Codehciu

Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia

La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.

Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.  

El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes  de la institución.

En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de  la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.

Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.

Derechos fundamentales

Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estados para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.

Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:

 “Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.

A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.

Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.  

También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.

651 vulneraciones a los servicios básicos se produjeron en 2021

El colapso de los servicios básicos como el agua potable, el gas doméstico y la energía eléctrica, agudiza las penurias que padecen numerosas familias bolivarenses. El monitoreo de contexto, realizado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), registró que durante 2021 vecinos de diferentes comunidades ejercieron su derecho a reclamar estas vulneraciones al menos 651 veces en el estado Bolívar.

Esta cifra se desprende de los 997 reclamos que registró la organización que corresponden, además de los servicios públicos, a desmejoras en la situación salud, problemas con la vialidad y la señal de internet, protestas por derechos laborales y falta de acceso a otros derechos como a la alimentación. Son realidades reportadas por medios de comunicación y son reflejo del descontento ciudadano.

De esta manera, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela trae consigo una disminución progresiva de la calidad de vida ciudadana.

Es común escuchar las palabras “crisis humanitaria” para definir el contexto venezolano; pero según su definición, a esta la determinan factores como desastres naturales o conflictos armados (entre otros) que amenazan la vida humana. Lo que la hace diferente a una EHC es que la segunda viene enlazada a consecuencias que nacen de la inestabilidad política y el quiebre del Estado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la EHC como una crisis grave que suele ser resultado de la inestabilidad política de un país, conflictos, violencia, desigualdades sociales y pobreza. El ente internacional indica que: “Las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y puede hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”.

El agua como derecho humano

Una de las penurias que ha dificultado la supervivencia de los ciudadanos en la EHC ha sido el acceso al agua potable, una irregularidad denunciada por vecinos de diferentes comunidades durante años.

El monitoreo de Codehciu contabilizó 95 reclamos de la ciudadanía en 2021 correspondientes a problemas con el agua potable en diferentes municipios de Bolívar. Cabe destacar que este, además de ser un servicio, es considerado en el ámbito internacional como un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El agua y el saneamiento fueron reconocidos como derechos por la ONU el 28 de julio de 2010, en la resolución 64/292, en la que se destaca que ambos son esenciales para la realización de los demás derechos humanos. El organismo exhorta a todos los Estados a proporcionar recursos efectivos y un suministro de agua digno y saludable, limpio, accesible y asequible para todas y todos.

En octubre de 2020, Codehciu alertó sobre la problemática del servicio de agua potable en el estado Bolívar. Esta situación no ha mejorado, y se evidencia en la cantidad de reclamos monitoreados por la organización.

Sector salud, aseo urbano y electricidad

De los 651 reclamos por servicios públicos monitoreados en publicaciones de medios de comunicación regionales, otros 104 representan afectaciones denunciadas por la ciudadanía referentes al aseo urbano. Como ocurre en el caso del agua potable, se trata de un problema que no es nuevo y que ha sido causa de molestia por parte de vecinos de diferentes comunidades en el estado Bolívar durante años.

A parte de la problemática de los servicios públicos, Codehciu registro 60 reclamos reportados el año pasado en medios de comunicación regionales, en relación a la situación sanitaria y hospitalaria del estado Bolívar. Lo que se traduce en vulneraciones a la vida de los bolivarenses durante la pandemia por Covid-19, que ha dejado un saldo hasta la fecha de más de 5600 muertes según cifras oficiales.

Incluso desde 2020 Codehciu ha alertado sobre cómo la llegada de la pandemia estuvo acompañada de más agravios al derecho a la salud en Bolívar, sobre todo en zonas mineras al sur, y una respuesta poco oportuna en un principio por parte de los organismos del Estado. Los trabajadores del sector salud también han denunciado irregularidades como la falta de insumos para atender casos de emergencia en hospitales, y además han sido víctimas de constantes vulneraciones mientras trabajan con las uñas en un contexto de pocos recursos.

Los reclamos por problemas con el surtido del gas doméstico llegaron a 39 registros. Por otro lado, el servicio eléctrico registró 81 denuncias reportadas en medios de comunicación por la ciudadanía en Bolívar durante 2021.

Asimismo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) alertó en febrero de este año que durante el 2021 el agua y la electricidad fueron los más reportados por los medios de comunicación. El primero obtuvo 31,2% y el segundo un 37,4% de registros contabilizados, según cifras nacionales.

Entre enero y septiembre de 2021 Codehciu contabilizó 18 mujeres víctimas de femicidio

Juana, Luzdani, Karla y Jersis son cuatro mujeres que fueron víctimas de femicidio durante el tercer trimestre de 2021 en el estado Bolívar. Tenían una vida por delante hasta que la violencia las silenció. Son nombres que se suman al monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), y que además narran parte del contexto de peligro de una región donde las vulneraciones a los derechos humanos son un tema cotidiano.

Un martillo fue uno de los objetos que José Montero, de 20 años, presuntamente utilizó para asesinar a su madre, Juana Manrique, a principios de agosto. El monitoreo de violencia basada en género de Codehciu reflejó cómo ella recibió múltiples golpes en su cuerpo; reportes de prensa también narraron que ingresó sin signos vitales al Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez en el municipio Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar.

Durante el mismo mes, Luzdani Paola Bravo Ramos, de 35 años, fue asesinada por su excónyuge con el que mantuvo una relación de 12 años. La prensa regional y la investigación de los órganos del Estado narraron que Jesús Arbelaiz lanzó el cuerpo de la mujer al Río Caroní en el Parque Cachamay, en el municipio Caroní.

El estado vivió otras dos historias de femicido en septiembre, cuando la joven Karla Rivero, de 21 años, fue asesinada con arma de fuego por un hombre. 19 días después, la cabeza decapitada de Jersis Fernández, de la misma edad que la anterior víctima de femicidio, fue hallada en un bolso en El Callao; según medios de comunicación, se dedicaba al comercio informal y se trasladó desde Falcón para mejorar sus condiciones económicas en un país que sufre una emergencia humanitaria. 

Femicidios y más violencia

Aunque este es el acto más cruel contra mujeres, niñas y adolescentes, existen otros tipos de tratos que cada mes protagonizan la realidad de algunos hogares bolivarenses. La violencia física, sexual, psicológica, acoso y la amenaza son tan solo otras demostraciones de vulneración y odio hacia ellas, tipificadas en la ley.

Específicamente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que explica al femicidio como un conjunto de hechos impulsivos y misóginos contra ellas, que atentan contra su seguridad e integridad personal y que degeneran en su muerte; “es el homicidio de una mujer cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género”. En su artículo 15 también se destaca como la forma extrema de violencia de género, “causada por odio o desprecio a su condición de mujer”, tanto en el ámbito público como en el privado.

Fue el contexto de crisis y de violación de derechos del estado Bolívar lo que llevó a Codehciu a comenzar su monitoreo en 2018. A la emergencia humanitaria compleja, la violencia minera y a la economía inestable se les unió la llegada de la pandemia por Covid-19; de tal manera, la organización también ha detectado un aumento de vulneraciones a mujeres que conviven con su agresor durante el confinamiento ante las medidas de bioseguridad. Estas circunstancias han dificultado el alcance de la vida digna.

El Estado venezolano es responsable de garantizar esta vida digna para la ciudadanía, pero no ha generado políticas eficientes para contrarrestar el aumento de la violencia de género en el país. En consecuencia, siguen los femicidios: durante el 2020 murieron 237 mujeres asesinadas en Venezuela, según cifras de Cotejo.

Tercer trimestre de 2021

Además de los 4 femicidios registrados por Codehciu durante el tercer trimestre de 2021, hubo 54 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia en Bolívar.

El más registrado durante este periodo fue la violencia física, que contabilizó 23 víctimas.

Asimismo, 12 fueron vulneradas debido a la violencia sexual, mientras que otras 10 fueron víctimas de amenazas.

En 10 de los 23 casos de violencia física registrados, los victimarios resultaron ser cónyuges de las mujeres que agredieron.

Y en 3 de los 4 femicidios, los victimarios eran cercanos a ellas; otro mantuvo relaciones afectivas con una de las víctimas.  

Las cifras de Codehciu muestran que Caroní fue el municipio más violento durante el tercer trimestre, registrando 27 víctimas de distintos tipos de violencia contra la mujer.

Cabe destacar que, como lo alertan cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, Bolívar es el segundo estado más violento del país.

Las consecuencias de esta violencia tienen muchos rostros y nombres. Es por esto que Codehciu continúa su labor de alertar sobre estos casos. Y además exhorta al Estado, y a todas sus instituciones, a crear políticas que mejoren la calidad de vida de mujeres, niñas y adolescentes. Con la iniciativa de combatir las penurias de una emergencia humanitaria compleja que se agudiza ante la explotación sexual, trata de personas, minería ilegal, y demás.

Estas políticas deben contar con estrategias orientadas a lograr la dignidad de todas, además de favorecer el cese de los tipos de violencia. Asimismo, cada femicidio debe ser investigado de forma eficaz y sin dilaciones para lograr justicia y reparación para los familiares.

Durante julio, agosto y septiembre hubo 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales

Las muertes potencialmente ilícitas siguen sumando víctimas en Bolívar, un estado donde el derecho a la vida es vulnerado cada mes. Tan solo en la primera semana de julio de 2021, medios de comunicación regionales informaron sobre la muerte de 6 personas pertenecientes al llamado “Tren de Aragua” en el municipio Piar, durante un presunto enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero la violencia no terminó ahí; en la misma entidad, un mes después, otros dos hombres fueron ejecutados por la GNB: Jorge De Lourerio Padrón y Keisser Ramsés Hernández Cedeño.

Ambos, como lo narran reportes de prensa y fuentes oficiales, eran integrantes de la banda criminal “El Ciego”, y fueron agregados a las cifras del monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales, o muertes potencialmente ilícitas, de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Piar, que contabilizó 8, fue el municipio con más víctimas registradas durante el tercer trimestre del año.

En el monitoreo que se realiza a medios de comunicación regionales y redes sociales, la organización de la sociedad civil registró que durante julio, agosto y septiembre hubo 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales que evidencian violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y a la integridad de las personas. De este número se desprenden: 20 muertes en presuntos enfrentamientos y una muerte de un hombre bajo detención y/o custodia del Estado.

Se trató de Carlos Enrique Fuentes Mendoza, cuyo cuerpo fue encontrado en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el municipio Angostura del Orinoco, con una herida por arma de fuego. Así lo reportó el 8 de agosto la organización Una Ventana a La Libertad, que promueve y defiende los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país.

Violencia y DDHH

El caso de Fuentes es considerado por Codehciu como muerte potencialmente ilícita por lo indicado en el Protocolo de Minnesota, que expresa que este tipo de violación de derechos humanos también puede darse cuando una persona se encuentra detenida, debido a que, bajo estas circunstancias, el Estado ejerce un mayor control sobre su vida.

Estos hechos forman parte de un contexto de violencia, negligencia y uso excesivo de la fuerza que los municipios del estado Bolívar viven desde hace años. Codehciu ha alertado desde 2018 cómo las fuerzas del Estado atentan mensualmente contra la vida de la ciudadanía; no hay investigaciones, por parte de los organismos oficiales, que logren un cambio positivo.

Los números de años anteriores ayudan a narrar la realidad de Bolívar. En 2019 hubo 218 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en 2020 hubo un registro de 208. Y entre enero y septiembre de 2021 se contabilizaron 65.

Lo que corresponde a los datos de cada mes hasta el tercer trimestre del año 2021, Codehciu establece que abril, mayo y julio fueron los meses con más víctimas con 10 en cada uno.

Junio contabilizó 7, mientras que enero, marzo y agosto 6 cada uno; febrero y septiembre contabilizaron la misma cantidad de 5 ejecuciones.

Luis Velásquez, Elio Ramos y Elvis González fueron otras tres víctimas registradas en el municipio Padre Pedro Chien durante julio. Los hombres, como narra la prensa y las versiones oficiales, formaban parte de la banda delictiva conocida como “El run”. Su ejecución ocurrió durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la GNB y el Cicpc, lo que Codehciu identifica en su monitoreo como “actuaciones mixtas”. Este tipo de modus operandi se ha vuelto muy común con el pasar de los meses, y presenta a su vez nuevas formas que exaltan el uso excesivo de la fuerza.

Por otro lado, Rigoberto Raúl Cumaná fue otro ciudadano cuyo nombre dio de qué hablar en la prensa regional tras ser ejecutado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (DIPEB). El Diario Primicia reportó el 31 de agosto cómo los efectivos policiales presuntamente se enfrentaron a la víctima, pero los familiares del hombre desmintieron la versión oficial en septiembre.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en su artículo 4, contemplan que:

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

En relación a las normativas internacionales para la defensa del derecho a la vida, el Protocolo de Minnesota también describe cómo deben ser las estrategias y las medidas prácticas que necesitan adoptar los Estados para una investigación efectiva de este tipo de casos. En cada investigación se debe tomar en cuenta que la preservación de la vida es primordial, y que las averiguaciones deben ser transparentes y metódicas. Pero la realidad del estado Bolívar es otra.

Ante la constante aparición de hechos que ponen en evidencia un actuar negligente y sin dignidad por parte de los cuerpos policiales en Bolívar, Codehciu exige al Estado venezolano la investigación eficaz y oportuna de cada presunta ejecución extrajudicial. Esto también implica la reparación de las víctimas indirectas: los familiares de las personas ejecutadas.

Tercer trimestre de 2021

Caroní fue el segundo municipio con más víctimas durante el tercer trimestre del año, registrando 5. Le siguen: Padre Pedro Chien con 4 y Sucre con 2. Angostura del Orinoco y El Callao contabilizaron un caso cada uno.

La GNB fue el órgano que ocasionó el mayor número de muertes potencialmente ilícitas durante el tercer trimestre con 13 hombres ejecutados.

Aun así, el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) ha sido el que más víctimas ha presentado hasta la fecha, con 27.

En la mayoría de los casos registrados en lo que va de año por Codehciu, los medios de comunicación solo reportan la versión de los hechos descrita por el organismo oficial. Esto podría implicar un escaso acercamiento a los familiares de las víctimas por diferentes razones: el peligro que implica y el miedo de estos a denunciar la violencia.

Los ciudadanos del estado Bolívar siguen inmersos en una realidad llena de vulneraciones de derechos humanos como estas ejecuciones monitoreadas, precarios servicios básicos, violencia de género, desapariciones y muertes en el contexto de la minería ilegal.

La ONG sigue exhortando al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó sobre nuevos casos de violación del derecho a la vida en el estado Bolívar, en su monitoreo de ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas.

El monitoreo realizado a medios de comunicación regionales y redes sociales registró que entre los meses de abril y mayo hubo 13 víctimas de presuntas ejecuciones perpetradas por funcionarios públicos.

Durante ambos meses Caroní y Piar fueron los municipios con más casos, ya que contabilizaron 4 cada uno; les siguen Angostura del Orinoco con 3 y El Callao con 2.

Asimismo, según los registros de abril y mayo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano ejecutor que sumó más víctimas con 8.En este mismo periodo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) registraron 1 y 2 víctimas respectivamente.

Y el único órgano estadal que dejó víctimas entre ambos meses fue la Policía del Estado Bolívar (PEB) que sumó 2.

Entre enero y mayo de 2021 Codehciu lleva contabilizadas 30 víctimas, y durante el primer trimestre del año hubo 17.  Entre el total de personas ejecutadas se encuentran 2 individuos asesinados a manos de grupos irregulares en marzo de este año.

Uno de los nombres registrados fue el de Pedro Oliviares, ejecutado en un presunto enfrentamiento contra efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB) en abril, como lo narró el Diario Primicia.

José Gregorio Sifontes, de 32 años, fue otro de los individuos registrados en el monitoreo. Reportes de prensa narran que fue ejecutado el 10 de mayo por efectivos del Cicpc en el municipio Angostura del Orinoco. La víctima era buscada por las autoridades desde junio del año pasado luego de asesinar a su expareja.

El Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícita, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica las formas en que los Estados deben seguir la obligación de investigar estos hechos.

“El deber del Estado de investigar se activa cuando este tenga el conocimiento o debiera haberlo tenido de una muerte potencialmente ilícita, así como cuando una presunta muerte ilícita sea denunciada de manera razonable”, explica el protocolo.

Los Estados están en la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida,por ende, según el derecho Internacional de los Derechos Humanos deben investigar incluso situaciones en las que un agente ha causado la muerte de una persona privada de libertad, o cuando esta ha muerto bajo la custodia del Estado.

Cabe destacar que el derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, y en diferentes instrumentos de carácter regional e internacional.

La situación de las ejecuciones extrajudiciales es reconocida internacionalmente. El Informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela publicado por la misma oficina en julio de 2019, recomienda al Estado venezolano establecer “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.

Además, el mismo informe recomienda la disolución de las FAES, debido a las numerosas denuncias de actores en derechos humanos de la sociedad civil sobre muertes potencialmente ilícitas disfrazadas de presuntos enfrentamientos.

El año pasado Codehciu contabilizó 208 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar. La organización sigue exhortando al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad. Por otro lado, los familiares de las víctimas merecen respuestas y una investigación imparcial para lograr la no repetición de estos hechos.

 Dorialcely del Valle Tocuyo y Martha Aristizábal fueron asesinadas la primera semana de junio en el municipio El Callao

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó nuevos casos de violencia basada en género en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

Entre abril y mayo de 2021 hubo 40 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, tipificados en la legislación venezolana. El monitoreo se realiza a medios de comunicación regionales y redes sociales.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, en su artículo 15, considera hasta 21 formas de violencia contra la mujer, de las cuales se encuentran la violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenazas, acceso carnal violento, prostitución forzada, trata de mujeres y niñas, e incluye también el femicidio, entre otras.

Entre abril y mayo Codehciu registró que Caroní fue el municipio con más víctimas, contabilizando 21 en total. A este le siguen: Angostura del Orinoco, con 10; Gran Sabana con 3; Piar con 2; por último, Sucre y Sifontes contabilizaron 2 cada uno.

Los datos de ambos meses evidenciaron 22 sobrevivientes de violencia física, 6 de violencia sexual, 4 víctimas de amenazas, 4 actos de lascivos, 1 caso de trata de mujeres y niñas, más 3 femicidios.

Violencia en Bolívar

Según la data de Codehciu, entre enero y mayo de 2021 hubo 8 femicidios en el estado Bolívar y 111 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia.

Por otro lado, en junio (según datos registrados hasta el día 11) la organización también alertó sobre 4 femicidios más:

 Dorialcely del Valle Tocuyo (29 años) y Martha Aristizábal (37 años): ambas asesinadas la primera semana de junio en el municipio El Callao.

Claritza Cova (45 años) y Alexandra López Cova (16): ambas asesinadas el 11 de junio en el municipio Padre Pedro Chien.

Asimismo, medios de comunicación regionales alertaron sobre el femicidio y violación de una niña de 4 años en el municipio Gran Sabana, el pasado 21 de junio. 

El artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida libre de violencia, numeral 15, define al femicidio como: “La forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado”.

El Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, un instrumento promovido por ONU Mujeres y destinado a ser aplicado por funcionarias y funcionarios responsables de llevar adelante “la investigación y persecución penal de los hechos”, describe dos tipos de femicidio:

Los femicidios activos o directos incluyen muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja; como también muertes relacionadas con situaciones de conflicto armado, o el infanticidio femenino, entre otras.

Mientras que los femicidios pasivos o indirectos incluyen muertes de mujeres y niñas como resultado de mortalidad materna, muertes debidas a abortos, actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos, y aquellas vinculadas al tráfico de drogas, proliferación de armas pequeñas y crimen organizado.

Durante el 2020 Codehciu contabilizó 19 femicidios en Bolívar y 185 casos de distintos tipos de violencia basada en género.

Y en el primer trimestre de 2021 la organización alertó sobre 71 víctimas de distintos tipos de violencia. Solo entre enero y marzo hubo 5 femicidios en Bolívar.

Entre el domingo 14 y lunes 15 de marzo se contabilizaron 3 mujeres asesinadas: Milanyela Carvajal (22 años), Alyamil Torres (26 años), y una niña de 13 años, según reportes de la prensa regional.

En ese mismo mes, una adolescente fue rescatada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas luego de su desaparición y presunto secuestro el 20 de marzo, en San Félix.

En el ámbito nacional, entre el 1 de enero y el 25 de abril de este año 304 mujeres han sido asesinadas según lo alerta la organización de la sociedad civil Cotejoinfo. Su informe destaca que en el 64% de las muertes el agresor estuvo directamente relacionado con la víctima.

Responsabilidad internacional

La Ley orgánica antes mencionada, en su artículo 15, numeral 19, consagra que la trata de mujeres, niñas y adolescentes: “Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad (…)”

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos habla del deber de prevención y del reconocimiento de los derechos de las mujeres; es necesario que se logre el fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir el patrón de impunidad ante los hechos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, como lo destaca el Protocolo Latinoamericano de Investigación.

Codehciu exhorta al Estado a implementar medidas destinadas a eliminar la violencia basada en género en el país. Además, es necesario que todos los casos de presunta trata de mujeres, niñas y adolescentes sean investigados, que exista reparación a sus víctimas y se garantice la no repetición de estos hechos.

Cuatro personas fueron asesinadas 

La Asociación Civil Kapé-Kapé y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU expresamos nuestra profunda preocupación ante los hechos ocurridos el día 28 de abril de 2021, donde se ha podido verificar el fallecimiento de 4 personas por un enfrentamiento en la mina El Silencio, en el municipio Sucre del estado Bolívar. Uno de los fallecidos es Nelson Pérez, Capitán General del pueblo jivi.

Las otras víctimas identificadas hasta ahora son el criollo Wilmer José Castro y los indígenas Miguel Antonio Rivas Morales y Carmen Lusdary Rondón. Los tres habitantes de la comunidad La Felicidad. Se presume que en la mina hay otros 8 fallecidos.

Sobre las causas del incidente, se especula que se trató de un enfrentamiento entre comunidades indígenas por el control de una veta minera recién descubierta y una segunda versión apunta que también se trata de un enfrentamiento por el control de la mina, pero con intervención de grupos armados extranjeros.

Los conflictos armados no son nuevos en esta comunidad minera El Silencio. En agosto de 2018 fue asesinado Misael Ramírez, capitán de la comunidad La Felicidad del pueblo jivi y otras 5 personas, en un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar.

En junio de 2019, el mismo Nelson Pérez denunció la desaparición de dos líderes de la comunidad, nunca se confirmó su muerte, ni regresaron a la comunidad. En ese momento, Pérez advertía sobre la escalada de violencia en El Silencio a raíz de la actividad minera “es cierto que llegó la minería ilegal a nuestro territorio, pero no estoy de acuerdo con la práctica porque ahora tenemos que afrontarnos con lo grupos violentos porque es un peligro nosotros por eso exigimos el respeto a nuestros territorios y la no violación de nuestro derecho como pueblos originarios”, dijo en su momento a Kapé Kapé.

Lamentablemente, este es un nuevo hecho que demuestra el incremento de la violencia que ocurre en las comunidades indígenas ya gravemente afectadas por la emergencia humanitaria y la pandemia de Covid-19. La mayoría de los hechos de violencia conocidos entre comunidades indígenas o donde éstos son víctimas de otros grupos de poder, se dan en el contexto de la minería: violencia, desplazamientos forzados, abusos, intimidaciones, ataques, amenazas, tratos crueles y degradantes, impunidad, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, explotación sexual, laboral y violencia de género persisten entre dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos.

Expresamos a los familiares y allegados de los fallecidos nuestro más profundo pesar por sus muertes en circunstancias que aún no están esclarecidas.

Solicitamos firmemente a las autoridades del Estado venezolano:

Garantizar la seguridad de los pueblos indígenas con reconocimiento de sus derechos fundamentales, propios y vitales en resguardo de su identidad cultural como pueblos.

Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte de estos 4 venezolanos, con el fin de establecer los hechos y las responsabilidades a los fines de obtener justicia.

El cumplimiento estricto de la garantía del debido proceso.

Verificar el estado de la integridad personal de otros indígenas o criollos involucrados en los hechos.

Garantizar el derecho a la salud, particularmente en el caso de que haya indígenas heridos, tomando en cuenta las precarias condiciones socio económicas en las que sobreviven.

Durante el primer trimestre de 2021 hubo 15 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó nuevas víctimas de muertes potencialmente ilícitas, o presuntas ejecuciones extrajudiciales, durante el primer trimestre de 2021. Jesús Rodríguez, Anuar Al Assad, Iván José Guzmán, Adrián Alexander Aponte y María Hernández fueron algunos de los ciudadanos ejecutados durante hechos de violencia armada en este período.

Durante el primer trimestre de 2021 hubo 15 víctimas contabilizadas en el estado Bolívar; además, al registro se suman dos víctimas por actuaciones de grupos irregulares en el sector bajo Caura del municipio Sucre.

Este hecho de violencia armada fue alertado por la organización de la sociedad civil Kapé-Kapé; esta narró que el 27 de marzo María Hernández, educadora de la comunidad, fue asesinada junto a su esposo en un asalto perpetrado por grupos irregulares durante una presunta discusión en la mina de “Puerto Cabello”.

La organización explicó en su portal web: “Se presume que el grupo armado ya los había mandado a desalojar la zona para tomar control del terreno que habitaban”.

Codehciu ha alertado sobre el aumento descontrolado de la violencia en el estado Bolívar derivado de la minería ilegal, el incremento de grupos irregulares armados al sur, y la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar la vida de los bolivarenses. En marzo de 2020, la organización publicó sobre 18 masacres tras cuatro años de la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO). Por otro lado, gracias a su investigación sobre los desaparecidos en contexto minero, hasta agosto del año pasado registró al menos 77 personas desaparecidas en las minas al sur de Venezuela en los últimos ocho años. 43% de estas son mineros o comerciantes.

Cabe destacar que una violación de derechos humanos puede ocurrir por acción u omisión del Estado. El Protocolo de Minnesota, documento internacional que es utilizado como herramienta ante la investigación de muertes potencialmente ilícitas, explica que para que estas sean consideradas una violación al derecho a la vida se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

En primer lugar: la muerte puede ser causada por actos u omisiones “del Estado, de sus órganos o agentes” o, incluso, puede ser atribuible a este. Se toma en cuenta la obligación que tiene para respetar la vida humana.

Este primer término incluye no solo las muertes causadas por las fuerzas de seguridad, sino que también entran aquellas que han sido perpetradas por paramilitares, milicias o “escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección del Estado o con su consentimiento o aquiescencia”.

En segundo lugar: cuando la muerte sobrevino mientras la persona se encontraba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes, en lugares en los que este ejerce mayor control sobre la vida del individuo.

En tercera instancia, la muerte puede ser resultado “del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida”, esto incluye cualquier situación en la que este no ejerza la diligencia debida para garantizar la protección de las personas ante amenazas externas “o actos de violencia por agentes no estatales”.

El protocolo resalta que los Estados deben proteger y hacer efectivo el derecho a la vida, mediante el ejercicio de la debida diligencia para impedir la privación arbitraria de la misma por agentes privados.

Esta es una obligación especialmente importante cuando los agentes del Estado tienen la información específica sobre amenazas contra una o más personas.

Víctimas y victimarios

Según los datos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el último trimestre, el órgano de seguridad más involucrado en estas violaciones de derechos fue el Servicio de Investigación Penal del Estado Bolívar (Sipeb). Este contabilizó 5 casos y supera al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que en la mayoría de los reportes anteriores se ubicaba en primer lugar.

Otro órgano estadal también sumó al registro: la Policía del Estado Bolívar (PEB) que ejecutó a dos ciudadanos. Y una persona privada de libertad, en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, murió en el hospital Dr. Raúl Leoni de San Félix, municipio Caroní. Se trató de Iván Guzmán Olivos, de 46 años. La organización de la sociedad civil Una Ventana a la Libertad reportó que el hombre sufría de tuberculosis y falleció el 7 de febrero esperando medida humanitaria por parte de tribunales.

Codehciu registró que entre los órganos nacionales vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentran la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional (GNB), y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con 2 víctimas cada uno. Además, el Cicpc sumó 1 caso.  

El 26 de enero de este año la familia de Al Assad Nasser desmintió, en entrevista con el Diario Primicia, el presunto enfrentamiento en el que fue ejecutado su ser querido; estos aseguraron que el hombre no estaba armado durante su encuentro con funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios del estado Bolívar. “A él lo ajusticiaron, ni siquiera nos dieron una explicación”, destaca una cita en la nota de prensa publicada.

El medio de comunicación también relata que el hecho ocurrió en el estacionamiento del Mercado Municipal de Chirica. Familiares narraron que la víctima presuntamente fue ejecutada por un funcionario vestido de civil.

Jesús Rodríguez Dique fue otra víctima registrada y sus familiares de igual forma desmintieron el presunto enfrentamiento en el que fue ejecutado por efectivos de la PNB a inicios de febrero en Caroní.

La madre, que además es víctima indirecta de la presunta ejecución, narró al Diario Primicia que el hombre de 28 años, quien era pescador, fue ejecutado por funcionarios que llegaron a su vivienda. Rodríguez recibió al menos cuatro impactos de bala en su patio.

El monitoreo registró que Caroní fue el municipio con más casos contabilizados, con un total de 9 durante este primer trimestre. Le siguen: Angostura del Orinoco con 3; El Callao con 2 y Roscio con 1 caso.

La organización enfatiza en que los Estados tienen la obligación internacional de garantizar la vida como derecho, que constituye un pilar para el desarrollo de la dignidad humana. Pero en Bolívar las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad estatales continúan protagonizando titulares en medios de comunicación regionales.

Llamado al cese de la violencia

Codehciu inició su monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar en 2018. Las recomendaciones que esta y numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana han hecho a los organismos del Estado ante la exigencia del derecho a la vida no han sido escuchadas, y esto lo demuestran las cifras que cada año acumulan nuevos casos.

En 2020 hubo un total de 208 víctimas en Bolívar según los registros de la organización, monitoreados en medios de comunicación regionales y redes sociales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre 2 mil ejecuciones extrajudiciales entre enero y septiembre de 2020 en Venezuela. La misma instancia había alertado que las cifras del gobierno arrojaron 5.287 muertes a manos de las fuerzas de seguridad en 2018.

En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicado en julio de 2020, sobre la Independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en la región del AMO, se recomendó al Estado venezolano: llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes con el fin de desmantelar a las bandas criminales y elementos armados “que controlan las actividades mineras” y que enjuicie y sancione “a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en el AMO y las zonas aledañas”.

Asimismo, el Informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela publicado por la misma oficina en julio de 2019, enfatiza en sus recomendaciones hacia el Estado la necesidad de que se disuelva las FAES y se establezca “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”, además de asegurar que los responsables de estas mismas rindan cuentas y que se repare a las víctimas.

Codehciu exhorta al Estado venezolano a implementar el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, a garantizar la vida de las personas privadas de libertad, y a realizar las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de estas muertes en el estado Bolívar.

Los familiares de las víctimas registradas durante el monitoreo de la organización merecen respuesta del Estado venezolano, mediante una investigación imparcial que les garantice justicia, la no repetición de estos hechos y una reparación. De esta forma no solo se exige que se tomen en cuenta los casos reportados durante el pasado trimestre, sino también todos los denunciados en años anteriores.