David Natera

En los nueve primeros meses de 2020  se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela

Este martes 20 de octubre tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron a las afueras de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, en un allanamiento que se extendió por 6 horas. El hecho culminó con el traslado de la secretaria del director del medio y una periodista (a la cual le incautaron su computadora) hasta la sede del organismo.

Abundaron las irregularidades. Susana Reyes y María Ramírez Cabello estuvieron en el mismo lugar donde hace tan solo 8 días estuvo el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, tras un allanamiento a su propiedad. La única información que les fue suministrada es que serían trasladadas hasta la sede ubicada en Vista Al Sol en San Félix, para rendir declaraciones.

Además, Correo del Caroní alertó el pasado martes en su cuenta de Twitter que los funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a la sede del medio de comunicación. La periodista y la secretaria, luego de ser trasladadas hasta Vista al Sol, fueron liberadas tras 3 horas.

Pero no es la primera vez que este tipo de ataques suceden contra el personal de Correo del Caroní. El 31 de julio efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente y robaron al reportero gráfico William Urdaneta mientras hacía su trabajo.

Jhoalys Siverio, periodista de Correo del Caroní, consideró que lo que está ocurriendo es un ataque en contra de la libertad de prensa y los medios independientes: “Recordemos que hace 8 días fue el allanamiento a la residencia de David Natera Febres, quien es director del Correo del Caroní y dos días después el allanamiento al medio internacional 15 Minutos en Caracas, cuyo fundador es David José Natera, hijo”.

“Este hecho no nos va amedrentar; seguiremos ejerciendo y cumpliendo con  nuestro trabajo que es informar, llevar la verdad ante nuestros lectores que es un compromiso que tenemos”, agregó Siverio.

Derecho vulnerado

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58, consagra que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Siverio destacó que este allanamiento al Correo del Caroní no es solo contra el medio, “no descartamos que vengan más ataques a la familia Natera Febres por las otras propiedades comunicacionales que se tienen como Pentagrama y TV Guayana”.

La periodista también destacó: “Hay otros medios de comunicación en todo el país que han estado pasando en los últimos meses por estas mismas arbitrariedades y creo que es porque el régimen no ha terminado de callar las voces de quienes ejercemos el periodismo de manera independiente en Venezuela. Que a pesar de que cierran medios impresos, emisoras, televisoras, nos reinventamos para seguir llevando información veraz a cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta desinformación”.

Persecución en aumento

En los nueve primeros meses del 2020 en Venezuela se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa. La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Yoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que el hecho más reciente contra el diario Correo del Caroní deja en evidencia lo que han venido denunciando desde la organización desde hace un par de años: “El escenario de la libertad de expresión y prensa en el país es de vulneración absoluta, donde el Estado Venezolano se convierte en el ente agresor, intimidador contra la labor informativa”.

“Este escenario, donde también han sido afectadas dos miembros del medio, siendo trasladadas a una sede militar con la intención de declarar sobre lo ocurrido en ese allanamiento, muestra ese poder censor que tiene el Estado venezolano con la intención de intimidar, callar, generar expectativa en la sociedad venezolana de forma negativa; y donde hay la clara invitación a generar un temor hacia el resto de los medios de comunicación”, sumó Contreras.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó el día martes en su cuenta de Twitter: “Rechazamos esta agresión a la sede y al equipo de Correo del Caroní, un medio de comunicación que ha denunciado violación a los ddhh; este allanamiento busca vulnerar aún más la libertad de prensa en tiempos de emergencia humanitaria compleja”.

Codehciu exhorta al Estado a garantizar el respeto de los trabajadores de la prensa libre y condiciones óptimas para estos. Y destaca el esfuerzo que los medios de comunicación y periodistas hacen diariamente para documentar, denunciar y narrar la emergencia humanitaria compleja en el país.

“Tras más de cuatro horas detenido en la sede del Sebin en Vista al Sol San Félix, David Natera ya se encuentra en su casa”, se lee en un tuit del Correo del Caroní

Pasadas las 9:00 de la noche del 12 de octubre, fue liberado el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, después de que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se lo llevó de su casa en Puerto Ordaz, a las 5:00 de la tarde, a declarar.

“Tras más de cuatro horas detenido en la sede del Sebin en Vista al Sol San Félix, David Natera ya se encuentra en su casa”, se lee en un tuit del Correo del Caroní.

Funcionarios del Sebin habían allanado la residencia del director de Correo del Caroní, según lo dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, el mismo medio, que indicó primero que tres camionetas del Sebin se encontraban a las afueras de la casa de Natera con orden de allanamiento.

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Desde de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, la vicepresidenta diputada Olivia Lozano, recordó  al país que dentro del articulado de la recién aprobada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional los periodistas y dueños de medios procesados por razones políticas podrán ser beneficiados por este instrumento. Colocó como ejemplos a ser amparados a los editores de los periódicos: David Natera (Correo del Caroní), Miguel Henrique Otero (El Nacional) y  Teodoro Petkoff (Tal Cual), entre otros.

 

Desde la protesta nacional organizada por la prensa debido a procesos judiciales y el  cierre de medios por falta de papel periódico en Caracas, Lozano señaló que la presión a través del sistema judicial hacia periodistas y dueños de medios ha sido una práctica recurrente por parte del régimen para aplicar la censura en Venezuela. “La ley de Amnistía aprobada en segunda discusión en el Parlamento prevé todas las acciones penales que han criminalizado la libertad de expresión por pensamientos de crítica política. Decenas de periodistas y fotógrafos están procesados y actualmente se encuentran bajo régimen de presentación que los limita en sus labores profesionales en la cobertura de la noticia”, afirmó.

 

“El Presidente de la República debería aprobarla para su promulgación en 9 días. Consideramos que no debería tener ninguna objeción por cuanto esta es una ley que ayuda a la paz, la reconciliación, la pacificación y la transformación de la Venezuela que queremos y que ahorita se encuentra en una gravísima crisis”, expresó.

 

La diputada explicó que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue un clamor del pueblo venezolano expresado en las elecciones del 6 de diciembre donde la Unidad Democrática logró una contundente mayoría en la Asamblea Nacional. “El país entero grita libertad para los presos políticos como el líder Leopoldo López, los estudiantes y disidentes, etc; pero también los medios de comunicación han sido hostigados a través de un sistema judicial usado como herramienta de censura del Gobierno para que no salga a la luz su pésima gestión gubernamental”.

 

“Cumplimos con nuestra propuesta al país desde la Asamblea Nacional de llevar esta instrumento  para la reconciliación y la paz de Venezuela y en mi caso particular con el de Bolívar”, dijo.

 

Destacó que “esta es una lucha por la libertad, por el pueblo, por los estudiantes, presos políticos, reprimidos, perseguidos y los que están tras las rejas para que juntos asumamos el compromiso universal por la paz y la democracia de construir la mejor Venezuela”.

La experiencia venezolana de los últimos años es inédita, por cultivar la doblez; sin que por ello se obvie la importancia de sus lecciones para las actuales y futuras generaciones.

Hemos tenido en Venezuela regímenes militares, autoritarios y populistas, dentro o fuera de las reglas constitucionales, más acá o más allá del catecismo democrático. Pero nuestros gobernantes nunca buscan matizar sus realidades, menos trucar sus procederes. A lo más les agrada les llamen Beneméritos o pacificadores, tanto como piden se les reconozca como presidentes constitucionales. Nada más.

Ejercen sus dictaduras o dicta-blandas sin cortapisas, ni escrúpulos. No inmiscuyen a los escribanos del Poder Judicial para que disimulen sus despotismos. ¡Y es que asumen ser tutores o gendarmes de un pueblo al que no juzgan capaz de valerse por sí mismo, y ello todo lo justifica a sus ojos!

No es ese el caso del régimen de la mentira que instala Hugo Chávez y al que adhieren sus causahabientes.

Ni aquel ni estos tienen el coraje de asumirse siquiera como pichones de dictador ni el intelecto para razonar sus procederes dictatoriales. Fingen ser lo que no son. No tienen estatura para ser lo que practican, por taimados. Y de allí la necesidad del cagatintas judicial a su orden. Ese que valida y legitima con sus escritos y sentencias los arrestos de clara arbitrariedad o las actuaciones criminales de un poder cobarde, haciéndole decir a la ley no que no dice o morigerando tras la ley a sus atentados.

Así nace la revolución bolivariana. Ella viola la Constitución de 1961 ayudada por los jueces. Arguye la vuelta al poder originario, para refundar el Estado de Derecho. Luego, al hacerse del poder y para que el Estado y sus fines sirvan de burladeros para el ejercicio disoluto del poder, secuestra a la Justicia y purifica sus ilegalidades en el altar del Derecho.

De allí la proverbial provisionalidad que afecta, desde 1999, a los cagatintas de los tribunales revolucionarios. Les hace dóciles a los caprichos de funcionarios enfermos, sacerdotes del ludibrio, intoxicados por el mal del peculado. Se trata de jueces distractores, para que sus comitentes hagan de las suyas y se coludan hasta con la narco-criminalidad y el terrorismo.

No por azar uno de estos, de conciencia y dignidad muertas, se presta para condenar a un editor guayanés, David Natera; quien, por cumplir con sus deberes constitucionales de informar sobre la corrupción, va a la cárcel, por perturbar la constitucionalidad.

Ayer cuenta, en favor del mismo Chávez, la tesis del TSJ que pide, en su criticada sentencia 1013, sobreponer, incluso a costa de los derechos de la personalidad, el debate agrio y acre sobre los asuntos de interés público para bien de la democracia. Hoy se archiva, a conveniencia.

La cuestión, por ende, es de leguleyos sin alma.

Se trata de un modelo que se funda en la mentira. Que hace de la ilegalidad su fisiología y medra entre lo legal y lo ilegal, para proteger un crimen de lesa majestad, la mentira de Estado.

Con la misma mentira, antes, se hace preso a Nelson Mezerhane por un crimen que se ejecuta desde el Estado – el asesinato del Fiscal Anderson – y a fin de que éste, bajo chantaje judicial, permita que la mentira haga de las suyas desde Globovisión.

Por idéntica razón, se crean razones distintas de ésta y artificiosas, para ordenar el enjuiciamiento penal de los Zuloaga, Guillermo padre e hijo; tanto como para robarle a Marcel Granier su canal de televisión, RCTV, y castigarlo por ser veraz, el régimen de la mentira, con cagatintas a su disposición, esgrime razones distintas y nominalmente jurídicas. Y así ocurre con los editores de Tal Cual, La Patilla y el diario El Nacional, a instancias del ahora Supremo sobre los jueces supremos, Diosdado Cabello.

La condena de Natera mal diluye el escándalo de la masacre de Tumeremo, en predios codiciados por la milicia militante. No aminora la hambruna que corre como gasolina, ni el saldo del engaño de tres lustros: 259.447 homicidios más 28 mineros forzosamente desaparecidos.

La constante, a fin de cuentas, reside en el desprecio de nuestros autócratas por sus cagatintas y los miedos que éstos excretan cada vez que aquéllos – o el general gobernador Francisco Rangel Gómez – se les atraviesan en el camino.

Mariano Picón Salas, en su cuento Los Batracios, resume esto de modo lapidario: ¡A usted lo llamé para que redacte la proclama, no para que se inmiscuya en las cosas de la guerra de las que nada sabe, por civil!, afirma Cantalicio Mapanare, caporal y coronel graduado por sus peones, ante su leguleyo. Y al término, presos ambos, éste muere en la cárcel ahogado bajo la fetidez de sus aguas y la mirada escrutadora de los batracios, que nadan fríos a su alrededor.

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El abogado defensor de David Natera, Morris Sierraalta Peraza, y la experta en Opinión Pública, Mariana Bacalao, argumentan que la condena de 4 años por los delitos de difamación e injuria impuesta al director de Correo del Caroní, buscaría amedrentar a todo aquel medio que haga periodismo de investigación y, en consecuencia, cercenar el derecho a la libertad de expresión e información.

He aquí el contexto: una condena que se anunció a la 1:06 de la madrugada, tras un juicio apresurado que se reanudó luego de más de dos años paralizado, privó de libertad al director de un medio de comunicación que realizó una investigación de un caso de corrupción, por el cual fue preso el propio querellante, quien a su vez es dueño de un medio de comunicación que es competencia del anterior.

Las repercusiones para los periodistas y directores de medios de comunicación son gravísimas, afirma Sierraalta. “La decisión sienta un precedente terrible porque cada vez que se haga un trabajo de investigación sobre un caso de corrupción, en el que se menciona a persona determinadas, hará que esas personas se sientan envalentonadas para hacer persecuciones penales en contra de periodistas y medios de comunicación”.

Si bien no se conocen los motivos que llevaron a reactivar el juicio contra Natera, justo en un momento en el que noticias como la presunta masacre de Tumeremo han hecho que el país mire de cerca la situación del estado Bolívar, sí es posible identificar hechos que se salen de lo rutinario en el proceso penal venezolano.

“No sé cuáles sean los motivos que hayan justificado tanta premura para reactivar el juicio, pero sí es evidente que el tribunal realizó un juicio de manera apurada y atropellada; quiso celebrar todas las audiencias una detrás de otra, lo cual es inusual en los juicios penales, los cuales suelen celebrarse tras múltiples diferimientos; este se realizó durante 3 días seguidos; repito, eso es inusual”, explica Sierraalta.

“Nuestro poder no tiene límites”

Ante la pregunta de si la premura de la condena a Natera se deba a un intento por “cambiar el tema” dentro de la opinión pública nacional, Mariana Bacalao argumenta que “mucho más que querer cambiar el tema, el mensaje es otro, es que nuestro poder no tiene límites; nosotros podemos hacer lo que sea; quien se ponga a informar, a investigar y a señalar es enemigo del Estado y nosotros podemos hacer lo que queramos. Es un mensaje clarísimo para amedrentar a todo aquel medio que haga periodismo de investigación”.

La experta en Opinión Pública señala que a nivel comunicacional, esa acción “va en la misma línea de querer apagar la protesta de unos familiares que aún no saben nada de sus seres queridos; cómo es posible que tus familiares desaparezcan y que no puedas ni siquiera protestar. Todas esas acciones son un gran mensaje de un gobierno que busca imponerse por la fuerza, porque evidentemente ya no cuenta con las simpatías ni con la mayoría. Vemos que existe un sistema judicial que está siendo utilizado para ir en contra del derecho a la libertad de información de todos los venezolanos; estamos frente a una forma de violencia institucionalizada”.

Bacalao apunta que “estamos viendo una fase en la que el poder se asume por la fuerza, sin costuras ni reparos”. Agrega que si bien eso es preocupante, también desvela que desde el poder se saben perdidos en materia de opinión pública. “Ya no captan las simpatías de la gente y han decidido ir de frente y por la calle del medio con la violencia”.

¿Esa estrategia de amedrentamiento le funciona al Gobierno?

“Hay un sector de la población que, a pesar de todo, se va a mantener firme y de pie, pero por supuesto, sí logra varios objetivos, como sumar otro preso político y propinarle otro golpe a la prensa libre al criminalizar a un periodista por hacer su trabajo”, opina Bacalao.

La experta describe que la relación comunicacional del gobierno con los ciudadanos pasó de la persuasión al chantaje emocional, y de allí, al amedrentamiento judicial.

“La condena a Natera ocurre horas después de haber sido desmantelado por la fuerza la protesta legítima de los familiares de los mineros desaparecidos, por lo que no hay dudas de que el mensaje es que están dispuestos a llevarse por el medio a quien sea”, argumenta Bacalao.

Tigre no come tigre

Sierralta apunta un hecho al que calificó de “llamativo”. El querellante, Yamal Mustafá, es dueño del diario Primicia, que circula en el estado Bolívar y se considera competidor de Correo del Caroní. “A nosotros nos llamó mucho la atención que un director de un medio de comunicación emprenda una demanda por los delitos de difamación e injuria contra otro medio, es inusual, quienes defienden la libertad de expresión e información no suelen tratar de obtener condenas por expresarse”.

Los hechos en torno a la condena a David Natera:

Explica Sierraalta que: “En julio de 2013, David natera recibió una notificación en la que se le indicaba que un empresario de la zona se querelló en su contra por un delito de difamación e injuria; alegó la publicación de unas notas periodísticas realizadas por el equipo de investigación de Correo del Caroní, publicadas durante 3 días consecutivos, sobre el caso de corrupción de Ferrominera Orinoco. Esta investigación se dio en el marco de un escándalo a nivel nacional, sobre el que hasta el presidente de la República hizo referencia. Durante los siguientes dos años y ocho meses, ese juicio ha tenido períodos de actividad e inactividad, ya que el querellante que dice ser difamado, estuvo preso por ese caso de corrupción en Ferrominera; fue puesto en libertad en diciembre de 2015 y desde entonces ha venido solicitando al tribunal la reactivación del proceso.

Esta semana, el Dr. Natera recibió notificación de que debía presentarse al juicio oral y público; hoy, viernes 11 de marzo a la 1:06 de la madrugada, se condenó a Natera -con violación al debido proceso como la evacuación de pruebas a su favor, el abandono de la causa por parte del querellante, e incluso, contra la prescripción de la acción-, a 4 años de prisión; además le impuso una multa de 1.137 unidades tributarias, y mantuvo una medida cautelar impuesta a Correo del Caroní en la que le prohíbe hablar del querellante y del caso Ferrominera; adicionalmente, le prohíbe salir del país, y le impone la presentación cada 30 días; también existe una tercera medida cautelar en contra de sus bienes y los de Correo del Caroní, por lo que creo que están preparando una especie de demanda civil que pretende atacar el patrimonio del periódico”.