El abogado defensor de David Natera, Morris Sierraalta Peraza, y la experta en Opinión Pública, Mariana Bacalao, argumentan que la condena de 4 años por los delitos de difamación e injuria impuesta al director de Correo del Caroní, buscaría amedrentar a todo aquel medio que haga periodismo de investigación y, en consecuencia, cercenar el derecho a la libertad de expresión e información.

He aquí el contexto: una condena que se anunció a la 1:06 de la madrugada, tras un juicio apresurado que se reanudó luego de más de dos años paralizado, privó de libertad al director de un medio de comunicación que realizó una investigación de un caso de corrupción, por el cual fue preso el propio querellante, quien a su vez es dueño de un medio de comunicación que es competencia del anterior.

Las repercusiones para los periodistas y directores de medios de comunicación son gravísimas, afirma Sierraalta. “La decisión sienta un precedente terrible porque cada vez que se haga un trabajo de investigación sobre un caso de corrupción, en el que se menciona a persona determinadas, hará que esas personas se sientan envalentonadas para hacer persecuciones penales en contra de periodistas y medios de comunicación”.

Si bien no se conocen los motivos que llevaron a reactivar el juicio contra Natera, justo en un momento en el que noticias como la presunta masacre de Tumeremo han hecho que el país mire de cerca la situación del estado Bolívar, sí es posible identificar hechos que se salen de lo rutinario en el proceso penal venezolano.

“No sé cuáles sean los motivos que hayan justificado tanta premura para reactivar el juicio, pero sí es evidente que el tribunal realizó un juicio de manera apurada y atropellada; quiso celebrar todas las audiencias una detrás de otra, lo cual es inusual en los juicios penales, los cuales suelen celebrarse tras múltiples diferimientos; este se realizó durante 3 días seguidos; repito, eso es inusual”, explica Sierraalta.

“Nuestro poder no tiene límites”

Ante la pregunta de si la premura de la condena a Natera se deba a un intento por “cambiar el tema” dentro de la opinión pública nacional, Mariana Bacalao argumenta que “mucho más que querer cambiar el tema, el mensaje es otro, es que nuestro poder no tiene límites; nosotros podemos hacer lo que sea; quien se ponga a informar, a investigar y a señalar es enemigo del Estado y nosotros podemos hacer lo que queramos. Es un mensaje clarísimo para amedrentar a todo aquel medio que haga periodismo de investigación”.

La experta en Opinión Pública señala que a nivel comunicacional, esa acción “va en la misma línea de querer apagar la protesta de unos familiares que aún no saben nada de sus seres queridos; cómo es posible que tus familiares desaparezcan y que no puedas ni siquiera protestar. Todas esas acciones son un gran mensaje de un gobierno que busca imponerse por la fuerza, porque evidentemente ya no cuenta con las simpatías ni con la mayoría. Vemos que existe un sistema judicial que está siendo utilizado para ir en contra del derecho a la libertad de información de todos los venezolanos; estamos frente a una forma de violencia institucionalizada”.

Bacalao apunta que “estamos viendo una fase en la que el poder se asume por la fuerza, sin costuras ni reparos”. Agrega que si bien eso es preocupante, también desvela que desde el poder se saben perdidos en materia de opinión pública. “Ya no captan las simpatías de la gente y han decidido ir de frente y por la calle del medio con la violencia”.

¿Esa estrategia de amedrentamiento le funciona al Gobierno?

“Hay un sector de la población que, a pesar de todo, se va a mantener firme y de pie, pero por supuesto, sí logra varios objetivos, como sumar otro preso político y propinarle otro golpe a la prensa libre al criminalizar a un periodista por hacer su trabajo”, opina Bacalao.

La experta describe que la relación comunicacional del gobierno con los ciudadanos pasó de la persuasión al chantaje emocional, y de allí, al amedrentamiento judicial.

“La condena a Natera ocurre horas después de haber sido desmantelado por la fuerza la protesta legítima de los familiares de los mineros desaparecidos, por lo que no hay dudas de que el mensaje es que están dispuestos a llevarse por el medio a quien sea”, argumenta Bacalao.

Tigre no come tigre

Sierralta apunta un hecho al que calificó de “llamativo”. El querellante, Yamal Mustafá, es dueño del diario Primicia, que circula en el estado Bolívar y se considera competidor de Correo del Caroní. “A nosotros nos llamó mucho la atención que un director de un medio de comunicación emprenda una demanda por los delitos de difamación e injuria contra otro medio, es inusual, quienes defienden la libertad de expresión e información no suelen tratar de obtener condenas por expresarse”.

Los hechos en torno a la condena a David Natera:

Explica Sierraalta que: “En julio de 2013, David natera recibió una notificación en la que se le indicaba que un empresario de la zona se querelló en su contra por un delito de difamación e injuria; alegó la publicación de unas notas periodísticas realizadas por el equipo de investigación de Correo del Caroní, publicadas durante 3 días consecutivos, sobre el caso de corrupción de Ferrominera Orinoco. Esta investigación se dio en el marco de un escándalo a nivel nacional, sobre el que hasta el presidente de la República hizo referencia. Durante los siguientes dos años y ocho meses, ese juicio ha tenido períodos de actividad e inactividad, ya que el querellante que dice ser difamado, estuvo preso por ese caso de corrupción en Ferrominera; fue puesto en libertad en diciembre de 2015 y desde entonces ha venido solicitando al tribunal la reactivación del proceso.

Esta semana, el Dr. Natera recibió notificación de que debía presentarse al juicio oral y público; hoy, viernes 11 de marzo a la 1:06 de la madrugada, se condenó a Natera -con violación al debido proceso como la evacuación de pruebas a su favor, el abandono de la causa por parte del querellante, e incluso, contra la prescripción de la acción-, a 4 años de prisión; además le impuso una multa de 1.137 unidades tributarias, y mantuvo una medida cautelar impuesta a Correo del Caroní en la que le prohíbe hablar del querellante y del caso Ferrominera; adicionalmente, le prohíbe salir del país, y le impone la presentación cada 30 días; también existe una tercera medida cautelar en contra de sus bienes y los de Correo del Caroní, por lo que creo que están preparando una especie de demanda civil que pretende atacar el patrimonio del periódico”.