educación superior

LA MINISTRA ECUATORIANA de Gobierno, María Paula Romo, informó este domingo que 477 personas fueron detenidas durante las protestas en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles en Ecuador. 

En una entrevista televisada junto al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, Romo puntualizó que la mayor parte de las detenciones tienen que ver con actos de vandalismo que se desataron en medio de las protestas por el alza de los precios de los carburantes.

Comentó que el pasado jueves, durante el primer día de una huelga de los transportistas (suspendida parcialmente el viernes) se registraron actos vandálicos, saqueos, en los que participaron más de 3.000 personas.

Asimismo detalló que en los disturbios contra la decisión del Ejecutivo, se quemaron 12 patrulleros y se atacó a 11 ambulancias.

“Nunca la violencia es el camino y algunos han excedido en mucho lo razonable”, apuntó al añadir que “no es aceptable” que entre las medidas de fuerza se haya retenido a cerca de medio centenar de policías y militares.

Un hombre muere en medio de protestas

En Ecuador, un hombre murió en la provincia andina de Azuay cuando los bloqueos de carreteras impidieron el acceso de una ambulancia después de que fuera atropellado por un automóvil, informaron las autoridades a Reuters.

Por su parte, presidente, Lenín Moreno mostró su disposición para dialogar con los indígenas. En un corto mensaje televisado a la nación, el gobernante aseguró que está decidido a cambiar el país, a que se sancione a quienes han robado a la nación, a que se controlen los precios y se castigue a los especuladores, destaca EFE.

“Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país, estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas”, dijo.

Y añadió: “Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados”.

A los ecuatorianos en general, les pidió no prestarse “para que aprovechen aquellos que buscan el caos”.

Continúa suspensión de actividades escolares en Ecuador tras protestas

En horas de la tarde de este domingo, el Gobierno ecuatoriano anunció que no se reanudarán las actividades escolares en la Sierra este lunes 7 de octubre como se había anunciado la noche del pasado sábado en cadena nacional. 

“En virtud de garantizar la seguridad y precautelar la integridad de niño, niñas y adolescentes se ha dispuesto mantener suspendidas las clases en el régimen Sierra este lunes 7 de octubre del 2019”, señaló este domingo el Gobierno de Lenín Moreno. 

Por su parte, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) indicó en un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, que en el marco de la autonomía universitaria y del “estado de excepción que vive el país”, recomienda a las instituciones tales como universidades, politécnicas e institutos realizar un análisis de seguridad y movilidad de cada provincia, para retomar las actividades académicas, teniendo como prioridad salvaguardar la integridad de los estudiantes. 

 

*Con información de El Comercio, EFE y Reuters

 

 

EL INICIO DE LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA SE REMONTA al  22 de diciembre de 1721 cuando, el Rey Felipe V, aprueba llevar el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima a Real Universidad de Caracas. Un año más tarde por Bula papal recibe también el rango de Pontificia, convirtiéndose en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Posteriormente, en 1827 se aprueban los nuevos estatutos republicanos impulsados por el Claustro Universitario, liderizado por el Dr. Jose Maria Vargas, y por el nuevo Ejecutivo Nacional presidido por  el Libertador Simón Bolivar. Estos nuevos estatutos eliminan la discriminación social y racial en el ingreso a los estudios y la docencia universitaria.

Por iniciativa del Libertador recibió bienes inmuebles, entre ellos las mejores haciendas de cacao y café del país, para permitirle disponer de rentas suficientes para su funcionamiento y crecimiento.

Esta nueva Universidad autónoma, en Institutos y recursos, se  desarrolla en un ambiente crítico, cientificista y experimental hasta que, en 1870, bajo las tiranías de Antonio Guzman Blanco y Joaquín Crespo, entre 1870 y 1898, la universidad sufre despojos de su autonomía y de su patrimonio. En 1899, en resistencia a dichas arbitrariedades una protesta cívica de ciudadanos y estudiantes derriban las estatuas erigidas en adulación a las tiranías. Es allí, en la última década del siglo XIX, que comienza la resistencia universitaria a los regímenes totalitarios, resistencia que se ha mantenido hasta hoy día.

La Universidad tiene como propósito fortalecer la formación integral iniciada en los ciclos inferiores y formar equipos de profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo y el progreso del país. Para ello debe enseñar al estudiante a aprender a aprender. Y eso solo puede asegurarlo si el estudiante aprende a analizar, a razonar, para llegar a las conclusiones que le permitan darle respuesta a los diferentes problemas a los cuales se enfrentara en su vida profesional.

Además, la Universidad también tiene, como tarea fundamental, permitir el libre debate de las ideas, del pensamiento crítico y, por lo tanto,  ser una Escuela de Democracia. Y esto último, convierte a la Universidad en sinónimo de libertad y, es por ello, que las Universidades han sufrido y sufren el ataque permanente de los dictadorzuelos de turno.

Podríamos decir que la Universidad venezolana de excelencia: la de docencia, investigación y extensión en las diversas áreas del conocimiento, tiene su partida de nacimiento con la Democracia, en 1958. Previo a ello, se realizaba investigación, se creaba conocimiento, en muy pocas áreas. A partir de ese año, comienzan a crearse organismos internos como los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico a los cuales les correspondió organizar, entre otras,  políticas de financiamiento de proyectos de investigación, financiamiento de eventos científicos y la política de desarrollo de cuadros profesorales que, además de impartir docencia, crearan conocimientos; es decir, la implementación de políticas de desarrollo de RRHH, al más alto nivel internacional, en las mejores Universidades y Centros de Investigación del mundo. Unido a ello, comienza una etapa de contratación de docentes investigadores en todas las áreas del conocimiento: españoles, franceses, ingleses, alemanes, húngaros, checos, serbios, croatas, rumanos, rusos,  … que, huyendo de la miseria, de la represión y/o de las tiranías, vinieron a reforzar la construcción de esa Universidad de excelencia. Estos maestros, junto a los cuadros venezolanos, que ya comienzan a retornar al país con estudios de maestría y doctorado, inician la instalación nuevos laboratorios y líneas de investigación y desarrollo, … en las distintas áreas del conocimiento. Se comienzan a renovar y actualizar los laboratorios de docencia y las bibliotecas, para adecuarlos a los nuevos tiempos. Los estudiantes de pregrado, en la medida que avanzan en sus carreras, son captados por esos docentes investigadores de alto nivel académico, para realizar sus trabajos especiales de grado, muchos de los cuales comienzan a publicarse en revistas nacionales y en revistas internacionales de alto impacto.  Este impulso es alimentado por un grupo significativo de profesionales, también de alto nivel que, huyendo de las dictaduras del cono sur recalan en nuestra Venezuela. Argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos, paraguayos, … se incorporan a los cuadros profesionales antes señalados.

La Universidad se desarrolla, se ubica entre las primeras de América Latina; nuestros egresados, en su gran mayoría, muy bien formados, se incorporan a las diversas industrias que comienzan a florecer en el país. PDVSA, PETROQUIMICA, SIDOR, INTERALUMINA, VENALUM, Ferrominera, … entre las públicas, pero también a las muchas empresas privadas del plásticos, cemento, alimentos, metalmecánica, farmacéuticas, construcción, … Ello ocurrió no solo en las áreas de ciencia y tecnología, también se llevo a cabo en el  área de la salud donde nuestros hospitales públicos y privados comienzan a aplicar conocimientos y técnicas de punta en el tratamiento de diversos padecimientos. Y no podemos olvidar a las indispensables Ciencias Sociales y a las Humanidades que también se desarrollan como nunca en el país. Simultáneamente, con la Democracia, también nace la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, y para desarrollar las regiones, se crean nuevas Universidades,  Institutos Tecnológico y Colegios Universitarios. La Universidad de Oriente, la Universidad del Táchira, la Universidad Simón Bolivar, la Universidad Lisandro Alvarado, la Universidad Francisco de Miranda, la Universidad Ezequiel Zamora, la Universidad Romulo Gallegos, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio Jose de Sucre, la Universidad de Guayana, … Universidades de verdad-verdad, no centros de adoctrinamiento como los creados en los últimos 20 años.

También,  a principio de 1958, individuos preclaros se agrupan y crean las Asociaciones de Profesores, los Institutos de Previsión Social y los Fondos de Jubilaciones, para luchar por condiciones laborales dignas, libertad de cátedra, salarios apropiados y una previsión social adecuada, tanto para los docentes investigadores como para sus familiares. Sus estatutos fundacionales  tuvieron como fundamento, cito:

1) Defender y enaltecer la función ductora de la Universidad en la vida nacional

2) Ser órgano de expresión del pensamiento del personal docente y de investigación sobre las cuestiones pertinentes a la enseñanza, al profesorado y a la organización de la Universidad

3) Contribuir a la marcha normal de la Universidad

4) Propiciar y mantener la unidad del profesorado sin distinciones de credos, partidos ni nacionalidades

5) Defender  la libertad de Cátedra y la inviolabilidad del recinto universitario y

6) Luchar por la dignidad, el bienestar, la protección social, la estabilidad y el escalafón de todo el profesorado universitario.

Se firman Actas Convenio de vanguardia que permitió que muchos de nosotros, aun tentados por mejores condiciones económicas, nos decantáramos por la actividad laboral en nuestras Universidades anteponiendo el ambiente de libertad, autonomía y creatividad a las tentadoras ofertas económicas del sector privado. Y, es gracias a estas instituciones creadas por nuestros dirigentes profesorales, que muchos de nosotros pudimos, en aquellos tiempos, adquirir una vivienda digna, vehículo, disfrutar de espacios de recreación, atención medica de calidad  …

Claro que todo no fue color de rosas. Aun en tiempos democráticos, la Universidad tuvo que luchar para preservar su autonomía y por presupuestos acordes a su noble labor. Y allí, nuestros dirigentes profesorales siempre estuvieron en el frente de batalla, algunas veces acompañados de las autoridades de turno pero, otras veces, haciéndolo solos.

No digo esto para congraciarme con el auditorio, sino por convicción, por haberlo vivido, ya que antes de llegar a ser Vicerrector y Rector, fui un docente investigador, que muchas de las cosas que obtuvo, fue gracias a esas instituciones:  la Asociación de Profesores, el Instituto de Previsión Social y el Fondo de Jubilaciones,  que me permitieron mantener un nivel de vida adecuado, para mis familiares y para mí y así, poder dedicarme en cuerpo y alma a la docencia, a la investigación y a la extensión universitaria.

Mis hijos estudiaron en los excelentes Centros Educativos de la Asociación.

La atención medica de mis familiares, en especial de mis padres, fue gracias a la política previsional creada por las ya citadas Instituciones.

Mi primera vivienda y mi primer vehículo fueron obtenidos con préstamos del IPP.

Mis vacaciones, además del Bono Vacacional obtenido por acta convenio, eran complementas por prestamos de la Caja de ahorros.

Mi pensión de Jubilación y su homologación es gracias a las luchas de las Asociaciones de Profesores.

Este conjunto de cosas antes citadas, inversión, formación de recursos humanos, libertad, previsión social,  … dio como resultado una Universidad pujante, de excelencia, reconocida mundialmente.

Ante lo que les ha tocado vivir en los últimos años, las nuevas generaciones de docentes investigadores, creerán que les estoy mintiendo pero, todo esto que les he relatado ocurrió, es cierto. Lo vivimos, no fueron fantasías.

Sin embargo, todo este avance, todo este desarrollo, ese mundo perfecto, entre comillas, se fue  degradando, difuminando, hasta llegar a la situación actual.

A principios del año 2001, grupo radicales, con una violencia inusitada, asaltan sin éxito, nuestras Universidades para ponerlas al servicio de un pensamiento único (testigo de excepción de ello, el Rector de la ULA del momento, mi amigo el Prof Genry Vargas). Al no lograrlo, comienza un  acoso político partidista brutal, a nuestras Instituciones, que se ha mantenido hasta nuestros días.

Entre 2008 y 2012, comienza el cerco jurídico a las Universidades. Modifican irregularmente la Ley Orgánica de Educacion para obligar a las Universidades a desconocer el Articulo 109 de la Constitución. Al no acatar dicha irregularidad, a través de Amparos Constitucionales írritos, validados por una “Justicia” al servicio del poder de turno, impiden la renovación de Autoridades Decanales y Rectorales. Pero, la Universidad autónoma, la que tiene espacios para todas las formas de pensamiento, la que rechaza toda forma de dogmatismo, la que rechaza todo intento de subordinar la verdad, la Universidad irreverente,  se ha mantenido erguida, abierta, luchando por defender su autonomía y sus espacios de libertad.

A finales de la primera década del 2000, con la crisis económica comenzando a desarrollarse y las Universidades, no dando su brazo a torcer, los presupuestos universitarios comienzan a ser cada vez mas deficitarios, no hay reposición de cargos, cuando un profesor titular o de otra categoría -a dedicación exclusiva  y con título de maestro o doctor- se jubila, comienza a ser sustituido por un instructor contratado por horas. Los laboratorios de docencia y de Investigación casi impedidos de funcionar por falta de insumos o por equipos dañados que no pueden repararse y menos reponerse. Y las bibliotecas pierden la actualización que tuvieron en años anteriores. Los gastos de funcionamiento e inversión no permiten mantener condiciones mínimas de salubridad en Escuelas, Institutos y Facultades. Plantas físicas deterioradas por falta de mantenimiento.  Equipamiento tecnológico cada vez menos actualizado. Aunque muchos no lo crean, las asignaciones presupuestarias, para gastos de funcionamiento e inversión, a Escuelas e Institutos no llegan a 1 mil bolívares anuales.

Informes de los Consejos de Desarrollo Científico y Humanísticos de la UCV y de la ULA, preparados por los Prof. Félix Tapia y Alejandro Gutierrez  respectivamente, confirman la grave problemática para la formación de nuestros Recursos Humanos, para el financiamiento de las labores de investigación y la actualización tecnológica en nuestras Universidades.

Tomando estadísticas del CDCH de la UCV podemos ver la debacle de la Universidad venezolana:

1.- Mientras que el año 2000 teníamos 148 profesores realizando estudios doctorarles en el exterior, en el 2010 solo se contaba con 39 y en el 2017, apenas 14, muchos de ellos becados por organismos internacionales, lo cual no asegura su retorno al país.

2.- En lo que respecta a proyectos de investigación, mientras en el 2000 se financiaron 469, en el 2010 solo se aprobaron 164 y en el 2017, apenas 6.

3.- En relación a la asistencias a eventos internacionales, en el 2000 se financiaron 480, en el 2010, 2 y en 2017, ninguna. Hace 3 años que este programa está suspendido.

4.- Si hablamos de eventos nacionales, la situación es similar de dramática. En el 2000 909, en el 2010 31 y en el 2017 apenas 5.

Esta grave situación se repite en la ULA y en todas las demás Instituciones de Educacion Superior.

A todo esto agreguémosle que:

– un Decreto presidencial, considera como gastos suntuarios la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas, la asistencia a eventos en el exterior y el financiamiento de los programas de publicaciones de los CDCHT

– los recursos que el Ejecutivo Nacional recauda, año tras año, por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI, no son destinados para los fines que dicha Ley dispone; es decir, financiamiento de proyectos de investigación, equipamiento científico, adquisición de revistas, realización de seminarios nacionales e internacionales.

Como bien señala el Prof. Alejandro Gutierrez, en su informe anual como Coordinador General del CDCHT de la ULA, cito “La ciencia venezolana atraviesa la peor crisis y se encuentra aislada del mundo científico en el momento en que la humanidad vive una nueva revolución tecnológica”.

Como si no fuera suficiente todo lo antes señalado, este mismo año 2018, el gobierno decide arbitrariamente la eliminación de los tabuladores salariales concebidos de acuerdo a la meritocracia del trabajador de modo que las personas puedan ascender en la medida que se van formando, preparando, de forma que haya una remuneración distinta, como un estimulo al concurso de los trabajos.  Es decir, a todo lo anterior hay que agregarle una nivelación salarial por abajo. Este nuevo método original de agresión a la Universidad venezolana, impone unas condiciones laborales que condenan al trabajador universitario a la pobreza extrema ya que se desconocen las contrataciones colectivas, actas convenio y tabuladores salariales del sector público en general y del universitario en particular. Este drama social y humano ha conducido a diversos Consejos Universitarios de Universidades Autónomas a declararse en Emergencia Financiera Compleja en sus instituciones pues sus comunidades se han visto privadas de derechos que le garanticen una vida digna.

Todo este conjunto de eventos, ha traído que en los últimos años que los concursos sean declarados desiertos y que se haya producido una  la fuga masiva, no solo de docentes investigadores, sino también de empleados y obreros especializados, acompañada de una deserción estudiantil que en muchos casos sobrepasa el 40 y el 50%. Y es que el ascenso social que nos proporciono, con todos sus defectos, los 40 años de vida democrática, desapareció en estos últimos 10 años.

Si bien tres o cuatro Universidades, UCV, ULA, USB y la UCAB,  siguen apareciendo entre las mejores de América Latina, ello es producto de la inversión de Educacion Superior y Ciencia y Tecnología de 40-50 años anteriores.

No es verdad que las Universidades públicas estén bien, aunque aparezcan posicionadas de manera relevante en los diferentes sistemas de evaluación. Esos resultados son las secuelas de las inversiones del pasado.

Todos sabemos lo que se debe hacer para revertir esta dramática situación. Bien lo señala, entre otros, el Prof. Tulio Ramirez, Director del Doctorado en Educacion de la UCV y ahora de la UCAB:

1. Diversificar la oferta educativa
2. Diseñar una política de financiamiento
3. Mejorar sustancialmente los sueldos y beneficios sociales de los trabajadores
4. Crear un sistema nacional de acreditación
5. Reformar la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
6. Impulsar la oferta de carreras de pregrado y cursos de postgrado en línea. Es decir, virtualizar las carreras universitarias.
7. Hacer cumplir el Articulo 109 de la Constitución que sin equívocos establece la Autonomía de nuestras Universidades y se permitan, entre otras cosas,  elecciones de Autoridades.
8. Crear un tentador programa de “Retorno al País”.

Mientras tanto, nos toca a cada uno de nosotros innovar en tiempos de crisis, sobretodo en una crisis tan profunda como la que vivimos donde alimentarse y transportarse es cada vez más difícil, donde adquirir libros y revistas especializadas es imposible, donde hasta sacar una copia se hace cada vez mas inaccesible. Como dice mi amigo, el Rector Lester Rodriguez, hablar de educación de calidad en estas condiciones, es imposible. Pero no debemos desmayar en nuestras labores de docencia e investigación y en especial en las de docencia. Debemos retener a nuestros estudiantes, motivarlos a seguir adelante, para que la desesperanza no nos los arrebate. La desesperanza no puede apropiarse de nuestras Universidades, no puede adueñarse del país.

No podemos dejar la educación de los nuevos profesionales, que no son otra cosa que el futuro del país, en manos de improvisados que quieren graduar maestros en 2 años y médicos, científicos, ingenieros en 3 años.  Allí, las Asociaciones Profesores, junto con las Autoridades universitarias y la comunidad universitaria toda, tienen un rol fundamental que jugar y, no tengo la menor duda que, como en otros tiempos, estarán en primera línea para defender a la Universidad venezolana y a su autonomía, que no es otra cosa que la defensa la democracia, de la libertad de expresión, del respeto al que piensa distinto, es la defensa de los contrapesos institucionales, que nos dan la autonomía de los diferentes poderes del Estado. No debemos de olvidar que la Universidad es la conciencia de la nación, sobre todo ahora que nuestro sistema de libertades corre tanto peligro frente a las trampas de la demagogia, el populismo y el fanatismo ideológico.

Como bien señala el abogado y escritor nicaragüense Sergio Ramirez, Premio Cervantes de Literatura 2017, vicepresidente del primer gobierno sandinista, y hoy acérrimo enemigo del despotismo que somete al pueblo nicaragüense, cito: “La democracia necesita ser defendida con las herramientas del pensamiento crítico elaborado en los recintos académicos. En el ejercicio de su autonomía, y en el libre debate de las ideas, las Universidades deben ser Escuelas de democracia”  … “La primera predica de la Universidad, que por su naturaleza y su misión encarna la diversidad, es el beneficio de la libertad, para cerrar así el paso a la intolerancia de quienes no admiten el pensamiento ajeno y buscan anularlo. Quienes expulsan de las Universidades toda forma diferente de pensar, son quienes terminan levantando los cadalsos e inflamando las hogueras donde empiezan quemando libros y terminan quemando personas”, fin de la cita.

Es por todo ello y mas que nuestras Instituciones deben mantenerse abiertas, en pie de lucha, exigiendo condiciones apropiadas de funcionamiento para que la Casa pueda seguir venciendo la sombra de la ignominia, la barbarie, de la tiranía.

Como bien señala el Ing. Jose Ignacio Moreno Leon, ex Rector de la Universidad Metropolitana y ex Ministro de Energía y Minas de Venezuela, cito “debemos recordar, una y mil veces, que el pluralismo, la alternancia en el Poder y la objeción de conciencia no son adornos del pensamiento burgués sino conquistas de la humanidad”.

Nosotros tenemos razón. Debemos seguir luchando. No podemos desfallecer, no debemos desfallecer.

Debemos seguir luchando por la Universidad que queremos, los que queremos a la Universidad Autónoma.

Debemos seguir luchando por la Venezuela que queremos, los que queremos a Venezuela libre y democrática.

 

 

@RECTORGIANNETTO

Según Monitor de Víctimas, 87,5 % de las personas que murieron por causas violentas nunca cursaron estudios superiores

Quienes caen en medio de ajustes de cuentas, ejecuciones, resistencia a la autoridad o enfrentamientos entre bandas suelen tener un nivel educativo menor que quienes matan durante robos y secuestros o por violencia de género o política

“En la medida en que el adolescente se desvincula del hecho educativo, aumenta la posibilidad de que ingrese a cualquier círculo de violencia en su entorno”, afirma Fernando Pereira, coordinador general de Cecodap

 

@loremelendez

GERARDO ANTONIO DABOÍN VELÁZQUEZ solo terminó la primaria. Su familia dice que aunque sus padres lo llevaron a psicopedagogos y psicólogos, no tenía interés por estudiar. En su lugar, prefirió trabajar como ayudante de electricista, oficio con el que se mantuvo hasta que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana lo mataron en marzo pasado dentro de su propia casa, en la calle Real del sector La Gran Parada, en Carapita, al oeste de Caracas. Tenía 26 años y un hijo.

En otro procedimiento, el mismo cuerpo de seguridad ejecutó, de acuerdo con el testimonio de sus allegados, a Richard José Silva, de 21 años, en el urbanismo de la Misión Vivienda Nuevo Barrio Macarao, al suroeste de la capital venezolana. Sucedió el pasado 27 de abril, a las 5 de la mañana y todo lo ocurrido se debió a una confusión: en la torre que estaba frente a la suya, vivía un joven con el mismo nombre que sí estaba implicado en robo, secuestro y extorsión. Este último era a quien buscaban los uniformados. Pero en el momento de la operación, no estaba allí.

Richard, cuentan los suyos, tampoco llegó a bachillerato. Apenas alcanzó el 5to grado de primaria porque tenía problemas visuales y de aprendizaje que nunca se trató. Aprendió a leer y a escribir y a los 18 comenzó a trabajar. Se fue unos años hasta el oriente venezolano, específicamente a Cumaná, estado Sucre, donde laboró como vendedor de pescados. Había regresado este año a Caracas, donde había montado en su casa una “lotería de animalitos”. A ratos también trabajaba como obrero de la construcción.

Las FAES simularon un enfrentamiento cuando ejecutaron a Richard Silva. Foto: Cortesía de los familiares de la víctima

La mayoría de las víctimas de homicidio en el Área Metropolitana de Caracas casi nunca supera el bachillerato. Muchos de ellos solo estudiaron hasta los primeros años del ciclo básico (de 1ero a 6to grado) y buena parte no logró culminar sus estudios de educación media.

Los datos recogidos por Monitor de Víctimas en su primer año arrojan que 87,5 % de las víctimas de homicidios en Caracas no llegaron a tener estudios superiores o universitarios.

En el transcurso de 13 meses (entre mayo de 2017 y mayo de 2018) se registraron 1.739 homicidios. De estos, se pudo conocer el nivel educativo que habían alcanzado 1.105 víctimas. Así se confirmó que 453 (40,9 %) solo habían estudiado primaria y que 516 (46,6 %) llegaron hasta secundaria.

El último censo poblacional realizado en Venezuela por el Gobierno nacional, en el año 2011, estableció que la población que solamente había estudiado hasta primaria o secundaria estaba estimada en 67 % (17.354.987 de 25.780.537 de habitantes), un número que resulta 20 puntos porcentuales menor al de las víctimas de homicidio que cursaron esas mismas etapas del sistema educativo: 87,5 %. Tal contraste señala que a menor educación hay mayor probabilidad de estar expuesto a una muerte violenta.

“La escuela permite, de alguna manera, que los muchachos estén ocupados. No habiendo opciones vacacionales que te ofrezcan una alternativa o una recreación de manera segura y protegida, aumentan las muertes violentas y los homicidios, así como la posibilidad de que los niños y los adolescentes se involucren en actividades del circuito de la violencia con consecuencias fatales. En la medida en que el adolescente se desvincula del hecho educativo, aumenta la posibilidad de que ingrese a cualquier círculo de violencia en su entorno”, señala Fernando Pereira, fundador y coordinador general de Cecodap, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

Para el experto, la escuela representa una especie de muro de contención ante la violencia para los más jóvenes. La afirmación la hace con base en el seguimiento que, entre 1997 y 2009, hizo Cecodap a través de la revisión de los anuarios de mortalidad del Ministerio de Salud, en los cuales se observó que durante los meses de vacaciones (julio, agosto, septiembre, enero) aumentaban los homicidios de niños y adolescentes.

Un caso similar al de Daboin y Silva es el de Darwin José Valecillos Colmenárez, quien nunca pasó de primer año de bachillerato. Un familiar dice que “como todo muchacho, empezó motivado”, pero poco después dejó la escuela para ponerse a trabajar como albañil. En ese mismo oficio se desempeñaba hasta que el pasado 13 de mayo, Día de las Madres, lo mataron para quitarle su moto. Tenía 24 años y tres hijos.

De acuerdo con la sociólogo e investigadora Verónica Zubillaga, los más vulnerables a los homicidios siempre son también los más excluidos. Las víctimas, comentó, suelen ser hombres jóvenes y morenos que han recibido poca o ninguna educación, de allí a que muevan su economía a través de pequeños trabajos o estén subempleados, tal como lo estuvieron Gerardo, Richard y Darwin.

Por eso no es casual que los daos de Monitor de Víctimas arrojen también que, además de no haber cursado estudios superiores, el oficio de obrero o albañil sea el más común entre las víctimas de homicidio, sobre todo en aquellos que solamente cursaron los primeros años de estudio: 86 de los que habían alcanzado primaria y 87 de los que llegaron a secundaria tenían esta ocupación.

“Economías ilícitas” como alternativa

Las causas de los homicidios de la mayoría de estas víctimas parecen ir de la mano con el grado de instrucción que recibieron los afectados. Las brechas entre quienes cursaron estudios superiores y quienes no, son mayores en móviles como ajustes de cuentas, ejecuciones, resistencia a la autoridad, riña o pelea y enfrentamiento entre bandas. En cambio, estas se reducen cuando las personas caen en medio de robos, secuestros, violencia de género y violencia política.

Los nombres de Gerardo Antonio Daboín Velázquez y Richard José Silva están entre los 301 casos de caraqueños ejecutados por cuerpos de seguridad entre mayo de 2017 y mayo de 2018. Así como ellos, hay otras 116 personas asesinadas por la misma causa que tampoco superaron la educación primaria. En este grado de instrucción, por cierto, está el grupo más numeroso de víctimas en este móvil. Les siguen otros 109 ejecutados que estudiaron hasta secundaria y cuatro que no tenían ningún tipo de estudio. Solo 9 víctimas de ejecuciones habían llegado a la universidad. En 61 de los casos registrados no se consiguió este dato.

Algo similar ocurre cuando se revisan las cifras de los homicidios por resistencia a la autoridad, es decir, aquellos caídos que supuestamente sostuvieron enfrentamientos con cuerpos de seguridad, tal como ocurrió con Edwin García, en la calle San Marín de San Agustín del Sur, al oeste de Caracas. Aunque su familia se negó a dar detalles del caso, sí admitió que el joven de 24 años delinquía, tenía antecedentes penales y que murió en medio de un operativo de las FAES en el sector donde residía. Solo había estudiado primaria. “Él era malandro”, afirmó un pariente cuando se le preguntó a qué se dedicaba.

En esa misma calle, pero en junio de 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le dispararon a Luigi Alfredo García González cuando este huía de la casa de su abuela. El joven, de 25 años, dejó huérfanos a cuatro niños. Había estudiado hasta primaria al igual que Edwin García y se desempeñaba como albañil.

Aunque en la mayoría de los casos de resistencia a la autoridad –210 de 305– no se pudo obtener este dato, sí se conoció que 44 habían estudiado hasta secundaria y que 42 lo hicieron hasta primaria. Cuatro víctimas eran universitarios y 5 no tuvieron ningún tipo de educación.

La sociólogo Zubillada afirma que muchas veces las víctimas de homicidio, al no tener oportunidad de optar por un empleo formal o de permanecer dentro del sistema educativo, se ven obligados a moverse en medio de “economías ilícitas”, es decir, ganan dinero a través de actividades que son un delito, como la venta de drogas, la extorsión o el robo. Otras tantas veces, lo que las motiva a unirse a bandas armadas es el hecho de no ver procesos de justicia, esto quiere decir que: “Se ven forzados a cobrar una muerte de algún familiar cercano y por eso terminan en grupos criminales, generalmente en posiciones bajas, como vigilantes”, recalca. En ambas situaciones se convierten en un blanco fácil de las fuerzas policiales.

“Todo esto es producto de un profundo proceso de exclusión social”, resalta la investigadora. Señala que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna) ampara y vela por el bienestar de los muchachos hasta que cumplen 18 años. “Pero después de la mayoría de edad, los jóvenes quedan en una especie de limbo, sin una legislación que los proteja, es un sector social huérfano”, dice y agrega que ni siquiera el plan Chamba Juvenil, creado por el gobierno de Nicolás Maduro, ha logrado ocuparse de este grupo etario que termina empleado como albañil en obras públicas, sin afiliación al seguro social, con sueldo mínimo y sin posibilidad de una reinserción escolar.

Pereira coincide con Zubillaga y enfatiza que, en Venezuela, el fenómeno de los “ni-ni” –término acuñado para los jóvenes que ni estudian ni trabajan– se agrava porque en el país no hay, fuera del sistema educativo, opciones de capacitación que permitan a los jóvenes insertarse en el mercado laboral. “Ha habido un desmantelamiento de las opciones de recibir formación alternativa a la tradicional, tal como lo eran el INCE y las escuelas técnicas. Entonces, dejas a los jóvenes sin opciones, sin empleo y sin estudio”, subraya.

La crisis venezolana, dice, empeora el escenario. “En una economía en contracción y con decrecimiento, las posibilidades de empleo son menores para los menos capacitados y experimentados. Por eso, para los adolescentes desocupados, los factores de riesgo y peligro aumentan porque no encuentran oportunidades y las opciones que hay son acceder al dinero fácil y rápido, que lo encuentras en las actividades al margen de lo legal y que implican estar asociados a la violencia. Esto pasa sobre todo en una economía donde los ingresos que se pueden percibir con un empleo formal no son suficientes”, sostiene el directivo de Cecodap.

Universitarios víctimas en robos

El cadáver de Toro Alzaibar fue hallado dentro de su consultorio por uno de sus colegas. Foto: Lorena Meléndez G.

En el móvil de robos, en el que se registraron 356 muertes, hay mayor cantidad de víctimas que cursaron tanto estudios superiores (51) como de cuarto nivel (6). Entre ellas está el gineco-obstetra René Gustavo Toro Alzaibar, de 58 años de edad, asesinado dentro de su consultorio en la Clínica Las Ciencias, en la urbanización Los Chaguaramos, parroquia San Pedro del Distrito Capital. Al médico lo mataron el 18 de agosto de 2017 un hombre y una mujer que ingresaron a su lugar de trabajo como si fuesen pacientes. Lo apuñalaron para robarse su laptop, el teléfono celular y los cables traductores del equipo para ecosonogramas.

Hubo 133 personas que murieron en medio de asaltos que solo llegaron a secundaria y otras 89 que lo hicieron hasta primaria. En 74 de los casos no se pudo registrar el dato del nivel educativo.

Las víctimas de violencia de género también tienen un mayor nivel educativo que el que registran el resto de otros móviles de homicidios en Caracas. Durante los 13 meses que abarca esta investigación hubo 18 casos y, entre estos, ocho de personas que cursaron hasta secundaria, cuatro que llegaron a la universidad y dos con postgrado.

Una de estas víctimas fue Amarís Martínez, una odontopediatra y ortodoncista de 39 años, quien fue asesinada junto a su hija por su esposo, Leonardo Brant, el 13 de noviembre de 2017. Ambos se habían separado. Brant su suicidó luego del hecho.

El otro asesinado por violencia de género con estudios de cuarto nivel fue Pedro Enrique García, gastroenterólogo, profesor universitario y hermano del periodista Javier García, que fue asesinado una década atrás en el mismo apartamento del edificio Alto Alegre de Colinas de Bello Monte, municipio Baruta del estado Miranda.

García, el médico, tenía 50 años de edad cuando fue hallado muerto en su casa en marzo pasado. Su victimario, un hombre con quien había entrado a su residencia, lo golpeó con un tubo hasta matarlo luego de que mantuvieron una discusión.

Es precisamente en la franja etaria de García –entre 46 y 55 años– en la que se ubica la mayor cantidad de víctimas con estudios de cuarto nivel: tres. Solo dos personas menores de 46 años, de las 1.105 registradas con el dato del nivel educativo, habían hecho postgrados.

Una posible causa

Para Zubillaga, la explicación de estos crímenes también está en la cantidad de pistolas, revólveres, fusiles y escopetas que hay en circulación en el país. “Hay una elevada proporción de armas de fuego con respecto al resto de la región y esto hace que las peleas, que antes eran a puños, ahora sean letales”, indica.

En el Área Metropolitana de Caracas, los datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y 2018 indican que 9 de cada 10 homicidios se cometieron con armas de fuego, un número muy superior incluso al promedio del continente americano, el cual se sitúa en 74 %.

En el móvil de violencia política, las víctimas llama la atención que las víctimas tienen un nivel educativo más elevado que el resto. Los 11 muertos registrados cayeron en medio de los cuatro meses de protestas antigobierno de 2017. ¿Quienes salen a la calle por reclamos políticos están, académicamente, mejor preparados?

La mayoría (7) eran jóvenes que cursaban o acababan de salir de bachillerato, como Neomar Lander, de 17 años, quien murió presuntamente por el golpe de un objeto contundente en el túnel que conecta la avenida Libertador con Chacao, en el estado Miranda.

También hubo tres universitarios, entre ellos estaba David José Vallenilla, de 22 años, quien se desempeñaba como técnico en Enfermería. Fue asesinado cuando un policía de la Fuerza Aérea Venezolana le disparó mientras manifestaba frente la Base Aérea de La Carlota.

A David Vallenilla lo mataron el 22 de junio de 2017. Foto: Cortesía de los padres de la víctima

Los que nunca pasaron de secundaria

Las cifras de Monitor de Víctimas también revelan que existen móviles en los cuales ninguna víctima estudió más allá de secundaria. Ese es el caso de los linchamientos y sicariatos.

Alberto Roldán Lorenzo fue víctima de un asesinato por encargo, así como otras 9 personas que mataron entre mayo de 2017 y mayo de 2018. La madrugada del 10 de febrero de este año, dos hombres que se trasladaban en moto lo atacaron cuando iba a bordo de su camioneta, una Volkswagen Touareg, por la Séptima Avenida de Los Palos Grandes. Vecinos señalaron que le dispararon al vehículo para que se detuviera y, cuando lo hizo, abrieron la puerta y descargaron sus armas. La víctima, de 43 años, recibió más de 7 impactos de bala. Solo había cursado primaria, al igual que otras dos víctimas de sicariato. En este móvil también se registraron seis personas que habían estudiado bachillerato.

En el período consultado para esta investigación se registraron 12 linchamientos. De los asesinados, cinco estudiaron hasta primaria y otros dos hasta secundaria. En los cinco casos restantes no se pudo obtener el nivel educativo de las víctimas.

Uno de los linchados fue Gilber José Coatindioy, de 18 años. El hecho sucedió la tarde del 17 de agosto en la calle Los Frailes de Carapita, parroquia Antímano del municipio Libertador del Distrito Capital. El joven cursó solamente primaria porque debía ayudar a su madre y cuidar a sus hermanos en casa. Según la versión policial, el muchacho había sido sorprendido robando un negocio de la zona junto a otros dos jóvenes. Una poblada se abalanzó sobre ellos. Mientras que los otros escaparon, Coatindioy fue golpeado y rematado con un disparo. Su familia duda que haya estado cometiendo un delito.

Zubillaga insiste en que, para muchos jóvenes, involucrarse en negocios ilícitos termina siendo una forma de sobrevivir. La versión policial indica que esto pudo haber sucedido en este caso. Aquella mañana de agosto, en la morgue de Bello Monte, los parientes de Coatindioy confesaron que no tenían dinero para enterrarlo.

El ministro para la Educación Universitaria, Hugbel Roa, informó que, junto a la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde) revisará los costos de matrícula de las universidades privadas del país.

El ministro se reunirá con William Contreras, el superintendente de la Sundde, “para revisar qué está ocurriendo con el costo de las matrículas”, ya que las universidades deben trabajar en la sostenibilidad, pero no la rentabilidad, destacó durante una entrevista en La Pauta de Hoy de Venezolana de Televisión.

Roa opina que los costos de las matrículas no se deben regir por el precio de las divisas, porque los profesores ganan en bolívares y no poseen materias primas que sean adquiridas en moneda extranjera. “En cualquier momento se les va a llamar para ver qué están ofreciendo ellos”.

Asimismo, respecto a el paro que los profesores anunciaron este miércoles en rechazo a la decisión de fijar un nuevo seguro médico a profesores universitarios, señaló que “no tienen necesidad de paralizar ninguna universidad para establecer con nosotros ningún tipo de diálogo (…) Venimos de la lucha universitaria”.

El ministro declaró como “chantaje y manipulación” el paro de profesores e indicó que “Nosotros no vamos a permitir que con un esquema de violencia, de chantaje y de manipulación, porque se busca manipular, es importante que la comunidad universitaria no caiga en la manipulación de algunos sectores”.

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) afirmó que la asociación venezolana de rectores envió un comunicado al ministro, y se estableció una reunión para la semana próxima. “Veremos qué ocurre, pero mientras nos mantengan en esa situación, arreciará el conflicto”, expresó el docente.

Pasaje Estudiantil

Hugbel Roa explicó el nuevo mecanismo que será utilizado para el cobro del pasaje estudiantil en las unidades de transporte. Este permitirá que el transportista reciba su pago en tiempo real y, asegura el ministro, el estudiante no estará “sometido” a “unas colas para poder aduiqirir los tickets”.

“El beneficio que va a recibir el estudiante es automatizar su servicio, que no tenga que ser rechazado (…) Hacemos un llamado a los transportistas a que no caigan en esa provocación o en ese juego que andan vendiendo algunos (…) tratan de incitar a la violencia”, aseveró.

Destacó que “cuando se presenta una circunstancia con un transportista que no quiera recibirle o que quiera maltratar al estudiante, tenemos que activar un mecanismo legal”.

*Con información de Unión Radio

 

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, en representación de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, fijó la posición de la institución a rechazar la sentencia del presupuesto nacional aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), haciendo público el apoyo de los rectores a la Asamblea Nacional.

“La asociación de rectores universitarios  fija la posición de las 21 universidades públicas y privadas sobre la sentencia del TSJ que atenta contra la Carta Magna, por transgredir las normas constitucionales excediendo la autoridad que le fue otorgada y limitando el ejercicio del Poder Legislativo. Por lo tanto la asociación respalda las actuaciones del Parlamento dentro del marco de la ley”, indicó la rectora.

Durante el programa A Tiempo de Unión Radio, García advirtió sobre la difícil situación por la que pasan las universidades destacando que del presupuesto que éstas solicitan, reciben alrededor de 30 por ciento.

“Del presupuesto que se solicita, recibimos 30 y pico por ciento, del cual el 80 es para pagar los salarios y para los funcionarios y la prudencia estudiantil. Ustedes pueden sacar la cuenta de cuánto es lo que queda. Es una situación muy difícil que necesita del concurso de toda la comunidad, cada una cumpliendo su rol. El de la universidad y de la asociación de rectores, es defender la constitución de las actuaciones del Tribunal y defender el presupuesto necesario para poder funcionar”, aseguró García.

Rectores de las universidades privada del país se reunieron este lunes en la Universidad Metropolitana con la finalidad de ratificar la autonomía financiera de estas casas de estudios.

En este sentido, el rector de la Unimet, Benjamín Scharifker, señaló la necesidad de que se cumpla lo previsto en la Ley de Universidades, “que es que son los propios consejos universitarios los que establecen las matrículas universitarias en atención a lo que son las necesidades de financiamiento de cada una de ellas”.

Asimismo, Scharifker indicó que los mecanismos de control del Estado “deben existir para velar que efectivamente esas matrículas atiendan las necesidades de las diferentes instituciones, pero no para pasar por encima de lo que las leyes y la propia Constitución establecen, que es que las universidades tienen autonomía económica y financiera”.

El rector de la Unimet calificó como una necesidad el ajuste de las matrículas estudiantiles con el fin de lograr equilibrar los costos con las fuentes de ingreso de las universidades.

“Si se cercena el derecho de las universidades de gestión privada a ajustar las matrículas eso significaría su cierre y cerca de medio millón de estudiantes que cursan estudios en ellas estarían viendo violados sus derechos constitucionales”, alertó Scharifker.  

Juan Pedro Pereira, rector de la Universidad Yacambú, manifestó que las universidades privadas vienen arrastrando desde hace varios años un déficit en los presupuestos de mantenimiento de las plantas físicas de las diferentes instituciones.

Precisó que “en el caso de la Universidad Yacambú, el 77% de los ingresos se va en cubrir nóminas, quedando solo un 23% para cubrir el resto de las necesidades de esta casa de estudios”.    

Por su parte, el rector de la universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Edgar Ortiz, añadió que en estos momentos las universidades privadas se encuentran subsidiando alrededor del 50% de la matrícula estudiantil debido al incremento galopante de la inflación. “Los incrementos salariales y los costos de los servicios nos afectan muy por encima de las matrículas establecidas por nuestras casa de estudios”, dijo.

Ortiz resaltó la importancia de las universidades de gestión privada para el desarrollo del país. “25 universidades privadas existentes en Venezuela albergan hoy en día más de 340 mil estudiantes de pregrado y postgrado. En ellas trabajan alrededor de 80 mil profesores y empleados administrativos y obreros. Estamos graduando anualmente más de 40 mil jóvenes que aportarán conocimiento, cultura y desarrollo científico y gerencial a la nación”.

“Solo pedimos que se nos permita actuar como organizaciones competitivas que puedan seguir dando calidad y ofreciendo oportunidades de estudio a los venezolanos”, señaló.

 

*Con información de nota de prensa

 

En Runrunes te presentamos un resumen del día a día de algunos de los candidatos de cara al 6 de diciembre. En esta oportunidad,  Miguel Pizarro visitó el Barrio Unión y Tomás Guanipa estuvo en san Martín junto a dirigentes universitarios.

A continuación, el resumen:

 

 

Miguel Pizarro: “Juntos somos más fuertes que el aparato del Estado”

Desde la Vuelta del Beso hasta La Línea, Barrio Unión recibió la visita de Miguel Pizarro, diputado y candidato a la Asamblea Nacional por Petare. Acompañado de cientos de vecinos, concejales y miembros de todos los partidos de la Unidad, el parlamentario recorrió las calles de la comunidad y compartió con sus habitantes ideas y propuestas para lograr un cambio en Venezuela.

“Ustedes, cada uno de ustedes, es protagonista del cambio; cada casa que tocamos, cada puerta que nos abren, cada persona que nos saluda desde su balcón o desde sus ventanas, no es solo un compromiso electoral, es un compromiso de vida”, afirmó en la actividad.

De igual forma, hizo referencia a las arbitrariedades que ha enfrentado la Unidad de cara a las elecciones legislativas de este año: “Los que queremos cambio somos mayoría y juntos somos más fuertes que el aparato del Estado y que todos los abusos del poder”.

 

Tomás Guanipa: Desde la AN lucharemos por un presupuesto justo para las universidades

 

 

Desde el Barrio La Coromoto en la Avenida San Martín de Caracas, el Diputado y candidato a la reelección por el Distrito Capital, Tomás Guanipa recibió el apoyo del movimiento estudiantil y se comprometió a luchar desde el parlamento para lograr un presupuesto justo y digno para las Universidades venezolanas.

Tomás Guanipa estuvo acompañado por los dirigentes universitarios, Jorge Arellano (Presidente FCU- ULA), Jorge Jiménez (Consejero Universitario ULA), Jorge Márquez Gaspar (Presidente Adjunto FCU- UCV),  Michelle Girod (Consejero Universitaria UCV), Armando Alves (Consejero Facultad UCV), Jesús Valerio (Presidente FCE- USB), entre otros dirigentes universitarios.

El Secretario General Nacional de Primero Justicia afirmó que “vamos a comprometernos en la AN por un presupuesto justo para las universidades, para que nuestros estudiantes tengan comedores y puedan alimentarse, para que tengan laboratorios donde poder hacer investigación, para que tengan transportes y para que los profesores y trabajadores puedan tener salarios dignos”.

“No es posible que un profesor que tenga 30 años formando al futuro del país, formando al talento de la patria, este ganando un sueldo muchas veces inferior al sueldo mínimo. Eso es producto de un gobierno que ha atacado de forma absolutamente injustificada a las universidades del país”, sentenció el Dirigente Nacional Justiciero.

 

 

Con una población que tenga pocos años de escolaridad formal es imposible el desarrollo de ningún país. Para avanzar y mejorar permanentemente su calidad de vida, los integrantes de una nación deben elevar su nivel educativo formal, el dominio de su propio lenguaje, lo que se ha dado en llamar el lenguaje materno; así como abrirse al dominio de otros idiomas, comenzando con el más importante en este momento: el inglés. El dominio de varios lenguajes le abre al ser humano, un mundo de posibilidades y unas perspectivas inimaginables para quienes no tienen esta potestad. La diferencia que hizo superiores a los conquistadores españoles sobre las poblaciones aborígenes de América, incluso aquéllas de los grandes reinos aztecas e incas, fue el dominio de la lectoescritura, al cual no habían llegado las poblaciones prehispánicas.

El conocimiento del español, hablado y escrito, debe ser por lo tanto un objetivo central del proceso educativo venezolano, de manera que niños y jóvenes se expresen con propiedad y desarrollen las capacidades intelectuales ligadas al lenguaje. El otro lenguaje que se debe también dominar, si se quiere ser exitoso en cualquier rama profesional o académica, es el lenguaje matemático. Y es en estas condiciones donde está la principal falla de nuestra educación formal: los estudiantes no dominan ninguno de los lenguajes. Y tampoco lo dominan sus maestros. Ante la carencia de maestros y profesores de español y matemática, y de química y física, se procede a exonerar a los estudiantes del cumplimiento de las actividades de estudio en estas disciplinas. Esta práctica nefasta se inició en el pasado adecocopeyano y se ha profundizado en estos últimos 17 años, y debe ser prohibida de inmediato a través de una disposición legal clara.

El Estado debe garantizar que los estudiantes de educación primaria efectúen todo su trabajo y aprendizaje en el horario escolar, bajo la conducción del maestro, y no en tareas inoficiosas a ser realizadas en los hogares como ocurre actualmente, las cuales se transforman en actividades de madres y padres y hermanos mayores, que dejan muy poco a los niños en edad escolar. Para garantizar este requerimiento se necesitan dos condiciones: un maestro o profesor pedagogo y conocedor de todos los contenidos exigidos a sus alumnos, lo que acaba con el erróneo concepto de que el maestro es sólo un facilitador, y el cumplimiento de 200 días efectivos, de 7 horas cada uno, de actividades docentes directas con los educandos. Estas exigencias deben quedar claras en una modificación de la Ley Orgánica de Educación.

Especial atención hay que prestar a la formación de maestros y profesores de elevada calidad y en cantidades suficientes, para atender las necesidades holgadamente. Los programas usuales de formación docente deben ser reforzados y supervisados, pero se requiere además un programa intensivo de formación de docentes en las disciplinas mencionadas, de manera de acabar con el déficit existente de 18 mil profesores. Becas suficientes para vivir cómodamente y no sólo para sobrevivir, dirigidas a licenciados y profesores en las disciplinas seleccionadas, para realizar cursos de especialización de un trimestre de duración en las mejores instituciones nacionales y con contratación posterior inmediata a tiempo completo para quienes egresen. En tres años se estaría cubriendo el déficit actual. Una disposición transitoria en la Ley Orgánica de Educación sería el instrumento legal que obligaría a la ejecución de este imprescindible programa.

Otro aspecto en el que la escuela es importantísima, es en la incorporación de hábitos personales y sociales en los niños y adolescentes, los cuales serán necesarios en su exitoso desempeño posterior. La escuela actúa en este campo junto con el hogar, lo que obliga a una necesaria y permanente comunicación. Se trata primero de los hábitos de higiene personal: lavado de manos, baño, cepillado de dientes, aseo perineal, vestido, calzado, higiene de los alimentos, descanso, recreación, sueño diurno y nocturno. En los hábitos y normas sociales de convivencia, es la escuela la fundamental para alcanzar los más elevados grados de sociabilidad, de disciplina y de solución respetuosa de las contradicciones que se presenten. El niño y el adolescente son personas con todos sus derechos, pero deben ser disciplinados y no violentar los derechos de sus compañeros ni de maestros y profesores, ni mucho menos amenazarlos con la aplicación de leyes hechas para su protección y no para su perversión.

Uno de los hábitos fundamentales, quizás el más importante a ser inculcado por la escuela, es el hábito de lectura. Desde el preescolar, el niño debe ser estimulado a la lectura de textos adaptados a su edad, de manera que más adelante sea el mismo quien requiera de publicaciones para su lectura. Esto significa la necesidad de una biblioteca suficiente en cada escuela, con el personal profesional especializado para manejarla como debe ser, con el espacio necesario para su utilización por los estudiantes, una dotación bibliográfica suficiente cualitativa y cuantitativamente, que deberá estar en permanente circulación a través del préstamo de libros, y la presencia de los equipos informáticos actuales, de manera que se enseñe todo lo referente a los mismos y cómo utilizar la computación y la Internet en la facilitación del acceso al conocimiento y del aprendizaje. Habrá que incluir una disposición en este sentido en la Ley Orgánica de Educación, que obligue a crear este programa en todas las instituciones.

Por último, hay que hacer realidad el mandato legal de la necesidad de construir y mantener una planta física educativa de excelencia, así como de retribuir con sueldos dignos, excelentes condiciones laborales y seguridad social integral, el trabajo importantísimo de maestros y profesores.

 

@LFuenmayorToro