En los nueve primeros meses de 2020  se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela

Este martes 20 de octubre tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron a las afueras de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, en un allanamiento que se extendió por 6 horas. El hecho culminó con el traslado de la secretaria del director del medio y una periodista (a la cual le incautaron su computadora) hasta la sede del organismo.

Abundaron las irregularidades. Susana Reyes y María Ramírez Cabello estuvieron en el mismo lugar donde hace tan solo 8 días estuvo el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, tras un allanamiento a su propiedad. La única información que les fue suministrada es que serían trasladadas hasta la sede ubicada en Vista Al Sol en San Félix, para rendir declaraciones.

Además, Correo del Caroní alertó el pasado martes en su cuenta de Twitter que los funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a la sede del medio de comunicación. La periodista y la secretaria, luego de ser trasladadas hasta Vista al Sol, fueron liberadas tras 3 horas.

Pero no es la primera vez que este tipo de ataques suceden contra el personal de Correo del Caroní. El 31 de julio efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente y robaron al reportero gráfico William Urdaneta mientras hacía su trabajo.

Jhoalys Siverio, periodista de Correo del Caroní, consideró que lo que está ocurriendo es un ataque en contra de la libertad de prensa y los medios independientes: “Recordemos que hace 8 días fue el allanamiento a la residencia de David Natera Febres, quien es director del Correo del Caroní y dos días después el allanamiento al medio internacional 15 Minutos en Caracas, cuyo fundador es David José Natera, hijo”.

“Este hecho no nos va amedrentar; seguiremos ejerciendo y cumpliendo con  nuestro trabajo que es informar, llevar la verdad ante nuestros lectores que es un compromiso que tenemos”, agregó Siverio.

Derecho vulnerado

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58, consagra que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Siverio destacó que este allanamiento al Correo del Caroní no es solo contra el medio, “no descartamos que vengan más ataques a la familia Natera Febres por las otras propiedades comunicacionales que se tienen como Pentagrama y TV Guayana”.

La periodista también destacó: “Hay otros medios de comunicación en todo el país que han estado pasando en los últimos meses por estas mismas arbitrariedades y creo que es porque el régimen no ha terminado de callar las voces de quienes ejercemos el periodismo de manera independiente en Venezuela. Que a pesar de que cierran medios impresos, emisoras, televisoras, nos reinventamos para seguir llevando información veraz a cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta desinformación”.

Persecución en aumento

En los nueve primeros meses del 2020 en Venezuela se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa. La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Yoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que el hecho más reciente contra el diario Correo del Caroní deja en evidencia lo que han venido denunciando desde la organización desde hace un par de años: “El escenario de la libertad de expresión y prensa en el país es de vulneración absoluta, donde el Estado Venezolano se convierte en el ente agresor, intimidador contra la labor informativa”.

“Este escenario, donde también han sido afectadas dos miembros del medio, siendo trasladadas a una sede militar con la intención de declarar sobre lo ocurrido en ese allanamiento, muestra ese poder censor que tiene el Estado venezolano con la intención de intimidar, callar, generar expectativa en la sociedad venezolana de forma negativa; y donde hay la clara invitación a generar un temor hacia el resto de los medios de comunicación”, sumó Contreras.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó el día martes en su cuenta de Twitter: “Rechazamos esta agresión a la sede y al equipo de Correo del Caroní, un medio de comunicación que ha denunciado violación a los ddhh; este allanamiento busca vulnerar aún más la libertad de prensa en tiempos de emergencia humanitaria compleja”.

Codehciu exhorta al Estado a garantizar el respeto de los trabajadores de la prensa libre y condiciones óptimas para estos. Y destaca el esfuerzo que los medios de comunicación y periodistas hacen diariamente para documentar, denunciar y narrar la emergencia humanitaria compleja en el país.