Codehciu, autor en Runrun

Codehciu

Abandono de sedes educativas en pandemia agudiza vulneraciones a la educación  
Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia
Las carencias que denuncian los estudiantes desde hace años siguen sin solución

La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.

Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.  

El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes  de la institución.

En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de  la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.

Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.

Derechos fundamentales

Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estado para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.

Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:

“Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.

A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.

Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.  

También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.

Colegios desolados

La Constitución Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 102 que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.

Pero el panorama de las carencias de los planteles de educación superior no es distinto al de los colegios públicos; aunque en algunas instituciones los alumnos están asistiendo de forma presencial, uno o dos días a la semana, estas también han sufrido estragos.

“Las condiciones de infraestructura donde se dan clases y laboran los maestros de la educación pública en Venezuela son deplorables, las  escuelas en su gran mayoría no reciben ningún tipo de dotación y mantenimiento  por parte del gobierno,  y han sido dejadas en manos del hampa que las han desvalijado progresivamente ante la mirada indolente del gobierno. Las escuelas tienen años sin cableado eléctrico, sin iluminación, ni ventilación, sin agua y sin salas sanitarias apropiadas Para su buen funcionamiento”, denunció A Codehciu una docente que tiene más de 8 años laborando en instituciones públicas.

También señala que: “Como consecuencia de la pandemia, en Venezuela se ha optado por adaptar la educación a una programación vía online, o educación a distancia. Sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico tanto de los estudiantes como el de los docentes que no cuentan con los recursos ni plataformas digitales para la conexión, ni teléfono inteligente o computadora, ni el acceso a internet. A esto se le suma el servicio eléctrico inestable que tenemos que no permite cumplir con las actividades las fechas pautadas para su entrega”.

Estado venezolano continúa la criminalización de la labor humanitaria en el país
Cinco integrantes de la ONG Azul Positivo permanecen privados de libertad

Lo ocurrido durante la segunda semana de enero de 2021 a la organización Azul Positivo pone en riesgo el trabajo humanitario realizado por defensoras y defensores de derechos humanos en el país. La emergencia humanitaria compleja vulnera la vida de familias, niños, niñas, adolescentes, personas con VIH-SIDA, adultos mayores, y numerosos grupos en riesgo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a las emergencias complejas como crisis humanitarias que suelen ser el resultado de inestabilidad política, combinada con conflictos, violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente; además estas son de carácter político y menoscaban los medios de vida ciudadana.

Asimismo, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) destaca en su portal web que la emergencia humanitaria compleja en el caso de Venezuela nace de diferentes factores: un sistema de salud en declive desde el 2012, una crisis de nutrición y escasez de alimentos, el éxodo masivo de venezolanas y venezolanos en la búsqueda de calidad de vida, y diversos factores que violan derechos humanos en el país y que durante la gestión de Nicolás Maduro se han intentado ocultar con la negativa de publicar datos oficiales.

“Las autoridades venezolanas del Gobierno de Maduro son las principales responsables por la falta de una respuesta internacional coordinada a la crisis en Venezuela. Al no reconocer la verdadera magnitud de la crisis ni invitar a organismos clave de la ONU a que evalúen la situación en forma independiente y coordinen una respuesta eficaz, las autoridades de Venezuela han contribuido al sufrimiento del pueblo venezolano”, alertó HRW en su informe sobre la emergencia humanitaria compleja en Venezuela publicado en abril de 2019.

Bajo este contexto, hace menos de un año el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, solicitó crear leyes por parte del parlamento regional y ordenanzas desde las municipalidades que tuvieran como finalidad limitar las actividades en la región de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “financiadas por Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo”.

Según Prieto, “las labores y lealtad al pueblo no se rigen por las circunstancias, sino por los ideales. Debemos sacar a las ONG financiadas por Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo de los municipios, que buscan quebrantar la lealtad de concejales, además de tumbar y perseguir a los mandatarios”.

Atropellos

Actualmente 5 integrantes de Azul Positivo permanecen privados de libertad. También conocida como Acción Zuliana por la vida, la ONG zuliana fundada en 2004 se dedica desde hace 16 años a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y a brindar apoyo humanitario a pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); esta organización de la sociedad civil ha trabajado con la Gobernación del Zulia a través de la Secretaria de Salud y el programa regional de VIH.

El hostigamiento hacia la organización inició el 12 de enero, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la policía del estado Zulia, allanaron su sede. Días después fueron privados de libertad 5 miembros por el Tribunal Cuarto de Control del estado a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz.

La Fiscalía presentó a Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz, por los delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

Juan Berrios, director de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) explicó a Codehciu: “Es una organización líder en atención a comunidades en la región zuliana, trabajando ese tema en concreto; suelen ser aliados a las agencias de Naciones Unidas que se encuentran trabajando en Zulia como ACNUR, en zonas fronterizas, zonas rurales, y también con el fondo de poblaciones de la misma organización, y con el OMSIDA”.

Persecución

Este tipo de ataques hacia agentes humanitarios por parte de organismos del Estado no es nuevo. El 15 de diciembre de 2020 funcionarios policiales allanaron la sede de la asociación civil Convite en Caracas. Miembros de su equipo y activistas por los derechos humanos denunciaron el hecho por redes sociales, advirtiendo la presencia de funcionarios del Tribunal Cuarto de Control, con competencia en delitos asociados al terrorismo.

El portal de Efecto Cocuyo reportó en diciembre que los funcionarios confiscaron computadoras de la sede de la organización. El trabajo de Convite está relacionado con la defensa de los derechos humanos a niñas, niños, mujeres y adultos mayores, y su equipo ha realizado actividades de carácter humanitario para brindar apoyo a grupos vulnerables durante la emergencia humanitaria compleja. El director de la asociación civil, Luis Francisco Cabezas, fue interrogado por dos horas en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Un mes antes, otros defensores de derechos humanos también sufrieron atropellos. El lunes 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra 6 trabajadores de la ONG Alimenta la Solidaridad, que trabaja para gestionar más de 200 comedores y brinda asistencia durante la pandemia. Al día siguiente efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la sede de la organización sin mostrar ninguna orden, como lo alertó HRW en su reporte.

Pero con el inicio del nuevo año continuaron los ataques hacia trabajadores humanitarios, y los beneficiarios de estos son los más afectados.  Berrios señaló que los integrantes de Azul Positivo, “se han dedicado a ampliar un poco más su ámbito de trabajo, y esa ampliación hizo que incursionaran en la asistencia para alimentos a través de la asignación y distribución de tarjetas pre pagadas para comprar alimentos en comunidades y familias vulnerables en el Zulia, ese es el proyecto que los ha puesto en la mira”.

“La criminalización, es una idea que se ha venido desarrollando e intensificando con el paso del tiempo; ha habido diversos anuncios de figuras públicas nacionales, como regionales, sobre el rol de la sociedad civil, un rol que puede considerarse que pone en riesgo la estabilidad del gobierno”, suma Berrios.

 El defensor de derechos humanos añade que: “En casos concretos de organizaciones que están dentro de las respuestas humanitarias de las Naciones Unidas, justamente se encuentran realizando un trabajo para superar una crisis que existe, y ese plan de respuesta humanitaria no estaría ocurriendo sin la respuesta y el aval, o sin el acuerdo, del Gobierno. Por eso es que llama mucho la atención este caso en particular: que estas personas se encuentren procesadas y enjuiciadas en lo penal forma parte de una idea de que en la sociedad civil hay enemigos”.

El 23 de enero Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz fueron trasladados a un centro de salud privado en el municipio San Francisco, del estado Zulia por presentar síntomas de Covid-19.

Exigencia al respeto de los DDHH

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado el 19 de enero alertó que los integrantes de Azul Positivo son presos de conciencia que fueron detenidos únicamente por “su trabajo humanitario”. Exigió su liberación inmediata y poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura hacia las organizaciones de la sociedad civil.

El 29 de enero de 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Venezuela la liberación de los 5 integrantes de Azul Positivo, por medio de su portavoz Stéphane Dujarric durante una conferencia de prensa.

A esta exigencia también se ha unido ONU-SIDA: “Hago un llamado a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los cinco trabajadores humanitarios que trabajan para la organización no gubernamental Azul Positivo y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”, alertó la directora Ejecutiva de la agencia, Winnie Byanyima, agregando: “Una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela”.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), no solo mostramos nuestro respaldo y solidaridad con todas las organizaciones sin fines de lucro que funcionan en el país, sino que también exhortamos a las autoridades a que se detenga el acoso a las personas que las integran.

Codehciu también se une a esta exigencia para la liberación inmediata de los miembros de Azul Positivo. El trabajo humanitario es vital para enfrentar la crisis humanitaria que golpea al país, y los defensores de los derechos humanos que trabajan en diferentes organizaciones de la sociedad civil merecen el respeto a sus esfuerzos y la libertad para atender a los más vulnerables.

Derecho a defender derechos

La Declaración sobre el Derecho y el Deber de Los Individuos, Los Grupos y Las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, en su artículo 1 consagra lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

De igual manera, en su artículo 5 se lee:

“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho: A reunirse o manifestarse pacíficamente; a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”.

El documento de carácter internacional consagra en su artículo 9, numeral 3 que toda persona tiene derecho a:

“Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios;  asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Trabajadores de la salud en pandemia: vulnerables y olvidados por el Estado
Desde 2018 se ha agudizado la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas en el estado Bolívar

Las denuncias sobre la crisis en los hospitales venezolanos no son nuevas.  Desde hace años el personal que trabaja en los centros de salud, junto a la sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han levantado su voz para exigir al Estado cambios profundos en el sistema de salud pública.

De igual forma, el gremio ha solicitado ayudas humanitarias para hacerle frente a las condiciones precarias a las que se enfrentan, pero muchas de esas peticiones han sido en vano. Con la llegada del Covid-19 a Venezuela los problemas en esta área se han ido agudizando en Bolívar.

En Codehciu conversamos con varios profesionales de la salud del estado, a fin de evidenciar lo que se vive en uno de los territorios más grandes de Venezuela.

Marcos Lima, especialista en endocrinología, señaló que en Bolívar confluyen 3 epidemias de las cuales el estado es líder, no solamente en Venezuela sino en el continente:  “Ya configuraba una situación bastante crítica en el punto de vista de la salud; no en vano recordemos que antes de que llegara la pandemia, el estado Bolívar se encontraba liderando las estadísticas a nivel continental en malaria, difteria, y sarampión, eso indudablemente nos dice que teníamos un estado bastante vulnerable”.

El especialista sumó que con la aparición del Covid-19 la crisis humanitaria se ha ido agravando: “Entiendo que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la dotación, principalmente de tratamiento para el Covid-19 pero todavía se adolece del número de pruebas necesarias como la PCR para tener un diagnóstico más oportuno, y tener así una idea más real, un registro un poco más real de lo que es el Covid-19 en el estado”.

Sin ser escuchados

Lima destacó que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela los profesionales de la salud han solicitado la descentralización de las pruebas, es decir, que cada estado tenga la posibilidad de realidad sus pruebas PCR, generando así una disminución en el tiempo de retorno, ese tiempo que pasa desde que es tomada la prueba hasta el momento en el que se otorga el diagnóstico.

“Si consideramos que la pandemia inicia oficialmente en nuestro país el 13 de marzo, ya prácticamente pasado el 13 de octubre todavía el único centro autorizado para realizar las pruebas PCR era el Instituto de Higiene Rafael Rangel en Caracas, entonces podemos decir que Bolívar es un estado vulnerable por las epidemias que ya se concentraban en él y que han aumentado su vulnerabilidad por la pandemia del Covid-19”, destacó el especialista.

Por otro lado, un trabajador del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, ejemplificó que sí cuentan con algunos recursos de protección como lo son las mascarillas quirúrgicas, que de alguna manera le brinda protección frente a cualquier contagio: “Abonado a que somos hospital centinela, donde se reciben pacientes con Covid-19, tenemos guantes, hay servicio de agua con hipoclorito para que las personas al ingresar se laven y a las afueras de las instalaciones del hospital hay lavaderos con jabón”.

“Por otra parte pienso que es concientización de cada persona tomarlas, hacerlas y aplicarlas para evitar cualquier tipo de contagio, porque efectivamente somos vulnerables, aunque de nada nos sirve mantenernos así en el hospital y cuando nos montamos en el autobús o usamos el transporte debido a la falta de gasolina, la aglomeración de las personas es evidente”, destacó el trabajador de salud que labora en el hospital centinela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoció la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.

Una trabajadora del sector salud en el hospital Uyapar contó al equipo de Codehciu que ya no cuenta con suministros de protección básicos para poder trabajar. Asegura que lo poco que tienen lo han logrado por medio de donaciones de organizaciones, fundaciones y ciudadanos, que han facilitado caretas y bragas de bioseguridad reusables.

“Esas bragas se pueden usar en los distintos servicios de un hospital que no sea directamente con el área Covid-19, pero recibimos pacientes que vienen de muchas zonas del estado y fuera de él que pueden estar contagiados y no lo sabemos; los atendemos con un precario equipo de protección personal”, sumó la joven.

Insumos básicos

No están exentos a las carencias de insumos médicos. La trabajadora de la salud destacó que: “En cuanto al mínimo de medicamentos para fortalecer nuestro sistema inmune, los hospitales no nos están garantizando nada”.

Sus compañeros no han estado fuera de riesgo, ni tampoco sus familiares: “No ha sido fácil, es verdad que muchas de las cosas vía endovenosa se pueden conseguir, las están suministrando en los hospitales, pero hay fallas en cuanto al tratamiento completo que no se obtiene y deben comprarse”.

 “Las bragas de bioseguridad son bastante calurosas, en los hospitales no hay aire acondicionado; es un ambiente más inhóspito y crudo para poder trabajar; a veces tenemos guantes, a veces no”, concluye.

A la deriva

Asimismo, Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras, destacó que en esta época la situación se ha hecho más complicada, algo que desde el 2018 se ha agudizado ante la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas para cumplir con sus labores.

“Los equipos de bioseguridad para trabajar en las áreas Covid-19 son muy escasos. Últimamente hemos visto a mucha gente de la sociedad civil, y ONG, que han colaborado. Por ejemplo, Codehciu es una de esas ONG que han colaborado con este sector, que han llevado insumos a los hospitales y a los centros ambulatorios; hemos cubierto hasta los que están en las zonas rurales; gracias por el aporte hemos podido palear”, valoró Moreno.

Moreno alertó que tiene compañeros que se han enfermado de Covid-19 y no han tenido los recursos para cumplir su tratamiento. Hay trabajadores que se han infectado dentro de los centros de salud, en las áreas de emergencia, en parte porque no tenían guantes, batas o tapabocas.

Puntualizó que en algunos casos sus compañeros recibieron un tapabocas para 15 días, cuando este tiene un promedio de vida de 3 horas.

Moreno agregó que el transporte para los trabajadores del sector salud en Guayana es muy limitado, lo que complica más el panorama laboral del gremio.

Dio como ejemplo que: “Muchos de los trabajadores de la guardia de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche viven en sectores lejanos, como el barrio Altamira, y los dejan en la Pica Pica, o en la avenida Manuel Piar, en San Félix, y tienen que caminar aproximadamente 1 hora entre las 9:00 y 10:00 de la noche.  Las áreas del hospital Dr. Raúl Leoni se han quedado solas en las noches; igual pasa en Uyapar, es una situación muy difícil la que se está viviendo en los hospitales”.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure asistencia médica y demás servicios esenciales. Codehciu exhorta al Estado venezolano a garantizar la salud de todos los venezolanos y venezolanas.

Flexibilización de la cuarentena agudizaría las vulneraciones del derecho a la salud en Bolívar
Según la Organización Mundial de la Salud, Latinoamérica sumó hasta noviembre de 2020 más de 10 millones de casos y al menos 365 mil muertes

El uso del tapabocas, el distanciamiento social y el resto de las medidas destinadas para la prevención del Covid-19 han quedado atrás luego del anuncio realizado por el gobierno nacional sobre una flexibilización completa durante diciembre. Pero los casos siguen en aumento, mientras que en las calles venezolanas hay cada vez menos precaución.

Usuarios de redes sociales en distintos estados del país han publicado fotografías y videos en los que se observa cómo hay menos medidas de prevención para el Covid-19 a pesar del aumento de contagios de los últimos meses.

Por su parte, Nicolás Maduro anunció a finales de noviembre la flexibilización para todo diciembre, asegurando que las estadísticas demostraban que los contagios estaban bajo control. Pero el pasado 13 de este mes aseveró que “estamos pensando apretar la mano en la flexibilización decembrina y el 7+7 en enero. Estoy pensando aplicar 14 días de cuarentena radical en enero”, al mismo tiempo que pidió a las autoridades aumentar los niveles de vigilancia respecto a las medidas de prevención.

A inicios de noviembre países de Latinoamérica registraron picos recurrentes de contagios por Covid-19. La región sumó hasta el mes pasado más de 10 millones de casos y al menos 365 mil muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que la expansión del virus ha sido muy activa en todo el continente.

En noviembre Europa volvió a ser la región con más contagios de Covid-19 en todo el mundo, con 12,5 millones de casos detectados. Según el medio de comunicación France24, el ministro de Salud francés, Olivier Véran, alertó que la segunda ola será “más dura y larga que la primera”.

El aumento de casos en todo el mundo indica una notable preocupación por parte de los Estados, pero en Venezuela la flexibilización durante todo diciembre, decretada por el Ejecutivo Nacional, marca el inicio de nuevas vulnerabilidades para los ciudadanos.

Marcos Lima, especialista en endocrinología, opina que: «La gente no aprende. Por la experiencia de otros países se ha visto que cuando se ha realizado flexibilizaciones y actividades que implican aglomeración con pocas medidas preventivas, ha habido rebrote; eso es lo que ha ocurrido en Estado Unidos y los principales países de Europa y eso ha traído como consecuencia el confinamiento».

Consecuencias a finales de año

El especialista reflexiona que la flexibilización aplicada en el país podría ser vista como buena desde el punto de vista económico, pero acota que es mala para el cumplimiento de las medidas preventivas básicas, “como el uso de la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos».

«Lo que se espera es que para los últimos días de diciembre y principios de enero podamos tener un incremento en los casos de Covid-19 en el país. Un país con un sistema de salud pública bastante menguado, y aparte con la confluencia de otras epidemias no controladas sobre manera en nuestro estado, como malaria, dengue, chikungunya, que son endémicas en la región; eso pudiera llevar al colapso de nuestro sistema sanitario», sumó Lima.

Cabe destacar que en agosto de este año, el departamento de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública alertó sobre un aumento en los casos de paludismo en 3 municipios al norte del estado Bolívar: Caroní, Angostura del Orinoco y Piar, durante el contexto de la pandemia por Covid-19.

Asimismo, en un pronunciamiento publicado a mediados de 2018, el Observatorio Venezolano de Salud describió recomendaciones y medidas, orientadas al Ministerio de Salud venezolano, que deben ser tomadas en cuenta con urgencia para el control de la epidemia de la malaria en Venezuela.

Flexibilización sin medidas

Durante las últimas semanas, usuarios en redes sociales comentaron negativamente sobre diferentes conciertos y otros eventos realizados en el estado, ante esto Lima comentó que: “Yo veía las imágenes del concierto de Guaco y eso era como que no hubiese Covid-19 en la calle, o que todos estuvieran vacunados, es bastante preocupante. Cuando vi los encendidos de los arbolitos, fue igual, la gente no aprende con lo sucedido en otros países, y eso que en ellos sí hay sistemas de salud buenos y han ocurrido gran cantidad de fallecimientos y rebrotes; no hay razón para esperar que en Venezuela no pueda ocurrir».

A finales de noviembre, la comunidad médica exhortó a Nicolás Maduro a reconsiderar la flexibilización durante diciembre debido al riesgo de aumento de la transmisión comunitaria del virus en el contexto de pandemia y emergencia humanitaria compleja.

Reportes de Correo del Caroní relatan que, en un comunicado emitido por la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Federación farmacéutica venezolana y otras organizaciones alertaron que la flexibilización ocurre en un escenario de incertidumbre y precarias condiciones.

Venezuela registró hasta este miércoles 16 de diciembre un total de 970 muertes por Covid-19. Y tiene una cifra que sobrepasa los 108 mil contagios hasta la fecha, según fuentes oficiales.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) exhorta al Estado Venezolano a que aplique medidas adecuadas en cuanto a la prevención del Covid-19, considerado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Debe, además, reconocer y atacar el profundo problema de salud pública que vive el país.

Codehciu añade que estas medidas deben estar orientadas no solo a la prevención, sino también al respeto de la dignidad humana, a la promoción educativa eficaz y constante. Los centros de salud del estado Bolívar no cumplen con las condiciones necesarias para la atención masiva de contagios, y es de gran urgencia reducir los riegos y fortalecer el sistema de salud de la región.

Nelson Carpio cumple 5 años desaparecido a manos de funcionarios del Estado
Fue secuestrado en noviembre de 2015 por miembros de la Policía del Estado Bolívar

Nelson Carpio Guarisma fue víctima de desaparición forzada el 17 de noviembre de 2015, en San Félix, en el estado Bolívar. El caso del joven sigue sin mucho desarrollo y devela numerosas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. Luego de 5 años de lucha, el silencio de las autoridades continúa perjudicando la esperanza de los familiares del joven, pero estos no detienen la exigencia de justicia.

Nelson tenía 17 años cuando salió de su casa, en San José de Chirica, la mañana de 17 de noviembre de 2015, en una bicicleta prestada. Testigos contaron que una patrulla de la Policía del Estado Bolívar (PEB), con 4 funcionarios que le pidieron su documento de identidad, lo detuvo. El joven no se resistió, pero fue golpeado por los policías y obligado a entrar al vehículo. Y fue lo último que se supo de él.

La Comisión para Los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) acompañó a los padres del adolescente, Edgar Carpio y Eladia Guarisma, en la exigencia de una investigación imparcial y eficaz, mediante campañas de difusión y asesorías jurídicas. En 2015 las autoridades detuvieron a 4 personas presuntamente implicadas en la desaparición forzada del adolescente, y aproximadamente tres meses después se introdujo un Habeas Corpus ante el Tribunal primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar.

Los familiares también acudieron, luego de la desaparición, al Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y además al Ministerio Público para denunciar.

Según información de Codehciu, en febrero de 2017 la exdirectora del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte, en San Félix, Yerania Vargas, fue arrestada como cómplice de desaparición forzada de persona y agavillamiento. Pero actualmente no está privada de libertad.

El caso sigue estancado, pero continúa la angustia de los familiares.

5 años de silencio

Actualmente han sido liberados 2 de los 4 presuntos funcionarios implicados en el caso.

A Eladia y Edgar solo les queda esperar y continuar la exigencia por justicia. La emergencia humanitaria compleja, añadida a la pandemia por Covid-19, los ha dejado con pocas opciones económicas para su familia, ya que ha mermado el negocio de venta de aceites para vehículos debido al complicado contexto, e incluso por sus pensamientos llegó la idea de irse del país, pero se niegan: no quieren abandonar el caso de su hijo.

Añoran el regreso de Nelson. O, por lo menos, buscan entender qué pasó. Los implicados aún no hablan ni cuentan la verdad, y el caso, como admiten ambos padres, parece paralizado en el tiempo.

Aún conservan las pancartas que desde el 2015 usan para salir a exigir al Estado venezolano las respuestas que necesitan escuchar como padres. Se llenan de polvo por el tiempo, pero las sacan con convicción cuando es necesario.

“Nosotros como padres de Nelson Carpio, desaparecido hace 5 años, le pedimos al Estado y a todos los organismos que nos ayuden a conseguir la justicia. Queremos justicia, queremos saber dónde está. Queremos saber qué pasó. Estoy triste, porque recordamos a nuestro muchacho diariamente”, se lamenta Edgar Carpio, en una reciente entrevista para Codehciu.

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 2 la define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El mismo documento, en el artículo 12, consagra que los organismos del Estado deben proceder, sin demora, a realizar una investigación imparcial y exhaustiva de cualquier caso de desaparición forzada, además de asegurar la protección del denunciante, los testigos y los allegados de la persona desaparecida.

La vida de la familia Carpio-Guarisma no volvió a ser la misma. La sombra de la desaparición de su hijo ha dejado secuelas emocionales en cada uno. Eladia, la madre, aún sueña con él, después de 5 años de esa mañana del 17 de noviembre en la que le habló por última vez al adolescente.  

“Yo como mamá, le exijo justicia a los organismos competentes que tienen el caso de mi hijo. Hago un llamado a esas personas (los implicados) que por lo menos digan cuál es el paradero de mi hijo. Nadie se va a escapar de la justicia de Dios. Ya hace 5 años que esos policías lo desaparecieron, y yo sigo en pie de lucha. Buscando una respuesta, buscando que mi hijo aparezca”, cuenta Eladia Guarisma, junto a su esposo, en su casa en San José de Chirica.

Entre otros detalles del caso: en 2018 los familiares y Codehciu denunciaron impunidad luego del que El juez del Tribunal 1º, de Control del Circuito Judicial Penal, extensión Bolívar, otorgara medida de arresto domiciliario a uno de los imputados por supuestos dolores en una pierna. Una medida que violaba el Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo 491 consagra que procede la libertad condicional en caso de que el penado padezca de una enfermedad grave o en fase terminal. La libertad condicional fue revocada ese año.

La familia de Nelson Carpio vive otro año de ausencia. Ahogados por las carencias en su hogar y sin noticias de su hijo. Han pasado 5 años de dolores, pesadillas, y arbitrariedades que solo evidencian más violaciones a sus derechos. Pero la búsqueda de justicia los fortalece.

Crisis de combustible y abusos de las autoridades del Estado arremeten contra los DDHH
Personas han sido detenidas por protesta en las colas para surtir gasolina

Desde hace más de un año los conductores en el estado Bolívar pasan penurias para poder surtir combustible. Aunque la problemática no es nueva, esta se ha ido agravando, reflejando los abusos por parte de los organismos de seguridad que tienen a su cargo las estaciones de servicio, así como el silencio por parte de los entes gubernamentales ante una crisis que afecta a más de 10 mil habitantes.

La escala de violencia y agresión también ha sido preocupante. Hace tan solo dos meses fue detenido en la estación de servicio de Las Américas, en Puerto Ordaz, Eduardo José Acosta Alí, de 19 años. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) alegaron que el joven había tenido una actitud agresiva en contra de ellos, motivo por el que fue presentado ante el Ministerio Público, donde recibió medidas cautelares.

Pero un vídeo que circuló en redes sociales evidenciaba algo completamente distinto: abuso de poder y uso excesivo de la fuerza.

Esta situación se repitió dos meses después en la misma estación de servicio: el cirujano maxilofacial Williams Arrieta y su esposa estaban desde el 7 de septiembre en una cola para surtir combustible. Luego de un par de días, fueron detenidos de manera arbitraria por funcionarios de la PNB solo por denunciar arbitrariedades. 

Arrieta estaba grabando con su celular y denunciando las irregularidades que se presentaban en la bomba cuando fue golpeado por los funcionarios. Por su caso fueron aprehendidos: Luis Guarimata, de 33 años, Mayra Martínez, de 26, Danny Bernay, de 25 y Karelis Bonalde, de 24 quienes fueron privados de libertad por los delitos de trato cruel y abuso de funciones. De igual forma el tribunal emitió una orden contra el jefe del organismo policial en San Félix, José Leonardo Ortega.

Con la cuarentena se han reducido los días y las estaciones de servicio para surtir gasolina. En los días de flexibilización (algunos casos) trabajan pocas y lo hacen interdiario, por terminales de número de placas y control de litros.  Por otro lado, la crisis del combustible en Bolívar no solo ha dejado en evidencia las agresiones, también el “mercado negro” que existe alrededor.

Ciudadanos hartos

 Estos mecanismos de control han abierto paso a los revendedores que ofrecen el litro entre 3 y 5 dólares, es decir entre unos 1.098.000-1.830.00 bolívares en la ciudad y más de 7 (2.562.000 bolívares) en los poblados ubicados al sur del estado Bolívar, ejemplificando así, que un litro de combustible en el mercado negro equivale a más de un sueldo mínimo en Venezuela.

“Se pasa hasta 3 días o más en cola con la esperanza de poder surtir, tampoco hay información, es un suspenso hasta el domingo en la noche cuando la Zodi Bolívar se pronuncia. Los que vivimos de esto, siendo taxistas, se nos hace a cuestas poder trabajar, y se pierde mucho tiempo comprando combustible”, señaló Roger Salazar al equipo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Otro problema que prevalece es el de surtir gas natural para los vehículos que funcionan bajo este sistema, usuarios han denunciado que pasan hasta más de 7 horas para surtir, que tan solo operan tres estaciones para ofrecer este servicio; pero las máquinas constantemente presentan fallas, lo que retrasa el proceso.

Calidad de vida vulnerada

“Hemos realizado llamados a los distintos organismos y seguimos sin recibir respuestas, hace poco estábamos en la cola y a un BTR se le salió una de las ruedas e impactó con uno de los vehículos, no solo estamos en un peligro constante de ser robados entre otras cosas, es la forma en la que nos está tocando vivir”, sumó Francisco Suárez, un usuario que surte gas en la estación de servicio ubicada en la avenida Atlántico en Puerto Ordaz.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Pero el informe sobre Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (Acnudh), publicado en julio de 2019, revela cómo desde 2014 los venezolanos sobreviven bajo un contexto de vulneraciones.

Además, el Informe de la Misión internacional independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado en septiembre de 2020, denuncia que existen razones para creer que la mayoría de las violaciones documentadas se cometieron en el marco de un ataque sistemático a la sociedad civil, de conformidad con una política estatal.

Codehciu condena las condiciones precarias que sufren todos los bolivarenses, a raíz de la emergencia humanitaria compleja que se agudiza con el pasar de los meses debido al deterioro de los servicios. Y exhorta al Estado a asegurar el bienestar y condiciones de vida dignas. La crisis por combustible ha traído consigo más vulneraciones a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Explotación sexual aumenta en área minera del estado Bolívar
Acnur define la práctica como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona

Cae sol luego de un día caluroso en El Callao, al sur del estado Bolívar. No hay ningún letrero en la parte de afuera del local, pero se escuchan muchas voces adentro. El vidrio de la puerta principal está roto y con un impacto de bala en el medio.

Hay poca iluminación. En una sala hay un grupo de sujetos sentados en sillas de plástico. En el patio tres habitaciones y un grupo de mujeres conversando y lavando a mano. Hay ropa en el piso y agua en tobos, mientras van conversando de distintos temas. Aprovechan el tiempo porque saben que al caer la noche deben trabajar.

Aunque físicamente son distintas, y sus edades varían entre 20 hasta 36 años, algo las une: tienen meses ganándose la vida de esa forma. Trabajan en un prostíbulo ubicado en el municipio El Callao. La mayoría de ellas son madres solteras y están a kilómetros de distancia de sus casas. Vienen de distintas partes del país, desde Nueva Esparta hasta Anzoátegui.

 “Hace días me dijiste que tú hija no te reconoció cuando fuiste a tu casa, hace unas noches me levanté pensando en eso y que tal vez me pase eso con mi hija. Me da temor que mi hija no me reconozca o que mi familia sepa que estoy en El Callao trabajando de prostituta”, comenta una de ellas a otra de sus compañeras, mientras lavan sus pantalones.

Explican que por pasar la noche con un cliente ganan 1,5 gramos de oro, de los cuales solo reciben 1 gramo, y el resto está destinado para el dueño del sitio donde trabajan; este pago tenía un costo de más de 10 millones de bolívares cuando se realizó este trabajo, que equivalen actualmente a unos 21 dólares.

Aires de cambios

“Quisiéramos tener trabajos normales, en condiciones normales, no tener que mentirles a nuestras familias y mucho menos estar lejos de ellas; Maduro es culpable de esta situación. La crisis del país nos ha hecho emigrar dentro de nuestro propio país para poder seguir alimentando a nuestras familias”, comentó otra de las mujeres que labora en el lugar.  Por medidas de seguridad sus nombres fueron omitidos.

Todas están llenas de anhelos y deseos de salir del sitio que desde hace varios meses se ha vuelto su hogar.

La explotación sexual es un delito que vulnera los derechos humanos y que existe en todos los países. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha velado por la protección y garantía de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, y ha visto con preocupación el aumento de esta y otras vulneraciones hacia ellas que existen en las zonas mineras.  

“Es una profesión riesgosa y muchas estamos aquí por la necesidad, nos estábamos muriendo de hambre y nos tocó salir de nuestras casas y ciudades para tratar de seguir llevando el pan a nuestras familias. En mi caso tengo más de 4 meses que no voy a mi casa, pero semanalmente le envío dinero a mi mamá porque ella es la que me tiene a mis hijos; eso es lo más doloroso, no poder verlos todos los días, abrazarlos, darles un beso”, sumó otra de las jóvenes que trabaja en el lugar.

Confiesan que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela sus ingresos han disminuido debido a que “vienen menos clientes, por un ratico cobramos 5 puntos, por la noche 1 grama, pero a veces pasamos la noche sin atender a ningún cliente, se nos pone duro el trabajo a nosotras también y es aún más preocupante cuando uno es el sustento de su hogar”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) define la explotación sexual  como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona ( por ejemplo, alguien que depende de alimentos u otros servicios para sobrevivir), para obtener favores sexuales, incluyendo, pero no solamente, ofrecer dinero u otras ventajas sociales, económicas o políticas;  además, el tráfico y la prostitución.

Las mujeres merecen protección

Por otro lado, aunque las vulnerabilidades crecen conforme se agudiza la emergencia humanitaria en Venezuela, ellas aseguran que laboran de forma legal: “Un día a la semana vamos hasta la sede de la Policía del Estado Bolívar (PEB) donde sellamos nuestros cartones de control. En el hospital nos dan preservativos y pastillas anticonceptivas”.

Norkis Salazar, coordinadora del área de género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explica que: “La prostitución en Venezuela no es un delito, no hay una ley que la tipifique como tal, y resulta por demás importante recordar que las mujeres que se dedican al trabajo sexual son humilladas, perseguidas, y muchas veces matraqueadas por las autoridades por el oficio que realizan”.

La coordinadora además agrega: “Los ambulatorios y hospitales muchas veces no cuentan con antivirales, condones o algún tipo de anticonceptivos que le suministren a  las mujeres para que puedan prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como es inexistente la posibilidad de que puedan realizarse  los exámenes o chequeos médicos preventivos de ITS, que son el más común (si no el mayor)  riesgo que corren las trabajadoras sexuales,  considerando además que tampoco cuentan con  poder adquisitivo que les permita comprar todos los insumos para prevenir estas infecciones”.

Salazar destacó que para quienes sí hay sanción es para aquellos hombres o mujeres que se benefician con recursos económicos a expensas de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que se conoce como proxenetismo. Además, en el contexto venezolano de crisis humanitaria, misma que ha exacerbado las vulnerabilidades, carencias, precariedad y falta de opciones, es más propio referirse a mujeres que ofrecen un servicio sexual con fines onerosos.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establece en su artículo 4, “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.

 

 

Estado venezolano continúa con ataques a la prensa libre en Bolívar
En los nueve primeros meses de 2020  se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela

Este martes 20 de octubre tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron a las afueras de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, en un allanamiento que se extendió por 6 horas. El hecho culminó con el traslado de la secretaria del director del medio y una periodista (a la cual le incautaron su computadora) hasta la sede del organismo.

Abundaron las irregularidades. Susana Reyes y María Ramírez Cabello estuvieron en el mismo lugar donde hace tan solo 8 días estuvo el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, tras un allanamiento a su propiedad. La única información que les fue suministrada es que serían trasladadas hasta la sede ubicada en Vista Al Sol en San Félix, para rendir declaraciones.

Además, Correo del Caroní alertó el pasado martes en su cuenta de Twitter que los funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a la sede del medio de comunicación. La periodista y la secretaria, luego de ser trasladadas hasta Vista al Sol, fueron liberadas tras 3 horas.

Pero no es la primera vez que este tipo de ataques suceden contra el personal de Correo del Caroní. El 31 de julio efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente y robaron al reportero gráfico William Urdaneta mientras hacía su trabajo.

Jhoalys Siverio, periodista de Correo del Caroní, consideró que lo que está ocurriendo es un ataque en contra de la libertad de prensa y los medios independientes: “Recordemos que hace 8 días fue el allanamiento a la residencia de David Natera Febres, quien es director del Correo del Caroní y dos días después el allanamiento al medio internacional 15 Minutos en Caracas, cuyo fundador es David José Natera, hijo”.

“Este hecho no nos va amedrentar; seguiremos ejerciendo y cumpliendo con  nuestro trabajo que es informar, llevar la verdad ante nuestros lectores que es un compromiso que tenemos”, agregó Siverio.

Derecho vulnerado

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58, consagra que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Siverio destacó que este allanamiento al Correo del Caroní no es solo contra el medio, “no descartamos que vengan más ataques a la familia Natera Febres por las otras propiedades comunicacionales que se tienen como Pentagrama y TV Guayana”.

La periodista también destacó: “Hay otros medios de comunicación en todo el país que han estado pasando en los últimos meses por estas mismas arbitrariedades y creo que es porque el régimen no ha terminado de callar las voces de quienes ejercemos el periodismo de manera independiente en Venezuela. Que a pesar de que cierran medios impresos, emisoras, televisoras, nos reinventamos para seguir llevando información veraz a cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta desinformación”.

Persecución en aumento

En los nueve primeros meses del 2020 en Venezuela se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa. La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Yoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que el hecho más reciente contra el diario Correo del Caroní deja en evidencia lo que han venido denunciando desde la organización desde hace un par de años: “El escenario de la libertad de expresión y prensa en el país es de vulneración absoluta, donde el Estado Venezolano se convierte en el ente agresor, intimidador contra la labor informativa”.

“Este escenario, donde también han sido afectadas dos miembros del medio, siendo trasladadas a una sede militar con la intención de declarar sobre lo ocurrido en ese allanamiento, muestra ese poder censor que tiene el Estado venezolano con la intención de intimidar, callar, generar expectativa en la sociedad venezolana de forma negativa; y donde hay la clara invitación a generar un temor hacia el resto de los medios de comunicación”, sumó Contreras.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó el día martes en su cuenta de Twitter: “Rechazamos esta agresión a la sede y al equipo de Correo del Caroní, un medio de comunicación que ha denunciado violación a los ddhh; este allanamiento busca vulnerar aún más la libertad de prensa en tiempos de emergencia humanitaria compleja”.

Codehciu exhorta al Estado a garantizar el respeto de los trabajadores de la prensa libre y condiciones óptimas para estos. Y destaca el esfuerzo que los medios de comunicación y periodistas hacen diariamente para documentar, denunciar y narrar la emergencia humanitaria compleja en el país.