Codehciu, autor en Runrun

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Estado venezolano continúa con ataques a la prensa libre en Bolívar
En los nueve primeros meses de 2020  se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela

Este martes 20 de octubre tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron a las afueras de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, en un allanamiento que se extendió por 6 horas. El hecho culminó con el traslado de la secretaria del director del medio y una periodista (a la cual le incautaron su computadora) hasta la sede del organismo.

Abundaron las irregularidades. Susana Reyes y María Ramírez Cabello estuvieron en el mismo lugar donde hace tan solo 8 días estuvo el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, tras un allanamiento a su propiedad. La única información que les fue suministrada es que serían trasladadas hasta la sede ubicada en Vista Al Sol en San Félix, para rendir declaraciones.

Además, Correo del Caroní alertó el pasado martes en su cuenta de Twitter que los funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a la sede del medio de comunicación. La periodista y la secretaria, luego de ser trasladadas hasta Vista al Sol, fueron liberadas tras 3 horas.

Pero no es la primera vez que este tipo de ataques suceden contra el personal de Correo del Caroní. El 31 de julio efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente y robaron al reportero gráfico William Urdaneta mientras hacía su trabajo.

Jhoalys Siverio, periodista de Correo del Caroní, consideró que lo que está ocurriendo es un ataque en contra de la libertad de prensa y los medios independientes: “Recordemos que hace 8 días fue el allanamiento a la residencia de David Natera Febres, quien es director del Correo del Caroní y dos días después el allanamiento al medio internacional 15 Minutos en Caracas, cuyo fundador es David José Natera, hijo”.

“Este hecho no nos va amedrentar; seguiremos ejerciendo y cumpliendo con  nuestro trabajo que es informar, llevar la verdad ante nuestros lectores que es un compromiso que tenemos”, agregó Siverio.

Derecho vulnerado

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58, consagra que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Siverio destacó que este allanamiento al Correo del Caroní no es solo contra el medio, “no descartamos que vengan más ataques a la familia Natera Febres por las otras propiedades comunicacionales que se tienen como Pentagrama y TV Guayana”.

La periodista también destacó: “Hay otros medios de comunicación en todo el país que han estado pasando en los últimos meses por estas mismas arbitrariedades y creo que es porque el régimen no ha terminado de callar las voces de quienes ejercemos el periodismo de manera independiente en Venezuela. Que a pesar de que cierran medios impresos, emisoras, televisoras, nos reinventamos para seguir llevando información veraz a cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta desinformación”.

Persecución en aumento

En los nueve primeros meses del 2020 en Venezuela se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa. La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Yoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que el hecho más reciente contra el diario Correo del Caroní deja en evidencia lo que han venido denunciando desde la organización desde hace un par de años: “El escenario de la libertad de expresión y prensa en el país es de vulneración absoluta, donde el Estado Venezolano se convierte en el ente agresor, intimidador contra la labor informativa”.

“Este escenario, donde también han sido afectadas dos miembros del medio, siendo trasladadas a una sede militar con la intención de declarar sobre lo ocurrido en ese allanamiento, muestra ese poder censor que tiene el Estado venezolano con la intención de intimidar, callar, generar expectativa en la sociedad venezolana de forma negativa; y donde hay la clara invitación a generar un temor hacia el resto de los medios de comunicación”, sumó Contreras.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó el día martes en su cuenta de Twitter: “Rechazamos esta agresión a la sede y al equipo de Correo del Caroní, un medio de comunicación que ha denunciado violación a los ddhh; este allanamiento busca vulnerar aún más la libertad de prensa en tiempos de emergencia humanitaria compleja”.

Codehciu exhorta al Estado a garantizar el respeto de los trabajadores de la prensa libre y condiciones óptimas para estos. Y destaca el esfuerzo que los medios de comunicación y periodistas hacen diariamente para documentar, denunciar y narrar la emergencia humanitaria compleja en el país.

Falta de agua empeora calidad de vida de los bolivarenses
Varias protestas se han registrado en las últimas semanas en Bolívar para exigir al Estado que garantice el derecho al agua potable

Aunque la situación no es nueva, el deterioro de la calidad de vida ha ido en aumento. Se han agudizado las protestas y la molestia por no contar con el servicio de agua en el estado Bolívar. A esto se le suma una pandemia por Covid−19, y según expertos de salud en el ámbito internacional el acceso a este derecho es primordial para combatir el virus.

Los ciudadanos se han visto en la necesidad de ingeniárselas para contar con agua en sus viviendas, para realizar las labores diarias como: cocinar, lavar, bañarse, entre otras. Algunos optan por comprarla; la recarga de un botellón de agua potable cuesta entre 40 y 60 mil bolívares, y si se trata de contratar un camión cisterna privado los costos se elevan aún más.  Por ejemplo, por 500 litros de agua los usuarios pueden pagar hasta 10 dólares, es decir, unos 4.350.000 bolívares.

“Es un gasto que no podemos asumir siempre, en mi caso mi tanque es de unos 2 mil litros y evidentemente debo recurrir a comprar. Y sí la mayor parte de Puerto Ordaz amanece sin agua el precio y disponibilidad de las cisternas se triplica”, comentó Ana Ramos, vecina del sector de Villa Africana, en Puerto Ordaz, al equipo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Señala que más son las veces que debe recurrir a comprar agua, que la cantidad que llega a través de la tubería. El panorama no es distinto en San Félix, donde hay hogares dónde reciben el servicio una vez a la semana o tienen meses que no saben que es tener agua. “A veces toca ir hasta la casa de un familiar y llenar los envases y regresar, antes lo hacíamos con mayor regularidad, pero hasta con el tema del combustible ese tipo de viajes para buscar agua se deben dejar de hacer”, señaló la ciudadana Morelly Lira.

A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, HidroBolívar, empresa encargada del suministro del agua en el estado, ha señalado las fallas que han presentado en los distintos golfos de distribución; una fuente de la estatal puntualizó a Codehciu que, “existe mucha desidia, falta de equipos, mantenimiento y equipos costosos que se deben reponer”.

Un derecho fundamental

A través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 28 de julio de 2010, el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

La misma Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a aquellos en vías de desarrollo, a lograr un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

Mientras que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó en su artículo 1 que: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”.

Codehciu alerta la violación de este derecho en los hogares de las familias del estado Bolívar. Además exhorta  al Estado a solventar la situación que afecta a más de 6 mil familias.  

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió el derecho al agua como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

 

Codehciu | 77 personas desaparecieron en los últimos 8 años en minas del sur de Venezuela
De los 77 casos documentados desaparecidos en minas al sur del Venezuela, 13 son mujeres y 64 hombres; la mayoría con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad

Al menos 77 personas desaparecieron entre 2012 y el 15 de agosto de 2020 en zonas mineras al sur de Venezuela, según la investigación realizada por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos.

La investigación fue difundida este domingo, 30 de agosto, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2011, año en el que este fenómeno fue catalogado como un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.

 

La investigación revela que de las 77 personas desaparecidas en las minas al sur de Venezuela, la mitad continúa desaparecida. Del total, 13 son mujeres y 64 son hombres; mientras que 39% de los casos tienen edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad.

Además, el 43% de los desaparecidos documentados son mineros o comerciantes, que desaparecieron en el municipio Sifontes, el más violento al sur del estado Bolívar. Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar.

Según la ONG, en este municipio no solo se ha documentado la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal, sino también la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares.

El fenómeno de desapariciones se profundizó luego de la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro. La investigación revela que 74% de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020, lo que coincide con la expansión de la anarquía minera.

 

Por otra parte, los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio al sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa. “No me ayudaron en nada”, dijo. La falta de respuesta obliga a los familiares a realizar búsquedas por sí mismos.

Las desapariciones suponen una grave violación de los derechos humanos tanto para las víctimas como para sus familias. El Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establecen que “cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una desaparición forzada, esta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá”.

El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio, que a partir de este mes se amplía a la plataforma Indelebles, un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.