se les habían ofrecido casa y ésta resultó ser una barraca construida de palos y bolsas plásticas, que no les pagaban según lo acordado o que las horas de trabajo eran excesivas.

Mujeres, niñas y adolescentes encabezan la lista de víctimas en la entidad, siendo las formas de esclavitud más comunes: la explotación laboral y sexual. Resulta frecuente en la entidad la atracción de personas de otras naciones o estados del país para trabajar en establecimientos comerciales o restaurantes, con ofertas de alojamiento y comida que resultan atractivas, pero al final las condiciones son consideradas más que precarias, resultando retenidos sus documentos de identidad como garantía hasta que paguen la inversión por traslado, alojamiento y alimentación. Otra circunstancia asociada a la explotación laboral que generan especial preocupación, es el hecho del uso de niños, niñas, adolescentes y mujeres para trabajos pesados o de alto riesgo.

En relación a la explotación sexual, vinculada principalmente a la actividad minera, se ha evidenciado mujeres que son captadas bajo el engaño de trabajos asociados a labores domésticas (cocina, lavado, atención de comercios) y luego son obligadas a prostituirse, independientemente de la raza y edad.

En este sentido, ante la vulnerabilidad de estos grupos, desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) hacemos un llamado a las autoridades e instituciones públicas a reforzar las medidas de seguridad y migratorias a los fines de evitar que situaciones como las aquí mencionadas sigan registrándose en la entidad.   

70% de la población en Venezuela cree en José Gregorio Hernández
El estudio fue elaborado por el Laboratorio de Ciencias Sociales y la Universidad Central de  Venezuela

La creencia en José Gregorio Hernández (JGH) como un santo al cual se le reza, se le piden  y agradecen favores, está ampliamente extendida en Venezuela y, además, abarca todos  los sectores sociales.

Esto es lo que reporta un artículo científico titulado “La creencia  popular en José Gregorio Hernández en 2020. Quiénes creen y quiénes no”, elaborado por  Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel, profesores de la Universidad Central de  Venezuela (UCV) e investigadores del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), a partir de  una encuesta nacional realizada en 1.200 hogares distribuidos en todo el país que fue  concluida a inicios del año 2020, poco antes de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.  

En este sentido, un 44% de los entrevistados dijo que creía mucho en JGH como santo, un  17% que creía algo y un 9% que creía poco. El 29% restante declaró no creer nada en este  médico y religioso del pueblo trujillano de Isnotú, que este viernes 30 de abril será por fin  beatificado.  

Este estudio también logró medir cómo se distribuyen esas personas que dijeron que creían  mucho, poco o nada, en JGH, de acuerdo con su creencia religiosa, el lugar de residencia, la  edad, la tenencia en su casa por razones religiosas de santos o altares, y su autodefinición  política. 

Religión  

Como era de esperarse, la gran devoción hacia JGH proviene de los católicos. Un 89% de los  que dicen creer mucho en él son católicos, al igual que un 85% de los que creen algo y un  70% de los que creen poco. No obstante, un 16% de católicos afirmaron no creer en JGH.  Por otro lado, resulta sorprendente que más de la mitad (57%) de los que expresaron que  no creen en ninguna religión ni pertenecen a iglesia alguna, dijeron que sí creían -mucho,  algo o poco- en JGH.

La no creencia está marcada por quienes dijeron ser evangélicos (87%), aunque un  porcentaje pequeño (13%) que se identificó con esta denominación religiosa manifestaron  que sí tenía alguna creencia en JGH.  

Lugar de residencia 

La composición de los porcentajes entre quienes creen mucho, algo, poco o nada en las  ciudades grandes o pequeñas, en los barrios o los pueblos campesinos es muy similar. En  todos los lugares de residencia estudiados hay entre un 43% y 50% que creen mucho y hay  entre un 27% y 32% que no creen nada. En grueso, se puede decir que en cualquier lugar  de residencia del país hay alrededor de un 70% que cree en JGH y un 30% que no. 

Edad 

Al igual que con el lugar de residencia, es llamativa la similitud en la composición por edades  de quienes creen mucho o nada con excepción del grupo de más de 56 años. Los  entrevistados en este segmento etario son quienes tienen una mayor creencia en JGH, que  además supera en un 18% a la de los otros grupos etarios. 

Objetos religiosos 

Tres cuartas partes (74%) de los creen mucho, tienen imágenes de santos o altares en sus  casas; y tres cuartas partes (73%) de los que no las tienen, tampoco creen en JGH. Es decir,  a mayor creencia, mayor presencia de objetos y a menor presencia de objetos, menor  creencia. 

Esto se puede explicar por la asociación de la no creencia en santos y objetos sagrados con  los sectores religiosos evangélicos o cristianos en general, así como con otras religiones que  tampoco veneran figuras como la musulmana o judía, así como con los no-creyentes. 

Posición Política 

Entre los chavistas se ubicó el mayor porcentaje de quienes creían mucho en JGH, por  encima del porcentaje de los que se declararon de oposición (47% vs 44%) y también por  encima de los denominados ni-ni (47% vs 42%). Entre quienes no creían nada, la diferencia  se invierte y hay más personas entre los que no se consideran ni chavistas ni opositores  (39%), seguidos por los opositores (32%) y éstos en mayor proporción que los chavistas  incrédulos (29%). La menor creencia estuvo entre quienes dijeron no tener preferencias  políticas.

Reconocimiento oficial y popular del santo 

El santo es una persona que tiene un reconocimiento social por sus cualidades  excepcionales de espiritualidad, expresadas como un vínculo especial con lo sobrenatural o por su comportamiento extraordinario de solidaridad, misericordia o ética. Por esas  cualidades excepcionales se le atribuyen también unos poderes portentosos, capaces de  resolver lo imposible y que son considerados milagros.  

El reconocimiento social de la santidad del santo proviene de dos fuentes, una es la oficial  y otra es la popular. La oficial en la religión católica obedece a un proceso establecido desde  la edad media, por medio del cual se revisa la vida y los milagros del candidato, a fin de  establecer su vivencia heroica de las virtudes cristianas. Este proceso lo lleva a cabo la  Congregación para las Causas de los Santos, quien recibe las candidaturas presentadas por  los obispos, declarando “venerable” al “siervo de Dios”, antes de autorizar oficialmente que  se le profese devoción como beato o beata y luego como santo o santa.  

Sin embargo, en el reconocimiento popular, los santos son elevados a los altares y se les  rinde culto y veneración mucho antes de ser oficialmente reconocidos como tales. Se les  solicitan y atribuyen milagros, y se les ruega por su intercesión ante Dios, mucho antes que  sus poderes milagrosos hayan sido reconocidos oficialmente. 

Hay casos como el de JGH donde han ido confluyendo tanto el reconocimiento popular  como el oficial de la Congregación vaticana de la Causa de los Santos.  

JGH: cientificidad, religiosidad y solidaridad 

La figura de JGH ha permitido ofrecer una síntesis de tendencias sociales que podían ser  interpretadas como opuestas o contradictorias, como la ciencia y la religión, la relevancia  de los laicos y de los sacerdotes, el camino de la santidad por la vocación religiosa o la vida  profesional, entre la oración y la acción, entre la ciencia y la solidaridad y compasión. 

Existen tres dimensiones de la vida de JGH y su representación en la sociedad que se  consideran relevantes, aunque no únicas, para comprendersu importancia como fenómeno  social: la cientificidad, la religiosidad y la solidaridad. 

Su vida y obra tuvo lugar en un ámbito donde la actividad científica era muy reducida y  apenas alcanzaba a un segmento muy pequeño de la sociedad; su práctica como  investigador y docente lo integraba en una élite que buscaba usar las herramientas científicas para vencer las dolencias en un país diezmado por la malaria y las enfermedades contagiosas, con escasa provisión de agua potable y reducido saneamiento ambiental. Su  vida era la imagen de la modernidad científica en un país que, según Picón Salas, todavía no  había entrado al siglo XX, y que tenía muy pocos atisbos de modernidad económica o social.  Su muerte también estuvo vinculada a la modernidad, pues fallece atropellado por un  automóvil en un país donde casi no había vehículos de motor. 

Al lado de la cientificidad estaba su profunda religiosidad. Cuentan que se levantaba  temprano para hacer sus oraciones y se iba a misa a las 6 de la mañana, antes de iniciar las  consultas médicas matutinas. No ocultaba, sino que mostraba su religiosidad y lo hacía  desde su individualidad, como persona, en un tiempo en que la ciencia y la religión se veían  como enemigas y donde el laicismo era como la señal del progreso. 

Sin embargo, la gran fuerza de JGH está en la conexión que lo científico y lo religioso tienen  con la solidaridad y la compasión. Es el médico que responde a la fragilidad humana de la  enfermedad y de la muerte, pero que también lo hace a la fragilidad social, a la  vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad que no tienen recursos económicos para  afrontar los costos médicos. JGH no sería un santo popular si no fuese por la solidaridad que  mantuvo en vida con los más débiles y que persiste y se recrea en la construcción social que  sobre su figura tiene en la actualidad la sociedad venezolana. 

La cientificidad sin fe, la religiosidad sin solidaridad, no son lo mismo. Las tres cualidades  juntas impregnan la fuerza atractiva de JGH porque constituyen una unidad integral y  producen una sinergia y son cualidades que la sociedad venezolana aprecia y, pudiéramos  decir también, necesita para imaginar su bienestar y la superación de la enfermedad y la  malaventuranza. 

Enfermo de Covid-19 en Bolívar: Ir al hospital es morir de mengua
Bolívar es el quinto estado del país con más casos registrados de COVID-19.

Hasta mediados del mes de septiembre, en Bolívar se superaban los mil contagios y se estaba a la espera de los resultados de otros 439 casos que se encuentran en fase de evaluación. De acuerdo con los reportes oficiales, de los once municipios que integran el estado, ocho se han visto afectados por el Coronavirus, a saber: Piar, Roscio, El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Caroní, Angostura del Orinoco y Cedeño.

Si bien esta data es oficial, dado el desconocimiento y la confusión que imperan en la población sobre los síntomas del virus y el tratamiento correspondiente, se estima pueda haber muchos otros casos que aún no hayan sido reportados. Situación que se ve agravada por el deterioro de los servicios del sector salud, cuyas desmejoras han generado desconfianza en la colectividad y optan por quedarse en casa y automedicarse. “Preferimos quedarnos en la casa, tomando guarapos y acetaminofén, que ir a uno de los hospitales a morir de mengua”, admitió una pareja al equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar).

Otro dos temas generan inquietud en la ciudadanía: uno, referente a la escasez y alto costo de los medicamentos que recomiendan para tratar las patologías asociadas al contagio: “tomamos acetaminofén que vienen en blíster de 10 pastillas y el que menos cuesta supera los 600 mil bolívares, porque los antibióticos van desde el millón cuatrocientos y son tres pastillas nada más”; y dos, recibir un mal diagnóstico que implique ser enviado a un Puesto de Atención Social Integral (PASI): “imagínate ir a un hospital o a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) con una gripe y te diagnostiquen de forma errónea con COVID-19, y, para colmo de males, la gente en cuanto se entera que alguien está enfermo de eso lo discriminan a uno, a la familia, no te hablan, no te quieren vender ni en las bodegas”.

Desde el OVV Bolívar vemos con especial preocupación cómo, a pesar de las medidas de radicalización constantes en el estado, se mantiene la inobservancia de los protocolos de higiene y sanidad, además de la movilización en las calles. En muchos casos, las personas no usan o emplean indebidamente el tapabocas; lo mismo sucede con el alcohol y gel antibacterial, sobre los cuales explican que sus elevados costosos dificultan su adquisición. Pudo ser constatado por nuestras investigadoras que el litro de alcohol al 70% es comercializado en 2.400.000 bolívares, mientras que el envase de 240 ml, cuesta 900.000, superando el importe del sueldo mínimo.

En las semanas de radicalización las aglomeraciones de personas en expendios de víveres y artículos de primera necesidad son una constante. Éstas alegan que deben tratar de comprar “antes de que sea la hora de cerrar los negocios”, pues para cumplir con la disposición de que a las 12:00 del mediodía no haya circulación vehicular o peatonal, los establecimientos deben cerrar una hora y media antes para que el personal pueda ordenar e irse a sus casas con antelación.

De igual forma, pese a la implementación de paradas comerciales en mercados y otros establecimientos, muchos deciden no plegarse a las disposiciones gubernamentales. “Igual toca salir a la calle a trabajar porque uno vive del diario y ésta es la fuente de ingreso de uno para mantener a nuestras familias. Es fácil que te digan: quédate en la casa, pero en ella estás sin gas, sin agua y hasta con la nevera vacía”, afirmó un vendedor informal que labora en el centro de San Félix, municipio Caroní.

Además de las medidas descritas, el mandatario regional mantiene la figura del Coronabús, el cual sale a las calles después de las 12:00 del mediodía aplicando la detención de las personas y retención de sus vehículos, según aplique, a fin de que sean desinfectados y reciban una charla de concienciación; en algunos de los casos los han dejado durmiendo por una noche en la sede de Mundo Sonrisa, que funciona como PASI.

 

OVV: Presencia y actuación de grupos armados en Táchira aumentó en 2020
Testimonios afirman que el ELN es muy violento en su proceder y que gestionan la distribución de las cajas Clap, el suministro de combustible y gas doméstico

 

Los datos obtenidos mediante el observatorio de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira) revelan que la vinculación de los grupos armados irregulares en el estado con hechos violentos ha ido en un aumento sostenido, pues, en el primer semestre de 2019, sus acciones representaron el 8%, mientras que, en el mismo período del año en curso, aumentaron exponencialmente a 29%, siendo superado, únicamente, por las muertes por resistencia a la autoridad.

En cuanto a las víctimas fatales a manos de los grupos armados irregulares, en los primeros 6 meses de 2020, ascienden a 21, de las cuales el 90% de ellas son de sexo masculino, entre 19 y 25 años; es decir, jóvenes en edad de formación académica y profesional que, lejos de ello, se dedican a actividades anti sociales.

“El pronóstico de la situación no es alentador, si se toma en cuenta que el Coronavirus agravará aún más la crisis económica que ya existía en el país, y que cada día pueden ser más los jóvenes interesados en integrar algún grupo armado irregular, para poder hacer frente a la crisis”, expone la criminóloga Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV Táchira.

Testimonios de algunos habitantes del municipio Pedro María Ureña, señalan que los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) son especialmente violentos en su proceder para resolver sus asuntos con todo aquel que tenga una posición contraria a sus intereses; y se les distingue en la gestión y control de servicios básicos como la distribución de las cajas CLAP, la coordinación para el suministro de combustible y gas doméstico, y otros asuntos comunales.

En el ejercicio de la justicia, tienen también un papel preponderante, pues son llamados y consultados en caso de victimización por un delito común, como robos, hurtos, y lesiones, desplazando a las instituciones y desdibujando la autoridad.

Expone Rondón que “es inexplicable que esto ocurra en un territorio que fue declarado en estado de excepción hace cinco años -específicamente los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho, Panamericano y García de Hevia, entre otros- y es justamente allí donde existen más muertes a causa de sicariatos, ajustes de cuenta o venganza.

Por otra parte, la presencia militar y policial ha aumentado desde el cierre de frontera a causa del Coronavirus, incluso, se puso en marcha la operación Escudo Bolivariano 2020, que supone mayor vigilancia y control en los pasos fronterizos; no obstante, se han tenido resultados contrarios, pues el ELN ha ido ocupando más espacios, como ocurrió hace pocas semanas en el municipio Seboruco, donde se instalaron, abierta y públicamente”.  

OVV

En Lara: “La gente vive con la desesperanza aprendida”
En los municipios Torres, Palavecino, Morán e Iribarren hay constantes protestas por la ausencia de servicios básicos como electricidad y agua

“Cuando estamos ante la presencia crónica y sistemática de violación de derechos humanos, nos convertimos en personas con la desesperanza aprendida. Somos un cuerpo sin alma. Sentimos que no poseemos y no tenemos los medios para cambiar o modificar este contexto difícil que estamos viviendo”, son las reflexiones que hace el sociólogo Nelson Freitez, miembro de la Red de Derechos Humanos (DD.HH.) de Lara, tratando de ubicarse en la perspectiva de quienes padecen la violencia.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, muchos de los habitantes del estado Lara vivieron episodios de violencia, expresada, entre otras formas, en represión y criminalización de la protesta por parte del gobierno. El profesor Freitez, coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y representante de la red, explicó que hay un proceso de violencia continuada por parte de los agentes de seguridad del Estado y de los planificadores que deben garantizar los servicios públicos. “Lara, como el resto del país, sigue estando sujeta a grandes privaciones. La vida diaria de la gente que aquí vive es, desde hace unos cuatro años, un acercamiento al colapso, que genera frustración si no se buscan mecanismos de defensa emocional”, dijo.

En los municipios Torres, Palavecino, Morán e Iribarren hay constantes protestas por la ausencia de los servicios básicos como electricidad, agua, recolección de desechos, despacho de gasolina, desaparición del dinero en efectivo. La respuesta ha sido represión y, en varios casos, la cárcel. “Las personas no hayan salidas para organizar sus vidas. Deben pasar los días solventando problemas. Eso significa someter a la población a situaciones de incertidumbre permanente. Hay quienes terminan por considerar que la vida es un horror, generando amargura”, explicó Freitez.

El sociólogo Freitez observa con preocupación que el saldo de las actuaciones militares y policiales en las protestas es desproporcionado, indiscriminado y con actos ilegales. “Algunas de las imputaciones y allanamientos han sido sin órdenes judiciales. Eso es muy grave”, aseveró.

Violación de los DD.HH.

En Lara, hay denuncias de abuso de autoridad en contra de la población más vulnerable, como es el caso de los migrantes que regresaron a la entidad desde Colombia y Apure, y que se les confinó en unos espacios en condiciones inhumanas, como lo denunciaron varios de ellos. Este hecho es considerado, por el representante de la Red de DD.HH. de Lara, como una violación a los derechos humanos. “Esas personas migraron del país precisamente por la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela y que dada la pandemia que afecta también a los países a los que migraron, cayeron en una situación de vulnerabilidad y desprotección que los obligó a regresar. Sin embargo, son recibidos con amenazas y malos tratos”.

Según Freitez, a los migrantes que siguen llegando no se les ha dado la atención suficiente, según los protocolos técnicos y médicos que una población que esté bajo protección por parte del Estado requiere. Recordó la denuncia de un niño que falleció por no contar con la atención necesaria. “Eso equivale a violencia”, destacó.

La protesta en forma de cacerola

Apelar al “cacerolazo”, como medio para exigir respeto, es una práctica común en Venezuela y otros países en Latinoamérica. No obstante, en Venezuela es castigada por efectivos de seguridad del Estado, a través de la represión y el amedrentamiento, comenta Freitez. “A los ciudadanos, cuando expresan su rechazo a las medidas de racionamiento de los servicios públicos, les son enviadas patrullas de efectivos militares que realizan acciones de control a partir de alcabalas y puntos móviles para atemorizar a la población civil”.

La Red de DD.HH. de Lara publicó un comunicado sobre el Coronavirus en el estado. En él, denuncian las condiciones en las que se está abordando la pandemia a través de las diversas voces de los actores que hacen vida en la red. “Hay una fuerte represión, amparada por el Decreto 04039. Quedó evidenciado que no existe un buen manejo de la situación y que poco importa el tema básico de los servicios públicos”, asegura Freitez.

El sacerdote Alfonso Maldonado, coordinador de la Vicaría de DD.HH., catalogó de «abominables» los hechos ocurridos en la urbanización Antonio José de Sucre, en el mes de mayo y junio, además de las otras 27 detenciones que se han aplicado en municipios foráneos de la entidad larense. «Incurren en abuso de autoridad; no es posible que desplieguen a un ejército contra los ciudadanos. Pretenden aplicar un toque de queda, pero hacen que las comunidades actúen como una olla de presión, porque los problemas por las fallas en el servicio de electricidad no son solucionados. No pueden culpar a la sociedad por protestar en cuarentena, cuando los principales culpables son quienes detentan el poder, quienes no han invertido en recuperar el sistema eléctrico», mencionó.

El sacerdote manifestó su preocupación por la agresividad de los cuerpos policiales y en especial de los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “Los diferentes sectores de la ciudad de Barquisimeto, protestaron a través de los “cacerolazos” en reclamo de energía eléctrica. No obstante, la respuesta del Estado fue desplegar las fuerzas represivas y practicar la detención de ciudadanos, quienes, además, fueron maltratados físicamente”, dijo.

Además, cuestionó el «ensañamiento» que, a su juicio, han tenido contra los habitantes de “La Sucre”. “Ha sido una acción ejemplar, porque los han venido atacando, acosando y torturando desde 2017 por protestas políticas, pero siguen denunciando; esto evidencia que la gobernadora Carmen Meléndez no vela por espacios de diálogo», señaló.

Para el abogado Henderson Maldonado, integrante de la ONG Movimiento Vinotinto, las agresiones de los cuerpos de seguridad del Estado hacia los larenses, por solicitar mejoras en los servicios públicos, es permanente. “Las FAES y otros organismos salen fuertemente armados y en recorridos por los barrios, tratando de atemorizar a la gente. Asimismo, afirmó que “los larenses seguirán protestando porque no soportan que las suspensiones de servicio eléctrico se produzcan todos los días, por espacio de varias horas, y les causen problemas, como el daño a sus electrodomésticos”.

Maldonado tiene una medida cautelar en el Ministerio Público, por haber documentado las irregularidades que estaban ocurriendo cuando un grupo de enfermos renales solicitaba los pases para recargar combustible. El defensor de DD.HH. fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con el argumento de alteración del orden público y resistencia a la autoridad. El tiempo que estuvo detenido fue sometido a malos tratos.

Se sobrevive con la solidaridad

“No se puede vivir para sufrir”, es la frase que utiliza el sociólogo para convocar a los habitantes del estado Lara a organizarse a partir de redes de apoyo y solidaridad. “La familia, la Iglesia, las ONG, la sociedad civil, han creado maneras de sobrellevar la situación precaria y de vulnerabilidad en la cual se encuentran muchos. Es una manera de constituir formas de resistencia para afrontar las carencias. Se debe prestar ayuda, apoyo, para no perder el sentido de la vida”, dijo.

Otra manera de tener soporte ante la crisis y la violencia es la asistencia moral de la familia. “La fortaleza debe surgir de las personas que en nuestra familia tienen un peso de dignidad y reconocimiento de sus valores. También las organizaciones de la sociedad civil, como los centros de ayuda, aunque algunos con capacidad limitada, están haciendo un trabajo de hormiga para tratar de mitigar la situación de vulnerabilidad”, concluyó.

Ni siquiera la dolarización merma problemática del combustible en Bolívar
Colas de hasta 3 días se producen para poder surtir 20 o 40 litros

Jesús Alberto Vega Medina es trabajador de una funeraria. Con la intención de surtir combustible se trasladó desde muy temprano hasta la estación de servicio ubicada en la avenida Antonio de Berrio, diagonal a la redoma de Sutiss en San Félix, en la cual el pago se realiza en divisas, para solicitar el apoyo para surtir el vehículo en el que estaba trasladando el cuerpo de una persona fallecida.

Eran más de las 12:00 del mediodía y a Vega no le prestaban el apoyo. El hombre, en señal de protesta, sacó de la parte trasera del vehículo el cadáver que debía transportar, el cual estaba en una especie de bandeja de aluminio, semidesnudo y que fue tapado con una chaqueta. El caso se dio a conocer a través de un vídeo que circuló en redes sociales, el cual fue grabado por otro conductor que también estaba en dicha estación de servicio esperando para surtir.

Horas después, una comisión de la División de Inteligencia de la Policía del estado Bolívar y uniformados del comando de Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), detuvieron a Vega, imputándole instigación al odio.

Esta situación es tan solo una de las tantas que se viven a diario en el estado Bolívar con el tema del combustible. Colas de hasta 3 días para poder surtir 20 o 40 litros, protestas e incluso algunas en las que se han ido hasta los golpes usuarios y bomberos de las estaciones. En los municipios del sur del estado la situación no es distinta; habitantes afirman que 70 litros de combustible pueden alcanzar un precio de hasta 150 dólares, en el “mercado negro”.

“Sabemos el peligro que existe, pero también requerimos tener nuestros vehículos con combustible, para comprar alimentos o para una emergencia. Nadie hace un mercado de 3 meses, bueno, al  menos no el ciudadano común, de a pie. Uno se va rebuscando con el diario”, señaló un usuario de Ciudad Guayana.

Le suman las dificultades que ya se están presentando hasta en los sectores priorizados o con salvoconducto. “Antes veníamos a una hora razonable, 6:00 de la mañana, marcábamos y surtíamos, pero ya con salvoconducto solo están atendiendo 40 carros diarios y toca venirse a las 3:00 de la madrugada para poder entrar en ese lote y echar; lo próximo que va a venir que es nos tocará hacer la cola desde el día anterior, como hacen los que no tienen salvoconducto”.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) exhortamos al Estado a actuar con sensatez y evaluar las dimensiones de las medidas adoptadas en la región. Hay que adecuarlas al contexto social y económico que nos signa, puesto que, si bien es cierto que resulta imperante adoptar los protocolos de higiene y salud, así como quedarse en casa para prevenir el contagio, es una verdad innegable que las necesidades de alimentación, medicamentos e incluso trabajo no conocen de fechas ni horarios.

El coronavirus no ha detenido el aumento de la violencia en Aragua
Entre los días 13 y 14 de mayo murieron 10 presuntos delincuentes en enfrentamientos con funcionarios del Cicpc

Mientras transcurría el proceso de aislamiento para “resguardar” la vida de los ciudadanos, se continuaron desarrollando hechos violentos en distintos sectores de la entidad durante el mes de mayo: un joven, de 33 años, fue asesinado para robarle su vehículo; una mujer planificó la muerte de su esposo para heredar su fortuna y la materializó recurriendo a la intervención de dos hombres. En el barrio El Carmen de Maracay, detuvieron a cinco sujetos por sustraer bombillos de una institución y después comercializarlos; en el barrio Campo Alegre, municipio Girardot, vecinos comentaron que los robos a sus residencias han aumentado.

Sumado al desgaste mental que le ha causado la situación país al venezolano, la pandemia y el confinamiento los hizo sentirse más atrapados y algunos recurrieron al suicidio como “escape”; en menos de una semana cuatro personas se quitaron la vida en circunstancias imprecisas en Maracay, municipio Girardot; dos de ellas en Piñonal.

En pleno desarrollo de la cuarentena se continuaron reportando desapariciones, como la de un joven, cuyo padre presume que lo mataron en Coropo por razones desconocidas. El cuerpo fue arrojado en el sector 18 de Mayo para desorientar a los funcionarios policiales, ya que este lugar es uno de los sitios de liberación de cadáveres del municipio.

También se conoció que al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), en la morgue de Caña de Azúcar, ingresó el cadáver de un joven de 16 años, el cual presentaba herida por arma de fuego, además de golpes por todo su cuerpo.

Entre los días 13 y 14 de mayo murieron 10 presuntos delincuentes en enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el urbanismo Caridad del Cobre, municipio Santiago Mariño. Del mismo modo, cuatro integrantes de la banda liderada por “El Flipper” fueron ajusticiados, luego de que el sector San Vicente, municipio Girardot, amaneciera tomado por comisiones de la División de Vehículos y la Brigada Contra Secuestro del CICPC de la Delegación de Aragua, en busca de los extorsionadores y robacarros de la zona.

Además del Coronavirus y el aumento de la delincuencia en Aragua, sus habitantes lidian con la falta de agua, los cortes de energía eléctrica, el alto costo de la vida y la escasez, y el reciente aumento de la gasolina que ahora será cobrada en dólares.

La situación con la gasolina ha generado mucha incomodidad en la población. Vecinos de la urbanización San Jacinto aseguran haber observado su hurto dentro de los estacionamientos de los edificios. En el marco de estos acontecimientos, fueron detenidas 6 personas en las afueras de una estación de servicio de Turmero, municipio Santiago Mariño, por manifestar en contra de la falta de combustible y el poco éxito del plan “Pico y Placa”, por lo que les fueron imputados los cargos de: resistencia a la autoridad, bloqueo de vías públicas, asociación para delinquir y porte de elementos con intención terrorista. El Foro Penal y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Aragua atendieron sus casos.