Codehciu: Bolívar suma 30 muertes potencialmente ilícitas entre enero y mayo - Runrun
Codehciu: Bolívar suma 30 muertes potencialmente ilícitas entre enero y mayo
La ONG sigue exhortando al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó sobre nuevos casos de violación del derecho a la vida en el estado Bolívar, en su monitoreo de ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas.

El monitoreo realizado a medios de comunicación regionales y redes sociales registró que entre los meses de abril y mayo hubo 13 víctimas de presuntas ejecuciones perpetradas por funcionarios públicos.

Durante ambos meses Caroní y Piar fueron los municipios con más casos, ya que contabilizaron 4 cada uno; les siguen Angostura del Orinoco con 3 y El Callao con 2.

Asimismo, según los registros de abril y mayo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano ejecutor que sumó más víctimas con 8.En este mismo periodo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) registraron 1 y 2 víctimas respectivamente.

Y el único órgano estadal que dejó víctimas entre ambos meses fue la Policía del Estado Bolívar (PEB) que sumó 2.

Entre enero y mayo de 2021 Codehciu lleva contabilizadas 30 víctimas, y durante el primer trimestre del año hubo 17.  Entre el total de personas ejecutadas se encuentran 2 individuos asesinados a manos de grupos irregulares en marzo de este año.

Uno de los nombres registrados fue el de Pedro Oliviares, ejecutado en un presunto enfrentamiento contra efectivos de la Policía del estado Bolívar (PEB) en abril, como lo narró el Diario Primicia.

 

 

José Gregorio Sifontes, de 32 años, fue otro de los individuos registrados en el monitoreo. Reportes de prensa narran que fue ejecutado el 10 de mayo por efectivos del Cicpc en el municipio Angostura del Orinoco. La víctima era buscada por las autoridades desde junio del año pasado luego de asesinar a su expareja.

El Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícita, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica las formas en que los Estados deben seguir la obligación de investigar estos hechos.

“El deber del Estado de investigar se activa cuando este tenga el conocimiento o debiera haberlo tenido de una muerte potencialmente ilícita, así como cuando una presunta muerte ilícita sea denunciada de manera razonable”, explica el protocolo.

Los Estados están en la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida,por ende, según el derecho Internacional de los Derechos Humanos deben investigar incluso situaciones en las que un agente ha causado la muerte de una persona privada de libertad, o cuando esta ha muerto bajo la custodia del Estado.

Cabe destacar que el derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, y en diferentes instrumentos de carácter regional e internacional.

La situación de las ejecuciones extrajudiciales es reconocida internacionalmente. El Informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela publicado por la misma oficina en julio de 2019, recomienda al Estado venezolano establecer “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.

Además, el mismo informe recomienda la disolución de las FAES, debido a las numerosas denuncias de actores en derechos humanos de la sociedad civil sobre muertes potencialmente ilícitas disfrazadas de presuntos enfrentamientos.

El año pasado Codehciu contabilizó 208 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar. La organización sigue exhortando al Estado venezolano a desarrollar políticas de formación a los cuerpos de seguridad y a garantizar la vida de las personas privadas de libertad. Por otro lado, los familiares de las víctimas merecen respuestas y una investigación imparcial para lograr la no repetición de estos hechos.