Prensa Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), autor en Runrun

Observatorio Venezolano de la Violencia

Violencia en Mérida no se quiere mover de la zona Panamericana
Los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora sumaron 47 de los 121 delitos ocurridos en la entidad hasta el mes de junio de 2019

 

Aun cuando algunos municipios del estado Mérida están entrando en el cuadro de estadísticas de hechos delictivos, las cifras obtenidas mediante la revisión de prensa regional durante el primer semestre de 2019, demuestran que la zona Panamericana sigue arrojando la mayor cantidad de hechos delictivos dentro del contexto del estado andino. Destacan en esa área los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora, que sumaron 47 de los 121 delitos ocurridos en la entidad hasta el mes de junio. De acuerdo a la revisión, el número aumenta tomando en consideración que estos dos municipios, en conjunto con los otros que conforman esa zona como Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas y Justo Briceño, concentraron el 51,2% de esa totalidad de delitos. Hay que destacar que la zona Panamericana de Mérida tiene límites compartidos con municipios que poseen elevadas tasas de muertes violentas, los cuales pertenecen a los estados Táchira, Zulia y Trujillo.

El estudio realizado también denotó que el Área Metropolitana de Mérida, conformada por los municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y Santos Marquina, continúa posicionándose en segundo lugar como el más violento e inseguro, con el 42,1% de los delitos. En algunos municipios como Campo Elías, se han incrementado los hechos violentos en el primer semestre del año.

Es de destacar que la zona Panamericana se ha caracterizado en los últimos años por sus altas tasas de violencia debido, en gran parte, a la presencia, al parecer creciente, del tipo de violencia delincuencial común y organizada, por parte de grupos de individuos que hacen vida en la región. Según Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Mérida (OVV Mérida), estos grupos se dedican a robos de vehículos, celulares o al tráfico de drogas y combustible, así como a perpetrar secuestros, entre otros delitos. “Son muy frecuentes en la zona homicidios y asesinatos por diversos móviles, violaciones, sicariatos, casos de extorsión e invasiones a fincas, con el agravante que algunos estudios de organizaciones no gubernamentales extranjeras también han revelado la presencia de grupos irregulares en el área”, afirmó Páez.

Para Reinaldo Celis, ex presidente y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani (ASODEGAA), por toda la zona Panamericana conviven organizaciones que se dedican a robar e invadir fincas. “Los robos y las agresiones han sido bestiales, roban, matan, invaden y luego abandonas las tierras Hace poco a una finca de un familiar le quitaron más de 1.500 hectáreas, las repartieron y luego las abandonaron, le mataron más de mil reses, le quemaron la casa y destruyeron los transformadores eléctricos”, señaló Celis, agregando que el mayor problema de la zona es la impunidad.

Tendencias que continúan y otras que aparecen

Al analizar los resultados de la revisión de prensa, Gustavo Páez explicó  que hasta el mes de junio de 2019 se mantienen algunas tendencias detectadas durante el primer trimestre del año, a las cuales se le formularon, en su momento, un conjunto de posibles hipótesis explicativas, específicamente  en relación a la disminución de un grupo de delitos, tales como los casos de homicidios, tentativas de homicidios y robos con lesión, además del aumento de otros como robos, lesiones, amenazas de muerte, secuestros, violaciones y extorsiones. Al analizar los datos del primer grupo de delitos entre enero-junio y compararlos con su equivalente de 2018, se detectó que su peso relativo disminuyó de 95 a 56%, mientras que en el caso de los segundos, se incrementó de 5 a 44%.

Otras tendencias que se han mantenido en aumento durante el semestre, son los casos de agresiones a niños entre 0 y 9 años, las  mujeres como víctimas de delitos, el uso de la fuerza física y  la participación como victimarios de familiares o conocidos en delitos. Igualmente sigue la tendencia a la disminución de los delitos en calles y avenidas, pero se han incrementado en las viviendas.

En cuanto a algunos aspectos que han tomado importancia y que se han afianzado entre enero-junio 2019, se encuentran el aumento de robos y de la violencia policial y por linchamientos. Durante el primer semestre de 2018 los robos tuvieron un peso relativo de 3%, entretanto para el mismo lapso, pero de 2019, esa cifra ya se había sextuplicado, llegando a 19%.

Interpretando los resultados sobre la violencia policial, Páez explicó que aumentó de 8 a 14%, lo cual podría estar correlacionado con el incremento de casos donde se vieron involucrados como victimarios funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de 5 a 15% de los hechos registrados. “Esto también puede corroborarse con otras cifras obtenidas por el OVV Mérida, donde se reseña que entre los meses de abril y junio, se contabilizaron 14 muertes por resistencia a la autoridad, y es válido decir que dentro de esas estadísticas no se registró ningún caso de ese tipo entre enero y marzo”.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención en la revisión del semestre, es que el número de linchamientos entre enero-junio de 2018 con respecto al mismo lapso de 2019, aumentó de 1 a 7 casos, es decir de 1 a 6% de incremento relativo.

Hipótesis para las últimas tendencias

Para el coordinador del OVV Mérida, en estos datos obtenidos de la revisión del primer semestre del año 2019 se manejan varias hipótesis. Por ejemplo, en lo que respecta al incremento de los robos en la entidad, probablemente esté asociado a mayor número de personas que se han incorporado a delinquir, bien sea de forma individual o por el surgimiento de bandas organizadas, en la medida que ha continuado agravándose la crisis en el país. “Esto, aun cuando estamos claros que es un grupo reducido de personas que tiene como oficio ilícito quitarle a los demás lo que no es de ellos. Además, no tenemos duda que el elevado porcentaje de impunidad que reina en el país, la falta de denuncias por parte de las víctimas y la carencia del diseño y ejecución de políticas coherentes de seguridad ciudadana, son factores que han contribuido al aumento de los robos. Es lamentable que, mientras los honestos hacemos lo correcto y nos toca laborar en dos o tres trabajos para lograr paliar la crisis, los deshonestos se incorporan a robar, o los que ya lo hacen practican el oficio con más frecuencia, para lograr el mismo objetivo”, indicó.

En el caso de las muertes por resistencia a la autoridad, explicó Páez que la situación  hace pensar que posiblemente continúe llevándose a cabo en el estado Mérida, y en general en el país, una política de seguridad ciudadana que se excede en sus procedimientos.

Finalmente, señaló Páez que, en cuanto a los casos de linchamientos, éstos están ocurriendo principalmente en la zona Panamericana, siendo ejecutados por grupos de personas donde, según lo indagado en prensa, las causas que han detonado este tipo de delitos van desde robo, hasta ajuste de cuentas y venganza.

OVV: 11% de las víctimas de homicidio en Lara entre enero y agosto del 2019 han sido mujeres

SEGÚN EL OBSERVATORIO DE PRENSA (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), el 11% del total de las víctimas de homicidio, entre enero y agosto de 2019 en la entidad larense, han sido mujeres. Uno de los casos se registró en el municipio Torres, con el homicidio de Carmen Pastora Castro, de 48 años, a manos de su pareja con quien llevaba viviendo 12 años. El hecho ocurrió luego que Castro visitara a su madre en el caserío Guaidí en el mismo municipio, y al momento de su partida se encontró con el señor Ladino, de 44 años, quien luego de una discusión con motivo de una posible separación, decidió terminar con su vida.

Los meses con mayor incidencia de víctimas mujeres fueron junio y julio. En junio con 20% del total de asesinados y julio con 19%. Pese a que la mayoría de las muertes violentas la padecen los hombres, las mujeres en la entidad larense no escapan de la vulnerabilidad que provoca el crimen, sobre todo el que se asocia a la violencia de género.

Una de las víctimas el mes de junio fue María Cristina Rodríguez, asesinada en el caserío Baragua en el municipio Urdaneta. Luego de luchar trece horas por sobrevivir,  Rodríguez murió en el Hospital Central Antonio María Pineda, de Barquisimeto. La herida con arma blanca propiciada por su pareja fue lo suficientemente grave para provocarle la muerte. Con apenas 25 años, la víctima dejó a dos niños huérfanos.

En el mes de julio se hizo viral un video donde se mostraba cómo un hombre atropellaba de forma intencional a una mujer con su camioneta. Las cámaras mostraron las tres veces que el chofer arrolló a la víctima en la Zona Industrial I, de la ciudad de Barquisimeto. Frarianny Liseth Quiroz Ocanto ya había sido apuñalada por su ex pareja, y al salir de la camioneta la arrastró en diferentes direcciones hasta lograr su total inmovilidad. Pablo Silvino Sánchez, de 52 años, se dirigió al sector El Tostao luego de cometer el delito, y dejó su camioneta; la mayor evidencia del hecho para huir de la ciudad. Los órganos de seguridad del Estado comenzarían una búsqueda para dar con el paradero del victimario, hasta el 1 de septiembre cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asesinaron a Sánchez, en la ciudad de Mérida.

Los casos de violencia de género reseñados presentan características comunes: los niveles de saña son muy altos. Las armas utilizadas son armas blancas, y se trata de parejas de las víctimas. Todos son casos íntimos, es decir, provocados por personas con quienes la víctima tuvo alguna relación personal/sentimental. La impunidad de este delito es una característica común en muchas de las sociedades del mundo; la no denuncia suele ser un rasgo que define los hechos. En el caso de Venezuela, se acrecienta por el deterioro del sistema de justicia, la inexistencia de Estado de derecho y las dificultades de hacer valer la ley.

El 33,5% de las victimarias de delitos son mujeres

Otro dato relevante que arroja el OP del OVV Lara tiene que ver con la participación de la mujer en la ocurrencia de hechos donde existe violencia interpersonal. En los casos donde hubo información sobre el victimario en los sucesos registrados (31,5%), se pudo identificar que de cada 10, 3 eran mujeres. La participación de las personas del sexo femenino ocurre en la complicidad de robos, extorsión y secuestro, pero también en el homicidio. Un delito que llama la atención por su frecuencia el 2019 son los asesinatos de niños recién nacidos por sus propias madres.

Desde el OVV Lara, analizamos tales hechos como consecuencias generales a la que se enfrenta la familia como institución social. Si bien hay responsabilidades individuales adjudicadas a la conformación familiar, el aumento de estos delitos revela una situación novedosa en la realidad venezolana, que está precedida por los altos índices de embarazos en adolescentes, el abandono de niños y niñas por parte de sus familiares, la disminución de los niveles de control social informal, el hambre y empobrecimiento generalizado. Aunado a ello, la falta de una política pública eficiente para atender estas realidades.

58 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bolívar durante primer semestre del año

TRANSCURRIDO más de la mitad de 2019, el OVV Bolívar hizo un balance del primer semestre del año, el cual no es alentador en materia de violencia. Su Observatorio de Prensa (OP) ha registrado 618 casos, para un total de 785 víctimas de violencia interpersonal.

En relación al género de las víctimas, se observa que en un 93% fueron hombres, siendo los más vulnerables ante situaciones de violencia los de edades comprendidas entre 24 y 35 años, al igual que en 2018. Las víctimas del sexo femenino representan un 7%, sin embargo, llama la atención el incremento de casos registrados por violencia intrafamiliar, toda vez que en el primer trimestre del año se registraron 18 víctimas y en el segundo trimestre 40 víctimas, lo que representa un 122% de incremento entre un trimestre y otro.

Durante el año 2017 se totalizaron 74 víctimas del sexo femenino; en 2018, 80 víctimas y en el primer semestre de 2019 se contabilizan 58 víctimas, lo que establece una evidente tendencia a la alza, situación que nos obliga a hacer un llamado de atención, pues aunque a nivel estadístico se evidencia que la población masculina es la más vulnerable en materia de violencia, la realidad es otra respecto a la violencia de género, presumiendo, además, que existen más casos y situaciones que no son visibles ni denunciadas.

En cuanto a los victimarios de los delitos contabilizados en el primer semestre de 2019, poco más del 50% son desconocidos; un 21% corresponde a funcionarios de organismos de seguridad; por último, aquellos cometidos por familiares o conocidos, representan cerca de un 10%.

El estado Bolívar se ha convertido en un foco de violencia constante que se mantiene en aumento. La mayoría de los casos de violencia registrados, un 62%, se concentra en el municipio Caroní -al norte del estado-. Dado que el acceso a la información de la zona sur del estado es limitado, el OVV Bolívar presume que las cifras pueden ser aún más elevadas, sin contar, además, que existen hechos que no son denunciados o difundidos en los medios de comunicación.

17 homicidios hubo en el estado Táchira durante el mes de agosto

EN AGOSTO DE 2019 SE REGISTRARON, según la prensa regional del estado Táchira, diecisiete (17) casos de homicidio, cuyas víctimas, en un 84,6%, fueron hombres con edades comprendidas entre 20 y 29 años. En 28,6% de los casos fueron más de dos (2) víctimas las encontradas en el lugar del suceso y de estos registros el porcentaje más alto de hechos estuvo presente en los municipios García de Hevia, Pedro María Ureña y Bolívar, los tres municipios fronterizos con Colombia.

Los hechos violentos durante el mes agosto se presentaron durante días laborales en horario diurno, y 71,4% de los mismos fueron reseñados como ocurridos en vías públicas de la entidad tachirense; a su vez, en un 38,1% de los casos los sucesos fueron cometidos por personas desconocidas, pero en un 19% los victimarios fueron funcionarios de seguridad y en un 14,3% fueron familiares o conocidos de la víctima.

También en el Táchira se registró que en 81% de los sucesos, el arma de fuego fue el principal instrumento para cometer el delito y el móvil del suceso más constante en el mes de agosto fue el ajuste de cuentas en 23,8% de los casos, seguido de la resistencia a la autoridad con presencia en 19% de los hechos y la riña, también con 19% de incidencia.

Sólo en 19% de los casos, los familiares de las víctimas realizaron la respectiva denuncia a las autoridades.

Migrantes venezolanos violentos son pocos, pero producen gran impacto

LA NOTICIA DE DESCUARTIZAMIENTO de dos ciudadanos en Perú presuntamente a manos de venezolanos, entre ellos dos mujeres, ha ocupado buena parte de la prensa latinoamericana, no solo por lo cruel del crimen, sino porque actos como ese atizan el rechazo creciente hacia los cada vez más migrantes que huyen de la crisis de Venezuela.

La prensa peruana quiso profundizar e ir más allá del registro noticioso. Acudió entonces a unos de los investigadores más acuciosos y productivos en los estudios de violencia en América Latina, el sociólogo Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO).

La entrevista giró en torno al incremento de crímenes de gran impacto en Perú, protagonizados muchos de ellos por ciudadanos venezolanos que han emigrado para ese país. El periodista quería saber cuál es el perfil del criminal venezolano, su nivel de crueldad y las actividades delictivas en las que están inmersos. Más aún, quería conocer a qué se enfrentan las autoridades peruanas.

Lea el reportaje en El Comercio, Perú

Fuera del interrogatorio periodístico quedó el comportamiento de millones de venezolanos que han emigrado a diversos países del mundo, entre ellos Perú. Comportamiento que, por correcto, normal, pasa desapercibido para los medios de comunicación.

egún la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra de migrantes venezolanos llega a 4 millones, siendo Colombia, Perú, Chile y Ecuador, los países que más connacionales han recibido en sus territorios. De ellos una minúscula cantidad, casi imperceptible en porcentajes, pero escandalosamente activa, sacude la prensa internacional por estar involucrada en actos violentos.

¿Por qué ocurren los descuartizamientos?

-El descuartizamiento es fundamentalmente un mensaje enviado a otras personas. Por supuesto que puede haber algunos casos en los cuales hay un componente patológico de ensañamiento, crueldad o de sadismo individual. A nosotros nos parece que los descuartizamientos son una acción racional que procura enviar un mensaje a otros.

¿Quiénes son esos otros?

-Sus víctimas o sus potenciales víctimas o, de una manera muy marcada, los cuerpos policiales o las bandas rivales. El descuartizamiento es un acto simbólico, es un ritual de la violencia que tiene un propósito comunicacional de enviar un mensaje y que ese mensaje tenga como consecuencia un mayor poder, una mayor respetabilidad para el grupo que cometió el descuartizamiento.

¿Puede usarse para escalar?

-Sí, en algunos momentos se utiliza para escalar dentro de las organizaciones, eso ocurre sobre todo en las organizaciones de una jerarquía importante: se da un mensaje a sus otros pares, también a los otros miembros de las bandas si no lo hacen en conjunto, es decir, es mostrar las agallas, los dientes afilados, es demostrar insensibilidad, que busca tener un efecto práctico para quien lo ejecuta.

¿Cómo es el delincuente venezolano?

-El delincuente venezolano tiene tres rasgos fundamentales: es joven, en general pudiéramos decir que está entre los 15 y los 30 años, porque después de los 30 años o está muerto o cambia en su forma de ejercer el delito o deja el delito o se dedica a ser menos violentos o a dirigir desde más lejos la acción delictiva.

La segunda característica es que es hombre. Si bien puede haber algunas mujeres, y recientemente hay una incorporación de ellas más alla de ser compañeras, en general tienden a ser hombres los que actúan en las bandas.
Y en tercer lugar, es pobre. Si bien es cierto que el 99% de los venezolanos pobres y el 99% de los que emigraron de Venezuela y que deben estar en Perú es gente honesta, hay un 1% del cual derivan estos delincuentes violentos. El delincuente violento viene de los sectores pobres.

Estos tres rasgos: joven, hombre y pobre, son quizás los mismos rasgos que uno encuentra en las víctimas del homicidio en Venezuela y eso lo hemos ido trabajando y mostrando en nuestros estudios.

Pandilla y bandas, dos extemos en el delito organizado
¿Cómo se organiza el delincuente en Venezuela?

-Las bandas en Venezuela tienen diversas formas de organización. En el libro Delito Organizado, Mercados ilegales y Democracia en Venezuela (Editorial Alfa, 2015) hice una clasificación de los grupos hamponiles y de las diferentes formas de organización que tienen. Grosso modo hay dos tipos:
• La pandilla de barrio, de esquina, de favela o de pueblo joven, como llaman allá en Perú, que controla ese territorio y que ejerce dominio, que por lo regular no roba en su propio barrio sino en las zonas aledañas, tiene un ejercicio incontrolado de la violencia; son bandas pequeñas que pueden tener cuatro, seis miembros, no muchos más, y que viven fundamentalmente del delito depredador, del robo, del hurto.
• Las bandas de crimen organizado, algunas de ellas con conexión internacional. Esas han podido llegar a tener muchísimos miembros, en un cálculo que hicimos en aquel momento una de las mayores bandas podía llegar a tener 600 miembros; es decir, era una organización muy fuerte, muy poderosa, que fundamentalmente vivía captando rentas y extorsión, tenía fuentes de ingresos permanentes, que pueden cometer en algún momento dado un delito depredador como un robo, pero que por lo regular trabajan con secuestros de personas, secuestros de bienes, extorsión y se dedican paralelamente a eso, a la venta de seguridad personal, al estilo de la mafia.
Son dos organizaciones completamente distintas. El armamento de la pandilla es pequeño, armas cortas. La banda, en cambio, tiene una forma mucho más sofisticada; tiene armas cortas, pero tiene igualmente armas largas, fusiles de asalto, incluso recientemente ha hecho uso muy continuo de las granadas, es decir, tiene una capacidad de fuego mucho más grande y letal. Eso da una diferencia importante en la violencia porque la pandilla tiende a usar la violencia de una manera más emocional, más circunstancial, a tener un control menor, una administración menor de la violencia. La banda organizada puede tener crueldades extremas, pero hay una racionalidad en el ejercicio de la violencia, es decir, tiene una mayor capacidad de administrar la violencia.

Yo tengo la impresión que muchos de los grupos que han emigrado y que generan esos fuertes enfrentamientos están actuando como las pandillas pequeñas, que usan la violencia de una manera fuerte e inmediata para intentar imponerse en un territorio, intentar generar un control del delito en una determinada área y, por lo tanto, tienen que demostrar mucha fuerza, mucha crueldad, es decir, mucho poderío.

¿Por qué muestran esos niveles tan altos de crueldad, como el descuartizamiento?

-Cuando yo comencé a hacer estudios sistemáticos en violencia para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hace 25 años, yo hacía la misma pregunta en relación a Colombia. Venezuela no era un país particularmente violento, aunque ya estaba en unos niveles altos de homicidios, pero nada que ver con la situación actual; en cambio, Colombia tenía una situación de muchísima más violencia histórica para aquel momento. Ahora la situación ha cambiado, Colombia no tiene el nivel de violencia que tiene Venezuela.

Pero me hiciste recordar porque era la misma pregunta que uno se hacía. Hoy puedo decir que hay diferencias sustantivas. En aquel momento, hace un cuarto de siglo, entrevisté a un colombiano al que le debían un dinero y él me dijo “ese fulano, ese paisano se salva porque estamos en Venezuela, si estuviéramos en Colombia ya yo le hubiera mandado alguien, ya yo lo hubiera mandado a matar”. Él entendía que el contexto social de Venezuela era distinto al de Colombia en ese momento.

Lo que ha cambiado en Venezuela esencialmente es el contexto social y político, una situación dramática de impunidad y de elogio a la violencia y a los violentos en los últimos veinte años.

¿Qué es lo que ha pasado en el país? Que estos jóvenes que hoy tienen veinte años y asesinan y descuartizan, tienen dos décadas viendo un crecimiento sostenido de la violencia, observándola, familiarizándose con ella, familiarizándose con la crueldad de una manera inmediata y continua, es cercana a ellos y eso les ha dado un rasgo fundamental que es cercanía, no extrañeza frente a la violencia, una suerte de normalización y de insensibilidad ante el dolor de la víctima.

Hay un segundo elemento que le ha dado este período a los individuos: el acostumbramiento a la violencia les permite un muy fácil y muy rápido pasaje al acto -así lo llamamos científicamente- es decir, el momento en el cual el deseo de hacerle daño a otra persona deja de ser una intencionalidad, una rabia, un odio y se convierte en una acción. Normalmente en otras sociedades esos deseos son mediados y limitados por un conjunto de ideas, nociones, valores, ética, temor de castigo. En Venezuela, esas mediaciones sociales se cayeron, se derrumbaron, por ello el pasaje al acto es muy cercano, muy pronto.

Un tercer elemento que explica el incremento de la crueldad en Venezuela es la impunidad. Los delincuentes sienten que no les va a pasar nada. En Venezuela la impunidad es gigantesca. Los cálculos que publicamos en un libro hace unos tres, cuatro años, era que de cada 100 homicidios que se cometían en el país, se detenían entre 8 y 9 personas, es decir, que en el 91 o 92% de los casos no había ni siquiera una detención. Esta situación no solo no ha cambiado, sino que probablemente puede haber aumentado.

Aunado a la impunidad, se encuentra otro factor: no hay discriminación en el castigo, es decir, para el delincuente robar o matar implica una pena más o menos similar en el país, no formalmente, no lo que establece la ley, sino lo que ocurre en la práctica. Entonces el delincuente no tiene ningún motivo para contenerse de asesinar. En otros lugares del mundo, en otras sociedades, el delincuente sí se cuida porque sabe que por un robo puede tener una pena, pero por un homicidio tendrá una pena muy superior y, por lo tanto, prefiere no pasar al acto y no llegar a cometer el homicidio.

Lo que no se ve

Briceño-León calcula que solo 1% de los migrantes venezolanos son delincuentes. Unos 40 mil individuos si tomamos en cuenta los 4 millones de venezolanos -estimados por los organismos internacionales- que han buscado un nuevo futuro fuera de su frontera natal.
“Entre esos delincuentes que han huido del país hacia otros destinos son pocos los que realmente son violentos. Pero esos pocos hacen escándalo. Como lo hacen también los venezolanos que piden en las calles extranjeras, una minoría, la más pobre, la última en escapar del país y que está todavía en la búsqueda de un acomodo, esa es la que se ve. La que no se ve, la que no se nota, la silenciosa, es la mayoría de la diáspora que está integrada y trabajando, aportando al bienestar de esos países con su educación y trabajo honesto; son médicos, ingenieros, técnicos. Hacen allá lo que no pudieron seguir haciendo en Venezuela”.

OVV: En el Zulia la policía sigue apretando el gatillo

CON EL EUFEMISMO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, los cuerpos policiales en el Zulia se han convertido en ejecutores de sentencias de muerte y han introducido un castigo que no existe en la legislación venezolana: la pena de muerte.

Hasta el mes de julio de 2019, cuatro de cada diez muertes violentas en el Zulia se produjeron por el uso de la violencia ejercida por el gobierno, violatoria del Estado de Derecho y del debido proceso. De los 757 homicidios ocurridos en la región zuliana en los primeros siete meses del año, 301 de esas muertes sucedieron en manos de los cuerpos policiales y militares que operan en el estado.

De enero a julio se ha dado un crecimiento constante de muertes violentas en las que el gatillo ha sido apretado por funcionarios de algún organismo de seguridad del Estado. El aumento de la letalidad policial en el Zulia hace que el 40% de las muertes violentas sean en manos de los cuerpos policiales y militares, con el agravante de que la tendencia es al crecimiento.

En estos sucesos de muertes violentas que las autoridades justifican como resistencia a la autoridad, han participado como ejecutores: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 96 muertes para un 32%; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 78 muertes que representan el 26% de las muertes por resistencia en la región; las policías municipales, que en su conjunto tienen bajo su responsabilidad 101 fallecidos lo que equivale a 33,6%. La Guardia Nacional (GN) y el Ejército participaron con el 8% y el 0,3%, respectivamente; los primeros han asesinado a 25 personas y los segundos son responsables de 1 caso.

En los estudios realizados por el OVV Zulia se evidencia, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, que hay un patrón que se repite en cada ajusticiamiento: allanamiento, tortura, robo y muerte. A este ciclo le sobreviene el montaje de una escena del crimen en el que predomina la justificación deresistencia a la autoridad.

En Aragua delincuencia organizada tiene más credibilidad que organismos de seguridad

PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS de veintiún (21) entrevistas realizadas por el OVV Aragua a testigos y familiares de víctimas de violencia policial en el estado, se evidencia que la violencia y letalidad policial es una patología social que devela la profunda y prolongada crisis civilizatoria en que está sumergida la ética y la mística de la institucionalidad pública venezolana. Se retroalimenta de la arraigada inversión de valores que rige el imaginario colectivo de nuestra sociedad, que gracias a la crónica impunidad del abuso y la delincuencia policial originan un estado de permanente vulnerabilidad que sienten los ciudadanos de ser sometidos aleatoriamente a  situaciones asimétricas, que implican la violación de sus derechos y la vejación de su dignidad humana.

En este sentido, la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de los funcionarios policiales ha generado el rechazo y la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia los organismos de seguridad y da origen, en las comunidades, a una paradójica idealización de los líderes de la delincuencia organizada que ejercen el control social de las zonas de paz, quienes, según los informantes, gozan de mayor credibilidad que los funcionarios policiales.

La propuesta colectiva de los informantes, para emprender la titánica tarea de recuperar las condiciones éticas y humanas necesarias para la reconstrucción del país y recuperar la democracia y la calidad de vida de los venezolanos, se sintetiza en “la recuperación de los valores humanos y el relanzamiento de la institucionalidad, pública y privada”.

60,7% de muertes violentas registradas en Lara durante primeros siete meses del año fueron responsabilidad de las Faes

COMO PARTE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia del estado Lara (OVV Lara), se presenta gráficamente parte de los resultados -correspondientes a los primeros siete (7) meses de 2019- de su Observatorio de Prensa (OP), una de las metodologías utilizadas por esta organización para analizar el fenómeno de la violencia en esta entidad federal.

Con más de tres años de trabajo diario, el OVV Lara ha podido recabar data e informar de manera oportuna, objetiva y transparente, los resultados de sus investigaciones, desarrolladas por especialistas pertenecientes a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Gracias a esta metodología, se presenta la cantidad de muertes violentas mensuales. En particular, y para esta ocasión, mostramos por medio de infografías la cantidad de muertes violentas en el estado Lara, de enero a julio de 2019.

En total, durante los primeros siete (7) meses de 2019, se cometieron 322 muertes violentas en el estado Lara. En comparación con el año 2018, en 2019 hubo una reducción de al menos 30%, ya que para ese año se cometieron 481 muertes violentas, entre enero y julio.

Estos registros para el 2018 se obtuvieron de un total de 805 delitos reportados en los sucesos, mientras que para el 2019 esta cifra se obtuvo de 501 delitos en los sucesos. Es decir, así como disminuyeron las muertes violentas, de enero a julio, disminuyó el total de otros delitos reportados, según esta metodología, lo que permite ver que el homicidio pasó a representar el 64% del total de delitos que la prensa escrita informa, a diferencia del 2018 cuando el homicidio representó el 59%.

 

 

El análisis realizado por el coordinador del OVV Lara, Carlos Meléndez, sobre la reducción de las muertes violentas durante los primeros siete (7) meses del año, apunta hacia dos direcciones. La primera, determinada por la censura e imposibilidad que tienen los medios para registrar la cantidad de asesinatos que existen en la entidad. “La prensa escrita en Lara tiene en el 2019 a varios medios físicos y digitales que hacen un esfuerzo gigantesco por informar, pero en la medida que la crisis económica se profundiza hemos visto, por ejemplo, que los periódicos impresos dejan de salir a la calle algunos días de la semana y reducen la cobertura de la noticia. Sin embargo, a diferencia de otros estados, en Lara esta metodología es funcional en la medida que las empresas de comunicación logran cubrir una parte importante de los hechos violentos”, afirmó.

Por otra parte, el sociólogo dijo que “la violencia urbana ha cambiado. Se transforma con las nuevas relaciones que imponen la dinámica migratoria y el empobrecimiento, que también suponen otras formas de violencia en el sentido amplio del concepto”. Para el investigador, “hay menos robos, porque hay menos a quienes robar, menos efectivo, menos objetos suntuosos, menos comida”, así como también hay menos delincuentes, que ante el efecto de la pobreza, disminuyen sus actividades delictivas o han decidido migrar. Es decir, la violencia se ha transformado a otras formas de violencia, que de igual forma afectan las condiciones de vida de los larenses”.

La violencia policial crece sobre la violencia delincuencial

Además de las transformaciones de la violencia urbana, debido al empobrecimiento y la migración, existe otra tendencia que por medio de la metodología del OP se puede reconocer. La violencia policial representa el 35,5% del tipo de violencia registrado en prensa. Los policías han aumentado su participación en hechos violentos durante los primeros siete (7) meses de 2019 en comparación con el 2018, cuya violencia policial llegó al 14,2% del total de lo ocurrido. ¿Pero de qué participación se trata? Según los análisis realizados por los investigadores del OVV Lara, esta participación no se ajusta a las responsabilidades que por deber los funcionarios de los organismos policiales deben promover: la defensa de la seguridad ciudadana. Por el contrario, el aumento de esta participación se ha debido al acelerado incremento de las ejecuciones extrajudiciales, extorsiones y lesiones que los policías han realizado desde mediados de 2018 en adelante.

 

 

 

 

Como puede notarse en la sistematización de datos del OVV Lara, la llegada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aceleró el protagonismo de policías en ejecuciones de asesinatos, con el argumento de resistencia a la autoridad y ataques a cuerpos policiales. Ahora, este aumento se logró con el esparcimiento por los barrios populares de la ciudad de Barquisimeto y otros municipios del estado de las FAES, a tal punto que en los primeros siete (7) meses de 2019, ejecutaron 6 de cada 10 de los asesinatos que realizó la policía.

“Los funcionarios que visten de negro, con su carabela y su lema de lealtad, aterran a la sociedad larense, que ve, por un lado, al delincuente disminuir sus actividades, huir del país o morir a manos de quien ahora lo sustituye con el argumento de aplicar la ley”, señaló Meléndez.

La seguridad como propuesta ciudadana no se construye en estado Lara. Para el también director de la Licenciatura en Desarrollo Humano, “en la práctica solo se observa la pena de muerte, que es acompañada por un accionar sistemático de diversos delitos: tortura, violación de domicilio, robo y homicidio”.

 

Otro dato importante que arroja el monitoreo con metodología científica, que realizan los investigadores del OVV Lara y de la UCLA, es sobre el tipo de arma utilizada para cometer el delito. En 2019, el registro evidencia un uso mayor de armas de fuego y, entre ellas, armas largas. Con respecto a 2018, hubo un aumento de 3 puntos porcentuales de su utilización.

Siguen muriendo los jóvenes hombres del barrio

Con respecto a las características de las víctimas de violencia, existe una tendencia que se mantiene en el tiempo: las principales son los hombres jóvenes de los sectores populares de Lara.