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Codehciu: Bolívar suma 30 muertes potencialmente ilícitas entre enero y mayo
La ONG sigue exhortando al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó sobre nuevos casos de violación del derecho a la vida en el estado Bolívar, en su monitoreo de ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas.

El monitoreo realizado a medios de comunicación regionales y redes sociales registró que entre los meses de abril y mayo hubo 13 víctimas de presuntas ejecuciones perpetradas por funcionarios públicos.

Durante ambos meses Caroní y Piar fueron los municipios con más casos, ya que contabilizaron 4 cada uno; les siguen Angostura del Orinoco con 3 y El Callao con 2.

Asimismo, según los registros de abril y mayo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano ejecutor que sumó más víctimas con 8.En este mismo periodo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) registraron 1 y 2 víctimas respectivamente.

Y el único órgano estadal que dejó víctimas entre ambos meses fue la Policía del Estado Bolívar (PEB) que sumó 2.

Entre enero y mayo de 2021 Codehciu lleva contabilizadas 30 víctimas, y durante el primer trimestre del año hubo 17.  Entre el total de personas ejecutadas se encuentran 2 individuos asesinados a manos de grupos irregulares en marzo de este año.

Uno de los nombres registrados fue el de Pedro Oliviares, ejecutado en un presunto enfrentamiento contra efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB) en abril, como lo narró el Diario Primicia.

 

 

José Gregorio Sifontes, de 32 años, fue otro de los individuos registrados en el monitoreo. Reportes de prensa narran que fue ejecutado el 10 de mayo por efectivos del Cicpc en el municipio Angostura del Orinoco. La víctima era buscada por las autoridades desde junio del año pasado luego de asesinar a su expareja.

El Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícita, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica las formas en que los Estados deben seguir la obligación de investigar estos hechos.

“El deber del Estado de investigar se activa cuando este tenga el conocimiento o debiera haberlo tenido de una muerte potencialmente ilícita, así como cuando una presunta muerte ilícita sea denunciada de manera razonable”, explica el protocolo.

Los Estados están en la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida,por ende, según el derecho Internacional de los Derechos Humanos deben investigar incluso situaciones en las que un agente ha causado la muerte de una persona privada de libertad, o cuando esta ha muerto bajo la custodia del Estado.

Cabe destacar que el derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, y en diferentes instrumentos de carácter regional e internacional.

La situación de las ejecuciones extrajudiciales es reconocida internacionalmente. El Informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela publicado por la misma oficina en julio de 2019, recomienda al Estado venezolano establecer “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.

Además, el mismo informe recomienda la disolución de las FAES, debido a las numerosas denuncias de actores en derechos humanos de la sociedad civil sobre muertes potencialmente ilícitas disfrazadas de presuntos enfrentamientos.

El año pasado Codehciu contabilizó 208 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar. La organización sigue exhortando al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad. Por otro lado, los familiares de las víctimas merecen respuestas y una investigación imparcial para lograr la no repetición de estos hechos.

Entre abril y mayo de 2021 hubo 40 mujeres víctimas de violencia en Bolívar
 Dorialcely del Valle Tocuyo y Martha Aristizábal fueron asesinadas la primera semana de junio en el municipio El Callao

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó nuevos casos de violencia basada en género en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

Entre abril y mayo de 2021 hubo 40 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, tipificados en la legislación venezolana. El monitoreo se realiza a medios de comunicación regionales y redes sociales.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en su artículo 15, considera hasta 21 formas de violencia contra la mujer, de las cuales se encuentran la violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenazas, acceso carnal violento, prostitución forzada, trata de mujeres y niñas, e incluye también el femicidio, entre otras.

Entre abril y mayo Codehciu registró que Caroní fue el municipio con más víctimas, contabilizando 21 en total. A este le siguen: Angostura del Orinoco, con 10; Gran Sabana con 3; Piar con 2; por último, Sucre y Sifontes contabilizaron 2 cada uno.

Los datos de ambos meses evidenciaron 22 sobrevivientes de violencia física, 6 de violencia sexual, 4 víctimas de amenazas, 4 actos de lascivos, 1 caso de trata de mujeres y niñas, más 3 femicidios.

Violencia en Bolívar

Según la data de Codehciu, entre enero y mayo de 2021 hubo 8 femicidios en el estado Bolívar y 111 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia.

Por otro lado, en junio (según datos registrados hasta el día 11) la organización también alertó sobre 4 femicidios más:

 Dorialcely del Valle Tocuyo (29 años) y Martha Aristizábal (37 años): ambas asesinadas la primera semana de junio en el municipio El Callao.

Claritza Cova (45 años) y Alexandra López Cova (16): ambas asesinadas el 11 de junio en el municipio Padre Pedro Chien.

Asimismo, medios de comunicación regionales alertaron sobre el femicidio y violación de una niña de 4 años en el municipio Gran Sabana, el pasado 21 de junio. 

El artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida libre de violencia, numeral 15, define al femicidio como: “La forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”.

El Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, un instrumento promovido por ONU Mujeres y destinado a ser aplicado por funcionarias y funcionarios responsables de llevar adelante “la investigación y persecución penal de los hechos”, describe dos tipos de femicidio:

Los femicidios activos o directos incluyen muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja; como también muertes relacionadas con situaciones de conflicto armado, o el infanticidio femenino, entre otras.

Mientras que los femicidios pasivos o indirectos incluyen muertes de mujeres y niñas como resultado de mortalidad materna, muertes debidas a abortos, actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos, y aquellas vinculadas al tráfico de drogas, proliferación de armas pequeñas y crimen organizado.

Durante el 2020 Codehciu contabilizó 19 femicidios en Bolívar y 185 casos de distintos tipos de violencia basada en género.

Y en el primer trimestre de 2021 la organización alertó sobre 71 víctimas de distintos tipos de violencia. Solo entre enero y marzo hubo 5 femicidios en Bolívar.

Entre el domingo 14 y lunes 15 de marzo se contabilizaron 3 mujeres asesinadas: Milanyela Carvajal (22 años), Alyamil Torres (26 años), y una niña de 13 años, según reportes de la prensa regional.

En ese mismo mes, una adolescente fue rescatada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas luego de su desaparición y presunto secuestro el 20 de marzo, en San Félix.

En el ámbito nacional, entre el 1 de enero y el 25 de abril de este año 304 mujeres han sido asesinadas según lo alerta la organización de la sociedad civil Cotejoinfo. Su informe destaca que en el 64% de las muertes el agresor estuvo directamente relacionado con la víctima.

Responsabilidad internacional

La Ley orgánica antes mencionada, en su artículo 15, numeral 19, consagra que la trata de mujeres, niñas y adolescentes: “Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad (…)”

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos habla del deber de prevención y del reconocimiento de los derechos de las mujeres; es necesario que se logre el fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir el patrón de impunidad ante los hechos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, como lo destaca el Protocolo Latinoamericano de Investigación.

Codehciu exhorta al Estado a implementar medidas destinadas a eliminar la violencia basada en género en el país. Además, es necesario que todos los casos de presunta trata de mujeres, niñas y adolescentes sean investigados, que exista reparación a sus víctimas y se garantice la no repetición de estos hechos.

Minería enluta de nuevo a comunidad indígena La Felicidad
Cuatro personas fueron asesinadas 

La Asociación Civil Kapé-Kapé y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU expresamos nuestra profunda preocupación ante los hechos ocurridos el día 28 de abril de 2021, donde se ha podido verificar el fallecimiento de 4 personas por un enfrentamiento en la mina El Silencio, en el municipio Sucre del estado Bolívar. Uno de los fallecidos es Nelson Pérez, Capitán General del pueblo jivi.

Las otras víctimas identificadas hasta ahora son el criollo Wilmer José Castro y los indígenas Miguel Antonio Rivas Morales y Carmen Lusdary Rondón. Los tres habitantes de la comunidad La Felicidad. Se presume que en la mina hay otros 8 fallecidos.

Sobre las causas del incidente, se especula que se trató de un enfrentamiento entre comunidades indígenas por el control de una veta minera recién descubierta y una segunda versión apunta que también se trata de un enfrentamiento por el control de la mina, pero con intervención de grupos armados extranjeros.

Los conflictos armados no son nuevos en esta comunidad minera El Silencio. En agosto de 2018 fue asesinado Misael Ramírez, capitán de la comunidad La Felicidad del pueblo jivi y otras 5 personas, en un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar.

En junio de 2019, el mismo Nelson Pérez denunció la desaparición de dos líderes de la comunidad, nunca se confirmó su muerte, ni regresaron a la comunidad. En ese momento, Pérez advertía sobre la escalada de violencia en El Silencio a raíz de la actividad minera “es cierto que llegó la minería ilegal a nuestro territorio, pero no estoy de acuerdo con la práctica porque ahora tenemos que afrontarnos con lo grupos violentos porque es un peligro nosotros por eso exigimos el respeto a nuestros territorios y la no violación de nuestro derecho como pueblos originarios”, dijo en su momento a Kapé Kapé.

Lamentablemente, este es un nuevo hecho que demuestra el incremento de la violencia que ocurre en las comunidades indígenas ya gravemente afectadas por la emergencia humanitaria y la pandemia de Covid-19. La mayoría de los hechos de violencia conocidos entre comunidades indígenas o donde éstos son víctimas de otros grupos de poder, se dan en el contexto de la minería: violencia, desplazamientos forzados, abusos, intimidaciones, ataques, amenazas, tratos crueles y degradantes, impunidad, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, explotación sexual, laboral y violencia de género persisten entre dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos.

Expresamos a los familiares y allegados de los fallecidos nuestro más profundo pesar por sus muertes en circunstancias que aún no están esclarecidas.

Solicitamos firmemente a las autoridades del Estado venezolano:

Garantizar la seguridad de los pueblos indígenas con reconocimiento de sus derechos fundamentales, propios y vitales en resguardo de su identidad cultural como pueblos.

Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte de estos 4 venezolanos, con el fin de establecer los hechos y las responsabilidades a los fines de obtener justicia.

El cumplimiento estricto de la garantía del debido proceso.

Verificar el estado de la integridad personal de otros indígenas o criollos involucrados en los hechos.

Garantizar el derecho a la salud, particularmente en el caso de que haya indígenas heridos, tomando en cuenta las precarias condiciones socio económicas en las que sobreviven.

Violaciones al derecho a la vida continúan en Bolívar y el Estado no se hace responsable
Durante el primer trimestre de 2021 hubo 15 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó nuevas víctimas de muertes potencialmente ilícitas, o presuntas ejecuciones extrajudiciales, durante el primer trimestre de 2021. Jesús Rodríguez, Anuar Al Assad, Iván José Guzmán, Adrián Alexander Aponte y María Hernández fueron algunos de los ciudadanos ejecutados durante hechos de violencia armada en este período.

Durante el primer trimestre de 2021 hubo 15 víctimas contabilizadas en el estado Bolívar; además, al registro se suman dos víctimas por actuaciones de grupos irregulares en el sector bajo Caura del municipio Sucre.

Este hecho de violencia armada fue alertado por la organización de la sociedad civil Kapé-Kapé; esta narró que el 27 de marzo María Hernández, educadora de la comunidad, fue asesinada junto a su esposo en un asalto perpetrado por grupos irregulares durante una presunta discusión en la mina de “Puerto Cabello”.

La organización explicó en su portal web: “Se presume que el grupo armado ya los había mandado a desalojar la zona para tomar control del terreno que habitaban”.

Codehciu ha alertado sobre el aumento descontrolado de la violencia en el estado Bolívar derivado de la minería ilegal, el incremento de grupos irregulares armados al sur, y la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar la vida de los bolivarenses. En marzo de 2020, la organización publicó sobre 18 masacres tras cuatro años de la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO). Por otro lado, gracias a su investigación sobre los desaparecidos en contexto minero, hasta agosto del año pasado registró al menos 77 personas desaparecidas en las minas al sur de Venezuela en los últimos ocho años. 43% de estas son mineros o comerciantes.

Cabe destacar que una violación de derechos humanos puede ocurrir por acción u omisión del Estado. El Protocolo de Minnesota, documento internacional que es utilizado como herramienta ante la investigación de muertes potencialmente ilícitas, explica que para que estas sean consideradas una violación al derecho a la vida se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

En primer lugar: la muerte puede ser causada por actos u omisiones “del Estado, de sus órganos o agentes” o, incluso, puede ser atribuible a este. Se toma en cuenta la obligación que tiene para respetar la vida humana.

Este primer término incluye no solo las muertes causadas por las fuerzas de seguridad, sino que también entran aquellas que han sido perpetradas por paramilitares, milicias o “escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección del Estado o con su consentimiento o aquiescencia”.

En segundo lugar: cuando la muerte sobrevino mientras la persona se encontraba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes, en lugares en los que este ejerce mayor control sobre la vida del individuo.

En tercera instancia, la muerte puede ser resultado “del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida”, esto incluye cualquier situación en la que este no ejerza la diligencia debida para garantizar la protección de las personas ante amenazas externas “o actos de violencia por agentes no estatales”.

El protocolo resalta que los Estados deben proteger y hacer efectivo el derecho a la vida, mediante el ejercicio de la debida diligencia para impedir la privación arbitraria de la misma por agentes privados.

Esta es una obligación especialmente importante cuando los agentes del Estado tienen la información específica sobre amenazas contra una o más personas.

Víctimas y victimarios

Según los datos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el último trimestre, el órgano de seguridad más involucrado en estas violaciones de derechos fue el Servicio de Investigación Penal del Estado Bolívar (Sipeb). Este contabilizó 5 casos y supera al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que en la mayoría de los reportes anteriores se ubicaba en primer lugar.

Otro órgano estadal también sumó al registro: la Policía del Estado Bolívar (PEB) que ejecutó a dos ciudadanos. Y una persona privada de libertad, en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, murió en el hospital Dr. Raúl Leoni de San Félix, municipio Caroní. Se trató de Iván Guzmán Olivos, de 46 años. La organización de la sociedad civil Una Ventana a la Libertad reportó que el hombre sufría de tuberculosis y falleció el 7 de febrero esperando medida humanitaria por parte de tribunales.

Codehciu registró que entre los órganos nacionales vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentran la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional (GNB), y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con 2 víctimas cada uno. Además, el Cicpc sumó 1 caso.  

El 26 de enero de este año la familia de Al Assad Nasser desmintió, en entrevista con el Diario Primicia, el presunto enfrentamiento en el que fue ejecutado su ser querido; estos aseguraron que el hombre no estaba armado durante su encuentro con funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios del estado Bolívar. “A él lo ajusticiaron, ni siquiera nos dieron una explicación”, destaca una cita en la nota de prensa publicada.

El medio de comunicación también relata que el hecho ocurrió en el estacionamiento del Mercado Municipal de Chirica. Familiares narraron que la víctima presuntamente fue ejecutada por un funcionario vestido de civil.

Jesús Rodríguez Dique fue otra víctima registrada y sus familiares de igual forma desmintieron el presunto enfrentamiento en el que fue ejecutado por efectivos de la PNB a inicios de febrero en Caroní.

La madre, que además es víctima indirecta de la presunta ejecución, narró al Diario Primicia que el hombre de 28 años, quien era pescador, fue ejecutado por funcionarios que llegaron a su vivienda. Rodríguez recibió al menos cuatro impactos de bala en su patio.

El monitoreo registró que Caroní fue el municipio con más casos contabilizados, con un total de 9 durante este primer trimestre. Le siguen: Angostura del Orinoco con 3; El Callao con 2 y Roscio con 1 caso.

La organización enfatiza en que los Estados tienen la obligación internacional de garantizar la vida como derecho, que constituye un pilar para el desarrollo de la dignidad humana. Pero en Bolívar las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad estatales continúan protagonizando titulares en medios de comunicación regionales.

Llamado al cese de la violencia

Codehciu inició su monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar en 2018. Las recomendaciones que esta y numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana han hecho a los organismos del Estado ante la exigencia del derecho a la vida no han sido escuchadas, y esto lo demuestran las cifras que cada año acumulan nuevos casos.

En 2020 hubo un total de 208 víctimas en Bolívar según los registros de la organización, monitoreados en medios de comunicación regionales y redes sociales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre 2 mil ejecuciones extrajudiciales entre enero y septiembre de 2020 en Venezuela. La misma instancia había alertado que las cifras del gobierno arrojaron 5.287 muertes a manos de las fuerzas de seguridad en 2018.

En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicado en julio de 2020, sobre la Independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en la región del AMO, se recomendó al Estado venezolano: llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes con el fin de desmantelar a las bandas criminales y elementos armados “que controlan las actividades mineras” y que enjuicie y sancione “a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en el AMO y las zonas aledañas”.

Asimismo, el Informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela publicado por la misma oficina en julio de 2019, enfatiza en sus recomendaciones hacia el Estado la necesidad de que se disuelva las FAES y se establezca “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”, además de asegurar que los responsables de estas mismas rindan cuentas y que se repare a las víctimas.

Codehciu exhorta al Estado venezolano a implementar el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, a garantizar la vida de las personas privadas de libertad, y a realizar las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de estas muertes en el estado Bolívar.

Los familiares de las víctimas registradas durante el monitoreo de la organización merecen respuesta del Estado venezolano, mediante una investigación imparcial que les garantice justicia, la no repetición de estos hechos y una reparación. De esta forma no solo se exige que se tomen en cuenta los casos reportados durante el pasado trimestre, sino también todos los denunciados en años anteriores.

Abandono de sedes educativas en pandemia agudiza vulneraciones a la educación  
Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia
Las carencias que denuncian los estudiantes desde hace años siguen sin solución

La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.

Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.  

El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes  de la institución.

En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de  la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.

Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.

Derechos fundamentales

Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estado para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.

Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:

“Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.

A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.

Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.  

También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.

Colegios desolados

La Constitución Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 102 que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.

Pero el panorama de las carencias de los planteles de educación superior no es distinto al de los colegios públicos; aunque en algunas instituciones los alumnos están asistiendo de forma presencial, uno o dos días a la semana, estas también han sufrido estragos.

“Las condiciones de infraestructura donde se dan clases y laboran los maestros de la educación pública en Venezuela son deplorables, las  escuelas en su gran mayoría no reciben ningún tipo de dotación y mantenimiento  por parte del gobierno,  y han sido dejadas en manos del hampa que las han desvalijado progresivamente ante la mirada indolente del gobierno. Las escuelas tienen años sin cableado eléctrico, sin iluminación, ni ventilación, sin agua y sin salas sanitarias apropiadas Para su buen funcionamiento”, denunció A Codehciu una docente que tiene más de 8 años laborando en instituciones públicas.

También señala que: “Como consecuencia de la pandemia, en Venezuela se ha optado por adaptar la educación a una programación vía online, o educación a distancia. Sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico tanto de los estudiantes como el de los docentes que no cuentan con los recursos ni plataformas digitales para la conexión, ni teléfono inteligente o computadora, ni el acceso a internet. A esto se le suma el servicio eléctrico inestable que tenemos que no permite cumplir con las actividades las fechas pautadas para su entrega”.

Estado venezolano continúa la criminalización de la labor humanitaria en el país
Cinco integrantes de la ONG Azul Positivo permanecen privados de libertad

Lo ocurrido durante la segunda semana de enero de 2021 a la organización Azul Positivo pone en riesgo el trabajo humanitario realizado por defensoras y defensores de derechos humanos en el país. La emergencia humanitaria compleja vulnera la vida de familias, niños, niñas, adolescentes, personas con VIH-SIDA, adultos mayores, y numerosos grupos en riesgo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a las emergencias complejas como crisis humanitarias que suelen ser el resultado de inestabilidad política, combinada con conflictos, violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente; además estas son de carácter político y menoscaban los medios de vida ciudadana.

Asimismo, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) destaca en su portal web que la emergencia humanitaria compleja en el caso de Venezuela nace de diferentes factores: un sistema de salud en declive desde el 2012, una crisis de nutrición y escasez de alimentos, el éxodo masivo de venezolanas y venezolanos en la búsqueda de calidad de vida, y diversos factores que violan derechos humanos en el país y que durante la gestión de Nicolás Maduro se han intentado ocultar con la negativa de publicar datos oficiales.

“Las autoridades venezolanas del Gobierno de Maduro son las principales responsables por la falta de una respuesta internacional coordinada a la crisis en Venezuela. Al no reconocer la verdadera magnitud de la crisis ni invitar a organismos clave de la ONU a que evalúen la situación en forma independiente y coordinen una respuesta eficaz, las autoridades de Venezuela han contribuido al sufrimiento del pueblo venezolano”, alertó HRW en su informe sobre la emergencia humanitaria compleja en Venezuela publicado en abril de 2019.

Bajo este contexto, hace menos de un año el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, solicitó crear leyes por parte del parlamento regional y ordenanzas desde las municipalidades que tuvieran como finalidad limitar las actividades en la región de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “financiadas por Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo”.

Según Prieto, “las labores y lealtad al pueblo no se rigen por las circunstancias, sino por los ideales. Debemos sacar a las ONG financiadas por Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo de los municipios, que buscan quebrantar la lealtad de concejales, además de tumbar y perseguir a los mandatarios”.

Atropellos

Actualmente 5 integrantes de Azul Positivo permanecen privados de libertad. También conocida como Acción Zuliana por la vida, la ONG zuliana fundada en 2004 se dedica desde hace 16 años a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y a brindar apoyo humanitario a pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); esta organización de la sociedad civil ha trabajado con la Gobernación del Zulia a través de la Secretaria de Salud y el programa regional de VIH.

El hostigamiento hacia la organización inició el 12 de enero, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la policía del estado Zulia, allanaron su sede. Días después fueron privados de libertad 5 miembros por el Tribunal Cuarto de Control del estado a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz.

La Fiscalía presentó a Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz, por los delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

Juan Berrios, director de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) explicó a Codehciu: “Es una organización líder en atención a comunidades en la región zuliana, trabajando ese tema en concreto; suelen ser aliados a las agencias de Naciones Unidas que se encuentran trabajando en Zulia como ACNUR, en zonas fronterizas, zonas rurales, y también con el fondo de poblaciones de la misma organización, y con el OMSIDA”.

Persecución

Este tipo de ataques hacia agentes humanitarios por parte de organismos del Estado no es nuevo. El 15 de diciembre de 2020 funcionarios policiales allanaron la sede de la asociación civil Convite en Caracas. Miembros de su equipo y activistas por los derechos humanos denunciaron el hecho por redes sociales, advirtiendo la presencia de funcionarios del Tribunal Cuarto de Control, con competencia en delitos asociados al terrorismo.

El portal de Efecto Cocuyo reportó en diciembre que los funcionarios confiscaron computadoras de la sede de la organización. El trabajo de Convite está relacionado con la defensa de los derechos humanos a niñas, niños, mujeres y adultos mayores, y su equipo ha realizado actividades de carácter humanitario para brindar apoyo a grupos vulnerables durante la emergencia humanitaria compleja. El director de la asociación civil, Luis Francisco Cabezas, fue interrogado por dos horas en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Un mes antes, otros defensores de derechos humanos también sufrieron atropellos. El lunes 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra 6 trabajadores de la ONG Alimenta la Solidaridad, que trabaja para gestionar más de 200 comedores y brinda asistencia durante la pandemia. Al día siguiente efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la sede de la organización sin mostrar ninguna orden, como lo alertó HRW en su reporte.

Pero con el inicio del nuevo año continuaron los ataques hacia trabajadores humanitarios, y los beneficiarios de estos son los más afectados.  Berrios señaló que los integrantes de Azul Positivo, “se han dedicado a ampliar un poco más su ámbito de trabajo, y esa ampliación hizo que incursionaran en la asistencia para alimentos a través de la asignación y distribución de tarjetas pre pagadas para comprar alimentos en comunidades y familias vulnerables en el Zulia, ese es el proyecto que los ha puesto en la mira”.

“La criminalización, es una idea que se ha venido desarrollando e intensificando con el paso del tiempo; ha habido diversos anuncios de figuras públicas nacionales, como regionales, sobre el rol de la sociedad civil, un rol que puede considerarse que pone en riesgo la estabilidad del gobierno”, suma Berrios.

 El defensor de derechos humanos añade que: “En casos concretos de organizaciones que están dentro de las respuestas humanitarias de las Naciones Unidas, justamente se encuentran realizando un trabajo para superar una crisis que existe, y ese plan de respuesta humanitaria no estaría ocurriendo sin la respuesta y el aval, o sin el acuerdo, del Gobierno. Por eso es que llama mucho la atención este caso en particular: que estas personas se encuentren procesadas y enjuiciadas en lo penal forma parte de una idea de que en la sociedad civil hay enemigos”.

El 23 de enero Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz fueron trasladados a un centro de salud privado en el municipio San Francisco, del estado Zulia por presentar síntomas de Covid-19.

Exigencia al respeto de los DDHH

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado el 19 de enero alertó que los integrantes de Azul Positivo son presos de conciencia que fueron detenidos únicamente por “su trabajo humanitario”. Exigió su liberación inmediata y poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura hacia las organizaciones de la sociedad civil.

El 29 de enero de 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Venezuela la liberación de los 5 integrantes de Azul Positivo, por medio de su portavoz Stéphane Dujarric durante una conferencia de prensa.

A esta exigencia también se ha unido ONU-SIDA: “Hago un llamado a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los cinco trabajadores humanitarios que trabajan para la organización no gubernamental Azul Positivo y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”, alertó la directora Ejecutiva de la agencia, Winnie Byanyima, agregando: “Una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela”.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), no solo mostramos nuestro respaldo y solidaridad con todas las organizaciones sin fines de lucro que funcionan en el país, sino que también exhortamos a las autoridades a que se detenga el acoso a las personas que las integran.

Codehciu también se une a esta exigencia para la liberación inmediata de los miembros de Azul Positivo. El trabajo humanitario es vital para enfrentar la crisis humanitaria que golpea al país, y los defensores de los derechos humanos que trabajan en diferentes organizaciones de la sociedad civil merecen el respeto a sus esfuerzos y la libertad para atender a los más vulnerables.

Derecho a defender derechos

La Declaración sobre el Derecho y el Deber de Los Individuos, Los Grupos y Las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, en su artículo 1 consagra lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

De igual manera, en su artículo 5 se lee:

“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho: A reunirse o manifestarse pacíficamente; a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”.

El documento de carácter internacional consagra en su artículo 9, numeral 3 que toda persona tiene derecho a:

“Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios;  asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Trabajadores de la salud en pandemia: vulnerables y olvidados por el Estado
Desde 2018 se ha agudizado la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas en el estado Bolívar

Las denuncias sobre la crisis en los hospitales venezolanos no son nuevas.  Desde hace años el personal que trabaja en los centros de salud, junto a la sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han levantado su voz para exigir al Estado cambios profundos en el sistema de salud pública.

De igual forma, el gremio ha solicitado ayudas humanitarias para hacerle frente a las condiciones precarias a las que se enfrentan, pero muchas de esas peticiones han sido en vano. Con la llegada del Covid-19 a Venezuela los problemas en esta área se han ido agudizando en Bolívar.

En Codehciu conversamos con varios profesionales de la salud del estado, a fin de evidenciar lo que se vive en uno de los territorios más grandes de Venezuela.

Marcos Lima, especialista en endocrinología, señaló que en Bolívar confluyen 3 epidemias de las cuales el estado es líder, no solamente en Venezuela sino en el continente:  “Ya configuraba una situación bastante crítica en el punto de vista de la salud; no en vano recordemos que antes de que llegara la pandemia, el estado Bolívar se encontraba liderando las estadísticas a nivel continental en malaria, difteria, y sarampión, eso indudablemente nos dice que teníamos un estado bastante vulnerable”.

El especialista sumó que con la aparición del Covid-19 la crisis humanitaria se ha ido agravando: “Entiendo que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la dotación, principalmente de tratamiento para el Covid-19 pero todavía se adolece del número de pruebas necesarias como la PCR para tener un diagnóstico más oportuno, y tener así una idea más real, un registro un poco más real de lo que es el Covid-19 en el estado”.

Sin ser escuchados

Lima destacó que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela los profesionales de la salud han solicitado la descentralización de las pruebas, es decir, que cada estado tenga la posibilidad de realidad sus pruebas PCR, generando así una disminución en el tiempo de retorno, ese tiempo que pasa desde que es tomada la prueba hasta el momento en el que se otorga el diagnóstico.

“Si consideramos que la pandemia inicia oficialmente en nuestro país el 13 de marzo, ya prácticamente pasado el 13 de octubre todavía el único centro autorizado para realizar las pruebas PCR era el Instituto de Higiene Rafael Rangel en Caracas, entonces podemos decir que Bolívar es un estado vulnerable por las epidemias que ya se concentraban en él y que han aumentado su vulnerabilidad por la pandemia del Covid-19”, destacó el especialista.

Por otro lado, un trabajador del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, ejemplificó que sí cuentan con algunos recursos de protección como lo son las mascarillas quirúrgicas, que de alguna manera le brinda protección frente a cualquier contagio: “Abonado a que somos hospital centinela, donde se reciben pacientes con Covid-19, tenemos guantes, hay servicio de agua con hipoclorito para que las personas al ingresar se laven y a las afueras de las instalaciones del hospital hay lavaderos con jabón”.

“Por otra parte pienso que es concientización de cada persona tomarlas, hacerlas y aplicarlas para evitar cualquier tipo de contagio, porque efectivamente somos vulnerables, aunque de nada nos sirve mantenernos así en el hospital y cuando nos montamos en el autobús o usamos el transporte debido a la falta de gasolina, la aglomeración de las personas es evidente”, destacó el trabajador de salud que labora en el hospital centinela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoció la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.

Una trabajadora del sector salud en el hospital Uyapar contó al equipo de Codehciu que ya no cuenta con suministros de protección básicos para poder trabajar. Asegura que lo poco que tienen lo han logrado por medio de donaciones de organizaciones, fundaciones y ciudadanos, que han facilitado caretas y bragas de bioseguridad reusables.

“Esas bragas se pueden usar en los distintos servicios de un hospital que no sea directamente con el área Covid-19, pero recibimos pacientes que vienen de muchas zonas del estado y fuera de él que pueden estar contagiados y no lo sabemos; los atendemos con un precario equipo de protección personal”, sumó la joven.

Insumos básicos

No están exentos a las carencias de insumos médicos. La trabajadora de la salud destacó que: “En cuanto al mínimo de medicamentos para fortalecer nuestro sistema inmune, los hospitales no nos están garantizando nada”.

Sus compañeros no han estado fuera de riesgo, ni tampoco sus familiares: “No ha sido fácil, es verdad que muchas de las cosas vía endovenosa se pueden conseguir, las están suministrando en los hospitales, pero hay fallas en cuanto al tratamiento completo que no se obtiene y deben comprarse”.

 “Las bragas de bioseguridad son bastante calurosas, en los hospitales no hay aire acondicionado; es un ambiente más inhóspito y crudo para poder trabajar; a veces tenemos guantes, a veces no”, concluye.

A la deriva

Asimismo, Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras, destacó que en esta época la situación se ha hecho más complicada, algo que desde el 2018 se ha agudizado ante la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas para cumplir con sus labores.

“Los equipos de bioseguridad para trabajar en las áreas Covid-19 son muy escasos. Últimamente hemos visto a mucha gente de la sociedad civil, y ONG, que han colaborado. Por ejemplo, Codehciu es una de esas ONG que han colaborado con este sector, que han llevado insumos a los hospitales y a los centros ambulatorios; hemos cubierto hasta los que están en las zonas rurales; gracias por el aporte hemos podido palear”, valoró Moreno.

Moreno alertó que tiene compañeros que se han enfermado de Covid-19 y no han tenido los recursos para cumplir su tratamiento. Hay trabajadores que se han infectado dentro de los centros de salud, en las áreas de emergencia, en parte porque no tenían guantes, batas o tapabocas.

Puntualizó que en algunos casos sus compañeros recibieron un tapabocas para 15 días, cuando este tiene un promedio de vida de 3 horas.

Moreno agregó que el transporte para los trabajadores del sector salud en Guayana es muy limitado, lo que complica más el panorama laboral del gremio.

Dio como ejemplo que: “Muchos de los trabajadores de la guardia de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche viven en sectores lejanos, como el barrio Altamira, y los dejan en la Pica Pica, o en la avenida Manuel Piar, en San Félix, y tienen que caminar aproximadamente 1 hora entre las 9:00 y 10:00 de la noche.  Las áreas del hospital Dr. Raúl Leoni se han quedado solas en las noches; igual pasa en Uyapar, es una situación muy difícil la que se está viviendo en los hospitales”.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure asistencia médica y demás servicios esenciales. Codehciu exhorta al Estado venezolano a garantizar la salud de todos los venezolanos y venezolanas.

Flexibilización de la cuarentena agudizaría las vulneraciones del derecho a la salud en Bolívar
Según la Organización Mundial de la Salud, Latinoamérica sumó hasta noviembre de 2020 más de 10 millones de casos y al menos 365 mil muertes

El uso del tapabocas, el distanciamiento social y el resto de las medidas destinadas para la prevención del Covid-19 han quedado atrás luego del anuncio realizado por el gobierno nacional sobre una flexibilización completa durante diciembre. Pero los casos siguen en aumento, mientras que en las calles venezolanas hay cada vez menos precaución.

Usuarios de redes sociales en distintos estados del país han publicado fotografías y videos en los que se observa cómo hay menos medidas de prevención para el Covid-19 a pesar del aumento de contagios de los últimos meses.

Por su parte, Nicolás Maduro anunció a finales de noviembre la flexibilización para todo diciembre, asegurando que las estadísticas demostraban que los contagios estaban bajo control. Pero el pasado 13 de este mes aseveró que “estamos pensando apretar la mano en la flexibilización decembrina y el 7+7 en enero. Estoy pensando aplicar 14 días de cuarentena radical en enero”, al mismo tiempo que pidió a las autoridades aumentar los niveles de vigilancia respecto a las medidas de prevención.

A inicios de noviembre países de Latinoamérica registraron picos recurrentes de contagios por Covid-19. La región sumó hasta el mes pasado más de 10 millones de casos y al menos 365 mil muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la expansión del virus ha sido muy activa en todo el continente.

En noviembre Europa volvió a ser la región con más contagios de Covid-19 en todo el mundo, con 12,5 millones de casos detectados. Según el medio de comunicación France24, el ministro de Salud francés, Olivier Véran, alertó que la segunda ola será “más dura y larga que la primera”.

El aumento de casos en todo el mundo indica una notable preocupación por parte de los Estados, pero en Venezuela la flexibilización durante todo diciembre, decretada por el Ejecutivo Nacional, marca el inicio de nuevas vulnerabilidades para los ciudadanos.

Marcos Lima, especialista en endocrinología, opina que: «La gente no aprende. Por la experiencia de otros países se ha visto que cuando se ha realizado flexibilizaciones y actividades que implican aglomeración con pocas medidas preventivas, ha habido rebrote; eso es lo que ha ocurrido en Estado Unidos y los principales países de Europa y eso ha traído como consecuencia el confinamiento».

Consecuencias a finales de año

El especialista reflexiona que la flexibilización aplicada en el país podría ser vista como buena desde el punto de vista económico, pero acota que es mala para el cumplimiento de las medidas preventivas básicas, “como el uso de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos».

«Lo que se espera es que para los últimos días de diciembre y principios de enero podamos tener un incremento en los casos de Covid-19 en el país. Un país con un sistema de salud pública bastante menguado, y aparte con la confluencia de otras epidemias no controladas sobre manera en nuestro estado, como malaria, dengue, chikungunya, que son endémicas en la región; eso pudiera llevar al colapso de nuestro sistema sanitario», sumó Lima.

Cabe destacar que en agosto de este año, el departamento de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública alertó sobre un aumento en los casos de paludismo en 3 municipios al norte del estado Bolívar: Caroní, Angostura del Orinoco y Piar, durante el contexto de la pandemia por Covid-19.

Asimismo, en un pronunciamiento publicado a mediados de 2018, el Observatorio Venezolano de Salud describió recomendaciones y medidas, orientadas al Ministerio de Salud venezolano, que deben ser tomadas en cuenta con urgencia para el control de la epidemia de la malaria en Venezuela.

Flexibilización sin medidas

Durante las últimas semanas, usuarios en redes sociales comentaron negativamente sobre diferentes conciertos y otros eventos realizados en el estado, ante esto Lima comentó que: “Yo veía las imágenes del concierto de Guaco y eso era como que no hubiese Covid-19 en la calle, o que todos estuvieran vacunados, es bastante preocupante. Cuando vi los encendidos de los arbolitos, fue igual, la gente no aprende con lo sucedido en otros países, y eso que en ellos sí hay sistemas de salud buenos y han ocurrido gran cantidad de fallecimientos y rebrotes; no hay razón para esperar que en Venezuela no pueda ocurrir».

A finales de noviembre, la comunidad médica exhortó a Nicolás Maduro a reconsiderar la flexibilización durante diciembre debido al riesgo de aumento de la transmisión comunitaria del virus en el contexto de pandemia y emergencia humanitaria compleja.

Reportes de Correo del Caroní relatan que, en un comunicado emitido por la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Federación farmacéutica venezolana y otras organizaciones alertaron que la flexibilización ocurre en un escenario de incertidumbre y precarias condiciones.

Venezuela registró hasta este miércoles 16 de diciembre un total de 970 muertes por Covid-19. Y tiene una cifra que sobrepasa los 108 mil contagios hasta la fecha, según fuentes oficiales.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) exhorta al Estado Venezolano a que aplique medidas adecuadas en cuanto a la prevención del Covid-19, considerado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Debe, además, reconocer y atacar el profundo problema de salud pública que vive el país.

Codehciu añade que estas medidas deben estar orientadas no solo a la prevención, sino también al respeto de la dignidad humana, a la promoción educativa eficaz y constante. Los centros de salud del estado Bolívar no cumplen con las condiciones necesarias para la atención masiva de contagios, y es de gran urgencia reducir los riegos y fortalecer el sistema de salud de la región.