Prensa Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), autor en Runrun

Observatorio Venezolano de la Violencia

El coronavirus no ha detenido el aumento de la violencia en Aragua
Entre los días 13 y 14 de mayo murieron 10 presuntos delincuentes en enfrentamientos con funcionarios del Cicpc

Mientras transcurría el proceso de aislamiento para “resguardar” la vida de los ciudadanos, se continuaron desarrollando hechos violentos en distintos sectores de la entidad durante el mes de mayo: un joven, de 33 años, fue asesinado para robarle su vehículo; una mujer planificó la muerte de su esposo para heredar su fortuna y la materializó recurriendo a la intervención de dos hombres. En el barrio El Carmen de Maracay, detuvieron a cinco sujetos por sustraer bombillos de una institución y después comercializarlos; en el barrio Campo Alegre, municipio Girardot, vecinos comentaron que los robos a sus residencias han aumentado.

Sumado al desgaste mental que le ha causado la situación país al venezolano, la pandemia y el confinamiento los hizo sentirse más atrapados y algunos recurrieron al suicidio como “escape”; en menos de una semana cuatro personas se quitaron la vida en circunstancias imprecisas en Maracay, municipio Girardot; dos de ellas en Piñonal.

En pleno desarrollo de la cuarentena se continuaron reportando desapariciones, como la de un joven, cuyo padre presume que lo mataron en Coropo por razones desconocidas. El cuerpo fue arrojado en el sector 18 de Mayo para desorientar a los funcionarios policiales, ya que este lugar es uno de los sitios de liberación de cadáveres del municipio.

También se conoció que al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), en la morgue de Caña de Azúcar, ingresó el cadáver de un joven de 16 años, el cual presentaba herida por arma de fuego, además de golpes por todo su cuerpo.

Entre los días 13 y 14 de mayo murieron 10 presuntos delincuentes en enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el urbanismo Caridad del Cobre, municipio Santiago Mariño. Del mismo modo, cuatro integrantes de la banda liderada por “El Flipper” fueron ajusticiados, luego de que el sector San Vicente, municipio Girardot, amaneciera tomado por comisiones de la División de Vehículos y la Brigada Contra Secuestro del CICPC de la Delegación de Aragua, en busca de los extorsionadores y robacarros de la zona.

Además del Coronavirus y el aumento de la delincuencia en Aragua, sus habitantes lidian con la falta de agua, los cortes de energía eléctrica, el alto costo de la vida y la escasez, y el reciente aumento de la gasolina que ahora será cobrada en dólares.

La situación con la gasolina ha generado mucha incomodidad en la población. Vecinos de la urbanización San Jacinto aseguran haber observado su hurto dentro de los estacionamientos de los edificios. En el marco de estos acontecimientos, fueron detenidas 6 personas en las afueras de una estación de servicio de Turmero, municipio Santiago Mariño, por manifestar en contra de la falta de combustible y el poco éxito del plan “Pico y Placa”, por lo que les fueron imputados los cargos de: resistencia a la autoridad, bloqueo de vías públicas, asociación para delinquir y porte de elementos con intención terrorista. El Foro Penal y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Aragua atendieron sus casos.

Múltiples expresiones de violencia en Lara durante la cuarentena social
Durante los meses de cuarentena social, ciudadanos del estado Lara han denunciado el  incremento de robos y hurtos a la propiedad

Desde el inicio del confinamiento por el Coronavirus anunciado por el gobierno central en marzo de este año, en el estado Lara se han producido varias formas de violencia, unas de tipo delincuencial y otras de tipo policial.

Con respecto a la de tipo policial, el diario La Prensa de Lara registró durante el mes de abril un total de 27 muertes violentas, de las cuales 23 se debieron a presuntos enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); Policía de Lara (Polilara); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“La violencia de los cuerpos de seguridad es la más letal y no ha disminuido. Desde que se estableció la cuarentena y el decreto 04039 de la gobernación de Lara, continúan las prácticas de detenciones arbitrarias y ejecuciones, con el argumento de resistencia a la autoridad”, explicó el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), Carlos Meléndez.

Por otra parte, la exigencia de derechos a través de la protesta, que habitantes de comunidades afectadas han manifestado por la deficiencia de servicios públicos, en especial en los municipios Torres, Urdaneta, Morán, Iribarren y Palavecino, ha tenido una respuesta violenta por parte de los cuerpos de seguridad. Éstos han detenido a personas que solicitaban eliminar los cortes del servicio eléctrico -que en algunas ocasiones son de hasta 12 horas diarias-, además de reclamar mejoras en la distribución de agua potable, gas doméstico y, como agregado, la falta de gasolina.

Delitos contra la propiedad

Durante los meses de cuarentena social, ciudadanos del estado Lara han denunciado el  incremento de robos y hurtos a la propiedad en varios municipios de la entidad. Los protagonistas del delito forzan cerraduras y vulneran cercos eléctricos para irrumpir en comercios, desde donde sustraen artefactos, víveres y alimentos; mientras que en las viviendas hurtan bombonas de gas, cocinas eléctricas y hasta tanques, bombas de agua, ropa y calzados. También ha sido sistemático el hurto de equipos en las universidades de la región, en las escuelas y en las iglesias católicas.

La adaptabilidad del crimen a un entorno de emergencia compleja ha tenido expresiones como las que se padecen en Lara. Se ha observado la maximización de las tendencias que el delito había mostrado en los últimos meses antes de anunciado el estado de alarma en Venezuela. Por una parte, mayor hegemonía de los cuerpos policiales en algunas formas de violencia, también el robo a la propiedad y, por otra, el delito famélico, explicó el profesor Meléndez.

Delitos famélicos

Por muchos años se ha discutido en la literatura sobre el crimen, las vinculaciones entre la pobreza y el delito; muchas de las tesis reduccionistas que afirmaban que se delinque  por la condición de pobreza fueron superadas con los avances de los estudios sobre la violencia. Contraria a esas tesis, existen algunos consensos importantes que explican, por ejemplo, que ser pobre te hace más propenso a sufrir los difentes tipos de violencia que en las sociedades latinoamericanas existen, y sin duda es así, los pobres venezolanos, en la medida que las condiciones de emergencia se profundizan, se hacen más vulnerables.

Sin embargo, han cambiado algunas realidades. Las guerras entre bandas en algunos barrios de las grandes ciudades han disminuido, por ende, morir de una bala perdida es menos probable que en la primera década del siglo XXI. Ahora es más probable que se hurte la comida de la casa o que asalten para robar la bolsa de los alimentos comprados en el mercado. Ahora es más probable que en las noches, a propósito de los cortes eléctricos, se lleven las bombonas de gas de las zonas más pobres. El empobrecimiento estructural en Venezuela ha dado nuevas forma al delito famélico en las distinas regiones del país.

Por estas razones, para el profesor universitario, Carlos Meléndez, “debe existir una política pública integral que garantice la estabilidad jurídica, el abastecimiento y distribución de insumos, el mejoramiento de la educación, equipamiento a los cuerpos policiales y, en general, una visión humana de la seguridad”, afirmó.

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina
Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina

Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.

En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.

El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.

Trujillo tiene la mayor tasa de suicidios durante cuarentena
El confinamiento ha representado para gran parte de la población, necesidades y carencias

En el mes de abril, en la población de Santa Cruz de Mora, un hombre de 39 años se quitó la vida, aparentemente producto de una depresión. De acuerdo a la reseña de los medios, la víctima se ahorcó en su residencia luego de sobrellevar una depresión por no poder salir a trabajar como obrero. Por otro lado, información emanada desde el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), a través de una fuente que por razones de seguridad no quiso identificarse, confirmó que durante las últimas dos semanas se han atendido dos casos por intento de suicidios en el área de psiquiatría. Fueron dos mujeres, una embarazada que, por no tener la manera de atender a ese hijo que viene en camino, atentó contra su vida. El otro caso se trató de una mujer con trastornos mentales afectada por el encierro.

Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida), manifestó su preocupación por cuanto afrontar una cuarentena en un país como Venezuela, sumergido en una profunda crisis económica, social y política, no es tarea sencilla. “Estamos en un país donde las familias no pueden contar con ahorros y existe una de las inflaciones más elevadas del mundo, donde no se puede acceder a alimentos en cantidad y calidad, bien sea porque sus ingresos mensuales no le alcanzan o porque son escasos. A eso se le agrega que los servicios públicos esenciales están lejos de funcionar de manera óptima, además que una gran parte de las familias sobreviven por medio de empleos informales. Con estas circunstancias, entre otras, es muy difícil sobrellevar una medida de cuarentena”, explicó Páez.

La preocupación del OVV no sólo viene dada por las circunstancias presentadas en Mérida. Sin ir muy lejos, en el vecino estado Trujillo, durante una semana hubo tres suicidios, según reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de esa entidad y que fueron reseñados por los medios regionales. La información suministrada por el cuerpo de seguridad fue que, en todos los casos, estuvo presente la depresión como causa principal, acentuada por el encierro obligatorio y precarias condiciones económicas.

Cabe señalar que en una investigación reciente desarrollada por el OVV Mérida, titulada “Una aproximación al estudio del suicidio en Venezuela”, el estado Trujillo resultó ser la entidad con la mayor tasa de suicidios del país, después del estado Mérida. “Lo ocurrido en Trujillo es una muestra más de lo que podría seguir aconteciendo en diferentes estados de Venezuela. Están dadas las condiciones para que se generen pensamientos y emociones negativas en los venezolanos, que lleven a muchos a padecer cuadros depresivos y de ansiedad que los conduzcan a tomar decisiones equivocadas”, enfatizó Páez.

A manera de prevención

No caben dudas que las condiciones, tal como lo ha dicho el representante del OVV Mérida, están dadas para que los cuadros de angustia se presenten, casi de forma natural. Ya muchos especialistas se han adelantado a avizorar situaciones que pondrían en peligro la salud mental de quienes están confinados en sus hogares a causa de la pandemia.

En opinión de Páez, es necesario que la población no caiga en desesperación, aun cuando está claro que la situación que se vive no es sencilla. “El llamado es a la calma y la cordura. Es necesario tener pensamientos positivos, pues la cuarentena es una realidad temporal que hay que aprender a sobrellevar. Una manera es encontrar alternativas que llenen nuestra atención hacia algo más productivo y placentero. En caso de necesitar ayuda, es conveniente buscarla con los profesionales. Siempre es necesario que la familia esté pendiente de quienes presentan actitudes depresivas y de desánimo dentro del hogar”, señaló Páez.

Precisamente para proporcionar ayuda profesional a quien lo requiera, se está atendiendo, durante la cuarentena, en la Unidad Psiquiátrica de Agudos (UPA) ubicada detrás del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, cuya atención para casos de emergencia es de 24 horas al día. Cabe destacar que este centro asistencial está situado en la avenida Las Américas, en las inmediaciones del Ambulatorio Venezuela.

En el país, se han activado varios grupos de apoyo que ofrecen ayuda a quienes lo necesitan. Por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela está ofreciendo ayuda gratuita a la población; de hecho en su página www.fpv.org.ve ofrece una guía de apoyo emocional en tiempos de Covid-19. Dicha publicación ofrece tips para sobrellevar la cuarentena. Entre otros muchos consejos, la organización recomienda informarse sobre la enfermedad y sus consecuencias, pero no saturarse de información que pueda afectarle. Otro aspecto importante -se deja ver en las recomendaciones- es que se debe estar consciente que éste es un período transitorio y que el confinamiento no será para siempre. Es importante -dice la guía- que las personas identifiquen los pensamientos que puedan generarle malestar y se tomen las acciones que le hagan sentir mejor. En la cuenta de twitter @fpv_vzla, la federación ofrece ayuda permanente a través de la línea 0212-416.31.16 o 0212-416.31.18.

Atención Psicológica es una iniciativa auspiciada por la Unión Europea, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) y la Cruz Roja Internacional, para atender, bien sea a través de WhatsApp, mensaje de texto o llamadas, todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En este programa se ofrece apoyo emocional y orientación profesional para toda Venezuela. Los números de atención son 0414-735.14.86 o 0416-720.70.96.

Transportistas de alimentos en Aragua denuncian pago de vacuna en divisas para echar gasolina
De no hacerlo solo le suministran 40 litros de combustible

Durante las últimas cuatro semanas de cuarentena obligatoria en el estado Aragua, transportistas que distribuyen alimentos desde y hacia la entidad, denuncian que tienen que pagar vacunas en divisas a los funcionarios responsables de las diferentes estaciones de servicio que abastecen al transporte pesado, para que autoricen el llenado del tanque, ya que de no hacerlo sólo le suministran 40 litros de combustible, que no les permite hacer el recorrido de ida y vuelta a la capital del país.

Explican los afectados, quienes no quisieron revelar su identidad por temor a ser víctimas de represalias, que esta situación implica un incremento económico en los costos del traslado y también representa una pérdida innecesaria de tiempo, que termina compensándose con el incremento final que tienen los diferentes rubros a nivel del consumidor.

Los entrevistados finalizan denunciando que el Estado debe identificar y controlar a estos inescrupulosos funcionarios que, valiéndose de su investidura, negocian y se enriquecen ilícitamente a costa de provocar la pérdida de la poca y maltrecha soberanía alimentaria que afecta la disponibilidad y acceso de los alimentos de la población aragüeña y de la zona centro norte costera y central del país.

Sucre se mantiene entre los 10 estados más violentos del país
Tiene una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes

 

Durante el año 2019, Sucre fue el sexto estado más violento del país, de acuerdo al Informe Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Con una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad oriental se ubicó detrás de Miranda, Bolívar, Aragua, Distrito Capital y Guárico.

El coordinador del OVV Sucre, Jesús Subero, indicó que los resultados no son alentadores frente a la emergencia humanitaria compleja que compromete el desarrollo del país, pues la criminalidad se ha adaptado a las oportunidades que le ofrece el  empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

De acuerdo al Informe Anual del OVV, Sucre se encuentra entre las diez entidades más violentas del país “en la lista decreciente de altas tasas, junto a territorios que no lo fueron históricamente como Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito con las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal que han modificado la geografía de la violencia”.

En la tasa del estado Sucre, el municipio Cajigal (Yaguaraparo) fue el más violento con 184 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, seguido de Valdez (Güiria) con 151 y Mariño (Irapa) con 143. Mientras Andrés Eloy Blanco (Casanay) registró 104 muertes, Cruz Salmerón Acosta (Araya) 68, Montes (Cumanacoa) 65 y Sucre (Cumaná) 53.

En ese sentido, Subero refirió que 90% de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 87% tenían edades comprendidas entre los 15 y 39 años, con lo cual, la violencia e inseguridad compromete el desarrollo de hombres jóvenes en edades productivas.

En cuanto al horario en que se cometieron los delitos, el monitoreo arrojó que 70% de los sucesos ocurrieron durante la semana, 53% en horas del día y 84% ocurrieron en la calle, mientras 8% se registraron en la casa de la víctima.

La situación de violencia e inseguridad en el estado Sucre ha propiciado la presencia de una red delincuencial o circuito criminal, que tiene su ámbito de operaciones en la troncal nueve (desde Puerto La Cruz hasta Güiria) y 10 (Cariaco-Maturín-hasta Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar).

Las actividades criminales que se desarrollan en estos dos corredores viales tienen como norte el interés de desplazarse hacia la zona del Golfo de Paria en los municipios Valdez, Arismendi, Mariño, Cajigal y Libertador, en los cuales se ha fortalecido el comercio ilegal de contrabando de drogas, oro cobre gasoil y trata de personas, que tienen como objetivo su traslado hacia las islas del Caribe.

Letalidad policial

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela vive una epidemia de violencia policial, porque las muertes por homicidios duplican la tasa de diez víctimas por cada 100 mil habitantes y así lo refleja el Informe Anual del OVV.

“La epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial”, precisó el informe.

En el estado Sucre las acciones de letalidad policial han dejado cicatrices que la sociedad no olvidará, como consecuencia de la aplicación de programas de seguridad nacional por parte del régimen durante los últimos 20 años, aunado a los abusos implementados como mecanismos de exterminio de la delincuencia que se ha fortalecido para controlar pueblos y caseríos, que en otrora eran considerados tranquilos.

En 62% de los sucesos el victimario era desconocido y 29% perteneció a un cuerpo de seguridad. Mientras el móvil fue, en 27% de los casos, por resistencia a la autoridad y 24% por ajuste de cuentas. 84% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego.

La desinformación ha sido un factor clave para los abusos de autoridad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues familiares de las víctimas no cuentan con prensa escrita en la entidad sucrense para denunciar públicamente los hechos y el panorama ha sido propicio para la manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Los casos de ajusticiamiento y letalidad policial en territorio sucrense se han convertido en una constante difícil de documentar por los factores mencionados, así como por las dificultades de comunicación que retrasan el desarrollo de la entidad y son aprovechados por la delincuencia que se ha desplazado desde el interior del país para utilizar las poblaciones sucrenses como refugio y ejercer el control del territorio para el fortalecimiento de delitos como el tráfico de drogas, combustible, personas y rubros como el cacao.

Durante 2019, el OVV Sucre documentó casos de letalidad policial a través del testimonio de familiares de víctimas como parte de una serie de entrevistas y grupos focales que permitieron recopilar y confirmar la situación que se intensificó en julio de 2019 con la entrada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la entidad y que, además, es monitoreada mensualmente por la institución a través del Observatorio de Prensa.

Con ello, el coordinador del OVV Sucre destacó la labor académica realizada por el OVV en ocho entidades del país, dentro de las cuales destaca Sucre a través de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente (UDO), “para vencer dieciséis años consecutivos de censura sistemática de la estadística oficial, manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones de la metadata”.

Incertidumbre en el municipio Gran Sabana tras detención de más de 10 indígenas
Se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión

 

Aún el sol no salía, era de madrugada y estaba cerca la víspera de Nochebuena. 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor y con él indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, al sur del estado Bolívar.

En el hecho se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión, después de tomar como rehenes al comandante de la unidad y dos oficiales.

Además, ocurrió otro asalto al 5102 Escuadrón de Caballería Motorizado (Escamoto) Coronel Hermenegildo Mujica Ramos, así como a un puesto de la Policía del estado Bolívar. Sin embargo, fue detenido un militar, identificado como Darwin Malaguera Ruiz, y las autoridades recuperaron el camión donde transportaban 82 fusiles, 60 granadas, un lanzacohetes, una ametralladora, seis bazucas y seis cajas de municiones.

Malaguera Ruiz, al igual que varios de sus compañeros, había desertado de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el 23 de febrero de 2019 y se asiló en Colombia y Brasil. El joven fue Sargento Mayor de Tercera de la Promoción 84.

Estuvo en Cúcuta, Colombia, desde febrero, y luego se separó del grupo principal junto a otros ex funcionarios que decidieron dirigirse a Brasil. Tras lo sucedido resultó herido y detenido; 16 horas después de los hechos fue que recibió atención médica cuando fue trasladado vía aérea a Ciudad Bolívar y llevado al Hospital Universitario Ruiz y Páez.

Darwin y el pemón Juvencio Gómez, fueron los primeros detenidos por el caso. Luego de ello se dieron allanamientos en dichas comunidades indígenas, así como la aprehensión de al menos 17 personas más, las cuales fueron trasladadas hasta Caracas donde se les imputan delitos de terrorismo y denuncian violación a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Un grupo de indígenas se llegó a trasladar hasta la ciudad capital a fin de denunciar lo que han estado viviendo. Hasta la fecha se desconoce que los mismos hayan tenido respuestas, conozcan de sus condiciones y paradero.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) instamos a las instituciones del Estado a que garanticen las normas del debido proceso y tutela judicial efectiva, y se avoquen a dar respuestas del caso garantizando el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas afectados.

Municipios más violentos de Aragua durante 2019 pertenecen a los ejes este y sur del estado
El más violento fue el municipio Santos Michelena con una tasa de muertes violentas de 272 por cada 100 mil habitantes

 

En Aragua, durante 2019, hubo siete municipios considerados muy violentos, por tener tasas de muertes violentas que superaron a la del estado (82). El más violento fue el municipio Santos Michelena con una tasa de muertes violentas de 272 por cada 100 mil habitantes (mil/hab.), triplicando la tasa de la entidad y quintuplicando la tasa de muertes violentas del país (60,3).

En segundo lugar está el municipio José Rafael Revenga, con una tasa de muertes violentas de 162 por cada 100 mil/hab., la cual duplica la tasa del estado y triplica la del país. José Félix Ribas ocupó el tercer lugar, con una tasa de 136 por cada 100 mil/ hab., 1,66 veces mayor que la tasa del estado y 2,27 veces mayor que la del país.

Le siguen el municipio Camatagua, al sur del estado, con una tasa de 130 por cada 100 mil/hab.; Zamora, con una tasa de 115; Bolívar, con una tasa de 107 y José Ángel Lamas con una tasa de 103 por cada 100 mil/hab.

Producto del monitoreo de prensa del OVV Aragua, se pudo observar que en el año 2019 se registraron 771 sucesos y 990 víctimas de homicidios, de las cuales el 96% son hombres, con edades comprendidas entre los 15 y 34 años.

Se evidencia que el 93% de los homicidios ocurrieron en día de semana y 61% en horario diurno. El lugar más frecuente de ocurrencia de los sucesos fue la calle (53%); sin embargo, 40% de éstos ocurrieron dentro de la casa. Según lo reportado en prensa, el 79% de estos sucesos violentos involucraron a varios victimarios. El 50% de ellos, funcionarios de organismos de seguridad del Estado y 45% por desconocidos.

Es importante señalar que la coincidencia sistemática de todas estas circunstancias relacionadas con las muertes violentas, son generadoras de un gran amedrentamiento o impacto emocional en la población, que se manifiesta primordialmente como impotencia y frustración entre los familiares, especialmente la población de niños y adolescentes testigos de estos sucesos, que podría a corto y mediano plazo estar influyendo, de alguna manera, con la acentuada reproducción de la violencia en el estado Aragua.

Según los reportes de prensa, el 51% de las víctimas recibieron asistencia médica, sin embargo ninguna sobrevivió, hecho que llama profundamente la atención e invita necesariamente a reflexionar en relación a la capacidad resolutiva actual de los servicios de emergencia de las redes de atención ambulatoria y hospitalaria de la región, así como de la letalidad de los hechos violentos que ocurren en el estado.